RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2020-00399-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00399-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00399-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la Sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante, en su modalidad de agencias en derecho, con 1 SMLMV, conforme al Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre del 2025 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00399-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

19 de febrero de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia
Demandado: UGPP
Temas: IBC trabajador independiente. Periodo 2014. Desconocimiento de
costos y gastos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de octubre de 20241, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda y no se pronunció sobre costas2, así:

“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia
así: (…)
TERCERO: INFÓRMESE a las partes que los recursos, solicitudes de
aclaración o complementación frente a la presente providencia deberán
radicarse en la siguiente ventanilla virtual (…)
CUARTO: En firme la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente
previas las anotaciones que sean menester”.

ANTECEDENTES

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la entidad demandada expidió la
Resolución No. RDO. 2018-04377 de 22 de noviembre de 20183, mediante la cual
se profirió Liquidación Oficial, en la que se determinaron los aportes al Sistema de la
Seguridad Social a cargo del demandante por la suma de $51.465.000 y la sanción
por omisión en la afiliación por valor de $107.627.000, por los períodos comprendidos
entre enero y diciembre de 2014. Decisión que fue confirmada por la Resolución No.
RDC-2019-002524 de 20 de noviembre de 20194.

1
Ingresó al despacho para fallo el 4 junio de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 25.
3
Samai Tribunal, índice 9, Resolución No. RDO. 2018-04377 de 22 de noviembre de 2018 de la carpeta “Liquidación Oficial”.
4
Samai Tribunal, índice 9, Resolución No. RDC-2019-002524 de 20 de noviembre de 2019 de la carpeta “Recurso de
Reconsideración”.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

«2.1. DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en la
Resolución No. RDC-2019-02524 de fecha 20 de noviembre de 2019 por el cual se
resolvió el recurso de reconsideración y la liquidación oficial No. RDO- 2018- 04377
de fecha 22 de noviembre 2018, actos proferidos por la Subdirección de Determinación
de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

2.2. Se RESTABLEZCA EL DERECHO de mi representado, en el sentido de que se
DECLARE que, efectivamente, no estaba precisado a afiliarse y aportar a los
subsistemas de salud y pensión en los meses de enero a diciembre de 2014; y, en
consecuencia, se declare que mi representado no debe pagar la supuesta omisión
determinada, así como tampoco la sanción por no declarar por la conducta de omisión.

2.2.1. Que de forma subsidiaria a la anterior pretensión de RESTABLEZCA EL
DERECHO de mi representado en el sentido de que se DECLARE que de estar
obligado a afiliarse y aportar a los subsistemas de salud y pensión, dichos aportes
debían corresponder única y exclusivamente en el mes en que los ingresos fueron
efectivamente, en consecuencia de determine que de un lado mi representado pagó la
obligación sobre dicha mensualidad del año 2014, y del otro que no hay lugar a la
omisión determinada ni a su sanción.

2.3. Se CONDENE A LA DEMANDADA al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN
DERECHO a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo
con lo que se pruebe dentro del proceso».

Invocó como normas vulneradas: Constitución Política; Estatuto Tributario; CPACA;
Ley 100 de 1993; Ley 797 de 2003; Ley 1607 de 2012; Ley 1739 de 2014; Ley 1753
de 2015.

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y
en la contestación se ejerció el derecho con contradicción así:

Primer cargo: Infracción de las normas en que debía fundarse el acto. IBC de
aportes a cargo de trabajadores por cuenta propia y/o independientes no
vinculados mediante contrato de prestación de servicios.

1. La parte demandante sostuvo que los actos administrativos demandados son
nulos, en la medida en que la UGPP fundamentó la obligación de cotizar en
disposiciones reglamentarias que ya habían sido derogadas [Decreto reglamentario
806 de 1998], con desconocimiento del principio de reserva legal y del principio de
legalidad tributaria, lo cual vulnera la Constitución Política y genera inseguridad
jurídica.

El demandante sostuvo que la UGPP aplicó de manera indebida la normatividad
vigente para los contratistas por prestación de servicios, al exigir la cotización sobre
el ciento por ciento (100 %) de los ingresos, cuando, conforme a la Ley 1122 de 2007
y el Decreto 510 de 2003, la base de cotización corresponde al cuarenta por ciento

5
Samai Tribunal, índice 1, demanda.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

(40 %) del valor mensualizado del contrato. Asimismo, afirmó que los ingresos fueron
percibidos en un único período, correspondiente al mes de diciembre de 2014, razón
por la cual no existía obligación de efectuar aportes en los meses anteriores, ni
resultaba procedente la mensualización de ingresos anuales. En ese mismo sentido,
señaló la falta de consideración de expensas, lo que infló la base de cotización y
generó sanciones desproporcionadas. Finalmente, adujo que pagó voluntariamente
los aportes correspondientes al mes de diciembre de 2014 antes de la liquidación
oficial, incluyendo intereses y sanción, lo que hacía improcedente continuar el
proceso.

Expuso que la UGPP desconoció la naturaleza del derecho comercial, al rechazar
una certificación expedida por el representante legal de la sociedad extranjera
Boston Andes Capital, que acreditaba la calidad del demandante como contratista
por prestación de servicios, exigiendo como única prueba el contrato mismo, a pesar
de que no existe norma que exija el contrato de prestación de servicios por escrito.

2. La UGPP defendió la legalidad de los actos, fundamentándose en que la
obligación de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
para trabajadores independientes está claramente establecida en la Ley 100 de
1993, la Ley 797 de 2003, la Ley 1438 de 2011 y normas reglamentarias como los
decretos 510 de 2003, 806 de 1998 y 780 de 2016. Explica que el hecho generador,
la base gravable, el sujeto pasivo y la tarifa están definidos por la ley, y que el
demandante, al ser independiente con capacidad de pago, debía cotizar sobre los
ingresos efectivamente percibidos.

Señaló que en la declaración de renta del año 2014 se reportaron ingresos por más
de 311 millones de pesos, lo que demuestra la capacidad económica y la obligación
de aportar. Alegó que el demandante no probó costos ni deducciones que
permitieran ajustar el ingreso base de cotización, por lo que se aplicó la
mensualización del ingreso anual conforme a la normativa.

Segundo cargo: Expedición irregular. Reconocimiento de costos y gastos para
la determinación del IBC.

1. La parte demandante consideró que los actos violan el debido proceso al
pretender determinar y liquidar omisiones y sanciones en un mismo acto, a pesar de
que tienen requisitos y características diferentes. Además, acumuló en una sola
liquidación doce vigencias fiscales independientes, cuando cada mes constituye un
periodo autónomo, lo que desconoce las disposiciones que exigen liquidaciones
separadas.

Cuestionó que la UGPP tomó los ingresos de la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios del año 2014, pero ignoró deliberadamente los gastos y/o
costos asociados, vulnerando el principio de unidad de la prueba y la veracidad de
las declaraciones tributarias.

2. La UGPP afirmó que el procedimiento seguido se ajustó a lo dispuesto en la Ley
1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014, que regulan la determinación oficial de
contribuciones parafiscales. Indicó que se notificó debidamente el requerimiento para
declarar y corregir antes de la liquidación oficial, garantizando el derecho de defensa
y contradicción.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

Argumentó que no es aplicable el Estatuto Tributario en forma directa, pues las
contribuciones parafiscales tienen naturaleza distinta a los impuestos, y que la UGPP
está facultada para unificar procesos por subsistemas.
Tercer cargo: Falta de motivación del acto administrativo.

1. La parte demandante argumentó que los actos están viciados de nulidad por falta
de motivación, ya que se limitaron a transcribir normas, definiciones y anexar cuadros
sin ofrecer una argumentación lógica ni responder a los reparos planteados en el
recurso de reconsideración.

Afirmó que la ausencia de motivación impidió al contribuyente ejercer
adecuadamente su derecho de contradicción, pues no se explicaron las
inconsistencias ni las razones para imponer obligaciones y sanciones.

2. La UGPP expuso que los actos administrativos contienen una estructura completa
con consideraciones, marco legal, fundamentos de derecho, antecedentes, análisis
y conclusiones, además de un archivo anexo con el detalle de la base gravable y
ajustes. Señaló que la motivación está sustentada en hechos probados y normas
aplicables, por lo que el argumento del demandante no es procedente.

Cuarto cargo: Falsa motivación.

1.La parte demandante sostuvo que los actos demandados incurren en el vicio de
nulidad por falsa motivación, al calificar al demandante como trabajador
independiente sin reconocer su condición de contratista por prestación de servicios,
ignorando las pruebas allegadas por el demandante. Dijo que la autoridad se fundó
en supuestos erróneos, como la presunción de ingresos mensuales durante todo el
año 2014, cuando en realidad el demandante sólo percibió ingresos en una sola
mensualidad.

2. Frente a este cargo, la UGPP señaló que los actos administrativos se fundaron en
las pruebas obrantes en el expediente administrativo y en la normativa vigente.
Agregó que el demandante no allegó elementos probatorios idóneos para desvirtuar
la obligación de cotizar ni para acreditar que los ingresos percibidos se
circunscribieran a un solo mes.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda 6 sin condenar en costas. A su
turno, la parte demandante formuló recurso de apelación7. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son:

Primer cargo: Infracción de las normas en que debía fundarse el acto. IBC de
aportes a cargo de trabajadores por cuenta propia y/o independientes no
vinculados mediante contrato de prestación de servicios.

1. El Tribunal desestimó el argumento de violación del principio de reserva legal y
de legalidad tributaria, toda vez que para la época fiscalizada (2014), la ley sí había
establecido los elementos esenciales de la contribución parafiscal (sujeto, hecho
generador, base y tarifa). Específicamente, determinó que el sistema de pensiones
6
Samai Tribunal, índice 25, sentencia
7
Samai Tribunal, índice 33, recurso de apelación.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

aplica a todos los habitantes, y que los trabajadores independientes, incluyendo
contratistas, están obligados a afiliarse y cotizar.

Respecto a la condición de contratista, el Tribunal expuso que no se acreditó la
existencia de contrato de prestación de servicios, ni verbal ni escrito, pues en relación
con el certificado aportado, la Sala determinó que este documento no era auténtico,
ya que el documento denominado "certificate of organization", al estar en idioma
extranjero, carecía de la traducción oficial requerida por el artículo 251 del Código
General del Proceso. Dado que el demandante no probó su condición de contratista
ni la existencia del contrato de prestación de servicios verbal, no se le aplica la base
del 40%.

El Tribunal consideró que debe mantenerse la base sobre el 100% de ingresos
efectivamente percibidos y que la UGPP actuó correctamente al prorratear los
ingresos declarados en renta durante todo el año, dado que no se aportaron pruebas
que desvirtúen esta presunción.

Señaló que el pago realizado en junio de 2018, correspondiente al mes de diciembre
de 2014, sí fue tenido en cuenta por la UGPP en la Liquidación Oficial, lo que se
reflejó en la disminución del valor determinado; en consecuencia, sostuvo que
resultaba procedente la continuación del procedimiento respecto de los demás
meses en los que se configuró la omisión de aportes.

2. La parte demandante alegó que el Tribunal desconoció la certificación expedida
por Boston Andes Capital que acreditaba la condición de contratista, argumentando
que todo documento se presume auténtico mientras no sea tachado y que la falta de
traducción no invalida su valor. Afirmó que la UGPP no podía prorratear ingresos
anuales como mensuales sin prueba de su distribución y que la relación contractual
no requería formalidades escritas, pues los servicios fueron personales y
remunerados en diciembre de 2014.

Señaló que en 2014 no existía un sistema claro para determinar el ingreso base de
cotización (IBC) de trabajadores independientes por cuenta propia, ni facultad para
aplicar presunciones de ingresos, lo que generaba un vacío normativo que solo se
resolvió con leyes y decretos posteriores.

Segundo cargo: Expedición irregular. Reconocimiento de costos y gastos para
la determinación del IBC

1. El Tribunal determinó que la UGPP está expresamente autorizada por la Ley 1607
de 2012 para efectuar la determinación de aportes e imponer la sanción por omisión
en el mismo acto administrativo. Adicionalmente, en cuanto al reconocimiento de los
costos y gastos declarados en renta, el a quo consideró que, aunque se aceptaran,
los ingresos mensuales seguían siendo superiores al límite de los 25 SMLMV.

En cuanto a la aplicación del esquema de presunción de costos, el Tribunal concluyó
que este planteamiento carecía de sustento porque la Resolución 209 de 2020 que
implementó el esquema de presunción de costos, se expidió de manera posterior a
los actos demandados. De igual manera, advirtió que, la UGPP posteriormente aplicó
el esquema en un acto de revocatoria directa, que no es objeto del presente proceso,
por lo que no entró a analizar su legalidad.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

2. La parte demandante sostuvo que el Tribunal omitió aplicar el esquema de
presunción de costos adoptado en la Resolución 209 de 2020, que habría reducido
el IBC, y que no valoró la resolución de revocatoria directa que forma parte del
expediente. Alegó que se debieron deducir los costos y gastos para calcular el IBC,
pues la UGPP no puede dividir la declaración para aceptar solo lo que perjudica al
aportante.

Precisó que, aplicando el esquema de presunción de costos y gastos adoptado por
la UGPP, el IBC se reduciría a un valor de $9.297.141, tal y como se realizó en la
Resolución No. RDO-2020-M-04277 de 11 de noviembre de 2020 que revocó
parcialmente la Liquidación Oficial.

Tercer cargo: Falta de motivación del acto administrativo.

1.El a quo concluyó que los actos estaban debidamente motivados, porque en los
actos demandados se incluyó la historia del procedimiento, el marco normativo, los
fundamentos de derecho, el análisis de la contestación del requerimiento para
declarar y/o corregir, y la determinación del IBC. Además, se anexó el archivo Excel
que detallaba los cálculos.

2. La parte actora no insistió en este cargo.

Cuarto cargo: Falsa motivación.
1. El Tribunal señaló que no procede este cargo, puesto que las decisiones de la
UGPP se basaron en hechos probados (la capacidad de pago del demandante y el
incumplimiento de la obligación de cotizar) y en las normas vigentes. La Sala ratificó
que, al haber existido la obligación de cotizar, la imposición de sanciones por omisión
estaba justificada.

2. Frente a este cargo, el demandante guardó silencio.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado
Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del
presente proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral
2 del artículo 141 del Código General del Proceso8. Mediante el auto del 3 de abril
de 20259 se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del
presente proceso.

PROBLEMAS JURÍDICOS

(i) ¿En el año 2014 existía base gravable para los trabajadores independientes con
el fin de determinar los aportes al Sistema de Seguridad Social?

(ii) ¿Se encuentra acreditada la condición de contratista del demandante para el año
2014?

8
Samai CE, índice 5.
9
Samai CE, índice 12.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

(iii) ¿Están viciados de nulidad los actos administrativos demandados al haberse
prorrateado el ingreso declarado por el demandante en el denuncio rentístico en los
12 meses del año?

(iv) ¿Resulta procedente el reconocimiento de los costos y gastos registrados en la
declaración de renta del demandante del año 2014?

(v) ¿Procede la aplicación del esquema de presunción de costos?

Caso concreto

Primer cargo: Infracción de las normas en que debía fundarse el acto. IBC de
aportes a cargo de trabajadores por cuenta propia y/o independientes no
vinculados mediante contrato de prestación de servicios.

En relación con el IBC, para los períodos de 2014, se advierte que la base gravable
de los aportes a salud y pensión de los trabajadores por cuenta propia y/o
independientes no vinculados mediante contrato de prestación de servicios se
encontraba prevista normatividad aplicable para ese periodo, particularmente, en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley
797 de 2003, que establecen que el ingreso base de cotización de estos trabajadores
debe guardar «correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos» que, en
todo caso, «no podrá ser inferior al salario mínimo» ni superar «25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes» de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 ibidem
recopilado en el artículo 3 del Decreto 510 de 2013.

En línea con lo anterior, en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, se
establece que «se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado
aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán
deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su
actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del
Estatuto Tributario».

De otra parte, en lo que se refiere al IBC para el subsistema de salud, el parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 estableció que el gobierno debía reglamentar
un sistema de presunción de ingresos «con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación
y el patrimonio de los individuos».

En cumplimiento de ese mandato, mediante el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995,
se le ordenó a la Superintendencia de Salud fijar «el sistema de presunción de
ingresos para los trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las
Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización», mandato
que se materializó mediante la Resolución No. 9 de 1996.

Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 1996, estableció que la base de los
aportes de los trabajadores independientes sería la «determinada sobre los ingresos
que calcule la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido
por la Superintendencia Nacional de Salud»; y, posteriormente, el artículo 25 del
Decreto 140 de 1999 precisó que «cuando los ingresos reales del trabajador
independiente sean superiores a los que resulten de la aplicación de las
presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho trabajador deberán hacerse
con base en los ingresos reales».
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

De las anteriores disposiciones se concluye que, sin perjuicio de que los ingresos
gravados con los aportes a salud serían determinados conforme al sistema de
presunción adoptado a través de la Superintendencia de Salud, el IBC debe atender
a los ingresos reales recibidos por el aportante, lo que supone su conformación con
los créditos obtenidos y la detracción de las expensas en las que se incurre para su
percepción.

Lo anterior, concuerda con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010, según
el cual las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben
hacerse sobre la misma base de las cotizaciones realizadas al Sistema General de
Pensiones. También con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, que,
además, previó que la base gravable mínima y máxima «le es aplicable al Sistema
de Seguridad Social en Salud».

Pese a que las normas transcritas se refieren a los trabajadores independientes, de
acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-578 del 2009,
esta definición incluye a los rentistas de capital e independientes por cuenta propia,
en tanto tienen capacidad de pago para efectuar aporte al SSSI.10

De acuerdo con el criterio de esta Sala11, en el año 2014 existía normativa para
determinar la base gravable de los independientes para el cálculo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social.

El demandante también alegó que el Tribunal desconoció la certificación expedida
por Boston Andes Capital, documento que acreditaba su condición de contratista.
Sostuvo que todo documento se presume auténtico mientras no haya sido objeto de
tacha de falsedad y que la ausencia de traducción no afecta su validez probatoria.
Adicionalmente, afirmó que la UGPP carecía de facultad para prorratear ingresos
anuales como si fueran mensuales sin contar con la prueba que demostrara su
distribución, y que la existencia de una relación contractual no requería formalidades
escritas, toda vez que los servicios personales y remunerados fueron efectivamente
prestados en diciembre de 2014.

Sobre los reparos del apelante, particularmente en relación con el reconocimiento de
ingresos en un periodo determinado para efectos del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social, esta Sala12 ha señalado lo siguiente:

«Ahora bien, el SPS grava los ingresos efectivamente percibidos de forma mensual,
mientras que los ingresos sometidos a imposición en los impuestos de renta, Ica e IVA
tienen periodos de causación distintos de los del tributo analizado, de ahí que atendida
la declaración tributaria que haya consultado la autoridad para identificar la capacidad
contributiva y el monto de los ingresos gravados con los aportes surgirá la necesidad
de que el contribuyente ateste la periodicidad del ingreso, so pena que ante una
ausencia demostrativa la autoridad pueda mensualizar el ingreso declarado en renta,
Ica o Iva en forma proporcional durante todos los meses del año, a fin de establecer el
IBC base de aportes.

Así lo ha precisado esta Sección en asuntos análogos de forma reiterada12. 3.2- A
efectos de la carga probatoria a cargo del contribuyente, la Sala -en asuntos anteriores-
ha valorado medios probatorios como facturas expedidas por los administrados en
10
Sentencias del 1 de agosto de 2019 (Exp. 23379, C.P. Milton Chaves García) y 29 de abril de 2021 (Exp. 25056 C.P. Myriam
Gutiérrez Argüello).
11
Sentencias del 2 de octubre de 2025 (Exp. 29935, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez); del 10 de octubre de 2025 (Exp.
29935 C.P. Luis Antonio Rodríguez); del 23 de noviembre de 2023 (Exp. 26318. C.P. Wilson Ramos Girón).
12
Sentencia del 30 de abril de 2025 (Exp. 27631. C.P. Wilson Ramos Girón).
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

orden a vincular el ingreso a un determinado período mensual. Asimismo, en función
de la libertad de los medios de convicción pertinentes, útiles y necesarios -arts. 167 y
168 del CGP- pueden también incorporarse otras pruebas que acrediten el periodo de
realización del ingreso efectivamente percibido, justamente porque las declaraciones
tributarias de períodos anuales resultan insuficientes para demostrar que la totalidad
de los ingresos fueron obtenidos en uno o varios meses.»

Según las consideraciones anteriores, si bien es cierto que los contribuyentes
pueden desvirtuar la mensualización de los ingresos mediante la acreditación del
período específico en el que estos fueron efectivamente percibidos, en el presente
asunto corresponde verificar si las pruebas obrantes en el expediente permiten
establecer dicha circunstancia o, por el contrario, si resulta procedente la distribución
proporcional del ingreso para efectos de la determinación del IBC, tal como lo hizo la
entidad demandada. En el presente caso, obran en el expediente los siguientes
documentos:

• “Certificate of Organization” de la sociedad Boston Andes Capital, LLC, con sello
de la “Secretary of the Commonwealth Corporations Division”, redactado en
idioma distinto al castellano. Por tal razón, al haber sido aportado sin la respectiva
traducción realizada por un intérprete oficial adscrito al Ministerio de Relaciones
Exteriores, dicho documento no puede ser valorado como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 251 del CGP. En consecuencia, carece de aptitud para
demostrar, dentro del proceso, extremos relevantes como la existencia y
estructura de la persona jurídica, su régimen de administración o la identidad de
sus órganos de dirección y representación.

• Certificado presuntamente suscrito por el Gerente de la sociedad Boston Andes
Capital, fechado el 15 de enero de 2019, en el cual se indica que el señor Nicholas
Kling Buraglia figura como “proveedor en la contabilidad de la empresa” durante
el año 2014 y que, por concepto de servicios de consultoría, la sociedad Boston
Andes Capital, LLC efectuó un único pago el 10 de diciembre de 2014 por la suma
de USD $132.610.

Ahora bien, conviene precisar que el debate sobre la autenticidad del documento
no se agota en la mera ausencia de la tacha de falsedad. Conforme al artículo 244
del Código General del Proceso, la autenticidad de un documento exige certeza
respecto de la persona que lo elaboró, manuscribió o suscribió. No obstante,
además de la autenticidad, cuando se trata de documentos otorgados en nombre
de una persona jurídica, resulta igualmente indispensable acreditar la
representación o facultad con la que actúa quien expide la certificación,
especialmente cuando de ello depende otorgarle valor demostrativo respecto de
hechos que comprometen a la entidad.

En el caso concreto, no se acreditó mediante prueba idónea que el señor “James
S. Huges” ostentara la calidad de representante legal, gerente general o
funcionario autorizado para certificar, en nombre de Boston Andes Capital, LLC,
la supuesta relación contractual y el pago informado por el demandante. En
particular, el documento que normalmente permitiría verificar tal condición el
“Certificate of Organization” no es susceptible de valoración probatoria por carecer
de traducción oficial, en esa medida no es posible determinar la autenticidad del
certificado expedido por el Gerente de la sociedad Boston Andes Capital, fechado
el 15 de enero de 2019, por cuanto no fue posible determinar si esa persona
contaba con la capacidad para representar la sociedad.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

En consecuencia, no existe soporte suficiente que permita tener por demostrada
la capacidad o facultad representativa del suscriptor. Por lo mismo, la certificación
aportada carece de la solidez probatoria necesaria para acreditar la condición de
contratista.

Del análisis probatorio expuesto, la Sala concluye, por una parte, que el material
allegado resulta insuficiente para tener por demostrada la existencia y las
condiciones del contrato de prestación de servicios invocado por el demandante. Por
otra parte, al no haberse aportado elementos idóneos que permitan establecer la
imputación mensual del ingreso en los términos exigidos por la jurisprudencia de esta
Sección -esto es, que la totalidad del ingreso haya sido efectivamente percibida en
un periodo mensual determinado y no a lo largo del año gravable-, no se cumple la
carga demostrativa requerida.

Por tanto, ante la ausencia de prueba que acredite la periodicidad del ingreso, resulta
procedente aplicar la determinación proporcional mensual del ingreso anual para
efectos de fijar el IBC.

En consecuencia, en el caso objeto de estudio debe aplicarse la base de cotización
prevista para la determinación de los aportes a los subsistemas de salud y pensiones
de los trabajadores independientes por cuenta propia no vinculados mediante
contrato de prestación de servicios. Adicionalmente, ante la falta de prueba que
permita establecer que el ingreso fue efectivamente percibido en el mes de diciembre
de 2014, resulta jurídicamente procedente que la UGPP haya determinado los
aportes al Sistema de Seguridad Social con base en los ingresos declarados en el
año gravable 2014, distribuyéndolos proporcionalmente en los doce (12) meses del
respectivo período. Por tanto, el cargo no prospera.

Segundo cargo: Expedición irregular. Reconocimiento de costos y gastos para
la determinación del IBC.

El demandante cuestiona que la UGPP tomó los ingresos de la declaración de
impuesto sobre la renta y complementarios del año 2014, pero ignoró
deliberadamente los gastos y/o costos asociados, vulnerando el principio de unidad
de la prueba y la veracidad de las declaraciones tributarias. En cuanto a la aplicación
de los ingresos, costos y gastos que fueron determinados en la declaración del
impuesto sobre la renta de los contribuyentes en el cálculo de los aportes al Sistema
de Seguridad Social, esta Sala en sentencia del 18 de mayo de 2023, explicó lo
siguiente13:

«En orden de ideas, si la UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del
impuesto sobre la renta presentada por el demandante por el año gravable 2014,
en los renglones 35 a 40, referidos a los ingresos, también debe tener en cuenta
aquellos rubros que debe erogar para desarrollar su actividad, en las condiciones
previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario; esto es, los renglones
correspondientes a costos y gastos denunciados, que deben cumplir con los
requisitos de dicha norma. Esta conclusión resulta reforzada con lo dispuesto en
el artículo 250 del Código General del Proceso, según el cual “La prueba que
resulte de los documentos públicos y privados es indivisible”. Ahora bien: la UGPP
bien podría solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones que pueden
deducirse del ingreso base de liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, pero en el caso concreto estas se encuentran demostradas a través del
13
Exp. 26808. C.P. Milton Chaves García. Posición reiterada en sentencia del 15 de febrero de 2024. Exp. 26606. C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

mismo medio probatorio que utilizó la demandada para acreditar los ingresos
efectivamente percibidos por el demandante. No es admisible que la declaración
del impuesto de renta del aportante permita acreditar aquellas situaciones que le
perjudican, pero que se divida para desatender lo que le beneficia. La Sala insiste
en la presunción de veracidad de la declaración de renta del demandante por el
año 2014, la cual no puede ser modificada o controvertida por otra autoridad
diferente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante
liquidación de revisión, conforme con el artículo 702 del Estatuto Tributario y el
Decreto 4048 de 2008. En consecuencia, el cargo de apelación está llamado a
prosperar, por lo que de los ingresos que sirven para determinar el IBC deben
deducirse los costos y gastos reportados en la declaración del impuesto sobre la
renta del demandante».

De conformidad con el criterio expuesto, en aquellos casos en los que la UGPP utilice
los ingresos determinados en la declaración del impuesto sobre la renta de los
contribuyentes para establecer el valor de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, deberá reconocer los costos y gastos allí reportados, toda vez que
constituyen una prueba indivisible.

Se advierte que, en el Requerimiento de Información No. RQI-M-1597 del 26 de
septiembre de 2016, la UGPP con fundamento en la declaración de renta del
demandante determinó que el señor Nicholas Kling Buraglia obtuvo ingresos por la
suma de $311.636.000, así como costos y deducciones por valor de $120.797.000.

Al reconocer los costos y gastos reportados, se establece que el demandante
percibió ingresos netos por $190.839.000 durante el año gravable 2014.
Prorrateados en los doce (12) meses del año, ello arroja una mensualización de
$15.903.250, cifra que supera el tope máximo de la base de cotización (25 SMLMV),
teniendo en cuenta que el salario mínimo legal vigente para el año 2014 fue de
$616.000. En consecuencia, resulta acertado que la UGPP hubiese determinado el
IBC sobre el tope máximo, esto es, $15.400.000.

Precisado lo anterior, se observa que la parte demandante sostuvo que Tribunal
omitió aplicar el esquema de presunción de costos adoptado en la Resolución 209
de 2020, que reduciría el IBC a un valor de $9.297.141, tal y como se aplicó en la
Resolución No. RDO-2020-M-04277 de 11 de noviembre de 2020 que revocó
parcialmente la Liquidación Oficial.

Verificado el expediente administrativo, se advierte que la UGPP, mediante la figura
de revocatoria directa, de manera oficiosa aplicó el esquema de presunción de
costos en la Resolución No. RDO 2020-M-04277 del 11 de noviembre de 2020, que
revocó parcialmente la Liquidación Oficial No. RDO 2018-04377 del 22 de noviembre
de 2018, así:

«Es de resaltarse que, cuando el IBC determinado en el proceso de fiscalización
fuese inferior al resultante de la aplicación del Esquema de Presunción de Costos,
no habrá lugar a modificarlo en el presente acto administrativo. El IBC de la
presente revocatoria, así como su origen (si es con ocasión de la aplicación del
esquema de presunción de costos o es el determinado en el último acto) se
discrimina en el siguiente cuadro:

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

(…)

Finalmente concluye esta Unidad que, mediante la presente revocación directa,
de oficio, se da aplicación al esquema de la presunción de costos en los términos
ya descritos, revocando parcialmente la Liquidación Oficial No. RDO-2018-04377
del 22/11/2018, y en su lugar modifica el monto de los aportes adeudados al
Sistema General de Seguridad Social por NICHOLAS KLING BURAGLIA
identificado con CC. 80874006 por el periodo fiscalizado De 2014-01-01 a 2014-
12-31, así como la sanción impuesta, tal como se observa en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.»

Revisados los antecedentes administrativos, el acto de revocatoria fue notificado el
día 19 de marzo de 2021, antes de la notificación del auto admisorio de la demanda 14.

En relación a la revocatoria directa de los actos administrativos, en el juicio de
constitucionalidad realizado mediante la Sentencia C-742 de 1999, respecto de la
misma limitación prevista en el artículo 70 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), la Corte Constitucional precisó que la revocatoria directa tiene
como finalidad «dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella
misma, incluso de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al
interés particular del recurrente, sino por una causa de interés general que consiste
en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público».

En esa medida, concluyó que al excluir su procedencia en los casos en que se
interponen recursos «no se le resta posibilidad alguna al administrado, pues dentro
de esa etapa ha tenido plena ocasión de exponer sus argumentos sobre la
constitucionalidad o ilegalidad del acto, y también sobre sus derechos
fundamentales, o los de otros, si los estima vulnerados o sometidos a amenaza. Por
tanto, en este procedimiento administrativo la Administración tiene la oportunidad de
examinar su actuación para proceder a modificarla, aclararla o revocarla, según el
caso».

Aplicando el precedente jurisprudencial al caso concreto, se advierte que la parte
demandada revocó parcialmente su decisión, conforme a lo dispuesto en los
artículos 93 a 96 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), para implementar el esquema de presunción de costos y
gastos a la situación particular del demandante aportante.

14
El auto admisorio de la demanda se profirió el 15 de abril de 2021, se notificó por estado a la parte demandante el 16 de abril
de 2021 y de manera personal a la parte demandada el día 13 de octubre de 2021.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

Se precisa que la Resolución No. RDO 2020-M-04277 del 11 de noviembre de 2020,
mediante la cual se revocó parcialmente la Liquidación Oficial No. RDO 2018-04377
del 22 de noviembre de 2018, no es susceptible de control judicial, conforme a las
reglas de unificación jurisprudencial15 aplicadas en casos similares16. Ello obedece a
que, si bien dicha resolución modificó parcialmente la liquidación oficial con el fin de
disminuir los aportes y las sanciones derivadas de la aplicación del esquema de
presunción de costos, se evidencia que tal actuación administrativa tuvo como
propósito reducir la base de cuantificación del tributo a partir del reconocimiento de
las erogaciones presuntas, lo cual no altera la naturaleza del acto ni lo convierte en
objeto de control jurisdiccional.

Fijado lo anterior, resulta indiscutible que la liquidación de los aportes parafiscales
contenida en el acto de revocatoria directa parcial goza de presunción de legalidad.
Si bien dicho acto no es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, sí produce plenos efectos jurídicos, en tanto constituye
un acto administrativo válido, eficaz y obligatorio.

Por lo tanto, la solicitud del apelante relativa a la aplicación del esquema de
presunción de costos y gastos no es procedente, toda vez que este ya fue
implementado mediante la Resolución RDO 2020-M-04277 del 11 de noviembre de
2020.

Conclusión:

• Para el año 2014 existía normativa para determinar la base gravable de los
independientes para el cálculo de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

• El demandante no acreditó su condición de contratista, por lo que debe
aplicarse la base de cotización prevista para calcular los aportes a los
subsistemas de salud y pensión de los trabajadores independientes por
cuenta propia que no se encuentran vinculados mediante contrato de
prestación de servicios.

• Aún si se reconocen los costos y gastos reportados en el denuncio rentístico
del aportante por el año gravable 2014, ello no llevaba a la variación del IBC
mensual considerado por la UGPP sobre el tope máximo, esto es,
$15.400.000, toda vez que, tras la depuración de la renta, el resultado supera
el tope máximo de la base de cotización (25 SMLMV).

• La solicitud del apelante relativa a la aplicación del esquema de presunción
de costos y gastos carece de vocación de prosperidad, puesto que este ya
fue implementado mediante la Resolución RDO 2020-M-04277 del 11 de
noviembre de 2020 con el cual la UGPP revocó parcialmente los actos de
determinación oficial de los aportes de los periodos mensuales de 2014.

En consecuencia, como no prosperan los cargos del recurso de la apelación, la Sala
confirma la sentencia de primera instancia.

15
Sentencia de 5 de diciembre de 2024 Exp. 27841, CP: Wilson Ramos Girón.
16
Sentencias del 12 de diciembre de 2024. Exp. 27838 CP. Wilson Ramos Girón (E) y del 4 de diciembre de
2025. Exp. 29736. C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00399-01 (29606)
Demandante: Nicholas Kling Buraglia

Condena en costas

Se condenará a la parte demandante en agencias en derecho en segunda instancia,
que se tasan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada una de estas,
según lo dispuesto por el por Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre del
2025 del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a lo establecido por el
artículo 365 – numerales 1, 3 y 8 del CGP.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la Sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante, en su
modalidad de agencias en derecho, con 1 SMLMV, conforme al Acuerdo No.
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre del 2025 del Consejo Superior de la Judicatura
y la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.