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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00238-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00238-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 24 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y en su lugar: SEGUNDO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada determinando las agencias en derecho de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia y lo dispuesto por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. TERCERO: En lo demás, confirmar la sentencia apelada. CUARTO: Condenar en costas en esta instancia, a la parte demandada determinando las agencias en derecho de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: Reconocer personería al abogado de la parte demandada, Andrés Mauricio Briceño Chaves, de conformidad con el poder que obra a índice 15, Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00238-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de marzo de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00238-01 (27742)
Demandantes: Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S. y otros
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00238-01 (27742)
Demandantes: Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S.; Ferretería Andrés
Martínez S.A.S.; Inversiones Marlu S.A.; e Inversiones Caramelo
S.A.S.
Demandado: Municipio de Chía (Cundinamarca)

Temas: Impuesto de delineación urbana. Hecho generador. Devolución.
Costas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia del 24 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que accedió a las pretensiones de
la demanda en los siguientes términos1.

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. SH-3726-2019 del 26 de
Noviembre de 2019, por medio de la cual se negó la devolución del impuesto de
delineación urbana pagado por las sociedades demandantes en virtud de la Licencia
No. 2017000458, con construcción No. 2017000187 y parcelación No. 2017000033,
del 14 de febrero de 2017; y de la Resolución No. 0716 del 26 de febrero de 2020, que
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto primigenio, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
ORDENAR al municipio de Chía DEVOLVER a favor de las sociedades demandantes
el pago efectuado por concepto del impuesto de delineación urbana equivalente a
$1.799.836.393, en la proporción que para cada una de ellas resulte de acuerdo a los
pagos que éstas realizaron y según quedó especificado en la parte considerativa de
esta sentencia, junto con los intereses corrientes y moratorios causados, en virtud de
lo establecido en el artículo 863 del E.T.

Asimismo, además del monto equivalente a $505.886.343 insertado en la tabla que
antecede, DEVOLVER a favor de la sociedad INVERSIONES CARAMELO SAS, el
monto de $37.794.393, equivalente a los intereses corrientes y de mora pagados
indebidamente con base en los acuerdos de facilidades de pago No. 3989 del 20 de
noviembre de 2017 y No. 3916 del 20 de septiembre de 2018, el cual también dará
lugar al reconocimiento de intereses corrientes y moratorios causados en los términos
antes expuestos.

TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas (…)”

ANTECEDENTES

El municipio de Chía, ante la viabilidad de la licencia de construcción solicitada por
los demandantes, procedió a fijar el monto del impuesto de delineación urbana por
medio de la Liquidación nro. 2017000039 del 25 de julio de 2017 por valor de
$1.799.836.3932, y con base en ello, realizó el cobro a cada una de las empresas3.

1 Folios 1 a 24, índice 34, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
2 Folios 3 y 4, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
3 Índice 7, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00238-01 (27742)
Demandantes: Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S. y otros
FALLO

El 20 de diciembre de 2017, el municipio notificó a los demandantes la Licencia de
parcelación y construcción en la modalidad de demolición total y obra nueva nro.
2017000458 del 14 de febrero de 2017, con nro. ON 2017000187 y nro. de
parcelación 2017000033, otorgada por una vigencia de 24 meses4.

El 24 de octubre de 2019, las sociedades demandantes solicitaron la devolución del
pago del impuesto de delineación urbana y los intereses respectivos5, al considerar
que se configuró un pago de lo no debido porque: (i) el 23 de octubre de 2019 se
presentó la renuncia expresa de los derechos de la licencia otorgada6, (ii) la cual fue
aceptada por el municipio mediante la Resolución nro. 5338 del 29 de noviembre de
20197 y, (iii) no se realizó ninguna obra o acción urbanística que configurara el hecho
generador del impuesto.

El municipio de Chía profirió el acto administrativo nro. SH-3726-2019 – Oficio nro.
20190004043386 del 26 de noviembre de 20198, mediante el cual negó la solicitud
de devolución. Contra esta decisión, la parte interesada interpuso recurso de
reconsideración9, el cual fue resuelto por la Resolución nro. 0716 del 26 de febrero
de 202010, confirmando en su totalidad el acto recurrido.

DEMANDA

Las sociedades Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S., Ferretería Andrés
Martínez S.A.S., Inversiones Marlu S.A., e Inversiones Caramelo S.A.S., en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, formularon ante esta jurisdicción las siguientes pretensiones11:
“PRIMERA: Que se declare nula la Resolución SH-3726-2019 (oficio) – radicado No.
20190004043386, del 26 de noviembre de 2019, por medio de la cual se considera no
procedente la solicitud de devolución del impuesto de delineación urbana.

SEGUNDA: Que se declare nula la Resolución número 0716 del 26 de febrero de 2020,
notificada personalmente el día 9 de marzo de 2020, por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra el oficio (acto administrativo)
SH-3726-2019 (radicado 20190004043386).

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene la devolución la
suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE,
($1.799.836.393), valor pagado por concepto de impuesto de delineación urbana, de
conformidad a la liquidación No. 2017000039 expedida el 17 de octubre de 2017.

El valor total deberá devolverse a mis poderdantes en los porcentajes pagados por
cada uno de ellos así:

A FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS, la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000), o sea el 25.01% del
impuesto pagado.

A INVERSIONES MARLU S.A., la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
M/CTE ($283.914.361), o sea el 15.78% del impuesto pagado.

4 Folios 129 y 130, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00.
5 Folios 67 a 73, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
6 Folios 113 a 116, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, se presenta el escrito de renuncia de los

derechos de licencia.
7 Folios 131 a 134, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
8 Folios 135 a 137, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
9 Folios 138 a 143, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
10 Folios 164 a 176, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
11 Folios 1 a 16, índice 7, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00238-01 (27742)
Demandantes: Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S. y otros
FALLO

A PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS, la suma de QUINIENTOS
SESENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($560.035.689) o sea el 31.12% del impuesto pagado.

A INVERSIONES CARAMELO SAS, la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($505.442.950) (sic) o sea el 28.09% del impuesto pagado.

CUARTA: Que se ordene al Municipio de Chía el pago de los intereses generados de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto tributario.

QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene la devolución a
INVERSIONES CARAMELO SAS, cualquier suma pagada e (sic) título de intereses
corrientes y de mora con base en los acuerdos de facilidades de pago No. 3989 del 20
de noviembre de 2017 y No. 3916 del 20 de septiembre de 2018, suma la cual fue
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($37.794.393).

SEXTA: Que se ordene al municipio de Guasca (sic) al pago de los gastos de defensa
judicial y del proceso de conformidad a (sic) artículo 188 del C.P.A.C.A., ARTÍCULO
365 del C.G.P. y la posición jurisprudencial del Consejo de Estado en cuanto a que
estos deben ser reconocidos independientemente de valoraciones de temeridad y/o
mala fe. Se debe tener en cuenta que mis poderdantes solicitaron en forma oportuna y
de conformidad al derecho que les asista tenían (sic), la devolución del impuesto de
delineación urbana, y por el actuar ilegal de la administración, contrario a los principios
de la actuación de la función pública, fue negado. Este actuar excede ampliamente una
diferencia de criterio en la aplicación normativa.

Los gastos en que deben incurrir mis poderdantes, consisten en los honorarios legales
pactados con la Firma ESPINOSA DE BRIGARD CONSULTORES S.A.S., fijados en el
25% del total del impuesto de delineación urbana pagado, pendiente de devolución si
la devolución se decreta en primera instancia, porcentaje el cual se incrementara en un
5%, si el control judicial se extiende a una segunda instancia, suma a la cual debe
adicionarse el IVA.

SÉPTIMA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 193 Y 195 del CPACA.

OCTAVA: Que se ordenen que, que (sic) de no efectuarse el pago de las sumas
decretadas dentro de la sentencia en forma oportuna, se reconozcan intereses como
lo ordena el artículo 195 del CPACA”.

Normas invocadas como vulneradas

Las demandantes invocaron como normas vulneradas los artículos 2, 6, 29, 83, 90 y
209 de la Constitución Política; 1.°, 3, 5 y 9 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 850 y 855 del Estatuto Tributario;
1.° de la Ley 84 de 1915; 1.° de la Ley 97 de 1913; literal b) del artículo 233 del
Decreto 1333 de 1986; y el Estatuto Tributario municipal de Chía – Acuerdo 107 de
2016.

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Demandantes: Porcelanatos y Pisos de Colombia S.A.S. y otros
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El concepto de violación se sintetiza así:

Sostuvieron que el literal g) del artículo 1.° de la Ley 97 de 1913, autorizó al Concejo
municipal de Bogotá a crear el impuesto de delineación urbana en los casos de
construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes. A su vez, la Ley
84 de 1915 y el Decreto 1333 de 1986 establecieron su autorización para los demás
municipios.

El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la construcción de
nuevos edificios y la refacción de los existentes, por lo que la norma municipal
contenida en el artículo 194 del Acuerdo 107 de 2016, que establece el hecho
generador con la expedición del acto que da la viabilidad de la licencia, no se
corresponde con las disposiciones legales enunciadas. Además, señaló que según
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la expedición de una licencia no constituye
el hecho generador porque en sí misma no es el objeto de la Ley 97 de 1913 y el
Decreto 1333 de 1986.

Afirmaron que el artículo 2.2.6.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, dispuso que la licencia
urbanística es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y
parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de
intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión
de predios. Por ello, solo se presenta una situación jurídica consolidada cuando hay
pleno cumplimiento de las obligaciones y derechos autorizados dentro de la licencia.

Así mismo, ante la renuncia expresa que manifestaron a la administración de los
derechos que otorgó la Licencia nro. 2017000458 del 14 de febrero de 2017, su
aceptación por parte del municipio, y la no ejecución de ninguna construcción de
edificaciones o la refacción de las existentes, se concluye que no se consolidó el
hecho generador del impuesto de delineación urbana.

Por último, sostuvieron que no procede negar las pretensiones con el argumento
que el artículo 2.2.6.1.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015 prohíbe la devolución de las
expensas en casos de renuncia de los derechos de licencia, toda vez que los
demandantes solicitaron la devolución del impuesto de delineación urbana, que es
un concepto y rubro diferente a las expensas a que se refiere la norma citada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Chía12 se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados y no se
expusieron de forma clara y concisa los cargos de nulidad. Por el contrario, a su
juicio, los actos administrativos fueron debidamente motivados y atienden los
principios de transparencia, equidad, debido proceso, concordancia, neutralidad y
simplicidad.

La licencia autorizada a los demandantes se gestionó, desarrolló y profirió de
acuerdo con los términos del parágrafo primero del artículo 2.2.6.1.2.3.1. del
Decreto 1077 de 2015. Así mismo, se negó la devolución solicitada según el artículo
2.2.6.1.2.3.3. ibidem, que indica que los derechos de construcción y desarrollo
pueden ser objeto de renuncia por parte de los titulares de la licencia ante cualquier
curador o autoridad municipal competente; no obstante, en ese caso, no hay lugar
a la devolución de las expensas.

Sostuvo que los artículos 1.° de la Ley 97 de 1913, 1.° de la Ley 84 de 1915 y 233
del Decreto 1333 de 1986, no determinan el hecho generador del impuesto de

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delineación urbana, sino solo su origen cuando se trata de la construcción de
edificaciones. En desarrollo de esta idea señaló que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha precisado que el hecho generador está constituido por las actividades
de construcción y refacción, no obstante la causación puede tener lugar en
oportunidades diferentes.

Por lo tanto, dichas normas solo identificaron el aspecto material del hecho
generador, y en ejercicio de la autonomía fiscal, las entidades territoriales pueden
fijar los aspectos temporal y espacial. Los artículos 193 y siguientes del Estatuto de
Rentas del municipio de Chía – Acuerdo 107 de 2016-, establecen la autorización
legal y el hecho generador del impuesto de delineación urbana con la expedición
del acto de trámite que encuentra viable la licencia urbanística, o cuando hay
reconocimiento de construcciones en el municipio.

Respecto de la no realización de obras por parte de las empresas demandantes
sobre el predio en el que se concedió la licencia, propuso como excepción de fondo
la “improcedencia de la acción por falta de demostración de la causal principal
invocada”, ya que no se aportó prueba alguna que corroborara que no se efectuó
construcción o demolición; es decir, del no uso del derecho otorgado con la licencia.

Adicionalmente, invocó la “ineficacia de la solicitud de nulidad de acto administrativo
que no comprende la revocatoria del impuesto de delineación ordenado”, porque
las resoluciones cuestionadas negaron conforme a derecho la solicitud de
devolución, y los demandantes no cuestionaron la legalidad de la liquidación del
impuesto de delineación urbana.

Por último, señaló que existió “falta de fundamentación normativa que identifique el
hecho generador del impuesto de delineación”, la “inexistencia de las causales de
nulidad del acto administrativo”, y la “excepción genérica”. Solicitó condenar en
costas a la parte demandante.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca13 declaró la nulidad de los actos
demandados, y ordenó la devolución del pago efectuado por concepto de impuesto
de delineación urbana e intereses, por las siguientes razones:

Los elementos de la obligación tributaria establecidos por las entidades territoriales
deben atender a los parámetros mínimos señalados por el legislador según la
autorización para imponer el gravamen y la delimitación del hecho gravado.

Advirtió que la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2009, indicó que el
Decreto 1333 de 1986 sí define el hecho gravable e identifica plenamente el tributo,
diferenciándolo de otros impuestos que recaen sobre la propiedad inmueble. Allí el
legislador dispuso que el impuesto de delineación se causa en los casos de
construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, en donde los
verbos rectores “construir” y “refaccionar” tienen un significado natural y obvio, que
no da lugar a ambigüedades sobre la situación fáctica que origina la obligación
tributaria.

Mediante los artículos 193 y siguientes del Acuerdo 107 de 2016 – Estatuto de
Rentas del municipio de Chía-, se determinaron los elementos del impuesto de
delineación urbana, entre estos, el hecho generador, que lo constituye la expedición
del acto que concede una licencia urbanística en sus diferentes modalidades, así
como el reconocimiento de construcciones dentro de su jurisdicción. El Tribunal
concluyó que el hecho generador regulado por el Concejo Municipal de Chía, no se

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corresponde con la regla establecida en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, por lo
cual vulnera las normas de rango superior.

Por otro lado, señaló que la licencia es un acto administrativo de aplicación de las
normas urbanísticas que permite el uso del suelo y atribuye derechos de
construcción y desarrollo sobre la propiedad inmueble. Específicamente la licencia
de construcción es la autorización previa para desarrollar edificaciones para obra
nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento
estructural, demolición o cerramiento, los cuales según el parágrafo del artículo 36
del Decreto 1469 de 2010, son derechos que el titular tiene la posibilidad de
renunciar, siempre que la licencia esté vigente.

De acuerdo con todo lo anterior, el Tribunal concluyó que para realizar el hecho
generador del impuesto de delineación urbana se requiere de la realización y
ejecución de la construcción y/o demolición autorizada por la referida licencia. Por
ello, decidió aplicar de oficio la excepción de ilegalidad del artículo 194 del Acuerdo
107 de 2016, en tanto contraría el sentido de la Ley 97 de 1913, al señalar que el
hecho generador es la expedición de la licencia.

Consideró que las empresas demandantes acreditaron la ausencia de la actividad
de construcción y/o demolición sobre los predios que fueron gravados con el
impuesto de delineación urbana, mediante un estudio fotográfico georreferenciado
con imágenes del IGAC y de la aplicación de Google Maps, que se acompañan con
un informe técnico sobre los predios.

Como el artículo 423 del Acuerdo 107 de 2016 remitía al trámite de devolución del
Estatuto Tributario Nacional para efectos de obtener la devolución del impuesto de
delineación urbana, el término para solicitarla se rige según el artículo 2536 del
Código Civil que prevé cinco años contados desde el pago. Así, una vez verificados
los comprobantes de pago del impuesto de delineación urbana liquidado por la
administración municipal, la renuncia irrevocable de los derechos concedidos por
la licencia urbanística y la aceptación por parte de la administración, se estableció
que no se configuró el hecho generador, y era procedente ordenar la devolución de
lo pagado a título de impuesto de delineación urbana solicitada por los
demandantes.

Por último, el Tribunal no condenó en costas porque no las encontró demostradas
dentro del expediente.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada14 apeló el fallo y solicitó revocar la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, y el Decreto 1333 de
1986, facultaron a los concejos municipales a definir la base gravable y la tarifa
aplicable del impuesto de delineación urbana teniendo en cuenta que el tributo tiene
su origen en la construcción y refacción de los edificios. De ahí que, en principio, el
hecho generador no lo constituye la expedición de la licencia respectiva, sino la
construcción en sí misma.

A su vez, reconoció que la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2009
identifica la autonomía territorial para la determinación del impuesto de delineación
urbana, señalando que las normas mencionadas sí definen el hecho gravable,
distinguiéndolo de otros impuestos que recaen sobre la propiedad inmueble. Así
mismo indica que el Consejo de Estado estableció que el hecho generador del
impuesto de delineación urbana no podría ser la expedición de una licencia de
construcción o de refacción, porque las licencias ni siquiera son objeto de mención

14 Folios 1 a 20, índice 37, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.

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de la ley, sino propiamente las actividades de construcción y refacción como
aspecto material del hecho generador, teniendo lugar la causación en
oportunidades diferentes.

Sin embargo, manifestó que el Tribunal profirió la sentencia con base en las Leyes
97 de 1913 y 84 de 1915, y la jurisprudencia mencionada, sin tener presente que
se requieren de más elementos de análisis como aquellos establecidos en el
Decreto 1469 de 2010, el Decreto Ley 1077 de 2015 y la “Ley 151 de 1998”, sobre
las cuales se fundamenta el Acuerdo 107 de 2016 del municipio de Chía. Además,
el Estatuto de Rentas municipal reguló en los artículos 193 y siguientes el impuesto
de delineación urbana, normas que no han sido objeto de cuestionamiento ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, estando vigentes y aplicables a esta
situación particular.

Adujo que el momento en que se define el hecho generador del impuesto de
delineación urbana no es el fundamento para acceder o negar la devolución de lo
pagado por este concepto, porque lo determinante es el análisis de las obligaciones
y derechos de las partes a las que se les otorga una licencia, como lo es la
prohibición de devolver las expensas cuando los titulares de la licencia renuncian a
los derechos concedidos, de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.2.3.3. del Decreto 1077
de 2015.

En todo caso, el Consejo de Estado determinó que los artículos 1.º de la Ley 97 de
1913 y 233 del Decreto Ley 1333 de 1986 solo regularon el aspecto material del
hecho generador del impuesto de delineación urbana, de tal manera que, en
ejercicio de la autonomía fiscal, el municipio podía fijar los demás elementos.

Por último, manifestó que en aras de proteger la seguridad jurídica, no es viable
que por vía de interpretación y en aplicación de la excepción de ilegalidad se falle
en contra del municipio de Chía, sin existir norma que así lo prevea.

La parte demandante15 apeló el fallo para solicitar que se revoque el numeral
tercero de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se condene en costas
al municipio en ambas instancias, toda vez que fue la parte vencida en el proceso,
y dentro del expediente se aportaron las pruebas que las justifican y los gastos de
representación de abogado para la defensa de sus pretensiones.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no decretarse pruebas en segunda instancia, en concordancia con el numeral 5
del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021, no se corrió
traslado para alegar.

La parte demandante,16 en escrito de oposición al recurso de apelación presentado
por el municipio, solicitó confirmar la nulidad de los actos demandados y el
restablecimiento del derecho declarado decidido en primera instancia. Indicó que el
municipio de Chía no presentó argumentos que constituyan reparos contra la
determinación del hecho generador del impuesto; por el contrario, citó
expresamente la jurisprudencia según la cual el acto de viabilidad de la licencia
urbana y/o el otorgamiento de la misma se constituye únicamente en un momento
de cobro, y no en el hecho generador material.

Advierte que las pretensiones de la demanda solicitan la devolución del impuesto
de delineación urbana y no de las expensas urbanísticas, conceptos que son
diferentes: El primero es un tributo establecido por la ley para aportar con las cargas

15 Folios 1 a 3, índice 38, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.
16 Folios 1 a 8, índice 12, Samai.

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públicas del municipio, y las expensas corresponden a la tasa de prestación de un
servicio por parte de los curadores urbanos, y por esta razón no resulta aplicable lo
dispuesto por el artículo 2.2.6.1.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015.

Reiteró que el hecho generador del impuesto es la realización de las actividades
urbanísticas autorizadas por la licencia, por lo tanto debe analizarse el caso de
forma sistemática y condenar en costas en ambas instancias a la parte demandada.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problemas jurídicos

En los términos de los recursos de apelación presentados por las partes le
corresponde a la Sala determinar (i) si se configuró el hecho generador del impuesto
de delineación urbana; (iii) si procede la devolución solicitada por la parte demandante,
y (iii) si hay lugar a la condena en costas.

Hecho generador del impuesto de delineación urbana

El impuesto de delineación urbana fue inicialmente regulado por el artículo 1.° de
la Ley 97 de 1913, en el sentido de autorizar al Concejo de Bogotá a “crear libremente
los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente;
organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los
servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental:
(…) g. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de
refección (sic) de los existentes”. Esta autorización fue extendida a los demás
concejos municipales con la Ley 84 de 1915.

Con posterioridad, el Decreto Ley 1333 de 1986 – Código de Régimen Municipal-,
retomó las normas antes indicadas y dispuso que los concejos municipales pueden
crear (regla de autorización), entre otros, el impuesto de delineación urbana, así:

“Artículo 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden
crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más
conveniente para atender a los servicios municipales:

a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y
arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el
aprovechamiento legítimos de las minas y de las aguas.
b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de
refacción de los existentes.
c) Impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas”.

Esta Sección ha señalado en oportunidades anteriores17, que la interpretación
conjunta de las normas referenciadas, que fueron expedidas antes de la
Constitución Política de 1991, deben analizarse bajo el principio de autonomía
fiscal de las entidades territoriales establecido en el artículo 338
constitucional:

“(…) En consecuencia, una interpretación finalista y sistemática de las normas que
regulan la autonomía fiscal y de ordenamiento territorial y de los artículos 1º de la Ley
97 de 1913 y del 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, permite concluir que constituyen
el hecho generador del impuesto de delineación urbana las actividades de construcción
y refacción, pero su causación puede tener lugar en oportunidades diferentes al

17 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de mayo de 2011, exp. 17269, M.P. Hugo Fernando

Bastidas Bárcenas. En similar sentido, sentencias del 14 de noviembre de 2019, exp. 22025 y del 4 de mayo
de 2017, exp. 20189, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 29 de agosto de 2019, exp. 22281, M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; y del 2 de mayo de 2024, exp. 27312, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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momento en que se realiza el hecho imponible, cuando la autoridad competente así lo
determine de manera justificada.

Esta interpretación no desconoce el hecho generador previsto en los artículos 1º de la
Ley 97 de 1913 y 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, toda vez que el hecho generador
lleva implícito tres elementos, incluido el temporal que alude a la causación del tributo,
causación que no necesariamente debe coincidir con el elemento material del
impuesto, como lo ha precisado la Sala en otras oportunidades.

En efecto, (…) el hecho generador comprende tres aspectos: i) el aspecto material; ii)
el aspecto espacial y, iii) el elemento temporal. La presencia de estos tres aspectos
determina si se está frente al supuesto jurídico que da origen a la obligación tributaria”.

Por lo anterior, se ha señalado que el hecho generador está integrado por los tres
aspectos indicados, y que para el caso del impuesto de delineación urbana la ley
únicamente estableció el aspecto material con la realización de actividades de
construcción o refacción, de modo que quien las realiza adquiere la condición de
sujeto pasivo del tributo en la jurisdicción territorial donde aquéllas se ejecuten
(aspecto espacial) y dentro de la oportunidad en que se realizan esas actividades
(aspecto temporal-causación).

Al respecto, en el municipio de Chía el Estatuto de Rentas – Acuerdo 107 de 2016,
vigente para el momento de los hechos, estableció la regulación del impuesto de
delineación urbana, así:

“Artículo 193. AUTORIZACIÓN LEGAL: El impuesto de delineación o construcción
está autorizado por la Ley 84 de 1915, el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 en
concordancia con el Decreto 1469 de 2010 y artículo 15 de la Ley 388 de 1997
modificado por el artículo 1° de la Ley 902 de 2004, Decreto 1077 de 2015 y sus
modificaciones.

Artículo 194. HECHO GENERADOR: El hecho generador del impuesto de delineación
es cuando se profiera el acto de trámite que encuentra viable la expedición de licencias
urbanísticas en sus diferentes modalidades y demás actuaciones relacionadas con la
expedición de licencias en el municipio, conforme al parágrafo primero del artículo 34
del Decreto 1469 de 2010, artículo 2.2.6.1.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015.

También constituye hecho generador del impuesto el reconocimiento de
construcciones en el municipio.

Artículo 195. CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de delineación se debe
pagar cada vez que se presente el hecho generador del impuesto (…)

De acuerdo con el conjunto de normas reseñadas y el precedente de esta Sección18,
se advierte que, a diferencia de lo señalado por la parte demandada, para que se
genere y cause el impuesto de delineación urbana en el municipio de Chía es
necesario que se hayan ejecutado o realizado las construcciones autorizadas.

La efectiva realización del aspecto material del hecho generador del impuesto de
delineación urbana es el supuesto de hecho que concreta la obligación tributaria a
cargo del sujeto pasivo. Por ello, la excepción de ilegalidad del artículo 194 del
Acuerdo 107 de 2016 indicada por el Tribunal es procedente, en la medida que la
norma municipal establece un hecho generador del impuesto de delineación urbana
diferente al determinado por la ley, que como ya se reiteró lo constituye las
actividades de construcción y refacción de edificaciones.

Aunque el Acuerdo 107 de 2016 reguló en virtud de la autorización legal los demás
elementos del impuesto en su jurisdicción, esto no implica que la normativa
municipal pueda sustituir el hecho generador material establecido en la ley. La parte
demandada acepta en los argumentos del recurso de apelación que según la
jurisprudencia el impuesto de delineación se genera con la construcción y refacción
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 27312, M.P. Myriam Stella

Gutiérrez Argüello.

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de edificaciones, sin que normas adicionales como el Decreto 1469 de 2010 y el
Decreto Ley 1077 de 2015 hayan modificado aquella autorización, ni la
determinación legal del hecho generador de este tributo, en la medida que son
normas relativas a la regulación urbanística.

Devolución del impuesto de delineación urbana

El municipio de Chía alegó que la devolución del impuesto pagado por las empresas
demandantes no tiene justificación en el momento en que se realiza el hecho
generador del impuesto, sino únicamente en las obligaciones y derechos que otorga
la licencia y la prohibición que establece el artículo 2.2.6.1.2.3.3. del Decreto 1077
de 2015 de devolver las expensas.

Este artículo, vigente para el momento de los hechos, establecía los efectos de la
expedición de las licencias y los derechos de construcción y desarrollo, de la
siguiente forma:

Artículo 2.2.6.1.2.3.3. EFECTOS DE LA LICENCIA. De conformidad con lo dispuesto
en el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia
determinará la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, ya sea
parcelando, urbanizando o construyendo en los predios objeto de la misma en los
términos y condiciones expresados en la respectiva licencia.

(…) Parágrafo. Mientras estén vigentes las licencias urbanísticas los titulares de las
mismas podrán renunciar por escrito a los derechos concedidos por ellas ante cualquier
curador o la autoridad municipal o distrital competente para su estudio, trámite y
expedición. En estos casos no habrá lugar a devolución de las expensas y para tramitar
una nueva licencia deberán ajustarse a la reglamentación vigente al momento de la
solicitud (…)”

Esta Sala considera que la prohibición que describe el parágrafo de la norma
relacionada con la devolución de las expensas en los casos de renuncia de las
licencias por parte de los titulares, se refiere a los rubros percibidos por los
curadores urbanos que se destinan a cubrir los gastos que demande la prestación
de su servicio. Específicamente el parágrafo segundo del artículo 2.2.6.6.8.1. del
Decreto 1077 de 2015 precisa que “las expensas reguladas en el presente decreto son
únicas y serán liquidadas por el curador urbano y pagadas a este por el solicitante del
trámite o la licencia, de conformidad con los términos que se establecen en los artículos
siguientes”.

Así mismo, el artículo 2.2.6.6.8.2. del mencionado Decreto indicó que “el pago de los
impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la expedición
de licencias, será independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador
urbano (…)”. Por tanto, no le asiste razón al municipio al asimilar la prohibición de
devolución de las expensas ante la renuncia de la licencia como si estas
correspondieran al impuesto de delineación urbana, pues es claro que ambas
erogaciones son diferentes, y por lo tanto, la prohibición de devolución de las
expensas no puede extenderse a la devolución del tributo.

Según se explicó con anterioridad, el hecho generador del impuesto de delineación
urbana está conformado por los criterios material, espacial y temporal, en donde el
primero de ellos fue determinado por la ley en la construcción de nuevos edificios
o refacción de los existentes. La efectiva realización del hecho generador del
impuesto es el supuesto que desencadena las demás obligaciones a cargo del
sujeto pasivo, y a partir del cual tiene fundamento jurídico el cobro liquidado por el
municipio.

En el caso en estudio, se encuentra que:

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FALLO

• El municipio de Chía fijó el monto del impuesto de delineación urbana por
medio de la Liquidación nro. 2017000039 del 25 de julio de 2017 por valor
de $1.799.836.393.

• Las empresas cumplieron su obligación de pago de la siguiente forma,
aspecto que fue aceptado por ambas partes y se encuentra acreditado en
los documentos que obran en el expediente: (i) Porcelanatos y Pisos de
Colombia S.A.S., efectuó el pago de $560.035.68919; (ii) Ferretería Andrés
Martínez S.A.S. pagó $450.000.00020; (iii) Inversiones Marlu S.A. realizó el
pago por $283.914.36121; y (iv) Inversiones Caramelo S.A.S. pagó
$505.886.34322 por concepto de capital y $37.794.39323 por concepto de
intereses en virtud de las facilidades de pago que fueron otorgadas por el
municipio24.

• El 20 de diciembre de 2017, el municipio notificó a los demandantes la
Licencia de parcelación y construcción en la modalidad de demolición total y
obra nueva nro. 2017000458 del 14 de febrero de 2017.

• El 23 de octubre de 2019 los demandantes presentaron la renuncia expresa
de los derechos de la licencia otorgada de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2.6.1.2.3.3. del Decreto 1077 del 2015, la cual fue aceptada por el
municipio mediante la Resolución nro. 5338 del 29 de noviembre de 2019.

• La parte demandada no presentó reparo concreto contra la conclusión del
Tribunal en la cual se afirma que el demandante sí probó la ausencia de
construcción o demolición sobre los predios gravados mediante “ (…) un
estudio fotográfico, georreferenciado con imágenes del IGAC y de la
aplicación de Google Maps, que se acompañan con un informe técnico sobre
los predios objeto de licencia y que dan cuenta de que, en efecto, no se
realizó ninguna actividad de construcción y/o demolición durante el lapso en
que duró vigente la licencia ni antes de que se aceptara la renuncia a los
derechos de construcción y desarrollo”.

En consecuencia, (i) al no haberse consolidado el hecho generador material del
impuesto por las empresas demandantes, (ii) haberse presentado la solicitud de
devolución en la oportunidad legal, y (iii) haberse demostrado el pago de las sumas
cuya devolución se solicita, se confirmará la decisión de primera instancia de
encontrar procedente la devolución de lo pagado con base en la Liquidación nro.
2017000039 del 25 de julio de 2017, toda vez que no se configuró la causa legal
para su cobro. No prospera el cargo de apelación.

Condena en costas

Respecto de la condena en costas, consta en el expediente que la parte
demandante aportó los contratos de prestación de servicios jurídicos que suscribió
con cada una de las empresas demandantes, para la defensa de sus intereses en
el proceso de la referencia25, lo que satisface la comprobación de expensas

19 Folio 8, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Factura nro. 2017020149.
20 Folio 6, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Factura nro. 2017019611.
21 Folio 7, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Comprobante de pago del 27/10/2017 del

Banco Popular.
22 Folio 5, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Factura nro. 2017019610.
23 Folios 1 a 13 y 1 a 8, índice 7, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Comprobantes de pago

aportador por la parte demandante en los que consta pagos por intereses por dicho valor.
24 Folios 24 a 27 y 61 a 64, índice 18, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai. Resoluciones nro. 3989

del 20 de noviembre de 2017 y nro. 3916 del 20 de septiembre de 2018.
25 Folios 1 a 18, índice 7, exp. 25000-23-37-000-2020-00238-00, Samai.

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FALLO

incurridas por honorarios de abogado en la primera y segunda instancia según el
acuerdo suscrito para la defensa en ambas instancias26.

Por lo que, conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 365 numeral 8 y 366 numeral 4
del Código General del Proceso, procede la imposición de costas determinadas
como agencias en derecho en primera instancia por el 3% de las pretensiones, y
en segunda instancia equivalentes a un salario mínimo, mensual, legal y vigente al
momento de la ejecutoria de la presente providencia, acorde con los parámetros
fijados en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, del Consejo Superior
de la Judicatura. Liquídense por la secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 24 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, y en su lugar:

SEGUNDO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada
determinando las agencias en derecho de acuerdo con lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia y lo dispuesto por el Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

TERCERO: En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

CUARTO: Condenar en costas en esta instancia, a la parte demandada
determinando las agencias en derecho de acuerdo con lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Reconocer personería al abogado de la parte demandada, Andrés
Mauricio Briceño Chaves, de conformidad con el poder que obra a
índice 15, Samai.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Con salvamento parcial de voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

26 La cláusula segunda de los contratos de prestación de servicios indica lo siguiente: “En contraprestación por los

servicios de asesoría y acompañamiento legal objeto del presente contrato, el CONTRATANTE pagará a favor del
CONTRATISTA los honorarios descritos a continuación y pagados de la siguiente manera: (…) b. Etapa 2: La suma de dinero
correspondiente a una cuota de éxito del 25% sobre fijado (sic) sobre la suma determinada en la sentencia como devolución
del pago de lo no debido por concepto de impuesto de delineación urbana, e intereses generados si se obtiene sentencia
definitiva en primera instancia. La cuota de éxito se elevará al 30% de proceder una segunda instancia para obtener sentencia
definitiva. La cuota éxito será pagada dentro de las treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión favorable y la
presentación de la respectiva factura”.

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