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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00320-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00320-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. No condenar en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00320-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de marzo de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00320-01 (28261)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00320-01 (28261)
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM E.S.P.
Demandado COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO CRA Y MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

Temas Contribución especial servicios públicos domiciliarios 2019. Base
gravable. Faltante presupuestal. Reiteración.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 25 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
(…)”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 3 de septiembre de 2019 la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (en adelante CRA) expidió la Resolución UAE Nro. 865 en la
que, de acuerdo con la Resolución CRA Nro. 884 del 30 de julio del mismo año,
liquidó el valor de la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 a
nombre de Empresas Públicas de Medellín E.S. P. (en adelante EPM) del periodo
2019.

El 26 de septiembre de 2019 la actora presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación en contra de la resolución enunciada. Sin embargo, la entidad
demandada, mediante la Resolución UAE Nro. 1237 del 21 de noviembre de 2019
y la Resolución UAE Nro. 015 de 2020, resolvió de forma negativa los recursos
interpuestos.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai Tribunal, índice 27, página 19.
1

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Demandante: Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P.

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“1.1. Se declare la nulidad parcial de los actos administrativos que a continuación se
relacionan:
1.1.1. Resolución UAE CRA No. 865 de 03/09/2019, por la cual se efectúa la liquidación oficial
de la Contribución Especial correspondiente al año 2019 a las EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN – EEPPM (sic) E.S.P.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del C.P.A.C.A. se entiende demandada la
nulidad de las decisiones por medio de los cuales la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Medellín (Antioquia), resolvió unos Recursos de Reconsideración (sic)
presentados por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., es decir, según el
mandato legal se entienden demandados los siguientes actos administrativos:
1.1.2. Resolución UAE – CRA No. 1237 del 21 de noviembre de 2019, por la cual se resuelve
el recurso de reposición presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
1.1.3. Resolución UAE CRA No. 015 de 03/02/2020 Por la cual se resuelve el recurso de
apelación presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
1.2. Que como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos antes
enunciados, se restablezca el derecho de mi representada, ORDENANDO a LA
NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), el reintegro
de la suma de dinero correspondiente al mayor valor pagado por concepto de
Contribución Especial año 2019 en la suma de ochocientos veintitrés millones
seiscientos cincuenta y nueve mil pesos ($823,659,000) discriminados así:
$614,542,000 del mayor valor de la contribución para acueducto y $209,117,000 del
mayor valor de la contribución para alcantarillado, sumas que deberán ser indexadas al
momento de proferirse la sentencia.
1.3. Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento
del pago de la contribución, -teniendo en cuenta la fecha del pago de la primera cuota-
y hasta la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la
cual se ponga fin a la controversia.
1.4. Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.5. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en
derecho.”

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 95
numeral 9, 338 y 363 de la Constitución Política; 44 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 85, numeral 85.2, de la Ley 142
de 1994; y 712 del Estatuto Tributario.

El concepto de la violación se resume así:

1. Desconocimiento del principio de legalidad.

Adujo que para liquidar la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994
se deben atender los principios del Estatuto Tributario relacionados con la precisión
en sus elementos esenciales. Transcribió el parágrafo 2 de dicha norma para
explicar que se permite incluir en la base gravable del tributo los gastos operativos
para los casos en que la CRA tuviera un déficit presupuestal, los cuales son, para
empresas del sector eléctrico, compras de electricidad, combustibles y peajes, y, en
las demás empresas, gastos similares.
2 Samai del Tribunal, índice 1, PDF de la demanda, página 5.
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Comentó que la cuenta “beneficios a empleados” no corresponde a gastos de
funcionamiento asociados, necesarios e inescindibles al servicio, sino que
corresponde a un costo de producción, por lo que su inclusión comporta una
ampliación injustificada e ilegal de la base gravable. Destacó que, para los servicios
de acueducto y alcantarillado, la cuenta de beneficios a empleados no es similar a
compras de electricidad, combustibles y peajes, de tal forma que se interpretó y
aplicó erradamente la ley, que solo permite la adición de dichas cuentas, para las
empresas de energía eléctrica, y las de naturaleza semejante, para los demás
sectores.

Anotó que la CRA desconoce el artículo 338 constitucional y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la cual ha definido qué cuentas no pueden incorporarse en la
base gravable. Señaló que el principio de legalidad impide a un organismo
administrativo definir los elementos esenciales del tributo y que, si bien se confirió
discrecionalidad a la demandada para fijar la tarifa, ello no puede entenderse como
una potestad para fijar otros elementos de la contribución. Citó la Sentencia C-455
de 1994 de la Corte Constitucional.

Transcribió apartes de la Sentencia C-452 de 2003 de la Corte Constitucional sobre
las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en
adelante SSPD) y, con ella, insistió en el desborde de competencias de la CRA al
ampliar la base gravable de la contribución.

Resaltó que EPM emplea un plan de cuentas homologado por la Resolución Nro.
037 de 2017 de la Contaduría General de la Nación, en la cual se pueden diferenciar
entre los gastos de administración y los costos de producción. Con esto, reiteró que
la jurisprudencia del Consejo de Estado3 no admite la ampliación de la base
gravable con erogaciones que no constituyen gastos de funcionamiento asociados
al servicio sometido a regulación.

Definió nuevamente el principio de legalidad y adujo que la CRA no podía interpretar
ampliamente el vocablo “similares” para incluir costos en la base gravable del tributo,
por lo que solicitó su inaplicación. Citó en apoyo la sentencia del 5 de marzo de
2004, exp. 13584, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié del Consejo de Estado.

2. Violación de los artículos 6, 95 (numeral 9), 121 y 123 de la Constitución.

Se refirió a los artículos 95 (numeral 9) y 338 de la Constitución y a la Sentencia C-
452 de 2003 de la Corte Constitucional sobre la subordinación de los órganos de
control a la Constitución, la ley y las normas de la Contaduría General de la Nación
para aprobar normas contables.

Precisó que la Contaduría General de la Nación siempre ha diferenciado el costo y
el gasto y relacionó diversos documentos que evidencian esta apreciación y que se
profirieron luego de la armonización con los estándares internacionales de
contabilidad. Reiteró que todo acto administrativo expedido por la CRA que adicione
a la base gravable de la contribución gastos que no sean de funcionamiento o que
no están asociados al servicio excede el marco legal, incluso en el caso de la
excepción prevista en el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

3 Citó la sentencia del 8 de noviembre de 2017, exp. 20695, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez que hace
referencia a numerosos pronunciamientos anteriores y las sentencias de 14 de junio de 2018, exp. 21796,
C.P. Milton Chaves García y de 20 de septiembre de 2018, exp. 23050, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3

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Demandante: Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P.

3. Violación del principio de legalidad por desconocimiento del precedente
judicial

Estimó que la CRA desconoció el precedente jurisprudencial que establece que las
cuentas 75 (costos de producción) no son equiparables a gastos de funcionamiento
y no integran la base de la contribución especial, sobre lo cual reseñó las sentencias
del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia,
del 14 de octubre de 2010, exp. 16650 (no informó el ponente), del 11 de mayo de
2017, exp. 20179, C.P. Milton Chaves García, del 13 de diciembre del mismo año,
exp. 21855, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado. Además, citó
diversas sentencias sobre el tema que han sido favorables a EPM y transcribió
apartes de la sentencia del 1 de junio de 2016, exp. 21702, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia e invocó el fallo del 20 de septiembre de 2018, exp. 23050, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.

Acotó que en los papeles de trabajo de los formatos reportados al sistema de la
Contaduría General de la Nación queda evidenciado qué rubros pertenecen a
gastos asociados a la prestación del servicio y a costos operativos. Observó que en
la Resolución Nro. 865 de 2019 se duplicó la partida de beneficios a empleados,
que se refiere contablemente a costos de producción, informados como gastos
operativos. Es decir, que, a su juicio, los costos que solicita excluir son claramente
identificables en los reportes de información. Transcribió apartes de la Resolución
Nro. 456 de 2017 de la Contaduría General de la Nación y presentó un comparativo
de los catálogos de cuentas antes y después de las normas NIIF.

Mencionó que: “EPM continuó utilizando en sus sistemas contables a nivel de documento fuente,
códigos de los planes de cuentas anteriores, aplicando los principios de su marco normativo contable
bajo NIIF, pero es para efectos de agrupación, porque la esencia del adecuado registro y revelación
de la operación (hecho económico, transacción) sigue ajustada a la contabilidad oficial.” 4. Aclaró
que aplicó los principios bajo el nuevo marco técnico normativo, agrupando el
resultado en un plan de cuentas propio, sin que ello implique que haya continuado
bajo el esquema de reglas. Indicó que la agrupación de los hechos en torno al código
no es relevante, pues lo que se pretende es diferenciar el gasto de funcionamiento
del costo de producción, lo cual sigue aplicando bajo las perspectivas de una
contabilidad financiera (enfoque NIIF).

Afirmó que, pese a que en las sentencias se analizó el código de la cuenta contable,
y no la esencia del concepto, la argumentación giró en torno a lo que representaba
el concepto en sí.

4. Violación de la Constitución, infracción de las normas en que debería
fundarse y expedición irregular del acto

Aseguró que la CRA violó el principio de legalidad porque no aplicó el criterio de
interpretación literal previsto en el Código Civil. Ejemplificó con otras normas del
régimen de contabilidad pública, que este regula normas adicionales a las NIIF.

Manifestó que: “También resulta transgredido el artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 cuando la
SSPD dispone en el parágrafo del artículo 2 de la Resolución SSDP 20185300100025 de 2018 un
tratamiento distinto a las entidades de gobierno comparado con el que se le otorga a otras entidades
públicas que no se encuentren en el régimen de la contabilidad pública y frente a otros prestadores
de servicios que rigen por el régimen de contabilidad privado, estas dos últimas que estén bajo NIIF.”5

4 Samai del Tribunal, índice 1, PDF de la demanda, página 34.
5 Ibidem, página 37.
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Advirtió que, si la finalidad de la contribución es recuperar los costos del servicio de
regulación, dicho concepto difiere del presupuesto aprobado, que es el criterio de la
CRA para sustentar la existencia de déficit y aumentar la base gravable, pues no se
explicó ni se probó su origen. Al respecto se refirió a la sentencia del 30 de julio de
2019, exp. 24498, C.P. Milton Chaves García, del Consejo de Estado.

Enfatizó en que la demandada se limitó a exponer a grandes rasgos la operación,
sin que mediara documento técnico que pormenorizara las causas del faltante
presupuestal y explicara la necesidad de cubrir gastos de funcionamiento
adicionales, lo cual deriva en la falsa motivación del acto, tema sobre el cual citó la
Sentencia T-204 de 2012 de la Corte Constitucional.

5. Falsa motivación en la expedición del acto

Precisó la subclasificación de las partidas se puede dar de diferente manera y que
los costos son claramente identificables en el estado de resultados, así como en los
documentos de trabajo de los prestadores de servicios públicos, más aún en el caso
de aquellos sometidos a las disposiciones contables expedidas por la Contaduría
General de la Nación. Anotó que el concepto de gastos es más amplio que el de
gastos asociados a la prestación del servicio, que conforman la base gravable de la
contribución.

Aclaró que si bien las NIIF pueden tratar los costos como elementos que se pueden
agrupar en los gastos, ello no implica que sean sinónimos, pues las reglas contables
referidas tienen como objetivo generar información financiera de propósito general
para usuarios externos, mientras que el tratamiento contable de los costos se enfoca
en la toma de decisiones del ente.

Comentó que los gastos bajo NIIF comprenden gastos y costos de ventas y pérdidas
pero que esos dos conceptos son distintos. Se refirió a la diferencia entre costo y
gasto a partir del texto de contabilidad pública Nro. 4 de la Contaduría General de
la Nación y del Concepto Nro. 624-2015 del Consejo Técnico de la Contabilidad
Pública.

Explicó el alcance de la obligación de reporte de información en el Consolidador de
Hacienda e Información Financiera Pública (en adelante CHIP) de la Contaduría
General de la Nación para evidenciar que es menester seguir los catálogos de
cuentas esa entidad, en los que se diferencian los conceptos de gastos y costos y
se tienen diversas subcuentas.

Citó el Marco Conceptual para la Información Financiera y afirmó que la CRA puede
solicitar información complementaria para determinar la contribución, más no tomar
conceptos no permitidos por la Ley 142 de 1994. Agregó que las NIIF no establecen
asuntos más allá de la presentación de los estados financieros ni temas
encaminados a libros contables, catálogos de cuentas, entre otros, y que
corresponde a los reguladores locales expedir normas más específicas, como los
catálogos de cuentas contables proferidos por la Contaduría General de la Nación.

Reiteró que la Resolución Nro. 414 de 2020 de la Contaduría General de la Nación
diferencia en su catálogo de cuentas los costos (clase 7) de los gastos (clase 5) y
reprodujo su definición. Señaló que la Ley 142 de 1994 en el artículo 85 diferenció
dos tipos de gastos, los de funcionamiento y los operativos, de estos últimos se
indican taxativamente algunos costos y anotó que, en las sentencias emitidas por el

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Consejo de Estado, pensando en la esencia del concepto y no en su dinámica
contable o del código de la cuenta, se indicó que algunos gastos y costos, pueden
ser o no ser, gastos de funcionamiento.

Relató que la CRA expidió la estructura para el reporte de información financiera en
el lenguaje informático XBRL a través del cual se le reporta la información contable
de las empresas y cuestionó que si la entidad está facultada para expedir este tipo
de requerimientos no solicita la información contable que le permita determinar la
base gravable de la contribución acorde con los parámetros establecidos en la Ley
142 y la jurisprudencia.

Reprochó que la demandada se escude en la imposibilidad de diferenciar los costos
desde estados financieros de propósito general que son los que tratan las NIIF, para
extralimitarse en sus funciones legales, ampliando la base gravable de la
contribución especial con los costos de producción o transformación, los cuales se
diferencia desde el catálogo general de cuentas (grupo de cuentas 75) expedido por
la Contaduría General.

Oposiciones a la demanda

La CRA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio controvirtieron las
pretensiones de la demanda mediante escritos separados. Empero, comoquiera
que ambos textos son idénticos y exponen los mismos argumentos de defensa, se
resumirán de forma conjunta, así:

Frente al desconocimiento del principio de igualdad, precisaron que los actos
acusados se sustentaron en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Citaron el artículo
338 constitucional para advertir que a diferencia de los impuestos en las
contribuciones, la tarifa puede ser fijada por las autoridades administrativas.

Reseñaron los elementos esenciales de la contribución y expusieron que se autorizó
la inclusión en la base gravable de gastos operativos cuando se requiriese cubrir
faltantes presupuestales. Citaron las sentencias identificadas con exps. 24755, C.P.
Milton Chaves García y 24756 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Relataron que la CRA, al evidenciar la existencia de un faltante presupuestal del
20%, incluyó conceptos contables asociados a los gastos de funcionamiento en la
base gravable, tal como se evidencia en la Resolución Nro. 884 de 2019 y en el
estudio técnico para la determinación de la tarifa, de tal forma que se respetó el
principio de legalidad. Precisaron que la Sentencia C-455 de 1994 de la Corte
Constitucional no es aplicable en este caso.

Estimaron que la liquidación demandada se ajustó a la ley, pues contiene los
elementos esenciales del tributo y tuvo en cuenta el presupuesto aprobado para
2019 y el valor de los ingresos para dicha vigencia, tomando como base la
información financiera cargada por la persona prestadora en el Sistema Único de
Información Financiera (en adelante SUI). Resaltaron que el acto que fijó la base y
tarifa goza de presunción de legalidad.

Sobre la aplicación de los principios de legalidad y planeación, transcribieron el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 e indicaron que el Decreto 2461 de 2018 aprobó
el presupuesto de la CAR para 2019 y, a partir de este, se determinó que se debía
recaudar la suma de $15.729.997.303 para cubrir el 100% del presupuesto.

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Explicaron que, para calcular la tarifa y base gravable de la contribución, se tomaron
los valores reportados por los prestadores en el Formato Nro. FC01 (gastos de
servicios públicos) asociados a gastos de funcionamiento a 31 de diciembre de 2018
y que el estudio técnico realizado por la entidad arrojó que, para 2019, el recaudo
cubriría solo el 80% del presupuesto, de tal manera que se adicionó el concepto de
beneficios a empleados. Desglosaron las proyecciones de la entidad al efecto.
Hicieron hincapié en que, de no incluir los beneficios a empleados en la base
gravable, se habría puesto en riesgo la estabilidad administrativa, económica y de
funcionamiento de la entidad y en que la entidad actuó en cumplimiento de los
principios de legalidad y planeación presupuestal.
Con respecto a la violación del precedente judicial, lo definieron y diferenciaron
entre precedente horizontal y vertical. Destacaron que la jurisprudencia ha señalado
que la finalidad del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 es que la contribución especial
grave los gastos de funcionamiento cuando estos resulten suficientes, levantándose
la prohibición de inclusión de gastos operativos ante faltantes presupuestales.
Señalaron que las sentencias citadas recaen en casos disímiles pues no tienen
relación con los hechos que originaron los actos acusados.
Solicitaron aplicar las sentencias del 10 de mayo de 2018, exp. 22972, del 26 de
septiembre de 2018, exp. 22481, C.P. Milton Chaves García, y del 5 de agosto de
2021, exp.24756, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del Consejo de Estado que
avalan la ampliación de la base gravable cuando hay lugar a ello, permitiendo la
inclusión de cuentas que no están relacionadas con la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
Frente a la legalidad de la actuación, insistieron en que existe una sustentación y
razón suficiente sobre la existencia de faltante presupuestal para que operara la
excepción del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Anotaron que la sola mención a un
vicio de nulidad del acto no es suficiente para su anulación pues quien lo alega debe
comprobarlo.
Mencionaron las características del principio de legalidad a partir de la Sentencia C-
891 de 2012 y presentaron un cuadro comparativo entre los elementos esenciales
del tributo regulados en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la Resolución Nro.
CRA 884 de 2019, que fijó la tarifa de la contribución por 2019, y los actos acusados,
para insistir en que, en este caso, procedía aplicar la excepción de la ley ante la
existencia de un faltante presupuestal.
Descartaron la falsa motivación de los actos acusados, previa conceptualización
y descripción de sus elementos, y afirmaron que el actor no demostró que la
intención del funcionario que expidió los actos desatendió el interés general y los
principios rectores de la función administrativa. Reprodujeron apartes de los actos
demandados para confirmar su motivación, resaltando las razones de hecho y de
derecho y el actuar de la entidad conforme a su deber.
Defendieron la legalidad del procedimiento de liquidación de la contribución a
EPM, pues se tomó como base la información financiera reportada en el sistema
SUI con corte a 31 de diciembre de 2018 por el prestador, la taxonomía del reporte
FC01 (gastos de servicios públicos) y los conceptos utilizados como base de
liquidación en la Resolución CRA Nro. 884 de 2019 que incluía beneficios a
empleados, a los cuales se aplicó una tarifa del 0,65%. Presentaron diagramas con
el cálculo de la contribución.
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Sobre la presunta inclusión duplicada de la partida (beneficios a empleados),
esclarecieron que, si bien se muestra dos veces, una pertenece a los gastos
administrativos y otra a los gastos operativos, con respecto al código 4, el cual solo
es un Ítem de orden, más no un código contable.

En lo que respecta a las facultades de la CRA para solicitar información
complementaria afirmaron que la entidad demandada no manifestó, para el caso
concreto, que la afectación de los rubros determinados de la información financiera
obedezca a no contar con información diferenciada.

Con relación al reporte de información en el SUI, resaltaron que, si bien EPM
refiere la utilización del plan general de cuentas de la Contaduría General de la
Nación, la CRA utiliza como base de información la que directamente reportan los
prestadores en el SUI, sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios.

Relataron que, en el proceso de convergencia hacia las normas NIIF, la SSPD puso
a disposición de los prestadores la estructura para reporte de información financiera,
la cual se realizó en el lenguaje informático XBRL, fundamentado en las estructuras
de taxonomía expedidas por el organismo IASB que emite las NIIF. Bajo lo
mencionado, debe entenderse que el SUI funge como un reporte que directamente
gestionan los prestadores ante la Superintendencia y las clasificaciones que cada
prestador hace de la información en el sistema son completamente autónomas y de
su entera responsabilidad.

Citaron el concepto técnico contable y concluyeron que la CRA utilizó los conceptos
contables denominados gastos operativos, los cuales los prestadores diligencian y
gestionan en el SUI. Resaltaron que la entidad, en su trámite de revisión de la
información financiera, no hace alusión a cuentas contables sino a conceptos
contables, en particular el de gastos operativos, los cuales reiteró que son
reportados y certificados directamente por los prestadores ante la SSPD.

Por último, frente a la diferenciación entre costos y gastos en las NIIF, afirmaron
que EPM aplica plenamente dichas normas contables y que los costos pueden ser
asimilados a una categoría de gastos, sobre lo cual citó apartes de la experticia
contratada, de tal forma que el análisis en la liquidación es concordante con las NIIF.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en las siguientes consideraciones:

Se refirió al rol de los servicios públicos, a su régimen jurídico especial y a los sujetos
que pueden prestarlos. Transcribió el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y citó la
sentencia del 14 de octubre de 2010, exp. 16650 (no identificó al ponente), del
Consejo de Estado, sobre la noción de gastos de funcionamiento.

Dijo que la CRA expidió la Resolución Nro. 884 de 2019 que fijó la tarifa de la
contribución especial del 2019 a cargo de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios. Agregó que el cálculo de la base gravable y la tarifa se realiza a partir
de la sumatoria de los valores reportados y certificados por los prestadores en el
Formato Complementario Nro. FC01 (gastos de servicios públicos), asociados a los
gastos de funcionamiento, de las taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2018, del
SUI. De esta forma, los gastos administrativos son integrados por a) beneficios a
empleados, b) honorarios y c) generales.
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Relató que la CRA incluyó en la base los gastos operativos ante la existencia de un
faltante presupuestal, cuya justificación estaba contenida en la Resolución CRA
Nro. 884 de 2019 que, a su vez, sirvió de fundamento de los actos acusados. Agregó
que, además, consta en el expediente copia del estudio de proyección de la
contribución especial realizado por la CRA en julio de 2019 que refuerza la evidencia
del faltante presupuestal a partir de la liquidación del Decreto 2467 de 2018.

Destacó que está demostrado el faltante presupuestal de la entidad para el año
2019, ya que el cálculo realizado únicamente con los gastos administrativos, según
la estimación, tan solo permitiría recaudar alrededor del 80% de los ingresos
proyectados. Añadió que la Resolución CRA Nro. 884 de 2019 goza de presunción
de legalidad.

Frente a la naturaleza de los beneficios a empleados, mencionó que la demandante
los reportó en el Formato Nro. FC01 en la categoría de gastos operativos, sin
perjuicio de que en la certificación aportada por el contador de EPM se precisa que
los mismos se registran bajo el código 7505 (servicios personales), del grupo 75
(costos de producción).

Reseñó que, en sentencia de 25 de febrero de 2021, exp. 24755, C.P. Milton Chaves
García, el Consejo de Estado, mantuvo la legalidad de la Resolución Nro. 847 de
2018 por la cual la CRA fijó la tarifa de la contribución especial para la vigencia
2018, e incluyó el concepto de servicios personales como un gasto operativo que
permitía cubrir el faltante presupuestal, de tal manera que procede la adición de este
tipo de gastos operativos en la base gravable de la contribución, siempre que este
acreditado el faltante presupuestal, como en este caso.
No condenó en costas al no encontrarlas causadas ni demostradas.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo
siguiente:
Insistió en que la base gravable de la contribución está conformada por los gastos
de funcionamiento de las entidades vigiladas restando los gastos operativos o de
naturaleza similar. Con apoyo en las sentencias con los exps. 22394, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez y 21286, C.P. Milton Chaves García, resaltó que el
Consejo de Estado definió a los gastos de funcionamiento y sostuvo que no forman
parte de la base gravable los gastos ajenos al servicio de regulación y los costos de
producción.
Adujo que, pese a que la Ley 142 de 1994 dispone como excepción la integración
de gastos de funcionamiento y operativos en la base gravable ante faltantes
presupuestales, el Consejo de Estado ha enlistado los conceptos que integran estos
últimos.6 Recalcó que en la Resolución CRA Nro. 865 de 2019 se incluyó el
concepto de beneficios a empleados como gasto operativo, cuya naturaleza no es
similar a las que permite adicionar la ley, como son, a su juicio, las compras en
bloque y/o a largo plazo, las compras en bolsa y/o a corto plazo, uso de líneas,
redes y ductos, costos de distribución y/o comercialización de gas natural, gas
combustible, carbón mineral, ACPM, fuel, oil y los peajes, cuando hubiere lugar a
ello.

6 Exp. 24295, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Comentó que EPM registra la contabilidad a partir de un plan de cuentas
homologado (Resolución Nro. 037 de 2017 de la Contaduría General de la Nación)
que diferencia gastos de funcionamiento y costos de producción y que señala que
estos últimos no forman parte de la base gravable de la contribución. Reseñó que
en la información reportada en el SUI a través del Formato Nro. FC-01 se identifica
claramente los gastos de funcionamiento (gastos administrativos) o costos de
producción (gastos operativos).

Destacó que, en caso de que exista un faltante presupuestal, para el sector eléctrico
se autorizó la adición de los gastos operativos relacionados con las compras de
electricidad, compras de combustible y peajes; y para los demás sectores, gastos
de naturaleza similar. De esta forma, indicó que los beneficios a empleados son
gastos operativos que no cumple con lo dispuesto por la ley, pues no tienen
naturaleza similar a las referidas compras de electricidad y de combustible ni a los
peajes.

Resumió el cálculo de la liquidación de la contribución y explicó que la CRA adicionó
a la base los gastos operativos o costos de producción, lo cual no encaja dentro de
la excepción permitida por la ley. Citó las sentencias del 23 de julio de 2015, exp.
20920, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 20 de septiembre de 2018, exp.
23050, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 8 de noviembre de 2017, exp.
20695, C.P. Julio Roberto Piza, del Consejo de Estado para concluir que no todas
las cuentas contenidas en los grupos de la clase 5 (gastos) corresponden a gastos
de funcionamiento, en especial aquellas que no tienen relación necesaria e
inescindible con la prestación del servicio público y los costos de producción.

Argumentó que aportó certificación del contador de EPM que da cuenta de que los
beneficios se registran bajo el código 7505 (servicios personales) que pertenecen
al grupo 75 (costos de producción), que no son gastos y, por tanto, no debían
conformar la base gravable.

Oposición a la apelación

La CRA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitaron confirmar la
sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos de las oposiciones a la
demanda, destacando que se debía liquidar la contribución a partir de los reportes
de los estados financieros del demandante en el SUI y que es responsabilidad de
EPM reportar información fidedigna y confiable, la cual no puede ser invalidada en
sede judicial y solo podía ser modificada, previo procedimiento ante la SSPD.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala decidir la legalidad de las Resoluciones UAE Nro. 865 del
3 de septiembre de 2019, Nro. 1237 del 21 de noviembre del mismo año y Nro. 015
del 22 de enero de 2020, actos expedidos por la CRA para liquidar la contribución
especial de servicios públicos domiciliarios a cargo de la demandante por el año
2019. En particular, corresponde determinar si era procedente que la demandante
adicionara a la base gravable de la contribución los gastos correspondientes a

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beneficios a empleados que, en opinión del recurrente, corresponden a costos de
producción.

Para resolver, se advierte que la Sala se ha pronunciado sobre tema similar al que
es objeto de controversia en las sentencias del 16 de marzo de 2023, exp. 26877,
C.P. Milton Chaves García, del 24 de marzo de 2022, exp. 24757, C.P. Milton
Chaves García, del 5 de agosto de 2021, exp. 24756, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez y del 25 de febrero de 2021, exp. 24755, C.P. Milton Chaves García. En
dichas providencias, los demandantes cuestionaron la inclusión, en la base de
liquidación de la contribución especial de servicios públicos domiciliarios por el año
2018, de cuentas que correspondían a costos operacionales. Por lo anterior, la Sala
reiterará el criterio expuesto en dichas providencias en lo que resulte pertinente para
este caso.

Esta Sección, en particular en la sentencia del 25 de febrero de 2021, exp. 24755,
C.P. Milton Chaves García, explicó que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994
contempla una regla general y una excepción en la liquidación de la contribución
especial. En principio, la base gravable del tributo se compone de los gastos de
funcionamiento con exclusión de los gastos operativos, salvo en aquellos eventos
en que existan faltantes presupuestales, caso en el cual se pueden incorporar
ambos gastos en la proporción necesaria para cubrir el presupuesto de la entidad
que funge como sujeto activo.

En el examen del caso concreto, debido a que se encontró debidamente soportado
el faltante presupuestal, la providencia referida del 25 de febrero de 2021 avaló la
inclusión de los gastos de servicios personales (gasto operativo), en los siguientes
términos:
“Es claro que la resolución demandada fijó la tarifa de la contribución especial a favor de la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre una base gravable
que incluye gastos por servicios personales, que por disposición legal pueden ser incluidos
en dicha base, siempre que exista un faltante presupuestal de la Comisión que deba cubrirse
mediante una mayor contribución a cargo de los vigilados.
De la lectura de los motivos expuestos en los actos demandados y en el estudio técnico de
la CRA que establece los lineamientos generales para la liquidación y el cobro de la
contribución del año 2018, la Sala encuentra una sustentación suficiente sobre la existencia
del faltante presupuestal a que se refiere el parágrafo 2.° del artículo 85 de la Ley 142 de
1994, que a su vez permite la inclusión de los gastos personales en la base gravable de la
contribución especial para el año 2018.
La Resolución CRA 847 del 30 de julio de 2018 es explícita al mencionar la existencia de un
faltante presupuestal, que según la ley, autoriza a las entidades beneficiarias de la
contribución a incluir otros rubros de gastos en la base gravable de la contribución para cubrir
su faltante presupuestal. Por tanto, es claro que la resolución mencionada se ajusta a los
parámetros excepcionales de fijación de la contribución señalados en la Ley 142 de 1994.
En este caso, no se vulnera la distinción legal entre “gastos de funcionamiento” y “gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, ya que el rubro correspondiente
a los gastos de servicios personales corresponde a un gasto operativo o similar, que puede
incluirse en la base gravable de la contribución para el año 2018, conforme a la excepción
legal mencionada.
Es claro que la resolución mencionada no desconoce los lineamientos jurisprudenciales
sobre el alcance de la expresión “gastos de funcionamiento” que constituye la regla general
de determinación de la base gravable, en los que se reitera que las cuentas del grupo 75
(Costos de producción) y del Grupo 53 (Provisiones, agotamiento, depreciaciones y
amortizaciones) no pueden ser parte de la base gravable de la contribución especial, salvo
que exista un faltante presupuestal en la entidad que deba cubrirse.” (Subraya y resalta
la Sala)

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El razonamiento de las sentencias referenciadas es plenamente aplicable a la
resolución del presente caso. En efecto, la Resolución UAE No. 865 del 3 de
septiembre de 2019, a través de la cual se liquidó la contribución especial por el año
2019 a cargo de EPM, se fundamentó en la Resolución CRA Nro. 884 del 30 de julio
de 2019, acto administrativo de carácter general que fijó la tarifa de la contribución
por esa vigencia. Los considerandos de este acto administrativo advierten que, en
virtud del estudio técnico realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera
de la CRA, documento que adjuntó la demandada7, de aplicarse la tarifa del 1%
sobre la base gravable determinada, se recaudaría un 80% del presupuesto
requerido, “lo que evidencia un faltante presupuestal estimado de un 20%”.

Ante esta situación, la CRA invocó la aplicación de la excepción contenida en el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para adicionar los gastos por
beneficios a empleados a la base gravable de la liquidación de la contribución,
aunque, en principio, estarían excluidos de ella. Así, ante la evidencia de una
sustentación suficiente del faltante presupuestal, era perfectamente viable que la
entidad demandada incorporara dichos gastos.

Ahora bien, frente a la distinción que realiza la apelante entre costos y gastos, para
argumentar que los beneficios a empleados corresponden a erogaciones del grupo
75 (costos de producción), basta con reiterar que, aunque sea aplicable, la
comprobación de faltante presupuestal es suficiente para habilitar su adición a la
base gravable del tributo.

En sentido semejante, frente a los reparos de la actora relativos al hecho de que la
cuenta de beneficios a empleados no cumple con las características a las que hace
referencia la excepción legal toda vez que su naturaleza no es similar a las compras
de electricidad, compras de combustible y peajes para las empresas del sector
eléctrico, se reitera que la sentencia del 25 de febrero de 2021 antes reseñada,
señaló expresamente que gastos como los de servicios personales (semejante a los
de beneficios empleados), corresponden: “a un gasto operativo o similar, que puede incluirse
en la base gravable de la contribución para el año 2018, conforme a la excepción legal mencionada”
(subraya la Sala).

De igual modo, debe resaltarse que, en el Formato Nro. FC01, los beneficios a
empleados están incorporados en la taxonomía de gastos operativos, que reúnen
las cuentas agrupadas bajo el código 7505 (servicios personales), tal como certifica
el contador de EPM8, cuya inclusión en la base gravable de la contribución, se
insiste, está permitida ante la evidencia de faltantes presupuestales para este caso.

Por último, la Sala advierte que las providencias invocadas por la apelante no
guardan identidad fáctica con el supuesto que en esta instancia se debate por
cuanto en ellas se analizó la conformación de la base gravable de la contribución
bajo la regla general, que excluye de los gastos operativos por no existir un faltante
presupuestal.

En virtud de lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará en esta instancia por cuanto, conforme a lo previsto en el artículo 188

7 Samai Tribunal. Índice 15. ZIP ”18_RECIBEMEMORIALES_RV__CONTESTACION_DEM(.ZIP). PDF
denominado «PRUEBA 2. 1. DOCUMENTO DE TRABAJO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2019.pdf».
8 Samai del Tribunal, índice 1, PDF de la demanda, página 1094.
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del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B.

2. No condenar en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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