Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00177-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00177-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00177-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de octubre de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00177-01 (27806)
Demandante: José Sánchez Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00177-01 (27806)
Demandante: José Sánchez Martínez
Demandada: UGPP
Temas:
Aportes al SPS 2016. Independiente -Determinación del IBC.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (índice 2 de Samai):
Primero. Negar las pretensiones de la demanda formulada el señor José González Ramírez (sic)2,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial RDO-2019-02381, del 31 de julio de 2019, la demandada
modificó las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Protección Social (en adelante
SPS) de enero a diciembre de 2016, presentadas por el actor, en el sentido de cuantificar
la base imponible, considerando el 40% de los ingresos brutos percibidos sin depurarlos
con costos y gastos, dado que el actor no demostró tales erogaciones, e imponer sanción
por inexactitud. Dicho acto fue demandado en per saltum.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el actor formuló las siguientes pretensiones (índice 2):
2.1 Declarar la nulidad de la Resolución RDO-2019-02381, del 31 de julio de 2019, ordenando que
no produzcan efectos jurídicos.
2.3 Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho a mi representado consistente en
1
El expediente entró al despacho sustanciador el 16 de agosto de 2024 (índice 12. Esta y las demás menciones de «índices» aluden
al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai del tribunal o de esta corporación).
2
El nombre correcto es José Sánchez.
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Demandante: José Sánchez Martínez
que se declare la firmeza del período 2016.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 2, 6, 29 y 363 de la
Constitución y 137 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):
-Nulidad del acto por ser expedido con infracción de las normas en que deberían
fundarse. Partió de transcribir apartes de la UGPP en la que se indica que los ingresos
fueron tomados de la declaración de renta 2016 los cuales mensualizó dividiéndolos por
doce, y que, no se reconocieron costos y gastos, por no haberse encontrado documentos
para demostrar el cumplimiento de lo previsto en el estatuto tributario. Respecto de ello,
transcribió en extenso una providencia emitida por un juzgado administrativo referida a la
determinación del IBC para un trabajador por cuenta propia, la cual señaló haber acogido
todos los argumentos planeados a continuación en la demanda. Seguidamente,
transcribió el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, para señalar que la disposición
establecía la capacidad de pago y de ingresos. Respecto de la primera, aseveró que
quien declarara renta se presumía con tal capacidad, lo que era aplicable a la actora.
Ahora, la capacidad de ingresos a que igualmente ludía el precepto, establecía dos
reglas, una que se reglamentara y la otra, que si al aplicar la reglamentación existían
diferencias entre los valores declarados en renta y los aportes, estos debían ajustarse.
A partir de lo indicado, consideró que la conclusión del demandado, atinente a que los
aportes debían guardar coherencia con los ingresos declarados ante la DIAN, no era
correcta, pues si el asunto fuera tan simple, habría bastado que el legislador hubiera
ordenado que los independientes pagaran sobre los ingresos declarados; sin embargo
para este, ha sido importante -desde la Ley 100 de 1993- establecer para los
independientes con ingresos por cuenta propia, un sistema de presunción de ingresos,
no confiscatorio y alineado con los principios del sistema tributario (art.363
constitucional), cuya esencia era que los tributos fueran justos, equilibrados y equitativos,
conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, no siendo suficiente el límite de la
capacidad contributiva, sino que, además, acogerse los principios del Estado Social de
Derecho.
En esa línea, se refirió a pronunciamientos de la misma corporación, relativos al principio
de progresividad, que propende por evitar pagos excesivos que superen la capacidad
económica, y el principio de equidad para que la carga tributaria sea equilibrada y
diversificar la diferencia entre los aportantes, evitando tratamientos desiguales
injustificados; asimismo al principio de igualdad y de capacidad contributiva, este último
que limita el poder del Estado respecto del contenido general de la norma, y el principio
de legalidad constituía el límite formal de la norma. A partir de todo ello concluyó (i) que
si existía la obligación de la actora de aportar y (ii) que no existía un sistema para realizar,
los aportes, de modo que hasta tanto se regulara, el deber consistía en aportar sobre un
salario mínimo, pues cualquier otra interpretación atentaría contra los prenotados
principios.
-Falsa motivación. Sostuvo que la entidad demandada construyó un sistema de
presunción de ingresos ilegal e inconstitucional a partir del cual consideró que obtuvo
ingresos por $1.910.309.000, cuya consecuencia era cotizar en el tope de 25 SMLMV;
adujo que tal conclusión de la demandada provino de la creación autónoma por parte de
la entidad, de una metodología para presumir ingresos, aplicando parcialmente el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015, precepto que fue declarado inconstitucional mediante la
sentencia C-219 del 22 de mayo de 2019, y en todo caso, de su contenido no podía
extractarse la metodología para presumir ingresos, ni la competencia de la Administración
para establecerla, de modo que era ilegal y, en consecuencia, el acto demandado estaría
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Demandante: José Sánchez Martínez
falsamente motivado. Añadió que, aunque la declaración de renta era un medio
probatorio de los ingresos, esto era a los efectos de tal impuesto, conforme lo establecía
el artículo 596 del ET.
Por último, expuso que la demandada se arrogó la competencia para calificar la
aceptación o rechazo de costos y gastos que previamente fueron validados por la DIAN;
empero, la actuación de la autoridad aquí demandada debía ceñirse al principio de
legalidad que estaría menoscabado, por cuenta de que no tenía sentido que la citada
entidad acepara en su integridad la declaración, y que la misma fuera objetada por la
demandada.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones (índice 2 de Samai). En primer lugar, planteó
un indebido agotamiento de la actuación administrativa al no haber recurrido la liquidación
oficial censurada; no obstante, esto fue desestimado por auto del 22 de julio de 2022, en
vista de que fue aplicada la figura de per saltum del parágrafo del artículo 720 del ET
(índice 10 de Samai tribunal).
Aseguró no haber vulnerado ninguna de las normas citadas como violadas, y aseveró
que la actora solo efectuó la transcripción, resumen y apreciación de las mismas, sin
expresar con exactitud y claridad cual fue la supuesta infracción o quebrantamiento en
que incurrió́ la demandada, adujo que las normas fueron enunciadas sin efectuar un
análisis pormenorizado de las mismas; no indicó en que consistió la supuesta
extralimitación en el ejercicio de las funciones, ni demostró que los actos no tuvieran
presunción de legalidad, ni tampoco que hubiera divergencia entre los fines perseguidos
y los que según la norma deben orientar la actuación administrativa, y por el contrario,
los actos demandados se expidieron en cumplimiento de los fines y competencias
señalados en la ley y la Constitución, habiéndose ajustado armónicamente la
normatividad aplicada, en apoyo de lo cual, transcribió una providencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 referida a las facultades de la UGPP.
Además, puntualizó que su competencia estaba consagrada constitucionalmente desde
el artículo 121 de la Carta, en consonancia con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
para hacer seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de los aportes al SPS, en sintonía con el Decreto 575 de
2013 al describir específicamente las competencias a desarrollarse en cumplimiento de
esos mandatos legales y constitucionales.
-Frente al cargo nulidad del acto por infracción de las normas en que debían fundarse.
Expuso que en el año 2016 se encontraban definidos en la ley los elementos de la
obligación tributaria discutida, y que la Corte Constitucional había precisado su naturaleza
de contribuciones parafiscales (sentencia C-545 de 1994), de manera que siendo una
especie de los tributos, compartía todos sus elementos, los cuales describió junto con el
correspondiente marco legal.
Seguidamente, y en procura de establecer si para el año 2014 existía norma para
establecer el IBC de los trabajadores independientes, aludió al artículo 157 de la Ley 100
de 1993 referido a que deben afiliarse al régimen contributivo los trabajadores
independientes con capacidad de pago; dentro de los cuales -afirmó- se encontraban
comprendidos los trabajadores por cuenta propia; igualmente refirió el artículo 26 del
3
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 2013-00045-01, MP: José Antonio Molina Torres.
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Demandante: José Sánchez Martínez
Decreto 806 de 1998 que determina como cotizantes a los trabajadores independientes,
y aludió a los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003, que determinan que las personas
naturales que prestan servicios bajo cualquier modalidad deben afiliarse a pensiones, y
su cotización debe corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado, esto
es, lo que perciban para su beneficio personal menos las erogaciones incurridas para
desarrollar su actividad, e igualmente precisan que la base de cotización para el sistema
de pensiones debe ser la misma del sistema de salud. Con fundamento en esto, concluyó
que para el período objeto de fiscalización, el legislador había establecido con suficiente
claridad cual era el IBC de los trabajadores independientes, lo que correspondía a los
ingresos efectivamente percibidos, menos las erogaciones incurridas para desarrollar la
actividad, que cumplieran con el artículo 107 del ET. Igualmente, señaló como normativa
del IBC para los trabajadores independientes, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998, el
artículo 1 del decreto 1406 de 1999 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.
A partir de lo anterior, arguyó que desde la Ley 100 de 1993 existía la obligación de
afiliarse y cotizar a salud y a pensión, para los trabajadores independientes, lo que
comprendía los trabajadores por cuenta propia. Agregó que la Corte Constitucional fue
clara en señalar que no se incurría en un defecto técnico al otorgar a los independientes
con capacidad de pago la calidad de «trabajadores», por cuanto tal expresión incluía
todas las personas económicamente activas. Así, se consideraba trabajador
independiente la persona natural que ejerce personal y directamente una profesión, oficio
o actividad económica con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato de
trabajo, con contrato de prestación de servicios o diferente a este; así como los demás
que desarrollen una actividad por cuenta propia como era el caso del demandante.
Seguidamente, explicó que el IBC estaba regulado en el artículo 19 de la Ley 797 de
2003, de manera que para los meses de enero a diciembre de 2016, la base imponible
correspondía a los ingresos efectivamente percibidos y, a tal fin, el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 establecía que en el caso del independiente por cuenta propia o con
contrato distinto al de prestación de servicios, su base sería equivalente al 40% del total
de los ingresos, de los cuales podían deducirse los costos y gastos que cumplieran con
lo previsto en el artículo 107 del ET.
-Frente al cargo de falsa motivación. Afirmó que el acto demandado cumplía con los
requisitos del artículo 712 del ET, así que con suficiencia señalaba las razones por las
cuales determinó que el actor incurrió en omisión e inexactitud en la afiliación, vinculación
y pago de aportes al SPS en los subsistemas de salud y pensión del período de enero a
diciembre de 2016. Aseguró que no incurrió en falsa motivación, pues no era cierto que
la decisión adoptada se hubiera fundado en normas ajenas a la litis, sino en el marco
normativo de los afiliados, y afirmó que en la liquidación se explicó que el actor tenía
capacidad de pago y que era trabajador independiente. Luego, tras referirse al contenido
de cada uno de los acápites de la liquidación oficial, entre ellos, los fundamentos de
derecho y antecedentes, aseguró que toda la información de los ajustes efectuados se
señalaron y motivaron tanto en el acto administrativo, como en el Excel anexo,
identificándose el período, conducta, la observación o causa del ajuste y el valor, y que
prueba de esto fue que el actor identificó los registros y valores con los que presentaba
inconformidad, frente a los cuales presentó la presente demanda, de manera que no
existió la falta o indebida motivación de los actos, ni se vulneró ninguna disposición.
En relación con los ingresos, explicó que la entidad tomó los ingresos registrados en la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016 en cuantía de
$1.521.377.000, los cuales distribuyó en los doce meses del año, teniendo en cuenta que
acorde con el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999 los aportes se hacen de forma
mensual. Adicionalmente, señaló que el demandante no había allegado, en esta
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instancia, pruebas que permitieran modificar los ingresos determinados en la liquidación
oficial. En lo atinente a los costos, puntualizó que como estos deben cumplir los requisitos
del artículo 107 del ET, se estableció primigeniamente que la actividad desarrollada por
la actora era la de construcción de edificios no residenciales (código 4112); seguido de
lo cual aludió a los artículos 771-2, 617 y 618 del ET y a jurisprudencia de esta
corporación, para acotar que, en materia tributaria no había una absoluta libertad
probatoria, sino que en ciertos eventos podían exigirse documentos como la factura. Para
el caso, señaló que teniendo en cuenta que el aportante pertenecía al régimen
simplificado, para la procedencia de los costos y gastos debía verificarse que los soportes
allegados cumplieran con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997, y en el
evento de hacer transacciones con personas el régimen común, debía verificarse el
cumplimiento de los requisitos de la factura o documento equivalente; sin embargo, la
actora no aportó soportes de costos y gastos.
Por otra parte, consideró que no usurpó las atribuciones de la DIAN ni cuestionó la
veracidad de las declaraciones de renta, porque inclusive tomó los ingresos allí
denunciados para comprobar la capacidad de pago del aportante y cuantificar la
obligación, pero la depuración del impuesto de renta y demás datos allí consignados no
eran de su competencia y por ello no fueron utilizados en el proceso de fiscalización, pues
no todos los costos y gastos allí registrados serían procedentes para los aportes al SPS
y ratificó que el actor debía probar las expensas para la obtención de los ingresos
gravados, que cumplieran el artículo 107 ídem, no siendo suficiente con estar declaradas
en el impuesto sobre la renta. Agregó que el principio de veracidad de las declaraciones
(art. 746 ET) se supeditaba a que la ley no exigiera una comprobación especial, como
ocurría con los costos para efectos de su detracción de los ingresos de los trabajadores
independientes debían reunir los requisitos del artículo 107 del ET lo que no podía
determinarse con el simple denuncio en la declaración de renta, si no que debían ser
probados. Sobre el particular, enfatizó que el actor no allegó soportes que respaldaran
los costos y gastos incurridos con ocasión de recurso, y aludió a que la constitución
establecía el deber de contribuir al funcionamiento del Estado, sin pretender que el
contribuyente pagara más aportes de los que legalmente le correspondían.
Finalizó señalando que el acto liquidatorio se realizó dentro del marco constitucional y
legal, ya que fue precisamente la declaración de sus ingresos lo que demostró su
capacidad de pago, y con base en ello se calcularon los aportes (art. 33 Ley 1438 de
2011), y acorde con el artículo 746 se consideran ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 2 de Samai). Luego de describir
el marco jurídico y jurisprudencial aplicable, concluyó que los trabajadores
independientes deben contribuir al SPS, en virtud de los principios de universalidad y
solidaridad, de acuerdo con la capacidad de pago, lo cual ha sido ratificado por esta
Sección. Por ello, a su entender, la falta de afiliación o vinculación generaría inexactitud
en las cotizaciones lo cual era objeto de fiscalización por la parte demandada, conforme
a las atribuciones del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y de los decretos 169 de 2008,
5021 de 2009 y, posteriormente, el Decreto 575 de 2013, funciones, reafirmadas en la
Ley 1607 de 2012 (art. 178), por lo que concluyó la Administración tenía facultades para
determinar y cobrar los aportes al SPS, dado que era quien adelantaba las
investigaciones para establecer el hecho imponible del tributo en cuestión.
Por otra parte, explicó que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 previó el IBC de los
trabajadores independientes en el equivalente al 40% de los ingresos. Dicha norma fue
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Demandante: José Sánchez Martínez
publicada el 09 de junio de 2015 en el Diario Oficial, momento desde el cual rigió; esto
es, desde el mes de julio de 2015, en aplicación del artículo 338 constitucional. Ahora
bien, ese artículo fue declarado inconstitucional mediante la sentencia C-219 de 2019,
por la Corte Constitucional, dada la violación del principio de unidad de materia y difirió
el efecto de la providencia a las siguientes dos legislaturas, para no afectar
negativamente la dinámica de cotización de los aportes; sin perjuicio de ello, la expulsión
del artículo 135 ídem del ordenamiento jurídico se dio a partir del 22 de mayo de 2019,
fecha de la sentencia mencionada, en vista de que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996
señala que la inconstitucionalidad aplica ex nunc -hacia futuro-. Posteriormente, se
expidió el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, que incorporó la regulación de la anterior
disposición inconstitucional. A partir de lo anotado, considero válido que la liquidación
oficial acusada se fundara en el entonces artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues para
el período fiscalizado de enero a diciembre de 2016 estaba vigente; es decir, procedía el
IBC sobre el 40% de los ingresos mensualizados percibidos, del cual podían deducirse
las expensas incurridas (art. 107 ET).
Seguido de ello, puntualizó que los ingresos que determinó como gravados la demandada
correspondían a los declarados en el impuesto sobre la renta, pero que tal denuncio no
fue aportado por el actor ni tampoco se conocía si fue incorporado con la respuesta al
requerimiento para declarar, dado que esta última no reposaba, pero que, en todo caso,
el actor no cuestionó ese monto tomado por la autoridad, sino el procedimiento aplicado
en el proceso de determinación. Sobre este aspecto, advirtió que la Administración limitó
el proceso a la comprobación de la información de ingresos declarados por el actor en el
impuesto sobre la renta, pero que se desconocía la actividad económica que ejerció el
demandante y si verdaderamente era un trabajador independiente a fin de establecerse
si procedía la aplicación del señalado artículo 135; no obstante de lo cual, la metodología
de la Administración fue dividir en 12 meses los ingresos autoliquidados en renta y aplicar
mensualmente el 40% para establecer el IBC que en todos los meses correspondió a
$50.712.566, limitados a los 25 smmlv a $17.236.375, conforme al artículo 18 de la Ley
100 de 1993. Así, dado que se determinó un tope de ingresos gravados, no tenía
incidencia la aplicabilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
En lo referente al reparo del demandante acerca de que la demandada no podía acudir a
los ingresos declarados en renta, consideró que el extremo pasivo debió ajustar la base
empleada por el actor en sus autoliquidaciones, en tanto, este tomó 1 smmlv, en vez de
aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y, tras el cruce con lo declarado ante la
DIAN, la demandada estableció los ingresos declarados en renta para cuantificar los
aportes. Si bien en el denuncio de renta se pueden depurar los ingresos con los costos y
gastos, lo cierto fue que el demandante incumplió la carga probatoria para que le fueran
reconocidas dichas expensas a los efectos de liquidarse los aportes al SPS.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2 de Samai).
-Falta de aplicación o exclusión evidente. Aseguró que la providencia impugnada dio valor
probatorio pleno a la declaración de «información exógena, en cuanto a los ingresos». Adujo que
la sentencia no justificaba la competencia de la UGPP para utilizar ese medio probatorio,
pues aunque la autoridad tiene facultades para verificar la debida cotización de aportes
al SPS, ninguna normativa la autoriza a tomar la «declaración exógena de las personas naturales
y dividirla en 12», lo cual vulnera la seguridad jurídica a la cual deben ceñirse las
actuaciones administrativas. Ni la demandada, ni el a quo tuvieron en cuenta que los
ingresos de las personas no son iguales en todos los meses, sino que pueden variar en
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los períodos fiscalizados, y la información reportada en la exógena es anual, no se refiere
a periodos mensuales; de manera que si el contribuyente no realizó la discriminación
temporal de los ingresos, no podía la demandada tomarse atribuciones que no le
correspondían, pues no sabía en qué momento recibieron los administrados los
correspondientes valores, de modo que «bien podría dividirse los montos den dos meses
para cotizar sobre ellos, sin embargo, el demandado en su afán de recaudar y mostrar
gestión, prefirió dividirlo en doce por simple capricho».
En ese orden, insistió en que de la normativa señalada por la demandada y el tribunal,
no se extracta que se pudiera prorratear la totalidad de los ingresos, pues aunque el pago
de las cotizaciones debe hacerse mensual, ello no puede tenerse como una justificación
para establecer una presunción de ingresos mensualizada, y de existir tal posibilidad,
sería el legislador el competente el único competente para establecerlo, en virtud del
principio de reserva de ley (art. 150.12 constitucional). En línea con ello, expuso que el
principio de legalidad exigía una ley previa y «certa», que formulara clara y de manera
precisa las conductas que decide tipificar y así evitar interpretaciones equívocas y vacíos
jurídicos que transgredirían el principio de seguridad jurídica, por lo que era claro que la
actuación de la entidad se fundaba en una interpretación equívoca.
Seguidamente, acotó que los funcionarios solamente podían hacer lo que estaba
permitido en la ley (art. 6 ídem) y en el caso debatido el procedimiento para presumir
ingresos no se encontraba previsto en la ley, sencillamente porque no había sido
reglamentado en la forma que determinó la demandada, lo que atentaba contra los
principios de legalidad y certeza del tributo, lo cual no podía ser suplido por los
funcionarios encargados de aplicar la ley, porque ello derivaba en arbitrariedad.
Sucesivamente, aludió a que si bien la ley, sin reasignar sus atribuciones, puede autorizar
a autoridades de distintos niveles para fijar las tarifas, el sistema y el método para definir
los costos y la forma de hacer su reparto deben ser definidos por la ley.
Agregó que respecto del efecto de la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753
de 2015, la sentencia solo lo analiza en forma sumaria, sin que se haga mención al
principio de seguridad jurídica evidentemente afectado. Expuso que la demandada
justificó la aplicación de dicha norma en que el artículo mencionado fue derogado,
posición que fue apoyada por la providencia recurrida. Arguyó que tanto la demandada
como el a quo eran conscientes de que la norma era inconstitucional, seguían haciendo
uso de ella, con el argumento de que estaba vigente para los períodos fiscalizados,
cuando lo cierto era que tal precepto no solo fue derogado, sino declarado inexequible,
lo que hacía irrelevante su derogación, puesto que estaba en contra de la Constitución.
Añadió que la declaratoria de inexequibilidad comportaba unos efectos que no podían ser
desconocidos por las autoridades administrativas ni judiciales. A tal fin, citó un aparte del
fallo C-619 de 2003, que alude a los efectos retroactivos de providencias constitucionales,
y afirmó que, si bien se difirió la inconstitucionalidad «a dos anualidades», era con el objetivo
de que se tramitara la ley derogatoria, pero ello no daba lugar a que las autoridades la
siguieran utilizando para hacer más gravosa la situación de los administrados, y menos
aún, para que el fallador fundamentara su ratio decidendi en una regla que se apartaba
de la Constitución.
En apoyo de lo señalado, invocó la sentencia del 23 de febrero de 20124 que, a su juicio,
fijó como posición que al desaparecer el fundamento jurídico, no le era permitido a las
autoridades revivir las obligaciones extintas y seguir perjudicando los intereses de los
administrados, aunado a la directa violación de la Constitución. Sin embargo, para el
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Consejo de Estado, exp. 24655, CP: Mauricio Fajardo Gómez, Sección Tercera.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00177-01 (27806)
Demandante: José Sánchez Martínez
tribunal fue normal que la demandada hubiera usado una norma contraria a la carta
fundamental.
-Falso raciocinio. Luego de transcribir los artículos 742 y 745 del ET, anotó que la
determinación de los tributos debía sustentarse en los hechos demostrados en el proceso
administrativo y no en supuestos ni presunciones, y que, toda duda respecto del tributo
debía resolverse a favor del contribuyente. En su criterio, las disposiciones anotadas
fueron desconocidas en el proceso de fiscalización, pues no era un hecho probado que
percibió ingresos por los valores determinados por la demandada en las mensualidades
revisadas. Si bien se percibió un monto cierto, indicó que el mismo pudo causarse en
diferentes porcentajes en los períodos, no habiéndose probado esto, y la Administración
tenía la potestad para tener todos los ingresos como obtenidos en un solo mes, situación
que ante la duda, era más benévola para el administrado.
Agregó que en todo caso, no podía atribuírsele la carga probatoria sobre la
mensualización de los ingresos, puesto que estos fueron tomados abruptamente de la
declaración de renta, luego ante la ausencia de hechos probados se debía establecer la
condición más beneficiosa, que consistía en pagar los aportes sobre la base de que los
ingresos fueron percibidos en un solo período, pues «en sana lógica los mismos fueron
percibidos en una única oportunidad, cabe anotar que las entidades administrativas no gozan de una amplia
subjetividad al momento de evaluar el material probatorio, sino que deben ceñirse por una extrema
objetividad». Seguidamente, tras invocar a un doctrinante, concluyó que cuando la
autoridad aplica la normativa fiscal y exige el cumplimiento de obligaciones no «prueba»
los hechos que justifican la liquidación oficial, sino que «comprueba» «que han tenido lugar los
presupuestos que lo legitiman», por lo que en el procedimiento administrativo solo podía
predicarse la prueba en sentido impropio.
Pronunciamientos finales
La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio (índice 12 de Samai).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos planteados
por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que
negó sus pretensiones.
Problema jurídico
Corresponde a la Sección definir si, como lo señala la impugnante: (i) no podía aplicarse
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para los períodos fiscalizados de enero a diciembre
de 2016, y si la demandada presumió los ingresos gravados con los aportes al SPS, lo
cual extralimitaba las funciones de la Administración (art. 6 constitucional) y violaba los
principios de reserva de ley, legalidad, certeza y seguridad jurídica y (ii) no era procedente
prorratear los ingresos en doce meses y su periodicidad no era una carga probatoria del
contribuyente.
Por precluir la etapa para adicionar los cargos de la demanda y estar limitado el análisis
jurídico al debate de segunda instancia (art. 328 CGP), la Sala no atenderá los
cuestionamientos del apelante, alusivos a: (a) la referencia a que la ley puede reasignar
las autoridades territoriales la fijación de tarifas de tasas y contribuciones, pero que el
sistema y método debe ser fijado por la ley, lo que, no solo resulta ajeno al debate, sino
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que además no fue planteado en la demanda; (b) la falta de pronunciamiento del tribunal
sobre el principio de seguridad jurídica que resultó afectado por efecto de la
inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 para el año 2016, pues no
era procedente que acto acusado se sustentara en tal norma dados los efectos ex tunc,
según pronunciamiento de la Sección Tercera de esta corporación; (c) la falta de
demostración de la periodicidad de los ingresos debía implicar la aplicación del artículo
745 del ET, debiendo resolverse la duda a su favor, en el sentido de asumirse que los
ingresos obtenidos se percibieron en un solo período y así definir de forma benévola la
controversia.
A los efectos anteriores, conviene precisar que, en lo atinente al punto (b), la Sala advierte
que en el cargo de violación denominado «Falsa motivación» de la demanda, el actor
cuestionó la aplicación del artículo 135 de la ley 1753 de 2015, por considerar que de su
contenido no se desprendía la metodología para presumir ingresos ni la competencia de
la demandada para establecerla. Sin embargo, aunque en un párrafo posterior a la
transcripción de la norma aseveró que: «es importante anotar que fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional Sentencia C-219, del 22 de mayo de 2019», esto fue lo único manifestado
sobre el particular, no desarrolló ningún argumento que condujera a analizar la
improcedencia de que tal norma sustentara la determinación del IBC por parte del acto
acusado para el año 2016. Ahora bien, aunque el tribunal señaló que la
inconstitucionalidad declarada sobre dicha norma no cubrió el período revisado del año
2016, esto no revivía la oportunidad del actor para formular el reparo sobre la aplicación
de tal norma, como se pretende en la apelación. Sin perjuicio de ello, en todo caso, la
Sala ratifica que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 rigió para la época de los hechos
juzgados.
Frente al planteamiento descrito en el punto (c), la Sala advierte que, en la demanda se
cuestionó la supuesta “presunción de ingresos” por parte de la demandada, a partir de la
aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, con base en lo cual advirtió que
mientras el Gobierno regulaba tal presunción, su IBC correspondía a 1 smmlv; sin
embargo, en la apelación varía el argumento al sostener que, en virtud del artículo 745
del ET, debía asumirse el ingreso en un solo período, ante la falta de demostración de la
periodicidad de sus ingresos, y así cuantificar la obligación de una manera beneficiosa.
Sobre ese particular, advierte la Sala que al no haber sido aducido esto en la demanda,
estaría variando el reproche y provocando un análisis jurídico que tuvo oportunidad de
hacer el tribunal, como tampoco pudo controvertir su contraparte, razón por la que no
hará parte del análisis. Con todo se precisa señalar que las decisiones solo pueden
fundarse en los hechos que sean probados en el proceso, que no en aspectos asumidos.
Análisis del caso
2- En orden a dirimir los dos problemas jurídicos planteados, se observa que el apelante
formuló como cargos de impugnación los denominados «Falta de aplicación o exclusión
evidente» y «Falso raciocinio»; el primero de ellos, porque la providencia le dio pleno valor
probatorio a la declaración de «información exógena, en cuanto a los ingresos», pese a que
ninguna norma facultaba a la demandada para tomar los ingresos a partir de esa
información y dividirla en 12 períodos, a efectos de determinar los aportes. A su juicio,
ello vulneraba el principio de seguridad jurídica, legalidad, reserva de ley, certeza del
tributo y extralimitaba las funciones de los funcionarios (art. 6 constitucional). En línea
con esto, sostuvo que los ingresos reportados en «medios magnéticos» de forma anual ante
la DIAN no podían ser iguales en todos los períodos fiscalizados para establecer los
aportes al SPS; asimismo, al no haber discriminado el actor temporalmente sus ingresos,
no podía hacerlo su contraparte, ya que se estaría arrogando funciones que no le
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correspondían, pues tal entidad no conocía el momento en que los aportantes percibieron
los pagos.
Así, reprochó que de la normativa descrita por la autoridad y el tribunal, no se desprendía
que se pudiera prorratear la totalidad de los ingresos, pues aunque el pago de las
cotizaciones era mensual, no podía ello justificar la presunción de ingresos mensuales y,
en caso de que ello fuera posible, sería el legislador el competente para establecerlo en
esa forma (art. 150.12 constitucional) pues en virtud del principio de legalidad debía haber
previamente una ley que así lo dispusiera y que fuera «certa»; esto último, como garantía
de claridad y precisión sobre las conductas que se deciden tipificar y así evitar
interpretaciones equívocas y vacíos jurídicos que transgredirían el principio de seguridad
jurídica. Con base en lo anotado, en el segundo de sus cargos de apelación aseguró que
no le correspondía probar la periodicidad de los ingresos.
El extremo pasivo y el tribunal coincidieron en que como el actor no entregó los soportes
probatorios, la autoridad debió tomar los ingresos registrados en la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2016, los que, según la demandada,
ascendieron a $1.521.377.000, los cuales distribuyó en los doce meses del año, ante la
falta de demostración de su periodicidad. La demandada precisó que la capacidad de
pago se infirió de que el actor era declarante de renta, conforme con el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011, por lo que una vez tomados los ingresos anuales y distribuidos en los
períodos mensuales, obtuvo una base a la cual le aplicó el 40% y sobre esta cuantificó
los aportes. Adujo que no reconoció costos y deducciones, porque no le fueron
acreditadas por el demandante y no podían asumirse las denunciadas en renta como
erogaciones plausibles de detraerse, porque se requería el cumplimiento de los requisitos
del artículo 107 del ET. El tribunal señaló que no reposaba la declaración de renta en el
expediente y que el actor no desvirtuó el monto de ingresos aplicado por la Administración
y, dado que el IBC obtenido superaba el límite de los 25 SMLMV no tuvo ninguna
incidencia la aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Por lo demás, también
coincidieron en que debió cuantificar la obligación sobre los ingresos percibidos (art. 135
ídem), los cuales se pudieron determinar tras el cruce de información con lo declarado
ante la DIAN, y no sobre un salario mínimo como lo sostuvo el actor.
De conformidad con lo anterior, la apelación se concreta en la metodología que la ley le
autoriza a la demandada, para establecer los ingresos mensuales, base de cotización y
respecto de que la carga probatoria de la periodicidad de los ingresos no recaía en el
contribuyente. En ese sentido, se advierte que el actor no hizo ningún planteamiento
atinente al reconocimiento de costos y gastos, ni tampoco presentó reparos sobre la
sanción por inexactitud impuesta.
3- Con miras a dirimir la litis, la Sala precisa que, de conformidad con los artículos 15 y
19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la ley 797 de 2003, el
IBC de los trabajadores independientes para el subsistema pensional es equivalente a
un valor igual o superior a 1 smmlv, pues la norma «presupone la existencia de un ingreso
efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización», tal
como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia del 19 de noviembre de 2003 (C-
1089/03, MP: Álvaro Tafur Galvis). A partir de ello, la Ley 797 de 2003 precisó que,
tratándose de trabajadores independientes no vinculados mediante contrato de
prestación de servicios, la base de cotización correspondía a «los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos».
Por su parte, el IBC para la cotización al subsistema de salud halla su regulación en el
parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que conminó al Gobierno a
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reglamentar un sistema de presunciones de ingresos para la determinación de la base
imponible de los trabajadores independientes, el cual debía basarse en información sobre
el nivel de educación, experiencia laboral, actividades económicas, región de operación
y patrimonio de los individuos. En cumplimiento de lo anterior, fue emitido el artículo 4 del
Decreto 1070 de 1995, que otorgó competencia a la Superintendencia Nacional de Salud
para establecer el citado sistema de presunción de ingresos, lo cual derivó en la
expedición de la Resolución 9 de 1996. Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de
1998 -derogado- detalló que la base de cotización de los trabajadores independientes se
determinaba según el sistema de presunción de ingresos definido por la
Superintendencia de Salud y, en ningún caso, dicho monto podía ser inferior al 12% de 2
salarios mínimos, legales y mensuales vigentes. Por su parte, el artículo 25 del Decreto
1406 de 1999 estableció que, al momento de afiliación, las EPS debían aplicar
cuestionarios a los trabajadores independientes para determinar «las bases presuntas
mínimas de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS», sin perjuicio de reconocer
que cuando los «ingresos reales» del aportante fueran superiores a los que resulten de la
aplicación de las presunciones, «los aportes de dicho trabajador deben hacerse sobre los ingresos
reales».
Posteriormente, con la Ley 1753 de 20155, artículo 135, se precisó como ingreso base de
cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con
contrato diferente al de prestación de servicios que percibieran ingresos mensuales
iguales o superiores a 1 smmlv, quienes cotizarían mes vencido en el equivalente al 40%
-como mínimo- de los ingresos mensualizados, sin incluir el IVA y pudiéndose detraer las
expensas incurridas que cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET. Si bien el inciso
segundo de dicho dispositivo previó que de resultar el IBC así determinado, inferior al
determinado por el sistema de presunción de ingresos determinado por el Gobierno,
aplicaría este último, es lo cierto que de lo prevalente es el establecimiento de la base
gravable a partir de los ingresos efectivamente percibidos y, a tal fin, esta norma debe
interpretarse armónicamente con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, según el cual, la
capacidad de pago también se desprende de que el contribuyente respectivo sea
declarante del impuesto sobre la renta, en cuyo evento, dicho denuncio tributario ha sido
admitido por la jurisdicción como un medio probatorio eficaz e indicador de los ingresos
realmente obtenidos que permitirían evidenciar una «capacidad de pago y la obligación de
aportar al sistema», con prescindencia del sistema de presunción de ingresos.
En función de lo anterior, cabe registrarse que, al igual que la Administración, el
contribuyente se encuentra legitimado para allegar al proceso los medios de convicción
que den cuenta de los ingresos obtenidos y su distribución en los períodos cuestionados,
así como el monto y la proporción de los costos y gastos atribuibles a los respectivos
períodos, que cumplan las condiciones del artículo 107 del ET. De este modo, en los
casos en que el aportante no ejerce su carga probatoria o la desplegada resulta
insuficiente para acreditar la periodicidad de los ingresos percibidos, la corporación ha
validado el procedimiento de la demandada de tomar los ingresos declarados en renta y
mensualizarlos en los 12 meses del año (sentencias del 16 de marzo de 2023, exp.
26927, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 16 de noviembre de 2023, exp. 26680,
CP: Wilson Ramos Girón).
En ese orden, en virtud del precepto general de la carga probatoria del artículo 167 del
CGP, el aportante tenía la carga probatoria de demostrar la periodicidad de sus ingresos,
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Este artículo fue declarado inconstitucional por violación del principio de unidad de materia, mediante la sentencia C-219, del 22 de
mayo de 2019 (MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez) y tal efecto fue diferido a las siguientes dos legislaturas. La Ley 1955 de 2019 lo
derogó, pero también incorporó en su artículo 244; empero esta norma también fue declarada inconstitucional por medio de la
sentencia C-068 del 19 de febrero de 2020 (MP: Diana Fajardo Rivera). Actualmente, su regulación está incorporada en el artículo 89
de la Ley 2277 de 2022.
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dado que los medios probatorios que tiene al alcance la autoridad acusada no resultan
suficientes para efectuar tal atribución en el correspondiente período de realización del
ingreso, y por ello le corresponde al aportante entregar los medios de convicción útiles y
conducentes. Así, inclusive en la etapa judicial ello le sería permitido al contribuyente, y
ante la absoluta ausencia probatoria, la Sala ha considerado procedente distribuir los
ingresos, costos y gastos en proporciones iguales en cada mensualidad.
4- De conformidad con el derecho aplicable, la Sala advierte que la demandada determinó
la obligación a cargo del actor, a partir de los ingresos efectivamente percibidos, con
fundamento en lo declarado en renta por el año gravable 2016 conforme lo señala el acto
acusado -no fue con base en lo reportado en medios magnéticos como lo anotó el
apelante-. Así, no encuentra la Sala que la demandada hubiera presumido los ingresos
como lo cuestiona el recurrente, pues los ingresos determinados por a demandada
encuentran asidero en lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, lo cual obvió
el actor apelante, bajo la consideración de que, la falta de regulación de un sistema para
realizar los aportes, el deber se cumplía aportando sobre un salario mínimo, lo que
condujo a que desatendiera las reglas de capacidad contributiva, cuya consagración se
remonta a la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, se destaca que la defensa del apelante no se dirigió en ninguna etapa del
juicio a enervar probatoriamente la periodicidad de los ingresos tomados por la
demandada en la liquidación oficial, como tampoco a desvirtuar el monto que afirmó la
autoridad haber extractado de la declaración del impuesto sobre la renta del período
2016, lo que hace forzoso desestimar la oposición del demandante.
En suma, se desestiman los cargos de apelación, pues no se vislumbró una violación al
principio de seguridad jurídica, legalidad, reserva de ley, certeza del tributo ni se encontró
que la demandada se hubiera extralimitado en sus funciones.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, si bien en este caso no se reconocen los costos y
gastos reportados en la declaración de renta por no haberse apelado este aspecto, debe
la Sala reiterar que la declaración del impuesto sobre la renta no solamente es
demostrativa de la capacidad contributiva a efectos de los aportes al SPS, sino que
también funge como medio probatorio para establecer los ingresos gravados, así como
los costos y gastos.
Con arreglo a las anteriores pautas, coincide la Sala con la decisión del tribunal. Sin
embargo, como se observa que la providencia señaló, en el acápite introductorio y en la
parte resolutiva, el nombre del demandante equivocadamente [José González Ramírez,
cuando lo correcto era José Sánchez Martínez], y aunque el resto de la providencia está
referida al caso del actor del sub lite, cuya radicación se identifica con el número
250002337000202000177-01, se modificará el ordinal primero; en lo demás se
confirmará la sentencia.
Costas
6- Finalmente, acogiendo la posición mayoritaria de la sala, no se condenará en costas
conforme con el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00177-01 (27806)
Demandante: José Sánchez Martínez
FALLA
1. Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada, de acuerdo con lo indicado en
esta providencia. En su lugar:
Primero. Negar las pretensiones de conformidad con lo expuesto.
2. En lo demás, confirmar la providencia.
3. Sin condena en costas en segunda instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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