Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00306-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00306-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00306-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
18 de julio de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00306-01 (27989)
Demandante: Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00306-01(27989)
Demandante: NIKOIL ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN
Temas: Competencia funcional. Sanción por no declarar el impuesto sobre
la renta para la equidad CREE. Principio de legalidad. Tipicidad de
la sanción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda (ordinal primero) y no condenó en costas (ordinal segundo).
ANTECEDENTES
El 14 de abril de 2014, Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia presentó sin pago la
declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2013, en
la que liquidó un impuesto a cargo de $4.862.915.000.
El 15 de abril de 2015, elevó solicitud de corrección de la declaración para disminuir el
saldo a cargo, según lo previsto en el artículo 589 del ET, sin obtener respuesta. Sin
embargo, el 27 de julio de 2015, la DIAN expidió el auto declarativo que tuvo por no
presentada la declaración del 14 de abril de 2014.
El 18 de junio de 2018, la DIAN emitió emplazamiento para declarar con el cual invitó a
la demandante a presentar la declaración de CREE del año gravable 2013 y,
posteriormente, profirió la Resolución Sanción 900057 del 6 de diciembre de 2018 por no
declarar por $20.748.276.000.
Previa interposición del recurso de reconsideración, la DIAN confirmó la sanción
mediante Resolución 9453 del 3 de diciembre de 2019.
DEMANDA
Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones1:
1 Índice 007 Samai Tribunal.
1
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FALLO
“A. Que se declare la nulidad total del siguiente acto administrativo:
El acto administrativo por el cual la DIAN profirió sanción por no declarar impuesto
sobre la renta para la equidad del año gravable 2013, acto administrativo contenido
en las siguientes resoluciones:
1. Resolución Sanción por no declarar No. 900057 del 6 de diciembre de 2018
expedido por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes.
2. Resolución que resolvió el recurso de reconsideración No. 009453 del 3 de
diciembre de 2019, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos
de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
B. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que (i) Nikoil Energy Corp.
Sucursal Colombia no está obligada ni estuvo [obligada] a pagar suma alguna en
favor de la DIAN con base en los actos administrativos anulados; (ii) la obligación de
declarar renta CREE por el año gravable 2013 se encuentra cumplida mediante el
proyecto de corrección presentado el día 15 de abril de 2015 y que por falta de
pronunciamiento de la DIAN y en virtud del silencio administrativo positivo
contemplado en el entonces artículo 589 del Estatuto Tributario, reemplazó la
declaración inicial.
C. Condene en costas (incluidas las agencias en derecho) a la DIAN de conformidad
con el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365 y 366 del
Código General del Proceso y en concordancia con los numerales 3.1, 3.1.2 y 3.1.3,
del Acuerdo 1887 de 2003”.
La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
Artículos 6, 29, 122 y 123 de la Constitución Política.
Artículos 562, 643 y 730 del Estatuto Tributario.
Artículo 26 de la Ley 1607 de 2012.
Artículo 51 del Decreto 4048 de 2008.
Resoluciones DIAN 07 y 09 de 2008.
El concepto de la violación se sintetiza así2:
1. Falta de competencia funcional. La Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes de la DIAN carece de competencia para emitir los actos administrativos
sancionatorios, pues desde el 1 de enero de 2017 Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia
no estaba calificada como gran contribuyente, por lo cual la competente era la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá, en los términos establecidos en el Decreto 4048 de
2008 y las resoluciones internas de la DIAN que lo desarrollan.
En la Resolución 76 de 1 de diciembre de 2016 -Anexo I- el Director General de la DIAN
estableció quienes serían grandes contribuyentes para los años 2017 y 2018, sin incluir
a la demandante, todo lo cual acaeció antes de la expedición de los actos demandados,
de modo que se incurrió en el vicio de nulidad de falta de competencia, porque la facultad
no se circunscribe a una vigencia fiscal anterior, sino que se evalúa al momento del
ejercicio de la función administrativa. Solamente hay lugar a aplicación de ultraactividad
2 Ibidem.
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en el caso de cambio de domicilio fiscal, como lo prevé el artículo 3 de dicha resolución,
lo que no ocurrió en este caso.
En consecuencia, se configuró la causal de nulidad del numeral 1 del artículo 730 del ET,
137 del CPACA y 122 de la Constitución Política.
2. Aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 1607 de 2012. La DIAN desconoció
los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionatoria porque aplicó la
sanción por no declarar establecida en el numeral 1 del artículo 643 del ET, por el
impuesto sobre la renta para la equidad CREE, pese a que dicha infracción no fue
establecida de manera previa para este tributo. Por esta razón no se garantizó el
debido proceso ni se respetaron la seguridad jurídica y la confianza legítima.
El artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 no especificó la posibilidad de aplicar el régimen
sancionatorio por no declarar al impuesto sobre la renta al CREE, por lo cual no es
válido que la DIAN se valga de una remisión general al procedimiento para aplicar al
CREE las consecuencias del artículo 643 del ET.
3. Aplicación indebida del artículo 643 del ET. No se concretó el supuesto fáctico
del artículo 643 del ET porque la actora cumplió el deber de declarar. Además, con
ocasión del proyecto de corrección por menor valor, radicado el 15 de abril de 2015,
que no fue atendido oportunamente por la DIAN, se concretó a favor de Nikoil Energy
el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 589 ibidem, sin que el hecho
de que la declaración inicial haya sido presentada sin pago, comporte la invalidez de
su corrección.
La falta de pronunciamiento de la administración a la corrección presentada la validó,
de manera que no era procedente la sanción por no declarar el CREE del año
gravable 2013, pues el deber formal se entiende cumplido.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera3:
1. Los actos administrativos no adolecen de nulidad. La actora no cumplió el
deber de declarar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE según los
requisitos del artículo 27 de la Ley 1607 de 2012, puesto que presentó una
declaración sin pago. Entonces, sí era procedente adelantar el procedimiento
sancionatorio.
Como el artículo 22-4 de la Ley 1607 de 2012, -adicionado por la Ley 1739 de 2014-
extendió al impuesto sobre la renta para la equidad CREE la aplicación de las
disposiciones del impuesto sobre la renta, siempre que resulten compatibles, era
válido acudir al numeral 1 del artículo 643 del ET, ante la ocurrencia de la infracción
por no declarar, dada la relevancia que para el Estado representa el cumplimiento de
los deberes tributarios y la necesidad de sancionar la omisión a través del
procedimiento establecido para emitir la liquidación oficial de aforo, que se aplica
para todos los tributos.
3 Índice 010 Samai del Tribunal.
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2. Los actos administrativos fueron emitidos con plena competencia. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 7 de 2008 y del artículo 3 de
la Resolución 76 de 2016, la dirección seccional que tenga a cargo la verificación del
cumplimiento de las obligaciones formales conserva la competencia para conocer de
las declaraciones que se presentaron ante ésta.
Para el año 2013, la demandante estaba calificada como gran contribuyente y es por
ello que la competencia para la revisión del cumplimiento de los deberes formales y
sustanciales recaía en la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes y no en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
3. No se vulneraron los principios de legalidad y el debido proceso
sancionatorio. El régimen sancionatorio para el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE se definió en el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 y presentar una
declaración sin pago equivale a no hacerlo, con lo cual se incurrió en el hecho
sancionable. No se acudió a la analogía, se aplicó la remisión legal como método de
aplicación normativa, por expresa disposición del legislador.
4. Sí se incurrió en la conducta sancionable. La demandante presentó la
declaración inicial sin pago, razón por la cual desatendió lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 1607 de 2012, que exigía el pago total para que la declaración se tenga
como presentada. Ello habilitó a la DIAN a emitir el emplazamiento para declarar por
la obligación omitida, según lo prevé el artículo 715 del ET y, posteriormente, imponer
la sanción por no declarar del artículo 643 ibidem.
No tiene procedencia el silencio positivo indicado en la demanda, porque el efecto
perseguido por el artículo 589 del ET parte de la existencia de una declaración
debidamente presentada que pueda ser modificada, situación que no se presenta en
el caso concreto.
5. Condena en costas. La DIAN solicitó se condene en costas a la demandante, con
fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 361,
365 y 366 del CGP.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por lo siguiente4:
1. Los actos se emitieron por funcionarios competentes. La Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes actuó en ejercicio de sus facultades porque
el artículo 3 de la Resolución DIAN 007 de 4 de noviembre de 2008 le asignó
competencia frente a aquellos contribuyentes que tengan la calificación de grandes
contribuyentes, como es el caso de la demandante, para el año gravable 2013.
Lo anterior, de acuerdo con el RUT vigente para ese periodo. Además, fue ante esa
dirección seccional que la actora presentó la declaración del 15 de abril de 2014,
independientemente que con posterioridad haya perdido la calificación de gran
contribuyente. Este hecho no afectó la competencia asignada al momento en que
debieron cumplirse las obligaciones tributarias.
4 Índice 023 Samai del Tribunal.
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2. Sí era aplicable el artículo 643 del ET. Si bien el artículo 643 del ET no prevé la
sanción por no declarar frente al incumplimiento de dicho deber por el impuesto de
renta para la equidad CREE, el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 confirió la
competencia a la DIAN para aplicar a ese impuesto las sanciones del Estatuto
Tributario. Así, al haberse incumplido el deber de declarar fue válido aplicar las
consecuencias derivadas de la infracción.
3. No se desconoció el artículo 589 del ET. La demandante presentó una
declaración inicial sin pago, que no surtió efectos. Por tal razón, no podía acceder a
una corrección para disminuir el impuesto a cargo de que trata el artículo 589 del ET.
De ahí que la DIAN obró correctamente al emitir el auto declarativo para confirmar la
no validación de la declaración de CREE del año gravable 2013.
4. No procede la condena en costas. No se demostró la causación de las costas
procesales.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual expuso lo
siguiente5:
Falta de competencia de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes. El
Tribunal erró al considerar que la dirección seccional ante la cual se presentó la
declaración es la competente para adelantar el proceso sancionatorio, porque en el
numeral 1 del artículo 1 de la Resolución DIAN 007 de 201, se asignan competencias
en virtud del domicilio del contribuyente, mas no bajo el supuesto indicado en la
sentencia de primera instancia. La competente para proferir los actos demandados
era la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Por ende, estos actos adolecen
de nulidad por falta de competencia funcional.
Desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad. El Tribunal
desconoció las reglas del derecho al debido proceso sancionatorio. La Ley 1607 de
2012 no previó la posibilidad de imponer sanción por no declarar el CREE porque se
limitó a habilitar a la administración a acudir a los procedimientos del Estatuto
Tributario, pero no tipificó esa infracción, por lo cual la decisión de primera instancia
debe revocarse.
Indebido análisis de la corrección y del artículo 589 del ET. En la sentencia de
primera instancia no se analizó el argumento de la demandante sobre el deber que
tenía la DIAN de emitir un pronunciamiento frente a la declaración de corrección
presentada el 15 de abril de 2015 y que, ante su silencio, debe aceptarse el proyecto
de corrección y entenderse válidamente presentada la declaración del CREE del año
gravable 2013. Por tanto, no se configuró el hecho sancionable del artículo 643 del
ET.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
No hubo oposición al recurso de apelación por parte de la demandante, durante la
oportunidad prevista en el artículo 247 numeral 4° del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.
5 Índice 026 Samai del Tribunal.
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El Ministerio Público solicitó a revocar la sentencia de primera instancia6 y en su lugar
acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que si bien el artículo 26 de la Ley
1607 de 2012 prevé una remisión a los trámites que sean pertinentes del Estatuto
Tributario, no es el fundamento para la imposición de la sanción por no declarar del
artículo 643 ibidem. Lo anterior, porque materia sancionatoria no es posible la aplicación
analógica para extender la sanción por no declarar al impuesto sobre la renta para la
equidad CREE, cuando así no fue expresamente tipificado en la ley.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala
decide si proceden los cargos de falta de competencia funcional y vulneración de los
principios de legalidad y debido proceso sancionatorio.
La Sala revoca la sentencia apelada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1. No se presenta falta de competencia funcional. La demandante se encuentra
domiciliada en Bogotá y para el año 2013 estaba calificada como gran contribuyente,
por lo cual el cumplimiento de sus deberes formales y de la obligación sustancial
debían hacerse con indicación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes, como en efecto lo hizo7, independientemente de que para la época
de expedición de los actos demandados haya perdido dicha calificación, por haber
sido excluida como gran contribuyente a partir de la Resolución DIAN 76 del 1 de
diciembre de 20168.
Si bien a desde el año 2017, la demandante pasó a cumplir sus deberes ante la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, ello no era óbice para que la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes mantuviese la competencia
respecto de las obligaciones de los periodos anteriores en los cuales la actora tenía
dicha calificación. Lo anterior, porque conforme al ordinal 1 del artículo 1 de la
Resolución DIAN 007 de 20089, la competencia para la administración de impuestos
que comprende el recaudo, fiscalización, liquidación, devolución y cobro coactivo,
debe ser ejercida por la dirección seccional con competencia en el lugar del domicilio
del contribuyente.
Sin embargo, el criterio especial de calificación como gran contribuyente desplaza el
del domicilio -criterio territorial-, por corresponder a un criterio subjetivo que por su
categorización denota la competencia funcional, cuando se trata de los grandes
contribuyentes, pues para ello existe una dependencia especial encargada del
ejercicio de las funciones de administración de sus impuestos.
6 Índice 012 Samai Consejo de Estado.
7 En la declaración presentada el 15 de abril de 2014 en la casilla 12 del formulario indicó como dirección seccional el
código 31, esto es, la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
8 “Por la cual se califican algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención como Grandes Contribuyentes”
establecida para los años 2017 y 2018 y aquellos no incluidos se determinaron como excluidos, según el artículo 2 de
esa resolución y a partir de su vigencia.
9 Por medio de la cual el director general de la DIAN en ejercicio de las facultades asignadas en el numeral 23 del
artículo 6 del Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, determinó la competencia funcional y territorial de las seccionales
de la entidad.
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Este ha sido el criterio de esta Sección en asuntos anteriores10 y en especial fue
reiterado en la sentencia del 7 de marzo de 2024, en los siguientes términos11:
“debe atenderse la calidad del sujeto investigado en los períodos objeto de
fiscalización, que no es otra cosa que dar aplicación a los factores de la competencia
funcional (subjetivo y territorial), a las condiciones cumplidas por el sujeto para
cuando debió satisfacer la obligación, en este caso, de presentar sus declaraciones
de retención en la fuente a título de renta y de CREE por períodos 12 y 4 de los años
2014, y 4 de 2015, con independencia de que a la fecha de emisión de los actos
administrativos, el sujeto pasivo ya no estuviese calificado como gran
contribuyente, como ocurrió en el caso bajo análisis para el año 2019.
Dado que el anterior criterio de decisión recoge los factores que determinan la
competencia, debe ser el aplicable para definir la dirección seccional que tiene la
potestad de fiscalizar y adelantar el correspondiente procedimiento, lo cual
corresponde a lo aplicado por la demandada. De manera que no encuentra la Sala
configurada la falta de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes, que reclama la apelante, sobre todo si se tiene en cuenta
la independencia de los períodos gravables, lo que significa que los criterios de
territorialidad y el subjetivo deben ser revisados en relación con el específico
período de la obligación tributaria. Aquello, sitúa la temporalidad de la
competencia al momento del surgimiento de la obligación y no del inicio de la
actuación administrativa -esto, salvo regulación expresa- lo que desvirtúa la
argumentación de la actora en el sentido de que al perderse la calidad de gran
contribuyente, también mutaría la competencia”. (Se destaca)
En consecuencia, dado que para el año 2013, en el que debió cumplir el deber de
declarar el CREE, la demandante tenía la calidad de gran contribuyente, el recaudo,
fiscalización y liquidación correcta de la obligación tributaria a su cargo estaba en
cabeza de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes,
independientemente de que para la época del inicio de la actuación administrativa ya
no ostentara dicha calificación, con lo cual los actos administrativos no adolecen de
vicio de nulidad por falta de competencia funcional. No prospera el cargo.
2. Atipicidad de la conducta sancionable. La actora sostener que el Tribunal erró
al afirmar que era posible imponer la sanción por no declarar el CREE, prevista en el
artículo 643 del ET, por remisión del artículo 26 de la Ley 1607 de 2012, que habilitó
a la DIAN para adelantar los procedimientos sancionatorios del Estatuto Tributario y
el recaudo y administración de ese tributo. Lo anterior, porque ello comporta la
aplicación analógica de una conducta infractora que no fue expresamente prevista
por la ley para el CREE.
Esta Sección ha enfatizado en que el principio de legalidad en materia sancionatoria
comporta la garantía de que la conducta infractora -criterio de tipicidad-, la sanción
atribuible y el procedimiento aplicable se hallen previamente establecidos de manera
concreta en la ley, en armonía con los lineamientos fijados por la Corte Constitucional
en sentencia C-595 de 201012, pues solo al establecerse de manera clara la
10 Sentencias de 3 y 24 de junio de 2021, exp. 24898 y 24966, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y de 10 de
noviembre de 2022, exp. 25791, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11 Expediente 28026, C.P. Wilson Ramos Girón.
12 Sobre el particular, en sentencia C-595 de 2010, la Corte Constitucional indicó que los elementos esenciales del
principio de tipicidad son: “(i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la
sanción; (ii) la determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los aspectos relativos a ella, esto es,
el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el
procedimiento que debe seguirse para proceder a su imposición. También ha de señalarse que a la tipificación en el
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infracción sancionable es posible calificar una conducta como transgresora y así
asignar la consecuencia jurídica que corresponda13.
Pues bien, para el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, el artículo 26 de
la Ley 1607 de 2012 dispuso que la DIAN estaba facultada para acudir a las normas
del Estatuto Tributario para adelantar las funciones de recaudo, investigación,
fiscalización, determinación e imposición de sanciones que sean compatibles con la
naturaleza de este tributo.
Es de anotar que si bien el CREE tiene similitudes con el impuesto sobre la renta, se
trata de un tributo distinto pues tiene una destinación determinada -financiar
programas de inversión social- y contribuyentes específicos - personas jurídicas,
sociedades y asimiladas que, además, sean contribuyentes del impuesto sobre la
renta- tarifa diferente, un método de depuración especial de la base gravable, entre
otras características14. Especialmente, la regulación del CREE no fue introducida al
Estatuto Tributario, por lo cual cuenta con una normativa integral e independiente de
la del impuesto sobre la renta y “no prevé una remisión general a las normas del
impuesto sobre la renta en caso de vacíos”15.
Al revisar la compatibilidad de la sanción prevista en el artículo 643 del ET con el
impuesto sobre la renta para la equidad CREE, se advierte que esta norma prevé su
aplicación para el impuesto sobre la renta y complementarios16. Sin embargo, no es
aplicable al CREE porque es un impuesto diferente. De modo que cuando la DIAN
fundamentó sus actos administrativos en el numeral 1 del artículo 643 del ET
desconoció los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionatoria, como lo
estableció esta Sección al advertir que:17
derecho sancionatorio de la administración, el sistema le impone recurrir a la prohibición, a la advertencia, al deber,
etc., para seguidamente establecer la sanción”.
13 En sentencia del 6 de septiembre de 2017, exp. 20953, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección precisó que:
“debe existir una consagración normativa previa de las conductas sancionables en materia tributaria, al igual que ocurre
con el régimen jurídico impositivo, que implica que, así como los tributos deben tener origen en la ley por mandato
expreso de la Constitución, también las sanciones deben estar previstas en la ley.
Al respecto, (…) las normas sancionatorias son de carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables,
pues de lo contrario se les otorgaría un carácter retroactivo, violatorio del derecho de defensa”. En el mismo sentido, ver
sentencias de 10 de noviembre de 2000, exp. 10870, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 6 de diciembre de 2012,
exp. 17554, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
14 Sobre el particular, en sentencia C-393 de 2016, la Corte Constitucional puntualizó las diferencias entre el CREE y
el impuesto sobre la renta, así:
No obstante lo anterior, se diferencian en los siguientes aspectos, a saber: (i) el CREE es un impuesto de
destinación específica para la financiación de programas de inversión social en beneficio de la población más
necesitada del país, mientras que el impuesto sobre la renta no posee esta cualidad, ya que su recaudo
ingresa directamente al presupuesto general de la Nación; (ii) están obligados a declarar el CREE las
personas jurídicas, sociedades y asimiladas declarantes del impuesto de renta, en cambio son sujetos del
impuesto sobre la renta, tanto las personas naturales como las personas jurídicas; (iii) las tarifas son
diferentes, la del CREE es del 9%, el impuesto sobre la renta es del 25% para personas jurídicas; (iv) en lo
concerniente a la base gravable, la del CREE comprende menos deducciones que la del impuesto a la
renta14; (v) el sujeto pasivo del CREE está exonerado del pago de aportes parafiscales; por el contrario
quienes paguen el impuesto sobre la renta no cuentan con este beneficio; (vi) el Impuesto sobre la renta para
la equidad CREE no se incorporó al Estatuto Tributario, por su parte el impuesto sobre la renta se rige por
las normas del Estatuto Tributario; y, por último, (vii) el CREE no prevé una remisión general a las normas
del impuesto sobre la renta en caso de vacíos, por lo que su regulación es integral e independiente; el
impuesto sobre la renta está regulado por el Estatuto Tributario y sus normas complementarias.”
15 Ibídem. Ver también sentencia C-422 de 2016 de la Corte Constitucional.
16 El artículo 643 del ET, en su numeral 1 dispone:
“1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al
veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su
incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no
presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta
presentada, el que fuere superior”.
17 Sentencia de 21 de septiembre de 2023, exp. 27113, C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00306-01 (27989)
Demandante: Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia
FALLO
“(…) la sanción por no declarar no fue regulada frente al impuesto sobre la renta para
la equidad CREE, luego no le era dable a la administración sancionar a la
demandante con fundamento en una norma que carece de la conducta sancionable
por el mencionado impuesto, habida cuenta que al ser una sanción de carácter
restrictivo no puede aplicarse por analogía a otros impuestos por más similitudes que
tengan.
Por consiguiente, la sanción impuesta por la administración fue fundamentada en una
conducta no tipificada en la ley como constitutiva de la infracción en la medida que
esta no fue descrita de manera específica y precisa en la Ley 1607 de 2012 y […]la
remisión del artículo 26 ib. al Estatuto Tributario no conlleva […] la procedencia de la
sanción por no declarar, máxime si ésta no se encuentra regulada en el ordenamiento
frente al impuesto CREE.
Para la Sala los actos demandados son nulos toda vez que la sanción por no declarar
impuesta a la demandante vulnera los principios de legalidad y tipicidad al no cumplir
con los supuestos fácticos del artículo 643 del Estatuto Tributario como sancionables
al tratarse de un impuesto diferente no regulado y cuya conducta no encuadra en la
descripción de la norma”.
En conclusión, prospera el cargo de apelación porque la remisión prevista en el
artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 no significa la posibilidad de aplicar la sanción por
no declarar del artículo 643 del ET para el CREE.
Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia de primera
instancia. En su lugar, se anulan los actos demandados y como restablecimiento del
derecho se declara que la actora no está obligada a pagar la suma fijada en los actos
que se anulan.
3. Condena en costas. No se condena en costas, que incluyen las agencias en
derecho (artículo 361 del CGP), pues de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y
365 numeral 8 del CGP, no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1.REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución Sanción 900057 del 6 de
diciembre de 2018 y la Resolución 9453 de 3 de diciembre de 2019, por las cuales
la DIAN impuso a la actora sanción por no declarar el impuesto sobre la renta para
la equidad CREE, por el año gravable 2013.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que la
demandante no está obligada al pago de la sanción por no declarar impuesta en
los actos administrativos que se anulan.
2.Sin condena en costas.
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FALLO
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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