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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00295-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00295-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar: Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial SSPD 20195340022646, del 25 de julio de 2019, por medio de la cual se determinó la tasa de vigilancia del año 2019; así como de las resoluciones SSPD 20195300037815, del 23 de septiembre de 2019, y SSPD 20195000047005, del 30 de octubre de 2019, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, contra la anterior liquidación. A título de restablecimiento del derecho, declarar que la tasa de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 25000-23-37-000-2020-00295-01 (28719) Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP vigilancia por el año 2019 a cargo de la actora asciende a $895.040.394. Consecuentemente, la demandada deberá reintegrar a la demandante lo pagado en exceso que correspondió al monto de $411.074.606, debidamente indexada en los términos del artículo 187 del CPACA. Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda. Tercero. No se condena en costas en esta instancia. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00295-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00295-01 (28719)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00295-01 (28719)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP
Demandada: Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Temas: Contribución especial. 2019. Base imponible. Gastos de
funcionamiento. Faltante presupuestario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 26):

Primero. Negar las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. No se condena en costas a la parte vencida, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial SSPD 20195340022646, del 25 de julio de 2019, la
demandada determinó a cargo de la actora la contribución especial por el año 2019, en
la cual se incluyeron rubros del grupo 75 y algunos del grupo 58. Contra todos los
anteriores actos administrativos se interpuso recurso de reposición y apelación que
fueron definidos desfavorablemente, a través de las resoluciones SSPD
20195300037815, del 23 de septiembre de 2019, y SSPD 20195000047005, del 30 de
octubre de 2019 (índice 2).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):

Primera. Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la [demandada] que a

1
El expediente ingresó al despacho sustanciador el 30 de julio de 2024 (índice 13. Esta y las demás menciones de «índices» aluden
al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00295-01 (28719)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP

continuación se relacionan:

1.1.1. Liquidación Oficial 20195340022646 expediente 2019534260101563E del 25 de julio de 2019
contribución especial del año 2019, por el servicio de energía eléctrica.

1.1.2. Resolución SSPD -20195300037815 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición presentado por la [demandante], contra la Liquidación Oficial SSPD
20195340022646 del 25 de julio de 2019, por el servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

1.1.3. Resolución SSPD- 20195000047005 del 30 de octubre de 2019, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”.

Segunda. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes enunciados, se
restablezca el derecho de mi representada, ordenando a la [demandada] el reintegro de la suma de
dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de contribución especial año 2019 del
servicio de energía eléctrica equivalente a … $819.966.000, suma que deberá ser indexada al
momento de proferirse la sentencia.

Tercera. Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi representada
los intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento del pago de la contribución,
-teniendo en cuenta el anticipo cancelado frente a cada una de ellas- y hasta la fecha en la cual se
verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin a la controversia.

Cuarta. Que se ordene a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y siguientes del [CPACA].

Quinta. Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho.

A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29, 95.9, 338 y 363
constitucionales; 85 de la Ley 142 de 1994; 44 y 237 del CPACA; y 712 del ET (Estatuto
Tributario), bajo el siguiente concepto de violación (índice 9):

En criterio de la actora, la demandada no podía ampliar la base imponible del tributo
discutido con erogaciones distintas a las que excepcionalmente autoriza el parágrafo 2
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, de tal forma que los actos demandados
transgredieron ese dispositivo al gravar rubros del grupo 75 correspondientes a: gastos
generales, órdenes de contratos de mantenimiento y reparaciones, honorarios, servicios
públicos, materiales y otros costos, órdenes y contratos por otros servicios; igualmente,
se violó dicha norma al incluirse las cuentas: 5801 (laudos arbitrales y conciliaciones),
5802 (pérdida en retiro de activos), 5805 (aportes en entidades no societarias) y 5808
(gastos diversos); ninguno de los anteriores conceptos obedecerían a los tipos de
expensas que extraordinariamente pueden someterse a imposición y tampoco
corresponderían a gastos de funcionamiento, dado que no se relacionan necesaria e
inescindiblemente con el servicio público de energía eléctrica sometido a vigilancia. Los
anteriores conceptos, que a su entender no podrían estar gravados, ascendían a
$81.996.595.391 (por el grupo 58 $41.107.440.000 y por el grupo 75 $40.889.155.391).
Consideró que lo anterior significó una transgresión del principio de legalidad, reserva de
ley, de los artículos 95.9 y 338 de la Carta y de la jurisprudencia reiterada sobre la materia
debatida -improcedencia de la inclusión de las cuentas de los grupos 75 y 58-, dado que
la base gravable debía estar definida en la ley y no era un elemento que
discrecionalmente pudiera determinar la demandada; esto último, porque sus potestades
para regular la materia contable de las entidades sometidas a vigilancia no era ilimitada
(sentencia C-452 de 2003).

Agregó que debía inaplicarse por inconstitucional la expresión «similares» del parágrafo
2 del artículo 85 ídem, empleada por la autoridad en los actos acusados como pretexto

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para ampliar la base imponible, dado que la escogencia de los rubros que
excepcionalmente integrarían la base gravable no podía ser a discreción de la
demandada. Igualmente, solicitó la inaplicación del acto general que sustentó los actos
particulares censurados, con base en las atribuciones del artículo 4 constitucional y 148
del CPACA conferidas a los jueces. Clarificó que el catálogo de cuentas antes y después
de las NIIF adoptado por la Contaduría General de la Nación distingue los costos de
producción y estos actualmente siguen sin estar gravados con el tributo controvertido.

Por otra parte, adujo que hubo expedición irregular y falsa motivación, en cuanto el acto
general no sustentó el faltante presupuestario a partir de un documento técnico que
justificara la inclusión en la base imponible de otras cuentas distintas a los gastos de
funcionamiento. En su criterio, si la demandada racionalizara su gasto y no presupuestara
gastos de inversión, ni transferencias al fondo empresarial de la Ley 812 de 2003 -al cual
solo debe girar excedentes- y se ajustara a lo realmente ejecutado que suele ser del
promedio anual del 80% no tendría el alegado déficit para el año 2019. Por ello, consideró
que si la entidad necesitaba un mayor presupuesto se debía acudir al artículo 54 del
Decreto 111 de 1996. Asimismo, también estimó que hubo falsa motivación, por cuanto
la demandada, con base en una interpretación sobre un concepto del Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, consideró que no había distinción entre los costos y gastos,
cuando lo cierto era que desde el estado de resultados y documentos de trabajo eran
identificables y separados de los gastos de funcionamiento asociados al servicio vigilado.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones (índice 11). Explicó que, dado que no había
catálogo de cuentas desde el vigor de la normativa NIIF no podía extrapolarse la
definición de gastos de funcionamiento a los efectos de la base imponible de la
contribución especial para la vigencia 2019, pues bajo la nueva información financiera
todos los gastos se relacionarían directamente con la prestación del respectivo servicio
público domiciliario sometido a inspección, vigilancia y control. Sobre la procedencia de
la ampliación de la base imponible por faltantes presupuestarios, adujo que el Consejo
de Estado juzgó la legalidad de los actos emitidos para fijar la tarifa y base gravable de
la tasa de vigilancia de los años 2016 y 2017 y concluyó que hubo debida motivación
respecto del déficit para suplir los gastos de funcionamiento de la entidad, por lo que tales
consideraciones eran aplicables en el sub lite, en virtud de los principios de igualdad,
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe depositada en la administración de
justicia, dado que los actos acusados estarían fundamentos en una resolución general
que estableció y motivó con similitud a los casos anteriores la insuficiencia presupuestal
para cubrir el costo de la prestación del servicio de vigilancia; además que tal resolución
estaría igualmente fundamentada en las presunciones de constitucionalidad y legalidad
de las leyes que aprobaron el presupuesto nacional y en el principio de legalidad del
gasto, sin transgredirse el artículo 338 constitucional.

Por otra parte, se opuso a la vulneración del debido proceso o la incursión de la presunta
falsa motivación en los actos demandados, pues la inclusión de las cuentas del grupo 75
estuvo propiciada por el faltante presupuestal anotado y porque así lo permite el
parágrafo 2 del artículo 85 ibidem. Adicionalmente, puntualizó que el artículo 370 de la
Carta previó que se creara la SuperServicios, pero su financiamiento no sería con el
erario, sino que en el proyecto normativo se dispuso que fueran las mismas entidades
prestadoras de servicios públicos quienes atendieran el gasto que implicaría la función
de vigilancia y control.

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Sentencia apelada

El tribunal desestimó las pretensiones de nulidad (índice 26). Describió las cuentas que
la liquidación oficial demandada incluía como base imponible para determinar el tributo a
cargo de la actora y precisó que allí se identifican las del grupo 75 adicionadas para
atender el faltante presupuestal (compras en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa
y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos, gas combustible, carbón mineral, Acpm
fuel y oil), pero no se relacionaron las del grupo 58 a que alude la demandante, como lo
eran los servicios generales, órdenes de contratos de mantenimiento y reparaciones,
honorarios, servicios públicos, materiales y otros costos, órdenes y contratos por otros
servicios, gastos diversos (otros gastos), de tal forma que no se acreditó que los actos
censurados hubieren gravado esos rubros ni obraba prueba alguna en el expediente que
así lo permitiera inferir.

En lo que respecta a la adición de erogaciones de costos de producción, expuso que la
liquidación oficial se fundamentó en la Resolución SSPD 2019000022815, del 16 de julio
de 2019, que al fijar la tarifa y los conceptos que integrarían la base imponible para la
vigencia del 2019 adujo un déficit presupuestal del orden de $21.323.975.030, de acuerdo
con el presupuesto que le había sido aprobado a la entidad demandada para su
funcionamiento, razón que produjo la inclusión de las cuentas del grupo 75, a partir de la
autorización prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para cubrir
dicho faltante. A su juicio, hubo debida motivación de la insuficiencia presupuestaria y,
por otra parte, tampoco halló la prosperidad de la falsa motivación de los actos, puesto
que el sustento de ellos no fue el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
sino el acto general indicado. Finalmente, consideró que la autoridad no debía acudir al
artículo 54 del Decreto 111 de 1996, que indicó la actora, sino a la Ley 142 de 1994, la
cual era jerárquicamente superior y era la normativa aplicable, conforme a los artículos
150.12 y 338 constitucionales.

Recurso de apelación

La demandante recurrió la decisión (índice 29). Insistió en que la liquidación oficial
demandada incluyó en la base imponible rubros de la cuenta 75 como lo fueron:
impuestos, contribuciones, tasas, servicios personales, generales, contribuciones y
regalías, orden contrato mantenimiento reparación, honorarios, servicios públicos,
materiales y otros costos operacionales, seguros, impuestos, órdenes y contratos por
otros servicios. Tal ampliación de la base gravable desconocería los límites del artículo
85 de la Ley 142 de 1994, porque, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, no se ajustan a la definición de gastos de funcionamiento asociados al servicio.

Expuso que, con la normativa contable anteriormente a las NIIF, eran activos sociales
(cuenta 511167) aquellos que se ponían a disposición de los usuarios y de la ciudadanía
en general y se incluían dentro de las inversiones, pero bajo las reglas de las normas
internacionales financieras hacen parte de la cuenta del gasto, porque se utilizan para la
actividad productora de renta. A su juicio, esto no podía significar que el nuevo marco
contable acentuara las cargas fiscales a tal punto de gravar los activos, pues los
propósitos eran distintos y su finalidad era que se informara separadamente los estados
financieros, que no incrementar la tasa de vigilancia como lo ha entendido la demandada.
En línea con ello, expuso que su contraparte no tenía potestades ilimitadas para regular
los aspectos en materia contable de las entidades sometidas a su vigilancia, de acuerdo
con lo dictaminado en la sentencia C-452 de 2003, sino que debía observarse la

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Constitución (artículo 95.9 ídem) y la ley y, en específico, la definición que sobre gastos
de funcionamiento ha dictado la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.

Con base en lo anotado, reprodujo la vulneración al principio de legalidad y
desconocimiento del precedente judicial sobre la materia de gastos de funcionamiento y
ratificó que en la liquidación oficial demandada adicionó a la base gravable conceptos
que no hacen parte de la definición de gastos de funcionamiento, porque no estarían
relacionados con los asumidos para la prestación del respectivo servicio público vigilado,
por lo que no podían hacer parte de la base gravable las cuentas del grupo 58, como lo
eran: comisiones, financieros y los gastos diversos (pérdida de retiro de activos, laudos
arbitrales y conciliaciones extrajudiciales e intereses), que ascendieron a
$41.107.440.000. Estas erogaciones, aseguró que fueron informadas en el Sui a la
demandada en el formato FC 001, pero que tras la depuración y con base en los
precedentes judiciales no estarían gravados.

Pronunciamientos finales

La contraparte de la apelante y el ministerio público guardaron silencio (índice 13).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de
impugnación formulados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la
sentencia del a quo que negó las pretensiones de nulidad. Concretamente, se analizará
si, como lo aduce la apelante, la autoridad demandada no podía incluir en la base
imponible los conceptos del grupo 75 como lo serían los siguientes costos de producción:
generales, órdenes de contrato mantenimiento reparación, honorarios, servicios públicos,
materiales y otros costos operacionales y órdenes y contratos por otros servicios. Del
mismo modo, si la demandada no podía incrementar la base gravable con las cuentas
del grupo 58, en tanto que estos gastos de funcionamiento no estarían relacionados con
el servicio público sometido a vigilancia.

La Sala no abordará los reparos de la apelante relacionados con que la autoridad no
podía adicionar la base imponible con rubros concernientes a: impuestos, contribuciones,
tasas, servicios personales, contribuciones y regalías y seguros, pues ello no fue aducido
en el escrito de demanda y resultaría novedoso en la presente etapa procesal en la que
estaría precluida la oportunidad para adicionar los cargos de nulidad (artículo 328 CGP).
Sin perjuicio de lo anotado, de todas formas, no se verifica que estos hagan parte de los
conceptos gravados en los actos acusados.

Análisis del caso concreto

2- Plantea la demandante que las resoluciones demandadas incluyeron en la base
imponible los conceptos de costos de producción del grupo 75 concernientes a:
generales, órdenes de contrato, mantenimiento, reparación, honorarios, servicios
públicos, materiales y otros costos operacionales y órdenes y contratos por otros
servicios. A su turno, expuso que los actos adicionaron gastos de funcionamiento del
grupo 58 por valor de $41.107.440.000 que obedecerían a cuentas de gastos que no

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están relacionados con el servicio público sometido a vigilancia como lo son erogaciones
por: comisiones, financieros y los gastos diversos (pérdida de retiro de activos, laudos
arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, e intereses). En su criterio, los nuevos marcos
contables NIIF no inciden como cambio en la denominación de gastos de funcionamiento
efectuado jurisprudencialmente al interpretarse el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues
este concepto debe estar asociado a los asumidos para la prestación del servicio público
sometido a vigilancia y, además, la demandada no tiene potestades ilimitadas en la
regulación contable aplicable a las empresas prestadoras de servicios públicos al punto
de relativizar el concepto de gastos, costos e incluso de los activos sociales que
actualmente se informan como gastos, pero que en su naturaleza siguen siendo activos
por corresponder a inversiones.

Su contraparte en la contestación de la demanda adujo que no podía extrapolarse la
definición de gastos de funcionamiento jurisprudencialmente interpretada, pues bajo la
nueva normativa de información financiera -NIIF- todos los gastos se relacionarían
directamente con la prestación del respectivo servicio público domiciliario sometido a
inspección, vigilancia y control. Por otra parte, no hizo mención sobre los reparos de
nulidad por adicionarse rubros del grupo 58, en cambio, sí se refirió expresamente a la
posibilidad de adicionar a la base gravable conceptos del grupo 75, en virtud del parágrafo
2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ante el faltante presupuestario el cual fue aducido
en la motivación del acto general que fundamentó los actos acusados y que sería el que
fijó la tarifa y los rubros que integrarían la base imponible de la tasa de vigilancia del año
2019 -Resolución SSPD 2019000022815, del 16 de julio de 2019-; acto administrativo
que adicionalmente estaría igualmente fundamentado en las presunciones de
constitucionalidad y legalidad de las leyes que aprobaron el presupuesto nacional y en el
principio de legalidad del gasto, pues es a partir de este que a la entidad se le consolidó
un déficit en su presupuesto. El tribunal, coincidió con la demandada en cuanto a que el
acto general motivó debidamente la insuficiencia del presupuesto que ameritó cubrir el
faltante con cuentas pertenecientes al grupo 75, específicamente las relativas a: compras
en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y
ductos, gas combustible, carbón mineral, Acpm fuel y oil, pero advirtió que en los
conceptos descritos que integrarían la base imponible para la tasa del 2019 no se hizo
alusión a las cuentas del grupo 58 a que hizo referencia la demandante, por lo cual,
estaba jusitificada la inclusión de las erogaciones de costos a la producción y no se
demostró que se hubieren gravado conceptos del grupo 58.

3- Con miras a resolver el problema jurídico, vale indicarse que, de conformidad con los
extremos de la contienda, la apelante no estaría cuestionando la razón jurídica que adujo
la demandada y el tribunal de primer grado para sostener la legalidad de los actos
acusados, en lo que respecta a la adición de rubros del grupo 75. Al efecto, el
razonamiento estuvo sustentado en que la Resolución SSPD 2019000022815, del 16 de
julio de 2019, por medio de la cual se fijó la tarifa y conceptos que integrarían la base
imponible de la tasa de vigilancia del año 2019, motivó debidamente las razones de déficit
presupuestario que llevaría a aplicar la excepción del parágrafo 2 del artículo 85 para
incluir cuentas del grupo 75 como lo eran compras en bloque y/o a largo plazo, compras
en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos, gas combustible, carbón mineral,
Acpm fuel y oil.

Por otra parte, la demandante en su apelación hizo referencia a otro tipo de cuentas del
grupo 75 como lo son: generales, órdenes de contrato mantenimiento reparación,
honorarios, servicios públicos, materiales y otros costos operacionales y órdenes y

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contratos por otros servicios; sin embargo, estas no se identifican en los actos
demandados, sino aquellas descritas por el tribunal de primera instancia que consideró
podían adicionarse a la base gravable, en virtud del anotado parágrafo 2 ídem.

En tales condiciones, la apelante no desvirtúa lo concluido por el tribunal y adicionalmente
amplió los reparos de nulidad en una etapa procesal tardía, por lo que resulta
improcedente mencionar otras cuentas del grupo 75 que además no se describen como
gravadas en los actos acusados.

Cabe registrarse a lo ya indicado, que obra en el expediente certificación del profesional
4 área de finanzas de la demandante, en la cual se especificó que en la cuantificación de
la tasa de vigilancia del año 2019 se incorporaron las cuentas del grupo 75 relativas a
compras en bloque y/o a largo plazo por $25.530.094.685, compras en bolsa y/o a corto
plazo en el monto de $7.204.600.449 y uso de líneas, redes y ductos en cuantía de
$8.154.460.257, de tal forma que la propia prueba allegada por la actora no relaciona
aquellas descritas en el escrito de impugnación.

Súmese a lo anterior, que la Sala, mediante sentencia del 16 de marzo de 2023 (exp.
25615, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) al controlar la legalidad de la Resolución
SSPD 20191000022815, del 16 de julio de 2019, -que fijó la tarifa y conceptos de la base
imponible de la tasa del año 2019- consideró que este acto motivó adecuadamente el
déficit presupuestario de la SuperServicios para los gastos de funcionamiento aprobados
para la vigencia del 2019 lo que habilitaba a la autoridad a acudir a cuentas del grupo 75
en la forma prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. A su turno,
de acuerdo con lo previamente decido en dicha providencia, la Sala en el estudio de
legalidad de actos de contenido particular emitidos por la misma demandada sobre la
tasa del año 2019 precisó que la excepción indicada en el anotado parágrafo 2 ídem
«solo está prevista para los gastos operativos como son las compras en bloque y/o a
largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas, redes y ductos, entre otros,
cuando hubiere lugar a ello» (sentencia del 09 de mayo de 2024, exp. 28303, CP: Milton
Chaves García); por consiguiente, se desestima el reparo de la apelación consistente en
que la autoridad incluyó rubros del grupo 75 que no estarían justificados por la
insuficiencia presupuestal de la entidad demandada para su funcionamiento durante el
año 2019.

4- Ahora bien, con base en los mismos precedentes antes enunciados, la Sección
puntualizó que en lo que respecta a las cuentas de la clase 5, específicamente las del
grupo 58, aunque corresponderían a los denominados gastos, solo podrían hacer parte
de la base gravable «aquellos que tengan una relación necesaria e inescindible con los
servicios que prestan las entidades de servicios públicos» (exp. 28303 ídem), de tal forma
que hubo lugar a reiterar precedentes anteriores, según los cuales «sobre la inclusión del
grupo 58 -otros gastos-, y en específico sobre las cuentas 5805 -financieros- … se precisó
que no podían integrar la base gravable de la contribución por no estar asociados a la
prestación del servicio regulado»2. A raiz de ello, según los asuntos decididos, la Sala ha
tenido la oportunidad de referirse concretamente sobre algunas de las cuentas del grupo
58 que no estarían relacionados con el servicio público sometido a vigilancia, como ha
sido el caso de la inclusión de las «pérdidas reportadas en aplicación del método de
participación patrimonial», igualmente, las «comisiones»3. Sin perjuicio de ello, la Sala ha

2
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 19853, CP
Jorge Octavio Ramírez; y sentencia del 16 de marzo del 2023, exp. 25615, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
Tal como se indicó en la sentencia del 24 de septiembre de 2015, exp. 19146, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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estimado que aquellas cuentas que integran el grupo 58 no tienen relación con el servicio
sometido a vigilancia, sin importar que no haya tenido la oportunidad de revisar una a una
las cuentas que integran ese grupo.

Asimismo, se ha puntualizado que, aun cuando entró en vigencia la normativa de
información financiera, no por ello el cambio o ampliación del concepto de gasto significó
un «desuso del concepto de gasto de funcionamiento» aplicable a la tasa de vigilancia
objeto de estudio (sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP: Milton Chaves
García), de ahí que la inclusión de las cuentas del grupo 58 no estaría justificado por el
cambio normativo a las NIIF, como equivocadamente lo plantea la demandada.

4.1- En el caso analizado, la demandada en su contestación no hizo pronunciamiento
expreso sobre la inclusión de las cuentas del grupo 58, más allá de indicar que bajo las
NIIF no resulta actual la diferenciación entre costos y gastos, dado que todos los gastos
se entenderían relacionados con la prestación del servicio público vigilado, lo cual ha sido
enervado por la postura de la Sala en los precedentes anteriormente indicados. El tribunal
por su parte, indicó que los actos acusados no hacían referencia expresa a la adición en
la base imponible de las señaladas cuentas del grupo 58, concernientes a: pérdida de
retiro de activos, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, e intereses; además,
en el expediente no estaba probado que estas hayan sido adicionadas a la base gravable.

4.2- Respecto de lo anteriormente anotado, se observa que la demandada en los actos
acusados al resolver el cuestionamiento de la actora sobre la inclusión de las anteriores
cuentas en la base imponible adujo que estas estaban justificadas por la dilución del
concepto de gastos de funcionamiento en la normativa internacional financiera que
empezó a regir. Asimismo, precisó que fue la propia actora quien reportó como gastos
esas cuentas en el Formato FC-01, sin discriminar aquellos de connotación administrativa
u operativa, estos últimos que eventualmente no estarían gravados, por lo que la
autoridad al desatar el recurso de alzada interpuesto por la actora, concluyó que: «una
vez reportada la información que se tiene por oficial [se refiere al Formato FC-01], no
pueden alegar los prestadores su propio dolo o culpa a favor, para obtener una reducción
de lo que en derecho les corresponde pagar» (índice 2).

Al respecto, la certificación del profesional 4 del área de finanzas de la demandante,
aportado con el escrito de demanda, relaciona que en el señalado Formato FC-01 se
reportaron gastos del grupo 58 y, a continuación, discrimina de forma detallada por
cuentas a nivel de seis dígitos estos conceptos, cuya sumatoria obedece a
$41.107.440.000, cifra que coincide con la anunciada desde el escrito de demanda.

4.3- Conforme a lo anteriormente indicado, la Sala considera que la demandada no
desmintió que dentro de la base imponible de la liquidación oficial censurada no hubiere
incluido rubros del grupo 58, en tanto que asumió que estos fueron los gastos de
administración reportados en el Formato FC-01 por parte de la actora. Adicionalmente,
contrario a lo planteado por el tribunal, la actora aportó como medio de prueba una
certificación en la que se discriminaron las cuentas adicionadas del grupo 58 que
sumadas corresponden a la cifra anotada de $41.107.440.000 que replica en el recurso
apelación como conceptos que no obedecerían a gastos de funcionamiento, en la medida
en que no estarían asociados a la prestación del servicio público sometido a vigilancia.

4.4- Con base en el fundamento jurídico 4 procedería reconocerse en esta instancia que
la demandada no podría incluir en la base gravable la suma de $41.107.440.000,

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correspondientes a las cuentas 580238-580290 (comisiones), 580575-580590
(financieros), 580802 (pérdida en retiro de activos), 580813 (laudos arbitrales y
conciliaciones extrajudiciales), 580890 (otros gastos ordinarios) y 580135-580139-
580190 (intereses), en la medida en que estos no se relacionan con la prestación del
servicio público vigilado por la SuperServicios. Agréguese que aunque la base imponible
fue estimada a partir de la información reportada por la contribuyente en el Fomrato FC-
01, ello no impide demostrar los conceptos que podrían integrar la base gravable, de
acuerdo con la postura de la Sala sobre los gastos de funcionamiento gravados con la
tasa de vigilancia estudiada. Prospera parcialmente el cargo de apelación.

Por consiguiente, la Sala reconocerá que el tributo a cargo por la vigencia 2019
correspondía a la suma de $895.040.394, pese a lo cual, estaría demostrado en el
expediente que la contribuyente pagó la suma inicialmente liquidada en los actos
acusados que obedeció a $1.306.115.000, satisfechos mediante el pago del anticipo por
valor de $937.643.000 y cheque de gerencia por el excedente, correspondiente a
$368.472.000. En consecuencia, la demandada deberá reintegrar lo pagado en exceso
que ascendió a $411.074.606, suma que deberá indexar la demandada, acorde con el
artículo 187 del CPACA. No se accede a la petición de los intereses reclamados por la
actora, en la medida en que estos legalmente se causan en las condiciones indicadas en
el inciso 3 del artículo 192 ibidem.

Conclusión

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala declarará la nulidad parcial de la liquidación
oficial demandada y de los actos que desataron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente, en la medida en que la autoridad incluyó rubros del grupo 58 que no
corresponden a gastos de funcionamiento relacionados con la prestación del servicio
público vigilado, inspeccionado y controlado por la SuperServicios.

Consecuentemente, se revocará la sentencia apelada para declarar la señalada nulidad
parcial y reconocer como restablecimiento del derecho que el tributo a cargo obedece a
la cifra de $895.040.394, de tal forma que la autoridad demandada reintegrará lo pagado
en exceso por valor de $411.074.606, debidamente indexado.

Costas

6- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial SSPD 20195340022646, del 25 de julio
de 2019, por medio de la cual se determinó la tasa de vigilancia del año 2019; así como de las
resoluciones SSPD 20195300037815, del 23 de septiembre de 2019, y SSPD 20195000047005, del
30 de octubre de 2019, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente,
contra la anterior liquidación. A título de restablecimiento del derecho, declarar que la tasa de

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vigilancia por el año 2019 a cargo de la actora asciende a $895.040.394. Consecuentemente, la
demandada deberá reintegrar a la demandante lo pagado en exceso que correspondió al monto de
$411.074.606, debidamente indexada en los términos del artículo 187 del CPACA.

Segundo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Tercero. No se condena en costas en esta instancia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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