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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00297-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00297-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 23 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. 29 Texto original del artículo 12 de la Resolución 62 de 2014, inciso 2. Los contratos de importación de tecnología que se hayan registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior mantendrán la vigencia indicada en el correspondiente registro y podrán ser consultados a través de la misma ventanilla. Cuando a estos registros de contratos se les termine la vigencia, deberán solicitar un nuevo registro a través del Servicio Informático Electrónico Registros, Autorizaciones y Certificaciones, dando cumplimiento a lo establecido en la presente resolución. 30 Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Radicado 11001-03-27-000-2017-00035-00(23344). C.P. Milton Chaves García. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990) Demandante: DONUCOL S.A 2. No condenar a costas en esta instancia. 3. Reconocer personería a la abogada Laura Marcela Rincón Vega identificada con cédula de ciudadanía nro. 52.982.390 y T.P. 135.750 del C. S de la J., como apoderada de la DIAN, en los términos del poder obrante en el índice 46 de Samai. 4.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00297-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990)
Demandante DONUCOL S.A
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Renta año 2014. Aspectos no planteados en sede
administrativa. Renovación del registro de contratos de
importación de tecnología como requisito para la deducción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLÁRASE la NULIDAD de la Liquidación Oficial de Revisión
312412018000098 del 25 de octubre de 2018, por medio de la cual, la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN determinó el impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2014, a DONUCOL S.A., y la Resolución
992232019000155 del 22 de octubre de 2019 que resolvió el recurso de reconsideración, por
las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la
firmeza de la declaración privada presentada por DONUCOL S.A correspondiente al impuesto
de renta y complementarios del año gravable 2014.

TERCERO: Por no haberse causado no se condena en costas. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 13 de abril de 2015, DONUCOL S.A. presentó declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios correspondiente a la vigencia 2014, liquidando en ella un
saldo a su favor.1 El 25 de febrero de 2016 esta sociedad presentó una corrección
a la declaración inicial sin modificar el saldo a favor2, el cual fue posteriormente
solicitado en compensación. Para estos efectos la actora presentó garantía3.

Mediante la Resolución 62829000516881 del 17 de marzo de 2016 4, la Dirección
de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN) resolvió favorablemente la solicitud,
ordenando compensar el saldo a favor con obligaciones fiscales por concepto de
las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los bimestres 2 y 3 del 2015.

1
Folio 31, Tomo I, Caa.
2
Folio 30, Tomo I, Caa.
3
La garantía fue expedida por Berkley Internacional de Seguros Colombia S.A. pero esta entidad no hace parte del proceso
judicial. Nótese que en la página 8 de la Resolución 62829000516881 del 17 de marzo de 2016 la DIAN dejó constancia
de que el garante presentó recurso de reconsideración el cual fue inadmitido por extemporáneo mediante auto nro. 107-
000056 del 24 de enero de 2019, confirmado mediante auto nro. 108-000153 del 22 de febrero de 2019.
4
Folio 26, Tomo I, Caa.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990)
Demandante: DONUCOL S.A

Previo requerimiento especial5, al cual no se dio respuesta, la Administración profirió
la liquidación oficial de revisión 312412018000098 del 25 de octubre de 20186
mediante la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año 2014, en el sentido de rechazar gastos operacionales de
ventas por falta de registro de algunos contratos de importación de tecnología,
marcas y patentes y otras deducciones, estas últimas relacionadas con la diferencia
en cambio de los gastos operacionales de ventas rechazados. También liquidó un
mayor impuesto a pagar e impuso sanción por inexactitud, resultando todo lo
anterior en un saldo a pagar y en el rechazo del saldo a favor originalmente
declarado.

Contra esa decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración7, el cual fue
resuelto por la resolución 992232019000155 del 22 de octubre de 20198, que
confirmó el acto liquidatorio.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes
pretensiones9:
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución oficial de revisión No. 312412018000098 de 25 de octubre de 2018,
proferida por la división de gestión de liquidación de la dirección de impuestos de grandes
contribuyentes de la U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
por medio de la cual se modifica la liquidación privada del año gravable 2014 y se imponen
unas sanciones.
b) La Resolución No. 992232019000155 de octubre 22 de 2019, por medio de la cual se
decide el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad actora en contra de la
Resolución oficial de revisión No. 992232019000155 (sic) de octubre 25 de 2018, por
medio de la cual se modifica la declaración privada del impuesto de renta del año gravable
de 2014, proferida por la subdirección de Gestión de recursos Jurídicos de la Dirección
de gestión jurídica de la U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES.
Así mismo que, a título de restablecimiento del derecho determine la firmeza de la liquidación
privada del impuesto de renta presentada por el año 2014 por la sociedad actora en este
proceso y que en consecuencia no debe pagar las sumas por impuesto, sanciones e intereses
pretendidos por la DIAN en la operación que se demanda. Como consecuencia de lo anterior,
que se archive el expediente.

A los anteriores efectos, la actora invocó como normas violadas los artículos 29 y
83 de la Constitución Política,12 de la Decisión 291 de 1991 de la Comunidad
Andina de Naciones CAN, 264 de la Ley 223 de 1995, 647 y 683 del Estatuto
Tributario, 67 del Decreto 187 de 1975, 1º del Decreto 4176 de 2011 y 8 de la
Resolución 062 de 2014.

El concepto de violación se resume así:
5
Requerimiento Especial 3112382017000017 del 20 de febrero de 2018, folio 790, Tomo I, Caa.
6
Folio 837, Tomo I, Caa.
7
Folio 876 y 919, Tomo I, Caa.
8
Folio 1044, Tomo I, Caa
9
SAMAI Tribunal. Índice 8.

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990)
Demandante: DONUCOL S.A

Indicó que la DIAN realizó una indebida aplicación del artículo 67 del Decreto
187 de 1975, referente a la deducción por concepto de regalías y otros beneficios
originados en contratos de importación de tecnología, patentes y marcas. Para estos
efectos, señaló que esa norma fue modificada por la Decisión 291 de 1991 de la
CAN, que eliminó la aprobación de ese tipo de contratos por parte del organismo
oficial competente en cada país, dejando como único requisito para la deducibilidad
el registro de estos. Indicó que este cambio fue reglamentado en el Decreto 259 de
1992, que atribuyó la función de registrar al entonces Instituto Colombiano de
Comercio Exterior, la cual fue posteriormente asumida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

Adujo que el contrato de desarrollo múltiple y franquicia suscrito con DUNKIN’ DONUTS
FRANCHISED RESTAURANTS LLC (sucesor de DUNKIN’ DONUTS INCORPORATED) fue
debidamente registrado ante la autoridad competente, y que ese registro tuvo
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Indicó que el contrato seguía vigente
para el año 2014, y reconoció que la renovación de ese registro no se llevó a cabo
con posterioridad al 2010. En todo caso resaltó que la ley no exige la renovación del
registro como un requisito para la deducibilidad de las regalías.

Sustentó su postura citando la sentencia del 1 de junio de 2016 proferida por el
Consejo de Estado (Exp. 20351, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia)10, en la
cual se indicó que no existe un plazo perentorio para realizar la renovación del
registro y que las normas fiscales tampoco contemplaron la pérdida del beneficio
fiscal por falta de registro oportuno. Señaló que esa postura fue acogida por la DIAN
en su concepto 38283 de 2016.

Sostuvo que no se aplicó el artículo 12 de la Decisión 291 de la CAN y agregó
que está demostrado que el contrato fue registrado en debida forma y en el
momento oportuno, y que el hecho de no haber realizado la renovación después del
31 de diciembre de 2010 no implica el incumplimiento del registro como exigencia
para la deducción. Indicó que en el año 2014 no existía disposición legal que
estableciera un plazo obligatorio para renovar el registro, plazo que solo apareció
con la Ley 1819 de 2016. Enfatizó que, a 2014, tampoco existía acto administrativo
de la DIAN, con fuerza legal, que señalara que la omisión en la renovación del
registro conllevaba la pérdida del derecho a la deducción, por lo que carece de
sustento legal el rechazo de la deducción de los gastos operaciones de ventas (pago
de regalías) y la diferencia en cambio de estos.

Indicó que la DIAN tampoco aplicó el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, el cual
establecía que las actuaciones realizadas al amparo de los conceptos escritos
proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN no podían ser objetadas por las
autoridades tributarias, durante el tiempo que estos estuviesen vigentes. Citó
entonces el concepto DIAN 38283 del 27 de diciembre de 2016, publicado en el
Diario Oficial 50.133 del 31 de enero de 2017 11, que se refiere a la inexistencia de
una norma que señalara un plazo perentorio para el registro de los contratos de
importación de tecnología, patentes y marcas y las consecuencias de esto para
10
En la demanda la actora señala que su cita corresponde a la sentencia del «21 de junio de 2010 número interno 20351
con ponencia de la honorable magistrada Martha Teresa Briceño», pero el número del expediente y la cita corresponden
a la sentencia de la fecha que se enuncia arriba y no a lo dicho por la actora.
11
En ese concepto se consultó a la DIAN si «¿será procedente la deducción generada por contratos de importación de
tecnología cuando el registro sea inoportuno (...)?», a lo que la autoridad respondió: «(…) ya que en la actualidad no
existe una norma que establezca un plazo perentorio para el registro de los contratos de importación de tecnología,
patentes y marcas, no es dable exigir dicha formalidad de manera previa a la suscripción del mismo, y en este sentido,
tampoco es razonable el desconocimiento de su deducción para efectos fiscales, cuando el registro en comento se realiza
de manera posterior. »

3
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Demandante: DONUCOL S.A

efectos de la deducción de los pagos por esos contratos. Alegó que la
Administración ha debido aplicar su propio concepto al expedir la liquidación oficial
de revisión demandada (como se le hizo saber en el recurso de reconsideración),
porque para ese momento seguía vigente el artículo 264 ibidem, el cual fue
derogado con la Ley 1943 de 2018.

Respecto a la sanción de inexactitud, explicó que, bajo el texto del artículo 647
del Estatuto Tributario vigente antes de la modificación introducida por la Ley 1819
de 2016, la penalidad sólo procedía si en las declaraciones se incluían deducciones
inexistentes, lo cual no tuvo lugar en este caso. Afirmó que no resulta razonable que
se le imponga una sanción tan fuerte por el supuesto incumplimiento de una
formalidad (la no renovación del registro).

Advirtió la existencia de diferencia de criterios jurídicos frente a la aplicación del
artículo 647 del Estatuto Tributario. Dijo que mientras la DIAN exige la renovación del
registro del contrato para permitir la deducción de regalías, ella sostiene que no
existe norma con fuerza de ley que imponga tal renovación, por lo que la deducción
era procedente en 2014, dado que el contrato fue oportunamente registrado.

Alegó que se vulneró el artículo 83 de la Constitución Política, al desconocer la
buena fe con la que actuó al registrar oportunamente el contrato de regalías desde
el inicio de sus operaciones en Colombia y hasta el 31 de diciembre de 2010. Indicó
que, la falta de renovación del registro desde enero de 2011 no significa que no
exista el contrato, y que no se haya dado el registro oportuno del mismo, únicos
requisitos para que proceda la deducción.

También aseveró que se desconoció el espíritu de justicia consagrado en el
artículo 683 del Estatuto Tributario, al imponer un mayor impuesto y sanciones,
pese a que el contrato de franquicia estaba debidamente registrado desde 1994, y
que existían antecedentes jurisprudenciales y un concepto propio, los cuales habían
señalado que procede la deducción de regalías, aun cuando no existe una
renovación del registro del contrato.

Afirmó que los actos violaron el artículo 1º del Decreto 4176 de 2011, a través del
cual se reasignan funciones que estaban en cabeza del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo a la DIAN, como la de administrar y llevar el registro de los
contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, pues en dicho decreto
no se le otorgó a la DIAN la capacidad de establecer plazos para el registro o
renovación de los contratos, lo cual le está reservado a la ley.

Indicó que se violó el artículo 8° de la Resolución 062 de 2014, al exigir un nuevo
registro del contrato, a pesar de que este se encontraba vigente en el 2014. Indicó
que bajo esa resolución el registro permanecía válido mientras el contrato estuviera
vigente y que se violó el debido proceso al exigir requisitos no previstos en la ley
para reconocer la deducción de regalías.

Oposición de la demanda12

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que la actora estaba obligada a registrar las modificaciones o adiciones del
contrato de importación de tecnología como requisito para acceder a la deducción
12
SAMAI Tribunal. Índice 11

4
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del pago de regalías, conforme al artículo 7 de la Resolución 062 de 2014, en
especial a lo estipulado sus parágrafos 1° y 2°.

Adujo que la actora omitió su deber de registrar las modificaciones que se hicieron
al contrato y que omitió su deber de cumplir con la carga de la prueba a tal punto
que, a la fecha de la contestación de la demanda, la actora no había efectuado la
renovación del registro. Explicó que desde la circular 27 de 200913, expedida por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda adición, cesión u otrosí que se
suscribiera respecto de ese tipo de contratos debía registrarse. Dicha obligación se
mantuvo vigente incluso después del traslado de competencias a la DIAN, mediante
la resolución 062 de 2014, la cual reiteró la necesidad de registrar nuevamente los
contratos cuya vigencia hubiera culminado (artículo 12), así como sus respectivas
modificaciones o adiciones (artículo 7). Sostuvo que no es cierto que el registro del
contrato estuviera vigente en 2014, como lo afirma la actora, pues este expiró el 31
de diciembre de 2010.

Indicó que el contrato objeto de discusión fue sometido a varias modificaciones
sustanciales, a saber: i) el 30 de noviembre de 1994, la primera y segunda reforma;
ii) en junio de 2002, la tercera reforma; iii) el 10 de diciembre de 2007, la cuarta
reforma; iv) el 1 de enero de 2011, la quinta reforma; y v) el 31 de mayo de 2012, la
sexta reforma, asunto que no discutió la demandante. Aseveró que al estar probado
que la actora realizó modificaciones al contrato, se entiende que surgió la obligación
de registro de estas, además porque los cambios se relacionaron, entre otros, con
aspectos como la exclusividad, cargos adicionales de franquicia, el depósito inicial
de franquicia y la cobertura geográfica. Por tanto, era imperioso que la actora
registrara dichas modificaciones para que la deducción de regalías hubiera sido
procedente.

Dijo que las pruebas aportadas por la actora presentan falencias e inconsistencias,
resaltando los siguientes aspectos:

• Los documentos presentados corresponden al registro del contrato de uso de marcas suscrito
por la actora con la sociedad Dunkin Donuts Incorporated, y no prueban que se trate del
franquiciante Dunkin Brankin Brands International Inc ni de Dunkin Brands International, que
son las entidades a las que hace referencia el revisor fiscal en su verificación. También
observó que las modificaciones contractuales se celebraron con Dunkin Donuts Franchised
Restaurants LLC, y no con las sociedades mencionadas por la actora.
• Respecto del pago de regalías, en los estados financieros y en la liquidación oficial se hace
alusión a Dunkin Donuts International y no a Dunkin Brankin Brands International Inc. Así
mismo, indicó sobre esta última sociedad que, tras verificar los socios de la actora, se constató
que la primera no figura como casa matriz de la demandante, situación que fue revelada por
el revisor fiscal, y comprobada a través del RUT.
• En la diligencia de verificación (fl 147 reverso Caa), la actora aceptó que no existía copia del
registro del contrato y señaló que también evidenció que se registró un contrato que no
contemplaba el pago de regalías.
• Trajo a colación un correo dirigido al jefe de la División de Gestión de Fiscalización en el que,
en respuesta a la pregunta sobre si DONUCOL S.A. tenía registrado ante la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o ante el Servicio
Informático Electrónico para registro de contratos de la DIAN un contrato de Importación de
Tecnología relacionado con la licencia de uso de las marcas de la firma estadounidense
Dunkin’ Donuts Franchised Restaurants LLC (propietaria de las marcas Dunkin Donuts y
Baskin Robbins), se le indica que «no se encontró para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

13
Dijo que esa circular se fundamenta en el Decreto 259 de 1992, Decreto – Ley 210 de 2003, modificado por los Decretos
4269 de 2005, 2785 de 2006 y 2700 de 2008.

5
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y 2015 registro de algún contrato de licencia de uso de marca con la firma americana DUNKIN’
DONUTS FRANCHISED RESTAURANTS LLC. »

Resaltó que el registro del contrato y sus modificaciones estaba regulado por la
circular 27 de 2009 que se fundamenta en el Decreto 259 de 1992, el Decreto Ley
210 de 2003 modificado por los decretos 4269 de 2005, 2785 de 2006 y 2700 de
2008, y luego por la resolución 062 de 2014 y que, por ende, no es cierto que no
existiera una norma que estableciese el requisito del registro.

Argumentó que no es dable aceptar la violación del artículo 264 de la Ley 223 de
1995, por cuanto el Concepto DIAN 36283 de 2016 no era aplicable al período en
discusión y además este se refería a la «no renovación del contrato», que es distinto
al registro de las modificaciones.

Señaló que, como los actos se sujetaron a derecho, no se configuró la violación de
la buena fe del artículo 83 de la Constitución Nacional, ni del espíritu de justicia del
artículo 683 del Estatuto Tributario. También sostuvo que no se violó el debido
proceso, pues fue la actora quien decidió no responder el requerimiento especial,
perdiendo esa oportunidad procesal.

Respecto a la sanción de inexactitud, indicó que está probada la inclusión de
deducciones improcedentes como conducta típica que da lugar a la imposición de
la penalidad y que no se configura una diferencia de criterios, pues la sanción por
inexactitud fue impuesta porque se desconoció la norma aplicable. También explicó
que no le corresponde demostrar los perjuicios causados ni el daño generado para
poder imponer la sanción, dado que el mismo ya está probado con la inclusión de
datos inexactos incompletos o desfigurados.

Por último, solicitó el reconocimiento de costas procesales y que se ordene la
liquidación de agencias en derecho de acuerdo con las tarifas definidas por el
Consejo Superior de la judicatura.

Sentencia apelada14

El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos demandados sin condenar
en costas y a título de restablecimiento del derecho reconoció la firmeza de la
declaración privada presentada por DONUCOL S.A correspondiente al impuesto de
renta y complementarios del año gravable 2014, con fundamento en lo siguiente:

Observó que el contrato de franquicia entre DONUCOL S.A. y DUNKIN' DONUTS
INCORPORATED fue suscrito el 30 de noviembre de 1994, permitiéndole a la primera
desarrollar y operar en Colombia almacenes de donas utilizando la marca Dunkin’
Donuts, el cual fue objeto de varias modificaciones posteriores. Precisó que, aunque
en el proceso solo reposaban las reformas del 2007 y 2012, estas fueron suscritas
por la sucesora de la segunda de esas sociedades, DUNKIN DONUTS FRANCHISED
RESTAURANTS LLC, y hacían referencia expresa al contrato original. También resaltó
que era evidente que el negocio jurídico se trataba de un auténtico contrato de
franquicia, y que, contrario a la falta de claridad alegada por la DIAN, «se evidencia
que la franquiciante del año 1994 es con quien la empresa colombiana pactó y
modificó el instrumento».

Tuvo por cierto que el contrato de franquicia celebrado en el año 2014 se prolongó,

14
SAMAI Tribunal. Índice 20.

6
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990)
Demandante: DONUCOL S.A

cuanto menos, hasta el año 2014. Destacó que no existía acta de terminación ni
liquidación del contrato y, conforme al artículo 1621 del Código Civil, concluyó que,
ante la falta de voluntad en contrario, debía entenderse que el mismo seguía
vigente, pues la continuidad es uno de los elementos esenciales de ese tipo de
acuerdos. Sostuvo que el objeto de la franquicia era la cesión del uso de marca a
cambio del pago de regalías, y que estas resultaban deducibles para efectos del
impuesto sobre la renta, siempre que se cumpliera con el requisito de registro el
contrato ante la autoridad competente.

Sobre el registro, destacó que en el expediente obraban dos comunicaciones del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fechadas el 5 de marzo de 2019,
mediante las cuales se confirmó que el contrato de franquicia celebrado entre
DONUCOL S.A. y DUNKIN DONUTS INCORPORATED fue registrado y prorrogado
formalmente hasta el 31 de diciembre de 2010. También señaló que no existía
evidencia de una nueva prórroga o actualización del registro que comprendiera el
año 2014, motivo por el cual el debate se centraba en determinar si para efectos de
la deducción era necesario renovar el registro antes de la causación del impuesto
sobre la renta del 2014, o si bastaba con el registro inicial.

Recordó que, si bien la deducción de las regalías por concepto de contrato de
importación de tecnología, marcas y patentes tiene como fundamento el artículo 67
del Decreto 187 de 1975 (norma de carácter reglamentario y no legal), su aplicación
ha sido aceptada por la jurisprudencia de la Sección Cuarta. En particular, citó la
sentencia del 27 de octubre de 2022 (exp. 3031, C.P. Julio Roberto Piza) en la que
se aclaró que con el artículo 12 de la Decisión 291 de 1991 de la CAN el requisito al
que se refiere el artículo 67 ibidem debe interpretarse únicamente como la
obligación de registrar el contrato, registro que puede o no coincidir con un momento
previo a la causación del impuesto de renta. Esto por cuanto las normas invocadas
establecieron la exigencia de registrar los contratos sin señalar que eso debía
cumplirse en un momento determinado. Además, resaltó de la misma jurisprudencia
que, para que la procedencia de la deducción solo es necesario demostrar la
existencia del contrato y su registro ante la autoridad competente.

De otra parte, explicó que el Decreto 4176 de 2011 asignó a la DIAN la competencia
para registrar los contratos de importación de tecnología y dispuso el traslado de las
bases de datos del Ministerio de Comercio, sin que dicha norma estableciera la
obligación de renovar los registros existentes, previsión que por el contrario sí fue
incluida posteriormente en el artículo 12 de la Resolución 062 de febrero de 2014.
Aseveró que, aunque esta resolución tiene presunción de legalidad y regula el
trámite de registro, su jerarquía es inferior al Decreto 187 de 1975 y a la Decisión
291 de 1991, por lo que lo exigido en la misma no afecta el derecho de DONUCOL
S.A. a la deducción, toda vez que los reglamentos administrativos no pueden sustituir
el poder tributario reservado al legislador o a las entidades territoriales.

Concluyó que para el año 2014 no es válido exigir a DONUCOL S.A. la renovación o
actualización del registro del contrato como condición para la deducción de regalías
derivadas del mismo, dado que dicho requisito no estaba contemplado en norma
legal ni reglamentaria vigente en esa época y que, concluir lo contrario vulneraría el
principio de legalidad tributaria. Indicó que era suficiente con que la actora hubiese
probado el registro del contrato de franquicia para acceder a las deducciones.

Resaltó que, para superar los impases de interpretación en cuanto a la oportunidad
del registro, con la Ley 1819 de 2016 se fijaron plazos para esto, pero aclaró que

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tanto esa norma como el Concepto 36283 de 2016 no eran aplicables al caso, por
haber entrado en vigor después del año gravable 2014.

Apelación15

La demandada apeló la sentencia de primera instancia, de acuerdo con los
siguientes argumentos.

Sostuvo que el Tribunal incurrió en un error de interpretación al considerar que
bastaba con el registro inicial del contrato de franquicia para acceder a las
deducciones, sin tener en cuenta que, conforme a la Resolución 062 de 2014, el
registro es obligatorio también cuando el contrato ha sido modificado o adicionado.
Explicó que esa obligación se encuentra en armonía con normas superiores, por lo
que el juez de primera instancia erró al estimar que esa resolución no se ajustaba a
dichas disposiciones.

Manifestó que la deducción por concepto de regalías en contratos de importación
de tecnología depende del cumplimiento de ciertos requisitos formales, entre ellos,
el registro del contrato, especialmente cuando ha sido objeto de modificaciones.
Indicó que tal exigencia tiene sustento en el artículo 67 del Decreto 187 de 1975, en
el artículo 1.2.1.18.17 del Decreto Único 1625 de 2016, y en la Decisión 291 de 1991
de la CAN, cuyo artículo 12 también dispone el registro de modificaciones.

Resaltó que este régimen fue desarrollado por la circular 27 de 2009, expedida por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, norma que distinguía entre distintos
tipos de contratos y exigía el registro de modificaciones, cesiones u otrosíes, como
lo disponía su numeral 5.8, y «al momento del registro del contrato estaba vigente
dicha Circular». Agregó que esa regulación se mantuvo vigente hasta que fue
sustituida por la Resolución 062 de 2014, cuando la competencia para administrar
y realizar dicho registro pasó a la DIAN.

Indicó que el artículo 7 de esta última resolución establece expresamente que los
contratos modificados o adicionados deben registrarse nuevamente, y que el
artículo 12 ordena un nuevo registro cuando culmine la vigencia. Con base en ello,
afirmó que estaba probado en el expediente que el contrato de franquicia fue
modificado en múltiples ocasiones (1994, 2002, 2007, 2011 y 2012), lo cual
generaba la obligación de registrarlas, especialmente por tratarse de cambios
sustanciales como la exclusividad, cargos adicionales, depósitos iniciales y
cobertura geográfica.

Aseveró que el contrato de importación de tecnología y uso de marca fue
inicialmente registrado en 1994, pero su vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010,
circunstancia que generaba la obligación de efectuar un nuevo registro conforme a
lo dispuesto en la circular 27, obligación que mantuvo el artículo 12 de la Resolución
062 de 2014, disposición que establece expresamente que, cuando culmine la
vigencia de un contrato previamente registrado, el interesado debe presentar una
nueva solicitud de registro.

Indicó también que los otrosíes y reformas posteriores fueron celebrados con una
sociedad distinta a la franquiciante inicial, sin que se haya probado su calidad de
sucesora, por lo que no puede asumirse que se trataba del mismo contrato
prorrogado. Reprochó que el Tribunal desconociera tanto la existencia de esas
15
SAMAI Tribunal. Índice 23.

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modificaciones como la obligación legal de registrarlas. Precisó entonces que, al no
haberse cumplido con el nuevo registro y al existir incertidumbre sobre la
continuidad jurídica del contrato, no era procedente el reconocimiento de la
deducción por regalías, y que el a quo incurrió en un error al asumir lo contrario.

Agregó que en visita administrativa la actora reconoció no tener registro del contrato
vigente y que solo había un contrato de licencia de uso de marcas celebrado con
Dunkin Donuts Incorporated, sin pago de regalías. Sostuvo que entre 2011 y 2015
no existía registro válido alguno, lo que generaba falencias graves en la justificación
de la deducción por regalías y en los costos reportados, y que el contrato
correspondía a uno sin pago de regalías por lo cual debía revocarse la sentencia.

Indicó que por todo lo anterior era procedente la sanción por inexactitud.

Oposición a la apelación

No hubo oposición a la apelación.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público no se manifestó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Delimitación del problema jurídico

Corresponde establecer la legalidad de los actos acusados que modificaron la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del 2014 de la sociedad
DONUCOL S.A. En particular, y atendiendo a los términos del recurso de apelación
presentado por la demandada, se debe determinar si para el período 2014 era
obligatorio renovar el registro de los contratos de importación de tecnología o uso
de marcas o patentes, como requisito para la procedencia de la deducción de las
regalías causadas o pagadas bajo ese tipo de contratos. En caso de que lo anterior
se responda de manera afirmativa, le corresponderá a la Sala indicar si se configuró
una diferencia de criterios como causal eximente de la sanción.

Sin perjuicio de lo anterior, y antes de proceder con lo enunciado, se resalta que en
el recurso de apelación la demandada indicó que el Tribunal incurrió en un error
porque desconoció que, para efectos de la deducción por concepto de regalías en
contratos de importación de tecnología, es necesario un nuevo registro del contrato
cuando este ha sido objeto de modificaciones, requisito que encuentra sustento en
el artículo 67 del Decreto 187 de 1975, en el artículo 1.2.1.18.17 del Decreto Único
1625 de 2016, y en la Decisión 291 de 1991 de la CAN, y la resolución 062 de 2014.

Al revisar el expediente, se observa que la demandada hizo el mismo reparo en la
oposición de la demanda, pero no así en sede administrativa. En efecto, en el
requerimiento especial, y después de haber solicitado copia del contrato inicial de
Desarrollo Múltiple y Contrato de Franquicia, y de algunos de los otrosíes de este,
la DIAN expresó que16:

2. En cuanto a los registros del contrato, las dos comunicaciones del Ministerio de Comercio
señalan que la vigencia de los registros se cumplió hasta el 31 de diciembre de 2010,
16
Ibidem. (Fls 796-800).

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por lo cual se debieron de renovar. El registro del contrato vigente para el período
(enero-dic de 2014) ante el organismo oficial competente, de conformidad con el artículo
18 del Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas,
patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de Cartagena y
puesto en vigencia mediante el Decreto-Ley 1900 de 1973, es lo que requiero (…)
(Énfasis propio)
Toda vez que no fue aportada una certificación vigente para el año gravable 2014 del registro
del contrato de franquicia suscrito entre la sociedad DONUCOL S.A., con NIT 860.508.791-1,
y DUNKIN’ DONUTS FRANCHISED. RESTAURANTS LLC, propietaria de las marcas y
licencias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto 187 de 1975, se
propone desconocer la suma de (…) de la Subcuenta PUC 52109001 - Regalías, incluida en
el renglón 53 – Gastos Operativos de Ventas de la declaración de renta presentada por la
sociedad contribuyente DONUCOL S.A., con NIT 860.508.791-1, por el año gravable 2014.

De otra parte, en la Liquidación Oficial de Revisión se lee17:

Como se indicó anteriormente, la Resolución 0062 de 2014, vigente para el año objeto de
análisis, estableció que al terminar la vigencia de los registros se debía solicitar un nuevo
registro, lo que no se demuestra teniendo en cuenta los Registros de Servicios Nos. ITS-
250275 y ITS-242125 del 9 de marzo y 3 de febrero de 2005, respectivamente, que
señalaban una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. (…) (Pág. 75) (Énfasis propio)
Toda vez que no fue aportado por parte de DONUCOL S.A. el registro del contrato con
DUNKIN' DONUTS FRANCHISED RESTAURANTS LLC, propietaria de las marcas y licencias
vigente para el año gravable 2014, y que ante la consulta en el Sistema de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior – VUCE y el Sistema Informático de la DIAN no se
encontraron registros, se evidenció el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 del
Decreto 187 de 1975 y la Resolución 000062 de 2014, por lo que se determina rechazar la
suma de (…), contabilizada en la cuenta PUC 52109001 “Regalías”, (…). (Página 76) (Énfasis
propio)

Por último, en la resolución del recurso de reconsideración se indicó:

Se precisa que no se discute si hay o no un tiempo perentorio para realizar dicho registro, sino
que el motivo del rechazo de la deducción obedece a que el contribuyente no cumplió
con el requisito de registrar el contrato ante el VUCE, habida cuenta que el registro
anterior ya había expirado, conforme las pruebas obrantes en el expediente, de acuerdo
con los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario.18 (…) (Énfasis propio)
De esta forma, se precisa que la DIAN no discute que no exista el contrato de licencia de
uso de marca objeto de controversia, como pretende hacer ver el recurrente, sino que no
se encuentra registrado para la vigencia en que se solicitó la deducción que se origina
en el mismo, como es el año gravable 2014. (Énfasis propio)

De lo anterior se observa que, tanto en el requerimiento especial como en los actos
administrativos demandados, la discusión se centró en que el contrato que dio lugar
al pago de regalías, y cuya deducción fue rechazada, no se encontraba registrado
para el año gravable 2014. Según la DIAN, el contrato inicial suscrito en 1994 entre
DUNKIN’ DONUT INCORPORATED y DONUCOL LTDA fue efectivamente registrado ante la
autoridad competente, pero la vigencia del registro expiró el 31 de diciembre de
2010 y no fue renovado conforme lo exigía la norma aplicable.

Por ende, se verifica que en sede administrativa no se desarrollaron argumentos
relacionados con la necesidad de registrar nuevamente el contrato de franquicia
cada vez que fuera modificado, ni se formularon razones de rechazo de las
deducciones sustentadas en la omisión del registro de las modificaciones, tal y como

17
Ibidem. (Fl 841).
18
Ibidem (Fl 1051).

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fue planteado en la apelación. En consecuencia, no resulta procedente analizar el
cargo planteado por la recurrente, relativo a la falta de registro de las modificaciones
del contrato, pues este aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa,
y, por tanto, no fue fundamento de los actos demandados.

Respecto de la improcedencia de discutir en esta instancia aspectos que no fueron
objeto de debate en sede administrativa, se pronunció esta Sección en sentencias
del 28 de abril de 2022 (exp. 24354, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 12
de mayo de 2022 ( exp. 24155, C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello) precisando:

[A]unque no es claro el argumento del recurso de apelación, se pretende incluir un cargo no
planteado en los actos demandados, relacionado con «que los PAGARÉS como títulos que
respaldan las obligaciones antedichas», sobre el cual no se brindó explicación». (Subrayado
de la Sala). (…)
Así las cosas, la Sala no se pronunciará sobre la vigencia de la certificación, al tratarse de un
cargo no cuestionado en los actos demandados.

Además hacer lo contrario conllevaría a una violación del debido proceso, así como
el derecho de defensa de la demandante.

Así mismo, se encuentra que en el recurso de apelación la DIAN alegó que está
probado que se registró un contrato sin pago de regalías, aspecto que tampoco fue
expuesto en sede administrativa, sino sólo en la contestación de la demanda, por lo
que la Sala también abstendrá de su análisis por las mismas razones expuestas.

2. Análisis del caso concreto

Según lo indicado líneas arriba, la Sala debe establecer si para el período en
discusión, y bajo las normas vigentes, era obligatorio renovar el registro de los
contratos de importación de tecnología o uso de marcas o patentes, con el fin de
acceder a la deducción de las regalías causadas o pagadas bajo ese tipo de
contratos.

En los actos acusados, la DIAN rechazó la deducibilidad del pago por concepto de
regalías registrado en el renglón “Gastos Operacionales de Ventas”, así como el
concepto de diferencia en cambio asociado a las regalías registrado en el renglón
de “Otras Deducciones” del denuncio rentístico de la actora del año 2014, debido a
que, si el registro del contrato estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, el
mismo ha debido renovarse para la vigencia en la cual se solicita la deducción.

El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados al considerar que no era
válido exigirle a la actora la renovación o actualización del registro del contrato como
condición para la deducción de regalías y de la diferencia en cambio relacionada,
ya que, de acuerdo con la legislación vigente para el año gravable 2014, bastaba
que la actora acreditara la existencia del contrato y su registro para acceder a la
deducción.

La demandada apeló la decisión del a quo con fundamento en que, si bien el
contrato fue registrado en 1994, su vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010, y no
fue objeto de un nuevo registro como lo exige la norma. Así mismo indicó que, la
actora reconoció no tener registro del contrato vigente y que solo había un contrato
de licencia de uso de marcas celebrado con Dunkin Donuts Incorporated sin pago
de regalías.

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Para resolver el asunto de fondo, se advierte que la controversia versa sobre
supuestos de hecho y derecho similares a los analizados por esta Sección en un
debate entre las mismas partes, pero para efectos del impuesto sobre la renta para
la equidad – CREE del mismo período y definidos en sentencia del 20 de junio de
2024 (exp. 28055, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto). Por ende, en aras de
garantizar la coherencia en las decisiones de la Corporación y salvaguardar los
derechos inmersos en una correcta administración de justicia, la Sala reiterará los
apartes pertinentes, siendo estos:

Mediante el Decreto 4149 de 2004, el Gobierno creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior
• VUCE, administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que tuvo a
cargo el registro de los contratos de tecnología, hasta el traslado de esa competencia a la
DIAN, mediante el Decreto 4176 de 3 de noviembre de 2011.
La Sección precisó que no es una exigencia de la Decisión 291 de la CAN o del Decreto 259
de 1992, que los contratos de importación de tecnología deban registrarse ante la autoridad
competente en un plazo perentorio, o de forma previa a la solicitud de la deducción que en
estos se origine; sin embargo, aclaró que la finalidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975,
para efectos de la deducción de dichos pagos, es demostrar la existencia del contrato y su
respectivo registro. Por lo tanto, no basta con demostrar que el contrato efectivamente existe,
sino que adicionalmente debe acreditarse el registro de este ante la autoridad competente.
(…) Así pues, en consonancia con la jurisprudencia reiterada de la Sala, los actos acusados
vulneraron la normativa aplicable al exigir a la contribuyente un requisito no previsto,
consistente en un nuevo registro del contrato de franquicia, o la renovación del existente, para
beneficiarse de la deducción de las regalías pagadas en el marco de la ejecución del contrato
(…)

En el expediente constan las siguientes pruebas:

• Traducción oficial del contrato de «Múltiple Desarrollo y Contrato de Franquicia», celebrado
en el año 1994 entre Dunkin Donuts Incorporated (el otorgante) y Donucol Ltda. (el
concesionario), por virtud del cual la primera le garantiza al segundo la franquicia para
desarrollar y operar como concesionario del otorgante, bajo las marcas registradas, el número
de almacenes especificados en el Anexo B del contrato. Por lo cual el concesionario pagará
al otorgante un honorario de franquicia del 4% de las ventas brutas semanales por cada
almacén cubierto.19
• Traducción oficial del cuarto otrosí al contrato de «Desarrollo Múltiple y Franquicia», celebrado
el 10 de diciembre de 2007 entre Dunkin´ Donuts Franchised Restaurants LLC, sucesor de
Dunkin Donuts Incorporated, (el cesionario) y Donucol Colombia S.A.( el concesionario), por
virtud del cual se modifica el contrato de Desarrollo Múltiple y Franquicia celebrado el 30 de
noviembre de 1994, entre el cedente y cesionario para el territorio de Colombia, y en el que
se pacta que los cargos de regalías y de publicidad para todos los locales de Dunkin’ Donuts,
existentes y nuevos, serán del cuatro por ciento (4%) de las Ventas Brutas semanales. Y se
establece que la vigencia de los locales nuevos será de veinte (20) años a partir de la fecha
en que el local abra sus puertas al público en general. 20
• Traducción oficial de la sexta reforma al contrato de «Desarrollo y Franquicia Múltiple»
celebrado el 31 de mayo de 2012 entre Dunkin’ Donuts Franchised Restaurants LLC (El
Franquiciador), y Donucol S. A., (el franquiciado), en el que se menciona que el 30 de
noviembre de 1994, las partes celebraron un «Contrato de Desarrollo y Franquicia Múltiple»,
objeto de varias reformas siendo la primera y segunda en ese año, y en el cual se acuerda
modificar el contrato de franquicia para crear un nuevo programa y actualizar otras
secciones.21

19
SAMAI Tribunal Índice 10. 12_RECIBEMEMORIALES_ANTECEDENTES(.zip) Nro. Actua 10.(Fl 454)
20
Ibidem (Fl 426)
21
Ibidem (Fl 443)

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• Estados financieros, «NOTA No. 10 - REGALÍAS POR PAGAR Corresponde al valor
adeudado a diciembre 31 de 2014 a Dunkin’ Donuts International por concepto de las regalías
sobre las ventas. (…)»22
• Copia de la comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 9 de marzo de
2005, en la cual se manifiesta que «La Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 210 de 2003 y en el Decreto 259 del
12 de febrero de 1992, prorroga el Registro ITS-91356 del contrato de Desarrollo Múltiple y
Franquicia, suscrito con Donucol S.A., mediante el cual Dunkin’ Donuts Incorporated otorga el
derecho de desarrollar y operar las tiendas existentes y nuevas de Donuts utilizando el
Sistema Dunkin’ Donuts, bajo las marcas comerciales del franquiciante, con el pago de un
derecho de franquicia continuo semanal igual al 4% (cuatro por ciento) de las ventas brutas
semanales de cada tienda cubierta por el contrato.(…). Vigencia del registro hasta: 31 de
diciembre del 2010»23
• Copia de la comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 9 de marzo de
2005- referente al Registro de Servicios No. ITS-250275-en la que se indica que «La Dirección
de Comercio Exterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 19 del
Decreto 210 de 2003 y en el Decreto 259 del 12 de febrero de 1992, prorroga el registro del
contrato de licencia de marca comercial, sin el pago de regalías, mediante el cual Dunkin'
Donuts Incorporated otorga a Donucol Ltda. el derecho a utilizar las marcas en relación con la
fabricación y venta de donuts, pasteles, muffins y otros productos alimenticios y bebidas, y
para el desarrollo y operación de una cadena de establecimientos de venta al detal.(…)
Vigencia del registro hasta: 31 de diciembre del 2010»24
• Correo electrónico de la Subdirección de Fiscalización Internacional dirigido al Jefe de la
División de Gestión de Fiscalización en el que se indica que «En atención a la solicitud de
información de la sociedad Donucol S.A., identificada con NIT 860.508.791-1, sobre si durante
el año 2014 y anteriores se encontraba registrado el “Contrato de Importación de Tecnología”
ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo o ante la DIAN, en relación con las licencias de uso de marca con la firma americana
Dunkin’ Donuts Franchised Restaurants LLC (dueña de las marcas Dunkin Donuts y Baskin
Robbins), me permito informar que, una vez revisada la información contenida en el sistema
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE de Mincomercio y revisado el Servicio
Informático Electrónico para registro de contratos de la DIAN, según el número de NIT
860.508.791-1, no se encontró para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 registro
alguno de contrato de licencia de uso de marca con la firma americana Dunkin’ Donuts
Franchised Restaurants LLC. »

De los anteriores documentos se desprende que la actora y la sociedad Dunkin´
Donuts Incorporated celebraron el 30 de noviembre de 1994 el contrato denominado
de “Desarrollo Múltiple y de Franquicia”, por virtud del cual la actora tenía derecho
de desarrollar y operar como concesionario del otorgante y bajo las marcas
registradas25, cierto número de tiendas, y estaba obligada a pagar como honorario
de franquicia un porcentaje sobre las ventas.

Este contrato fue objeto de varias modificaciones, celebradas entre la actora y la
compañía Dunkin´ Donuts Franchised Restaurants LLC, actuando como cesionario
de Dunkin´ Donuts Incorporated (en el expediente solo constan la cuarta y la sexta
modificación). Esto se observa en los considerandos de estos últimos documentos,
los cuales se remiten expresamente al contrato del 30 de noviembre de 1994, y
también mencionan las obligaciones relacionadas a la apertura de tiendas, y al pago
de regalías equivalentes a un porcentaje de las ventas.

22
Ibidem (Fl 62)
23
Ibidem (Fl 429)
24
Ibidem ( Fl 430)
25
La marca Dunkin’ Donuts (Mixta) cuenta con varios certificados de registro, entre ellos los números 104.565 para la
clase 29ª, 89.087 para la clase 30ª, 117.002 para la clase 42ª y 128.037, también correspondiente a la clase 30ª. ( Fls
429 y 430)

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También se resalta que en la cuarta modificación al contrato se establece que la
vigencia de los locales nuevos será de veinte (20) años a partir de la fecha de
apertura de las puertas del local al público en general, y que en la sexta modificación
se establece crear un nuevo programa de desarrollo el cual implica abrir nuevas
tiendas hasta diciembre de 2022.26 De esto se desprende que el contrato estaría
vigente por lo menos hasta el año 2022.
Con base en lo anterior, para la Sala es claro la existencia del contrato de
“Desarrollo Múltiple” celebrado entre la actora desde 1994 con Dunkin´ Donuts
Incorporated y con Dunkin´ Donuts Franchised Restaurants LLC, actuando como
cesionario de aquel, cuya vigencia inició en 1994 y, cuanto menos, continuó hasta
el período objeto de discusión.
Así mismo, a pesar de que algunos documentos presentan inconsistencias (en
especial aquellos emitidos por las autoridades sobre las consultas del registro),
también es evidente que ese contrato generó la obligación de pagar regalías con
cargo a la actora, las cuales correspondieron a un porcentaje de las ventas. No se
explica en este punto la razón por la que la apelante señala en el recurso de
apelación que no se generó pago de regalías, cuando en la etapa administrativa no
cuestionó la existencia o realidad de la deducción, sino únicamente el cumplimiento
del requisito del registró; por ejemplo, en la resolución que resolvió el reconsideración
la DIAN señaló que: «Se precisa que, en el caso concreto, el contribuyente incumplió
con el requisito de registrar el contrato de desarrollo múltiple y franquicia celebrado
con DUNKIN' DONUTS FRANCHISED RESTAURANTS LLC, sucesor de DUNKIN', en el cual
se origina la deducción solicitada por la vigencia 2014»27.
También se encuentra probado el registro del contrato, como se evidencia en la
copia de la comunicación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del 9 de
marzo de 2005.28
Así las cosas, teniendo en cuenta que: i) la Sala ya precisó que “la finalidad del
artículo 67 del Decreto 187 de 1975, para efectos de la deducción de dichos pagos,
es la demostración de la existencia del contrato, así como que el mismo se
encuentre registrado”, ii) en el año 2014 no existía un plazo perentorio para renovar
o prorrogar el registro de este tipo de contratos, iii) el parágrafo del artículo 1.° del
Decreto 259 de 1992 señala que el registro de los contratos será automático cuando
se cumplan los requisitos del artículo 2 íbidem, iv) se comprobó la existencia de un
contrato de franquicia, desde 1994, del cual se desprende la obligación de pagar
regalías para con la actora, y que continuaba vigente para el año 2014 y v) existe
evidencia de que el contrato que originó el pago de regalías fue inscrito ante la
autoridad competente, se encuentra que las deducciones rechazadas sí eran
procedentes.
Así pues, tal y como se resolvió en la sentencia 28055 del 20 de junio de 2024, se
considera que los actos acusados vulneraron la normativa aplicable al exigir a la
contribuyente un requisito no previsto, consistente en un nuevo registro del contrato
de franquicia, o la renovación del existente, para beneficiarse de la deducción de
las regalías pagadas en el marco de la ejecución del contrato. Con ello, se encuentra
que no prosperan los cargos de la apelación y la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que anuló los actos demandados y que, como restablecimiento
del derecho, declaró la firmeza de la declaración privada.
26
SAMAI Tribunal Índice 10. 12_RECIBEMEMORIALES_ANTECEDENTES(.zip) Nro. Actua 10 (Fls 443 y 444)
27
Ibidem, (Fl 1049)
28
SAMAI Tribunal Índice 10. 12_RECIBEMEMORIALES_ANTECEDENTES(.zip) Nro. Actua 10 ( Fl 425)

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Ahora bien, se hace necesario pronunciarse sobre el argumento de la apelante en
el sentido de que la obligación de la actora de renovar el registro del contrato, una
vez vencida su prórroga, se derivaba: (i) de la circular 27 de 2009, expedida por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual en su numeral 5.8. el cual reguló
lo relativo al registro de modificación por acuerdo de adición, cesión, otrosí o
adenda, regulación que se mantuvo vigente hasta 2014 y (ii) la resolución 62 de
2014, proferida por la DIAN, cuyo artículo 12 transitorio prescribía que, en el caso
de contratos de importación de tecnología registrados ante la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (cuando el registro se efectuaba ante el antiguo INCOMEX) y
cuya vigencia hubiera expirado, era necesario tramitar un nuevo registro.
En cuanto a la aplicación del numeral 5.8. de la Circular 27 de 2009, se encuentra
que este estableció el elemento que debe diligenciarse en el registro cuando se trate
del registro de un acuerdo de adición, cesión, otrosí o adendo. Al respecto, como se
vio en el acápite de “delimitación el problema jurídico”, las glosas de la DIAN en
sede administrativa no se fundamentaron en el hecho de que existía la obligación
de registrar el contrato de franquicia cada vez que fuera modificado ni se formularon
razones de rechazo sustentadas en la omisión del registro esas modificaciones, sino
que el debate versó sobre el rechazo de la deducción porque no se cumplió con el
requisito de registrar el contrato ante el VUCE, habida cuenta que el registro anterior
ya había expirado. Por ende, como se advirtió en ese acápite, no hay lugar a
pronunciarse sobre la aplicación de esa norma al caso concreto.
En cuanto al artículo 12 de la Resolución 62 de 201429, se encuentra que el inciso
segundo de este artículo fue declarado nulo por esta Sección30 con fundamento en
que infringió el Decreto 187 de 1975, la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena y el Decreto 259 de 1992, al establecer un nuevo registro que no
estaba previsto en las normas superiores. Se advierte que, con esa declaratoria de
nulidad, la norma desapareció del ámbito jurídico desde el momento de su
promulgación, con lo cual no existen fundamentos para que prospere este cargo.
3. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias
en derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente,
requisito indispensable para su reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 23 de junio de 2023,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
“B”.
29
Texto original del artículo 12 de la Resolución 62 de 2014, inciso 2. Los contratos de importación de tecnología que se
hayan registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior mantendrán la vigencia indicada en el correspondiente
registro y podrán ser consultados a través de la misma ventanilla. Cuando a estos registros de contratos se les termine la
vigencia, deberán solicitar un nuevo registro a través del Servicio Informático Electrónico Registros, Autorizaciones y
Certificaciones, dando cumplimiento a lo establecido en la presente resolución.
30
Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Radicado 11001-03-27-000-2017-00035-00(23344). C.P. Milton Chaves
García.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00297-01 (27990)
Demandante: DONUCOL S.A

2. No condenar a costas en esta instancia.

3. Reconocer personería a la abogada Laura Marcela Rincón Vega identificada
con cédula de ciudadanía nro. 52.982.390 y T.P. 135.750 del C. S de la J.,
como apoderada de la DIAN, en los términos del poder obrante en el índice 46
de Samai.

4. Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal
de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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