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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00264-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00264-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves García. En consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. TERCERO: Sin condena en costas. 28 MP. Alejandro Linares Cantillo. La inconstitucionalidad de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento obedeció a que «adolece de un vicio de procedimiento en su formación, que no fue convalidado en el trámite legislativo y que no puede ser saneado». 29 CGP. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079) Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00264-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO
Demandado: DIAN
Temas: Sanción por no declarar. Responsabilidad subsidiaria.
Autorretención en la fuente. CREE 2015-3.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas1.

ANTECEDENTES

El 21 de abril de 2015, Andean Iron Corp Sucursal Colombia presentó sin pago la
declaración de autorretenciones en la fuente de CREE del tercer periodo del año
gravable 2015, y el 23 de diciembre de 2015 entró en proceso de liquidación por orden
de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se designó como liquidador a Rafael
Antonio Santamaría Uribe.

El 22 de diciembre de 2017, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, mediante Emplazamiento para
Declarar 900038, conminó a dicha sociedad a presentar la declaración
autorretenciones en la fuente del CREE del tercer periodo del año gravable 2015, acto
notificado al liquidador designado y a Guillermo Ramírez Londoño como representante
legal de la sociedad, quien respondió el emplazamiento el 22 de enero de 2018.

El 14 de diciembre de 2018, la División de Gestión de Liquidación de la dirección
seccional señalada expidió la Resolución Sanción 900062, en la que impuso sanción
por no declarar por $283.393.000 a Andean Iron Corp y, como deudor subsidiario, a
Guillermo Ramírez Londoño. Tanto el liquidador de la sociedad como el deudor
subsidiario presentaron recurso de reconsideración contra la resolución sanción.

El 4 de diciembre de 2019, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución 009480, que resolvió
los recursos de reconsideración interpuestos, en el sentido de confirmar la sanción
impuesta.

1
Expediente digital, índice 2 de Samai.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

DEMANDA

Guillermo Ramírez Londoño, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:

«Que son NULOS los siguientes actos administrativos, proferidos por la dependencia de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN:

La Resolución Sanción No. 900062 del 14 de diciembre de 2018, que fue proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en contra de
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA (HOY EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL) y
como deudor subsidiario GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO, mediante la cual se impone
una sanción por no declarar, así como la Resolución No. 009480 de fecha 4 de diciembre
de 2019, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual se confirmó la Resolución antes
descrita.

A título de restablecimiento del derecho, se declare que el señor GUILLERMO RAMÍREZ
LONDOÑO, no es deudor subsidiario de la sociedad ANDEAN CORP SUCURSAL
COLOMBIA (HOY EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL) y en consecuencia no debe a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales ninguna suma de dinero y por lo tanto se encuentra a
paz y salvo por el período gravable referido en los actos acusados».

Invocó como disposiciones violadas, las que se enuncian a continuación:

• Artículos 88, 107, 572, 573, 647, 671, 683, 746 y 798 del Estatuto Tributario;
• Artículo 264 de la Ley 223 de 1995;
• Artículos 29 y 50 de la Ley 1116 de 2006;
• Artículo 89 de la Ley 1943 de 2018 y,
• Artículo 101 de la Ley 2010 de 2019.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Se violaron la normativa superior, el debido proceso y los derechos de defensa y de
contradicción, al desatender la solicitud de pruebas presentada con la respuesta al
emplazamiento para declarar, para demostrar que el deber formal de declarar no
radicaba en cabeza del actor y al no aplicar favorabilidad a la sanción. Los actos
demandados, además, adolecen de falsa motivación, por fundarse en jurisprudencia
ajena a la discusión -carencia de responsabilidad subsidiaria-.

Dentro de las responsabilidades del representante legal principal de Andean Iron Corp,
no estaba cumplir el deber formal de declarar, pues en virtud del el literal c) del artículo
572 del ET, este recaía en el tercer suplente del representante legal, como se informó
en el RUT del año 2015. De ahí que el actor no es responsable principal o subsidiario,
pues no incurrió en la conducta sancionable que le fue atribuida.

En la liquidación judicial de Andean Iron Corp, la DIAN se constituyó como parte para
incluir la deuda por autorretenciones en la fuente del CREE del tercer periodo de 2015,
y «se consideró como sanción por extemporaneidad el 100% de las retenciones adeudadas, de
acuerdo con el artículo 641 del ET», de manera que, tales valores están sometidos al trámite
de la Ley 1116 de 2006, en donde el juez del proceso calificó el crédito como de
primera clase fiscal. Por ello, no existe justificación para el cobro de la misma
obligación en el proceso de liquidación y en los actos demandados.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

La sanción es confiscatoria, pues se calculó sobre el total de costos y gastos de año
2015, cuando las autorretenciones del CREE por el tercer periodo de 2015 ascendían
a $12.571.000, como se concilió entre el agente liquidador de la sociedad y la DIAN en
el trámite especial de graduación y calificación de los créditos.

El actor está en situación de indefensión frente a la DIAN y no puede presentar la
declaración debatida, en tanto dicha potestad recae en el agente liquidador; no se le
puede exigir superar la situación que conllevó a imposición de la sanción, ni ser
perseguido para pagar una cifra desproporcionada y confiscatoria.

Se debió aplicar el principio de favorabilidad previsto en los artículos 89 de la Ley 1943
de 2018 y 101 de la Ley 2010 de 2019, que permiten cobrar la obligación liquidada en
las declaraciones ineficaces de autorretenciones, sin imponer sanción por no declarar.

Si bien por falta de liquidez de Andean Iron Corp, se presentaron las declaraciones de
autorretenciones sin pago, en la declaración de CREE cuestionada la sociedad no
descontó las retenciones practicadas, no hizo un uso indebido de las autorretenciones
ni causó detrimento al erario. En todo caso, los valores reclamados pueden ser
obtenidos en el curso del procedimiento de liquidación forzosa adelantado por la
Superintendencia de Sociedades, y no mediante la imposición de una sanción.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

No se violó el debido proceso, ni la normativa superior y no existió falsa motivación,
porque los actos acusados exponen los motivos de la decisión y de la improcedencia
de las pruebas solicitadas por impertinentes e inconducentes.

Si el actor estaba exonerado de la obligación de declarar, de ello debían dar cuenta
los estatutos sociales y el certificado de la cámara de comercio de la sociedad
representada, que es oponible a terceros; no obstante, en dicho certificado los tres
representantes legales contaban con plenas facultades.

Aunque la DIAN se constituyó como parte en el proceso de liquidación de Andean Iron
Corp, -donde se presentó el crédito por la declaración presentada sin pago de la autorretención
de CREE del tercer periodo de 2015, y se graduaron los créditos como condicionales y
contingentes-, en este no se incluyó la sanción por no declarar y no existe título exigible
sobre esta. En todo caso, el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 dispone que el proceso
de liquidación no impide acreditar el deber de declarar; las sumas que la sociedad
retuvo no forman parte de su patrimonio al ser ingresos públicos y la omisión en el
pago de retenciones configura un tipo penal (art. 402 del Código Penal).

El demandante confunde el procedimiento de determinación con el de imposición de
la sanción, que es posterior al inicio del trámite de liquidación, pues la Ley 1116 de
2006 no prohíbe que la DIAN emita las actuaciones sancionatorias para obtener título
ejecutivo y ejercer la acción de cobro, de manera que, al estar demostrada la omisión
de declarar, se debía imponer la sanción del artículo 643 del ET, que no es excluyente,
en tanto depende de supuestos fácticos y procesales distintos.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

La sanción se calculó sobre el total de costos y gastos de 2015, y se aplicó el 10 %
conforme al artículo 643 del ET. No opera el principio de favorabilidad, pues las
modificaciones al artículo 580-1 del ET no implican una menor sanción, sino un aspecto
procesal, y los artículos 89 de la Ley 1943 de 2018 y 101 de la Ley 2010 de 2019
prevén que su aplicabilidad aplica a partir del periodo fiscal siguiente.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió por auto del 29 de abril de 2021. Aportada la contestación,
mediante auto del 12 de diciembre de 2022, el Tribunal prescindió de las audiencias
inicial y de pruebas, fijó el litigio en determinar la legalidad de los actos demandados,
decretó como pruebas las aportadas en la demanda y la contestación y corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, bajo las
siguientes consideraciones:

No se violó el debido proceso, porque las pruebas que no decretó la DIAN y que, a
juicio del demandante buscaban exonerarlo de la responsabilidad de presentar las
declaraciones de autorretenciones del CREE por el periodo debatido, debieron ser
aportadas por este; no obstante, de la actuación administrativa se advirtió que la DIAN
consultó los registros de la Cámara de Comercio para corroborar el histórico de
representaciones legales de Andean Iron Corp y se identificó que para el año 2015, y
en la fecha de comisión del hecho sancionable (21 de abril de 2015), el demandante
fungía como representante legal principal de la sociedad y tenía la responsabilidad de
declarar y pagar las autorretenciones del CREE a nombre de aquella.

Al revisar el RUT del actor se advirtió que tenía a cargo la obligación con el código 22,
cuya descripción es «obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros». De modo que,
al tener la calidad de representante legal de la contribuyente y la responsabilidad de
presentar las declaraciones tributarias, no existe prueba que permita exonerarlo de
las consecuencias legales del incumplimiento de los deberes formales.

Andean Iron Corp presentó el formulario de declaración de la autorretención de CREE
del tercer periodo de 2015 de manera oportuna, el 21 de abril de esa anualidad, con
retenciones liquidadas a la tarifa del 1.60 % por $12.751.000 (casilla 34); sin embargo,
no se acreditó el pago, lo que conllevó a que, en aplicación del artículo 580-1 del ET,
fuera ineficaz, y con ello, se incumpliera el deber de declarar, configurando un hecho
sancionable que habilitó a la DIAN para imponer la sanción a cargo del obligado
principal Andean Iron Corp, y subsidiariamente al demandante, en calidad de
representante legal de la contribuyente por el periodo de la omisión.

La sanción se tasó con base en el cruce información con las entidades financieras y
el balance de prueba de la contribuyente de marzo del 2015, que mostraron costos y
gastos del año gravable 2015 por valor de $2.833.933.883,63, al cual se le aplicó el 10
% que establece el artículo 643 del ET, para una sanción de $283.393.388, lo cual
indica que no hubo ni desproporción ni confiscatoriedad en la sanción.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

No hay lugar a declarar cumplida la obligación, ni la improcedencia de la sanción, por
el hecho de que la DIAN acudió al proceso liquidatorio a hacer valer el crédito por
autorretenciones del CREE del tercer periodo de 2015, pues lo que se concilió no fue
la sanción, sino las retenciones adeudadas, conceptos que no comportan fuentes
iguales, pues uno es el tributo adeudado y otra la sanción del artículo 643 del ET.

Tampoco se impuso una doble sanción por el mismo hecho, porque la DIAN acudió al
proceso liquidatorio para reclamar la suma adeudada por la contribuyente y sus
intereses respectivos, respecto de la cifra que la declaración ineficaz reportó como
obligación a cargo -el tributo-, y no por el acto que impusiera la sanción por
extemporaneidad, pues para ello la declaración debía presentarse válidamente, pero
en forma tardía. De ahí que pudiera reclamar la suma adeudada y los intereses
causados frente al tributo, y adelantar el procedimiento para imponer la sanción por no
declarar, que se originó en hechos jurídicos no excluyentes y distintos.

No aplican los artículos 89 de la Ley 1943 de 2018 y 101 de la Ley 2010 de 2019, pues
no inciden en el ámbito sancionatorio en el que se determina una obligación a pagar.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que «adiciona y
complementa con lo ya indicado en el escrito de demanda», en los siguientes términos:

Si bien el actor fue designado como representante legal principal de Andean Iron Corp,
la obligación de cumplir las obligaciones formales se delegó en el tercer suplente de
representante legal, lo cual, conforme al artículo 572 del ET, se informó a la DIAN
mediante la actualización del RUT, como se evidencia en el histórico del año 2015.
Aunque las pruebas solicitadas con la respuesta al emplazamiento acreditaban la
anterior afirmación, su práctica fue negada por la DIAN.

Como la normativa aplicable no prevé la forma en que la sociedad debe delegar
responsabilidades en sus representantes, podrá hacerse mediante cualquier medio
idóneo eficaz para tal fin. Tampoco se determina la forma de informar a la DIAN sobre
tal delegación, lo que faculta al contribuyente para escoger el mecanismo para ello,
siendo el medio más eficaz la actualización del RUT, que debe ser consultado por la
DIAN. La Administración no puede escoger, a su voluntad, quien o quienes de los
representantes legales inscritos son responsables subsidiarios, máxime si en el RUT
se ha informado quién es responsable del cumplimiento de los deberes formales.

Se impuso una doble sanción por los mismos hechos: por no declarar y por
extemporaneidad, lo cual es improcedente. Como la DIAN se reconoció dentro del
proceso de liquidación con un crédito que contiene una extemporaneidad en la
declaración de autorretenciones en la fuente del CREE por el periodo investigado, no
puede imponerse la sanción por no declarar determinada en los actos demandados,
pues «es físicamente imposible declarar extemporáneamente lo que no se declaró». En todo caso,
la sanción impuesta es confiscatoria y se debió aplicar el principio de favorabilidad y
lo dispuesto en las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.

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TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Como no se requirió decreto de pruebas, no se dio traslado para alegar de conclusión
-art. 247 CPACA-. Las partes no se pronunciaron y el Ministerio Público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Previo a resolver, la Sala debe pronunciarse sobre el impedimento manifestado por el
Magistrado Milton Chaves García2, con fundamento en los numerales 9 y 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso3.

Se considera procedente el impedimento, al operar la causal del numeral 12 Ib., esto
es, que el Magistrado emitió concepto sobre las cuestiones materia del proceso, motivo
por el cual se le separará del conocimiento del presente asunto. Con todo, existe
quorum decisorio, motivo por el cual la Sala se pronunciará sobre el litigio planteado
por las partes.

Se decide la legalidad de los actos administrativos que impusieron sanción por no
declarar autorretenciones en la fuente del CREE por el tercer periodo de 2015 a Andean
Iron Corp Sucursal Colombia, y declararon como deudor subsidiario a Guillermo Ramírez
Londoño en calidad de representante legal de la referida sociedad.

En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si se violó el debido
proceso por no decretar las pruebas solicitadas en el marco de la actuación
administrativa; y si los actos acusados desconocieron normas superiores e incurrieron
en falsa motivación, al establecer que el demandante era deudor subsidiario de la
sanción por no declarar impuesta en los actos acusados, e imponer una doble sanción
por los mismos hechos, de manera confiscatoria y sin aplicar favorabilidad.

Para resolver, en el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos:

• Registro Único Tributario del 8 de octubre de 2015, de Andean Iron Corp Sucursal Colombia, en
el cual figura como representante legal principal Guillermo Ramírez Londoño4.
• Declaración de autorretenciones en la fuente del CREE por el tercer periodo de 2015, presentada
sin pago el 21 de abril de 2015 por Andean Iron Corp Sucursal Colombia, con un valor declarado
de $12.751.0005.
• Registro Único Empresarial y Social emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 11 de
agosto de 2016, en el cual se certifica que Andean Iron Corp Sucursal Colombia, está en
liquidación judicial, según Auto 400-017414 del 23 de diciembre de 2015 de la Superintendencia
de Sociedades, inscrita el 28 de enero de 20166.
• El 31 de julio de 2017, la DIAN solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá certificar el histórico
de representación legal de Andean Iron Corp Sucursal Colombia en liquidación judicial, atendido
por la jefe de Asesoría Jurídica Registral el 9 de agosto de 2017, quien informó que el 17 de
octubre de 2014 se nombró como representante legal a Guillermo Ramírez Londoño, hasta el
6 de octubre de 2015, cuando se nombró como representante a Germán Muñoz Mendoza; que

2 Samai, índices 15 y 16.
3 «Artículo 141. Causales de Recusación. Son causales de recusación las siguientes (...) 9. Existir enemistad grave o amistad

íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado (...) 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de
actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio
Público, perito o testigo».
4
Fl. 2 c.a.
5
Fl.17 c.a.
6
Fls. 13- 15 c.a.

6
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

desde el 8 de mayo de 2014 el tercer representante legal suplente era Guillermo Umaña Muñoz,
hasta su renuncia el 23 de noviembre de 2015 y que, desde el 15 de abril de 2016, quien ejerce
como representante legal es el liquidador Rafael Antonio Santamaría Uribe.
• Registro Único Tributario de Guillermo Ramírez Londoño, en el cual indica, entre otras
obligaciones, la número 22: «Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros»7.
• Acta de la Reunión de Junta Directiva de Andean Iron Corp del 29 de septiembre de 2014, que
sesionó «con el objeto de (…) aceptar la renuncia del señor LUIS GUILLERMO PARRA
DUSSÁN de su cargo de Presidente de la Sociedad y Representante Legal de la sucursal
colombiana de la sociedad denominada ANDEAN IRON CORP. SUCURSAL COLOMBIA (la
“sucursal”)». Discutido el tema y a moción del presidente ad hoc, fue aprobada por unanimidad
la resolución que designó como presidente y representante legal a Guillermo Ramírez Londoño
y a tres suplentes en el siguiente orden: Primer suplente del representante legal, Laureano Jan
Siegmund Velenilla, Segundo suplente del representante legal, Juan Antonio Pungliluppi Leyva
y Tercer suplente del representante legal, Guillermo Umaña Muñoz 8.
• El 22 de diciembre de 2017, la DIAN profirió el Emplazamiento para Declarar 900038, en el cual
conminó a Andean Iron Corp a presentar la declaración de autorretenciones en la fuente de
CREE del tercer periodo del año gravable 2015, y propuso una sanción por no declarar de
$283.393.000, calculada en el 10 % de los costos y gastos reportados en el balance de prueba
de la sociedad. Se afirmó que la declaración presentada por el periodo se tuvo por ineficaz al
presentarse sin pago, razón por la cual concedió el plazo de un mes para la presentación de la
declaración. Se dispuso notificar a la sociedad Andean Iron Corp, a través de su liquidador y
del representante legal para la época de los hechos, en calidad de deudor subsidiario9.
• El 22 de enero de 2018, el liquidador respondió el emplazamiento para declarar, en el cual indicó
que al interior del proceso de liquidación no es posible reconocer y pagar sumas que no sean
calificadas por el juez del trámite y causadas con anterioridad a la fecha del decreto de la
apertura de la liquidación. No obstante, informó que entre el liquidador y la DIAN se suscribió
acta de conciliación en la que se reconoció al interior del proceso de liquidación la obligación
por autorretenciones del CREE del tercer periodo de 2015, así: $12.7251.000 por retención,
$12.751.000 por sanción y $2.484.000 por intereses; de modo que si se perseguía el
reconocimiento de la cifra propuesta de $283.393.000 debía entrar a graduarse como un crédito
postergado. La conciliación referida data del 27 de junio de 2017.
• El 22 de enero de 2018, Guillermo Ramírez Londoño respondió el emplazamiento para declarar
e indicó no ser responsable del incumplimiento del deber formal de declarar, porque desde
antes de su nombramiento como representante legal, dicha obligación estaba a cargo del tercer
suplente, quien ejercía las funciones de director administrativo y financiero de la empresa. Que,
en todo caso, la declaración de autorretención del CREE por el tercer periodo de 2015 sí fue
presentada por la empresa, solo que sin pago por problemas de liquidez; que precisamente a
partir de ese formulario, la DIAN solicitó la calificación del crédito ante el liquidador y logró
conciliar la deuda.

Enfatizó en la prevalencia del trámite liquidatorio frente a las normas
tributarias, por lo cual la Administración debe someterse a las resultas de este procedimiento
especial para reclamar las sumas pendientes, y adujo que solo es posible reclamar aquello que
ya fue reconocido por $27.986.000 por el 100 % de las retenciones dejadas de pagar, ante lo
cual la sanción propuesta por $283.393.000 resultaba confiscatoria, porque equivale a un 2222
% y, a su vez, desconoce que, como persona natural no puede declarar y pagar la cifra
requerida por ser competencia del agente liquidador.
• El 14 de diciembre de 2018, la DIAN profirió la Resolución Sanción por no Declarar 900062, por
la cual sancionó a Andean Iron Corp Sucursal Colombia en los términos anunciados en el
emplazamiento10. En el acto se ordenó la notificación al agente liquidador y a Guillermo
Ramírez Londoño en calidad de deudor subsidiario11.
• El 15 de febrero de 2019, Guillermo Ramírez Londoño interpuso recurso de reconsideración, en
el que solicitó revocar su vinculación procesal como responsable subsidiario. Para ello, insistió
en los planteamientos de la respuesta al emplazamiento para declarar, con las mismas razones
que fundamentan la presente demanda12.
• El 4 de diciembre de 2019, la DIAN expidió la Resolución 009480, en la cual decidió

7
Fl. 104 c.a.
8
Fl. 246 c.a.
9
Fls. 109-112 c.a.
10
Fls. 178-188 vto c.a.
11
Fls. 190-192 c.a.
12
Fls. 212-233 c.a.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00264-01 (28079)
Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

negativamente el recurso de reconsideración interpuesto.

Vulneración al debido proceso

El apelante sostiene que los actos acusados violaron el debido proceso, porque la
DIAN, en el procedimiento sancionatorio, negó las pruebas que solicitó para demostrar
que no era responsable de la presentación de las declaraciones de la sociedad, por
cuanto esta función había sido delegada en el tercer suplente del representante legal.

Con la respuesta al emplazamiento para declarar, el actor solicitó: i) verificar en el
aplicativo MUISCA quién cumplía las obligaciones formales de Andean Iron Corp Sucursal
Colombia y, ii) al agente liquidador de la sociedad copia del Acta de Junta Directiva del
29 de septiembre de 2014, en la que se delegó el cumplimiento de deberes formales
en materia tributaria al tercer suplente del representante legal.

Se advierte que, aunque la DIAN no decretó las pruebas solicitadas, sí acudió a los
registros de la Cámara de Comercio para verificar el histórico de representación legal
de Andean Iron Corp, e identificó que para el 21 de abril de 2015, fecha límite en que
esta debía declarar y pagar las autorretenciones en la fuente del CREE por el tercer
periodo de 2015, el actor fungía como representante legal de la sociedad, según acta
de junta directiva del 29 de septiembre de 2014, inscrita el 17 de octubre del mismo
año, sin que en su contenido se hallara la delegación de funciones alegada por el actor.

Está demostrado que en la actualización del RUT de la sociedad del 19 de febrero de
2015, Guillermo Ramírez Londoño fungía como representante legal principal, con inicio
de representación «casilla 99» el 29 de septiembre de 2014, conforme al Certificado de
Cámara de Comercio; y que registra, entre otras, la obligación 22: «Obligado a cumplir
deberes formales a nombre de terceros» y, pese que el actor alega que nunca tuvo a cargo
el cumplimiento de los deberes formales de la sociedad, no aportó prueba que
demostrara que dicha obligación estaba delegada.

Se precisa que la calidad de representante legal y sus facultades y limitaciones se
acreditan con el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara
de Comercio, conforme lo indica el artículo 117 del Código de Comercio, conforme al
cual «Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva,
con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de
ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso». Se resalta.

Así, no se acreditó la violación al debido proceso, pues el demandante no probó que
su responsabilidad en el cumplimiento de los deberes formales de la sociedad
correspondiera a un tercero, pese a tener la carga demostrativa conforme a lo previsto
en el artículo 167 del CGP.

Desconocimiento de las normas superiores y falsa motivación

El actor adujo que no se cometió la conducta sancionable, porque sin bien la sociedad
presentó la declaración de autorretenciones del CREE por el tercer periodo de 2015,
sin pago, no descontó las retenciones practicadas, no hizo un uso indebido de las
autorretenciones ni causó detrimento al erario, y los valores reclamados se pueden
obtener en el procedimiento de liquidación.

8
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Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

Para decidir, se reiterará, en lo pertinente, la sentencia del 26 de octubre de 202313,
en la cual se precisó, entre otros, la finalidad del impuesto de renta para la equidad
CREE y las consecuencias de la omisión de declarar y pagar las autorretenciones en
el tiempo estipulado para el efecto.

La Sala ha indicado que la responsabilidad en el cumplimiento de deberes sustanciales
y formales recae en forma directa en el sujeto que realiza el hecho generador de la
obligación tributaria -artículo 792 del ET-, pero que también opera respecto de algunas
personas, según las calidades que ostentan. Esta responsabilidad puede ser
subsidiaria o solidaria, según lo señalado por la ley.

Para los sujetos obligados a cumplir deberes formales a cargo de los contribuyentes,
responsables o agentes de retención, el artículo 573 del ET estableció una
responsabilidad subsidiaria en el evento en que omitan hacerlo, como es el caso de
los representantes legales señalados en el artículo 572 ib. Por su parte, los artículos
572-1, 793 y 794 ejusdem, establecen los sujetos responsables solidariamente.

En cuanto al alcance de la responsabilidad subsidiaria de cara a responsabilidad
solidaria, la Corte Constitucional en sentencia C-140 de 2007, indicó que, «es distinta
la exigibilidad del pago a los deudores solidarios y subsidiarios en materia tributaria, pues
respecto de los primeros la exigibilidad de la obligación surge coetáneamente para ellos y para
el deudor principal, mientras que para el deudor subsidiario la obligación sólo se hace exigible
cuando la Administración ha intentado infructuosamente cobrar al deudor principal, y ya no
existe forma procesal de obtener el pago de manera forzada. De cualquier manera, tanto la
solidaridad como la subsidiariedad, al ser dispuestas por la ley, tienen el efecto de hacer radicar
obligaciones en cabeza de terceros diferentes al principalmente obligado». Se resalta.

En la misma línea, respecto de la responsabilidad subsidiaria, la Sección indicó14 que
«aunque esté previamente determinada en la ley, sólo opera de manera residual al cumplimiento
de una condición, que es la que el deudor principal no pague; de forma tal que no puede iniciarse
proceso de cobro coactivo contra el deudor subsidiario, sino cuando esté demostrado en la actuación
que la labor de cobro en contra del deudor principal ha sido fallida». Se resalta.

Así, la responsabilidad subsidiaria procede cuando el obligado principal no responde,
lo que supone que i) ya se encuentre establecida y debidamente configurada la obligación y ii) el
cumplimiento de la misma sea reclamado primigeniamente al responsable principal, y si surtido esto, no
es posible obtener el correspondiente cumplimiento de la obligación, entonces sí procedería exigirla del
responsable subsidiario15. En contraste, en la responsabilidad solidaria no existe un
obligado principal y uno secundario, sino dos obligados en igualdad de condiciones.

En cuanto a la sanción discutida, la Sala ha dicho16 que se impone, entre otros, cuando
el agente retenedor en su condición de obligado a presentar la declaración de
retención no lo hace. Al respecto, el artículo 580-1 del ET, en la versión de la Ley 1430
de 2010, prevé que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago
no surtirían efectos, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare, con lo
cual, el agente retenedor queda inmerso en una omisión de su deber formal de
declarar. Por ello, «para que el agente de retención cumpla con la obligación de declarar las
retenciones, le corresponde presentar la declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del

13
Exp. 26981, CP. Wilson Ramos Girón.
14
Sentencia del 19 de julio de 2017, Exp. 21575, CP. Milton Chaves García, reiterada en sentencia del 30 de septiembre de 2021,
Exp. 25369, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Sentencia del 30 de septiembre de 2021, Exp. 25369, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Cit.
16
Sentencia del 21 de febrero de 2019, Exp. 21604, CP. Milton Chaves García.

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Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

Estado los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en
que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada 17».

Ahora bien, respecto a la exposición de motivos de la Ley 1607 de 201218, en punto a
la finalidad perseguida con la implementación del impuesto de renta CREE19, la
Sección advirtió que la creación de dicho impuesto obedeció a la necesidad de «sustituir
las fuentes de la financiación que representaban para las entidades mencionadas y para el Sistema de
Seguridad Social en Salud, los aportes y cotizaciones que se eliminan en el presente proyecto de ley.
Lo anterior, toda vez que se reconoce el gran impacto social que generan los programas a cargo del
SENA y del ICBF, y la importancia del sostenimiento del sistema de salud en Colombia», con lo cual,
su recaudo tendría «como destinación específica, la atención de los gastos del ICBF SENA,
garantizar los programas a su cargo y financiar parcialmente el Sistema de Seguridad Social en Salud».

Así, el artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, estableció el sistema de retenciones en la
fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE, con
destinación a la financiación de los programas (i) de inversión social orientada prioritariamente
a beneficiar a la población usuaria más necesitada; (ii) del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-; y,
(iii) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-; también a la financiación del Sistema
de Seguridad Social en Salud en inversión social.

Y que el inciso 4 del citado artículo 24 -adicionado por el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014-
dispuso que a partir del año 2016 dicho tributo se destinaría a financiar programas de
atención a la primera infancia y de instituciones de educación superior públicas,
créditos beca a través del ICETEX y al mejoramiento de la calidad de la educación
superior. Puntualmente, refirió al parágrafo 1.° del inciso en mención, que expresaba:
«Tendrán esta misma destinación los recursos recaudados por concepto de intereses por la mora en el
pago del CREE y las sanciones a que haya lugar en los términos previstos en esta ley» .

Por ello, se consideró20 que la omisión de declarar y transferir los recursos de
retenciones en la fuente del CREE conllevaba serias afectaciones a programas de alto
impacto social, dada la destinación específica y anticipada para el cual fue
implementado, cuya asistencia se previó de manera inmediata y progresiva, por lo que
la alteración de la transferencia de recursos aparejaba un menoscabo que no se veía
resarcido con el pago del impuesto de renta CREE principal. Incluso, se precisó que
los intereses de mora y sanciones asociados a este tributo, como ocurre en el presente
caso, tendrían esa misma destinación.

En cuanto a la finalidad de anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta para la
equidad, la Sección21 señaló que «Con miras a acelerar, facilitar y asegurar el recaudo del tributo
estudiado durante el período de su causación y antes de la finalización de este, el legislador le otorgó
la facultad al Gobierno nacional de establecer el sistema de ingresos anticipados de retención en la
fuente (art. 37 ibidem), la cual ejerció con la expedición del Decreto 1828 de 2013, (…), lo que sugiere
la necesidad de disponer de los recursos de manera ágil para que el SGSS cumpliera sus
objetivos», Se resalta.

Entonces, la omisión de declarar y pagar las autorretenciones oportunamente, por
tratarse de recursos con destinación específica y de propósito netamente financiero
para programas de alto impacto social, sí ocasiona afectación al Estado, hecho que

17
Exp. 21604, cit.
18
Senado de la República Gaceta 666 de 2012. Proyecto de Ley 134 de 2012.
19
Tributo que fue derogado a partir del año 2017 por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.
20
Exp. 26981, Cit.
21
Sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 24182, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez. Cit. Exp. 26981.

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no sanea la transferencia a destiempo de los dineros recaudados, ni puede
obviarse, siendo que ese anticipo procuraba el cumplimento de la finalidad misma para
la que se concibió este tributo.

En torno a la autorretención del CREE y al deber del obligado de presentar y pagar,
en la misma providencia22, la Sala precisó que «la autorretención del CREE es un mecanismo
que procura el ingreso anticipado del impuesto a favor de la Administración tributaria, esto es, antes de
la causación de este tributo al finalizar el período gravable, en desarrollo de lo cual el obligado a retener
tiene el deber de presentar una declaración privada mensual, autoliquidar en ella la deuda tributaria
por concepto de autorretenciones y cumplir con el pago de esa obligación dineraria que tiene como
acreedor al sujeto activo del tributo». Se resalta.

En ese orden, la obligación de declarar y pagar las autorretenciones en CREE, aunque
se encuentre correlacionada con la obligación principal, es autónoma23 y no la
sustituye la declaración que de ese impuesto se presente.

En el caso concreto es un hecho no discutido por las partes que Andean Iron Corp
Sucursal Colombia presentó el formulario 3602609127430 de declaración de
autorretenciones del CREE por el tercer periodo del año gravable 2015, el 21 de abril
de esa anualidad, con un valor de retenciones a la tarifa del 1.60 % de $12.751.000
(casilla 34), sin pago, lo cual derivó en que, en aplicación del artículo 580-1 del ET, la
declaración fuera ineficaz, y en el incumplimiento del deber de declarar la
autorretención, con lo cual procede la sanción por no declarar impuesta en los actos
acusados, de manera principal al obligado y subsidiariamente a su representante legal.

No se configuró entonces, la violación a las normas superiores ni la falsa motivación
alegadas por el apelante.

Doble imposición de sanciones

Alega el apelante que la DIAN impuso la sanción por no declarar, pese a que ante el
liquidador reclamó una sanción por extemporaneidad derivada del incumplimiento del
deber de declarar las autorretenciones del CREE por el tercer periodo de 2015.

En el proceso está acreditado que Andean Iron Corp Sucursal Colombia entró en proceso
de liquidación el 23 de diciembre de 2015, y que por Auto 400-017414 la
Superintendencia de Sociedades decretó la terminación del proceso de reorganización
empresarial que había solicitado la empresa y ordenó proceder con la liquidación
judicial; para el efecto, designó liquidador y se registró lo pertinente ante la Cámara
de Comercio el 3 de mayo de 2016.

En el proceso, el liquidador corrió traslado de la calificación y graduación de los
créditos presentados, en el que la DIAN solicitó que se calificara y graduara el crédito
derivado del no pago de las autorretenciones del CREE por el tercer periodo de 2015
(el 1 de julio de 2017). Para ese momento, aún no se había iniciado el procedimiento
sancionatorio que culminó con los actos ahora demandados; no obstante, la DIAN
conservaba competencia temporal para ejercer la acción sancionatoria por no
declarar, pues desde el incumplimiento del deber -21 de abril de 2015- al 1.° de julio de
2017, no se había consolidado el término de 5 años previsto en el artículo 717 del ET

22
Exp. 24182, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
23 Sentencia del 19 de julio de 2023, Exp. 26209, CP. Wilson Ramos Girón.

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para adelantar el trámite de aforo, que la obligaba a expedir el emplazamiento para
declarar, imponer la sanción por no declarar y emitir la liquidación de aforo.

Una vez graduados y calificados los créditos como de primera clase fiscal causados
con anterioridad a la reorganización, se suscribió acta de conciliación el 27 de junio de
2017 entre el liquidador de la sociedad y la Administración, en la cual se indicó que «En
relación con los valores correspondientes a la retención en la fuente, se confrontaron los valores
señalados en la certificación emitida por la DIAN y se retiraron los valores correspondientes a las
declaraciones presentadas y pagadas. Los intereses se consideran como créditos legalmente
postergados de conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1116 de 2009» . A
continuación, acordaron como valor del crédito en favor de la DIAN la suma de
$25.502.000 y como crédito postergado, por concepto de intereses, $2.484.000, en lo
concerniente al tercer periodo autorretenciones en la fuente CREE 201524.

El valor sujeto a conciliación en el marco del proceso liquidatorio de la sociedad
correspondió a lo que, en su momento, se adeudaba por concepto de autorretenciones
más los correspondientes intereses, que no al valor de la sanción por no declarar,
pues, como se indicó, para la fecha en la que la DIAN concurrió al proceso liquidatorio
no se había emitido el emplazamiento para declarar, pero la entidad conservaba
competencia para iniciar y culminar el trámite sancionatorio y, posteriormente, solicitar
la provisión de sumas para cubrir el monto de la sanción por no declarar antes de la
liquidación definitiva de la sociedad.

En consecuencia, no existen supuestos de hecho que permitan determinar que la DIAN
impuso sanción por extemporaneidad al tiempo que sanción por no declarar, porque
para que proceda la imposición de sanción por extemporaneidad debe partirse de la
presentación válida de la declaración de retención en la fuente, lo que no ocurrió, pues
la declaración presentada sin pago no produjo efectos.

En todo caso, la DIAN bien podía solicitar el pago de las retenciones adeudadas con
sus correspondientes intereses ante el liquidador, sin que ello le impidiese adelantar
el trámite sancionatorio, en tanto persiguen dos obligaciones distintas, derivadas de la
omisión en la declaración de las retenciones en la fuente. No prospera el cargo.

Confiscatoriedad de la sanción

En lo concerniente al principio de no confiscación, la Corte Constitucional ha
expresado que «si el Estado reconoce la propiedad privada y la legitimidad de la actividad de los
particulares encaminada a obtener ganancias económicas, mal podría admitirse la existencia de tributos
que impliquen una verdadera expropiación de facto de la propiedad o de los beneficios de la iniciativa
económica de los particulares25» y que «un impuesto es confiscatorio cuando la actividad económica
del particular se destina exclusivamente al pago del mismo, de forma que no existe ganancia»26.

Asimismo, la Sala ha precisado que el sistema tributario colombiano se funda en los
principios de equidad y progresividad, en atención la capacidad contributiva de los
contribuyentes, «que establece una correlación entre la obligación tributaria y la capacidad
económica de estos, que sirve de parámetro para cumplir el deber de contribuir con el financiamiento
de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política»27.

24
Fls. 123-126 c.a.
25
Sentencia C-409 de 1996.
26
Sentencias C-1003 de 2004 y C-528 de 2013.
27
Sentencia del 8 de noviembre de 2017, expediente 20831, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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En el presente asunto, se observa que la sanción por no declarar autorretenciones del
CREE por el tercer periodo de 2015, se determinó en virtud del procedimiento
sancionatorio adelantado por la Administración, luego de cruces de información con
entidades financieras y revisión del balance de prueba de la contribuyente por el
periodo discutido, de los cuales se estableció que los costos y gastos de la sociedad
correspondieron a $2.833.933.883,63, valor al que se le aplicó el 10 % de que trata el
numeral 3 del artículo 643 del ET, que dio lugar a la sanción por no declarar en la
suma de $283.393.388.

Por lo tanto, no le asiste razón al demandante al expresar que se vulneró el principio
de no confiscación, pues, para la determinación de la sanción la Administración tuvo
en cuenta las operaciones económicas informadas por la sociedad y por los terceros,
las cuales fueron sometidas a comprobación y obedecen a los criterios de
proporcionalidad y razonabilidad de las normas aplicables al caso.

Favorabilidad

El apelante alega que la DIAN no atendió las modificaciones introducidas al artículo
580-1 del ET por los artículos 89 de la Ley 1943 de 2018 y 101 de la Ley 2010 de 2019,
que permiten considerar como ineficaces las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin pago, y darles tratamiento de título ejecutivo suficiente para el cobro,
sin necesidad de la expedición de los actos sancionatorios. En consecuencia, solicitó
aplicar en lo favorable dichas disposiciones, las cuales indican:

Artículo 89 de la Ley 1943 de 2018:

«ARTÍCULO 89. Modifíquese el inciso 5 del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago
total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2)
meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo
anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo
caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la
fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se entiende como
documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado
por la Administración Tributaria en los procesos de cobro coactivo, aun cuando en el
sistema la declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los
presupuestos establecidos en este artículo».

Artículo 101 de la Ley 2010 de 2019:

«ARTÍCULO 101. Modifíquese el inciso 5 del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar producirá efectos legales, siempre y cuando el pago
total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2)
meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo
anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo
caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención
en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se
entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que

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podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de cobro
coactivo, aun cuando en el sistema la declaración tenga una marca de ineficaz para el
agente retenedor bajo los presupuestos establecidos en este artículo». Se resalta.

Se considera que el artículo 89 de la Ley 1943 de 2018, no opera en este caso, en
tanto fue expulsada del ordenamiento jurídico al ser declarada inexequible a partir del
1.° de enero de 2020, por la Corte Constitucional en la Sentencia C-481 de 201928.

Por su parte, el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019, aún vigente, prevé la posibilidad
de que la DIAN reclame las sumas liquidadas en las declaraciones ineficaces de
retención en la fuente en procesos de cobro coactivo, sin necesidad de adelantar el
procedimiento sancionatorio, por cuanto se atribuyó calidad de título ejecutivo a los
documentos contentivos de tales declaraciones. No obstante, la norma no limitó a la
DIAN para adelantar el proceso sancionatorio por no declarar, ni en el expediente obra
la presentación de una declaración con pago respecto del periodo en discusión.

En todo caso, no puede perderse de vista que a la fecha de expedición de la Ley 2010
de 2019 (27 de diciembre de 2019), ya se había adelantado el proceso sancionatorio que
derivó en los actos ahora demandados, con lo cual la Administración mal podría usar
la declaración ineficaz como título ejecutivo, como pretende el demandante, si ya fue
expedida la resolución sanción. No prospera el cargo de apelación.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada, que negó
las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso29, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton
Chaves García. En consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

TERCERO: Sin condena en costas.

28
MP. Alejandro Linares Cantillo. La inconstitucionalidad de la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento obedeció a que
«adolece de un vicio de procedimiento en su formación, que no fue convalidado en el trámite legislativo y que no puede ser
saneado».
29
CGP. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación».

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Demandante: GUILLERMO RAMÍREZ LONDOÑO

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

15
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