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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00518-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00518-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en segunda instancia. 3. Reconocer personería a Laura Marcela Rincón Vega como apoderada de la demandada conforme al poder conferido (índice 14).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00518-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de noviembre de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00518-01 (28017)
Demandante: Nova Mar Development S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00518-01 (28017)
Demandante: Nova Mar Development S.A.
Demandada: DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Contrato de
estabilidad jurídica. Devolución por pago de lo no debido.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 22):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la providencia de primera instancia.

Segundo: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Con las Resoluciones 6283-000718, del 02 de mayo de 2019, 6283-000997, del 12 de
junio de 2019, 6283-001058, del 20 de junio de 2019, y 6283-001553, del 28 de agosto
de 2019, la demandada rechazó las solicitudes de devolución por pago de lo no debido
formuladas por la actora en relación con los pagos del impuesto sobre la renta para la
equidad (CREE) del año 2014; actos que fueron confirmados por las Resoluciones 684-
000381, 684-000380, y 684-000382, del 12 de marzo de 2020, y 684-5477, del 21 de
agosto de 2020, respectivamente (índice 3).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 3):

A. Declarar la nulidad absoluta de las resoluciones que negaron las solicitudes de devolución que se
adjuntan al presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificadas de la
siguiente forma:

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 25 de agosto de 2023 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden
al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00518-01 (28017)
Demandante: Nova Mar Development S.A.

1. Resolución 6283-000718, del 02 de mayo de 2019, proferida por la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

2. Resolución 6283-000997, del 12 de junio de 2019, proferida por la División de Gestión de Recaudo
de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

3. Resolución 6283-001058, del 20 de junio de 2019, proferida por la División de Gestión de Recaudo
de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

4. Resolución 6283-001553, del 28 de agosto de 2019, proferida por la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

Asimismo, solicito que se declare la nulidad absoluta de las siguientes resoluciones que resolvieron
los recursos de reconsideración interpuestos:

1. Resolución 684-000381 del 12 de marzo de 2020, proferida por la División de Gestión Jurídica de
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

2. Resolución 684-000380, del 12 de marzo de 2020, proferida por la División de Gestión Jurídica de
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

3. Resolución 684-000382, del 12 de marzo de
2020, proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes de la DIAN.

4. Resolución 684-5477, del 21 de agosto de 2020, proferida por la División de Gestión Jurídica de
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

En caso de aceptar parcialmente los argumentos expuestos en el presente medio de control, solicito
a su honorable despacho se sirva declarar la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados, derivada de los fundamentos aceptados.

B. A título de restablecimiento del derecho.

Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados, se declare como
restablecimiento del derecho la devolución del pago de lo no debido realizado por la actora por las
autorretenciones del CREE correspondientes a los periodos 2.°, 4.° y 6.° del año gravable 2014 y el
pago anual del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014. Lo anterior,
aunado al pago de los intereses corrientes, moratorios y legales a que hubiera lugar, en los términos
de los artículos 863 del Estatuto Tributario, 1617 y 2232 del Código Civil y 189, 192 y 195 del CPACA.

Si su honorable despacho declara la nulidad parcial de los actos administrativos demandados,
solicito subsidiariamente se sirva establecer el concepto y el valor sobre el cual procede la devolución
del pago de lo no debido correspondiente a los periodos 2.°, 4.° y 6.° del año gravable 2014, así
como al pago anual de la misma anualidad.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 6.°, 29, 83, 123,
338 y 363 de la Constitución; 1617 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1873); 4.° de la Ley
169 de 1896; 831 del CCo (Código de Comercio, Decreto 410 de 1971); 207-2, 683, 850,
853, 857 y 863 del ET (Estatuto Tributario); 5.° de la Ley 489 de 1998; 1.° a 3.° de la Ley
963 de 2005; 10 del CPACA; 7.° del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012); y 2.°, 11 y 16 del Decreto 2277 de 2012, bajo el siguiente concepto de violación
(índice 3):

Aseguró haber satisfecho todos los requisitos legales para obtener la devolución del pago
de lo no debido solicitada. En particular, indicó que pagó las sumas en discusión en
cumplimiento de la obligación que autoliquidó por concepto del CREE del 2014, siendo
que no estaba sujeta a ese impuesto. Al respecto, sustentó que, el 11 de abril de 2008,
firmó un contrato de estabilidad jurídica con el MINCIT (Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo) en el que incluyó las disposiciones del impuesto sobre la renta, entre estas

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los artículos 207-2 y 240 del ET que le otorgaban derecho a una renta exenta para los
servicios hoteleros, de manera que también estaría exonerada del CREE que se adoptó
con la Ley 1607 de 2012 pues, en su opinión, la estabilidad contratada le otorgaba
exención de cualquier tributo que gravara la renta.

Reprochó que la demandada negara la devolución por considerar que el contrato de
estabilidad jurídica no tuvo incidencia para la aplicación del CREE por tratarse de un
impuesto diferente al impuesto sobre la renta, pues con ello desconoció que, al igual que
este, el CREE recaía sobre la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el
patrimonio de los sujetos pasivos en el período gravable y que esa identidad entre ambos
tributos fue reconocida por el artículo 15 de la Ley 1739 de 2014, en tanto remitió a las
disposiciones del impuesto sobre la renta a efectos de complementar la regulación del
CREE, y también por la Ley 1819 de 2016 que, tras su derogatoria, lo integró al impuesto
sobre la renta para gravar las actividades exentas a la tarifa del 9% –misma que era
aplicable mientras este estuvo en vigor–. Aseguró que la similitud entre esos impuestos
también fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-291 de 2015 a efectos
de aceptar la compensación de pérdidas fiscales en el CREE como garantía del principio
de equidad y por la propia Administración en el Oficio 59875, del 09 de septiembre de
2013. Añadió que las diferencias entre uno y otro impuesto identificadas en la sentencia
C-289 de 2014 (i.e. aminoraciones de la base gravable, tarifas y destinación) no eran
suficientes para descartar su identidad sustancial y tampoco la doctrina oficial expuesta
en el Oficio 900707, del 13 de enero de 2016 que, además de ser contraria a las normas
en las que debía fundarse, era inaplicable al caso, pues regía para las obligaciones
tributarias que se causaran a partir de su expedición, según la Circular 175 de 2001. Por
ende, argumentó que la demandada desconoció la regla de irretroactividad que regía en
materia tributaria por sustentar los actos en ese oficio.

Sostuvo que, en cualquier caso, la demandada infringió el artículo 857 del ET por negar
la solicitud de devolución por una causal distinta de las ahí previstas y explicó que esa
disposición regía para el trámite de la devolución por pago de lo no debido por mandato
del artículo 850 ibidem. También cuestionó que su contraparte considerara improcedente
la solicitud de devolución por la firmeza de las autoliquidaciones que sirvieron de título
para el pago, pues conforme a la jurisprudencia de esta Sección2 el reintegro por pago
de lo no debido no estaba sujeto a la corrección de las declaraciones tributarias.

Por lo expuesto, planteó que por negar la devolución su contraparte desconoció los
efectos del contrato de estabilidad jurídica, originó un enriquecimiento sin causa del Fisco
y transgredió el debido proceso, su derecho de defensa y los principios de buena fe y
confianza legítima, por ello, pidió acceder al reembolso junto con los intereses legales
corrientes y moratorios.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 10), para lo cual
sostuvo que el pago del CREE del año 2014 realizado por la actora era un pago de lo que
debía como contribuyente de ese impuesto. Planteó que el contrato de estabilidad jurídica
no tuvo incidencia para su aplicación, pues el CREE era un nuevo impuesto con una
estructura propia distinta a la del impuesto sobre la renta, de manera que su adopción no
podía entenderse como una modificación normativa de este, como lo reconoció la Corte
Constitucional en la sentencia C-393 del 2016 al señalar que los sujetos pasivos, la base

2
Al respecto, citó las sentencias del 24 de septiembre de 2008 (exp. 16163, CP: Héctor J. Romero Díaz), del 23 de septiembre de
2020 (exp. 17669, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y el auto del 30 de septiembre de 2013 (exp. 20173, CP: Jorge Octavio
Ramírez).

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gravable y la tarifa de uno y otro impuesto eran diferentes. Por ende, negó que el CREE
pudiera considerarse una modificación adversa de las normas respecto de las cuales su
contraparte contrató la estabilidad jurídica, entre estas la renta exenta prevista en el
ordinal 3.° del artículo 207-2 del ET, pues ese beneficio tributario era parte de la estructura
del impuesto sobre la renta, siendo improcedente su aplicación al nuevo impuesto, ya
que en materia tributaria la analogía estaba proscrita. Argumentó que, contrariamente a
lo señalado por la actora, el fundamento normativo de los actos acusados no fue el Oficio
900707, del 13 de enero de 2016, sino la Ley 1607 de 2012, que previó los elementos
del hecho generador del CREE y que, en cualquier caso, podía invocarlo como sustento
pues contenía la doctrina oficial en vigor cuando se profirieron.

De otra parte, sostuvo que las causales de rechazo dispuestas en el artículo 857 del ET
no regían para el sub examine, pues negó el reintegro tras constatar que no había un
pago indebido, sino que la actora como sujeto pasivo cumplió con la obligación de
declarar y pagar el CREE. Estuvo de acuerdo en que la corrección de las declaraciones
no era un requisito para la devolución por pago de lo no debido y aclaró que ese no fue
el fundamento jurídico de los actos demandados.

Por lo expuesto, se opuso a la infracción de las normas y de las garantías constitucionales
y al enriquecimiento sin causa alegados por la demandante.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la actora sin condenarla en costas (índice 22). Estimó
que la estabilidad que contrató respecto de los artículos 207-2 y 240 del ET no tuvo
implicaciones para el CREE, pues la adopción de este impuesto no podía entenderse
como una modificación adversa de esas disposiciones y, por tanto, el pago que pidió en
devolución era un pago de lo que debía como sujeto pasivo del nuevo tributo. Invocando
los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y esta Sección3, concluyó que el
CREE era un nuevo tributo distinto al impuesto sobre la renta, porque tenía destinación
específica, excluía como sujetos pasivos a las personas naturales, restringía las
aminoraciones de la base gravable y tenía una tarifa diferente. Explicó que la unificación
de esos dos tributos con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016 fue una decisión del
legislador que no se sustentó en la identidad entre los impuestos, sino en la simplicidad
del ordenamiento jurídico. Aclaró que la remisión a las normas del impuesto sobre la renta
para la determinación del CREE no incluyó las disposiciones sobre rentas exentas y tarifa,
de manera que no procedía la aplicación de los artículos 207-2 y 240 del ET al caso, por
cuanto la analogía estaba proscrita en materia tributaria.

Negó que al citar el Oficio 900707, del 13 de enero de 2016 como sustento de los actos
se hubiera violado la regla de irretroactividad, puesto que esa era la doctrina oficial
vigente y vinculante para los funcionarios de la Administración para la época en que la
actora solicitó el reintegro. Juzgó que las causales de rechazo previstas en el artículo 857
del ET estaban asociadas a los requisitos formales que debían cumplir las solicitudes de
devolución, por lo cual no eran aplicables cuando la improcedencia del reintegro se
sustentaba en la falta de configuración del pago indebido objeto de la petición, caso para
el cual el artículo 853 del ET facultaba a la Administración para «negar» la solicitud. Se
abstuvo de pronunciarse sobre el argumento de la actora relacionado con la
improcedencia de la corrección de las autoliquidaciones tributarias para el reintegro por
pago de lo no debido, pues era incongruente con lo planteado en los actos demandados.

3
Expuestos en las sentencias C-235 de 2019 y del 11 de noviembre de 2021, exp. 24182, CP: Julio Roberto Piza, respectivamente.

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Por todo lo anterior, descartó que los actos acusados se hubieran proferido con infracción
de las normas en que debieron fundarse y de las garantías constitucionales alegadas por
la actora. También negó que el pago discutido conllevara el enriquecimiento sin causa de
la Hacienda Pública estando demostrado que se originó en el cumplimiento de la
obligación tributaria a cargo de la actora como contribuyente del CREE.

Recurso de apelación

La actora apeló la decisión del tribunal (índice 25), para lo cual insistió en que cumplió
los requisitos para la devolución solicitada, pues el pago que realizó mediante las
autoliquidaciones del CREE y sus autorretenciones carecían de causa legal dado que
con anterioridad a la adopción de ese impuesto suscribió un contrato de estabilidad
jurídica respecto de las normas que regían para la determinación del impuesto sobre la
renta a su cargo. Reprobó que el a quo avalara el rechazo del reembolso bajo la
consideración de que era improcedente la aplicación analógica del ordinal 3.° del artículo
207-2 del ET para la determinación del CREE, desconociendo que el sustento de la
petición era la no sujeción pasiva a dicho tributo por causa del contrato de estabilidad
jurídica. Al efecto, insistió en que el CREE recaía sobre mismo hecho imponible que el
impuesto sobre la renta –i.e. la obtención de ingresos susceptibles de producir un
incremento neto del patrimonio del respectivo sujeto pasivo–, por lo cual, a efectos de los
contratos de estabilidad jurídica, debía entenderse como una modificación adversa de
este último y no como un nuevo impuesto, pues las diferencias que identificó el tribunal
entre ambos tributos carecían de entidad jurídica para sustentar tal consideración. Agregó
que avalar su sujeción pasiva al CREE y negar el reintegro reducía el beneficio por el que
contrató la estabilidad normativa, i.e. la exención de impuestos para las rentas hoteleras.

Sin perjuicio de lo anterior, insistió en que su contraparte infringió la regla de
irretroactividad de las normas fiscales por aplicar al sub examine la doctrina oficial
contenida en el Oficio 900707, del 13 de enero de 2016, la cual no se había expedido
para la fecha en que hizo el pago indebido. También reiteró que, en todo caso, debían
anularse los actos demandados porque la demandada rechazó el reembolso sin
fundamento en una de las causales dispuestas en el artículo 857 del ET.

Por todo lo expuesto, alegó que procedía acceder al reembolso junto con los intereses
legales, corrientes y moratorios.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada guardó silencio. En cambio, el ministerio público pidió revocar la sentencia
apelada para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda pues, en su opinión,
la actora hizo un pago de lo no debido al autoliquidar el CREE del 2014, siendo que
estaba exonerada de ese impuesto por la estabilidad jurídica que contrató respecto del
impuesto sobre la renta. Así porque ambos impuestos tenían el mismo hecho generador,
al margen de las diferencias entre sus bases gravables (índice 11).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que
negó sus pretensiones sin condenarla en costas. Por tanto, se determinará si lo que pagó

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por el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) del año gravable 2014 constituyó
un pago de lo no debido, por cuanto alega no estar sometida a ese impuesto por causa
del contrato de estabilidad jurídica celebrado con el MINCIT, el 11 de abril de 2008,
respecto de las normas del impuesto sobre la renta, entre estas, los artículos 207-2
(ordinal 3.°) y 240 del ET que le daban derecho a una renta exenta para los servicios
hoteleros. En seguida, deberá definirse si la demandada violó la irretroactividad de las
normas tributarias por citar el Oficio 900707, del 13 de enero de 2016 como sustento de
los actos acusados y si infringió las normas en las que debía fundarse por rechazar el
reembolso sin consideración a las causales dispuestas en el artículo 857 del ET. Si de
alguno de los anteriores cargos se concluyera que procede el reintegro, corresponderá
decidir sobre el reconocimiento de intereses solicitado en la demanda.

Análisis del caso concreto

2- El a quo juzgó que era improcedente el reembolso pretendido por la actora en la
medida en que las sumas que pidió en devolución fueron un pago de lo que debía como
contribuyente del CREE. Esto porque descartó que la estabilidad contratada respecto a
las normas del impuesto sobre la renta codificadas en el Estatuto Tributario tuviera
efectos para el CREE que fue adoptado como un nuevo impuesto, diferente al impuesto
sobre la renta en cuanto a su destinación, sujetos pasivos, base gravable y tarifa. Para el
tribunal la unificación de esos dos impuestos mediante la Ley 1819 de 2016 no conllevó
un reconocimiento del legislador de la identidad entre ambos tributos, sino que fue una
decisión legislativa que se sustentó en la necesidad de simplificar el ordenamiento
jurídico. Además, estimó que la remisión a las disposiciones normativas del impuesto
sobre la renta para determinar el CREE no abarcaba los artículos 207-2 (ordinal 3.°) y
240 del ET invocados por la actora y tampoco procedía su aplicación analógica.

A ese juicio se opone la demandante, quien es la apelante única, pues considera que el
pago que realizó en cumplimiento de la obligación que autoliquidó por concepto del CREE
del año 2014 carece de causa legal, ya que no estaba sujeta a ese impuesto en virtud del
contrato de estabilidad jurídica celebrado con el MINCIT, el 11 de abril de 2008, el cual
tuvo por objeto las disposiciones que la regirían para determinar los impuestos que
gravan la renta por el término del acuerdo. Reprueba que las diferencias identificadas por
el tribunal tengan entidad jurídica para descartar los efectos de la estabilidad normativa
contratada, siendo que ambos tributos comparten el supuesto de hecho que genera el
nacimiento de la obligación tributaria –i.e. la obtención de ingresos susceptibles de
producir un incremento neto del patrimonio del sujeto pasivo– y, por ello, a efectos del
contrato de estabilidad jurídica, el CREE debía entenderse como una modificación
adversa del impuesto sobre la renta y no como un nuevo impuesto. Por otra parte, debate
que el a quo negara la devolución bajo la consideración de que no procedía la aplicación
analógica del ordinal 3.° del artículo 207-2 del ET, puesto que ese no era el sustento para
el reembolso sino la declaración y pago de un impuesto del que no era sujeto pasivo por
causa del contrato de estabilidad normativa. Concluye señalando que avalar su sujeción
pasiva al CREE y negar el reintegro reduce el beneficio por el que contrató la estabilidad
normativa, i.e. la exención de impuestos para las rentas hoteleras.

Al tenor de esas alegaciones, es pertinente indicar que no existen en el plenario debates
relacionados con circunstancias de hecho, toda vez que está plenamente demostrado y
no se discute que (i) el 11 de abril de 2008, la demandante suscribió con la nación,
MINCIT el Contrato de Estabilidad Jurídica nro. EJ-07; y que (ii) en ese negocio jurídico
la nación se comprometió a que durante un plazo de veinte años le mantendría a la
demandante la aplicación del texto que para la fecha de la suscripción del contrato tenían,
entre otras normas, los artículos 5.°, 20, 24 a 26, 67 a 69, 75, 80, 90, 107, 115, 117, 125

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a 125-4, 126-1, 147, 158-1 a 158-3, 178, 179, 188, 189, 191 (ordinal 13), 193, 207-2
(ordinal 3.°) y 240 del ET, los cuales se ocupaban de regular la sujeción pasiva de las
entidades extranjeras al impuesto sobre la renta y complementarios, las operaciones que
componen el procedimiento de depuración de la base gravable del impuesto sobre la
renta, las reglas para la determinación de la renta presuntiva, el beneficio tributario
consistente en una renta exenta por los «servicios hoteleros prestados en nuevos
hoteles» y la tarifa del impuesto sobre la renta (índice 3). En cambio, lo que discuten las
partes es una cuestión de derecho, relativa a si, por efecto del contrato de estabilidad
jurídica suscrito y de su contenido, la demandante no era contribuyente del CREE. En
consecuencia, el pronunciamiento de la Sala se ceñirá a solucionar el referido asunto.

3- Con la Ley 963 de 2005 (norma que sería derogada con la Ley 1607 de 2012), se
establecieron en el ordenamiento jurídico colombiano los «contratos de estabilidad
jurídica» con la finalidad de «promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en
el territorio nacional», para lo cual el Estado garantizaría a los contratantes que, si durante
la vigencia del acuerdo se les modificaba en forma adversa alguna de las normas
identificadas como determinantes de su inversión, tendrían derecho a que se les
continuaran aplicando estas por el término de duración del contrato respectivo. Al efecto,
el artículo 1.° dispuso que «por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de
la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad
autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio
en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa
competente». En línea con lo cual, el artículo 3.° ordenó que en los acuerdos se
identificaran «de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes
realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión».

En cuanto a los contratantes, el artículo 2.° (modificado por el artículo 51 de la Ley 1111
de 2006) dispuso que podrían tener esa condición quienes realizaran inversiones nuevas
o ampliaran las existentes en el territorio nacional por un monto igual o superior a 150.000
UVT (unidades de valor tributario) para desarrollar actividades «turísticas, industriales,
agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de
exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones,
desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de
irrigación y uso eficiente de recursos hídricos» y toda actividad aprobada por el Comité,
conformado según lo previsto en la letra b. del artículo 4.°, salvo las inversiones
extranjeras de portafolio. Adicionalmente, los inversionistas debían pagar una prima a la
nación que, inicialmente, el artículo 5.° fijó en el «uno por ciento (1%) del valor de la
inversión que se realice en cada año», salvo que la inversión previera un periodo
improductivo, en cuyo caso la prima durante ese periodo correspondía a «cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor de la inversión». Esa disposición fue modificada por el
artículo 48 de la Ley 1450 de 2011, que previó que la prima debía definirse con relación
a las normas tributarias que el Gobierno determinara como sujetas de estabilización.

3.1- Al estudiarse la constitucionalidad de la Ley 963 de 2005, la Corte Constitucional en
sentencia C-320 de 2006 (MP: Humberto Sierra Porto) puntualizó que con los contratos
de estabilidad jurídica los inversionistas adquieren un derecho que «consiste en que los
derechos que surjan de las inversiones se rijan por las normas vigentes al momento de
la celebración del contrato de estabilidad jurídica y no por las leyes posteriores que
eventualmente las modifiquen», sin que ello signifique:

La inmodificabilidad de la ley, sino que se les asegura la permanencia, dentro los términos del
acuerdo celebrado con el Estado, de las mismas condiciones legales existentes al momento de la
celebración de aquel, de tal manera que en caso de modificación de dicha normatividad, y el
surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la posibilidad de acudir a

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mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente
se pactó o en últimas a una decisión judicial.

Por tanto, la Corte reconoce que «es posible que se presente la eventual modificación
del régimen de inversiones tenido en cuenta en un contrato de estabilidad jurídica. Pero
su ocurrencia, si bien no impide su eficacia, trae como consecuencia que los
inversionistas puedan acudir a las acciones judiciales que estimen convenientes. De tal
suerte que la incorporación de unas normas legales en un contrato estatal no impide la
posterior modificación de estas por la autoridad competente».

3.2- A partir de esos razonamientos, en lo que respecta a los contratos de estabilidad
jurídica sobre disposiciones tributarias, esta Sección en sentencia del 30 de agosto de
2016 (exp. 18636, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) concluyó que «si se celebra
el contrato de estabilidad jurídica, las partes se obligan a respetar las normas objeto de
estabilización y a acatar las nuevas leyes que no se incluyeron en el pacto. No es un
contrato para no poder cambiar el ordenamiento jurídico, sino un mecanismo que genere
un ambiente de confianza en los inversionistas», quienes en virtud del contrato «no
adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión,
durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De
modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los
inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión al punto que, luego, no les son
oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión»4.

4- A partir de lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si el CREE corresponde a
un nuevo impuesto distinto al impuesto sobre la renta y, como tal, los efectos del contrato
de estabilidad jurídica suscrito por la actora no excluían su sujeción pasiva a ese nuevo
tributo o si, en cambio, las disposiciones del CREE deben considerarse como una
modificación adversa al impuesto sobre la renta que sería inaplicable a la demandante
por la estabilidad jurídica contratada.

4.1- Con el objetivo extrafiscal de «incentivar la creación de empleo y combatir las
consecuencias negativas que representa tener altos niveles de informalidad», mediante
la Ley 1607 de 2012 se buscó disminuir los gravámenes sobre la nómina eliminando los
aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud, SENA e ICBF respecto de
los empleados con salarios de hasta 10 SMLMV y para «sustituir la fuente de la
financiación» de las administradoras de esas contribuciones, se creó el CREE como un
«nuevo impuesto» con la destinación que quedó establecida en el artículo 24 de la Ley
1607 de 2012 y que recae «ya no sobre las nóminas de las empresas, sino sobre las
utilidades obtenidas en un periodo gravable»5.

Como aspecto objetivo del hecho generador del nuevo impuesto se previó «la obtención
de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos
en el año o período gravable … [que] es de un año contado desde el 01 de enero al 31
de diciembre» (artículo 21). Para ello, el artículo 22 (norma que sería modificada por el
artículo 11 de la Ley 1739 de 2014) señala el procedimiento para la depuración de la base
gravable, para lo cual sigue los lineamientos dictados por el artículo 26 del ET relativo al
impuesto sobre la renta, salvo por la limitación de algunas deducciones y rentas exentas.
Asimismo, se previó una base gravable mínima, semejante a la renta presunta que regía
para el impuesto sobre la renta equivalente al 3% del patrimonio líquido del contribuyente
en el último día del año gravable anterior y para su liquidación se remitió a las

4
Ese criterio de decisión ha sido reiterado por la Sala, entre otras, en las sentencias del 26 de julio de 2017 y 15 de marzo de 2018
(exps. 22757 y 22867, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), y 27 de junio 2018 (exp. 23638, CP: Milton Chaves García).
5
Exposición de motivos del Proyecto de ley nro. 166 ante la Cámara, de 2012. Anales del Congreso, viernes, 05 de octubre de 2012,
págs. 47 y 48.

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disposiciones pertinentes del impuesto sobre la renta (i.e. artículos 189 y 193 del ET).

En cuanto a los sujetos pasivos, siendo consecuente con la finalidad declarada para la
adopción del impuesto, se prevé como tal a «las sociedades y personas jurídicas y
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios»,
y a «las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y
establecimientos permanentes», con exclusión de las entidades sin ánimo de lucro, las
sociedades declaradas como zonas francas o que hayan radicado la respectiva solicitud,
y los usuarios sujetos a la tarifa de impuesto sobre la renta establecida en el artículo 240-
1 del ET (artículo 20). Por su parte la tarifa se fijó en el 9% (artículo 23 modificado por el
artículo 17 de la Ley 1739 de 2014). Además, «para dar cabida al tributo», se dispuso «la
reducción en la tarifa del impuesto de renta para sociedades de 33% a 25%» (artículo
240 del ET modificado por el artículo 94 de la Ley 1607 de 2012)6.

4.2- A partir del análisis de los elementos del hecho generador del CREE, la Corte
Constitucional concluyó que corresponde a un tributo «análogo al impuesto sobre la renta
y complementarios»7, en tanto comparte con este el presupuesto de hecho cuya
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, pero precisa que fueron
concebidos por el legislador como «gravámenes diferentes, … [desde] el ámbito
conceptual y de los elementos que los componen como son el sujeto pasivo, la base
gravable, la tarifa y la destinación específica»; y agrega que «en cuanto a las
depuraciones, entre estas, las exclusiones o exenciones de la base gravable del CREE,
no [deben] ser necesariamente iguales al del impuesto sobre la renta y complementarios,
dadas las especialidades que reviste cada uno». (sentencia C-422 de 2016, MP: Jorge
Iván Palacio). Para la Corte, esto fue así hasta la reforma tributaria introducida por la Ley
1819 de 2016, con la cual el legislador optó por «eliminar el CREE y unificarlo con el
impuesto sobre la renta y complementarios» (sentencia C-235 de 2019, MP: José
Fernando Reyes).

En la misma línea de la Corte Constitucional, esta Sección8 ha reconocido que el CREE
fue creado por el legislador como un tributo nuevo al que solo le serían aplicables las
disposiciones del impuesto sobre la renta a las que expresamente se remita la ley. En
concreto, tras analizar la base gravable del CREE, la Sala indicó que se obtiene después
de restar de los ingresos brutos que cumplan con la condición de aumentar el patrimonio
del contribuyente «aquellos factores expresamente autorizados por» el artículo 22 de la
Ley 1607 de 2012 que «identificó con precisión los elementos que componen el
procedimiento de depuración de la base gravable», valiéndose de una remisión expresa
a las disposiciones del impuestos sobre la renta que serían aplicables, «sin que sea válido
afirmar que [las que no se mencionan] deban hacer parte de la base gravable del
impuesto sobre la renta para la equidad, que es un gravamen distinto» (sentencia del 22
de mayo de 2019, exp. 20998, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez). También al excluir
la aplicación de la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta a los casos en que
se incumple el deber formal de declarar el CREE, la Sala expuso que este corresponde
a un nuevo tributo, diferente del impuesto sobre la renta.

5- Habiendo definido que el CREE se instituyó como un nuevo tributo, distinto e
independiente del impuesto sobre la renta, pasa la Sala a establecer si las disposiciones
de ese nuevo impuesto pueden considerarse como una modificación adversa a las
normas del impuesto sobre la renta que estabilizó la actora. Al respecto, la Sala verifica
6
Ibidem, págs. 46 y 64.
7
Asimismo, en la sentencia C-393 de 2016 indicó que era «un tributo semejante al impuesto sobre la renta».
8
Entre otras, en las sentencias del 22 de mayo de 2019 (exp. 20998, CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 24 de mayo de 2018 y 21 de
septiembre de 2023 (exps. 21555 y 27113, CP: Milton Chaves García).

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–y no es objeto de la discusión– que (índice 3): (i) la demandante, quien es la sucursal
en Colombia de una sociedad extranjera, contrató con el MINCIT la estabilidad jurídica
de, entre otras normas, los artículos 5.°, 20, 24 a 26, 67 a 69, 75, 80, 90, 107, 115, 117,
125 a 125-4, 126-1, 147, 158-1 a 158-3, 178, 179, 188, 189, 191 (ordinal 13), 193, 207-2
(ordinal 3.°) y 240 del ET, los cuales se ocupaban de regular la sujeción pasiva de las
entidades extranjeras al impuesto sobre la renta y complementarios, las operaciones que
componen el procedimiento de depuración de la base gravable del impuesto sobre la
renta, las reglas para la determinación de la renta presuntiva, el beneficio tributario
consistente en una renta exenta por los «servicios hoteleros prestados en nuevos
hoteles» y la tarifa del impuesto sobre la renta. (ii) Para el año gravable 2014, la actora
pagó el CREE, así: (a) los días 20 de marzo y mayo y 17 de julio de 2014, pagó las
autorretenciones declaradas respecto de los periodos 2.°, 4.° y 6.° de 2014, por
$34.574.000, $31.730.000 y $33.135.000, respectivamente. Asimismo, el 23 de abril de
2015, declaró el CREE y la sobretasa por el año gravable 2014 y pagó $986.840.000. (iii)
Los días 04 de marzo, 25 y 26 de abril y 20 de junio de 2019, la demandante pidió a la
autoridad tributaria el reintegro de esos valores argumentando que no era contribuyente
del CREE por haber contratado la aplicación estable de las normas del impuesto sobre
la renta, entre estas, el ordinal 3.° del artículo 207-2 del ET que le daba derecho a una
renta exenta por la prestación de servicios hoteleros. (iv) Con los actos demandados, la
administración negó ese reembolso basándose en las consideraciones expuestas en el
Oficio 900707, del 13 de enero de 2016. Así, aunque admitió que para la devolución por
pagos de lo no debido no se requería corregir las declaraciones, consideró que era
improcedente el reintegro solicitado, ya que existió una causa legal para el pago al
configurarse el hecho generador del CREE, pues los contratos de estabilidad jurídica
sobre las normas del impuesto sobre la renta no tenían efectos para ese nuevo impuesto
que fue creado con una destinación específica.

6- Ese fundamento de la Administración para negar el reintegro solicitado por la actora
se comparte por la Sala pues, aunque el CREE y el impuesto sobre la renta recaigan
sobre la misma materia imponible (i.e. la renta), como se vio corresponden a dos
impuestos diferentes e independientes. Así porque el CREE no se previó por el legislador
como una modificación al impuesto sobre la renta, sino que fue creado como un nuevo
tributo, con la finalidad extrafiscal y con los elementos propios descritos en el fundamento
jurídico nro. 4.1 de esta providencia. Por tanto, en criterio de la Sala, el contrato de
estabilidad jurídica suscrito por la contribuyente respecto a las normas del impuesto sobre
la renta no excluye su sujeción pasiva al CREE que al ser un impuesto distinto no podría
considerarse como una modificación adversa de aquel. Por la misma razón, la
desgravación dispuesta para las rentas hoteleras percibidas por la actora (ordinal 3.° del
artículo 207-2 del ET) no se extendió al CREE, y tampoco su regulación se remitió
expresamente a esa exoneración.

En definitiva, como se establece que la estabilidad contratada para las normas del
impuesto sobre la renta no tiene efectos para el CREE, se concluye que las rentas
percibidas por la actora en el periodo de la litis estaban gravadas con el impuesto y las
sumas cuyo reintegro solicitó eran un pago de lo que debía como contribuyente de este
impuesto. Por consiguiente, no prospera el cargo de apelación.

7- Definido lo anterior corresponde establecer si, como lo señala la apelante única, la
demandada contravino la prohibición de retroactividad en materia tributaria al negar el
reintegro solicitado con sustento en la doctrina oficial expuesta en el Oficio 900707, del
13 de enero de 2016, el cual no había sido expedido para la época de los hechos, siendo
que la propia Administración en la Circular 175 de 2001 admitió que su doctrina oficial se
aplicaría hacia el futuro.

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En torno al asunto objeto de la litis, el artículo 363 de la Constitución expresamente
proscribe los efectos retroactivos de los textos normativos de contenido tributario; y, en
esa misma línea, el inciso final del artículo 338 dispone que las disposiciones referidas a
tributos cuya «base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo». Esa regla de aplicación en
el tiempo rige para los dispositivos normativos sobre tributos, más no para las
interpretaciones jurídicas que sean incorporadas por la autoridad tributaria en conceptos
u oficios. Esto porque pese a que la doctrina oficial goza de relevancia como fuente del
derecho al anticipar los criterios con los que la Administración ejercerá sus potestades de
gestión tributaria, su alcance se concreta en una aplicación de los mandatos
constitucionales, legales y reglamentarios que, en todo caso, son las fuentes jurídicas
vinculantes y respecto de las que se aplica la prohibición constitucional de retroactividad
(sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 23335, CP: Julio Roberto Piza).

En el caso analizado, se constata que la demandada sustentó su decisión en las
disposiciones normativas que adoptaron el CREE como un impuesto diferente al
impuesto sobre la renta, el cual ya estaba vigente para el periodo gravable en el que se
efectuó el pago por la demandante. Entonces, por invocar el análisis jurídico que había
expuesto en el Oficio 900707, del 13 de enero de 2016 para concluir que los efectos de
los contratos de estabilidad normativa suscritos respecto del impuesto sobre la renta no
se proyectaban a ese nuevo tributo, la demandada no desconoció la irretroactividad de
las normas tributarias, sino que decidió el caso con la misma interpretación jurídica que
había anticipado a los administrados desde la expedición de ese oficio. No prospera el
cargo de apelación.

8- De otra parte, para el tribunal las causales de rechazo dispuestas en el artículo 857
del ET se refieren a aspectos formales de la solicitud, por tanto, avaló que la decisión
tomada por la Administración fuera la de «negar» la petición de reintegro, porque
incumplía un requisito sustancial, i.e. la inexistencia de un pago indebido que debiera
reembolsarse. A esa decisión se opone la apelante única, quien insiste en que las únicas
razones para negar el reembolso solicitado eran las causales previstas de forma taxativa
en el artículo 857 ibidem. Por ende, sostiene que para ese efecto era improcedente el
fundamento expuesto por la demandada sobre el deber de acreditar que las sumas cuya
devolución se pide fueron sufragadas sin causa legal.

A partir de esos razonamientos, le corresponde a la Sala definir si la decisión de negar
las solicitudes de devolución por pago de lo no debido se debía sustentar en las causales
taxativamente señaladas en el artículo 857 del ET, o si en cambio, era procedente que la
autoridad tributaria fundara su decisión en la existencia de una causa legal para el pago.

8.1- El artículo 850 del ET le impone a la Administración el deber de «devolver
oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos
hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que
fuere el concepto del pago». Para ello, quien esté interesado en obtener del Fisco la
devolución de una suma pagada sin causa legal debe observar los trámites y
formalidades que ordena la ley. En ese sentido, el mismo artículo 850 ibidem precisa que
el reintegro de pagos indebidos está sujeto al «procedimiento que se aplica para las
devoluciones de los saldos a favor», el cual, para la época de las solicitudes de
devolución, estaba descrito en ese y los artículos siguientes del ET reglamentados
mediante el Decreto 2277 de 2012.

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En particular, las normas procedimentales exigen que se presente una solicitud de
devolución acompañada de los medios probatorios idóneos para demostrar ante la
Administración la procedencia del reembolso pretendido, v.gr., para lo cual, corresponde
indicar el «número y fecha de los recibos de pago correspondientes» (parágrafo del
artículo 16 del Decreto 2277 de 2012, compilado en el artículo 1.6.1.21.27 del DUR,
Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria), así como exhibir «los
registros contables… soportes» (artículo 9.º ibidem, compilado en el artículo 1.6.1.21.20
del DUR) y demás documentos que otorguen certeza de que el sujeto efectuó un pago
sin estar obligado a hacerlo o estando obligado a una cuantía inferior. Así pues, serán
dos las cuestiones objeto de comprobación: en primer lugar, el pago efectivo; y, en
segundo lugar, el defecto de obligación de pago (i.e., la inexistencia de la obligación
tributaria o su existencia por una suma menor)9.

Adicionalmente, el artículo 857 del ET enlista los eventos en que las solicitudes de
devolución se inadmitirán o se rechazarán de forma definitiva. En concreto, las causales
de rechazo son, entre otras, que la petición se formule extemporáneamente, que el saldo
que se solicita ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior, y
que dentro del término de la investigación previa de la solicitud, como resultado de la
corrección de la declaración se genere un saldo a pagar.

8.2- Conforme a los fundamentos jurídicos expuestos, para la Sala si bien el artículo 857
del ET dispone de forma taxativa las causales a partir de las cuales la autoridad tributaria
puede rechazar las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes, ello no
es óbice para que en el marco de sus facultades revise las cuestiones sustanciales que
fundamentan la petición, esto es, el pago efectivo y la inexistencia de la obligación
tributaria o su existencia por una suma menor (fallo del 07 de diciembre de 2023 citado).

En ese orden de ideas, a juicio de esta Sección le correspondía a la contribuyente
demostrar que los pagos que efectuó fueron indebidos, para lo cual debía acreditar el
argumento sustancial en torno al cual se forjaron las solicitudes de devolución de la litis,
señaladamente que no estaba sujeta al CREE en virtud de la estabilidad contratada para
las normas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, tal como se concluyó en esta
providencia los efectos de ese acuerdo no se extendían al CREE, con lo cual la actora sí
estaba sujeta a ese tributo y las sumas que solicitó en devolución correspondieron un
pago de lo que debía por ese impuesto, incumpliéndose el supuesto para la devolución,
pues en los términos del artículo 16 del Decreto 2277 de 2012 (compilado en el artículo
1.6.1.21.27 del DUR) «habrá lugar a la devolución y/o compensación de los pagos
efectuados a favor de la DIAN sin que exista causa legal para hacer exigible su
cumplimiento». No prospera el cargo de apelación.

9- En vista de que se descartó la procedencia de la devolución de los pagos reclamados,
por haberse concluido la existencia de una causa legal para realizarlos, la Sala se releva
de ocuparse de los cargos de apelación formulados por la actora acerca de la
procedencia de los intereses corrientes, moratorios y legales. No prospera el cargo de
apelación.

Conclusión

10- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
la presente providencia que los contratos de estabilidad jurídica que tuvieron como objeto
las normas del impuesto sobre la renta no surten efectos respecto al CREE en la medida
en que corresponde a un impuesto nuevo y distinto de aquel. Por otra parte, se concluye
9
Fallo del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson Ramos Girón).

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que la prohibición de la retroactividad se predica de los textos normativos que no de las
interpretaciones expuestas por la autoridad de impuestos en los conceptos u oficios.
Finalmente, se reitera que, si bien el artículo 857 del ET dispone de forma taxativa las
causales para rechazar las solicitudes de devolución de los contribuyentes, ello no es
óbice para que se revisen las cuestiones sustanciales que fundamentan la petición, en
concreto, el pago efectivo y la inexistencia de una causa legal para el pago o su existencia
por una suma menor.

Con arreglo a esas pautas, la Sala confirmara la sentencia apelada porque quedó
acreditado que el reintegro que pidió la demandante fue respecto de pagos que tenían
una causa legal, i.e. su sujeción pasiva al CREE, de manera que no procede su rembolso.

Costas

11- Acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido por esta
Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

3. Reconocer personería a Laura Marcela Rincón Vega como apoderada de la
demandada conforme al poder conferido (índice 14).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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