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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00391-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00391-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la actora en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 3. Reconocer personería a la Dra. María Camila Camargo Rueda, como apoderada judicial de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido en el índice 11 de la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00391-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

30 de julio de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00391-01 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Demandado: UGPP
Temas: Aportes pensionales 2011. Debido proceso. Aportes patronales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 30 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia. […]”

ANTECEDENTES

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 9 de septiembre de 2014 el Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Bogotá
expidió sentencia de primera instancia, en la que decidió lo siguiente 3:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el apoderado de la
parte demandada.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP - 010061 de Septiembre 26
de 2012, proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos de la Unidad de
Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y la Nulidad de la
Resolución AP RDP - 014971 de Noviembre 09 de 2012, proferida por el Director de
Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP por medio de la cual se resuelve un recurso
de apelación, en cuanto no tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados durante el año anterior al retiro del servicio de la señora MERCEDES
PEDRAZA MONTAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía N 51 755.295 de Bogotá.

TERCERO; Como consecuencia/a de /a anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL UGPP a efectuar una nueva reliquidación de la pensión de jubilación de la señora
MERCEDES PEDRAZA MONTAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
51.755.290 de Bogotá, aplicando el 75% del promedio mensual de salarios devengados

1
Ingresó al despacho para fallo el 20 de mayo de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 31.
3
Samai CE, índice 2. ED_EXPEDIENTE_25000233700020200039(.rar). 25000233700020200039100. 22. 511755298-
2.201770011257432-2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

en el año anterior al retiro del servicio, incluyendo todos los conceptos o factores salariales
certificados que integran el salario ya reconocidos como la asignación básica, bonificación
por servicios prestados así como, las doceavas partes de las prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones y prima de riesgo, en forma proporcional suma que se
pagaré a partir del 31 de octubre de 2011 fecha del retiro del servicio, con los reajustes
pensiónales previstos en la ley sobre las diferencias liquidadas y efectivamente
canceladas.

El valor a reliquidar se debe actualizar con los índices de inflación certificados por el DANE
y con indexación al valor teniendo en cuente para el efecto la siguiente fórmula:

R= R-H. Índice final/Índice inicial

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R. H.), que es
lo dejado de percibir por la demandante por concepto de reliquidación, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente
a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se
causaron las sumas adeudadas, o sea la fecha de liquidación inicial de la pensión.

CUARTO: Dar cumplimiento a las anteriores declaraciones dentro del término de los
artículos 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Por Secretaría expedir tas copias a las que hace referencia el artículo 115 del
Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes en la forma establecida en el artículo 203 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con
el 247 ibidem.

OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, devolver a la interesada el remanente efe
las sumas consonadas para gastos ordinarios del proceso si los hubiere, dejar tas
constancias de rigor y archivar el expediente.

Mediante sentencia del 22 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP en contra de la sentencia de primera instancia, en la que
decidió lo siguiente4:

“PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el nueve (09)
de septiembre de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Veinte (20) Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, dentro del proceso
promovido por la señora Mercedes Pedraza Montaño contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- ADICIÓNESE la parte resolutiva de la providencia recurrida para
disponer que se deberá hacer el descuento de aportes para pensión sobre los
factores que no se han efectuado durante toda la relación laboral, únicamente en el
porcentaje que corresponde a la actora y según lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO.- Sin condena en costas.

4
Samai CE, índice 2. ED_EXPEDIENTE_25000233700020200039(.rar). 25000233700020200039100. 22. 511755298-
2.201720051068062-3.

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2

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

CUARTO.- Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al
Juzgado de origen.”

El 5 de julio de 2017 la UGPP expidió la Resolución RDP 027335, mediante la cual
decidió ejecutar las sentencias enunciadas, por lo que reliquidó la pensión de vejez
de Mercedes Pedraza Montaño5. Sin embargo, dicho acto fue modificado por la
Resolución RDP 040222 del 24 de octubre de 2017 en la que se determinó que la
demandante debía pagar la suma de $178.706.648 por aportes al Sistema de
Seguridad Social a Mercedes Pedraza Montaño, ya que de acuerdo con fallo de la
Sección Segunda Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
ordenó la reliquidación de su pensión6.

El 20 de diciembre de 2019 la demandante presento recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra del acto enunciado, los cuales fueron resueltos mediante
la Resolución RDP 000290 del 8 de enero de 2020 (reposición) y RDP 003213 del 5
de febrero de 2020 (apelación), y confirmaron la resolución recurrida7.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones8:
“PRIMERO: Declarar la nulidad de la resolución inicial No. RDP 040222 del 24 de
octubre del 2017 notificada el día 14 de diciembre del 2019 el (Sic) proferida por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP,
mediante la cual asignó el pago de mi poderdante de CIENTO SETENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos
($ 178,706,684.00 m/cte) a título de aporte patronal.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la resolución No. RDP 000290 del 08 de enero
del 2020 notificada el día 23 de enero del 2020 proferida por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, mediante la cual se
resolvió el recurso de reposición y se concedió el recurso apelación confirmando la
resolución inicial, en toda y cada una de sus partes, conforme al recurso presentado.

TERCERO: Declarar la nulidad de la resolución No. RDP 003213 del 05 de febrero
del 2020 notificada el día 20 de febrero del 2020 proferida por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación, se entiende agotado todo el procedimiento
administrativo, y se CONFIRMA, en toda y cada una de sus partes la resolución No.
RDP 016793 del 28 de mayo del 2017 notificada el día 14 de diciembre del 2019
de conformidad con el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO: A título de Restablecimiento del derecho solicito, se ordene a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, a exonerar y reconocer
la ausencia de obligación de pago por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A. –
Como vocera del PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica Extinto

5
Samai CE, índice 2. ED_EXPEDIENTE_25000233700020200039(.rar). 25000233700020200039100. 22. 511755298.
CC511755298 1499369308583.
6
Samai Tribunal, índice 1. Folios 77 a 86
7
Samai Tribunal, índice 1. Folios 89 a 147.
8
Samai Tribunal, índice 1, demanda.

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3

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – y su Fondo Rotatorio en
representación de extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD – DAS dentro del presente caso de la Señora Mercedes Pedraza
Montaño.

QUINTO: Solicito se ordene el REINTEGRO de las sumas el valor de los montos
que llegare a pagar como aportes patronales, en estricto cumplimiento de las
resoluciones acusadas, debidamente actualizados con el IPC, entre la fecha en que
se realice el pago y la fecha en la que la devolución pretendida se haga efectiva,
con sus respectivos intereses.

SEXTO: Sírvase Señor Juez de condenar en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.

SÉPTIMO: Se me reconozca personería jurídica para actuar.”

Invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política; 3, 17, 37,
91 y 225 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de la
Contencioso Administrativo (CPACA); 23 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); 167
del Código General del Proceso (CGP); Decreto 2106 de 2009 y Decreto 575 de 2013.

En la demanda se sustentaron los cargos bajo el concepto de violación que adelante
se expone y, en la contestación, se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Decaimiento de los actos administrativos (Cuantía $178.706.684)

1. Argumentos de la demanda: Advirtió, que operó la figura del decaimiento de los
actos administrativos, porque los artículos 40 y 41 del Decreto 2106 de 2019
ordenaron a la UGPP no realizar cobros patronales a pensiones reliquidadas de
condenas judiciales.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda:
Por su parte, la UGPP9 no se pronunció del cargo de decaimiento de los actos
administrativos.

Segundo cargo: Violación al debido proceso (Cuantía $178.706.684)

1. Argumentos de la demanda: La parte actora sostuvo que el Decreto 575 de 2013
dio inicio al proceso adelantado por la UGPP a favor de la señora Mercedes Pedraza
Montaño; sin embargo, únicamente hasta la expedición de la resolución de 2017 fue
informada del caso, circunstancia que, a su juicio, le impidió ejercer oportunamente su
derecho de defensa.

Asimismo, alegó que la Resolución RDP 040222 del 24 de octubre de 2017 fue
notificada el 14 de diciembre de 2019, lo que ocasionó la pérdida de la oportunidad
procesal para aportar pruebas, rendir informe de defensa e interponer los recursos
correspondientes.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda:
La entidad demandada10 señaló que en los actos administrativos cuestionados se
respetó el derecho al debido proceso, toda vez que se permitió el ejercicio de la

9
Índice 13 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.
10
Ibidem

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4

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

defensa en las distintas etapas del trámite, garantizando así la contradicción y la
participación efectiva de la parte interesada.

Tercer cargo: Inexistencia de responsabilidad de pago por los actos
demandados (Cuantía $178.706.684).

1. Argumentos de la demanda: Explicó que la señora Mercedes Pedraza Montaño
no tuvo vínculo laboral ni contractual con la parte demandante, razón por la cual no le
corresponde asumir el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en su nombre.

Adicionalmente, aclaró que en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 22 de marzo de 2017 —que la
UGPP pretende ejecutar en su contra— no intervino como demandante, demandado,
litisconsorte necesario ni en calidad de llamado en garantía, de modo que no puede
ser considerada responsable de los efectos de dicha decisión.

Señaló que la Resolución RDP 040222 del 24 de octubre de 2017 no contiene una
obligación clara, expresa y exigible, en la medida en que no define el vínculo entre la
señora Mercedes Pedraza Montaño y la parte demandante, ni determina de forma
precisa el sujeto pasivo ni el valor de la obligación.

Advirtió, además, que los actos demandados configuran un cobro de lo no debido,
puesto que no existe disposición legal que atribuya a la Fiduprevisora responsabilidad
en la reliquidación de la pensión de vejez de un exfuncionario del extinto DAS. En ese
sentido, resaltó que, por su naturaleza jurídica especial, la Fiduprevisora no puede ser
reconocida como empleador de persona alguna, dado que, conforme a sus
características legales, carece de facultad para generar relaciones laborales.

Aclaró igualmente que los patrimonios autónomos no pueden ser considerados
empleadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1226 del Código de Comercio,
razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad respecto de una deuda de
carácter laboral. Con mayor énfasis, indicó que tampoco fue llamado como
litisconsorte necesario dentro del proceso judicial en el que el demandado fue el
extinto DAS, lo que excluye cualquier responsabilidad derivada de dicha actuación.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda:
Por su parte, la UGPP11 explicó que para el momento de los hechos las entidades
públicas debían responder por las pensiones de sus trabajadores en proporción con
el tiempo laborado. Además, de acuerdo con sus competencias se encuentra
facultada para adelantar el cobro de cuotas partes pensionales.

Indicó que la deuda atribuida a la demandante se encuentra contenida en una
sentencia judicial, lo que la convierte en una obligación clara, expresa y exigible.
Asimismo, advirtió que, de acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa,
no era necesario que la demandante hubiera intervenido en el proceso judicial
respectivo para que se derivara la obligación en su contra.

Cuarto cargo: Prescripción de la acción de cobro (Cuantía $178.706.684).

1. Argumentos de la demanda: Señaló que la entidad demandada, al adelantar de

11
Ibidem

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manera errónea el cobro contra la parte demandante, permitió que operara la
prescripción de la acción de cobro, derivada de la inactividad frente al verdadero
empleador.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda:
Por su parte, la UGPP 12 invocó las excepciones de mérito consistentes en la
“inexistencia del derecho reclamado”, bajo el argumento de que los actos demandados
no contrarían la ley; la “prescripción” de cualquier derecho que pudiera reclamar la
parte demandante; y la “buena fe” que ampara todo lo actuado por la administración.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, y no accedió a la condena en
costas13. A su turno, la parte demandante14 formuló recurso de apelación. Los motivos
del fallo impugnado y los argumentos de la alzada se resumen así:

Primer cargo: Decaimiento de los actos administrativos.

Fundamento del fallo de primera instancia: Sostuvo, que los artículos 40 y 41 del
Decreto 2106 de 2019 y el artículo 40 de la Ley 2008 de 2019 presuponen la
existencia de un procedimiento de cobro coactivo de los aportes patronales a
pensiones.

Explicó que, en el presente caso, lo que se estudia es la ejecución de una decisión
judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Mercedes Pedraza
Montaño y se dispuso que la entidad demandada adelantara los trámites pertinentes
para su cobro al extinto DAS.

Precisó, además, que no se encuentra en curso un proceso de cobro coactivo, sino
el examen de la legalidad de los actos administrativos que determinaron el valor de
una pensión.

La parte demandante y apelante no formuló reparo en relación con esta parte de la
decisión.

Segundo cargo: Violación al debido proceso.

1. Fundamento del fallo de primera instancia: Señaló que no se evidencia
vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que los actos administrativos
demandados fueron notificados en debida forma y se garantizó la posibilidad de
interponer los recursos de reposición y apelación en las distintas etapas procesales.

2. Fundamento de la apelación formulada por la parte demandante: Alegó que la
vulneración del derecho al debido proceso expuesta en la demanda comprendió la
indebida vinculación, la ausencia de motivación fáctica y jurídica en la decisión
adoptada por la UGPP, la falta de agotamiento de otros trámites previos al cobro y la

12
Ibidem
13
Índice 31 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.
14
Índice 34 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.

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tardía notificación de los actos administrativos, aspectos que no fueron objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal.

Asimismo, manifestó que perdió la oportunidad de interactuar con la administración,
en tanto no pudo allegar pruebas, rendir informes para su defensa ni interponer los
recursos correspondientes.

Señaló que los actos administrativos deben estar debidamente motivados, a fin de no
afectar los derechos de los administrados, en especial el derecho de defensa. En
consecuencia, al no contener los actos demandados las razones jurídicas de la
decisión, ni las bases cuantificadas, y al omitirse la aplicación del procedimiento
previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, se configuró la vulneración del
derecho al debido proceso.

Tercer cargo: Inexistencia de responsabilidad de pago por los actos
demandados (Cuantía $178.706.684).

Fundamento del fallo de primera instancia: Explicó que la entidad demandada era
responsable del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, en tanto el artículo
3 del Decreto Ley 4057 de 2011 trasladó las competencias del extinto DAS a otras
entidades.

Adicionalmente, señaló que el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 estableció que la
entidad demandada es la responsable de los procesos judiciales relacionados con
reclamaciones de carácter laboral, lo que refuerza su obligación en el presente caso.

La parte demandante y apelante no formuló reparo en este aspecto del fallo.

Cuarto cargo: Prescripción de la acción de cobro (Cuantía $178.706.684).

Fundamento del fallo de primera instancia: Sostuvo que la UGPP se encontraba
facultada para adelantar el cobro de aportes al Sistema de Seguridad Social a las
entidades empleadoras, de conformidad con lo previsto en la Ley 1151 de 2007 y la
Ley 1607 de 2012.

Asimismo, aclaró que el cobro efectuado por la UGPP resulta procedente no solo por
dar cumplimiento a una sentencia judicial, sino también porque garantiza la
sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social y materializa la obligación
de recaudo de aportes establecida en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Explicó que la parte demandante no debió ser llamada al proceso judicial en el que
se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Mercedes Pedraza
Montaño, dado que, conforme al artículo 22 de la Ley 100 de 1993, la obligación
pensional recae tanto en el trabajador como en el empleador, de manera separada.
Precisó que el proceso judicial en el que se dispuso el pago por parte del extinto DAS
se adelantó entre la señora Pedraza Montaño y la UGPP, razón por la cual el
empleador no podía eximirse del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Señaló que, toda vez que se determinó la responsabilidad de la demandante respecto
del pago de la deuda pensional del extinto DAS, no resulta necesario estudiar la
prescripción de la acción de cobro.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

En la apelación formulada por la parte demandante no se formuló objeción sobre este
aspecto del fallo.

Finalmente, negó la condena en costas al considerar que no se encuentran probadas
en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso y el artículo 188 del CPACA.

Pronunciamientos finales

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

CUESTIÓN PREVIA

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso15. Mediante el Auto del del 20 de marzo
de 202516 se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del
presente proceso.

PROBLEMA JURÍDICO

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si en el
trámite de la actuación administrativa demandada se configuró una vulneración del
derecho al debido proceso en perjuicio de la parte demandante.

Primer cargo: Violación al debido proceso (Cuantía $178.706.684)

La demandante alegó que el Tribunal no se pronunció respecto de los cargos “indebida
vinculación, por la carencia de motivación fáctica y legal de la decisión adoptada por la UGPP,
por la falta de cumplimiento del agotamiento de otros medios procesales anteriores antes de realizar el
cobro, así como también por la tardía notificación del acto administrativo -único argumento estudiado
por el a-quo-.”

En el mismo sentido, señaló que perdió la oportunidad de interactuar con la
Administración, con el fin de remitir pruebas, rendir informes para su defensa e
interponer recursos en el proceso de determinación del valor de la pensión. Además,
advirtió que los actos demandados no se encuentran debidamente motivados, ya que
no exponen las razones de su expedición.

• Indebida vinculación

La actora alegó que no estaba obligada a realizar los pagos requeridos por la UGPP,
dado que no fue vinculada al proceso judicial de reliquidación pensional.

La sala precisa que Fiduciaria Previsora S.A. fue determinada como representante
del extinto DAS para procesos judiciales, reclamaciones administrativas, laborales o
contractuales luego de su liquidación, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley 1753

15
Samai CE, índice 19.
16
Samai CE, índice 22.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

de 2015, que establece:

“La representación de dicho patrimonio autónomo la llevará la sociedad fiduciaria,
quien se encargará de la atención de los procesos judiciales, reclamaciones
administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o destinatario el
extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, y
que no guarden relación con funciones trasladadas a entidades receptoras de
acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, o que por cualquier razón
carezcan de autoridad administrativa responsable para su atención.”

La anterior norma fue motivo de análisis por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, la cual mediante providencia en la que resolvió conflicto de
competencias administrativas conceptuó lo siguiente17:

“PRIMERO: DECLARAR competente al Patrimonio Autónomo de Defensa Jurídica
del extinto DAS y su Fondo Rotatorio, administrado y representado legalmente por
la sociedad Fiduprevisora S.A., para asumir el pago del aporte patronal que le
correspondería al extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS, en
cumplimiento del fallo judicial emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión de Villavicencio de fecha 30 de septiembre de 2013, de conformidad
con las razones expuestas.

De acuerdo con lo expuesto, el pago del aporte patronal que correspondía al extinto
DAS carecía de una entidad pública responsable para su atención. No obstante, la
Fiduciaria Previsora S.A., en su calidad de administradora del patrimonio autónomo
del DAS en liquidación, era la competente para responder por las obligaciones
pensionales con cargo a los recursos de dicho patrimonio. De ahí que en el sub lite la
demandante en efecto esté obligada a responder por la deuda objeto del recobro.

El artículo 24 de la Ley 100 de 1993 contempla que las entidades administradoras de
fondos de pensiones, tanto públicas como privadas, disponen de facultades de cobro
con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y del
trabajador en materia de aportes al sistema pensional. La norma establece:

“Artículo 24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades
administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones
de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador, de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la
administradora determine el valor adeudado prestará mérito
ejecutivo.”

En consecuencia, los fondos administradores de pensiones tienen la potestad de
cobrar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP)
dejados de realizar por el empleador. Para el caso, la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) es la entidad competente para adelantar las acciones de
determinación y cobro de las contribuciones al Sistema de Protección Social, en virtud
de las funciones asignadas por la Ley 1151 de 2007 y la Ley 1607 de 2012.

Respecto del cobro de nuevos conceptos derivados de la reliquidación de una pensión,
el Consejo de Estado ha manifestado:

17
Providencia del 11 de diciembre de 2018. Exp. 11001-03-06-000-2018-00195-00(C). C.P. Édgar González López

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Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

“En materia de obligaciones pensionales, al empleador le asiste, entre
otras, la de realizar el pago oportuno de los aportes por concepto de
seguridad social a las entidades administradoras, tanto de los que
están a su cargo como de los que corresponden al trabajador; lo
anterior de conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.
Frente a las obligaciones del empleador, son las entidades
administradoras las que deben requerirlo para que realice el pago de
los aportes o lo haga de manera correcta, e iniciar las acciones de
cobro correspondientes y proceder en debida forma a liquidar y
reconocer la pensión respectiva, sin que ello pueda influir en el
derecho al reconocimiento pensional y su régimen, por ser este de
estirpe legal con apego a los deberes del administrador.”

Conforme a lo expuesto, las entidades administradoras deben requerir al empleador
para que efectúe correctamente el pago de los aportes, iniciar las acciones de cobro
correspondientes y proceder en debida forma a liquidar y reconocer la pensión.

En el caso concreto, la parte demandante sostiene que los actos acusados adolecen
de nulidad, al considerar que no estaba obligada a realizar los pagos requeridos por la
UGPP, dado que no fue vinculada al proceso judicial de reliquidación pensional.

La Sala al respecto precisa que el cobro adelantado por la UGPP en los actos acusados
resulta legalmente procedente, no solo para dar cumplimiento a la sentencia que
definieron la reliquidación pensional de la señora Mercedes Pedraza Montaño, sino
también para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, el cual no puede
comprometer recursos parafiscales en detrimento de prestaciones futuras. En ejercicio
de las facultades otorgadas por el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la UGPP no solo
tenía la potestad de cobrar las cotizaciones correspondientes a la reliquidación de la
pensión, sino la obligación de hacerlo.

En cuanto a la vinculación del empleador en el proceso de reliquidación pensional, el
Consejo de Estado ha señalado la improcedencia del llamamiento en garantía, al
considerar que las obligaciones del empleador (pago oportuno de aportes) y las de la
UGPP (reconocimiento y pago de la pensión) son distintas y autónomas. Por tanto, no
existe nexo causal o contractual que justifique la vinculación del empleador en dichos
procesos.

En el caso concreto, la Sala concluye que no era procedente vincular al empleador en
el proceso de reliquidación pensional de la señora Mercedes Pedraza Montaño, dado
que el debate jurídico se circunscribía a la relación entre la pensionada y la UGPP. Ello
no exime al empleador de su deber de realizar los aportes pensionales sobre los
factores incluidos en el Ingreso Base de Cotización (IBC). No prospera el cargo

• Cumplimiento del agotamiento de otros medios procesales antes de
realizar el cobro

Según el apelante, la demandada no agotó otros medios procesales antes de realizar
el cobro a la entidad actora, circunstancia que a su juicio violó el derecho al debido
proceso que le asiste.

La sala precisa que el artículo 48 de la Constitución Política junto con la Ley 100 de
1993 son las normas principales para el funcionamiento del Sistema de Protección

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Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

Social, los cuales garantizan a la población el amparo de las contingencias de la vejez,
invalidez y muerte. Dicha Ley en su artículo 17 establece:

“Artículo 17. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por
prestación de servicios que aquellos devenguen. (…)”

La norma transcrita establece la obligatoriedad de los aportes al Sistema de seguridad
Social, los cuales de acuerdo con los artículos 18, 20 y 22 de la Ley 100 de 1993
corresponden al 75% del empleador y 25% al trabajador en una relación laboral.

Ahora, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los pagos al Sistema de
Seguridad Social, las entidades administradoras de pensiones, tanto públicas como
privadas, cuentan con facultades de cobro18. En materia de liquidación o reliquidación
de los aportes al mencionado sistema, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
(UGPP) se encuentra investida de facultades de fiscalización, determinación oficial y
cobro coactivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
y el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

En cuanto a la capacidad de la UGPP para liquidar aportes al Sistema de Seguridad
Social, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 11 de julio de 2018,
explicó 19:

“Es decir, frente a las obligaciones del empleador, son las entidades
administradoras las que deben requerirlo para que realice el pago de los aportes o
lo haga de manera correcta, e iniciar las acciones de cobro correspondientes y
proceder en debida forma a liquidar y reconocer la pensión respectiva 20, sin que ello
pueda influir en el derecho al reconocimiento pensional y su régimen, por ser este
de estirpe legal con apego a los deberes del administrador.
Con base en los argumentos expuestos en los acápites anteriores, es preciso
señalar que la UGPP es quien de manera inequívoca e independiente, tiene la
obligación de realizar en debida forma la liquidación de la pensión, proceder a su
reconocimiento y atender el pago de las cuantificaciones pensionales que efectúe.”
(Subraya la Sala)

De acuerdo con lo expuesto, la UGPP es la entidad competente para realizar la
liquidación y el cobro de aportes al Sistema de Seguridad Social. En consecuencia, el
proceso de reliquidación de la pensión de vejez adelantado entre la señora Mercedes
Pedraza Montaño y la UGPP resultaba procedente, así como el posterior cobro
efectuado por dicha entidad a la parte demandante, en la medida en que ello hace
parte de sus funciones legales y constitucionales.

Así las cosas, no resulta de recibo el argumento del apelante, según el cual la
demandada no agotó otros medios procesales antes de realizar el cobro a la parte
actora, por cuanto, como quedó anotado anteriormente, no era procedente vincular al
empleador en el proceso de reliquidación pensional de la señora Mercedes Pedraza
Montaño, dado que el debate jurídico se circunscribía a la relación entre la pensionada

18
Art 24 Ley 100 de 1993.
19
Exp. 17001-23-33-000-2016-00538-01(3351-17). C.P. William Hernández Gómez.
20
Al respecto ver entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-362 de 2011, en la cual se indica “Cuando el empleador
no traslada los aportes a la entidad de seguridad social, ésta última tiene el deber de cobrar los dineros adeudados por el
empleador moroso a través de los mecanismos jurídicos establecidos en la Ley.”

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Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

y la UGPP. En consecuencia, no se advierte irregularidad procedimental alguna en el
cobro realizado. Por lo tanto, el cargo no prospera.

• Tardía notificación del acto administrativo

En cuanto a la alegada tardía notificación del acto administrativo, la parte demandante
afirmó en el escrito de apelación que el Tribunal ya se había pronunciado respecto de
dicho cargo. Sin embargo, no planteó argumentos de inconformidad frente a lo
decidido por el a quo. En consecuencia, la Sala no se pronunciará al respecto.
• Falta o indebida motivación del acto

En relación con los argumentos de falta o indebida motivación de los actos
demandados, se advierte que estos no hicieron parte de la discusión en primera
instancia, toda vez que no fueron desarrollados en la demanda. No obstante, como lo
señaló el Tribunal, sí se introdujeron en los alegatos de conclusión, razón por la cual
no se emitió pronunciamiento sobre ellos.

Respecto de los cargos no estudiados en la sentencia de primera instancia, esta Sala,
en providencia del 22 de abril de 202121, precisó que los alegatos de conclusión no
constituyen una oportunidad procesal para adicionar o reformar la demanda, sino
únicamente para reforzar o profundizar los argumentos previamente expuestos. En
consecuencia, los cargos que no fueron planteados en la demanda inicial no pueden
ser objeto de análisis en segunda instancia, pues ello vulneraría el principio de
congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada.

En el presente caso, el cargo relativo a la falta de motivación de los actos
administrativos no fue objeto de estudio en primera instancia, por cuanto no se
desarrolló en la demanda y únicamente se introdujo en los alegatos de conclusión. En
consecuencia, no procede su análisis en esta sede.

De acuerdo con lo expuesto, no se configura vulneración del derecho al debido
proceso por parte del Tribunal, razón por la cual el cargo no prospera.

Conclusión:

• La parte demandante ostenta la calidad de sustituto legal del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– en materia de deudas y
responsabilidades pensionales, razón por la cual se encuentra debidamente
vinculada al presente proceso.

• No se advierte irregularidad procesal previa al cobro de la pensión reconocida
a una exfuncionaria del extinto DAS, toda vez que el trámite de reliquidación se
adelantó entre la UGPP y la señora Mercedes Pedraza Montaño conforme a la
normativa vigente, y posteriormente se efectuó el cobro a la demandada. En
ese contexto, la demandante no podía ser llamada como parte ni en garantía
dentro de dicho proceso, dado que la UGPP es la única entidad facultada para
liquidar las pensiones de las personas naturales.

• No resulta posible emitir pronunciamiento respecto de los cargos de apelación
en los cuales la parte demandante no expuso un reproche concreto.

21
Exp. 25427. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00391-00 (28001)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.

• Tampoco procede pronunciarse sobre asuntos que no fueron objeto de debate
en la primera instancia, pues ello implicaría desconocer el principio de
congruencia y vulnerar el derecho al debido proceso de la parte que no invocó
el cargo en la oportunidad procesal correspondiente.

No habiendo tenido prosperidad la apelación, la Sala confirma la sentencia de primera
instancia.

Condena en costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA– y 365 del Código General
del Proceso –CGP–, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.

Como no prosperó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se
impondrá la condena en costas de esta instancia a dicha parte. Para el efecto, se
fijarán las agencias en derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º del
Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, adicionado por el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, en un (1) salario mínimo mensual legal vigente –SMMLV–, y se ordenará al
Tribunal adelantar el incidente de liquidación, conforme al artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la actora en esta instancia y fijar las agencias en derecho en
el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite
al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

3. Reconocer personería a la Dra. María Camila Camargo Rueda, como apoderada
judicial de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido
en el índice 11 de la plataforma SAMAI.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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