Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00497-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00497-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00497-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
13 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00497-01 (27633)
Demandante: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00497-01 (27633)
Demandante: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales – UGPP
Temas: Aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social. Firmeza.
Motivación. Concurrencia de períodos y conductas en un solo
acto. Carga de la prueba en materia tributaria. Valoración
probatoria en licencias remuneradas y no remuneradas e
incapacidades. Vacaciones. Conceptos no constitutivos de
salario. Procedencia sanciones por omisión e inexactitud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 18 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que declaró lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución n.° Resolución n.º (sic)
RDO-2018-04475 del 27 de noviembre de 2018, expedida por la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP, por medio de la cual se profirió́ Liquidación Oficial en contra de
la COMPAÑÍA LIDER DE SEGURIDAD LTDA por las conductas de omisión en
afiliación, mora en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
al Sistema Seguridad Social en los períodos de enero a diciembre de 2013 y Resolución
n.º RDC-2019-02842 del 18 de diciembre de 2019, proferida por la Dirección de
Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP,
por medio de la cual se resolvió́ el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución n.º RDO-2018 -04475 del 27 de noviembre de 2018, modificándola de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la
UGPP que elimine los ajustes liquidados en los actos acusados respecto de los pagos
denominados pagos no constitutivos de salario: bonificación (auxilio de bonificación
mera liberalidad); auxilio de transporte, otros auxilios, medios de transporte
(transportes, fletes y acarreos, gastos de movilización, medios de transporte); otros
pagos no detallados en nómina (casino y restaurante, útiles, papelería, fotocopias,
vigilancia, procesamiento electrónico de datos), por cada uno de los trabajadores de la
sociedad demandante, por no integrar el IBC de aportes al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), ni el cálculo del total de la
remuneración, establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Además, la UGPP debe reliquidar la sanción por inexactitud impuesta en los actos
demandados, y si como consecuencia de las anteriores órdenes se genera un pago en
exceso a favor de la sociedad Compañía Líder de Seguridad Ltda., proceder a su
devolución en los términos del artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, para lo cual, deberá
aplicarse la corrección monetaria señalada en la parte considerativa de la sentencia.
Dicha suma devengará intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
311 ibidem.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00497-01 (27633)
Demandante: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda.
FALLO
TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia. (…).1
ANTECEDENTES
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, el 27 de noviembre de 2018 la
UGPP profirió la Resolución nro. RDO 2018-04755, mediante la cual determinó de
manera oficial a cargo de la sociedad demandante la obligación de pagar el valor la
suma de $303.722.056 en los períodos de enero a diciembre del año 20132, por las
conductas de mora e inexactitud en los pagos al Sistema de la Protección Social3
junto con las correspondientes sanciones por omisión e inexactitud en las sumas de
$111.0830.000 y $86.209.934, respectivamente. Esta liquidación fue objeto de
recurso de reconsideración4, el cual fue resuelto a través de la Resolución nro. RDC
2019-02842 del 18 de diciembre de 2019, que modificó la liquidación oficial y
determinó el pago de aportes por valor de $302.670.656, asimismo, reliquidó las
sanciones por omisión e inexactitud a $110.805.200 y $85.579.094,
respectivamente5.
DEMANDA
Pretensiones
Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda. en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones6:
“DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en:
La resolución No. RDC-2019-02842 de fecha 18 de diciembre de 2019 por medio de la
cual se resuelve el recurso de reconsideración, proferida por la Dirección de
Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y,
La resolución No. RDO-2018-04475 de fecha 27 de noviembre de 2018 por medio de la
cual se profiere liquidación oficial por omisión en afiliación, mora en el pago de los
aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección y se
sanciona por no declarar por conducta de omisión e inexactitud, en los períodos de
enero a diciembre de 2013, proferida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la misma entidad.
Se RESTABLEZCA EL DERECHO a la sociedad GUARDIANES COMPAÑÍA LIDER
DE SEGURIDAD LTDA – EN REORGANIZACIÓN, en el sentido de que se declare que
esta no debe pagar las supuestas omisiones, moras e inexactitudes, ni las sanciones
por inexactitud y por omisión, liquidadas en los actos administrativos demandados.
Se declare la firmeza de las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social
de los períodos comprendidos de enero a diciembre de 2013.
Se CONDENE A LA DEMANDADA al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN
DERECHO a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo
con lo que se pruebe dentro del proceso.”
Normas violadas
La demandante indicó como normas violadas los artículos 2, 6, 29, 83, 121, 209 y
363 de la Constitución Política de Colombia; 1, 3 y 9 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; numerales 10 y 12 del artículo
1 Índice 2 SAMAI.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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FALLO
193 de la Ley 1607 de 2012; 647 y 683 del Estatuto Tributario y 127 y 128 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Los cargos y el concepto de la violación se sintetizan así:
Falta de motivación
Adujo que la liquidación oficial carece de una motivación adecuada al no
proporcionar razones claras sobre las omisiones o inexactitudes en que incurrió al
determinar los aportes al Sistema de la Seguridad Social. Para la demandante, los
datos registrados en el archivo de Excel que acompaña a los actos demandados no
explican tales inconsistencias.
Indebida aplicación de las normas contenidas en el Estatuto Tributario a los
aportes parafiscales
Los aportes parafiscales, si bien son contribuciones y presentan elementos
comunes con otros impuestos, tienen una contraprestación directa y tangible para
el aportante, por lo que no es posible aplicar las normas del Estatuto Tributario para
su determinación.
La UGPP pretende determinar 12 períodos fiscales independientes y las
conductas de inexactitud, omisión y mora mediante un solo acto
administrativo
No le era dable a la UGPP adelantar un solo procedimiento bajo el argumento de
los principios de economía y celeridad, para liquidar 12 períodos de contribuciones
parafiscales en un acto administrativo, ignorando con ello la vigencia mensual de
los aportes parafiscales, cuando lo correcto era expedir requerimientos y
liquidaciones oficiales por cada periodo. Asimismo, al consolidar presuntas
inexactitudes, omisiones y mora en el pago de algunos trabajadores en un solo acto
generó confusión en el contribuyente para atender y responder los ajustes
determinados por la entidad.
Indebida aplicación del procedimiento para la determinación de las
obligaciones fiscales
El artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 no desarrolla un procedimiento que garantice
el derecho a la defensa de los administrados al no explicar qué tipo de actos son los
que se pueden expedir en el proceso de determinación de los aportes parafiscales,
por lo que se deben aplicar las normas del Estatuto Tributario relativas a la
expedición del requerimiento especial, el emplazamiento para declarar y las
sanciones. Por su parte, el requerimiento para declarar y/o corregir no cumple con
los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario, por cuanto no identifica de
manera clara la base de cuantificación del tributo, los montos y las sanciones, ni
explica las modificaciones propuestas y no tiene en cuenta las pruebas aportadas.
De la prescripción de la acción de cobro
Según el parágrafo 2.° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la UGPP puede
iniciar acciones sancionatorias y de determinación de las contribuciones
parafiscales dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que el aportante debió
declarar y no lo realizó, lo hizo por valores inferiores o se configuró el hecho
sancionable; y como la administración no realizó actuaciones tendientes a
interrumpir o suspender dicho término solicitó que se declarara que operó la
prescripción (sin mencionar los períodos a aplicarla).
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FALLO
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social
Conforme con el artículo 714 del Estatuto Tributario, las autoliquidaciones de
aportes a la seguridad social del año 2013 quedan en firme si dentro de los dos
años al vencimiento para declarar no se ha expedido requerimiento especial. Para
la sociedad demandante, las autodeclaraciones quedaban en firme entre febrero de
2015 y enero de 2016, y como el requerimiento para declarar y/o corregir nro. RCD-
2018- 00247 del 28 de febrero de 2018 le fue notificado a la contribuyente el 13 de
marzo de 2018, se entiende que este fue extemporáneo.
Violación al debido proceso y al espíritu de justicia
Destacó que la actuación de la UGPP ha violado el debido proceso y el espíritu de
justicia, los cuales deben prevalecer en cualquier procedimiento administrativo, lo
que implica que las decisiones y actuaciones deben ser justas, equitativas y respetar
los derechos de los administrados.
La UGPP pretende invertir la carga de la prueba - Indebida valoración
probatoria
La UGPP debió sustentar las modificaciones a las declaraciones con fundamento
en pruebas que respalden las inconsistencias o errores, y no invertir la carga de la
prueba y exigir al contribuyente demostrar la veracidad de las autoliquidaciones.
Asimismo, no le dio el valor probatorio pertinente al archivo de Excel que la
demandante allegó junto con el recurso de reconsideración a pesar de que contenía
las objeciones y explicaciones de cada trabajador sobre los que la administración
realizó ajustes.
Bonificaciones - pagos no salariales
Según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, estas bonificaciones que
se configuran como pagos no salariales son aquellas que no se consideran parte
del salario base del trabajador y no forman parte del IBC para efectos de liquidar los
aportes a seguridad social y prestaciones sociales, dado que su finalidad no es
remunerar el servicio prestado. En el caso concreto, adujo que la administración
desconoció los pactos de desalarización que se hicieron de manera verbal con los
trabajadores, por lo que basta con que exista ese acuerdo expreso y que el mismo
no corresponda a la remuneración directa de los trabajadores para que sea excluido
del IBC.
Del auxilio legal de transporte y otros auxilios
Manifestó que el auxilio de transporte y aquellos que se otorgan por mera liberalidad
del empleador según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no son
constitutivos de salario, por lo que no se deben incluir en el IBC para la liquidación
y pago de aportes de la seguridad social. Asimismo, no deben comprender los
pagos no salariales para efectos de la limitante del 40% prevista en la Ley 1393 de
2010.
Transporte, fletes y acarreos
Explicó que, a pesar de que estos pagos se contabilizaron en “auxiliares”, se
realizaron para cubrir los costos de transporte, fletes o acarreos por traslados de
algunos trabajadores y no se hicieron directamente a ellos sino a terceros, por lo
que son considerados gastos operacionales de la empresa, que no son constitutivos
de salario.
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Gastos de movilización y medios de transporte
Estos pagos son gastos operacionales de la empresa no constitutivos de salario
para el trabajador, en la medida en que facilitan el cumplimiento de sus funciones y
no enriquecen ni aumentan su patrimonio, razón por la que se deben excluir del IBC
para la liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.
Otros pagos no salariales
Los pagos realizados por concepto de: i) casino y restaurantes (gastos de
representación y relaciones públicas); ii) los útiles, papelería y fotocopias (cubren
gastos operacionales necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador,
considerados como reembolsos y no como pagos laborales); iii) aseo y vigilancia,
procesamiento electrónico de datos (gastos operacionales de la empresa) no son
pagos efectuados a favor de los trabajadores, por lo que no deben ser incluidos en
el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Incapacidades y licencias remuneradas
Pese a que la empresa realizó los pagos a la seguridad social de las incapacidades
conforme al artículo 70 del Decreto 806 de 1998 (hoy Decreto 780 de 2016), la
UGPP no tuvo en cuenta las planillas aportadas en la actuación administrativa
donde se constataba tal hecho.
Vacaciones
Adujo que las vacaciones fueron liquidadas y pagadas por la empresa conforme al
artículo 70 del Decreto 806 de 1998, teniendo en cuenta el salario base reportado
por el trabajador en la fecha en que inició su disfrute. Por su parte, el valor pagado
por vacaciones compensadas no se incluye en el IBC del sistema de seguridad
social integral, ya que este no es salario.
La UGPP sumó de manera incorrecta los montos pagados por vacaciones al total
de la remuneración, lo que ha llevado a inexactitudes en la liquidación de aportes,
y aplicó un tratamiento erróneo a las vacaciones al considerar que su causación
debe corresponder a 30 días y que el IBC debe ser el último salario reportado antes
del inicio de las vacaciones.
En los casos en que las vacaciones abarcan dos meses, la PILA liquida los aportes
de manera proporcional al tiempo de los días disfrutados. Es así que para calcular
el IBC del mes siguiente, se deben considerar únicamente los días laborados más
los días restantes de vacaciones, excluyendo lo ya pagado en el mes anterior. No
obstante, la administración sumó los montos pagados por vacaciones a los días
laborados y a los de vacaciones del mes siguiente, lo cual ya estaba incluido en el
total de remuneración que conforma el IBC.
Licencia no remunerada
El artículo 71 del Decreto 806 de 1998 establece que durante los períodos de huelga
o suspensión temporal del contrato de trabajo, no habrá lugar al pago de los aportes
por parte del afiliado, pero el empleador debe seguir cotizando con base en el último
salario base reportado antes de la suspensión; sin embargo, la UGPP calculó los
aportes sobre el 12,5%, es decir, que incluyó el 4% que corresponde al trabajador.
Por ello, la demandante consideró que cumplió con la obligación de aportar al
sistema de salud durante los períodos de licencia no remunerada sobre el 8,5% que
le corresponde al empleador.
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Sanción por omisión
Consideró que desvirtuó las supuestas omisiones en el pago de los aportes a la
seguridad social, y que la entidad demandada no valoró las pruebas aportadas ni
interpretó correctamente el ordenamiento jurídico, de suerte que no hay lugar a la
imposición de la sanción.
Sanción por inexactitud
No existe inexactitud sancionable, ya que los aportes se pagaron con base en el
IBC correcto y se presentó una diferencia de criterio en el derecho aplicable que
exonera a la empresa de la multa impuesta.
De la potestad sancionatoria de la administración, del debido proceso y del
principio non bis in ídem
Invocó el principio de non bis in ídem que prohíbe ser juzgado o sancionado dos
veces por el mismo hecho, cuando concurren la identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda7 en los siguientes términos:
Falta de motivación
Adujo que los actos administrativos resumieron las normas relacionadas con los
aportes parafiscales y se encuentran debidamente soportados en el archivo de
Excel adjunto, donde materializó su aplicación y se permitió al aportante verificar las
exigencias legales. Asimismo, se incluyó en ellos un recuento del material
probatorio, de suerte que no hubo vulneración del artículo 42 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Indebida aplicación de las normas contenidas en el Estatuto Tributario a los
aportes parafiscales
Las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social tienen una destinación
específica y están reguladas por normas especiales, las cuales establecen un
procedimiento que difiere del previsto en el Estatuto Tributario. De aplicarse este,
solo opera de manera residual cuando no exista una disposición especial.
La UGPP pretende determinar 12 períodos fiscales independientes y
conductas mediante un solo acto administrativo
Afirmó que la normatividad no impide este procedimiento de acumulación de
períodos fiscales y conductas en un solo acto administrativo. Para ello, citó
precedentes del Consejo de Estado donde se ha permitido esta figura en el IVA y la
retención en la fuente, lo cual es coherente con los principios de economía,
celeridad y eficiencia. Las conductas de inexactitud y mora fueron delimitadas de
forma detallada y por separado para evitar la confusión y permitir a los aportantes
entender claramente cómo se determinan los ajustes.
7 Ibidem.
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FALLO
Indebida aplicación del procedimiento para la determinación de las
obligaciones fiscales
Los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme con el
procedimiento previsto en la ley, regulado de manera detallada en las normas
citadas como infringidas, así como se encuentran descritas las conductas
sancionadas y los hechos que dieron origen a ellas, lo que permitió al aportante
ejercer su derecho de defensa.
De la prescripción de la acción de cobro
La liquidación oficial aún está en discusión y no se ha constituido en un título
ejecutivo, por lo que el cómputo del término de prescripción solo puede iniciar hasta
que la liquidación oficial quede debidamente ejecutoriada.
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social
No hay lugar a declarar la firmeza de las autoliquidaciones de aportes del año 2013
porque el artículo 714 del Estatuto Tributario no era aplicable para dicha vigencia
fiscal, en tanto existía una norma especial (artículo 178 de la Ley 1607 de 2012) que
prevé el procedimiento de determinación de las contribuciones parafiscales y la
imposición de sanciones, y que establece un plazo de cinco años para iniciar las
acciones de determinación.
Violación al debido proceso y al espíritu de justicia
La UGPP cumplió con todas las etapas procesales exigidas por la ley para la
expedición de la liquidación oficial, permitiendo a la parte demandante ejercer su
derecho de defensa de manera adecuada, aunado a que no se demostró una
violación a la Constitución Política. La inobservancia de sus obligaciones no puede
ser atribuida a la entidad.
La UGPP pretende invertir la carga de la prueba
El demandante debe demostrar los hechos que alega bajo el principio de la carga
dinámica de la prueba, el cual implica que quien está en mejor posición para probar
un hecho, debe hacerlo. La administración actuó conforme a la ley al exigir pruebas
pertinentes y suficientes para respaldar los hechos controvertidos.
De la relación de trabajadores en el archivo de Excel y de las objeciones y
comentarios que desvirtúan las glosas levantadas por la UGPP
La UGPP revisó, analizó y aplicó los ajustes pertinentes conforme a las objeciones
presentadas en el recurso de reconsideración y con fundamento en las pruebas
aportadas en sede administrativa.
Ajustes por omisión
La UGPP solicitó el histórico de afiliaciones para validar la fecha de inscripción, y
según la respuesta del 9 de octubre de 2020, con corte de PILA 04-10-2020 ID
38688, para el caso de 37 trabajadores, no evidenció cuándo ingresaron al
subsistema de pensión para el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2013
al 31 de diciembre de 2013.
Ajustes por mora
Revisó tres casos sobre los cuales verificó los conceptos de pago realizados en la
nómina; para tal efecto, encontró una coincidencia del 100% de los factores
económicos tenidos en cuenta por la UGPP al determinar el IBC.
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FALLO
Inexactitudes - Bonificaciones como pagos no salariales - auxilio legal de
transporte - Otros auxilios - Transporte, fletes y acarreos - Gastos de
movilización y medios de transporte - Otros pagos no salariales
Analizó el caso de los trabajadores Martín Alonso Molano Bermúdez, América Ojeda
Figueredo y Aleydi Milena Gaitán Lombana, sobre quienes verificó los pagos
registrados en la nómina y los libros auxiliares, y constató que estos coincidían en
un 100% con los factores económicos tenidos en cuenta por la Unidad al determinar
el IBC.
En relación con el trabajador Martín Alonso Molano Bermúdez tomó los siguientes
valores para determinar el IBC en el subsistema de salud: Salario por la suma de
$1.500.000, más el exceso del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010 por pagos no salariales por valor de $78.1208, para determinar un IBC de
$1.578.120 el cual “se aproxima a múltiplos de $1.000 de acuerdo a reglas de PILA”,
para un IBC final de $1.578.000. Así, concluyó que el cálculo del IBC fue
correctamente determinado por la Unidad.
Novedades - Incapacidades y licencias remuneradas – Vacaciones -
Vacaciones disfrutadas (periodo completo que puede abarcar dos meses)
para efectos de pagos de parafiscales, salud y pensión - Licencia no
remunerada
Constató los conceptos de pago realizados a los trabajadores José Einer García
Avendaño, Germán Sarmiento Cantor y José Jaime Acosta Ortiz, los cuales
concuerdan con lo reportado por la parte demandante en su nómina.
En el caso de trabajador José Einer García Avendaño9 el IBC se calculó de la
siguiente manera: IBC SALUD del mes de julio10 de 2013 = Salario por $589.500
más las horas extras de $352.002 para un total de $941.502 “se aproxima a
múltiplos de $1.000 de acuerdo a reglas de PILA” para un IBC final por la suma de
$942.000.
• IBC Días novedad de vacaciones disfrutadas:
IBC del mes anterior al disfrute (julio de 2013) liquidado por $942.000 dividido entre
30 días y multiplicado por 5 días de novedad de vacaciones, para un total de
$157.000.
• IBC Días de suspensión, permiso o licencia no remunerada:
IBC del mes anterior al disfrute liquidado según nómina allegada al proceso,
correspondiente al mes de julio de 2013 por $942.000, dividido entre 30 días y
multiplicado por 3 días de la novedad, para un total de $94.000.
Así, el IBC en el subsistema de salud lo integrarían el salario por $451.950, más las
horas extras por $269.865, el valor del IBC por días de vacaciones de $157.000, y
el IBC de los días de suspensión, permiso o licencia no remunerada de $94.000
para un total de $972.815, cifra que luego aproximó “a múltiplos de $1.000 norma
PILA” para un IBC final de $973.000.
Explicó que el aporte se liquidó de la siguiente manera:
8 Cifra que resultó del cálculo del total remunerado de $2.630.200 por el 40% resultando en la suma de
$1.052.080 que al restarlo de los pagos no salariales por valor de $1.130.200 resulta el valor de $78.120.
9 La misma dinámica aplicó para el trabajador Germán Sarmiento Cantor.
10 Tomó el IBC del mes de julio, debido a que en el mes agosto presentó novedad de suspensión.
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El IBC de los días de la novedad de suspensión, permiso o licencia no remunerada
es de $94.000, y la tarifa del empleador en el subsistema de salud es del 8,5%, por
lo que el aporte sería de $7.990.
Así, tomó para el IBC la suma de los ingresos del periodo, que son salario de
$451.950, más las horas extras por $269.865 y el valor del IBC de los días de
vacaciones de $157.000, lo que multiplicó por la tarifa del subsistema de salud del
12,5%, para un total de $109.875.
Adujo que el aporte liquidado es de $117.900, por lo que concluyó que el cálculo del
IBC salud fue correctamente determinado en virtud del artículo 70 del Decreto 806
de 1998 (novedad de vacaciones y licencia remunerada), y el artículo 71 idem
(novedad de suspensión o licencia no remunerada).
De otro lado, precisó que el aportante no allegó información adicional para probar
su afirmación o desvirtuar los aportes determinados, como tampoco se refiere a
casos específicos, y no identifica la razón de las diferencias frente al cálculo
efectuado por la entidad, ya que su objeción solo hace referencia al archivo adjunto
al acto administrativo. La conformación del IBC se realizó correctamente incluyendo
los conceptos salariales y los valores respectivos en los casos que excede el 40%
del que trata el artículo 30 de Ley 1393 de 2010.
Pese a que el aportante no respondió el requerimiento para corregir y/o declarar, en
la liquidación oficial aplicó un análisis sistemático que comprendió los hechos
reportados en la nómina y los registros evidenciados en contabilidad para la
conformación de cada uno de los IBC de los trabajadores en los períodos
fiscalizados.
Aunado a lo anterior, en sede administrativa la parte demandante no manifestó de
manera directa y concreta en qué casos la Unidad no actuó con diligencia frente a
la apreciación e interpretación de normas y pruebas.
Sanciones por omisión e inexactitud y potestad sancionatoria de la
administración
Las sanciones son procedentes y se determinaron con fundamento en el artículo
179 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016),
por cuanto la empresa demandante incurrió en las conductas que se glosaron en el
requerimiento para corregir y declarar por cada periodo fiscalizado del año 2013.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas,
con fundamento en las razones que se resumen a continuación11:
Falta de motivación
Los actos administrativos demandados no adolecen de falta de motivación, ya que
estos juntos con los archivos de Excel adjuntos, contienen una explicación completa
y detallada de los ajustes por mora e inexactitud realizados frente a cada trabajador
de la sociedad. No prosperó el cargo de nulidad.
11 Ibidem.
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Demandante: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda.
FALLO
Aplicación indebida de las normas contenidas en el Estatuto Tributario sobre
los aportes parafiscales y del procedimiento para determinar las obligaciones
parafiscales
La UGPP cumplió con el procedimiento establecido en la ley al proferir el
requerimiento para declarar y/o corregir previo a la liquidación oficial. Además, la
denominación del acto previo no constituye una causal de nulidad, siempre y cuando
se haya dado la oportunidad al contribuyente de ejercer su derecho de
contradicción. No prosperó el cargo de nulidad.
Liquidación de los aportes adeudados por las conductas de omisión, mora e
inexactitud de 12 períodos en un solo acto
El artículo 695 del Estatuto Tributario faculta a la entidad demandada para acumular
varios períodos fiscales en un solo acto administrativo, lo cual materializa los
principios de economía, celeridad y eficiencia, y no constituye una irregularidad
procesal. El cargo de nulidad no prosperó.
Prescripción de la acción de cobro
En el presente asunto no se está cobrando una suma dineraria clara, expresa y
exigible contenida en un acto administrativo ejecutoriado, ya que la liquidación oficial
aún es objeto de discusión y no se ha constituido en un título ejecutivo; por lo tanto,
no es posible computar ningún término de prescripción. El cargo de nulidad no
prosperó.
Firmeza las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social y violación del
debido proceso y el espíritu de justicia
En relación con la firmeza de las declaraciones correspondientes a los períodos de
enero a diciembre de 2013, el Tribunal consideró que la UGPP aplicó correctamente
el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, que otorgó a la UGPP un plazo de cinco
años para iniciar la actuación de determinación de las contribuciones parafiscales,
contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró o
declaró por valores inferiores. Como los períodos en discusión son posteriores a la
entrada en vigor de la citada normativa, las declaraciones no adquirieron firmeza.
En cuanto a la violación del debido proceso y el espíritu de justicia, indicó que la
UGPP observó con rigor las etapas procesales exigidas por la ley, permitiendo a la
parte demandante ejercer su derecho de defensa. Los cargos de nulidad no
prosperaron.
Carga de la prueba y valoración de pruebas aportadas por la demandante
Para el Tribunal los argumentos expuestos en estos cargos de nulidad fueron vagos
y no se desprendía de ellos con claridad la inconformidad del demandante. En este
caso, la administración desvirtuó la veracidad de las declaraciones privadas, por lo
que le correspondía al contribuyente descartar la procedencia de los ajustes
propuestos, pero este no especificó concretamente las pruebas que la entidad dejó
de valorar, lo que hizo imposible verificar los errores imputados. No prosperaron los
cargos de nulidad.
Bonificaciones como pagos no salariales - auxilio legal de transporte - Otros
auxilios - Transporte, fletes y acarreos - Gastos de movilización y medios de
transporte - Otros pagos no salariales
La UGPP calificó erróneamente pagos como no constitutivos de salario, y los incluyó
en el IBC aplicando la limitante del 40% establecido en el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado que estableció que los pagos
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Demandante: Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda.
FALLO
que no incrementan el patrimonio del trabajador no constituyen una remuneración
directa, y no deben ser considerados en el cálculo del IBC.
Por ello, ordenó a la administración eliminar los ajustes realizados respecto a los
pagos no constitutivos de salario como bonificaciones por mera liberalidad, auxilios
de transporte, otros auxilios, medios de transporte, y otros pagos no detallados en
nómina. El cargo de nulidad prosperó.
Novedades - Incapacidades y licencias remuneradas – Vacaciones -
Vacaciones disfrutadas (periodo completo que puede abarcar dos meses)
para efectos de pagos de parafiscales, salud y pensión - Licencia no
remunerada
En relación con las novedades por incapacidades, licencias remuneradas y no
remuneradas, y vacaciones, la sociedad demandante no especificó en qué casos
particulares la UGPP desconoció los parámetros normativos para determinar el IBC,
lo que hizo imposible verificar los errores imputados. Los cargos de apelación no
prosperaron.
Sanciones por omisión y por inexactitud
Por último, el Tribunal determinó que, aunque la parte demandante no logró
desvirtuar totalmente la legalidad de los actos acusados, sí prosperó el cargo
relativo a los pagos no constitutivos de salario. Por lo tanto, se ordenó a la UGPP
eliminar los ajustes relacionados con estos pagos y en consecuencia reliquidar la
sanción de inexactitud.
Costas
El Tribunal no condenó en costas a la parte vencida, por no encontrarse probadas.
RECURSOS DE APELACIÓN
La demandante solicitó que se declare la nulidad total de los actos demandados y
fundó su recurso de apelación en los siguientes argumentos12:
Falta de motivación
Contrario a lo señalado por el Tribunal, los actos demandados son nulos por cuanto
su motivación es abstracta y ambigua, lo que vulnera el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La UGPP liquidó 12 períodos fiscales independientes y las conductas de
inexactitud, mora y omisión en un solo acto administrativo
Insistió en que la UGPP no podía determinar y liquidar 12 períodos fiscales mediante
un solo acto administrativo, por la vigencia fiscal mensual de los aportes
parafiscales, con lo que se vulneran los principios de economía y celeridad,
afectando el derecho del contribuyente a un procedimiento de fiscalización
adecuado.
Manifestó que el Tribunal no hizo mayores precisiones respecto a que la entidad
demandada actuó incorrectamente al determinar y liquidar moras e inexactitudes en
un solo acto administrativo, configurando una decisión minima petita al no resolver
todos los extremos del litigio. La práctica realizada por la UGPP no ofrece claridad
12 Ibidem.
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FALLO
al contribuyente al mezclar inexactitudes y omisiones o moras en un solo acto
administrativo.
El procedimiento de fiscalización de la UGPP configuró una indebida
aplicación de las normas contenidas en el Estatuto Tributario a los aportes
parafiscales
Indicó que la UGPP aplicó incorrectamente las normas del Estatuto Tributario a los
aportes parafiscales, debido a que estos tienen una utilidad definida y directa para
el contribuyente que resulta distinta a la de los impuestos.
Firmeza de las autodeclaraciones de liquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales
Afirmó que para las autodeclaraciones de liquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales de los períodos de enero a diciembre de
2013 se debería aplicar el artículo 714 del Estatuto Tributario, el cual contempla que
las declaraciones tributarias quedan en firme si no se ha notificado un requerimiento
especial dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar.
Como la administración notificó el acto preparatorio el 13 de marzo de 2018, se
entiende que este fue extemporáneo.
Carga de la prueba en materia tributaria
La UGPP violó el principio de la carga dinámica de la prueba en materia tributaria;
esto es, sin tener en cuenta que para demostrar los hechos que pretendía hacer
valer se encontraba en mejor posición para aportar la evidencia necesaria, sin que
sea indispensable exigirle a la contribuyente desvirtuar los ajustes propuestos.
Licencias remuneradas y no remuneradas e incapacidades
La administración no valoró las copias de solicitudes de licencias y certificados de
incapacidades, pruebas que demuestran la liquidación y pago de los aportes
conforme a la normativa vigente, específicamente el Decreto 780 de 2016.
Vacaciones
Insistió en que los aportes durante las vacaciones fueron calculados y pagados
correctamente según el último salario base reportado conforme al artículo 70 del
Decreto 806 de 1998, y criticó que el Tribunal no haya valorado adecuadamente las
observaciones y comentarios detallados en un archivo de Excel presentado como
prueba.
Sanciones
Las sanciones impuestas por la UGPP son improcedentes y deben ser
reconsideradas. Frente a la sanción por omisión, indicó que no incurrió en esa
conducta, y respecto a la sanción por inexactitud adujo que los aportes se pagaron
correctamente, y cualquier diferencia es resultado de un error de apreciación o de
criterio.
Finalmente, adujo que el Tribunal no se pronunció sobre el principio non bis in idem
que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.
Por su parte, la entidad demandada se opuso a la sentencia de primer grado en los
siguientes términos:
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FALLO
Consideró que realizó correctamente el cálculo del IBC debido a que la parte
demandante no presentó los acuerdos de desalarización necesarios para cambiar
la condición de pago salarial a no constitutivo de salario de las bonificaciones, el
auxilio legal de transporte, de otros auxilios, de transporte, fletes y acarreos, de los
gastos de movilización y medios de transporte y de casino y restaurante, útiles,
papelería y fotocopias, y otros, por lo que no le es dable suponer ni suplir las
falencias probatorias del demandante, quien tenía la responsabilidad de presentar
estas pruebas durante el proceso de fiscalización.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
Dado que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado
para alegar, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.º del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en el numeral
6 ibidem.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, la Sala advierte
que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para
conocer del presente proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida
en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, la
Sala constata que el magistrado conoció del proceso en primera instancia, por lo
que se declarará fundado el impedimento. En consecuencia, la Sala separará al
doctor Rodríguez Montaño del conocimiento del asunto, sin perjuicio de lo cual se
dictará sentencia, en la medida en que existe cuórum decisorio.
Problemas jurídicos
En los términos de los recursos de apelación, la Sala deberá en primer lugar resolver
los siguientes asuntos procedimentales: i) si las autodeclaraciones de aportes al
Sistema de Protección Social se encuentra en firme y si las normas del Estatuto
Tributario son aplicables a los aportes parafiscales; ii) si los actos administrativos se
encuentran debidamente motivados; iii) si es procedente que la UGPP determine
los aportes por los períodos en discusión y por las conducta de inexactitud y mora
en un solo acto administrativo; y iv) si sobre la demandante recae la carga de la
prueba en materia tributaria.
En caso que ninguno de los anteriores cargos prospere, la Sala entrará a analizar
los siguientes aspectos de fondo: i) si existe una indebida valoración probatoria en
los casos donde se presentaron las novedades de licencias remuneradas y no
remuneradas e incapacidades, y si se liquidaron conforme al Decreto 780 de 2016;
ii) si en los casos que se presentó la novedad de vacaciones se determinaron los
ajustes según lo previsto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998; iii) si los
conceptos de bonificaciones, el auxilio legal de transporte, de otros auxilios, de
transporte, fletes y acarreos, de los gastos de movilización y medios de transporte
y de casino y restaurante, útiles, papelería y fotocopias, y otros deben integrar la
base de cotización para determinar los aportes al Sistema de la Protección Social;
y iv) si las sanciones por omisión e inexactitud son procedentes y si se vulneró el
principio de non bis in idem.
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FALLO
Firmeza de las declaraciones privadas - Aplicación Estatuto Tributario para
los aportes parafiscales
El Tribunal estableció que no operó la firmeza de las planillas integradas de
liquidación de aportes de los períodos de enero a diciembre de 2013, al concluir
que, para la fecha de presentación de las declaraciones se encontraba vigente el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, que dispone que el plazo de firmeza es de
cinco años.
La demandante disiente de la decisión del a quo, porque considera que en su caso
se deben aplicar las normas contenidas en el Estatuto Tributario por remisión
expresa de la Ley 1151 de 2007, especialmente el artículo 714, que prevé que el
plazo de firmeza es de dos años.
Para resolver, se precisa que tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
(art. 178, pár. 2)13, el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un
plazo de caducidad para que la entidad demandada ejerciera sus funciones de
determinación; sin embargo, el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007
hizo remisión al Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos
aspectos no regulados del procedimiento.
Para la Sala, dicha remisión era procedente, pues tanto la jurisprudencia
constitucional 14 como la de esta Sección15 han considerado que los recursos
parafiscales son denominados en la Constitución Política como “contribuciones
parafiscales”, los cuales tienen naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los
principios que aplican a los tributos.
En ese orden de ideas, se advierte que una vez vencido el término del que dispone
la administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia
directa es que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de
una declaración tributaria, se tornan inmodificables. En concreto, para los períodos
anteriores al 26 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en vigor de la Ley 1607 de
2012), la consecuencia sería la firmeza de la declaración.
Por consiguiente, el término de firmeza de dos años de las declaraciones tributarias
previsto en el artículo 714 del ET resultaba aplicable a las autoliquidaciones de
aportes parafiscales a la seguridad social correspondientes a períodos anteriores al
26 de diciembre de 2012. Situación diferente ocurre con las declaraciones
presentadas con posterioridad a la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012,
que se rigen al respecto por lo dispuesto en el artículo 178 ibidem que reguló de
manera específica el plazo en el que la UGPP puede ejercer sus facultades de
fiscalización, y lo fijó en cinco años.
En este caso, los períodos discutidos corresponden a enero a diciembre de 2013;
por lo tanto, como el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 13 de
marzo de 2018, se debe aplicar el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, por lo que
la Sala concluye que le asiste razón al afirmar que no operó la firmeza de las
autoliquidaciones de aportes al sistema de protección social. En razón a lo anterior,
el cargo de apelación de la demandante no prospera.
13 Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial No. 48.655.
14 Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 30 de julio de
2020, Exp. 24179, del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, del 9 de febrero de 2023, Exp. 26690, M.P. Milton
Chaves García, del 19 de agosto de 2021, Exp. 25086, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre
de 2021, Exp. 23623 y del 28 de abril de 2022, Exp. 24131, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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FALLO
Falta de motivación de los actos administrativos
El artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala que los actos administrativos deben ser motivados, y su
ausencia o la falsa motivación genera la nulidad del acto en términos de lo previsto
en el artículo 137 ibidem.
Respecto de la motivación de los actos expedidos por la UGPP en los procesos de
determinación seguidos por ella, la Sección16 ha considerado que “estos se
entienden motivados en la medida que incluyan los valores y las razones en las que
se sustentan los ajustes”; asimismo, se ha reiterado que dentro de la motivación de
los actos se tenga en cuenta el archivo de Excel que los acompaña, el cual detalla
la liquidación de los ajustes a los aportes al Sistema de la Protección Social en cada
subsistema.
Para la Sala, una vez revisados los actos enjuiciados, se encuentra que el archivo
magnético que los acompaña contiene el detalle de los pagos efectuados por la
parte demandante para determinar los ajustes por mora e inexactitud de los aportes
al Sistema de la Protección Social, y especifica el ajuste por trabajador, mes y
subsistema, así como los elementos jurídicos y fácticos que los sustentan.
Es así como los actos administrativos demandados en este caso no adolecen de
falta de motivación; por el contrario, contienen los motivos de orden legal y fáctico
que justifican la decisión. Además, de la información que reposa en el archivo de
Excel, que hace parte integral de los mismos, se extraen las razones claras y
suficientes que lo fundamentan, y que permiten concluir que la UGPP realizó una
debida calificación jurídica de los elementos del tributo para el caso particular de la
sociedad demandante, y valoró de forma objetiva y a la luz de la normatividad
rectora, los medios de prueba allegados por esta.
La esencia de la motivación es que el destinatario conozca las razones y
fundamentos de la decisión, y que a partir del contenido del acto pueda ejercer su
derecho de defensa al atender los requerimientos efectuados por la administración
e interponer el recurso de reconsideración, como ocurre en el presente caso, donde
se observa que la demandante identificó de manera inequívoca los ajustes
realizados al IBC sobre los cuales no está de acuerdo, y respecto de los que plantea
los cargos de violación.
La Sala comparte lo expuesto por el a quo en cuanto a que el demandante no
concretó cuáles eran las inconsistencias o errores en los ajustes determinados por
la UGPP respecto de cada trabajador, subsistema, periodo y los valores
correspondientes; en cambio, sí se observa en los actos administrativos y archivo
de Excel el detalle de los ajustes. Además, en el anexo se lee una casilla de
observaciones en la que se explicó por qué los ajustes acá debatidos debían hacer
parte del IBC de los aportes al Sistema de la Protección Social.
Por lo anterior, atendiendo a la orientación normativa y jurisprudencial expuesta y
una vez analizado el contenido de los actos acusados, encuentra la Sala que estos
cuentan con motivación suficiente para soportar la decisión adoptada en los
mismos, se fundamentan en hechos reales, acreditados en el expediente de la
actuación administrativa, y en normas vigentes y aplicables al asunto. El cargo de
apelación de la demandante no prospera.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 2 de octubre de
2019, exp. 24090, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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FALLO
Acumulación de períodos (enero a diciembre de 2013) y conductas
(inexactitud y mora) en un solo acto administrativo
La parte actora argumenta que, dado el carácter mensual de las contribuciones
parafiscales al sistema de protección social, la UGPP no debía acumular y fiscalizar
12 períodos (de enero a diciembre de 2013) en un solo acto administrativo.
La Sección17 analizó el alcance del artículo 695 del Estatuto Tributario y la
posibilidad de acumular varios períodos fiscales en los requerimientos y
liquidaciones oficiales para el IVA y la retención en la fuente. Concluyó que realizar
algo similar con otro tributo (como el ICA) no viola el debido proceso de los
contribuyentes. Esta consideración se fundamentó en lo siguiente:
“4.3.- Recuérdese que el debido proceso administrativo, ha sido definido por la Corte
Constitucional como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin
está previamente determinado de manera constitucional y legal” 18.
[…]
4.4.- Si bien, tratándose de impuestos nacionales, el Estatuto Tributario permite la
acumulación de períodos fiscales en el trámite del proceso de fiscalización respecto del
impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente, no es menos cierto que dicha restricción
no debe interpretarse de manera literal, pues debe mirarse con un criterio finalístico o
teleológico.
En ese entendido, para la Sección es claro que es posible que los emplazamientos,
requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la
Administración Tributaria, puedan referirse a más de un período gravable –lo que materializa,
además, los principios de economía, celeridad y eficiencia-.”
En cuanto a las contribuciones parafiscales al sistema de protección social, la Sala
ha considerado que si bien estas son de carácter mensual, “es viable que la entidad
fiscalizadora acumule y se refiera a varios períodos fiscales en un solo acto
administrativo (requerimiento para declarar y/o corregir y liquidación oficial). Esto se
alinea con los principios de economía, celeridad y eficiencia.”19. Además, el artículo
180 de la Ley 1607 de 2012, aplicable a las declaraciones de los períodos de 2013,
no exige la expedición de un acto particular por cada período fiscal cuestionado 20.
A juicio de la Sala, al igual que con la acumulación de varios períodos en un solo
acto, la norma que regula el procedimiento para la determinación oficial de las
contribuciones parafiscales de la protección social (artículo 180 de la Ley 1607 de
2012) no contempla tal exigencia. Además, aunque en los actos se abordan varias
conductas que generan ajustes (mora e inexactitud), la entidad desarrolló los
argumentos de forma independiente y explicó la causa de cada uno de ellos, lo que
implica que tal proceder no afectó la motivación del acto, ni supone un
desconocimiento de su derecho de defensa y contradicción.
De manera que, tratándose de las contribuciones parafiscales al sistema de la
protección social, que como bien lo afirma la parte actora son de período mensual,
resulta viable que la entidad fiscalizadora en un solo acto administrativo
(requerimiento para declarar y/o corregir y liquidación oficial) acumule y se refiera a
varios períodos fiscales y conductas, pues tal circunstancia atiende a los principios
de economía, celeridad y eficiencia, sin que a su vez implique una vulneración de
otros principios del procedimiento tributario.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de
2014, Exp. 19394, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez reiterada en la sentencia del 25 de abril de 2018, Exp.
20620, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18 Sentencia T-214 de 2004.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 20 de octubre de
2022, Exp. 26538. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 5 de mayo de 2022,
Exp. 25553, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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FALLO
Carga de la prueba en materia tributaria
Respecto de la carga probatoria del contribuyente, acorde con el artículo 167 del
Código General del Proceso, la Sala ha precisado que “de conformidad con el
artículo 742 del ET, los actos de liquidación de impuestos deben fundarse en los
hechos que se encuentren acreditados en el expediente administrativo, y soportarse
en los medios probatorios previstos en la normativa tributaria y en los códigos
procesales”. 21
A su vez, el artículo 744 ibidem contempla la oportunidad con la que cuentan los
contribuyentes para allegar las pruebas que consideren pertinentes, las cuales
deben ser valoradas por la autoridad fiscal como garantía del debido proceso y de
los derechos de defensa y de contradicción. Asimismo, la Sala ha dicho que “con la
demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho
pretendido, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad
(sic) llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar”.22
Por lo anterior, la carga de la prueba en materia parafiscal, en lo que atañe a
demostrar los pagos al Sistema de Seguridad Social recae en el sujeto pasivo, por
cuanto es quien lo solicita.
En ese contexto, una vez requerida por la autoridad, la demandante tenía la carga
de aportar los medios de prueba idóneos, pertinentes y necesarios para soportar los
pagos al sistema de la protección social.
Así, se concluye que la sociedad Guardianes Compañía Líder en Seguridad Ltda.
tenía la obligación de demostrar que pagó los aportes a su cargo y a nombre de sus
trabajadores en los períodos cuestionados junto con las correspondientes
constancias de cada una de las entidades con las que se reportaron los aportes, lo
cual no realizó. En consecuencia, el cargo de apelación de la demandante no
prospera.
IBC – bonificaciones y auxilios - conceptos no constitutivos de salario –
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
La entidad demandada cuestiona la sentencia de primera instancia, porque a su
juicio la sociedad demandante no demostró la desalarización de las bonificaciones,
el auxilio legal de transporte, fletes y acarreos, de los gastos de movilización y
medios de transporte y de casino y restaurante, útiles, papelería y fotocopias, y
otros auxilios para cambiar la condición de pago salarial a no constitutivo de salario.
En la liquidación oficial, la entidad se refirió a las bonificaciones y los auxilios legal
de transporte, fletes y acarreos, de los gastos de movilización y medios de
transporte y de casino y restaurante, útiles, papelería y fotocopias, y otros auxilios
y a la aplicación del límite del 40% contemplado en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, de la siguiente manera: “En cuanto a los pagos no constitutivos de salario, en
principio, estos no integran el IBC sobre el cual se liquidan los aportes al Sistema
de la Protección Social; sin embargo, respecto de estos pagos se aclara lo siguiente:
Dado que los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores
particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración, el monto
que supere dicho porcentaje, sí integra el IBC para la liquidación de aportes.”
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de octubre de
2021, Exp. 24837, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 14 de junio de
2018, exp. 21061, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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FALLO
Se observa en el contenido de los actos administrativos demandados que la UGPP
no discutió si las bonificaciones y los citados auxilios eran o no salariales, ya que la
propia entidad admitió que no poseían tal naturaleza de acuerdo con el artículo 128
del Código Sustantivo del Trabajo, pero sujetos al límite del 40% establecido en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
En este caso la UGPP considera que los pagos por bonificaciones, el auxilio legal
de transporte, de otros auxilios, de transporte, fletes y acarreos, de los gastos de
movilización y medios de transporte y de casino y restaurante, útiles, papelería y
fotocopias, y otros auxilios no son constitutivos de salario conforme al artículo 128
del Código Sustantivo del Trabajo y los incluyó en el límite del 40% previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 por cuanto la demandante no demostró su
desalarización.
Según el artículo 127 del CST, constituye salario no solo la remuneración ordinaria,
fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como
contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su denominación, como
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o
de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentajes
sobre ventas y comisiones.
El texto original del artículo 128 del CST señalaba los siguientes pagos hechos al
trabajador como no constitutivos de salario: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, que no son la contraprestación
del trabajo prestado, sino sumas que recibe el empleado a título gratuito 23; (ii) los
rubros que recibe el trabajador, en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como
gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros
semejantes y (iii) las prestaciones sociales, que “son todo aquello que debe el
empleador al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de
la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas, pactos colectivos, contrato de
trabajo, reglamento interno de trabajo, fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
empleador, para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la
relación de trabajo o con motivo de la misma” 24.
En la sentencia SU 2021CE-SUJ-4-00425 se establecieron las reglas de decisión
respecto a los factores que deben integrar el IBC de los aportes al Sistema de la
Protección Social, así como el alcance y contenido de la limitación contenida en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, para lo cual estableció las siguientes reglas de
decisión:
“(…)
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en
los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores
y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de
aportes al Sistema de Protección Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de
la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos,
los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario,
independientemente de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación
23 Estas bonificaciones o primas se pagan no como contraprestación de la labor sino por otros factores que
libremente el empleador determina, como tener un hijo o tener un defecto visual.
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias del 9 de septiembre de 1982, de 18 de julio
de 1985 y de 12 de febrero de 1993.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Cuarta. Sentencia SU 2021CE-SUJ-4-
004 del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, M.P. Milton Chaves García.
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FALLO
del servicio) y, además, los factores que las partes de la relación laboral pacten que no
integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los
medios de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas
de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o
aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de
los medios probatorios pertinentes.”
Es así como en la regla de unificación nro. 1 de la sentencia citada se estableció
que “el IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los
términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador” (resalta la Sala).
En la regla número 2 de la sentencia de unificación, se estableció que “[…]en virtud
de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores
pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de
Seguridad Social” y se enfatizó que la consecuencia del referido acuerdo es que “para
efectos de los aportes parafiscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se
pacte que un pago no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de
cotización”, para ello, consideró que “la naturaleza salarial de un pago no depende del
acuerdo entre las partes, sino de si, por su esencia, constituye o no retribución del
servicio prestado” (resalta la Sala).
Como se explicó en la sentencia de unificación, el propósito del legislador con la
citada norma “no fue incluir en el ingreso base de cotización, pagos que, por su esencia o
naturaleza, no son constitutivos de salario, sino, establecer una limitante a la desalarización
que se venía pactando entre empleadores y trabajadores al amparo de los artículos 128 del
CST y 17 de la Ley 344 de 1996 y que erosionaba la base de aportes al Sistema de
Seguridad Social”.
La decisión de excluir un pago salarial de la base gravable debe entenderse
conforme al límite de pagos no salariales establecido en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010; en ese sentido, el límite del 40% será aplicable a los pagos que,
siendo salariales, las partes deciden excluirlos de la base gravable, y no a los
emolumentos que por disposición legal no son salariales, pues estos por no
remunerar el servicio no integran la base de cuantificación.
En este caso, se advierte que en los actos administrativos demandados la UGPP
aceptó que los pagos por bonificaciones resultan como no constitutivos de salario;
sin embargo, les aplicó el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, procedimiento que, según la Sala26, no cumple con las normas establecidas
en el tema, ya que, basándose en la regla 1 de la sentencia de unificación, se
establece que si el pago no es salario, no se incorporará al IBC y no está sujeto a
ningún límite legal.
En este contexto, de conformidad con las normatividad citada y analizada, y la
jurisprudencia unificada, para la Sala los conceptos que el aportante registró en su
nómina como bonificaciones, auxilio legal de transporte, de otros auxilios, de
transporte, fletes y acarreos, de los gastos de movilización y medios de transporte
y de casino y restaurante, útiles, papelería y fotocopias, y otros auxilios no son
ingreso base de cotización de aportes porque, conforme con el artículo 128 del
Código Sustantivo del Trabajo, en esencia no son salario, se haya o no suscrito
pacto de desalarización sobre estos, pues no retribuyen el trabajo del empleado,
26 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de abril de 2023, Exp. 26270, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
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FALLO
sino que se otorgan para que los trabajadores desarrollen mejor su labor y no lo
enriquecen, y sí permiten un mejor desempeño de sus funciones. El cargo de
apelación de la UGPP no prospera.
Licencias remuneradas, no remuneradas e incapacidades
El tribunal adujo que la sociedad demandante no hizo referencia de manera clara al
objeto del cargo de nulidad, así como tampoco mencionó las pruebas allegadas
para desvirtuar la glosa.
La demandante cuestiona la sentencia al considerar que la administración no valoró
las pruebas presentadas en la etapa de fiscalización, como lo son las copias de las
solicitudes de licencias y los certificados de incapacidades, sobre las cuales afirmó
que liquidó y pagó los aportes conforme a la normativa vigente y el archivo de Excel
donde explicó las diferentes glosas propuestas sobre cada trabajador.
Al verificar los antecedentes administrativos que condujeron a la administración a
determinar los ajustes sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social, se constató
que en el expediente electrónico cargado en el aplicativo Samai 27, concretamente
en el vínculo (link) que envió la UGPP junto con la contestación de la demanda28,
no se encontraban las pruebas que aseguraba la sociedad demandante en su
escrito de alzada, y que adujo, allegó en la actuación administrativa “las copias de
las solicitudes de las licencias no remuneradas otorgadas y los certificados de
incapacidades”.
Por ello, mediante providencia del 12 de septiembre de 2024, se ordenó requerir a
la UGPP para que allegara los antecedentes que dieron origen a los actos
administrativos demandados junto con las todas las pruebas que aportó la sociedad
demandante en la actuación administrativa; mediante memorial del 24 de
septiembre de 202429, la entidad fiscalizadora atendió el requerimiento.
Una vez revisado el material probatorio aportado en los antecedentes
administrativos, se encontró el archivo de Excel donde la sociedad demandante
explica las observaciones que efectuó la UGPP en los requerimientos de
información; sin embargo, a este archivo no se acompañan los soportes necesarios
para demostrar la realidad de las afirmaciones allí expuestas. Dicho en otras
palabras, la aportante se limitó a responder a la administración con afirmaciones de
exculpación o esclarecimientos del porqué no realizó el aporte en relación con las
vacaciones y las licencias no remuneradas, sin allegar material probatorio que
sustentaran debidamente tales hechos.
Asimismo, no se encuentran “las copias de las solicitudes de las licencias no
remuneradas otorgadas y los certificados de incapacidades”, que aseguró la
sociedad demandante no fueron valoradas por el Tribunal, por lo que la Sala
observa que la interesada no demostró los casos concretos respecto de los cuales
se determinaron de manera incorrecta los aportes al Sistema de la Protección Social
y sobre los que no se valoraron las pruebas allegadas durante la etapa de
fiscalización. Por lo anterior, la Sala negará el cargo de apelación de la demandante.
Vacaciones - artículo 70 del Decreto 806 de 1998
El Tribunal consideró que la sociedad demandante no mencionó sobre qué
trabajadores alega la indebida determinación de los aportes, lo que imposibilita
verificar la correcta liquidación efectuada por la administración.
27 Índice 2 SAMAI.
28 https://drive.google.com/file/d/1cQImOHKz4f7pumyrxXmZfbDagw5d6Xb3/view?usp=sharing
29 Índices 16 y 17 SAMAI.
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FALLO
En su recurso de apelación, la sociedad demandante insiste en que liquidó de
manera correcta los aportes cuando se presentó la novedad de vacaciones y adujo
que no se valoró el archivo de Excel presentado como prueba, donde se da
respuesta a todas las observaciones de la administración.
El inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de 199830, prevé que para el
subsistema de salud “[l]as cotizaciones durante vacaciones y permisos
remunerados se causarán en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará
sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en
la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones o
permisos”.
De lo anterior se colige que cuando se registra la novedad de vacaciones, las
cotizaciones al sistema de pensión y salud se efectuarán sobre la base del último
salario reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador inició su disfrute,
conforme con lo establecido en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
Como la sociedad demandante no indicó sobre qué trabajadores se efectuaron los
ajustes cuando disfrutaron periodo de vacaciones o permisos remunerados en el
subsistema de vacaciones, y la entidad demandada en su contestación de la
demanda mencionó tres casos, se tomará como ejemplo el del trabajador Germán
Sarmiento Cantor por el período 9 del año 2013.
En la nómina reportada por la aportante por los períodos 8 y 9 del mencionado
trabajador en el archivo denominado “1417473742496_10513_NOMINAS_2013”31
se registró la siguiente información:
Nombre trabajador Período Año
Germán Sarmiento Cantor 8 2013
Días trabajados 30 Días vacaciones 0
Sueldo $589.500
Horas extras $163.927
Total $753.427
Período Año
9 2013
Días trabajados 12 Días vacaciones 17
Días de suspensión, permiso
o licencia no remunerada 1
Sueldo $235.800
Horas extras $65.571
Total $304.371
En el archivo de Excel anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, la UGPP determinó ajustes por el periodo 9 del año en discusión
por el subsistema de Salud para el citado trabajador, y registró la siguiente
información:
Nombre trabajador Período Año
Darío de Jesús Amelines Ocampo 8 2013
Días trabajados 12 Días vacaciones 17
Días de suspensión, permiso
o licencia no remunerada 1
30 Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los
beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en
todo el territorio nacional.
31 Índice 16 y 17 SAMAI.
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FALLO
Valor suspensión, permiso o licencia no remunerada $25.114
Vacaciones en tiempo $352.536
Vacaciones Decreto 806/98 $426.941
Sueldo $235.800
Horas extra $65.571
Total pagos no salariales $28.200
Total remunerado $329.571
IBC $753.427
Aporte subsistema salud determinado UGPP $93.200
Aporte subsistema salud pagado demandante $83.800
Para calcular los aportes por novedad de vacaciones de septiembre de 2013, debe
atenderse el IBC del mes anterior; es decir, de agosto de 2013. Entonces, de
conformidad con las normas citadas, la forma de calcular el IBC es la siguiente:
IBC= pagos salariales del mes + valor obtenido por la novedad de vacaciones+ valor
obtenido por la novedad de suspensión, permiso o licencia no remunerada.
Para aplicar dicha fórmula se tendrá en cuenta lo siguiente:
Se toma el IBC de los días donde se presentó la ocurrencia de las vacaciones, que
es el del mes anterior al disfrute; esto es, agosto de 2013, donde se determinó en
$753.427.
• El IBC de los 17 días de vacaciones disfrutadas en el mes de septiembre de 2013,
corresponde a $426.94132.
• El IBC de 1 día de suspensión, permiso o licencia no remunerada en el mes de
septiembre de 2013, corresponde a $25.11433.
Así, el IBC en el subsistema de salud lo integrarían el salario por $235.800, más las
horas extras por $65.571, el valor del IBC días de vacaciones de $426.941, y el IBC
de los días de suspensión, permiso o licencia no remunerada de $25.114, para un
total de $753.427.
El IBC así liquidado corresponde al mismo valor determinado por la UGPP en el
acto administrativo demandado, de suerte que, para la Sala, el aporte liquidado por
la entidad es correcto, dado que la información fue obtenida de la nómina de la
demandante sin que se trate de valores diferentes a los reportados. Por lo anterior,
no prospera el cargo de apelación de la demandante.
Sanciones
La sociedad demandante cuestiona las sanciones impuestas al considerar que no
incurrió en la conducta de omisión que la UGPP le atribuye, y que no existe
inexactitud sancionable, ya que a su juicio los aportes se pagaron correctamente, y
cualquier diferencia es resultado de un error de apreciación o de criterio.
La Sala observa que se aplicó el principio de favorabilidad en la estimación de las
sanciones a cargo de la demandante, porque la liquidación oficial fue proferida con
fundamento en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, y la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración se expidió en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la
cual modificó las bases y las tarifas de las sanciones por las conductas de omisión
e inexactitud, por lo que redujo las sanciones impuestas.
32 Se toma el IBC del mes de agosto se divide en 30 y se multiplica por los días de descanso
33 Se toma el IBC del mes de agosto se divide en 30 y se multiplica por los días de descanso
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00497-01 (27633)
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FALLO
• Inexactitud
La Sala destaca que la aplicación de la sanción por inexactitud se da por el hecho
de que el declarante está incurso en un error a la hora de autoliquidar el tributo. No
basta entonces, con advertir que era una diferencia de criterios entre los sujetos.
Sin embargo, esta sanción deberá ajustarse en forma proporcional a los aportes.
No prospera el cargo relacionado con la improcedencia de la sanción por
inexactitud.
• Omisión
En el caso concreto, la UGPP expuso el caso de 37 empleados que identificó, sobre
los que la sociedad demandante omitió su afiliación al subsistema de pensión.
La conducta de sanción por omisión se genera cuando el empleador prescinde del
deber de afiliación o vinculación de sus empleados al sistema. En el caso concreto,
como se vio en el ejemplo, la administración realizó ajustes por omisión sobre 37
trabajadores; no obstante, la sociedad demandante no demostró en la actuación
administrativa o judicial la fecha de afiliación para ninguno de los empleados.
Si bien en la demanda solicitó que se valoraran las pruebas tales como el archivo
de Excel donde explicó de manera detallada cada observación de la entidad
demandada, lo cierto es que con ellos no allegó las pruebas necesarias que
tuviesen la calidad de demostrar que no incurrió en la conducta de omisión que
determinó la administración. El cargo de apelación de la demandante no prospera.
En relación con la aplicación del principio del non bis in idem, la UGPP determinó
ajustes por las conductas de inexactitud y por omisión, las cuales son el resultado
de la investigación efectuada por la administración parafiscal conforme a las
facultades de fiscalización que le confiere la ley, que se tornan independientes dado
que no se profirieron por los mismos trabajadores y períodos, por lo que son
procedentes las sanciones conforme con el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012,
modificada por el artículo 314 de la ley 1819 de 2016. El cargo de apelación de la
demandante no prospera.
Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA34, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según
el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas
previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es
la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se
cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
34 Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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FALLO
FALLA
PRIMERO: Aceptar el impedimento del doctor Luis Antonio Rodríguez Montaño
por las razones expuestas.
SEGUNDO: Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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