Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00207-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00207-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00207-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
13 de agosto de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta y complementarios. 2015. Deducción de
gastos de publicidad de productos importados. Reembolso.
Facturación. Contrato de mandato. Contratos de colaboración
empresarial. Certificado de Revisor Fiscal. Carga de la prueba.
Sanción por inexactitud.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por Diageo Colombia S.A. (en
adelante “Diageo”, “la sociedad”, o “el demandante”), en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta –
Subsección B del 8 de noviembre de 2024. A través de esta sentencia se resolvió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada Diageo Colombia S.A. en
contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de acuerdo con las
consideraciones de la providencia.
SEGUNDO: Por no haberse causado, no se condena en costas”.
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
Diageo es una empresa dedicada a la importación, exportación, distribución,
suministro, fabricación por cuenta propia o mediante contrato con terceros y venta
al por mayor o al detal de productos2. El 22 de abril de 2016 presentó la declaración
del impuesto de renta por el periodo 2015. En esta declaración se determinó un
saldo a pagar de $5.725.499.000.
La DIAN, mediante Auto No. 312382016001265 del 28 de octubre de 2016, ordenó
la apertura de una investigación en relación con el impuesto de renta del año 2015.
En el marco de esta investigación Diageo acreditó la autorización con la que contó
para el periodo gravable para deducir los gastos de publicidad (Resolución 003422
del 27 de abril de 2015). El 15 de febrero de 2018 la Sociedad corrigió la declaración
del impuesto de renta de 2015, incrementando el saldo a pagar a un valor de
$6.173.034.000.
Posteriormente, el 22 de marzo de 2018, la DIAN profirió el Requerimiento Especial
(“RE”) 312382018000037 a través del cual objetó la modificación de la declaración
de renta realizada por la Sociedad. Diageo presentó la respuesta correspondiente
al RE el 22 de marzo de 2018.
1
Samai Tribunal, índices 53 y 55. Samai CE, índice 23.
2
Los productos que se importan, exportan, distribuyen, suministran, fabrican y vender por Diageo al por mayor o al detal son
los siguientes: (i) bebidas alcohólicas y no alcohólicas; productos alimenticios, especialmente enlatados, quesos, embutidos,
pasabocas y aquellos que son propios de los delicatesen; (ii) cigarrillos, boquillas, encendedores, picadores y artículos para
fumadores en general; (iii) abrelatas, destapadores, descorchadores, y en general todos aquellos, que se usen en bar; y (iv)
sombreros, chaquetas, camisetas, llaveros y demás productos relacionados y complementarios que se destinen para fines
promocionales.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
El 14 de diciembre del mismo año, la DIAN procedió a notificar la Liquidación Oficial
de Revisión (“LOR”) 312412018000104 del 12 de diciembre mediante la cual
modifico la declaración de renta conforme a los siguientes motivos:
a. Operaciones realizadas con el tercero Altipal S.A (“Altipal”): No se
observa el soporte del gasto por mercado y publicidad por valor de
$782.857.102.
b. Operaciones realizadas con el tercero Dialsa S.A.S (“Dialsa”): No se
observa el soporte del gasto por mercadeo y publicidad por valor de
$2.872.591.852.
Conforme a lo anterior, se desconoció el gasto por publicidad solicitado fiscalmente
por las sumas de $782.857.102 con el tercero Altipal S.A. y de $2.872.591.852 con
el tercero Dialsa S.A.S., para un total de $3.655.449.000. Adicionalmente, se impuso
una sanción por inexactitud por valor de $913.862.000.
El 13 de febrero de 2019 Diageo interpuso Recurso de Reconsideración en contra
de la LOR, arguyendo: (i) que la LOR carece de fundamento fáctico, pues considera
que la Sociedad pudo acreditar los reembolsos de gastos de mercadeo y publicidad
efectuados a Altipal y Dialsa , demostrando la realidad económica y contable de la
operación, (ii) adujo que la DIAN erró al exigir una factura como único soporte de la
operación, pues los terceros (Altipal y Dialsa) no estaban obligadas a expedirla por
concepto de reembolsos, en donde las cuentas de cobro constituyen soporte
contable reconocido para acreditar dichas operaciones y (iii) cuestionó la conclusión
de la DIAN según la cual los gastos de publicidad declarados superaban el
porcentaje máximo deducible autorizado para el respectivo período gravable, de
conformidad con el artículo 88-1 del Estatuto Tributario.
Mediante Resolución No. 992232019000185 del 6 de diciembre de 2019, la DIAN
resolvió el recurso de reconsideración con fundamento en las siguientes razones:
(i) sostuvo que las cuentas de cobro aportadas por la sociedad no acreditan los
reembolsos realizados por concepto de publicidad, pues no precisan el concepto
pagado ni la causación de la operación, y tampoco establecen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se efectuaron, a lo que agregó que los registros
contables de Altipal y Dialsa no evidencian la relación de dichos pagos y que Diageo
no aportó la certificación del revisor fiscal de los terceros en la que debía constar la
cuantía y el concepto del gasto; (ii) adujo, asimismo, que los servicios prestados y
los bienes vendidos por Altipal y Dialsa debían facturarse, y que el artículo 771-2
ET establece una tarifa legal probatoria para los gastos que se detraen en la
depuración del impuesto sobre la renta; y (iii) concluyó que, al no acreditarse la
materialidad de las erogaciones, Diageo obtuvo un mayor beneficio por gastos de
publicidad frente al porcentaje autorizado, por lo que confirmó la sanción por
inexactitud.
Con ocasión de lo anterior, Diageo interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el 1 de julio de 2020 en contra de: (i) la LOR No.
312412018000104 del 12 de diciembre de 2018 por medio de la cual se modificó la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015; y (ii) la Resolución
No. 992232019000185 del 06 de diciembre de 2019 a través de la cual se confirmó
el contenido de la LOR.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones de la demanda y normas violadas
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), el demandante presentó las siguientes pretensiones
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
“A TÍTULO DE NULIDAD. […] que, como consecuencia de estar plenamente probada la
ilegalidad de los Actos Administrativos demandados, se sirva de declarar la Nulidad
Absoluta de: (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412018000104 del 12 de
diciembre de 2018 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Secciona! De Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual se modificó la
declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 de la Compañía;
y (ii) la Resolución No. 992232019000185 del 06 de diciembre de 2019 proferida por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por medio de la cual se resolvió el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la Compañía en contra de la Liquidación
Oficial de Revisión.
En caso de que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por la Demandante
durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se
sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados, derivada de
los fundamentos aceptados, liquidando el saldo a pagar correspondiente a la Compañía.
A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Respetuosamente solicito a su
Honorable Despacho que, como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos
demandados, se declare como Restablecimiento del Derecho que la declaración del
impuesto sobre la renta presentada por Diageo correspondiente al periodo gravable
2015 se encuentra en firme.
Subsidiariamente, en caso que su Honorable Despacho declare la Nulidad Parcial de los
Actos Administrativos demandados, y no obstante considere que en el presente caso
mi representada no declaró correctamente el impuesto sobre la renta para el periodo
discutido, solicito respetuosamente que como Restablecimiento del Derecho se sirva
determinar y liquidar el impuesto sobre la renta para el año gravable 2015 a cargo de
Diageo, de conformidad con los presupuestos debidamente acreditados en el presente
caso”(Negrilla y subrayado por fuera del texto original).
Para lo anterior, indicó como normas vulneradas el artículo 228 de la Constitución
Política; los artículos 615, 617, 618, 647, 743, 745, 752, 771-2 y 777 del Estatuto
Tributario; los artículos 40 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General
del Proceso; los artículos 48, 51, 53 y 55 del Código de Comercio; los artículos 56,
123 y 124 del Decreto 2649 de 1993; el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y el
parágrafo del artículo 20 del Decreto 4048 de 2008.
Sobre el concepto de violación formulado en la demanda y en el escrito de
oposición presentado en la contestación de la demanda.
La demandante sustentó sus pretensiones en los conceptos de violación que se
exponen a continuación. A su turno, la demandada ejerció el derecho de
contradicción en los siguientes términos:
Primer cargo: De la procedencia de la deducción por reembolso de gastos de
mercadeo y publicidad - artículo 3 del decreto 1514 de 1998 ($1.827.724.000).
Violación del artículo 228 de la Constitución Política; los artículos 615, 617, 618,
743, 745, 752, 771-2 y 777 del Estatuto Tributario; los artículos 40 y 42 del CPACA;
los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso (CGP); los
artículos 48, 51, 53 y 55 del Código de Comercio (C.Co.); los artículos 56, 123 y
124 del Decreto 2649 de 1993; el artículo 3 del Decreto 1514 de 1998; el artículo
264 de la Ley 223 de 1995 y el parágrafo del artículo 20 del Decreto 4048 de 2008.
El demandante sostuvo que los actos administrativos incurrieron en falsa
motivación y en infracción de las normas en que debían fundarse, al desconocer
que las expensas relacionadas con Altipal y Dialsa no correspondieron a una
contraprestación económica por la prestación de servicios. Su real naturaleza
corresponde al reembolso de gastos de mercadeo y publicidad en que dichas
sociedades incurrieron frente a terceros, como condición para distribuir los
productos de Diageo. La operación fue acreditada con cartas y cuentas de cobro3,
33
Anexos 8 y 9 de la reforma de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Samai CE, índice 2.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
contratos de distribución y colaboración empresarial4 y los certificados del revisor
fiscal5.
Con base en ello, cuestionó que, dada la naturaleza de la expensa (reembolso) la
DIAN exigiera la factura como único soporte, pues el artículo 771-2 E.T. admite otros
documentos cuando no existe obligación de facturar. Así, tratándose de
reembolsos, el soporte idóneo es la cuenta de cobro conforme al artículo 3 del
Decreto 1514 de 19986, sin que los terceros (Altipal y Dialsa) estuvieran obligados
a facturar (artículo 615 ET7). Tal documento constituye prueba contable reconocida
(en los términos del Código de Comercio, el Decreto 2649 de 1993 y la propia
doctrina oficial de la DIAN).
Finalmente, censuró que la Administración fundara el rechazo en las respuestas
que Altipal y Dialsa rindieron a los requerimientos de información en que se les
preguntó si habían "prestado y facturado servicios de publicidad" a Diageo. A juicio
del demandante, la pregunta indujo a error, pues partió de la asunción de que estas
prestaban directamente tales servicios cuando, en realidad, eran meras
distribuidoras y no agencias de publicidad, de modo que sus respuestas no deben
ser tenidas en cuenta para sustentar el rechazo (artículo 752 ET8).
2. La DIAN se opuso a la totalidad de las pretensiones. Sostuvo que el artículo 771-
2 ET consagra una tarifa legal probatoria para la procedencia de costos y
deducciones, de modo que la factura o el documento equivalente son el medio
idóneo. Precisó que Altipal y Dialsa, en su calidad de grandes contribuyentes del
régimen común, estaban obligadas a emitir una factura. Finalmente, señaló que los
servicios de publicidad, cualquiera sea su denominación, deben ser facturados por
su prestador.
Añadió que, aun aceptando que se tratara de reembolsos, las pruebas aportadas
resultan insuficientes: las cartas y cuentas de cobro no identifican el concepto de
publicidad ni la fecha de causación, y no acreditan las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de las operaciones; los certificados de revisor fiscal no se
acompañaron de soportes que los respaldaran (según el artículo 777 ET); y,
tratándose de un mandato, el artículo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016 exige que
sea el mandatario quien certifique al mandante la cuantía y el concepto de la
operación; certificación que nunca se aportó, pues las obrantes en el expediente
fueron suscritas por el revisor fiscal de la propia demandante. Destacó, además,
que los acuerdos de colaboración empresarial (suscritos el 3 y el 31 de agosto de
2015) son posteriores a las cuentas de cobro que dicen sustentar, cuyos sellos de
recibido datan de meses anteriores, y que los contratos de distribución tienen por
objeto el suministro y venta de productos, esto es, operaciones generadoras de
ingresos y no de gastos.
Frente a la censura sobre las respuestas de terceros, adujo que el artículo 752 ET
no fue vulnerado, pues en ejercicio de sus facultades de fiscalización (artículos 684
y 750 ET) la DIAN puede valerse de informaciones de terceros como prueba
indiciaria para verificar la exactitud de lo declarado, sin que el artículo 771-2 ET
limite su facultad comprobatoria. En este caso, Altipal manifestó no haber facturado
4
Expediente Administrativo, folios 1768 a 1776.
5
Expediente Administrativo, folios 184 a 186 y folios 189 a 192.
6
Artículo 3 del Decreto 1514 de 1998: “Para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos
descontables, o devoluciones a que tengan derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una certificación
donde se consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe ser avalada por contador público o revisor fiscal, según las
disposiciones legales vigentes sobre la materia”.
7
Artículo 615 del Estatuto tributario: “ara efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de
comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad
agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.
8
Artículo 752 del Estatuto Tributario: “La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con
normas generales o especiales no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su
naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las circunstancias
en que otras disposiciones lo permitan exista un indicio escrito”.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
servicios de publicidad a Diageo en 2015 y Dialsa reportó únicamente $570.916.238
de los $3.443.508.090 declarados, sin que ninguna aludiera a los alegados
reembolsos.
Sostuvo asimismo que no hubo falsa motivación ni indebida valoración probatoria,
pues los documentos fueron examinados y controvertidos motivadamente en la
liquidación oficial y en la resolución del recurso (artículos 742 y 743 ET); que no se
desconoció el principio de sustancia sobre forma, ya que la prevalencia del derecho
sustancial no permite reconocer gastos carentes de prueba idónea; y que las
normas contables invocadas (Código de Comercio y Decreto 2649 de 1993) ceden
ante el artículo 771-2 ET, por ser norma especial en materia tributaria.
Segundo cargo: Del exceso en la imputación de deducciones por concepto de
gastos de mercadeo y publicidad.
1. El demandante sostuvo que los actos administrativos incurrieron en falsa
motivación al afirmar que la Sociedad habría solicitado un mayor gasto de mercadeo
y publicidad frente al porcentaje autorizado. Precisó que el artículo 88-1 ET9 fija un
límite a la deducción que la Compañía no excedió, de modo que la conclusión sobre
un supuesto exceso carece de sustento probatorio.
2. La DIAN precisó que el rechazo no obedeció a la superación de tope alguno, sino
a la falencia probatoria de los gastos. Recordó que, notificado el requerimiento
especial, la carga de la prueba recae en el contribuyente (artículos 167 del CGP y
1757 del Código Civil).
Tercer cargo: De la sanción por inexactitud y la diferencia de criterios
1. El demandante solicitó el levantamiento de la sanción por inexactitud, al no
haberse configurado el hecho sancionable. Sostuvo que la información declarada
fue veraz, completa y correctamente registrada, sin que la DIAN acreditara que los
datos fueran falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, conductas que el
artículo 647 ET enuncia de manera taxativa como generadoras de la sanción.
Precisó que el menor saldo a pagar no derivó de una inexactitud, sino del rechazo
de la deducción discutida, cuya procedencia quedó demostrada en los cargos
anteriores, de modo que, acreditada esta, desaparece el presupuesto para la
configuración de la sanción.
De manera subsidiaria, en caso de que se considere procedente el
desconocimiento de la deducción, invocó la diferencia de criterios como causal
eximente, conforme al parágrafo 2° del artículo 647 ET. Adujo que la controversia
no versó sobre la veracidad de los hechos y cifras declarados sino sobre la
interpretación del derecho aplicable, concretamente sobre el alcance de los
artículos 771-2, 742 y 743 ET en cuanto al documento idóneo para soportar la
deducción y a la valoración de los medios de prueba aportados.
2. La DIAN defendió la legalidad de la sanción impuesta con fundamento en el
artículo 647 ET, vigente para el año gravable 2015, al haberse incluido en el renglón
de gastos operacionales de ventas datos equivocados y desfigurados,
correspondientes a erogaciones inexistentes o a las que no se tenía derecho, de lo
cual se derivó un menor impuesto y un saldo a pagar indebido. Finalmente, solicitó
la condena en costas y agencias en derecho a favor de la entidad.
9
Artículo 88-1 del Estatuto Tributario: “No se aceptarán como deducción los gastos y costos en publicidad, promoción y
propaganda de productos importados que correspondan a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno
Nacional, cuando dichos gastos superen el quince por ciento (15%) de las ventas de los respectivos productos importados
legalmente, en el año gravable correspondiente […]”.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA
PARTE DEMANDANTE
En sentencia de primera instancia10, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Cuarta – Subsección B, negó la totalidad de las pretensiones de la
demanda presentada por Diageo, y no condenó en costas. A su turno, la parte
demandante formuló recurso de apelación que consta de trece (13) cargos. Los
motivos del fallo de primera instancia impugnado, y los argumentos presentados por
la Sociedad serán abordados a continuación, de manera individual o unificada
cuando corresponda, por identidad temática.
Primer cargo: Régimen probatorio de los costos y deducciones. Reembolso de
costos y gastos.
1. Conforme a lo señalado en los artículos 771-2, 615, 617 y 618 ET, y con apoyo
de la sentencia C-733 de 200311, el Tribunal sostuvo en la sentencia de primera
instancia que la exigencia en la emisión de una factura o documento equivalente no
es un mero formalismo prescindible, sino que corresponde a un prerrequisito para
la configuración del derecho sustancial del contribuyente para incorporar la
deducción en su declaración de renta. Justifica su posición con los siguientes
puntos: (i) la factura es fuente de información para el control y la lucha contra la
evasión por parte de la DIAN; (ii) la libertad probatoria en materia tributaria no es
absoluta y (iii) el derecho a registrar el costo asociado a la operación no nace de la
ocurrencia de la simple transacción, sino de haberla ejecutado en cumplimiento de
las formalidades legales (i.e. factura o documento equivalente). Concluye que el
artículo 771-2 ET12 no limita la facultad de la DIAN, pues acreditada la inexistencia
de la operación, el rechazo procede aun cuando subsistan soportes formales.
2. Diageo sostiene que el Tribunal en su sentencia de primera instancia reconoció
que, en virtud de los artículos 617, 618 y 771-2 ET, las facturas y cuentas de cobro
(expedidas en debida forma) se erigen como medios de prueba idóneos para
demostrar la realización de costos, gastos e impuestos descontables, y le reprocha
no haber aplicado esta premisa a los documentos aportados al expediente. Alega
que las facturas y cuentas de cobro emitidas por Altipal y Dialsa cumplieron los
requisitos de los artículos 617 y 618 ET. Por tal razón, el a quo desconoció por
medio del fallo de primera instancia el efecto jurídico que la Ley les atribuye, por lo
que incurrió en una contradicción entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia,
constituyendo una transgresión del principio de correspondencia del artículo 281 del
CGP13.
Segundo cargo: Sobre la determinación cuantitativa del desconocimiento de la
deducción y sobre la calificación jurídica del vínculo contractual entre Diageo y
Altipal y Dialsa.
1. El Tribunal reconstruye la depuración del gasto: un débito de $104.901.444.254
en la cuenta 523560 - "publicidad, propaganda y promoción", ajustado a
$63.059.578.543 en la declaración de renta. El auxiliar contable registra
10
Samai Tribunal, índice 50.
11
Sentencia C – 733 del año 2023: “En materia impositiva la factura o documento equivalente cumple un papel trascendental,
por cuanto constituye valiosa fuente de información para el control de la actividad generadora de renta y para efectos del
cobro y recaudo de ciertos impuestos, lo que le permite a la administración evitar o al menos disminuir la evasión y el
contrabando, conocer la magnitud de los recursos con que cuenta, proceder a su recaudo y financiar luego los gastos e
inversiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales que le ha trazado el constituyente al Estado. Por ello, es
importante que los obligados a expedir facturas lo hagan con las exigencias previstas en la ley, y que los consumidores de
bienes y servicios por su parte cumplan con la obligación que les corresponde de exigirla, como un deber de colaboración
con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general”.
12
Artículo 771-2 del Estatuto Tributario: “Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así
como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario”.
13
Artículo 281 del Código General del Proceso: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […] No podrá condenarse al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
operaciones con Altipal por $8.737.117.729 y con Dialsa por $9.026.324.906.
Aplicado el límite del 16% autorizado mediante Resolución 003422 del 27 de abril
de 2015, los valores ascendieron a una suma de $782.857.102 y $3.443.509.090.
Del cruce de información resultó que Dialsa solo soportó la prestación de servicios
de publicidad por un valor de $570.916.238, con lo cual la glosa se definió en un
valor de $3.655.448.954.
Sobre la calificación del vínculo, advierte que el contrato de distribución tenía por
objeto el suministro de productos para reventa por cuenta y riesgo del distribuidor,
sin soporte sobre una eventual relación de mandato, y que los acuerdos de
colaboración de agosto de 2015 excluyen expresamente la agencia, el mandato y
la comisión. No obstante, como la DIAN reconoció en la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración la existencia de un mandato sin representación, parte
de esa premisa por no ser objeto de discusión y aplica los artículos 2142 del Código
Civil, 1264 del Código de Comercio, 29 del Decreto 3050 de 1997 y 3.º del Decreto
1514 de 1998.
2. Diageo no controvierte la cuantificación de la glosa - esto es, el monto rechazado
de $3.655.449.000 - pero sí la fecha en que se configuró el mandato. Sostiene que,
con anterioridad a los acuerdos de colaboración de agosto de 2015, existían
relaciones contractuales previas entre las partes14, de cuya parte considerativa se
desprende que las distribuidoras ya ejecutaban labores de mercadeo y publicidad
de los productos de la Sociedad. De allí se deriva que, entre los años 2013 y 2014
y la suscripción de los acuerdos, existía un contrato de mandato adyacente a cada
uno de los contratos de suministro suscritos por Diageo en virtud de los cuales se
realizaron actividades de promoción en nombre y cuenta del mandante, siendo el
acuerdo de colaboración un instrumento destinado únicamente a facilitar esa labor
preexistente. Conforme a lo anterior, considera que la tesis propuesta por el a quo,
según la cual los gastos incurridos con anterioridad a agosto de 2015 no resultaban
deducibles del impuesto sobre la renta del período gravable 2015, carece de
sustento.
Tercer cargo: Sobre la certificación expedida por los mandatarios como prueba
calificada y sobre la exigibilidad de los requisitos del artículo 777 ET.
1. El Tribunal reconoce que el artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 designa a la
certificación expedida por el mandatario - avalada por contador público o revisor
fiscal, con indicación de cuantía y concepto - como el soporte legalmente admitido
para que el mandante registre las erogaciones incurridas por su cuenta en su
contabilidad. Sin embargo, sostiene que dicha certificación, por su naturaleza de
prueba contable, no escapa a los estándares que la jurisprudencia ha construido
sobre el artículo 777 ET; es decir, debe contener "algún grado de detalle en cuanto
a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden
demostrarse, para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria".
El Tribunal sustenta su posición en la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado del 19 de mayo de 2022, Exp: 25323, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, en donde se evaluó un caso similar entre las mismas partes, y en la cual se
concluyó que: la certificación del mandatario opera “sin perjuicio de la facultad que
tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”. De allí deriva la
regla de decisión: para que el mandante registre fiscalmente el gasto, la certificación
debe guardar correlación y correspondencia con el valor y la existencia de la
factura mediante la cual la mandataria adquirió el servicio por cuenta de aquel, pues
ese es el soporte de la operación realizada por orden del contribuyente.
2. Diageo expone los siguientes argumentos:
14
Contrato de distribución suscrito con el tercero Dialsa S.A.S, el 9 de diciembre de 2013 y con Altipal S.A, el 23 de diciembre
de 2014.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
a. Desconocimiento del precedente jurisprudencial. Con fundamento en el
artículo 7 del CGP, en concordancia con los artículos 10 y 103 del CPACA y la
sentencia C-621 de 2015, sostiene que el a quo se apartó de la línea jurisprudencial
de la Sección Cuarta15, conforme a las cuales el certificado expedido por el revisor
fiscal del mandatario constituye por sí solo el medio probatorio idóneo de los costos
y gastos incurridos en ejecución del contrato de mandato. En aplicación de esta
línea jurisprudencial, los argumentos invocados por el Tribunal en su sentencia,
como fundamento jurisprudencial, parecen aislados16. Más aún, si se tiene en
cuenta que el Tribunal no explicó las razones que fundamentaron su decisión.
b. Infracción del principio de igualdad. Alega que las sentencias 25749 del 26 de
mayo de 2022 y 25843 del 13 de abril de 2023 (posteriores a la sentencia 25323 del
19 de mayo de 2022) confirmaron una subregla vigente desde el 2006, según la
cual la certificación debe cumplir exclusivamente lo dispuesto en los artículos 29 del
Decreto 3050 de 1997 y 3 del Decreto 1514 de 1998, con exclusión de los
estándares de la prueba contable del artículo 777 ET. Además, concluye que la
situación fáctica y su respectivo tratamiento jurídico recibieron tratamientos
disímiles, vulnerando el derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la
seguridad jurídica. Invoca como apoyo la sentencia de unificación de Sala Plena del
8 de mayo de 2018, Exp. 11001-03-15-000-1998-00153-01.
c. Interpretación errada del artículo 3 del Decreto 1514 de 1998. Sostiene que
del inciso tercero del artículo se derivan tres (3) requisitos: (i) que la prueba consista
en un certificado del revisor fiscal o contador público del mandatario, (ii) que se
indique expresamente el valor de la erogación y (iii) que se exponga el concepto
que originó el pago. Por consiguiente, exigir la identificación de números y fechas
de los comprobantes internos y externos, la manifestación de que la contabilidad se
lleva conforme a las prescripciones legales o la información sobre el respaldo de las
operaciones en tales comprobantes excede el contenido normativo y transgrede los
artículos 29 y 230 de la Constitución Política. Sin perjuicio de lo anterior, Diageo
señala que los certificados adjuntados por la Sociedad al proceso sí contienen los
elementos echados de menos por el Tribunal: (i) Dialsa del 15 de mayo de 2020:
declara que la sociedad lleva su contabilidad conforme a las prescripciones legales
y que las operaciones certificadas están respaldadas en comprobantes internos y
externos y (ii) Altipal del 30 de junio de 2020: Consigna la sujeción de los libros al
Código de Comercio y a las normas de contabilidad e información financiera, el
respaldo documental de las operaciones y el cumplimiento del artículo 2 de la Ley
43 de 1990.
d. Falta de aplicación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995. Invoca los
Conceptos DIAN 9670 de 2001, 38989 de 2001, 55496 de 2014 y 161 de 2016, de
los que extrae que el artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 configura una excepción
a la exigencia de factura prevista en el artículo 771-2 ET, y que la certificación del
mandatario sustituye a aquella para efectos de los costos y deducciones del
mandante, sin que sea exigible la exhibición de las facturas expedidas a nombre del
mandatario. Sostiene que, conforme al citado artículo 264 ET y al artículo 83 de la
Constitución Política, las actuaciones realizadas al amparo de conceptos vigentes
no pueden ser objetadas por la DIAN, y que el Tribunal pretermitió por completo
este fundamento en el análisis de primera instancia.
Cuarto cargo: Sobre la valoración conjunta del acervo probatorio bajo las reglas de
la sana crítica y sobre la carga demostrativa del contribuyente
15
Sentencias 14395 del 23 de enero de 2006 (C.P. Ligia López Díaz), 20070 del 6 de diciembre de 2017 (C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto), 22777 del 18 de junio de 2020 (C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), 24158 del 24 de septiembre de 2020 y
23559 del 26 de noviembre de 2020 (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), 25749 del 26 de mayo de 2022 (C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez) y 25843 del 13 de abril de 2023 (C.P. Wilson Ramos Girón).
16
Consejo de Estado Sección Cuarta. Sentencia del 19 de mayo de 2022.Rad. interno 25323; CP Stella Jeannette Carvajal
Basto.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
1. El Tribunal señala que las certificaciones no sirven como prueba porque les falta
información esencial: no mencionan las facturas de las operaciones, no dicen que
la contabilidad se lleve conforme a la ley, no indican si las operaciones están
respaldadas por comprobantes internos y externos, no dan los números ni las
fechas de esos comprobantes y no explican cómo se contabilizaron los gastos.
Observa además que, de las 285 cuentas de cobro de Dialsa por valor de
$1.792.423.688, solo tres (3) son posteriores al acuerdo de colaboración, y que de
las 109 de Altipal por $717.256.122 solo 33 lo son, varias de ellas sin fecha.
Tampoco aparece la autorización que el propio acuerdo exigía por escrito para que
el pago fuera válido, y hay una diferencia entre lo registrado en la cuenta 523560 -
"publicidad, propaganda y promoción", y lo que certificaron los revisores fiscales.
Por todo lo anterior, concluye que las pruebas no son suficientes por las siguientes
razones: algunos soportes no son del año 2015; otros no nacen del contrato de
colaboración; los valores no coinciden con los soportes externos; falta la
autorización de Diageo; lo certificado es menor a lo contabilizado; algunas facturas
están a nombre de terceros ajenos al negocio; y no se puede seguir el rastro de que
los gastos fueran de publicidad. Recuerda, con apoyo en el artículo 167 del CGP,
que como la DIAN hizo una comprobación especial del gasto, era la empresa quien
debía desvirtuar esos hallazgos. Por eso rechaza también los cargos sobre indebida
interpretación de las normas y sobre violación del debido proceso, la defensa, la
buena fe y la confianza legítima.
2. Diageo formula dos reproches:
a. Pretermisión de la valoración probatoria. Denuncia la inaplicación de los
artículos 164, 165, 167 y 176 del CGP, 742 a 745 del ET y 40, 42 y 187 del
CPACA. Sostiene que las certificaciones aportadas al proceso son
conducentes, pertinentes y útiles porque acreditan la cuantía, procedencia
y existencia de las deducciones, y son los documentos que el ordenamiento
considera idóneos. Agrega que las cuentas de cobro y facturas adjuntas
evidencian erogaciones por exhibición de avisos, activaciones de marca y
organización de eventos, y permiten identificar el valor y concepto de cada
expensa, pese a que las normas del mandato no exigen al mandante
soportar el gasto con las facturas del mandatario.
b. Desconocimiento de los hechos realmente acaecidos. Frente a la
temporalidad de los soportes, el demandante menciona que de la parte
considerativa de los acuerdos de colaboración se desprende que las
distribuidoras ya ejecutaban labores de mercadeo y publicidad con
anterioridad a su suscripción, de modo que entre 2013-2014 y la firma de
los acuerdos de colaboración en agosto de 2015 existía un contrato de
mandato adyacente a los contratos de suministro, en virtud del cual Altipal
y Dialsa actuaban en nombre y por cuenta del mandante; siendo el acuerdo
de colaboración un instrumento destinado únicamente a facilitar esa labor
preexistente. Frente a la naturaleza publicitaria, examina las cuentas que el
Tribunal citó como ejemplo (CAL1967 con concepto "plan persuasión",
CAL1965 con "dinámica" y "Buchanan's gratis", y BO796 con "descuento
evento") y sostiene que todas aluden a estrategias de mercadeo por el
sentido natural y obvio de las palabras. Concluye que la sentencia se
cimentó sobre hechos no configurados y que la DIAN incurrió en falsa
motivación. Frente a la naturaleza publicitaria, examina las cuentas que el
Tribunal citó como ejemplo (CAL1967 con concepto "plan persuasión",
CAL1965 con "dinámica" y "Buchanan's gratis", y BO796 con "descuento
evento") y sostiene que todas aluden a estrategias de mercadeo por el
sentido natural y obvio de las palabras. Concluye que la sentencia se
cimentó sobre hechos no configurados y que la DIAN incurrió en falsa
motivación.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
Quinto cargo: Sobre la sanción por inexactitud y la diferencia de criterios.
1. Con apoyo en la sentencia de la Sección Cuarta del 2 de agosto de 2017,
expediente 20701, C.P. Jorge Octavio Ramírez, el Tribunal distingue entre la
errónea interpretación (atribuir a la norma un sentido que no le corresponde) y la
indebida interpretación (aplicarla a un supuesto no previsto en su hipótesis fáctica),
y precisa que la exoneración por diferencia de criterio exige que la redacción de la
norma admita varias lecturas razonables, por lo que se descarta cuando la
disposición es clara o la interpretación resulta forzada. Concluye que, aunque la
suma solicitada como deducción es real, resulta improcedente por indebida
interpretación, en la medida en que el artículo 107 ET es claro al señalar los
requisitos de las expensas necesarias, y que la sociedad solicitó gastos sobre los
que no probó su derecho, siendo los costos y deducciones de interpretación
restrictiva. No condena en costas por no obrar prueba de las erogaciones que las
integran, conforme al numeral 8 del artículo 365 del CGP.
2. Diageo formula los siguientes reproches:
(i) Ausencia de hecho sancionable. Sostiene que el a quo dedujo la sanción del
solo hecho de no prosperar la nulidad. Demostrada la procedencia de las
deducciones, no subsiste hecho sancionable, máxime cuando la información
declarada fue veraz, correcta y completa.
(ii) Diferencia de criterios. Subsidiariamente, invoca la causal eximente del artículo
647 del ET. Con apoyo en la sentencia del 11 de junio de 2020, expediente 21640,
expone que el error de derecho consiste en una equivocada comprensión de los
elementos normativos del tipo infractor, de modo que el contribuyente no advierte
estar infringiendo el ordenamiento. Sostiene que la divergencia recayó sobre cuál
es el soporte del gasto del mandante conforme al artículo 3.º del Decreto 1514 de
1998, interpretado al amparo de la doctrina oficial de la DIAN y de la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
Otros argumentos presentados en la apelación
a. Tutela judicial efectiva. Con fundamento en los artículos 187 del CPACA y 281
del CGP, el apelante sostiene que la sentencia debía resolver sobre la totalidad de
los fundamentos de la demanda y su reforma. Concluye que el a quo restringió su
decisión a los literales A, B, F, H y L de las consideraciones de la reforma de la
demanda, y pretermitió los literales C (falsa motivación por no fundarse en las
premisas fácticas acaecidas), D (violación del artículo 752 del ET por probar con
respuestas de terceros inducidas), E (prevalencia de la sustancia sobre la forma
conforme al artículo 228 de la Constitución y la Circular 175 de 2001, G (indebida
aplicación del artículo 615 del ET), I (artículos 48, 51, 53 y 55 del Código de
Comercio y Decreto 2649 de 1993 sobre las cuentas de cobro como soporte
contable), J (artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y parágrafo del artículo 20 del
Decreto 4048 de 2008), K (falsa motivación sobre el exceso del porcentaje
autorizado) y M (diferencia de criterios). Solicita que esta instancia se pronuncie
sobre todos ellos.
PRONUNCIAMIENTOS FINALES
El demandante y la demandada no hicieron uso de esta etapa procesal. El
Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado
Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
presente proceso17, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el
numeral 2 del artículo 141 del CGP18. Mediante Auto del 3 de abril de 202519 se
declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del presente
proceso.
Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
acorde con el alcance previsto en el artículo 328 del CGP, la Sala debe resolver los
problemas que se plantean a continuación. Previamente se precisa que el juez está
obligado a fallar todos los puntos propuestos por las partes en la demanda y en la
contestación de la demanda (arts. 187 CPACA y 280 CGP); sin embargo, el juez
no está obligado a seguir la metodología expositiva de la demanda, por lo que está
en total libertad de agrupar cargos que tienen una misma raíz lógica y
argumentativa, desarrollados con diferente grado de profundidad en la constitución,
la ley, el reglamento y/o los conceptos de la DIAN aducidos por las partes. Por tal
razón, la Sala define el alcance del problema planteado en múltiples reproches
presentados en la apelación, así:
1. ¿El Tribunal vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante al
haber omitido – presuntamente – pronunciarse sobre la totalidad de los
motivos de inconformidad enunciados por la sociedad en la demanda y su
reforma?
2. ¿Procede el rechazo de los gastos operacionales de ventas por
$3.655.449.000 declarados por Diageo en el impuesto sobre la renta del año
gravable 2015? Para resolverlo, la Sala debe determinar: (i) si la certificación
expedida por las mandatarias, en los términos del artículo 3.º del Decreto 1514
de 1998 y del artículo 29 del Decreto 3050 de 1997, constituye soporte
suficiente de los costos y gastos reembolsados por el mandante; y (ii) si en el
marco del contrato de mandato sin representación resulta exigible la factura
como soporte del gasto del mandante.
3. ¿Se configuró la sanción por inexactitud de la que trata el artículo 647 del
Estatuto Tributario, o medió una diferencia de criterios en la apreciación del
derecho aplicable?
Análisis
El recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandante. En consecuencia,
conforme al artículo 328 del CGP - aplicable por remisión del artículo 306 del
CPACA -, la competencia de la Sala se circunscribe a los argumentos propuestos
por el apelante frente a la sentencia impugnada.
La Sala advierte que esta Corporación examinó una controversia sustancialmente
semejante en la sentencia del 19 de mayo de 2022, exp. 25323, en la cual analizó
la procedencia de gastos de mercadeo y publicidad ejecutados por Altipal y Dialsa
en favor de Diageo, correspondiente a la renta 2011. Si bien la sentencia 25323 de
2022 concluyó que las pruebas allegadas en dicho proceso resultaban insuficientes
para acreditar las expensas discutidas, la controversia actual exige valorar
autónomamente el material probatorio obrante en este expediente, particularmente
los certificados aportados por las mandatarias y el alcance que a estos les han
reconocido las sentencias posteriores de esta Sección, sin que ello implique
apartarse de las reglas jurídicas fijadas en dicho precedente respecto del alcance
17
Samai CE, índices 8 a 11.
18
Numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso: “Son causales de recusación las siguientes: 2. Haber
conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
19
Samai CE, índice 15.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
del artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 y de las facultades de comprobación de la
Administración Tributaria.
Sobre el argumento de violación del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva presentado por el demandante
Previo a realizar el análisis del caso concreto, considera la Sala importante
pronunciarse de manera separada sobre la alegada vulneración al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva expuesto por la Sociedad en el recurso de
apelación interpuesto. De manera específica, el demandante señala: “[…] el a quo
reseñó algunos de los problemas jurídicos planeados en la Demanda de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, empero solamente resolvió sobre algunos aspectos relativos a ciertos problemas
jurídicos que se determinaron como parte del objeto de la litis, lo cual aunado a que fue resuelto en
forma errada, pretermitió sustancialmente la evaluación de la discusión normativa y de los medios
probatorios allegados junto con la reforma de la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho […]”.
Al momento de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
con su respectiva reforma, Diageo presentó un total de trece (13) argumentos a ser
resueltos por parte del Tribunal en su sentencia de primera instancia. A juicio del
demandante, este escogió pronunciarse solo sobre algunas de las cuestiones
expuestas en la demanda, limitando – presuntamente – el ejercicio al derecho de
defensa, el acceso a la administración de justicia y el principio de congruencia, en
adición al principio de tutela judicial efectiva ya mencionado. Para ello incluye un
cuadro donde sintetiza los argumentos de la demanda frente a los temas resueltos
por el Tribunal20, señalando que el a quo restringió la decisión a los fundamentos
de derecho desarrollados en los acápites A, B, F, H, y L de la demanda y su
respectiva reforma. En el mismo sentido, señala que el Tribunal pretermitió la
evaluación de los literales C, D, E, G, I, J, K y M.
La Sala se encuentra en desacuerdo con dicha afirmación. El hecho de que el
Tribunal no se haya pronunciado de manera expresa sobre cada uno de los trece
(13) cargos formulados en la demanda no quiere decir que, de fondo, no se haya
resuelto la situación de fondo del caso objeto de estudio. El concepto de unidad
temática permite estudiar de manera conjunta multiplicidad de cargos por compartir
un mismo razonamiento, o porque el objeto de su presentación tiene la misma
finalidad, de manera que el pronunciamiento sobre uno afecta, necesariamente, la
suerte de los demás.
En este sentido, se evidencia que la totalidad de los argumentos presentados por el
demandante tuvieron la misma finalidad: justificar la deducibilidad de los pagos
realizados por parte de Diageo a favor de los terceros Altipal y Dialsa a título de
reembolso de costos y gastos por la realización de sus actividades en calidad de
distribuidores. El análisis efectuado por el Tribunal buscó resolver esta cuestión, de
manera que no se considera se hayan vulnerado los derechos a la tutela judicial
efectiva, debido proceso, defensa, buena fe y confianza legítima.
Los cargos identificados por la parte demandante pueden agruparse en tres
bloques: (i) suficiencia probatoria de los reembolsos, (ii) exigibilidad de factura y
alcance del artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 y (iii) sanción por inexactitud.
En particular, los cargos relacionados con los artículos 615, 752 y 771-2 del Estatuto
Tributario, el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, la prevalencia de la sustancia sobre
la forma, la naturaleza de las cuentas de cobro y la discusión relativa a la diferencia
de criterios, se encuentran necesariamente comprendidos en la controversia
principal relativa a la procedencia de la deducción y a la suficiencia probatoria de
los documentos aportados por la sociedad y no constituyen controversias
autónomas desligadas del objeto principal del litigio, sino argumentos encaminados
20
Recurso de apelación, página 6. Samai Tribunal, folio 53.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
a sustentar la procedencia de la deducción o la improcedencia de la sanción. Por
ello, podían ser válidamente resueltos de manera integrada dentro del análisis
principal sin afectar el debido proceso ni el deber de congruencia.
El hecho de que el Tribunal no hubiera dedicado un acápite independiente a cada
uno de esos argumentos no implica, por sí mismo, una vulneración a la tutela judicial
efectiva. Por lo anterior, se considera que el cargo no prospera ya que el Tribunal
en su análisis tuvo en cuenta todos los argumentos presentados por la demandante.
Sobre el caso particular y el rechazo de los gastos operacionales de ventas
por $3.655.449.000 declarados por Diageo en el impuesto sobre la renta del
año gravable 2015
Para el desarrollo de su actividad comercial, Diageo suscribió con Dialsa y Altipal
contratos de distribución en los años 2013 y acuerdos de colaboración empresarial
en 2015. En los primeros se reguló el suministro y comercialización de los productos
de Diageo por parte de las distribuidoras21 22; en los segundos se establecieron
mecanismos de cooperación comercial y promoción de marca, contemplándose la
realización de actividades de mercadeo y publicidad asociadas a dichos productos23
24.
Aunque el clausulado de los acuerdos de distribución y de los acuerdos de
colaboración empresarial excluían expresamente la configuración de relaciones de
agencia, mandato o comisión, la DIAN, al resolver el recurso de reconsideración,
concluyó que las operaciones correspondían a un mandato sin representación, en
virtud del cual Altipal y Dialsa actuaban como mandatarias y podían incurrir en
gastos de publicidad por cuenta de Diageo, para luego obtener el correspondiente
reembolso.
Esa calificación realizada por la Administración constituye el supuesto jurídico del
cual parte la presente controversia y no fue objeto de discusión por las partes. Por
consiguiente, la Sala no examinará si materialmente existió o no un contrato de
mandato, sino únicamente si las pruebas aportadas acreditan los reembolsos de
gastos cuya deducción se solicita en la declaración del impuesto sobre la renta del
año gravable 2015.
En efecto, tal como lo advirtió el Tribunal en la sentencia de primera instancia, la
discusión objeto de litigio no versa sobre la existencia del contrato de mandato, sino
sobre la suficiencia probatoria de las erogaciones cuyo reembolso se reclama, como
bien puede observarse en la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración
(resolución 992232019000185 del 6 de diciembre de 201925), cuando la DIAN
afirma: “[…] solo hasta esta etapa puede la administración tributaria determinar que dentro del
acuerdo de colaboración, y de lo dicho por el recurrente en su escrito, se tiene que las partes
acordaron un mandato sin representación, por medio del cual tanto ALTIPAL como DIALSA en
calidad de mandatarios, incurrirían en gastos de publicidad, los cuales debían ser reembolsados a
su mandante (i.e. DIAGEO)”.
Por lo anterior, el análisis que realizará la Sala a continuación estará limitado,
exclusivamente, a valorar si las pruebas que reposan en el expediente son
suficientes para acreditar que los pagos reconocidos por Diageo a favor de Altipal y
Dialsa cumplen con los requisitos exigidos por la norma fiscal para ser considerados
como reembolso de gastos de publicidad y, en consecuencia, si constituyen
operaciones deducibles en el impuesto de renta del año 2015.
21
Expediente Administrativo, folios 1743 a 1764.
22
Expediente Administrativo, folios 1778 a 1800.
23
Expediente Administrativo, folios 1768 a 1771.
24
Expediente Administrativo, folios 1773 a 1776.
25
Expediente Administrativo, folio 1806 a 1822.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
Caso concreto
La discusión se origina con la emisión de una serie de requerimientos de
información por parte de la Administración de Impuestos a terceros con los cuales
Diageo llevó a cabo operaciones en el 2015. Dentro de estos terceros se encontró
Altipal y Dialsa. Los requerimientos ordinarios26 realizaron la siguiente solicitud de
información:
“Documentación de las transacciones comerciales realizadas con DIAGEO COLOMBIA S.A.
con el NIT. 830.006.051-4 correspondientes al año 2015, debidamente certificada y firmada
por Revisor Fiscal.
• Copia del contrato de distribución y/o oferta comercial suscrito con ustedes para el año 2015.
• Certificación Firmada por Revisor Fiscal de las transacciones realizadas con la sociedad
DIAGEO COLOMBIA S.A. con el NIT. 830.006.051-4, para el año gravable 2015.
• Relación detallada de las ventas realizadas en el año 2015 a la sociedad DIAGEO
COLOMBIA S.A. con el NIT. 830.006.051- 4, indicando, Número de factura o documento
equivalente que soportó la transacción, fecha de la factura o documento equivalente, valor de
la mercancía, valor IVA Valor otros impuestos (Informar cuales impuestos), valor descuento,
valor retenciones, valor total factura, la anterior información debe ser enviada en forma
Magnética en CD”.
Como resultado de los requerimientos de información formulados por la DIAN a
Altipal y Dialsa, dichas sociedades informaron las operaciones realizadas con
Diageo durante el año gravable 2015. Mientras Altipal27 manifestó que no había
facturado servicios de publicidad a la demandante, Dialsa28 reportó la prestación de
este tipo de servicios. A partir de esa información, la Administración cuestionó la
procedencia de los gastos registrados por Diageo y requirió la acreditación
documental de las operaciones que daban lugar a los reembolsos reclamados
fiscalmente29.
En respuesta al requerimiento especial30, Diageo aportó los documentos
equivalentes y cuentas de cobro emitidos por Altipal y Dialsa respecto de los gastos
de mercadeo y publicidad que afirmaba haber reembolsado, así como las
certificaciones expedidas por los revisores fiscales de ambas sociedades31 32, en las
que se hicieron constar los valores reconocidos por concepto de reembolso,
correspondientes a $782.857.10233 para Altipal y $2.872.591.85234 para Dialsa.
Posteriormente, al interponer el recurso de reconsideración35, la sociedad
complementó el material probatorio allegando los contratos de distribución 36 37 y los
acuerdos de colaboración empresarial suscritos con ambas distribuidoras38 39, con
el propósito de explicar el marco contractual en el cual se habrían efectuado las
actividades de promoción y publicidad objeto de reembolso.
Finalmente, con la demanda40 se reiteraron los anteriores documentos y se
incorporaron nuevamente las certificaciones de los revisores fiscales de Altipal 41 y
26
Expediente Administrativo, folios 334 y 337, respectivamente.
27
Expediente Administrativo, folio 346 y siguientes.
28
Expediente Administrativo, folio 359 y siguientes.
29
En el expediente administrativo; Recurso de Reconsideración; folios 1401 a 1449. El demandante señala expresamente
que las cuentas de cobro emitidas por parte de Altipal y Dialsa fueron registradas en el rubro “publicidad” cuando debían de
haber sido registradas en otro concepto (otra cuenta. En ningún momento señala en cuál cuenta debió de haberse hecho el
registro de las operaciones. 1050.
30
Expediente Administrativo, folio 1024 a 1050.
31
Expediente Administrativo, folio 1338 a 1341.
32
Expediente Administrativo, folio 1342.
33
Expediente Administrativo, folios 1061 a 1224.
34
Expediente Administrativo, folio 1225 a 1336.
35
Expediente Administrativo, folio 1449.
36
Expediente Administrativo, folio 342 a 366.
37
Expediente Administrativo, folio 378 a 400.
38
Expediente Administrativo, folio 367 a 372.
39
Expediente Administrativo, folio 373 a 377.
40
Samai Tribunal, índice 06.
41
Anexo 6 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; Samai Tribunal, índice 06.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
Dialsa42, junto con las cuentas de cobro43 44, documentos equivalentes y demás
soportes que, en criterio de la demandante, acreditaban la realidad de los gastos de
mercadeo y publicidad ejecutados por cuenta de Diageo durante el año gravable
2015.
Partiendo del material probatorio aportado por las partes en las diferentes instancias
y en particular las certificaciones aportadas por los revisores fiscales de las
sociedades, considera la Sala que se encuentran probados los reembolsos de
gastos de publicidad realizados por Diageo a favor de Altipal y Dialsa, en específico
frente a los certificados de revisor fiscal de Altipal y Dialsa. Los argumentos que
soportan esta conclusión son los siguientes:
El artículo 3 del Decreto 1514 de 1998 dispone: “[…] Para efectos de soportar los
respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, o devoluciones a que tengan
derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una certificación donde se
consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe ser avalada por contador público o
revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia. […] En el caso de
devoluciones se adjuntará además una copia del contrato de mandato […] El mandatario deberá
conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario, las facturas y demás documentos
comerciales que soporten las operaciones que realizó por orden del mandante.” (Subraya fuera
del texto original).
La Sala precisa que la certificación prevista en el artículo 3 del Decreto 1514 de
1998 no excluye las facultades de fiscalización y comprobación de la DIAN. En
consecuencia, la Administración conserva la potestad de verificar la realidad y
correspondencia de las operaciones reportadas. Sin embargo, cuando el debate
recae sobre gastos ejecutados por un mandatario por cuenta del mandante, dicha
certificación constituye el soporte especialmente previsto por el ordenamiento para
acreditar la cuantía y concepto de las erogaciones trasladadas al mandante, razón
por la cual los cuestionamientos formulados por la Administración deben ser de
entidad suficiente para desvirtuar su contenido.
De otro lado, la norma es expresa en indicar que los soportes externos de la
operación - “facturas y demás documentos comerciales que soportan las
operaciones que realizó por orden del mandante” - deben ser conservados por el
mandatario, no por el mandante. Por tanto, en el marco de un reembolso derivado
de un contrato de mandato - aspecto que no está en discusión-, si la DIAN quiere
verificar el soporte externo de la operación, debe solicitar tales documentos al
mandatario y no al mandante. De esta exigencia se extrae, además, la lógica obvia
que el mandante no está en la obligación de conservar en sus archivos los soportes
referidos, por lo que resulta suficiente la certificación emitida por el revisor fiscal.
Menos aún que pueda exigirse soportar la expensa que originó el reembolso con
facturas.
Sobre el particular, con la presentación de la demanda, la demandante adjuntó los
certificados firmados por revisor fiscal tanto de Altipal como de Dialsa, que disponen:
42
Anexo 7 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; Samai Tribunal, índice 06.
43
Anexo 8 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; Samai Tribunal, índice 06.
44
Anexo 9 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; Samai Tribunal, índice 06.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
a. Certificado de revisor fiscal de Altipal:
b. Certificado de revisor fiscal de Dialsa:
De los dos (2) documentos antes referenciados puede extraerse que: (i) las
certificaciones de revisor fiscal están fundamentadas en soportes externos e
internos de las sociedades, (ii) que se certifica que dentro del periodo gravable 2015
las sociedades percibieron pagos por parte de Diageo a título de reembolso de
gastos y (iii) que los pagos realizados correspondieron a $782.857.102 a favor de
Altipal y $2.872.591.852 a favor de Dialsa45. Con ello, la Sala estima satisfecha la
45
Liquidación Oficial de Revisión; Expediente Administrativo, folio 1384. La glosa correspondiente a Dialsa no equivale
a la totalidad de lo registrado por el contribuyente en su contabilidad ($3.443.508.090), sino a la diferencia resultante del cruce
de información. Requerida la distribuidora por parte de la DIAN, esta reconoció haber prestado a Diageo servicios de
publicidad por $570.916.238 durante el año gravable 2015. La DIAN aceptó esa suma como soportada y rechazó la restante,
de modo que la glosa quedó fijada en $2.872.591.852 ($3.443.508.090 − $570.916.238). Así lo consignó expresamente la
Liquidación Oficial de Revisión No. 312412018000104 del 12 de diciembre de 2018.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
carga probatoria exigida por la norma tributaria para probar el reembolso de costos
y gastos por concepto de publicidad presentado por Diageo en el año 2015, sin que
en estos casos se requiera tener factura en la contabilidad de DIAGEO para su
deducibilidad. La factura que soporta la expensa está en poder del mandatario. Por
tanto, si la DIAN quería verificar la existencia de soporte, tal gestión debió hacerla
solicitando la documentación directamente al mandatario. No es admisible rechazar
el costo o deducción en cabeza del mandante, exigiendo requisitos (las facturas
soportes) que por norma no están en su poder.
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que el Tribunal, en la sentencia apelada,
cuestionó la aptitud probatoria de las certificaciones a partir de una serie de
hallazgos: (i) la existencia de cuentas de cobro anteriores a la suscripción de los
acuerdos de colaboración de agosto de 2015, (ii) la falta de coincidencia entre los
valores certificados y los soportes externos, (iii) la ausencia de la autorización
escrita que el propio acuerdo exigía y (iv) la presencia de facturas a nombre de
terceros.
No obstante, tales reparos no desvirtúan la procedencia de la deducción en cabeza
del mandante, por los pagos realizados a título de reembolso por las siguientes
razones:
En primer lugar, en cuanto a la temporalidad, el Tribunal observó que existían
cuentas de cobro emitidas antes de los acuerdos de colaboración empresarial de
agosto de 2015. Para la Sala, ese hecho, por sí solo, no demuestra la inexistencia
del gasto ni del reembolso que Diageo efectuó con posterioridad. Los propios
acuerdos dan cuenta de relaciones comerciales previas entre las partes, lo que
basta para explicar que existieran actividades promocionales anteriores a 2015. Ello
no supone que la Sala se pronuncie sobre la configuración o existencia de un
eventual mandato antes de dichos acuerdos.
En el mismo sentido, tampoco desvirtúa la eficacia probatoria de las certificaciones
de las mandatarias el reparo según el cual algunos soportes tendrían fechas de
vigencias distintas al año gravable 2015. Esos documentos operan como
antecedente o contexto de la relación de mandato, no como el soporte directo de la
erogación imputada a 2015, que se acredita con la certificación del revisor fiscal
sobre los valores efectivamente reembolsados ($782.857.102 y $2.872.591.852).
Por ello, la diferencia de fechas de algunos anexos no compromete la
correspondencia entre los reembolsos certificados y la vigencia fiscal objeto de la
glosa.
En segundo lugar, respecto de la ausencia de autorizaciones individuales previstas
en los acuerdos de colaboración, advierte la Sala que dicho elemento no desvirtúa,
por sí mismo, la existencia de los gastos efectivamente ejecutados ni el pago de los
reembolsos posteriormente certificados por los revisores fiscales de las
mandatarias. En efecto, en los acuerdos se señala expresamente que se podrán
unir esfuerzos para desarrollar actividades de mercadeo que beneficien a las partes.
Adicionalmente, la ausencia de dichas autorizaciones podría generar efectos en el
ámbito de las relaciones contractuales entre las partes, pero no constituye una
prueba suficiente de la inexistencia de los gastos ni de los reembolsos
efectivamente certificados por los revisores fiscales.
Tercero, en relación con las diferencias de cuantía advertidas por el Tribunal, la Sala
encuentra que las mismas no permiten concluir que los reembolsos certificados
sean inexistentes. Tales diferencias corresponden a inconsistencias parciales en
algunos soportes individuales, mas no a una contradicción capaz de desvirtuar la
certificación expedida por los revisores fiscales respecto de los valores
efectivamente reembolsados por Diageo ($782.857.102 y $2.872.591.852).
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Finalmente, observa la Sala que la interpretación acogida por el Tribunal conduce a
exigir al mandante requisitos probatorios adicionales a aquellos expresamente
establecidos por el régimen fiscal aplicable a los contratos de mandato (artículo
1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016), pretendiendo aplicar sobre estas
certificaciones exigencias que la norma establece para los certificados de revisor
fiscal (artículo 777 ET). Omite el Tribunal, entonces, considerar que en el caso de
los contratos de mandato existe una norma especial que debe aplicarse con
preponderancia sobre las de carácter general - esto es, el artículo 777 ET -, y, por
ende, no pueden trasladarse los requisitos de un certificado (el de revisor fiscal) a
otro (el del mandatario). A cada uno deben aplicarse los requisitos desarrollados
tanto en la norma como en la jurisprudencia, sin confundirlos ni trasladar los de uno
a otro, en desmedro de la seguridad jurídica del contribuyente.
Por lo anterior, es oportuno señalar que en varios pronunciamientos esta Sección
ha precisado que la certificación prevista en los artículos 29 del Decreto 3050 de
1997 y 3 del Decreto 1514 de 1998 constituye el instrumento diseñado
específicamente por el legislador para trasladar al mandante la información relativa
a los costos y gastos ejecutados por el mandatario. Así, como ya se dijo, someter
dicha certificación a exigencias adicionales no contempladas en esas disposiciones
implica imponer cargas probatorias distintas a las previstas por el régimen especial
aplicable a esta figura negocial.
Al respecto, la tesis según la cual la certificación del mandatario debe satisfacer,
además, los estándares de detalle propios de la prueba contable del artículo 777
del Estatuto Tributario, no se acompasa con la jurisprudencia vigente de esta
Sección. En efecto, en las sentencias del 26 de mayo de 2022 (exp. 25749) y del 13
de abril de 2023 (exp. 25843), la Sala reiteró que, para soportar los costos,
deducciones o impuestos descontables del mandante, basta con la certificación
prevista en los artículos 29 del Decreto 3050 de 1997 y 3 del Decreto 1514 de 1998
• en la que se consigne la cuantía y el concepto de las erogaciones, avalada por
contador público o revisor fiscal -, sin que resulte procedente exigir requisitos
adicionales no contemplados en dichas disposiciones46.
En consecuencia, una vez acreditada la procedencia de las erogaciones objeto de
discusión con el material probatorio aportado dentro del expediente, resultan
procedentes los cargos del apelante en el sentido de reconocer la deducibilidad de
las erogaciones cuestionadas.
Sobre la sanción por inexactitud
El artículo 647 del Estatuto Tributario sanciona la inclusión de datos falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados que originen un menor impuesto o un
mayor saldo a favor.
En el presente asunto, la sanción impuesta por la DIAN tuvo como fundamento
exclusivo el desconocimiento de los gastos de mercadeo y publicidad declarados
por la demandante. Como quedó expuesto en esta providencia, la Sala concluye
que tales erogaciones sí se encuentran soportadas mediante los certificados
expedidos por los revisores fiscales de las mandatarias y demás elementos
probatorios obrantes en el expediente.
46
Esta comprensión, por lo demás, coincide con la expuesta en la aclaración de voto del Consejero Milton Chaves García a
la sentencia del 19 de mayo de 2022 (exp. 25323). Exigir del contribuyente cargas probatorias no previstas en la norma
especial que rige el mandato desconocería el principio de legalidad y quebrantaría el derecho a la igualdad frente a
contribuyentes en idéntica situación fáctica. Sobre el particular señaló: “el artículo 3 del Decreto 1514 de 1998, al exigir del
mandatario una certificación donde se consigne la cuantía y el concepto de los costos, deducciones o impuestos descontables,
o devoluciones a que tenga derecho el mandante, avalada por contador público o revisor fiscal; no requiere asimilarlo a una
prueba contable con los requisitos del artículo 777 del Estatuto Tributario […] Basta el cumplimiento de lo indicado en dicha
disposición para que se tenga acreditado la procedencia del costos, deducción o impuesto descontable […]”.
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00207-01 (29693)
Demandante: Diageo Colombia S.A.
En consecuencia, desaparece el presupuesto fáctico que sustentó la sanción por
inexactitud impuesta por la Administración, razón por la cual procede su
levantamiento.
Dado que la Sala concluye que los gastos eran fiscalmente procedentes, resulta
innecesario estudiar el cargo subsidiario relacionado con la existencia de una
diferencia de criterios en la interpretación del ordenamiento aplicable.
Por consiguiente, la nulidad de los actos administrativos comprende también la
sanción por inexactitud liquidada por la Administración.
Costas
De conformidad con las reglas previstas en el numeral 3 del artículo 365 del CGP,
el artículo 188 del CPACA y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025 del Consejo Superior de la Judicatura47, al revocarse la sentencia apelada y
prosperar las pretensiones de la demanda, la parte demandada resulta vencida en
ambas instancias. En consecuencia, se le condenará en costas en primera y
segunda instancia, y en agencias en derecho en ambas instancias en la suma de
un (1) salario mínimo legal mensual vigente cada una.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 8 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta – Subsección B. En su lugar,
ANULAR los actos administrativos demandados y RECONOCER a título de
restablecimiento del derecho que la declaración del impuesto de renta del año 2015
se encuentra en firme.
2. CONDENAR en costas y agencias en derecho en primera y segunda instancia al
demandado, conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
47
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de
agencias en derecho”.
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