Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00185-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00185-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00185-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)
Demandante JARDINES DEL APOGEO S.A.
Demandado DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE HACIENDA
Temas Impuesto predial. Excepción de inconstitucionalidad. Límite
artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002. Información catastral.
Realidad jurídica, física y económica del predio. Sanción por
inexactitud. Diferencia de criterios.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dispuso lo siguiente1:
PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de Liquidación Oficial de Revisión No. 2545DDI005564 del 1º
de marzo de 2019, mediante la cual se modificó la declaración del Impuesto Predial Unificado
correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP por la vigencia 2017 y; de
la Resolución No. DDI003595 del 09 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió un (1)
recurso de reconsideración en contra de la Liquidación Oficial de Revisión No.
2545DDI005564 del 1º de marzo de 2019, modificando el acto recurrido, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE la firmeza de la declaración
privada del impuesto predial del inmueble identificado con el CHIP AAA0047EKEP presentada
el 16 de junio de 2017 con el formulario No. 2017301010009637903.
TERCERO: Sin condena en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría de Hacienda del distrito de Bogotá (en adelante distrito de Bogotá)
expidió la resolución 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, en la que modificó la
declaración privada del impuesto predial unificado del año 2017, presentada por
Jardines del Apogeo S.A. con relación al inmueble identificado con CHIP
AAA0047EKEP e impuso sanción por inexactitud.
La sociedad presentó recurso de reconsideración contra la anterior decisión, la cual
fue resuelta por la entidad territorial con la resolución DDI003595 del 9 de marzo de
2020, que accedió parcialmente a la impugnación disminuyendo el valor del
impuesto a cargo y de la sanción por inexactitud.
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Samai del tribunal, índice 36, páginas 24 y 25.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00185-01 (28825)
Demandante: Jardines del Apogeo S.A.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones en la demanda2:
Primera pretensión: Que se declare la nulidad total de los actos administrativos contenidos
en la Resoluciones Nos. 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, por medio de la cual se
profiere Liquidación Oficial de Revisión y No. DDI003595 del 9 de marzo de 2020 por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración;
Segunda pretensión: Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, se declare la firmeza de la declaración del impuesto predial unificado presentada por
La Sociedad para la vigencia fiscal 2017, mediante formulario No. 2017301010009637903.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 58,
95 y 363 de la Constitución Política; 4 de la Ley 1437 de 2011 y 20, 21, 22, 27 y 36
del Decreto Distrital 352 de 2002.
Los argumentos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
Expuso que la autoridad tributaria desconoció la realidad física del inmueble, porque
determinó la base gravable del impuesto desatendiendo su área real. Precisó que,
desde la adquisición del inmueble objeto de debate y para el momento de causación
del tributo, se presentaron más de 34.874 desenglobes, expropiaciones, cesiones,
entre otros, que dieron lugar a 229.024,58 metros cuadrados que no deben ser
considerados para efectos del tributo.
Adujo que la demandada violó el principio de prevalencia de la sustancia sobre la
forma. Destacó que era responsabilidad del distrito de Bogotá, como sujeto activo
del tributo, corroborar la realidad física y el área del inmueble sobre el cual debía
calcular el gravamen. No obstante, producto de la omisión por parte de la autoridad,
la determinación del impuesto predial por la vigencia 2017 fue errada y desbordó la
capacidad contributiva de la sociedad.
Manifestó que hubo una indebida valoración probatoria y reprochó que la
demandada liquidara el impuesto teniendo en cuenta únicamente la información
reportada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en adelante
Catastro Distrital), pese a que en muchas ocasiones lo reportado por esta entidad
estaba desactualizado, no reflejaba la realidad y las características de los
inmuebles. En su lugar, consideró que la entidad debió valorar los documentos
aportados por la sociedad, tales como escrituras públicas, folios de matrículas
inmobiliarias y certificaciones, que daban cuenta de las segregaciones de las que
fue objeto el inmueble.
Destacó que la jurisprudencia ha sido enfática en aceptar que los contribuyentes
pueden probar, con otros documentos, las mutaciones o cambios en relación con
los elementos jurídicos, físicos o económicos que sufran los predios, permitiendo de
esta manera que la administración se aparte de la información reportada en las
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Samai del tribunal, índice 1, pdf de la demanda, página 4.
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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.
oficinas de catastro y liquide el gravamen de conformidad con la realidad física del
inmueble, so pena de la vulneración al debido proceso.
Consideró vulnerados los principios de buena fe y confianza legítima, para lo cual
explicó que, para liquidar el impuesto predial del año 2017, la sociedad confió
legítimamente en la determinación efectuada por la Administración para el período
2016, de modo que calculó el gravamen sin exceder el doble del pagado en el año
inmediatamente anterior, tal como lo permitía el artículo 27 del Decreto Distrital 352
de 2002. De manera que era incorrecto que la demandada refutara la liquidación
del impuesto luego de reconocer y determinar, para el período 2016, el gravamen
en las mismas condiciones y dando aplicación al límite previsto en el artículo 27
referido, desconociendo con ello el principio de buena fe que rige las actuaciones
de los administrados.
Y, si bien en el ámbito tributario no existen derechos adquiridos, lo cierto es que la
norma aplicable al impuesto predial no ha sido modificada. Así, el actuar de la
entidad resulta caprichoso al interpretar las disposiciones sobre la materia, pasando
por alto los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica.
De igual forma, indicó que fueron violados los principios de equidad y capacidad
contributiva, ya que la demandada pretende la satisfacción de una obligación
tributaria cuya base gravable no se ajusta a la realidad física, jurídica, económica y
fiscal del inmueble, lo que implica una carga tributaria excesiva, confiscatoria y
desproporcionada para la sociedad, situación que se encuentra prohibida por
mandato constitucional.
Indicó que era improcedente la sanción por inexactitud, pues no se presentó ninguno
de los requisitos que exige el artículo 36 del Decreto Distrital 362 de 2002 para
imponer la aludida sanción, toda vez que la sociedad liquidó y pagó el impuesto
conforme a la realidad física del inmueble.
Agregó que la actuación de la empresa se ajustó a lo previsto en los artículos 20,
21, 22 y 27 del Decreto Distrital 352 de 2002, los cuales regulan la base gravable
del impuesto, la vigencia y reajuste de los avalúos catastrales. Así mismo, la
posición asumida esta jurídicamente soportada en las normas que regulan la
materia, en ese orden, era viable levantar la sanción ante la disparidad de criterios
en la interpretación y el alcance dado por la autoridad.
Oposición de la demanda
El Distrito Capital se opuso a las pretensiones de la actora. En cuanto a la realidad
fáctica del inmueble, sostuvo que, por mandato legal, Catastro Distrital es la
encargada de fijar los avalúos, señalar los usos y destinos de los predios y efectuar
las revisiones o modificaciones a estos. Por tanto, las dudas de la demandante
sobre el avalúo del inmueble debían ser elevadas ante la autoridad catastral, para
que dicha entidad procediera al respectivo estudio y, de ser el caso, mediante una
mutación sin efectos retroactivos, generara las actualizaciones correspondientes.
Precisó que el formulario enviado a la demandante, donde la administración
reconoció para el año 2016 un impuesto sobre el límite máximo del 100%, obedeció
a las prácticas irregulares de la sociedad al declarar el año 2015. De esta manera,
si hubiera actuado conforme a la norma, el documento sugerido también reflejaría
la realidad física, económica y jurídica del inmueble, permitiendo la aplicación del
artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002.
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Indicó que, a lo anterior, debía sumarse que los formularios enviados a los
contribuyentes no constituyen un acto de administrativo que defina una situación
jurídica y que deba ser cumplido, sino que se trata de formatos que buscan facilitar
el pago de la obligación.
Explicó que, consultado el Registro de Información Tributaria (RIT), así como el
certificado catastral que expide Catastro Distrital, se pudo verificar que el inmueble
de propiedad de la actora tenía como destino el «66, Dotacional Privado» con uso
comercial, iglesias, oficina, consultorios, depósitos de almacenamiento y bodega
económica. Además, consideró aplicable una tarifa del 6.5 por mil, por lo que la
sociedad debía ser consecuente y pagar conforme a la información que ella misma
aceptó en la declaración.
Por otro lado, afirmó que, de conformidad con las pruebas aportadas por la actora,
en efecto se reconoció la apertura de 7.134 tumbas en el predio matriz, segregadas
a nombre de terceros y con matrícula inmobiliaria. Sin embargo, fue imposible hacer
lo mismo respecto de otras 27.347 tumbas, las cuales no contaban con la respectiva
matrícula y, por consiguiente, era inviable su segregación del predio de mayor
extensión.
Puso de presente que, con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
se hizo una deducción de las zonas de reserva con que contaba el predio, de lo cual
daba cuenta la resolución 2482 del 18 de mayo de 2005 y la escritura pública 1747
del 19 de mayo de 2008, pruebas que observaban la exclusión de un metraje de
36.900 metros cuadrados, información que no fue actualizada por la demandante.
Afirmó que la tasación de la sanción por inexactitud derivó de las malas prácticas
desarrolladas por la sociedad, al pretender aplicar a lo largo de las vigencias 2008
a 2017, el tope en forma irregular en sus declaraciones privadas del impuesto
predial, lo cual a su vez atentó contra el principio de lesividad.
Respecto de la aplicación de las normas tributarias, explicó que, desde el año 2008,
la sociedad ha declarado de manera irregular y arbitraria el impuesto predial,
situación que, si bien no fue fiscalizada, deja en evidencia la conducta reprochable
al no utilizar el avalúo efectuado por Catastro Distrital para determinar el tributo.
Indicó que, como la administración no estableció el monto del impuesto por las
vigencias anteriores al 2017, el contribuyente no podía aplicar el límite del 100% del
artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 partiendo del impuesto liquidado desde
años anteriores a su discreción y por un menor valor al procedente.
Insistió en que el impuesto autoliquidado por 2015 no refleja la realidad del predio,
por lo que aplicar el límite referido daría lugar a inexactitudes en los periodos
posteriores. Entonces, verificados los estados de cuenta del contribuyente, se
determinó que incurrió en conductas lesivas que lo hicieron perder el derecho de
aplicar el artículo 27 referido e hicieron procedente la imposición de la sanción por
inexactitud para el 2017.
Expuso que, cuando la administración establece que un contribuyente incurrió «en
una conducta, en desequilibrio de los principios de equidad, justicia y solidaridad, podrá buscar el
restablecimiento de estos, proponiendo al contribuyente las acciones de ajuste o corrección
pertinentes, tal y como se le indicó en el Requerimiento Especial […]»3.
3
Samai del tribunal, índice 16, PDF de oposición a la demanda, página 15.
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Propuso las excepciones que denominó «carga de la prueba», en la medida que la
actora no logró demostrar la indebida actuación por parte de la entidad territorial y
la extensión del terreno; «la legalidad de los actos administrativos», porque la demandada
cumplió a cabalidad con las formalidades para la expedición de éstos; y, finalmente,
la «genérica».
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda, exponiendo que, de conformidad con el
artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002, el impuesto predial en un período fiscal
no puede exceder el doble del monto establecido en el año inmediatamente anterior,
limitación que no era aplicable para terrenos urbanizables no urbanizados o de
urbanizados no edificados, ni para los eventos en que existiera mutación del predio.
A su vez, en criterio del Consejo de Estado4, dicha norma indica que, para liquidar
el gravamen en cuestión, se debe tomar como referencia el valor del impuesto
predial declarado en la vigencia precedente, máxime si dicha declaración se
encuentra en firme, caso en que es inmutable, por lo que la administración y el
contribuyente no puedan cuestionar lo reportado allí, so pena del desconocimiento
al principio de seguridad jurídica.
Observó que, en el presente caso, la demandante presentó la declaración del
impuesto predial del inmueble objeto de discusión por el 2017 liquidando una suma
a pagar de $15.164.000, atendiendo el límite del artículo 27 del Decreto 352 de
2002, pues para el período 2016 pagó por ese mismo gravamen $7.782.000.
Advirtió que, en los actos acusados, el distrito de Bogotá liquidó un impuesto por
$1.896.747.000; es decir, por un valor mayor al doble del tributo liquidado en el año
anterior, sumado a que no demostró la existencia de mutaciones en el inmueble
para el período objeto del litigio, ni que se trata de un terreno urbanizable no
urbanizado o urbanizado no edificado.
Refirió que, según la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, el predio
demandado tenía como destino el «66 – Dotacionales» con una tarifa del 0.00065 y
un avalúo catastral de $291.803.379.000, lo cual ratificaba la inexistencia de
mutaciones y de las restricciones previstas en el aludido artículo 27 de la norma
distrital para aplicar el incremento del 100% del impuesto pagado en la vigencia
inmediatamente anterior, información que era congruente con lo reportado en la
oficina de catastro.
El tribunal afirmó que las autoliquidaciones del impuesto predial de los años
anteriores estaban en firme, por tanto, era improcedente que, en este caso, donde
se debate la declaración del impuesto predial 2017, la administración cuestionara
las vigencias anteriores, incluida la del 2016, ya que era inmodificable.
Concluyó que lo expuesto es suficiente para que prosperen las pretensiones de la
demanda, de modo que se relevó de estudiar los demás cargos de nulidad
propuestos por la actora.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no fueron demostradas.
4
Citó la sentencia del 22 de octubre de 2020, exp 24168, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Recurso de apelación
La demandada sustentó su impugnación en que el límite del artículo 27 del Decreto
distrital 352 de 2002 debe ser inaplicado en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad. Sostuvo que la interpretación por parte del tribunal de esa
norma causa un perjuicio a los principios que rigen el sistema tributario, pues
mantiene el error en la declaración del impuesto predial del año anterior, lo que le
permite a la sociedad tributar sobre un valor irrisorio al que le corresponde.
Por lo anterior, consideró que la disposición referida «conlleva a un perjuicio al
Estado Colombiano y vulnera el principio de justicia tributaria, equidad y capacidad
contributiva, toda vez que “el impuesto debe ser justo y (…), debe responder en la
medida de la capacidad del contribuyente”5»6.
Indicó que, una interpretación sistemática del artículo 27 del Decreto distrital 352 de
2002 y la Constitución permite concluir que el límite fijado en ella opera, siempre y
cuando la declaración previa que se encuentre en firme atiende la situación física
real del inmueble. De este modo, indicó que «para este caso en concreto resulta
inconstitucional aplicar esa norma con los alcances dados en la sentencia objeto de
discusión, porque va en contra de los principios del sistema tributario y abre la
posibilidad de que los contribuyentes al presentar su liquidación privada de manera
equívoca, la cual quedó en firme, se siga presentando de dicha manera
manteniendo la inexactitud en el tiempo de manera indefinida generando un daño
en la administración tributaria y en consecuencia en la sociedad»7.
Afirmó que, así como el contribuyente podía demostrar en sede judicial que la
realidad jurídica y física del inmueble no corresponde a lo determinado por Catastro
Distrital o que la liquidación efectuada por la administración es incorrecta, también
la autoridad tributaria podía comprobar que la información consignada en la
declaración privada no era real.
De esta manera, sostuvo que el hecho de que el distrito de Bogotá no hubiere
controvertido la declaración previa al período fiscalizado antes de que cobrara
firmeza, no justificaba que el error en el pago del impuesto se mantuviera en el
tiempo de manera indefinida.
Resaltó que la responsabilidad de presentar la declaración del impuesto era del
contribuyente, y que en el trámite administrativo y judicial se acreditó que la
conducta de la demandante desconoce los principios de equidad, justicia y
solidaridad, aspecto sobre el cual no se pronunció el a quo.
Reprochó que, conforme la providencia impugnada, la entidad territorial debe
adherirse a las liquidaciones irregulares de los años previos y permitir la inexactitud
que se sigue generando.
Indicó que el tribunal desatendió la realidad fáctica del predio objeto del litigio, pues
no analizó la información reportada por Catastro Distrital, la cual daba cuenta del
uso del inmueble objeto de discusión, así como tampoco fue verificado que la
apertura de 27.347 predios (tumbas) no contaran con matrícula inmobiliaria a la
fecha y, por consiguiente, tampoco podían ser segregados del predio de mayor
extensión, lo cual se mostró en el desenglobe presentado por la accionante.
5
En este punto realizó la siguiente cita “Fajardo, Santa y Ríos, 2016, p. 24”.
6
Samai del Tribunal, índice 39, página 5.
7
Ibidem.
6
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A la par de lo anterior, indicó que la demandante efectuó una deducción con ocasión
a las zonas de reservas con las que contaba el bien, de lo cual daban cuenta la
resolución 2482 del 18 de mayo de 2005 y la escritura pública 1747 del 19 de mayo
de 2008, pruebas que condujeron a excluir un total de 36.900 metros cuadrados de
la determinación del tributo, información que no fue actualizada por la demandante
y que corresponde a la realidad física del predio.
Oposición al recurso
La demandante guardó silencio.
Concepto del ministerio público
El agente del ministerio público tampoco se pronunció en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de la
resolución 2545DDI005564 del 1 de marzo de 2019, por medio de la cual el distrito
de Bogotá profirió liquidación oficial de revisión del impuesto predial
correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP por la vigencia
2017 a cargo de Jardines del Apogeo S.A., y de la resolución DDI003595 del 9 de
marzo de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la
sociedad contribuyente.
Para estos efectos, la sala estudiará, en primer lugar, la procedencia de la excepción
de inconstitucionalidad propuesta por la apelante. De no prosperar, en segundo
lugar, verificará cuál es el alcance del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002
con el fin de determinar si, como lo indicó el tribunal, los actos acusados son nulos
por no respetar el límite allí dispuesto. Si el anterior estudio da lugar a revocar la
sentencia impugnada, en tercer lugar, se analizarán los cargos de nulidad que no
fueron estudiados por el a quo, en aras de garantizar el derecho al debido proceso
de la demandante. Finalmente, si no prospera ninguno de los cargos de la demanda
con relación a la determinación del tributo, se analizará la procedencia de la sanción
por inexactitud.
Análisis del caso concreto
1. Excepción de inconstitucionalidad
En el recurso de apelación, el distrito de Bogotá propuso la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002, pues considera
que su aplicación causa un perjuicio al recaudo de tributos para el funcionamiento
del Estado y lesiona los principios que rigen el sistema tributario, en la medida que
permite que los contribuyentes presentaran sus declaraciones privadas con errores
que se mantienen en el tiempo y, a su vez, el pago del gravamen sobre un valor
inferior al que legalmente corresponde.
Para resolver, se pone de presente que la excepción de inconstitucionalidad tiene
fundamento en el artículo 4 superior, según el cual «La Constitución es norma de normas.
7
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En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». La Sección precisó, en sentencia del 15 de octubre de
20218, que ésta figura constituye un tipo de control que puede realizar el juez «o la
autoridad administrativa cuando se tenga que aplicar una norma jurídica en un caso concreto».
En línea con lo anterior, la sentencia del 13 de diciembre de 20179 consideró
contradictorio que una entidad pública trate de defender la legalidad de su acto
administrativo invocando la excepción de inconstitucionalidad de una norma que
debe acatar. De este modo, indicó que «Lo pertinente sería que quien invoque la excepción
de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad
administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (artículo 6 de la
Constitución Política)». Esta tesis también fue acogida por la sala en sentencia del 30
de marzo de 202310.
Por lo anterior, la sala considera que la invocación de la excepción de
inconstitucionalidad por parte del distrito de Bogotá es improcedente. No obstante,
se observa que, como fundamento de la excepción, la demandada propone una
interpretación del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 que podría dar lugar
a revocar la sentencia impugnada. En consecuencia, estos argumentos serán
estudiados, a continuación11.
2. Alcance del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002
El distrito de Bogotá aseguró que el límite previsto en esta norma solo es aplicable
cuando no exista un error o inexactitud en las declaraciones presentadas por los
contribuyentes por los periodos anteriores, pues de lo contrario se perjudicaría el
recaudo necesario para el cumplimiento de las funciones del Estado y se
desconocerían los principios de justicia y equidad tributaria.
Con el fin de verificar la procedencia de dicha interpretación, la Sección pone de
presente que el artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 establece respecto del
impuesto predial lo siguiente:
Artículo 27. Límite del impuesto a pagar. Si el impuesto resultante fuere superior al doble del
monto establecido en el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como
incremento del tributo una suma igual al cien por ciento (100%) del impuesto predial del año
anterior. La limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en el inmueble,
ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.
Como se observa, la norma bajo análisis establece una garantía para los
contribuyentes del impuesto predial en Bogotá, pues señala que no podrá
incrementarse el tributo de forma tal que supere el doble del periodo anterior. Y,
solo impide su aplicación cuando el incremento tiene origen en mutaciones del
inmueble, u ocurre por cualquier motivo frente a terrenos urbanizables no
urbanizados o urbanizados no edificados.
Pese a lo anterior, no puede perderse de vista que el límite del artículo 27 del
Decreto distrital 352 de 2002 constituye una garantía y, en cuanto tal, el incremento
abrupto del tributo frente al cual se protege al contribuyente no puede tener origen
en causas que le son atribuibles, pues de lo contrario se permitiría que el declarante
8
Exp 23623, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
Exp.21855, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
10
Exp 26090, M.P. Milton Chaves García.
11
En la sentencia referida del 13 de diciembre de 2017 se llegó a una conclusión similar, en el sentido de interpretar que la
excepción de inconstitucionalidad alegada se trataba de una propuesta de interpretación normativa, aunque la entidad
demandada era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.
se beneficiara de su propio actuar, lo cual iría en contra de los principios de justicia
y equidad tributaria12. En otras palabras: no es admisible una interpretación
normativa que permita ahorros fiscales que sean el resultado de la inobservancia
de los fines de la legislación tributaria13.
En ese mismo sentido, la sentencia C-015 de 1993 de la Corte Constitucional14
indicó que el principio de equidad tributaria es una expresión de la igualdad
sustancial que pugna con el «abuso de las formas jurídicas» para evadir o eludir el pago
de impuestos. De este modo, destacó lo siguiente:
En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación
tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes deben
examinarse de acuerdo con su sustancia económica; si su resultado material, así comprenda
varios actos conexos, independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su resultado
económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la obligación
tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir o eludir, el pago de los
impuestos.
El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la CP,
no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando éste se funda expresamente en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad (CP art 363), de suyo inalcanzables si se
eleva la mera forma a criterio único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago
de la obligación fiscal. En fin, el sistema tributario en el Estado social de derecho es el efecto
agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional fundante (CP art. 1), que
impone a las autoridades la misión de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
de los particulares (CP art. 2). La efectividad del deber social de toda persona de "contribuir
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto de justicia
y equidad", abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma [negrilla
del original].
Por lo expuesto, los principios de equidad y justicia tributaria imponen que el límite
del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 no opere cuando el incremento del
impuesto predial tenga origen en razones que son atribuibles al contribuyente que
se beneficia de esa medida, pues la finalidad de la norma es otorgarle una garantía
de que no habrá incrementos abruptos del tributo, con ocasión de las decisiones
adoptadas por la administración, y no imponer una formalidad rígida que reduzca
sin justa causa el deber de contribuir a la financiación del Estado.
Es importante poner de presente que la sentencia del 22 de octubre de 202015
analizó el contenido del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 y aseguró que,
cuando existe una declaración del impuesto predial de una vigencia anterior que se
encuentra en firme, «no es posible que la administración tributaria e incluso, el propio
contribuyente, la cuestione, modifique o desconozca sus efectos». Además, sostuvo que, de lo
contrario, se desatendería el principio de seguridad jurídica, lo que permitiría que,
so pretexto de aplicar el límite del impuesto predial, se revise una declaración que
es incontrovertible por estar en firme.
Empero, esta providencia no constituye un precedente por no tener identidad fáctica
12
De forma similar lo señaló esta sección frente al silencio administrativo positivo, pues si bien se trata de una garantía del
contribuyente de que su recurso sea decidido de forma oportuna, so pena de que se entienda fallada a su favor, también
señaló que su uso «no está llamado a avalar situaciones que adolezcan de vicios esenciales y notorios, determinantes
de la nulidad del acto ficto, de tal suerte que, de operar el silencio administrativo positivo, el juez es competente para
determinar la procedencia de la petición contenida en el recurso de reconsideración, cotejándola con las normas
superiores, al punto que puede rechazarla y modularla, si observa la trasgresión abierta del ordenamiento». Cfr. sentencia
del 10 de octubre de 2019, exp 24083, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
Sobre la ilegalidad de los ahorros fiscales obtenidos por la violación de las finalidades de la legislación tributaria, aunque
referida a tributos del orden nacional, ver la sentencia del 6 de junio de 2024, exp.26460, M.P. Wilson Ramos Girón.
14
Citada en un fallo del 30 de julio de 2020, exp 23545, M.P. Milton Chaves García.
15
Exp. 24168, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
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y jurídica, pues, en ese caso, el distrito de Bogotá aplicó el artículo 27 del Decreto
distrital 352 de 2002, de modo que la sala, en esa oportunidad, no analizó los
requisitos normativos para que operara el límite allí previsto.
En todo caso, tomándola como antecedente jurisprudencial, se observa que esa
providencia puso de presente que el argumento de la demandante, «conforme con el
cual, el impuesto predial declarado por el año 2011 [previo al fiscalizado, que era 2012], por la suma
de $55.831.000, obedeció a un error y no corresponde a la realidad física y jurídica del bien inmueble,
[lo cual] no es suficiente para que se desconozca la firmeza de esa declaración, tampoco los efectos
que tiene en relación con la determinación del límite del impuesto para el año siguiente, por
indiscutibles razones de seguridad jurídica». Como se observa, esta decisión es acorde con
lo expuesto previamente en esta providencia, pues en ese caso se evidenció que el
contribuyente trató de ampararse en su propio error, alegando que la entidad
territorial aplicó el límite del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002 sobre una
base superior a la que procedía para el periodo anterior. Empero, por lo expuesto
en el fallo del 22 de octubre de 2020 y en esta providencia, esto resulta
improcedente.
Precisado lo anterior, en este caso, la Sección encuentra probado que el reporte de
declaraciones y pagos del impuesto predial del inmueble identificado con CHIP
AAA0047EKEP16, elaborado por la demandada y que no fue objeto de controversia
por la demandante, señala que, para el año 2015, la contribuyente declaró un
autoavalúo de $598.566.000, con base en lo cual determinó un impuesto a cargo de
$3.891.000 al aplicar una tarifa de 6.5 por mil. No obstante, en el boletín catastral17,
consta que el avalúo catastral para el año 2015 en realidad era de
$197.464.787.000, lo que habría dado lugar a un impuesto de $1.283.521.000.
Lo anterior evidencia que la demandante no atendió el mandato del artículo 14 de
la Ley 44 de 1990, según el cual la declaración debe contener un autoavalúo que
no podrá ser inferior al avalúo catastral. Además, Jardines del Apogeo S.A. no
presentó prueba para demostrar que el autoavalúo de 2015 corresponde a la
realidad jurídica, física o económica del predio. De esta forma, dadas las
particularidades de este caso, el error evidente no podía constituir un fundamento
para que el demandante se beneficiara del mismo y, así, aplicar el límite del artículo
27 del Decreto distrital 352 de 2002 para los años posteriores.
Teniendo presente lo anterior, se evidencia que la declaración presentada por el
periodo 201618 informó un autoavalúo de $269.786.817.000, el cual coincide
plenamente con el del boletín catastral. No obstante, aunque anunció una tarifa del
6.5 por mil, que daría lugar a un impuesto a cargo de $1.753.614.000, liquidó el
tributo en $7.782.000.
La demandante sostuvo que la declaración de 2016 fue presentada en aplicación
de los principios de buena fe y de confianza legítima, pues atendió la declaración
sugerida que le entregó el distrito de Bogotá para ese periodo. Sin embargo, en el
expediente no obra prueba alguna del contenido de dicha declaración sugerida, con
lo que no se acreditó por la demandante que la administración la haya inducido a
algún tipo de error.
En todo caso, aún si fuera así, esta sección de tiempo atrás ha señalado de manera
específica frente al tributo en comento, que la declaración sugerida por el distrito de
16
Samai del Tribunal. Índice 24. Antecedentes administrativos. Expediente 201801200305047584. Página 238.
17
Ibidem, página 234.
18
Ibidem, página 135.
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Bogotá no es un acto administrativo y, por lo tanto, no es vinculante para el
contribuyente:
«Así mismo, es menester aclarar que la liquidación sugerida no es un acto administrativo que
contenga la manifestación de la voluntad de la Administración tendiente a crear, modificar o
extinguir una situación jurídica particular y, en esa medida no se puede predicar la transgresión
del principio de confianza legítima.
Por el contrario, en el sub-lite el perfeccionamiento de la relación jurídica que constituye la
obligación tributaria, nace del contribuyente, mediante la presentación de su declaración
tributaria, pues es éste quien conoce de primera mano la existencia del hecho gravado que la
origina y lo pone en conocimiento de la Administración al cumplir la obligación formal»
Posición que fue ratificada por la Sección en la sentencia del 1 de diciembre de
2022, exp. 25569, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, señalando, además, que
el contribuyente debe presentar la declaración del impuesto predial atendiendo la
realidad física, jurídica y económica del predio.
De otro lado, se destaca que el valor declarado para 2016 ($7.782.000) corresponde
al doble del impuesto determinado para el 2015 ($3.891.000), lo que atiende el límite
del incremento del artículo 27 del Decreto distrital 352 de 2002. Para el año 2017,
que es el fiscalizado, la declaración19 presentada por la demandante da cuenta de
un autoavalúo de $291.807.241.000, que al aplicar la tarifa del 6.5 por mil, daría
lugar a un impuesto a cargo de $1.896.747.000. Pese a ello, la sociedad volvió a
declarar el valor que corresponde al doble del tributo determinado en el año anterior,
esto es, $15.564.000. Empero, se insiste, esto es improcedente porque el
incremento abrupto del impuesto es imputable a su propia culpa, de lo cual no puede
obtener beneficio alguno en virtud de los principios de equidad y justicia tributaria,
pues desatiende la finalidad de las normas fiscales.
Se destaca que el reporte de declaraciones y pago, cuyo contenido no fue objetado
por la demandante, demuestra que la sociedad declaró el autoavalúo del predio por
los años 2016 y 2017, de tal modo que conocía el valor real de la base gravable del
tributo, pese a lo cual, determinó el tributo de forma indebida.
3. Desconocimiento de la realidad física del inmueble. Prevalencia de la
sustancia sobre la forma. Indebida valoración probatoria. Violación de
los principios de equidad y capacidad contributiva
La Sección estudiará en conjunto los cargos de la demanda enunciados porque
están íntimamente relacionados entre sí. En ellos, la sociedad demandante sostuvo
que el distrito de Bogotá no atendió la realidad física, económica y jurídica del predio
para el 2017, debido a que i) desatendió que se realizaron más de 34.874
desenglobes, expropiaciones y cesiones, entre otros, lo que dio lugar a la exclusión
de 229.024.58 metros cuadrados; ii) la entidad territorial era la llamada a verificar la
realidad del predio, por ser el sujeto activo del tributo; iii) el monto cobrado por
concepto de impuesto desborda la capacidad contributiva de la demandante; iv) los
actos acusados solo tuvieron en cuenta la información de Catastro Distrital, pese a
que muchas veces está desactualizada o no refleja la realidad; v) no fueron
valorados los documentos aportados por la demandantes, en concreto, las
escrituras públicas, folios de matrícula inmobiliaria y certificaciones; y vi) la base
gravable (avalúo catastral) superior a la real dio lugar a una carga fiscal excesiva y
sobredimensionada.
19
Op. Cit., página 118.
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Para decidir, es necesario tener presente que catastro es la principal fuente de
información de las características del predio objeto del impuesto predial unificado,
pero el contribuyente puede probar por otros medios la realidad jurídica, física y
económica del inmueble, pues él es quien conoce de primera mano las
características del predio20. Entonces, ante una divergencia entre lo que reporta el
catastro y las circunstancias reales del inmueble al momento de su causación, debe
primar la realidad, pero siempre atendiendo lo probado por el interesado.
Precisado lo anterior, se advierte que la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración aceptó excluir 36.900 metros cuadrados del predio objeto de
debate21. Con base en ello, la entidad territorial no determinó el impuesto predial de
acuerdo con el avalúo catastral declarado para 2017 por la demandante, de
$291.807.241.000. En su lugar, calculó que el valor del impuesto, luego de excluir
el área probada por la demandante, debía ser reducido proporcionalmente, lo que
dio como resultado un valor de $1.769.329.00022. Así las cosas, la sala procederá
a verificar cuál es el área que se debe excluir, según lo probado, y si, en efecto, ese
es el valor del impuesto a cargo de la demandante.
En primer lugar, se evidencia que la demandada no aceptó, por falta de prueba, la
exclusión de 25.798,97 metros cuadrados con relación a la afectación en la ronda
del Río Tunjuelito23. Al respecto, la demandante no indicó cuál fue la prueba
pretermitida por el distrito de Bogotá, de modo que no es procedente la exclusión
de esa área del predio.
En segundo lugar, el distrito de Bogotá excluyó un área de 1.636,99 metros
cuadrados con ocasión de la cesión anticipada de la zona de protección ambiental,
realizada mediante la escritura pública 1747 de 200824. Esta área excluida coincide
con la registrada en la escritura que protocolizó la cesión25, por lo que no hubo una
indebida valoración de las pruebas en este punto.
En tercer lugar, la entidad territorial puso de presente que la sociedad solicitó la
exclusión de 1.418,49 metros cuadrados, por su ocupación por vendedores de
flores, y de 1.075,5 metros cuadrados, de la zona de acceso al cementerio, ambos
casos que fueron objeto de expropiación y que dan lugar a un total de 2.494,09
metros cuadrados26. Empero, el acto que decidió el recurso de reconsideración
decidió excluir 3.987,99 metros cuadrados, pues fue el área realmente probada
como expropiada por la resolución de expropiación y los folios de matrícula
inmobiliaria 50S-40444042 y 50S-4044404327. Esta información coincide con la
registrada en dichos documentos28, aspecto que por lo demás no fue objeto de
controversia concreta en la demanda, por lo que no prospera ningún cargo de
nulidad sobre este punto.
En cuarto lugar, la entidad territorial excluyó 31.277,29 metros cuadrados, de los
104.622 solicitados, correspondientes a 7.134 tumbas que fueron desenglobadas,
20
Al respecto, ver las sentencias del 1 de diciembre de 2022, exp.25569, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 26 de
septiembre de 2024, exp.28116, M.P. Wilson Ramos Girón; y del 29 de septiembre de 2024, exp.28862, M.P. Milton
Chaves García.
21
Samai del Tribunal. Índice 24. Antecedentes administrativos. Expediente 201801200305047584. Página 266.
22
Ibidem. Página 267.
23
Ibidem. Página 262.
24
Ibidem. Página 261.
25
Ibidem. Página 110.
26
Ibidem. Página 260.
27
Ibidem. Páginas 260 a 261.
28
Ibidem. Páginas 88, 91, 96 y 101.
12
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conforme la información reportada por la demandante en un CD29. Para esto, explicó
que en dicha información se evidenció la apertura de 27.347 tumbas que, por no
contar con matrícula inmobiliaria, no pueden ser excluidas para determinar el área
del predio y, en consecuencia, la base gravable del tributo.
Frente a este punto, la Sección evidencia que en el referido CD obra un archivo
Excel30, elaborado por la demandante, en el que se identifican una serie de
segregaciones individuales que sufrió el predio.
Al verificar su contenido, se observa que fueron identificadas con folio de matrícula
inmobiliaria 7.134 inmuebles, a los cuales pertenecen los 31.277.29 metros
cuadrados excluidos por los actos acusados. No obstante, el certificado de tradición
del inmueble con CHIP AAA0047EKEP, que obra en los antecedentes
administrativos31, da cuenta de desagregación de otros predios (tumbas), que no
fueron tenidos en cuenta por la demandada y que no obran en el documento Excel
referido, con matrícula inmobiliaria.
Por ejemplo, de manera aleatoria, se identifica que la anotación 1 (del año 1932)
dio lugar a la apertura de las siguientes 5 matrículas inmobiliarias: 821254,
40468449, 40490782, 40637764 y 4066308132; pero solo la segunda de ellas figura
en el Excel aportado por la demandante (casilla 33771). De igual forma, la anotación
3 (de 1964) derivó en el folio de matrícula 57052233 y la anotación 12 (de 1972) en
la matrícula 8356534, empero ellas tampoco figuran en el documento Excel, el cual
coincide con los desenglobes reconocidos por la administración.
Lo anterior permite inferir que, si bien la entidad valoró el Excel aportado por la
demandante, no atendió la totalidad de los documentos presentados como pruebas,
pues no dio razón del porqué solo accedió a la exclusión de las 7.134 tumbas que
figuran en el Excel, sin atender las matrículas inmobiliarias identificadas como
desagregadas.
Por lo anterior, este cargo de la demanda prospera parcialmente, pues el distrito de
Bogotá no valoró la totalidad de las pruebas presentadas para la posible exclusión
del área que corresponde a desenglobes. En consecuencia, procede la declaratoria
de nulidad parcial de los actos acusados.
En cuanto al restablecimiento del derecho, si bien se acreditó que la demandada no
valoró las pruebas que obran en el expediente administrativo que acreditan que se
debió excluir una mayor área del predio, esto no es suficiente para determinar con
precisión el monto por el cual se debió liquidar el tributo para el periodo 2017.
En consecuencia, la Sección impondrá una condena en abstracto, por lo que la parte
interesada deberá adelantar el incidente de liquidación de perjuicios, según lo prevé
el artículo 283 del Código General del Proceso y el numeral 4 del artículo 209 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para
este fin, en ejercicio de su libertad probatoria, la interesada debe demostrar los
siguientes parámetros: i) el área real del predio para el 1 de enero de 2017, ii)
únicamente se admitirán pruebas relacionadas con los desenglobes omitidos por la
29
Ibidem. Página 259.
30
Samai, índice 29.
31
Ibidem.
32
Ibidem, PDF 01 a 100, página 1, y PDF 4202 a 4301, página 46.
33
Ibidem.
34
Ibidem, PDF 01 a 100, página 3, y PDF 4202 a 4301, página 47.
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entidad demandada, iii) las operaciones de transferencia del dominio efectuadas
antes de esa fecha, con ocasión de dichos desenglobes, iv) la depuración de la
información faltante frente a la ya reconocida por la demandada, conforme el Excel
entregado en sede administrativa, y v) establecer el monto del tributo a su cargo,
atendiendo lo pretendido, en virtud del principio de congruencia.
4. Improcedencia de la sanción por inexactitud
La demandante planteó que no se presentó ninguno de los requisitos que exige el
artículo 36 del Decreto Distrital 362 de 2002 para imponer la aludida sanción, toda
vez que la sociedad liquidó y pagó el impuesto conforme a la realidad física del
inmueble. Además, indicó que su actuación se ajustó a los artículos 20, 21, 22 y 27
del Decreto Distrital 352 de 2002, por lo que sería viable levantar la sanción ante la
disparidad de criterios en la interpretación y el alcance dado por la autoridad.
Frente a la diferencia de criterios, esta sección35 señaló que la procedencia de esta
causal se supedita a que los hechos y cifras denunciados sean completos y veraces,
siendo necesario que en el proceso exista una prueba que los corrobore en toda su
magnitud, y que el contribuyente demuestre que la interpretación de la norma en la
que se subsume el hecho económico declarado es razonable; es decir, que se
encuentra sustentada en métodos o técnicas de interpretación legalmente
aceptables.
En este caso, la sala evidencia que, para el año 2017 fiscalizado, la demandante
declaró el avalúo catastral que coincide con el expuesto en la boleta catastral. Esto,
sin perjuicio de que en el trámite administrativo aportara pruebas para demostrar
que la realidad del predio era por un valor inferior, demuestra que declaró datos
completos y veraces. Sin embargo, su interpretación del artículo 27 del Decreto
distrital 352 de 2002 no atendía métodos de interpretación legalmente aceptables,
pues daba lugar a un beneficio derivado de su propia culpa, conforme fue expuesto
en los acápites precedentes.
Debido a lo anterior, la liquidación del tributo por un valor menor al que legalmente
procedía configura la sanción por inexactitud. Empero, se debe precisar que, debido
a que la demanda prosperó parcialmente, se debe agregar un criterio a la condena
en abstracto. De este modo, como criterio vi) se determina que la sanción por
inexactitud se debe ajustar, reduciéndola proporcionalmente en cuanto disminuya
el valor del impuesto a cargo.
Costas
La Sección se abstendrá de condenar por este concepto porque las pretensiones
de la demanda prosperaron parcialmente, como lo permite el numeral 5 del artículo
365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
35
Sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp 24754, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
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Demandante: Jardines del Apogeo S.A.
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 21 de
marzo de 2024. En su lugar se dispone:
PRIMERO: declarar la nulidad parcial de liquidación oficial de revisión 2545DDI005564 del 1
de marzo de 2019, mediante la cual se modificó la declaración del impuesto predial unificado
por la vigencia 2017 correspondiente al inmueble identificado con CHIP AAA0047EKEP, y de
la resolución DDI003595 del 9 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la anterior decisión, modificando el acto recurrido, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la administración atender lo
dispuesto en la providencia que resuelva el incidente de liquidación de condena en abstracto,
la cual deberá atender los criterios expuestos en la parte motiva de esta providencia, con
relación a la determinación del monto del impuesto predial a cargo de la demandante por el
año 2017 y el ajuste correspondiente a la sanción por inexactitud.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con salvamento de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ ANA MARÍA BARBOSA RODRÍGUEZ
Conjuez
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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