Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00304-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00304-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00304-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
13 de agosto de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00304-01 (28846)
Demandante: Biochem Farmacéutica De Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00304-01 (28846)
Demandante: Biochem Farmacéutica De Colombia S.A.
Demandado: Secretaria De Hacienda Distrital - Dirección De Impuestos
Temas: ICA. 2016. Cesión del derecho de ejercicio de opción de compra.
Activo fijo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas. […]».
ANTECEDENTES
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo al Requerimiento Especial No. 2018EE89991, proferido el 22 de mayo de 2018,
la entidad demandada expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 2280DDI004098
de fecha 15 de febrero de 20193, mediante la cual modificó la declaración privada del
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al segundo bimestre del año
gravable 2016 presentada por el demandante en el distrito de Bogotá D.C.. Mediante
dicho acto fueron adicionados a la base gravable del ICA la suma de $7.639.418.000,
provenientes de la cesión que hiciera la parte demandante, del derecho de opción de
compra que poseía en el contrato de leasing No. 1388 de 2002, liquidando en
consecuencia un mayor impuesto de $84.047.000 (tarifa del 11.04 por mil) e
imponiendo una sanción por inexactitud por la misma suma. Dicho acto administrativo
fue objeto de recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución
No. DDI000722 del 27 de enero de 20204, a través de la cual se confirmó en su
integridad la Liquidación Oficial recurrida.
1
El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 30 de julio de 2024, bajo la ponencia de la doctora Stella Jeannette
Carvajal Basto. Posteriormente, la ponencia fue asumida por el doctor Luis Antonio Rodríguez, quien manifestó impedimento el
10 de febrero de 2025. Dicho impedimento fue resuelto mediante providencia del 20 de marzo de 2015.
2
Samai Tribunal, índice 34.
3
Samai Tribunal, índice 19, folio 170 al 195.
4
Samai Tribunal, índice 19, folio 214 al 236.
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Demandante: Biochem Farmacéutica De Colombia S.A.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:
«PRIMERA.- Se declare la nulidad de la actuación administrativa por medio de la cual, en
contravención de la ley, la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, a través de la
Resolución No. 2280DDI004098 del 15 de febrero de 2019, profirió la Liquidación Oficial
de Revisión a la declaración del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros
correspondiente al bimestre 2 de 2016, presentada por el contribuyente BIOCHEM
FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A., en la cual liquidó oficialmente dicho impuesto, de
la siguiente forma:
a). El impuesto a cargo por la suma de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS
CINCO MIL PESOS moneda corriente ($113.305.000).
b). La sanción por inexactitud por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA
Y SIETE MIL PESOS moneda corriente ($84.047.000).
c). Los intereses moratorios que se llegaren a generar, sobre el valor del impuesto a cargo,
que para efectos tributarios está señalada en el artículo 635 del Estatuto Tributario. La
actuación acusada está conformada por los siguientes actos:
a) La Resolución No. 2280DDI004098 del 15 de febrero de 2019 o Liquidación Oficial de
Revisión 2019EEEE17357, emitida por la Oficina de Liquidación de la Subdirección de
Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.
b) La Resolución No. DDI000722 del 27 de enero de 2020, por la cual, la Jefe de la Oficina
de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección Distrital de
Impuestos de Bogotá –DIB, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la
Contribuyente BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA, confirmando la
Resolución No. 2280DDI004098 del 15 de febrero de 2019 de la Oficina de Liquidación de
la Subdirección de Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior, se restablezca el derecho de mi
poderdante, revocando la actuación administrativa demandada y declarando que:
1) El Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros correspondiente al bimestre 2
de 2016 a cargo del contribuyente BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA, es el
determinado en su declaración privada correspondiente.
2) Que se declare la firmeza de la liquidación privada del impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros por el segundo bimestre del año 2016 de la sociedad BIOCHEM
FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA.
3) Que en la mencionada declaración el contribuyente no incurrió en ningún hecho del cual
se derive una mayor responsabilidad tributaria, y
4) Que por tanto es improcedente la sanción por inexactitud impuesta a la contribuyente
aquí demandante.
TERCERA.- Que se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en
Derecho que se llegaren a causar.».
5
Samai Tribunal, índice 2, demanda.
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Invocó como normas vulneradas los artículos 6, 29, 95 numeral 9, y 154 de la
Constitución Política; los artículos 138 y 162 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 60 y
127-1 del Estatuto Tributario; los artículos 3, 4, 32 a 42, y 43 del Decreto Distrital 352
de 2002; los artículos 100 y 102 del Decreto Distrital 807 de 1993; el artículo 3 del
Acuerdo 671 de 2017; los artículos 99 y 110 numeral 4 del Código de Comercio; los
artículos 653, 664, 666, 667 y 762 del Código Civil; el artículo 240 de la Ley 1564 de
2012 (CGP); y la Ley 1314 de 2009 junto con el Decreto 3022 de 2013.
Bajo el siguiente concepto de violación se sustentaron los cargos en la demanda, y en
la contestación se ejerció el derecho de contradicción, así:
Primer cargo: Violación al debido proceso y defecto sustantivo
1.La parte demandante sostuvo que se le vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, en tanto la sanción por inexactitud fue impuesta sin que se acreditaran los
presupuestos legales que habilitan su procedencia. Señaló que la administración
incurrió en una suerte de responsabilidad objetiva, al derivar automáticamente la
sanción de la simple diferencia entre la liquidación privada y la oficial, sin demostrar
la existencia de omisión de ingresos, inclusión de datos falsos, ni la configuración de
conducta dolosa o culposa por parte del contribuyente.
Asimismo, la parte actora afirmó que no se respetaron las garantías probatorias, en
la medida en que no se efectuó una debida valoración de los elementos de prueba
allegados por la sociedad, lo que, a su juicio, comporta una actuación contraria a los
principios que rigen la potestad sancionadora de la administración.
De otro lado, en la demanda cuestionó la actuación administrativa por la aplicación
de normas contables derogadas, en particular las contenidas en los Decretos 2649 y
2650 de 1993, desconociendo que, para la época de los hechos, la sociedad se
encontraba obligada a aplicar las Normas NIIF. Según la demandante, tal
circunstancia condujo a una interpretación errónea de la naturaleza del activo
involucrado en la operación y a una inadecuada valoración de la realidad económica
del negocio.
2. La Secretaría Distrital de Hacienda se opuso al cargo, al sostener que no se
configuró irregularidad sustancial alguna, en la medida en que el procedimiento se
adelantó con observancia de las etapas legalmente previstas, garantizando el ejercicio
del derecho de defensa y contradicción por parte de la contribuyente. Agregó que no
toda irregularidad comporta nulidad, y que, en el presente caso, no se evidencia
afectación real a las garantías del debido proceso, para lo cual invocó la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
De igual forma, la Administración rechazó que la omisión de requerir información
adicional a la entidad de leasing constituya vulneración del debido proceso, al señalar
que la administración actuó de buena fe con fundamento en la información
suministrada por la propia contribuyente.
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Finalmente, precisó que, conforme a la normativa vigente para la época de los hechos
-en particular, el Decreto 2650 de 1993-, el activo debía reconocerse como un derecho
de naturaleza intangible en la cuenta 162535 (bienes recibidos en leasing) y no como
un bien inmueble de propiedad de la sociedad. Para el efecto, considero que Biochem
ostentaba únicamente la calidad de locataria, con una expectativa de compra que no
fue formalizada a su nombre.
Segundo cargo: Indebida calificación de los derechos como activos movibles
1. La parte demandante sostuvo que la naturaleza jurídica y tributaria del derecho de
opción de compra derivado del contrato de leasing, enajenado en 2016, constituye un
activo fijo de la sociedad. Por tanto, no se encuentra gravado con el ICA, teniendo en
cuenta la exclusión prevista en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, según
el cual, para la determinación de los ingresos netos gravables con el ICA, deberán
detraerse, entre otros conceptos, los ingresos provenientes de la enajenación de
activos fijos.
Al respecto, señaló que el derecho de opción de compra incorporado en un contrato
de leasing corresponde a un activo fijo para la sociedad, aun cuando se trate de un
bien incorporal y pese a que la propiedad jurídica del inmueble no se hubiere radicado
en cabeza de la contribuyente. Para sustentar esta tesis, invocó lo dispuesto en el
artículo 60 del ET, conforme al cual los activos fijos comprenden tanto bienes
corporales como incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los
negocios. En tal sentido, afirmó que, en el caso concreto, la enajenación de dicho
derecho no correspondía a una actividad habitual ni propia del objeto social de la
sociedad.
Igualmente, la parte actora adujo que la autoridad tributaria incurrió en una confusión
entre la titularidad jurídica del inmueble y la existencia de un derecho patrimonial
autónomo, al asumir de manera errónea que, ante la ausencia de propiedad jurídica
sobre el inmueble, la cesión del derecho configuraba automáticamente una operación
comercial gravada. Sostuvo que nunca se indicó que la venta no se encuentra gravada
con el ICA por versar sobre la venta de un inmueble. Siempre se ha alegado que se
trató de la venta de un activo fijo constituido por el derecho de opción de compra sobre
un inmueble, derivado de la suscripción del contrato de leasing No. 1388 de 2002.
Finalmente, indicó que el activo, cuya tenencia deriva del contrato de leasing, se
encontraba destinado al uso administrativo de la compañía, circunstancia que refuerza
su carácter de activo fijo, con independencia de la titularidad jurídica del inmueble al
momento de la cesión.
2. La Autoridad tributaria sostuvo que la operación realizada por la demandante no
correspondió a la enajenación de un activo fijo, sino a la cesión de un derecho derivado
de un contrato de leasing. A su juicio, dicho derecho no puede ser calificado como
activo fijo, en la medida en que el inmueble nunca ingresó al patrimonio de la
contribuyente. En tal sentido, afirmó que la ausencia de titularidad jurídica sobre el
bien impide su reconocimiento como activo fijo para efectos de la exclusión de
ingresos en el ICA, por cuanto dicha titularidad constituye un elemento relevante para
su configuración.
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En relación con la interpretación del régimen aplicable al leasing, la administración
reiteró que la contribuyente no adquirió el dominio del inmueble, en tanto no ejerció la
opción de compra prevista en el contrato. Por tal razón, el derecho cedido no podía
ostentar la naturaleza de activo fijo dentro de su patrimonio. Bajo esta premisa, señaló
que el contrato de leasing únicamente generaba un derecho de carácter contingente
o una mera expectativa, cuya cesión da lugar a ingresos gravados.
Tercer cargo: error en la interpretación del objeto social y el giro ordinario
1. La parte demandante sostuvo que la administración realizó una interpretación
errónea del objeto social de la compañía, al considerar que la operación analizada
formaba parte de su giro ordinario de los negocios. Al respecto, precisó que la
actividad principal de BIOCHEM consiste en la producción y comercialización de
productos farmacéuticos, y que la enajenación de derechos derivados de contratos de
leasing constituye una operación de carácter ocasional o secundaria, que no puede
ser calificada como una actividad comercial gravada con ICA.
2. La entidad afirmó que la enajenación del derecho constituye una actividad
comercial gravada, en la medida en que generó ingresos derivados de una operación
económica susceptible de imposición. Con fundamento en la normativa aplicable y en
la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, señaló que el ICA no solo grava
las actividades habituales, sino también aquellas realizadas de manera ocasional,
siempre que comporten una intervención económica con ánimo de lucro.
En ese contexto, afirmó que resulta irrelevante que la operación no haga parte del
objeto social principal de la empresa, pues puede subsumirse en actividades
secundarias o complementarias que igualmente se encuentran gravadas, en tanto
generan ingresos dentro de la jurisdicción territorial correspondiente y cumplen los
presupuestos del hecho generador del tributo.
Cuarto cargo: falta de aplicación de las normas NIIF y el artículo 127-1 del E.T.
1. La parte demandante adujo que había implementado las NIIF, conforme a lo
dispuesto en la Ley 1314 de 2009. En particular, señaló que, de acuerdo con la
Sección 20 para PYMES (o la NIIF 16), el arrendatario debe reconocer, desde el inicio
del contrato de arrendamiento financiero, un activo por el derecho de uso y un pasivo
correlativo, con independencia de la titularidad jurídica del bien.
En esa misma línea, Biochem alegó la vulneración del artículo 127-1 del ET, el cual
imponía a los locatarios en contratos de leasing financiero la obligación de reconocer
contablemente el bien objeto del contrato por su valor total, junto con el
correspondiente pasivo, otorgándole el tratamiento de activo propio sujeto a
depreciación y permitiendo su incorporación al patrimonio bruto. En consecuencia,
sostuvo que, al tratarse de un derecho con vocación de permanencia y no destinado
a su enajenación dentro del giro ordinario de los negocios, este constituía un activo
fijo, cuya enajenación o cesión se encuentra expresamente excluida de la base
gravable del ICA.
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2. La Administración insistió que el tratamiento contable adoptado por la
contribuyente resulta improcedente, al considerar que el registro adecuado del
contrato de leasing debía efectuarse como un derecho de naturaleza intangible en las
cuentas específicas del plan contable. No obstante, precisó que tal circunstancia no
desvirtúa la conclusión tributaria relativa al carácter gravado del ingreso obtenido, en
la medida en que la calificación contable del hecho económico no altera su naturaleza
fiscal ni la configuración del hecho generador del tributo.
Quinto cargo: interpretación errónea de la base gravable (Decreto 352 de 2002)
e improcedencia de la sanción por inexactitud
1. La parte demandante señaló que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital
352 de 2002, la base gravable del ICA se determina a partir de los ingresos netos del
contribuyente, con exclusión expresa de aquellos provenientes de la enajenación de
activos fijos. En tal virtud, afirmó que la operación objeto de controversia se subsume
dentro de dicha exclusión y que la administración, al desconocerla, desbordó el
alcance de la norma, invadiendo la órbita de configuración normativa propia del
legislador.
Adicionalmente, la demandante cuestionó la calificación que la administración otorgó
al ingreso, al denominarlo “prima por cesión de derechos”, figura que, a su juicio,
carece de sustento en la normativa tributaria aplicable al caso y responde a una
interpretación arbitraria de la realidad económica de la operación. Sostuvo que, en
estricto sentido, se trató de la enajenación de un activo fijo representado en un
derecho, cuyo tratamiento tributario se encuentra claramente definido en la ley.
Finalmente, en lo que respecta a la sanción por inexactitud, la parte actora concluyó
que esta resulta improcedente, por cuanto no se configuraron los elementos
estructurales que la habilitan. Añadió que, en todo caso, la diferencia entre la
liquidación privada y la oficial obedece a una legítima divergencia de criterios en la
interpretación normativa, circunstancia que, de conformidad con la legislación vigente,
excluye la imposición de la referida sanción.
2. La Secretaría Distrital de Hacienda sostuvo que la exclusión invocada no resulta
aplicable, por cuanto no se acreditan los presupuestos necesarios para calificar el bien
como activo fijo, en particular su efectiva incorporación al patrimonio de la
contribuyente. En consecuencia, consideró que el ingreso debía integrar la base
gravable del ICA y someterse a imposición conforme a la actividad comercial
desarrollada, incluso bajo una clasificación específica en el código CIIU
correspondiente.
En cuanto a la sanción por inexactitud, la entidad afirmó que esta se encuentra
debidamente configurada, en la medida en que la contribuyente omitió incluir ingresos
gravados al atribuir indebidamente a la operación el carácter de enajenación de activo
fijo, lo que dio lugar a la determinación de un menor impuesto a cargo. Sostuvo que
no se trata de una mera diferencia de criterio interpretativo, sino de una aplicación
incorrecta de la normativa, que derivó en una inexactitud en la declaración tributaria,
lo cual justifica la legalidad de la sanción impuesta.
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SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda6, sin condenar en costas. A su
turno, la parte demandante formuló recurso de apelación7. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son:
Primer cargo: Violación al debido proceso y defecto sustantivo
1. El Tribunal consideró que no se acreditó la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso. Señaló que la administración actuó dentro de las etapas
legalmente previstas, efectuó la valoración de las pruebas allegadas y motivó
adecuadamente los actos administrativos expedidos, sin que se evidencie
irregularidad sustancial alguna con entidad suficiente para afectar el derecho de
defensa de la parte actora.
De otra parte, en lo que respecta al cargo relacionado con la indebida aplicación de
normas contables -en particular, la utilización de los Decretos 2649 y 2650 de 1993
frente a las Normas NIIF-, el a quo consideró que dicha controversia carece de la
relevancia atribuida por la demandante. Al respecto, precisó que el tratamiento
contable de la operación no constituye un criterio determinante para establecer la
naturaleza del ingreso ni para definir la existencia de un activo fijo con efectos en ICA.
En consecuencia, aun cuando puedan presentarse diferencias en el marco técnico
contable aplicable, concluyó que estas no inciden en la calificación jurídica de la
operación ni desvirtúan su carácter gravado.
2. La parte demandante afirmó que se vulneró el debido proceso, en la medida en
que tanto la administración como el Tribunal fundamentaron sus decisiones en los
Decretos 2649 y 2650 de 1993, los cuales, para la vigencia fiscal 2016, se
encontraban derogados o resultaban inaplicables a la sociedad, que ya había
adoptado las Normas NIIF desde el año 2015. A juicio de la actora, dicha
incongruencia normativa condujo a una indebida valoración de los hechos y a la
aplicación de un marco jurídico ajeno al realmente vigente.
Asimismo, insistió en que la imposición de sanciones exige la acreditación plena de
los elementos que configuran la conducta sancionable, de manera que no basta la
formulación de juicios de valor por parte de la administración. En tal sentido, precisó
que las sanciones no pueden presumirse ni aplicarse con fundamento en criterios de
responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en el ordenamiento
sancionatorio, siendo necesario demostrar la configuración de una conducta dolosa o
culposa atribuible al contribuyente.
Segundo cargo: Indebida Calificación de los derechos como activos movibles
1. El Tribunal consideró que la demandante nunca ostentó la propiedad del inmueble
objeto del contrato de leasing, en tanto el dominio permaneció en cabeza de la entidad
financiera hasta tanto se ejerciera la opción de compra, circunstancia que no tuvo
lugar en el caso concreto. En consecuencia, determinó que la sociedad únicamente
detentaba la tenencia del bien, así como un derecho de opción, el cual fue
6
Samai Tribunal, índice 34, sentencia.
7
Samai Tribunal, índice 38, recurso de apelación.
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posteriormente cedido a un tercero. Bajo este entendido, consideró que no se
configuró la enajenación de un activo fijo, sino la cesión de un derecho generador de
ingresos.
En esa línea, el a quo enfatizó que, al no ser propietaria del inmueble, Biochem no
enajenó un activo de su propiedad, sino que llevó a cabo la cesión de derechos
derivados de su posición contractual. Señaló que dicha operación realizada por valor
de $7.639.418.000 generó una utilidad que incrementó los ingresos de la sociedad y
constituye una actividad de naturaleza mercantil gravada con ICA. Asimismo, precisó
que la sociedad ostentaba únicamente la “mera tenencia” del bien, junto con una
expectativa de adquisición que no se materializó a su nombre.8
2. La parte demandante insistió en que el Tribunal incurrió en un error al equiparar el
bien inmueble con el derecho derivado del contrato de leasing, por cuanto lo
enajenado no fue el inmueble -cuyo dominio, en efecto, no ostentaba BIOCHEM-, sino
el derecho de opción de compra. Tal activo (el derecho personal para ejercer la
opción de compra), a juicio del apelante, constituía un activo fijo incorporado en su
patrimonio, que tenía la calidad de activo fijo. Señaló que los derechos incorporales
también pueden ostentar la calidad de activos fijos, siempre que no se enajenen
dentro del giro ordinario de los negocios y tengan vocación de permanencia en el
patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del ET.
En relación con la interpretación del contrato de leasing, la parte apelante sostuvo
que el a quo incurrió en un yerro al no reconocer que este tipo de contrato genera un
activo en cabeza del arrendatario, representado en el derecho de uso y en la opción
de compra, los cuales pueden ser objeto de reconocimiento contable y eventual
enajenación. En tal medida, afirmó que es jurídicamente viable extender los efectos
del contrato de leasing a la cesión de la opción, constituyendo esta un negocio jurídico
válido sobre un activo del contribuyente.
Finalmente, insistió en que la destinación y vocación de permanencia del activo se
encuentran acreditadas, en tanto el mismo —correspondiente a las oficinas— estaba
destinado al uso administrativo de la compañía, circunstancia que reafirma su
naturaleza de activo fijo.
Tercer cargo: error en la interpretación del objeto social y el giro ordinario
1. El a quo argumentó que la cesión del derecho de opción de compra generó una
utilidad para la sociedad, lo cual comporta la obtención de ingresos derivados de una
actividad económica susceptible de imposición. En este sentido, el fallo se apoyó en
la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, conforme a la cual lo
8
De acuerdo con los antecedentes de la operación detallados en el expediente, se tiene que la sociedad suscribió originalmente
el contrato de leasing inmobiliario No. 1388 el 11 de diciembre de 2002 (folio No. 47 del documento "Antecedentes
administrativos.pdf"). Al finalizar el plazo inicial de tres años en 2005, la empresa decidió no ejercer la opción de compra y, en su
lugar, suscribió un compromiso de "buena tenencia y custodia" del inmueble, según lo manifestado por los responsables
contables de la sociedad durante las diligencias de fiscalización (folio No. 23 del documento "Antecedentes administrativos.pdf").
En esa misma fecha, el 16 de diciembre de 2005, se formalizó un acta de compromiso mediante la cual la entidad financiera
autorizó a Biochem para adelantar los trámites y ejecutar la construcción de su sede administrativa en el lote (folio No. 63 del
documento "Antecedentes administrativos.pdf"). Posteriormente, en noviembre de 2012, se suscribió el otrosí No. 3 al contrato
inicial, el cual permitió una adición a capital de $1.300.000.000 para financiar la edificación de seis niveles, modificando las
condiciones financieras de la operación y asignando un nuevo número de contrato (folio No. 67 del documento "Antecedentes
administrativos.pdf"). Si bien de las pruebas allegadas se observa el desarrollo de la relación contractual, se advierte que no
existe una trazabilidad absoluta de todos los movimientos intermedios del negocio y de los “Otrosí Nos. 1 y 2” realizados al
contrato No. 1388; no obstante, como dicho aspecto no es el objeto del debate jurídico -centrado en la calificación del activo-, no
se procederá a realizar un estudio adicional sobre la misma.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00304-01 (28846)
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determinante es establecer la realización de una actividad económica con carácter
empresarial que genere ingresos, sin que resulten decisivos el objeto social ni la
calificación contable del bien.
En esa línea, el Tribunal concluyó que la demandante, al ceder su posición
contractual en el contrato de leasing con el propósito de obtener un beneficio
económico, desarrolló una actividad de naturaleza comercial, con independencia de
su carácter ocasional o secundario frente al objeto social. En consecuencia, determinó
que los ingresos derivados de dicha operación debían integrar la base gravable del
impuesto, descartando la tesis de la demandante según la cual se trataba de una
operación excluida.
2. La parte demandante sostuvo que la operación realizada no corresponde al giro
ordinario de los negocios de BIOCHEM, cuya actividad principal consiste en la
fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. En tal sentido, enfatizó
que la sociedad no desarrolla de manera habitual operaciones de enajenación de
derechos derivados de contratos de leasing ni de bienes inmuebles, lo cual, a su
juicio, refuerza la naturaleza de activo fijo del derecho cedido y excluye su calificación
como activo movible o como ingreso gravado.
Asimismo, la parte actora cuestionó la aplicación efectuada por el Tribunal de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2021, al considerar que fue
indebidamente empleada, en la medida en que regula un problema jurídico distinto,
relacionado con la percepción de dividendos y no con la cesión de derechos en el
marco de contratos de leasing. En consecuencia, sostuvo que no se cumplen los
presupuestos para su aplicación como precedente vinculante, dado que no existe
identidad fáctica ni jurídica entre los supuestos analizados, lo que condujo al juez a
sustentar su decisión en consideraciones ajenas al caso concreto.
Cuarto cargo: falta de aplicación de las normas NIIF y el artículo 127-1 del E.T.
1. El Tribunal desestimó los argumentos de la parte demandante, al señalar que la
calificación de un bien como activo fijo no puede sustentarse exclusivamente en su
destinación o en el tratamiento contable otorgado, máxime cuando no se acredita la
existencia de un derecho de dominio sobre el mismo. En ese orden, concluyó que la
ausencia de titularidad jurídica del bien impide predicar la enajenación de un activo
fijo, lo que desvirtúa el fundamento principal de la demanda.
2. La demandante apelante reprochó al Tribunal el desconocimiento de la normativa
contable aplicable, en particular de las Normas NIIF, vigentes para la sociedad desde
el año 2015. Indicó que la contabilización del derecho de opción de compra como
activo fijo se ajustaba a dichas disposiciones, y que la sentencia incurre en error al
restar valor probatorio a la contabilidad sin que esta hubiera sido formalmente
desvirtuada. En su criterio, el adecuado reconocimiento contable evidencia que el
derecho constituía un activo fijo, por lo que su cesión no podía ser calificada como una
actividad comercial gravada.
De igual forma, la apelante cuestionó la interpretación del artículo 127-1 del ET
efectuada por el a quo, al señalar que dicha disposición regula el tratamiento contable
y fiscal de los contratos de leasing, sin que ello implique desconocer que los derechos
derivados de tales contratos puedan ser considerados activos en cabeza del
arrendatario. A su juicio, la providencia impugnada desconoce la naturaleza
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económica del leasing como mecanismo de financiación que genera derechos
patrimoniales en favor del locatario, susceptibles de ser enajenados.
Quinto cargo: interpretación errónea de la base gravable (Decreto 352 de 2002)
e improcedencia de la sanción por inexactitud
1. El Tribunal precisó que, de conformidad con el artículo 42 del Decreto Distrital 352
de 2002, los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos no integran la
base gravable del ICA. No obstante, advirtió que la determinación de si un bien ostenta
la calidad de activo fijo no depende de su registro contable ni de su inclusión en el
objeto social, sino de la realidad económica de la operación y de su vinculación con el
giro ordinario de los negocios del contribuyente.
En lo que respecta a la sanción por inexactitud, el Tribunal concluyó que esta resulta
procedente, por cuanto la demandante omitió incluir ingresos gravados al calificar de
manera indebida la cesión del derecho como una venta de activo fijo. Enfatizó que no
se trató de una simple divergencia de criterios jurídicos razonables, sino de una
interpretación que condujo a la presentación de una declaración inexacta, con la
consecuente determinación de un menor impuesto a cargo, lo cual encuadra en los
supuestos legales que habilitan la imposición de la sanción.
2. La parte demandante sostuvo que el Tribunal desconoció la correcta aplicación del
artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, al no reconocer que la operación
realizada correspondía a la enajenación de un activo fijo, cuya exclusión de la base
gravable del ICA se encuentra expresamente prevista. Reiteró que la sentencia incurre
en una indebida calificación de la naturaleza del ingreso, al tratar la cesión del derecho
de opción de compra como un ingreso gravado, cuando, en su criterio, debía
considerarse como la enajenación de un activo fijo representado en un derecho
incorporal, ajeno al giro ordinario de los negocios de la sociedad.
En lo que respecta a la sanción por inexactitud, la parte apelante afirmó que su
imposición resulta improcedente, toda vez que la actuación de la demandante se
fundamentó en una interpretación razonable del derecho, sustentada en normas
contables y tributarias vigentes. Señaló que no existió ocultamiento de ingresos ni
inclusión de datos falsos, sino una divergencia de criterios frente a la administración,
circunstancia que excluye la configuración de la conducta sancionable.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso9. Mediante el auto del 20 de marzo de
202510 se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del
presente proceso.
9
Samai CE, índice 13.
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Samai CE, índice 20.
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Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe
establecer:
(i) ¿El ingreso percibido por la cesión de la opción de compra contenido en el contrato
de leasing No. 1388 de 2002, correspondió a la enajenación de un activo fijo, no sujeto
al ICA de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002?
(ii) ¿Es procedente la imposición de la sanción por inexactitud cuando los hechos y
las cifras declaradas son veraces, pero existe una discrepancia razonable en la
interpretación del tratamiento tributario y contable aplicable a los derechos derivados
de contratos de leasing frente al concepto de activo fijo?
Caso concreto
Dado que los reproches planteados por el demandante tienen como presupuesto
común la determinación de la naturaleza jurídica del activo cedido, la Sala procederá
a resolverlos de manera conjunta.
El hecho generador del ICA está constituido por el ejercicio de actividades industriales,
comerciales o de servicios dentro de la respectiva jurisdicción municipal. En tal
sentido, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 dispone que el tributo recae sobre la
realización, directa o indirecta, de cualquier actividad de esa índole en las
correspondientes jurisdicciones territoriales.
En lo que respecta a la base gravable del tributo en el Distrito Capital, el artículo 42
del Decreto Distrital 352 de 2002 establece que el ICA se liquidará con fundamento
en los ingresos netos obtenidos por el contribuyente durante el respectivo período.
Para la determinación de dichos ingresos, deberán detraerse de la totalidad de los
ingresos ordinarios y extraordinarios aquellos correspondientes a actividades exentas
o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y,
de manera expresa, los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.
Comoquiera que la normativa distrital no define el concepto de activo fijo, esta
Corporación ha acudido de manera reiterada a la definición prevista en el artículo 60
del Estatuto Tributario, como criterio interpretativo para determinar cuándo un bien
tiene la condición de activo fijo para efectos del ICA11.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la citada disposición no regula un beneficio, una
deducción, un ingreso gravado o una tarifa propia del impuesto sobre la renta. Así, su
finalidad consiste en establecer una clasificación jurídica y económica de los activos,
distinguiendo entre aquellos que hacen parte del giro ordinario de los negocios del
contribuyente -activos movibles -y aquellos destinados de manera permanente al
desarrollo de la empresa -activos fijos o inmovilizados-.
11
Sentencias del 1 de diciembre de 2000, exp. 10867, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 22 de septiembre de 2004, exp. 13726,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa; del 4 de septiembre de 2008, exp. 16206, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; del 6 de septiembre de
2012, exp. 18705, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 13 de junio de 2013, exp. 18703, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez; del 6 de agosto de 2014, exp. 19738, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 17 de agosto de 2017, exp. 20602,
Stella Jeannette Carvajal Basto; del 31 de mayo de 2018, exp. 21776, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 23 de mayo de
2024, exp. 28104, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 27 de marzo de 2025, exp. 28485, C.P. Luis Anotnio Rodríguez
Montaño.
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Por ello, aunque formalmente la disposición hace parte del Estatuto Tributario, su
contenido trasciende el impuesto sobre la renta y ha sido utilizado reiteradamente por
la jurisprudencia de esta Corporación para resolver controversias relacionadas con
tributos territoriales, dentro de ellos, los relativos a la aplicación de la exclusión de los
ingresos provenientes de la venta de activos fijos dentro del ICA.
En estos términos, conforme al citado artículo, son activos fijos los bienes corporales
-muebles e inmuebles- y los incorporales (derechos) que no se enajenan dentro del
giro ordinario de los negocios del contribuyente. De allí que, la determinación de la
naturaleza del activo no depende exclusivamente de la titularidad jurídica del bien
subyacente, sino principalmente de su destinación económica, de su vocación de
permanencia dentro del patrimonio y de que no haga parte de la actividad ordinaria
desarrollada por el contribuyente.
Bajo este contexto, en la medida que el artículo 60 del Estatuto Tributario no
condiciona que el activo fijo sólo pueda ser integrado por bienes corporales, esto es,
no lo restringe a inmuebles, maquinaria o bienes tangibles, y por el contrario, permite
que los bienes incorporales formen parte de esta clasificación, siempre que hagan
parte del patrimonio permanente de la empresa, se ha considerado que múltiples
bienes incorporales, entre ellos las acciones, cuotas sociales, marcas, derechos
fiduciarios y derechos derivados de contratos, entre otros, puedan ser catalogados
como activos fijos, si cumplen los presupuestos previstos en la norma. Por ello, nada
impide que un derecho contractual pueda constituirse en un activo fijo, bajo los
parámetros expuestos en la norma.
Dicho lo anterior, conviene entonces preguntarse si en el caso particular la opción de
compra establecida en el contrato de leasing constituye un derecho patrimonial, si ese
derecho integra el patrimonio del locatario, si puede ser un activo fijo, aunque el
dominio del inmueble permanezca en la compañía de leasing, y por último si la cesión
de ese derecho implica necesariamente ejercer una actividad comercial gravada o
simplemente corresponde a la enajenación excepcional de un activo fijo.
Al respecto, frente a la naturaleza jurídica del derecho a ejercer la opción de compra
en el marco de un contrato de leasing financiero, esta Sección se pronunció en
sentencia del 15 de julio de 2021, expediente 24461, con ponencia de la consejera
Stella Jeannette Carvajal Basto. En dicha providencia, la Sala precisó, de conformidad
con el artículo 127-1 del Estatuto Tributario -en su redacción vigente para el período
objeto de análisis12- que el activo que se incorporaba al patrimonio del arrendatario,
desde el inicio del contrato, correspondía a un derecho, esto es, a un bien incorporal
o intangible, en la medida en que el bien objeto del leasing permanecía en cabeza de
la compañía de financiación, mientras que el locatario únicamente ostentaba la
facultad de ejercer la opción de compra.
En consecuencia, la Sala concluyó que lo susceptible de cesión o enajenación por
parte del arrendatario era dicho derecho -de naturaleza incorporal- y no el bien
subyacente, respecto del cual nunca detentó el derecho de dominio:
12
Esto es, antes de la modificación efectuada por el artículo 76 de la ley 1819 de 2016.
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“Obra prueba en el expediente que la actora, en su calidad de arrendataria o locataria, trató el
valor asignado a la construcción como un arrendamiento operativo, en cuanto registró como un
gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado durante la vigencia del contrato,
sin contabilizar nada en el activo ni en el pasivo. Y el valor asociado al terreno, lo contabilizó al
inicio del contrato en el activo y en el pasivo, el cual se fue amortizando en la medida en que se
fue ejecutando el contrato, así: (…)
Como puede observarse, el activo que hizo parte del patrimonio de la actora desde la fecha de
inicio del contrato (1 de febrero de 2006) correspondía a un derecho, es decir, a un intangible,
dado que el bien inmueble pertenecía a la compañía de leasing y la locataria sólo tenía el derecho
para ejercer la opción de compra del bien. Y fue este derecho a ejercer la opción de compra el
que la actora cedió o enajenó a algunos de los accionistas de la sociedad en virtud del contrato
celebrado el 31 de enero de 2013, en el cual se acordó: (…)
Se precisa que, aunque el 1 de febrero de 2013, día de finalización del contrato de leasing, la
actora pagó por cuenta de los cesionarios la opción de compra ($423.692.130), este hecho no la
convirtió en propietaria de los bienes objeto del contrato de leasing pues, como lo sostiene la
demandante, para adquirir el dominio de bienes raíces se requiere una escritura pública inscrita
en la oficina de registro de instrumentos públicos, conforme a lo previsto en los artículos 756 y
1857 del Código Civil.
Así las cosas, conforme al artículo 127-1 [2.e] del ET, vigente para el periodo discutido, como el
activo cedido o enajenado derivado del contrato de leasing financiero correspondió a un derecho
que permaneció en el patrimonio de la sociedad desde el 1 de febrero de 2006, fecha de inicio
del contrato, hasta el 31 de enero de 2013, fecha de enajenación del mismo, el ingreso y el costo
asociado a la cesión del derecho a ejercer la opción de compra debieron ser declarados como
ganancias ocasionales, en los términos del artículo 300 del ET, por tratarse de un activo que fue
poseído por más de dos años. En consecuencia, la utilidad obtenida por la sociedad debió
tratarse, como en efecto se hizo, como una ganancia ocasional.”
Los fundamentos de esa decisión son plenamente aplicables al presente caso, en el
que la discusión se traslada al ámbito del ICA del Distrito Capital. En efecto, si el
derecho a ejercer la opción de compra en un contrato de leasing financiero tiene la
naturaleza de un activo intangible que hace parte del patrimonio del arrendatario
desde el inicio del contrato, ese mismo derecho debe ser calificado como activo fijo a
efectos de la aplicación del artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, siempre que
no se hubiere adquirido con el propósito de ser enajenado dentro del giro ordinario de
los negocios del contribuyente.
En este punto y dado que el fundamento expuesto en el citado fallo parte de lo
expuesto en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, la Sala considera necesario
precisar el alcance de esta disposición en su redacción vigente para la época de los
hechos, pues parte de la controversia surgió de asumir que dicha disposición impedía
reconocer la existencia de un activo fijo en cabeza del locatario financiero,
entendimiento que no corresponde al contenido de la norma, en la medida que el
citado artículo 127-1 fue incorporado al Estatuto Tributario a través de la ley 233 de
1995 con una finalidad específica: establecer el tratamiento contable y fiscal aplicable
a los contratos de leasing.
En efecto, esta norma reguló aspectos relacionados con la deducibilidad de los
cánones; la depreciación; la amortización; el reconocimiento de ingresos; y los efectos
tributarios derivados del ejercicio de la opción de compra, por lo que no cabe duda
que se trató de disposición tributaria con una clara injerencia en temas contables, al
punto que en la misma se estipularon reglas, para efectos contables y fiscales, de
cómo se deben registrar los contratos de arrendamiento financiero con opción de
compra (leasing) celebrados a partir del 1 de enero de 1996.
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El criterio expuesto permite advertir el error de apreciación en que incurrieron tanto la
Administración Distrital como el Tribunal de primera instancia, al asimilar la cesión del
derecho de opción de compra con la enajenación del bien inmueble subyacente, para
efectos de concluir que como la parte demandante no ostentaba la titularidad del
derecho de dominio sobre el inmueble -el cual permaneció en cabeza de la compañía
de leasing-, en realidad no estaba enajenado un activo fijo, que, a su juicio, sólo podía
estar representado en el inmueble y no en el derecho de naturaleza incorporal
derivado del contrato.
En efecto, no debe pasarse por alto que el artículo 2° del Decreto 913 de 1993 define
el leasing financiero como aquel en virtud de la cual una entidad entrega, a título de
arrendamiento, bienes adquiridos para tal efecto, financiando su uso y goce a cambio
del pago de cánones durante un plazo determinado, y pactando en favor del
arrendatario la facultad de ejercer una opción de compra al término del contrato.
Dicha disposición resulta relevante, en tanto evidencia que el leasing financiero
constituye, en esencia, un mecanismo de financiación para la adquisición de activos
de capital, en el cual la opción de compra no configura una circunstancia eventual o
accesoria, sino un derecho contractual que integra la estructura misma del negocio
desde su celebración. En ese orden de ideas, sostener que el derecho de opción de
compra corresponde a una mera expectativa y por tanto no puede calificarse como un
activo fijo, implica desconocer la naturaleza y la esencia misma de este contrato, en
virtud del cual el arrendatario incorpora a su patrimonio un derecho contractual -esto
es, la facultad de ejercer la opción de compra- cuyo ejercicio se encuentra
condicionado al cumplimiento de las obligaciones pactadas.
En esa medida, el razonamiento del tribunal y de la parte demandada, conforme al
cual la ausencia de titularidad jurídica sobre el inmueble impide calificar la operación
como enajenación de un activo fijo, reproduce la misma confusión conceptual que ha
sido superada por la jurisprudencia de esta Sección. En efecto, el activo fijo en cabeza
del arrendatario no está constituido por el inmueble, sino por el derecho incorporal que
le confiere la facultad de ejercer la opción de compra, razón por la cual, debe
concluirse que el ingreso que se percibe por la cesión de la opción de compra
contenido en el contrato de leasing corresponde a la enajenación de un activo fijo, sin
que importe para ello, que en el asunto sub examine, la sociedad demandante no haya
ostentado en momento alguno la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble.
De otro lado, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la condición de activo
fijo no depende exclusivamente de su registro contable ni del tiempo de permanencia
en el patrimonio, sino de su destinación específica y de que su enajenación no
corresponda al desarrollo del objeto social principal del contribuyente. En
consecuencia, cuando un bien o derecho se mantiene en el patrimonio con la finalidad
de servir de manera duradera a la actividad productiva, y no para su comercialización
habitual, conserva su naturaleza de activo fijo13.
En esa misma línea, la Sección ha sostenido de forma consistente que la calificación
de un activo como fijo o movible, en el ámbito tributario, no está determinada por el
lapso durante el cual ha permanecido en el patrimonio del contribuyente, ni por su
tratamiento contable, ni por la generación de ingresos derivados de su tenencia, sino
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de marzo de 2009, radicado 16584, Magistrada Ponente: Martha Teresa
Briceño de Valencia.
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por su destinación económica. Así lo precisado esta Sección14, al señalar que el
criterio determinante radica en establecer si el bien está vinculado al giro ordinario de
los negocios.
En igual sentido, en las sentencias del 17 de agosto de 2017 y del 30 de agosto de
202415, se reitera que la permanencia del activo en el patrimonio o su contabilización
como activo fijo no son circunstancias que, por sí mismas, definan su naturaleza. En
efecto, un bien será movible cuando su enajenación se produzca dentro del giro
ordinario de los negocios; mientras que tendrá el carácter de activo fijo cuando esté
destinado al uso propio de la empresa y no a su comercialización habitual, con
independencia de que se trate de un bien corporal o incorporal.
En este contexto, debe señalarse que en el caso particular se encuentra acreditado
que el inmueble objeto del contrato de leasing fue utilizado por la demandante para el
desarrollo permanente de su actividad empresarial, no fue adquirido con fines
especulativos y tampoco hacía parte del inventario destinado a comercialización. Su
función económica consistía en servir como infraestructura permanente de la
empresa.
Esa destinación también caracteriza el derecho contractual derivado del leasing, ya
que la sociedad no adquirió dicha posición jurídica para negociar contratos de leasing,
la adquirió para utilizar el inmueble en el desarrollo de su objeto social. Por ello, el
derecho contractual heredó la misma vocación de permanencia que caracterizaba al
bien cuya adquisición futura permitía. En otras palabras, esa destinación específica,
ajena a una vocación de enajenación habitual, constituye el criterio determinante para
atribuir al referido derecho el carácter de activo fijo, con independencia de que la
titularidad jurídica del inmueble no hubiese radicado en cabeza de la sociedad.
Al respecto, esta Sección, en sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021 16,
precisó que el concepto de giro ordinario de los negocios constituye una categoría
jurídica propia del derecho societario, desarrollada a partir del objeto social, orientada
a identificar aquellas actividades que son ejecutadas de manera habitual por el ente
societario, bajo un criterio empresarial. En la misma providencia se indicó que entre el
objeto social y el giro ordinario de los negocios existe una relación de género y
especie, en la medida en que el primero (género) comprende tanto la gestión ordinaria
como la esporádica de la sociedad, en cuanto constituye la actividad potencial
autorizada de manera descriptiva en el acto de constitución (se ejecute o no). Por su
parte, el giro ordinario de los negocios (especie) corresponde a aquella porción del
objeto social que se desarrolla de manera efectiva, con sujeción a criterios de
habitualidad y profesionalismo propios de la actividad empresarial.
En ese orden, no hacen parte del giro ordinario de los negocios aquellos actos o
negocios jurídicos que, aun cuando se ejecuten en desarrollo del objeto social,
revisten carácter extraordinario, eventual o aislado, esto es, aquellos que carecen de
habitualidad y no responden a un ejercicio empresarial ordinario.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de mayo de 2010, radicado 17135, Magistrada Ponente: Martha Teresa
Briceño de Valencia.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado 25000-23-37-000-2013-00443-01 (20602)
y Sentencia del 30 de agosto de 2024, radicado 25000-23-37-000-2021-00120-01, ambas con ponencia de la Dra. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
16
Sección Cuarta, Sentencia de Unificación del 2 de diciembre de 2021, Rad. No. 25000-23-37-000-2013-01107-01 (Exp. 23424)
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Este criterio fue reiterado y aplicado por esta Sección en la sentencia del 8 de mayo
de 202517. En dicha providencia, la Sala confirmó que, “cuando la enajenación de
bienes se realiza dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, la utilidad
generada no puede ser calificada como ganancia ocasional, con independencia del
tiempo de posesión, y debe ser tratada, en todos los casos, como renta ordinaria”. No
obstante, también precisó que, para concluir que una operación corresponde al giro
ordinario de los negocios, resulta indispensable verificar, con fundamento en el acervo
probatorio, las actividades que el contribuyente desarrolla de manera habitual y
ordinaria, así como establecer si, dentro de ese contexto, se encuentra comprendida
la enajenación de los activos objeto de análisis. De manera expresa, la Sala indicó
que “lo verdaderamente relevante es el propósito y la destinación de los bienes en el
marco de la actividad económica del contribuyente”.
De conformidad con lo anterior, el giro ordinario de los negocios no se configura por
la simple realización de una operación mercantil que genere ingresos, sino que exige
que dicha operación corresponda a la actividad económica que el contribuyente
ejecuta de forma habitual, organizada y reiterada como parte de su dinámica
empresarial. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sociedad Biochem
Farmacéutica de Colombia S.A., cuya actividad económica principal consiste en la
fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, no desarrolla de manera
habitual operaciones de enajenación de derechos derivados de contratos de leasing
ni de bienes inmuebles, por lo que la operación cuestionada reviste un carácter
esporádico, lo que resulta determinante para establecer el carácter con el que ostenta
el derecho de ejercer la opción de compra sobre el inmueble objeto del contrato de
leasing.
Resulta evidente, entonces, que la interpretación efectuada por el tribunal y la
autoridad tributaria respecto de la sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021
es errada. En efecto, es dicha providencia la que consagra el criterio del giro ordinario
de los negocios como parámetro determinante, el cual, aplicado al caso concreto,
conduce a concluir que la operación realizada por Biochem constituyó la enajenación
de un activo fijo, en atención al carácter esporádico de la misma.
Lo anterior, por cuanto la cesión del derecho de opción de compra aquí discutida no
reviste la habitualidad necesaria para que el acto negocial pueda subsumirse en el
giro ordinario de los negocios. En consecuencia, resulta jurídicamente inviable el
fundamento expuesto por el tribunal y la autoridad tributaria, según el cual el objeto
social carece de relevancia y, por ende, aun cuando la referida operación no se
encuentre comprendida dentro de las actividades económicas principales del
contribuyente, configura una actividad ocasional gravada.
Tal tesis desconoce los criterios jurisprudenciales fijados por esta Sección en torno a
la necesaria concurrencia de los elementos de habitualidad y conexidad con el objeto
social para efectos de integrar el giro ordinario de los negocios.
Por último, para fines ilustrativos sobre el tratamiento en ICA de la cesión de posición
contractual, en sentencia del 3 de noviembre de 2022, Exp. 26523, con ponencia de
la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, esta Sección analizó si los ingresos
provenientes de la cesión de una posición contractual en un contrato de transporte de
crudo constituían una actividad comercial gravada con ICA. De la ratio decidendi de
17
Sección Cuarta, sentencia del 8 de mayo de 2025, exp. 08001-23-33-000-2023-00115-01 (28994), C.P. Wilson Ramos Girón
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esa providencia es posible inferir, por vía de contraste, que cuando la cesión de un
derecho contractual se ejecuta de manera esporádica, no forma parte del giro
ordinario de los negocios y no corresponde al ejercicio habitual de una actividad
comercial, los ingresos derivados de la misma no configuran el hecho generador del
impuesto. Tal es el caso que aquí se analiza, toda vez que ya se precisó que el activo
no se posee para ser enajenado dentro del giro ordinario de los negocios (art. 60 ET).
En concreto, la enajenación de la opción de compra constituyó una operación de
carácter extraordinario, que puso fin a la tenencia de la sede administrativa de la
sociedad demandante. Por consiguiente, el ingreso obtenido se encuentra cobijado
por la exclusión prevista en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002.
Por último, en lo que respecta al tratamiento contable del contrato de leasing
financiero, la Sala advierte que, con independencia del marco normativo contable
aplicable -esto es, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o los
Decretos 2649 y 2650 de 1993-, ambos coinciden en reconocer que el arrendatario
detenta un derecho de contenido patrimonial sobre el bien objeto del contrato, el cual
se incorpora a su activo.
Este tratamiento se armoniza con lo dispuesto en el artículo 127-1 del Estatuto
Tributario, que como se vio, supone el reconocimiento, en cabeza del locatario, de un
derecho representativo del activo subyacente, con prescindencia de que la titularidad
del bien corporal solo se consolide con el ejercicio de la opción de compra.
En otros términos, el activo se integra al patrimonio del arrendatario desde la
suscripción del contrato de leasing: inicialmente, bajo la forma de un derecho
intangible y, posteriormente, con el ejercicio de la opción, como un bien corporal.
Cabe advertir que esta conclusión no varía por la entrada en vigencia de la Ley 1819
de 2016, en la medida en que esta norma no creó una realidad económica nueva.
Este aspecto resulta especialmente importante. Con frecuencia se afirma que
únicamente a partir de la Ley 1819 de 2016 el locatario pasó a ser considerado
propietario económico del activo. Sin embargo, esa afirmación merece una precisión.
La ley 1819 de 2016 no modificó la realidad económica del leasing. Lo que hizo fue
adecuar el régimen tributario colombiano a los nuevos estándares contables
derivados de la convergencia hacia las NIIF.
En consecuencia, el cambio introducido por la ley 1819 de 2016 tampoco puede
interpretarse como una prueba de que anteriormente el locatario carecía
absolutamente de un activo patrimonial. Lo que hizo la reforma fue armonizar dos
sistemas normativos que hasta ese momento seguían reglas diferentes. Por ello,
utilizar dicha ley como argumento para negar cualquier contenido patrimonial al
derecho del locatario durante el régimen anterior conduciría a una interpretación
retrospectiva de la reforma legal, máxime cuando el artículo 127-1 del ET nunca
derogó el artículo 60 del Estatuto Tributario ni limitó su aplicación para este tipo de
contratos,
Por ello, ambas disposiciones deben interpretarse de manera armónica. Mientras el
artículo 127-1 regulaba el tratamiento contable y fiscal del contrato, el artículo 60 del
Estatuto Tributario seguía proporcionando el criterio para determinar cuándo un activo
—corporal o incorporal— hace parte del activo fijo del contribuyente y cuando un bien
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o un derecho patrimonial tenía vocación de permanencia. Así, se trata de normas que
cumplen funciones distintas y por ello no existe contradicción entre ellas.
De este modo, con independencia de su tratamiento contable específico, lo cierto es
que dicho activo se encuentra incorporado al patrimonio y permanece afecto a la
generación de renta -en este caso, como inmueble destinado a la sede de la
administración- hasta el momento en que se produce la cesión del derecho de opción
de compra.
La calificación contable del hecho económico, cuando se ajusta a las normas
aplicables, es un elemento probatorio relevante para establecer la naturaleza del
activo y el tratamiento tributario de la operación. En el presente caso, la
reglamentación de las NIIF (aplicada por el contribuyente), en la Sección 20 de NIIF
para PYMES (o NIIF 16), disponen que el arrendatario debe reconocer
obligatoriamente un activo por el "derecho al uso" y un pasivo correlativo, otorgándole
el tratamiento de un activo propio sujeto a depreciación. Este tratamiento no es
caprichoso. Como ya se advirtió corresponde a la expresión cifrada de la esencia
misma del contrato de leasing que no puede obviarse al darle merito a las pruebas
allegadas.
Revisado el acervo probatorio18, se encuentra demostrado que la sociedad registró el
activo en la cuenta 1516 -Construcciones y Edificaciones-, con un saldo de
$7.051.114.562,87 y a su vez está registrada la correspondiente depreciación por el
valor de $3.302.258.17552. Estos registros contables evidencian la prevalencia de la
realidad económica, en tanto refleja que Biochem ejercía control sobre el activo y
obtenía los beneficios económicos derivados del mismo, incorporándolo a su
patrimonio bruto como un activo con vocación de permanencia.
Este hecho no es objeto de controversia. En efecto, la propia Administración, en el
Acta de Visita del 9 de mayo de 2018, dejó constancia de que “el contribuyente lo
registró erróneamente en la cuenta PUC 15 —Construcciones y Edificaciones—,
cuando en realidad correspondía hacerlo en la cuenta PUC 1625 —Derechos en
bienes recibidos en arrendamiento financiero—”.
Lo anterior pone de manifiesto que se encuentra acreditada la incorporación de dicho
derecho al patrimonio de la sociedad como un activo de naturaleza permanente, lo
cual, en contraposición a lo sostenido por el Tribunal, constituye un elemento
probatorio relevante que permite establecer la destinación del activo. En efecto, como
se explicó, se trata de un activo fijo de naturaleza incorporal, cuya finalidad consistió
en su utilización como sede de las oficinas administrativas de Biochem.
Establecido que el derecho a ejercer la opción de compra ostentaba la naturaleza de
activo fijo de carácter intangible, su enajenación se encuentra amparada por la
exclusión prevista en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, el cual dispone
de manera expresa que, para la determinación de los ingresos netos gravables con
el impuesto de industria y comercio, deberán detraerse, entre otros conceptos, los
ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.
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Documento: "Anexo 1 - 238 FLS" Página 73 (Folio 125): Libro Mayor y Balance - A marzo de 2016.
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Dicha exclusión opera por mandato legal, sin que sea exigible que el bien enajenado
corresponda a un bien corporal -como lo sería un inmueble-, ni que el contribuyente
ostente el derecho de dominio sobre el bien subyacente del contrato de leasing, toda
vez que lo que se transfiere es un derecho de naturaleza incorporal, el cual constituye,
en sí mismo, el activo fijo del arrendatario.
Lo anterior supone además que si lo vendido corresponde a un activo fijo —aunque
sea un derecho incorporal— la exclusión opera precisamente porque el legislador
quiso sacar de la base gravable aquellos ingresos derivados de la realización del
patrimonio permanente del contribuyente y no de su actividad empresarial ordinaria,
por lo que mal haría en considerarse que dicha enajenación corresponde a la
realización de una actividad comercial gravada con el ICA.
En otras palabras, el hecho de que la transmisión se hubiera instrumentado mediante
una cesión contractual no modifica la condición de activo fijo si el derecho patrimonial
cedido permanecía incorporado al activo permanente de la empresa y por tanto el
ingreso proveniente de esta operación no se encuentra gravada con el ICA.
Al quedar demostrado entonces que el derecho de opción de compra constituye un
activo fijo, su enajenación se encuentra excluida de la base gravable del impuesto de
industria y comercio; todos los reparos formulados en la alzada están llamados a
prosperar, incluido el referente a la sanción por inexactitud.
Conclusión:
• El derecho a ejercer la opción de compra en el contrato de leasing financiero tiene
la naturaleza de un derecho intangible que, según el objeto social y el giro ordinario
de los negocios del contribuyente, puede tener la calidad de activo fijo.
• En caso de que cumpla con el carácter de activo fijo, como el caso que aquí se
analiza, el ingreso obtenido por la enajenación del activo fijo intangible está
expresamente excluido de la base gravable del ICA en el Distrito Capital conforme
al artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002.
Habiendo tenido prosperidad la apelación, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia.
Condena en costas
Atendiendo al criterio fijado en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 19, la Sala
impondrá condena en agencias en derecho a la parte demandada en ambas
instancias, fijando un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada una, conforme
a lo dispuesto en el Acuerdo núm. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del
Consejo Superior de la Judicatura. Ello en atención a lo previsto en el artículo 365,
numeral 1, del Código General del Proceso (CGP), dado que dicha parte resultó
vencida en juicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
19
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón).
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FALLA
1. REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se
dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
2280DDI004098 del 15 de febrero de 2019, proferida por la Oficina de
Liquidación de la Subdirección de Determinación de la Dirección Distrital de
Impuestos de Bogotá, y de la Resolución No. DDI000722 del 27 de enero
de 2020, mediante la cual se confirmó el acto anterior, por medio de los
cuales se modificó la declaración del impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros correspondiente al segundo bimestre del año gravable
2016, presentada por Biochem farmacéutica de Colombia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la
firmeza de la declaración privada del impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros del segundo bimestre del año gravable 2016, presentada
por Biochem farmacéutica de Colombia en el Distrito Capital de Bogotá.
2. Condenar en costas a la parte demandada, en su modalidad de agencias en
derecho, con 1 SMLMV por cada instancia, de acuerdo con el Acuerdo No. PASAA16-
10554 del 5 de agosto del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva
de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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