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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00469-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00469-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 29 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00469-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante ALPECORP COLOMBIA S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas CREE 2015. Costos y deducciones. Valoración probatoria.
Tarifa legal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo
siguiente1:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 1 de abril de 2016, la sociedad Alpecorp Colombia S.A.S. presentó la declaración
del impuesto sobre la renta para la equidad CREE correspondiente al año gravable
2015, en la que registró un saldo a pagar.
Previa expedición del requerimiento especial, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 322412019900020 del 10
de abril de 2019, que modificó la declaración señalada desconociendo parcialmente
costos y deducciones, incrementó la sobretasa y el impuesto a cargo, e impuso
sanción por inexactitud del 100%, aumentado el saldo a pagar.
Inconforme con la decisión, la sociedad interpuso recurso de reconsideración. La
autoridad tributaria confirmó la liquidación oficial mediante resolución 001748 del 6
de marzo de 2020.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
Samai del tribunal, índice 29, página 35.
2
Samai de tribunal, índice 7, PDF de la demanda, página 2.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

II. PRETENSIONES
DECLARACIONES:
1. Que se declare la nulidad del acto administrativo Liquidación Oficial de Revisión N°
32241 2019 900020 del 10 de abril de 2019 proferida por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo, la Resolución N° 622 – 99223 2020
001748 del 6 de marzo de 2020, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Naciones, fue notificada por edicto desfijado el 23 de junio de 2020 (sic).
PETICIONES
Honorables magistrados de manera atenta solicito a ustedes:
1. Que como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidad, se restablezca el
derecho de mi poderdante, por el impuesto y vigencia fiscal correspondiente.
2. Que se ordene el archivo definitivo del expediente administrativo correspondiente a la
vigencia fiscal de 2015 del impuesto sobre la renta del contribuyente en mención.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 23, 29, 189 [numeral
11], 228 de la Constitución Política; 138, 161, 162, 163, 164 [numeral 2, literal D] y
166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
62, 88, 617, 671, 684, 732, 742, 743, 771 [numerales 2 y 5], 772, 774 y 781 del
Estatuto Tributario; 48, 49, 50 y 51 del Código de Comercio; 3, 11, 123 y 124 del
Decreto 2649 de 1993; 3 del Decreto 522 de 2003; y 240, 241 y 242 del Código
General del proceso.

El concepto de violación se resume a continuación:

Indicó que existió una indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración, toda vez que la citación para notificarse personalmente fue
enviada a una dirección errada, distinta a la consignada en el RUT.

Además, advirtió que se configura el silencio administrativo positivo, teniendo en
cuenta que la citación llegó a la dirección errada el 11 de marzo de 2020, por lo que
el término para notificarse personalmente iniciaba el 12 de marzo siguiente, y dado
que operó la suspensión de términos por el estado de emergencia social, económica
y ecológica3 [desde el 18 de marzo al 2 de junio de 2020], el plazo finalizaba el 8 de
junio de 2020. De manera que, el edicto debió fijarse el 9 de junio y desfijarse el 24
de junio de 2020, sin embargo, este fue desfijado un día antes [el 23 de junio de
2020]. Agregó que, “la resolución mediante la cual se falla el recurso de reconsideración fue
“ENTREGADA (NO NOTIFICADA) al suscrito apoderado el 24 de julio de 2020” sin que ello
pueda atribuirse a una notificación por conducta concluyente, pues en esa fecha ya
se había agotado la sede administrativa.

Señaló que la administración desconoce la realidad contable de la sociedad, al
afirmar en los actos demandados que no se exhibieron los libros de contabilidad,
aun cuando en el acta de inspección tributaria – contable y en los actos de
verificación y cruce, consta que se presentó toda la información y documentación
[libros oficiales, cuentas auxiliares, comprobantes y demás soportes], los cuales
contaban con todos los requisitos y las respectivas formalidades para ser tenidos
como pruebas, en la medida que reflejan de forma clara, completa y fidedigna los
negocios del contribuyente.

3
Señaló las resoluciones 000022 del 18 de marzo, 0030 del 29 de marzo, y 00055 del 29 de mayo de 2020.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

Precisó, que contrario a lo señalado por la DIAN, al realizar la construcción o
producción de vehículos contra incendios, la sociedad no debe tener un stock
permanente de materia prima, repuestos o productos, pues atendiendo a la forma
como se desarrolla el negocio, esos bienes se van adquiriendo según el pedido o
las necesidades, y por eso, no todos son llevados al inventario.

Respecto al desconocimiento de costos con la empresa Distribuciones Nacionales
DINAL que efectuó la DIAN por estar declarado proveedor ficticio o insolvente,
argumentó que esa sociedad no figuraba con dicha anotación en la página web de
la DIAN en los períodos 2015 a 2017 ni durante la etapa de fiscalización, por lo que
el contribuyente no tenía razón para no realizar operaciones con la mencionada
compañía.

Aclaró que no existió un fraude fiscal, porque si bien las transferencias se realizaron
en efectivo, este tipo de pago no se encontraba prohibido por la norma, como
tampoco el hecho que los cheques no se giraran de manera directa al proveedor,
insistiendo que Alpecorp Colombia presentó todos los soportes y comprobantes
contables para demostrar efectivamente que cumplieron con todos los requisitos
legales.

Manifestó que, en cuanto al inventario de la producción de vehículos, la sociedad
fabrica cada producto de forma particular, por tener especificaciones técnicas
diferentes de conformidad con lo requerido por cada cliente, por lo que no se maneja
un stock o inventario de manera permanente, sino que con ocasión a cada
producción adquieren los productos, repuestos o servicios.

Advirtió que, para los pagos a personas naturales prestadoras de servicios, éstas no
estaban obligadas a expedir factura, por lo que la operación debía soportarse en un
documento equivalente, que era elaborado por el contribuyente, el cual
correspondió a una cuenta de cobro que especifica el concepto, el valor, y la planilla
de aportes, y que, también verificó que se cumpliera con el pago de seguridad social.

Por último, indicó que no se configuraron las conductas por parte del contribuyente
para dar aplicación al concepto de indicios en el ámbito probatorio, y resaltó que en
las diligencias realizadas por la administración se exhibió en debida forma los libros
de contabilidad, pero fueron los funcionarios los que tomaron fotocopias solo de
algunos documentos descontextualizando la contabilidad integral de la sociedad.

Oposición de la demanda

La DIAN solicitó negar las pretensiones de la demanda4, con fundamento en los
siguientes argumentos:

En cuanto a la indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, afirmó que el acto fue remitido por correo a la dirección procesal5
informada en el recurso, pues su aplicación es preferente conforme con el artículo
564 del Estatuto Tributario.

Afirmó que, la citación fue recibida el 11 de marzo de 2020 y que operó la
suspensión de términos6 desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 2 de junio de 2020.
A partir de esto, aclaró que, en sentencia C-929 de 2005, la Corte Constitucional
4
Samai de tribunal, índice 9.
5
Citó la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 19553, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Hizo referencia a las resoluciones 000022 del 18 de marzo, 0030 del 29 de marzo, y 00055 del 29 de mayo de 2020.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

precisó que el término de 10 días para notificación personal empieza a correr desde
la introducción al correo del aviso citatorio, y no al día siguiente como lo pretende el
demandante. Que, el edicto fue fijado el 9 de junio y desfijado el 24 de junio dentro
del plazo legal, y en tal sentido, no se puede alegar la operancia del silencio
administrativo positivo. Agregando que, en todo caso, el contribuyente interpuso la
demandada dentro de los términos de la ley, por lo que no se vulneró ningún
derecho.

Frente a la contabilidad de Alpecorp Colombia, expuso que las declaraciones
tributarias cuentan con presunción de veracidad y, por ende, admiten prueba en
contrario, por lo que la carga de la prueba se invierte automáticamente cuando la
administración ejerce las facultades de fiscalización7. Por lo anterior, al no ser
atendidas en debida forma las operaciones cuestionadas, la modificación efectuada
se encuentra conforme a derecho por encontrarse demostrado que los datos
incluidos en la declaración no se ajustan a la realidad.

En relación con los medios de prueba, manifestó que, ni con ocasión de los autos
de verificación y cruce de información, ni con las visitas realizadas, la administración
pudo establecer los documentos de orden interno y externo que soportan algunas
operaciones [como órdenes de compra, remisión de envío de mercancía, registro
de entrada de mercancía al almacén, guías de transporte], así como tampoco la
prueba de alguno de los pagos realizados a DINAL a través de cheques, detallando
que aunque estos últimos fueron requeridos a las entidades financieras, no fue
posible establecer su trazabilidad.

Aclaró que el desconocimiento de las erogaciones no se funda en la declaratoria de
proveedor ficticio de DINAL, sino en indicios y demás pruebas [inspecciones,
verificación domicilio fiscal, y cruces de información] que desvirtúan la realidad de
las operaciones.

Precisó que, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia8 ha determinado que
uno de los medios probatorios admisibles en materia tributaria son los indicios, por
lo que los actos demandados están plenamente sustentados en el acervo probatorio
recaudado, el cual no ha sido desvirtuado por el demandante. Agregó que, la
sociedad contribuyente no demostró la efectiva disposición de los pagos realizados
al proveedor, lo que impidió verificar la trazabilidad de las operaciones.

Por último, señaló que respecto al pago a personas naturales la autoridad tributaria
requirió la documentación correspondiente que cumpliera con los requisitos exigidos
por los artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario; sin embargo, la información
allegada presentó irregularidades [expedición de documentos equivalentes con los
mismos números consecutivos, inconsistencias entre el documento y el registro
contable, múltiples cuentas de cobro sobre un mismo documento equivalente para
la misma persona, y diferencias entre las fechas de los documentos y los
comprobantes de egreso], por lo que se rechazaron dichos conceptos.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas, por las
siguientes consideraciones9:
7
Citó las sentencias del 12 de marzo de 2012, exp. 17734, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 14 de junio de
2018, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, sin identificar expediente.
8
Citó la sentencia del 12 de noviembre de 2015, exp. 19999, C.P. Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.
9
Samai de tribunal, índice 29.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

En cuanto al cargo de indebida notificación y la configuración del silencio
administrativo positivo, sostuvo que, al informar la demandante una dirección
procesal en el recurso de reconsideración, esta debía aplicarse de forma preferente
sobre la indicada en el RUT, conforme con el artículo 564 ibidem, por lo que la
remisión del aviso citatorio por parte de la DIAN fue realizada en debida forma.

Aclaró que, conforme con el artículo 565 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia
del Consejo de Estado10, el término de notificación personal inicia desde el día hábil
siguiente a la introducción del correo de citación. Explicó que, el aviso fue remitido
por correo el 10 de marzo de 2020, por ende, el plazo de notificación personal
empezó a correr el 11 de marzo siguiente, y en atención a la suspensión de términos
por el estado de emergencia social, económica y ecológica, este finalizó el 5 de
junio de 2020. Que, ante la no comparecencia del contribuyente, la administración
procedió a fijar el edicto desde el 9 de junio hasta el 24 del mismo mes y año,
atendiendo al procedimiento dispuesto en la ley.

Adicionó que, la demandante manifestó expresamente que tuvo conocimiento de la
decisión el 24 de julio de 2020, esto, antes que venciera el plazo de un año previsto
para resolver el recurso [el 30 de julio de 2020 dada la suspensión de términos], por
lo que, en todo caso, se presenta una notificación por conducta concluyente;
descartando la configuración del silencio administrativo positivo.

De otra parte, el a quo puso de presente que, en la demanda, “Alpecorp Colombia S.A.S.
se limitó a cuestionar el desconocimiento de los costos provenientes de las operaciones realizadas
con la sociedad DINAL y las personas naturales pertenecientes al régimen simplificado, sin
manifestar argumentos de oposición respecto del desconocimiento de las compras declaradas por
la negociación suscitada con la sociedad Navitrans S.A.S. Asimismo, ni en sede administrativa ni en
vía judicial, la contribuyente reclamó el rechazo parcial del monto declarado en el renglón de
deducciones”. A partir de esto, señaló que el pronunciamiento del tribunal se limitaría
a los costos relacionados con las operaciones con DINAL por $2.388.056.000 y las
personas naturales pertenecientes al régimen simplificado por $169.654.000.

Frente a los costos con el proveedor DINAL, precisó que, de acuerdo con lo probado
en el expediente administrativo se observan varias inconsistencias: i) los pagos al
vendedor no fueron soportados, y el giro de cheques fue desmentido por las
entidades bancarias; ii) el balance general del demandante no registra movimientos
débito a la cuenta de inventarios de materia prima; iii) Alpecorp Colombia no llevaba
inventarios ni utilizaba Kardex, como tampoco contaba con soportes que dieran
cuenta de la existencia de la mercancía y su ingreso a bodega para el ensamble de
los vehículos. Todo lo cual impidió verificar la trazabilidad de la adquisición de
material y su posterior pago.

Afirmó que, a esa misma conclusión llegó el tribunal en el proceso que analizó la
legalidad de los actos que modificaron el IVA del período 5 de 2015 a cargo del
demandante, en relación con las operaciones realizadas con el mismo proveedor11.
Y, adicionó que, si bien la declaratoria de proveedor ficticio no es el fundamento de
los actos acusados, sí constituye un indicio de simulación de las operaciones.

Sobre las operaciones con personas naturales pertenecientes al régimen
simplificado, manifestó que las cuentas de cobro aportadas por la sociedad como
10
Citó las sentencias del 18 de junio de 2020, exp. 24363, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 8 de septiembre de 2016,
exp. 18945, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 20 de septiembre de 2017, exp. 20890, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto [E]; y del 28 de agosto de 2013, exp. 17980, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp.
2020-00472-00, M.P. Mery Cecilia Moreno Amaya.

5
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

soporte no discriminan el IVA asumido por el demandante como adquiriente de los
servicios, de manera que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo
3 del Decreto 522 de 2003.

Por último, en lo referente a la sanción por inexactitud, indicó que se encuentra
probado que la demandante declaró costos que no cumplen los requisitos legales,
de modo que se configura el hecho sancionable, sin que se hubiere demostrado la
existencia de una diferencia de criterios.

Finalmente, no condenó en costas por no encontrarse demostrada su causación.

Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación12 contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual argumentó que el a quo realizó una indebida interpretación
de la prueba, y se extralimitó en su función por determinar los medios probatorios
con los que se debían demostrar las operaciones económicas del caso en concreto,
“así estos excedan los requeridos en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario”; lo que genera
inseguridad jurídica.

Oposición a la apelación

La parte demandada guardó silencio.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de los actos acusados que
modificaron el impuesto sobre la renta para la equidad CREE para el año 2015 a
cargo de la sociedad Alpecorp Colombia S.A.S.

1. Delimitación del ámbito del recurso de apelación y del problema jurídico

La Sección observa que, en el recurso de apelación, la demandante solo discutió
de forma general la valoración de la prueba realizada por el a quo frente a las
operaciones económicas analizadas en la sentencia de primera instancia; las
cuales, se advierte, correspondieron a los costos incurridos con el proveedor DINAL
por valor de $2.388.056.000 y con personas naturales pertenecientes al régimen
simplificado por valor de $169.654.000. El apelante tampoco planteó
cuestionamiento sobre la decisión de tribunal de desestimar el cargo relativo a la
notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración y el silencio
administrativo positivo.

Por ende, en los términos del recurso de apelación, el problema jurídico en segunda
instancia se delimita a analizar la valoración de los documentos aportados al
presente proceso, con el fin de determinar la procedencia de: i) los costos
relacionados con el proveedor DINAL; y ii) los costos incurridos con personas
naturales pertenecientes al régimen simplificado.

12
Samai de tribunal, índice 32.

6
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

Para decidir estos aspectos, se reiterará en lo pertinente el criterio jurisprudencial
expuesto por esta Sección en la sentencia del 30 de mayo de 2024, exp. 28257,
magistrado ponente Wilson Ramos Girón, que resolvió una controversia similar
entre las mismas partes, respecto del impuesto sobre la renta del año gravable
2015.
2. Procedencia costos respecto del proveedor DINAL
El Tribunal confirmó el rechazo de costos declarados respecto del proveedor por
valor de $2.388.056.000, por encontrarse sustentado en indicios recabados por la
administración que desvirtuaron la realidad de las operaciones.
El demandante apeló la decisión con fundamento en que el tribunal realizó una
valoración errónea de las pruebas contables y exigió medios distintos a los exigidos
en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario; lo que genera inseguridad jurídica.
Para resolver, se pone de presente que el citado artículo 771-2 establece que los
costos, deducciones e impuestos descontables deben estar soportados en facturas
o documentos equivalentes con el cumplimiento de los requisitos expuestos en la
norma13, sin que esto limite la facultad de la autoridad tributaria de comprobar y
verificar dichas transacciones14, y de ser el caso, proceder con su rechazo.
Respecto a esa facultad, el artículo 742 del Estatuto Tributario indica que la
administración contará con los medios de prueba señalados en la normativa fiscal y
civil, siempre que esta última sea compatible con la primera, de manera que, la
eficacia probatoria de las facturas y documentos equivalentes no es absoluta, pues
pueden ser desvirtuados en el proceso de fiscalización.
Lo propio ocurre frente a la contabilidad, pues si bien el artículo 772 del estatuto
establece que los libros contables constituyen prueba a favor del contribuyente
cuando se llevan en debida forma, el numeral 4 del artículo 774 ibidem precisa que
serán prueba suficiente, siempre y cuando no hayan sido desvirtuados por los
medios probatorios directos o indirectos permitidos en la ley.
Es por eso por lo que, una vez cuestionada la realidad de la transacción por la
administración, no resulta suficiente una acreditación formal de la operación con la
contabilidad y/o la factura o documentos equivalentes, sino que es indispensable
demostrar la existencia de la operación, lo cual le corresponde a quien precisamente
alega esa existencia.
Ciertamente, la Sección ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes
puede ser suficientes para determinar la simulación de operaciones, y que, por
tanto, corresponde al contribuyente demostrar, en aplicación del artículo 167 del
Código General del Proceso, la realidad de las operaciones12.
En el caso concreto, se encuentra que los costos, soportados en facturas, la
contabilidad y demás documentos aportados por el actor, fueron controvertidos por
la administración con fundamento en las siguientes pruebas recaudadas en la
investigación:

13
Literales b), c), d), e), f), y g) del artículo 617 y artículo 618 del Estatuto Tributario.
14
Sentencia del 19 de marzo de 2016, exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Sentencias del 1 de agosto de 2019, exp. 23671, C.P. Milton Chaves García; del 30 de junio de 2022, Exp. 25882, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 23
de febrero del 2023, exp. 26103, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 3 de agosto de 2023, exp. 26415, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00469-01 (28865)
Demandante: Alpecorp Colombia S.A.S.

• En virtud del auto de organización 4885 del 18 de julio de 201815 se trasladaron al proceso
pruebas que obraban en el expediente de renta 2015 seguido al demandante. Entre estas:
i) La visita al contribuyente del 25 de septiembre de 201716, en la que la administración le
solicitó las facturas de compra realizadas al tercero DINAL junto los soportes internos y
externos, tales como órdenes de compra, remisión de la mercancías, entradas de
almacén, guías de transporte y documentos de pagos, sobre lo cual, la demandante en
visita del 20 de diciembre de 201717, manifestó que no llevaba registro alguno ni
inventario, toda vez que el proveedor se limitaba a entregar la mercancía con la factura
al jefe de bodega, quien informaba a la encargada de pagos.
ii) El acta de visita del 9 de enero de 201818, en la cual, la sociedad indicó que no se utilizaba
la cuenta 14 para el manejo de la materia prima e insumos de su actividad económica, y
que las compras de insumos eran registradas directamente en las cuentas del costo, de
conformidad con las órdenes de compra según las licitaciones o contratos directos.
iii) Con ocasión de la relación de cheques que aportó el contribuyente el 6 de febrero de
201819, la autoridad tributaria requirió a los bancos Bancolombia20 y Davivienda21 para
que informaran la trazabilidad de los pagos, la respuesta fue la siguiente:
Bancolombia, en escrito del 21 de mayo de 2018 22 comunicó que: “[…] Es de resaltar,
que los siguientes cheques mencionados en su oficio, no se encontraron en los
movimientos de la Cuenta Corriente (…) para el año 2015, de igual forma los mismos no
corresponden a consecutivos de chequera asignados a la cuenta antes mencionada […]”.
iv) En el acta de inspección contable sobre libros de contabilidad del 1 de junio de 2018 23,
se observa que la sociedad no llevaba consecutivos de los comprobantes de contabilidad
ni de los documentos equivalentes, sólo contabiliza las facturas según el número del
proveedor.
v) Mediante auto de organización 4232 del 18 de junio de 2018 24 se trasladaron al proceso
de renta 2015, las pruebas del expediente adelantado a DINAL, por IVA del bimestre 1 de
2015, la cuales demuestran diferentes requerimientos que fueron devueltos y visitas
fallidas a su domicilio fiscal en el que no fue posible ubicarla25; así como la resolución
sanción declaración de proveedor ficticio expedida a DINAL por las operaciones realizadas
en el año 201426.
• En el informe final de la investigación del presente proceso [CREE 2015] 27 se concluyeron las
siguientes irregularidades constatadas en las pruebas recaudadas:
i) La información de la relación de compras y pagos aportada por el contribuyente respecto
del proveedor DINAL, no es concordante toda vez que los valores de las facturas difieren
de las sumas pagadas en efectivo y cheque, lo que impide verificar la trazabilidad de la
operación.
ii) Los extractos bancarios aportados para soportar los pagos no permiten establecer el
beneficiario y algunos son ilegibles.
iii) No se evidencia que la sociedad maneje procesos de compra, almacenamiento de
mercancías o inventarios. Tampoco demostró el registro de los bienes en el inventario ni
al costo de ventas.
iv) En ninguna de las visitas de verificación realizadas al contribuyente fue posible verificar
la realidad económica de las operaciones realizadas con DINAL.
• En la liquidación oficial de revisión28 se informa que el Banco Davivienda atendió el

15
Samai de tribunal, índice 9. ZIP antecedentes. Caa 1 fl 50.
16
Ibidem fls. 73 a 74.
17
Ibidem Caa 2 fls. 228 a 230.
18
Ibidem Caa 2 fls. 259 a 261.
19
Ibidem Caa 3 fls. 448 a 449.
20
Ibidem Caa 6 fls. 1158 a 1160.
21
Ibidem Caa 6A fls. 1161 a 1162 vto.
22
Ibidem Caa 8 fls. 1530 a 1531.
23
Ibidem fls. 1462 a 1466.
24
Ibidem Caa 9 fl. 1704.
25
Ibidem fls. 1705 a 1713.
26
Ibidem fl. 1724.
27
Ibidem Caa 13 fls. 2415 a 2426.
28
Página 8 del acto liquidatorio.

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requerimiento ordinario mediante oficio radicado el 1 de agosto de 2018, advirtiendo que “Se
aclara que los cheques relacionados por ustedes, no hacen parte de las chequeras emitidas
por Banco Davivienda (…). Una vez efectuada la validación de los cheques girados desde la
cuenta (…) no se evidencian cheques a favor de Distribuciones Nacionales Dinal S.A.S.”. La
Sección observa que, si bien esta prueba no obra en el expediente, el demandante no
controvirtió su existencia ni la trascripción que hizo de la misma la administración en el acto
liquidatorio.

Del anterior recuento probatorio, la Sección encuentra que la investigación tributaria
se sustentó en una serie de indicios contundentes y que la inconsistencia de la
información contable allegada por la actora no le otorga fiabilidad a la operación
comercial en cuestión, en tanto se constató que el contribuyente no llevaba un
control y/o registro de sus inventarios ni del costo de ventas, pese a que en su
condición de sociedad comercial estaba en la obligación de llevar en debida forma
la contabilidad de sus operaciones. También se advirtieron inconsistencias por la
falta de soporte de la entrada, almacenamiento, y salida de las mercancías.

Sumado a ello, se evidencia que los documentos allegados por el demandante para
soportar los pagos [relación de compras y pagos, y de cheques, extractos bancarios]
se encuentran desvirtuados por la existencia de inconsistencias entre los valores
que registran, y en tanto no acreditan que el beneficiario efectivamente hubiere sido
el proveedor DINAL, además porque las entidades bancarias desconocieron algunos
de los cheques que adujo el demandante como una de las formas de pago realizada
al vendedor. A su vez, el hecho de que el proveedor no pudiera ser ubicado en su
domicilio fiscal, impidió verificar con este la realidad de las operaciones.

De manera que, no le asiste razón al apelante cuando cuestiona la sentencia de
primera instancia bajo el argumento de que el tribunal realizó una indebida
interpretación de la prueba y solicitó pruebas diferentes a las establecidas en el
artículo 771-2 del Estatuto Tributario, pues las señaladas inconsistencias
despojaron de credibilidad las operaciones reclamadas por el demandante
resultando insuficiente su acreditación meramente formal con facturas y
documentos contables.

Dado que la realidad de la operación constituye la premisa fundamental para la
aceptación de las compras y la procedencia de los costos, se reitera que no bastaba
la existencia del soporte previsto en la norma tributaria, ni su contabilización, sino
que era menester que el actor demostrara que la operación era real, siendo
insuficiente ampararse en la contabilidad y en las facturas como prueba. No
obstante, se advierte que la demandante no aportó prueba de la sustancia de las
operaciones, ni desvirtuó los hallazgos e irregularidades advertidos por la
administración que cuestionan la existencia de la transacción comercial, en tanto se
limitó a afirmar que las facturas y la contabilidad cumplían los requisitos legales.

Cabe resaltar que el desconocimiento de las operaciones no derivó de la
declaratoria de proveedor ficticio de DINAL, sino que se debió a que no se demostró
la realidad de las operaciones comerciales. No obstante, este es un hecho que
refuerza los cuestionamientos de la administración en cuanto a la veracidad de esta
transacción.

En conclusión, el compendio probatorio allegado al expediente no acredita la
realidad de las operaciones solicitadas por el contribuyente, y no fue posible
efectuar la trazabilidad de la compra de mercancías que supuestamente realizó el
demandante al proveedor.

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Sobre estos mismos hechos económicos del año 2015 se pronunció la Sección en
la sentencia que se reitera, así:
[A]un cuando el artículo 771-2 del ET establece un único medio probatorio para sustentar,
entre otros, los costos, la Administración está habilitada para acudir a otros medios
probatorios, entre ellos, los indicios, para constatar la realidad de la operación.
De modo que las facturas pueden ser desvirtuadas por otros medios probatorios, directos o
indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como ocurre en este caso con los indicios
detectados en las visitas de verificación, inspecciones y cruces con terceros, además de la
contabilidad de la actora que no ofrece certeza de los hechos alegados, pues, como se indicó,
no estaba acorde con la declaración de renta del año 2015.

Así las cosas, conforme con lo expuesto, la Sección encuentra que, el
desconocimiento de los costos discutidos es procedente, sin observar una indebida
interpretación probatoria ni extralimitación por parte del tribunal.

En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.

3. Procedencia costos con personas naturales del régimen simplificado

En cuanto al desconocimiento de costos con personas naturales del régimen
simplificado por $169.654.000, se evidencia que en los actos acusados fueron
rechazados porque los documentos equivalentes presentaban inconsistencias y no
cumplían las formalidades establecidas en los artículos 617, 771-2 del Estatuto
Tributario, y 3 del Decreto 522 de 2003. Además, pese a ser solicitados en varias
oportunidades, estos soportes solo fueron aportados al cierre de la inspección
contable, lo que constituye un indicio en contra de la sociedad. Actuación que fue
avalada por el tribunal.

Al respecto, el apelante únicamente cuestiona que las pruebas fueron interpretadas
indebidamente y que se exigen soportes diferentes a los previstos en el artículo 771-
2 del Estatuto Tributario.

Para resolver, la Sección advierte que contrario a lo señalado por el apelante, en
este caso no se cuestiona el soporte aportado por la sociedad para acreditar el
costo, pues tanto la administración como el tribunal valoraron los documentos
equivalentes, sino que la discusión radica en la falta de cumplimiento de requisitos
de forma exigidos en el artículo 3 del Decreto 522 de 2003 y que constituye un
indicio que estas pruebas no fueran aportadas cuando fueron requeridas; lo cual no
fue desvirtuado en el recurso de apelación.

Debe tenerse en cuenta que, para la procedencia de los costos y deducciones en el
impuesto de renta, tratándose de documentos equivalentes, el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario establece que deben cumplirse los requisitos establecidos en los
literales b), d), e) y g) del artículo 617 ibidem.

En lo que respecta al requisito de la numeración consecutiva [letra d], el parágrafo
del artículo 771-2 del citado estatuto, dispone que bastará con que el documento
equivalente contenga la correspondiente numeración, en concordancia con el
artículo 3 del Decreto 522 de 2003, que establece que las adquisiciones de
responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas
en el régimen simplificado de IVA, deben acreditarse con un documento equivalente
a la factura expedido por el adquirente, con los requisitos de: “a) apellidos, nombre o
razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios; b) apellidos, nombre y NIT de la persona
natural beneficiaria del pago o abono; c) número que corresponda a un sistema de numeración

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consecutiva; d) fecha de la operación; e) Concepto; f) valor de la operación; y, g) discriminación del
impuesto asumido por el adquirente en la operación”.

En el caso concreto, la demandante solicitó como costo en la declaración CREE
2015, los pagos que afirma haber realizado a personas del régimen simplificado de
IVA: Rubiel Sabbi Vargas, Luis Hernando Gómez y Oscar Javier Fajardo, para un
total de costos de venta de $169.654.000.

En relación con dichos costos, en los antecedentes administrativos se evidencia que
la actora no expedía a los señalados proveedores los documentos equivalentes bajo
un consecutivo numérico, pues en un mismo mes emitió distintos documentos con
igual número para dos personas y por conceptos diferentes, como es el caso del
documento equivalente 40, uno del 30 de enero de 2015 a nombre de Rubiel Sabbi
Vargas por $2.500.00029 y otro del 20 de enero de 2015 por $3.800.000 a nombre
de Luis Antonio Macias Quemba30. Adicionalmente, respecto de ese mismo tercero
Rubiel Sabbi Vargas se observó que la demandante expidió 11 documentos
equivalentes todos fechados el día 30 de cada mes31.

Sobre el señor Luis Hernando Gómez Durán se aportó el documento equivalente
305 del 30 de diciembre de 201532, que no cuenta con concepto, y en el ítem
“cantidad” se encuentra el número 1, sin embargo, en las casillas valor unitario y total
se registran un total de 10 cifras que oscilan entre el $1.800.000 y $24.000.000, no
obstante, en el total a pagar aparece la cifra de $1.427.200.

Además, se observaron documentos cuyos números no guardan orden cronológico,
como es el caso del tercero Oscar Javier Fajardo, donde el documento equivalente
274 del 30 de noviembre de 2015, tiene comprobante de egreso del 4 de noviembre
de 201533. El documento equivalente 302 del 18 de diciembre de 2015, tiene
comprobante de egreso del 10 de diciembre de 201534.

Por lo anterior, se advierte que la demandante incumplió el artículo 3 del Decreto
522 de 2003, no solo por el conjunto irregularidades en la numeración y fechas de
los documentos equivalentes, sino por no expedir el documento equivalente a que
estaba obligada, por cada compra y/o servicio adquirido a personas no obligadas
expedir factura y/o documentos equivalentes o pertenecientes al régimen
simplificado.

Adicionalmente, se observó la conducta indiciaria desfavorable a la demandante
descrita en el artículo 781 del Estatuto Tributario, por ser reiteradas las ocasiones
en las que administración requirió a la sociedad los documentos equivalentes junto
con los respectivos soportes internos y externos, sin ser entregados, puesto que
fueron allegados con posterioridad al cierre de la inspección tributaria.

A esta misma conclusión llegó la Sección en la providencia que se reitera, en la
cual, se analizaron los mismos hechos económicos, argumentos, y pruebas, en
relación con el impuesto de renta del año 2015.

De lo expuesto, se concluye que, si bien la demandante aportó documentos
equivalentes de los costos que pretende, lo cierto es que estos no satisfacen lo
29
Samai de tribunal, índice 9. ZIP antecedentes. Caa 9 fl. 1773.
30
Ibidem, Caa 11. fl. 2088.
31
Ibidem, Caa 9 fls. 1779 a 1800 Caa 10.
32
Ibidem, Caa 12 fl. 2241.
33
Ibidem, fls. 2263 a 2264.
34
Ibidem, fls. 2275 a 2276.

11
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dispuesto en los requisitos del artículo 771-2 ibidem, en concordancia con los
artículos 617 de la misma norma y 3 del Decreto 522 de 2003, incumplimiento que
la sociedad no justificó ni subsanó; sumado al conjunto de inconsistencias e indicios
que no dan certeza de su realidad. Razón por la cual, no están dados los supuestos
de procedibilidad de esas erogaciones como costo de la declaración de CREE del
año 2015.

Por consiguiente, no prospera la apelación, y se ratifica la sanción por inexactitud
impuesta al 100%, la cual se advierte no fue objeto de cuestionamiento en este
proceso.

Por lo señalado, se confirma la sentencia de primera instancia.

4. Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo, y 365 [numeral 8] del Código General del Proceso, no
habrá condena en costas [gastos del proceso y agencias en derecho] en esta
instancia, al no encontrarse probada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 29 de febrero de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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