Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00558-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00558-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00558-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
8 de agosto de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00558-01 (28095)
Demandante: Nikoil Energy Corp Sucursal Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento de derechos
Radicación 25000-23-37-000-2020-00558-01 (28095)
Demandante NIKOIL ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Sanción por no declarar el impuesto sobre la renta para la
equidad– CREE año 2014. Competencia funcional de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Nikoil
Energy Corp. Sucursal Colombia contra la Unidad Administrativa Especial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – U.A.E. DIAN, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
(…) 1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia presentó, el 21 de abril de 2015, la
autoliquidación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable
2014, liquidando saldo a pagar, sin embargo la DIAN declaró como no presentada
ese denuncio privado al no realizar el pago del tributo.
Mediante Resolución Nro. 000076 del 1 de diciembre de 2016, la Administración
tributaria excluyó a la demandante de la calificación de Gran Contribuyente.
La División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes
expidió el Emplazamiento para Declarar Nro. 900039 del 18 de julio de 2018, por
medio del cual requirió a la sociedad actora a presentar la declaración de CREE del
año 2014.
El 05 de abril de 2019, la División de Gestión Liquidación de la misma
Administración de Grandes Contribuyentes expidió la Resolución Nro. 900009, en
la cual impuso sanción a la demandante por no declarar CREE.
Esta decisión fue recurrida por parte del demandante y confirmada mediante la
Resolución Nro. 2344 de 8 de abril de 2020.
1 Samai, índice 2, pagina 15, PDF de la Sentencia.
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Demandante: Nikoil Energy Corp Sucursal Colombia
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló
las siguientes pretensiones2:
“A. Que se declare la nulidad total del siguiente acto administrativo:
El acto administrativo por el cual la DIAN profirió sanción por no declarar impuesto sobre la
renta para la equidad del año gravable 2014, acto administrativo contenido en las siguientes
resoluciones:
1. Resolución Sanción por no declarar No. 900009 del 5 de abril de 2019 expedido por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de impuestos de Grandes
Contribuyentes
2. Resolución que resolvió el recurso de reconsideración No. 2344 del 8 de abril de 2020
expedido por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
B. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que Nikoil Energy Corp. Sucursal
Colombia no está obligada ni estuvo (sic) a pagar suma alguna en favor de la DIAN con
base en los actos administrativos anulados.
C. Condene en costas (incluidas las agencias en derecho) a la DIAN de conformidad con el
contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364 365 y 366 del Código
General del Proceso y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del
Acuerdo 1887 de 2003.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 6, 29,122
y 123 de la Constitución Política, 730 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 1607 de
2012, el Decreto 4048 de 2008 y las Resoluciones Nro. 07 y 09 de 2008 expedidas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El concepto de la violación se
resume así:
1. Competencia de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes
Afirmó que, para el momento en el cual se expidieron los actos administrativos, la
demandante no contaba con la calificación de gran contribuyente, por lo cual
consideró que las decisiones demandadas adolecen del vicio de falta de
competencia.
Señaló que el artículo 6 de la Constitución consagra el principio de legalidad, el cual
establece que los servidores públicos solamente pueden hacer lo que está
expresamente permitido, lo cual se refuerza por los límites a la competencia de los
funcionarios públicos previstos en los artículos 122 y 123 ibidem3.
Por lo anterior, el legislador consagró en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de
2011, la causal de nulidad por incompetencia de la entidad o del funcionario que
profiera un acto 4 , en similares términos que el numeral 1º del artículo 730 del
Estatuto Tributario.
2 Samai del Tribunal, Índice 1, página 3 del PDF de la demanda.
3 Citó las sentencias de la Corte Constitucional C 893 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y de la Corte
Suprema de Justicia, del 12 de agosto de 1982, Nro. 61, M.P. Manuel Gaona Cruz.
4 Frente a ese tema citó la sentencia del Consejo de Estado, del 19 de septiembre de 2016, exp. 47693m sin
referir información adicional.
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Según el actor esta causal también se puede presentar cuando en la misma
institución se pronuncia un funcionario usurpando las competencias de otro5.
Para el caso concreto, precisó que la competencia sobre grandes contribuyentes es
privativa, de conformidad con el artículo 562 del Estatuto Tributario; el Decreto 4048
de 2008; las Resoluciones 0007 y 009 de 2008; y 7234 de 2009.
Por lo anterior, sostuvo que la Administración de Grandes Contribuyentes no tiene
competencia alguna para pronunciarse sobre casos de contribuyentes que no
tengan dicha calidad y si llegase a ocurrir dicha actuación se torna en nula.
Por medio de la Resolución Nro. 76 de 2016, la DIAN identificó a los grandes
contribuyentes para los años 2017 y 2018 y excluyó de esta categoría a la actora.
Este acto fue expedido de forma previa a las resoluciones demandadas, por lo que
era el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, quien debió imponer la sanción. Además, en los años 2019 y
2020, la sociedad tampoco obtuvo dicha calificación.
Reprochó que la demandada considerara que “la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes conserva la competencia respecto de las declaraciones presentadas ante
ésta”, debido a que la calificación se adquiere a partir de la vigencia de la resolución
que califica los grandes contribuyentes y durante el tiempo que tal calidad se
mantenga.
En este caso la Administración profirió el emplazamiento para declarar el18 de julio
de 2018 y la Resolución Sanción el 5 de abril de 2019, fechas en la cual la sociedad
no tenía la calidad de gran contribuyente y, por tanto, la Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes no era competente.
Señaló que las funciones de la Seccional de Grandes Contribuyentes no se asocian
a vigencias fiscales, sino al marco temporal de la calificación, por lo que solo es
competente para adelantar actuaciones durante el término en cual el contribuyente
ostente esta calidad.
Finalmente, destacó que era improcedente aplicar las regulaciones por cambio de
domicilio fiscal, porque esto no ocurrió.
2. Sanción por no declarar CREE
Cuestionó que la DIAN se remitiera a la sanción establecida del numeral 1 del
artículo 643 del Estatuto Tributario, la cual hace referencia a la omisión del deber
de declarar el impuesto sobre la renta y complementarios, debido a que la actuación
afectó los principios de legalidad y tipicidad ya que en el ordenamiento no hay
sanción por no declarar CREE6.
Puso de presente que es improcedente imponer una sanción que no se encuentra
establecida en el ordenamiento previamente a la comisión del hecho. En este caso,
la Ley 1607 de 2012, mediante la cual se adoptó el CREE, nada dijo sobre sobre la
consecuencia por no declarar este impuesto.
Precisó que, si bien la mentada norma contempló una remisión a las disposiciones
del Estatuto Tributario referentes a la renta, lo cierto es que no existen sanciones
5 Citó sentencia del Consejo de Estado, sin embargo no indicó información de referencia. También hizo
referencia a la sentencia de la Corte Constitucional T 1082 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
6 Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional C-690 de 1996 y C-412 de 2015
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preestablecidas para CREE, por lo que no es posible su imposición, considerando
que, como lo ha señalado la misma DIAN en su doctrina7, se tratan de dos tributos
diferentes.
Oposición a la demanda
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales controvirtió las pretensiones de
la demanda con los siguientes argumentos8:
Sobre el primer cargo, explicó que el artículo 1 del Decreto 1742 de 2020 establece
que le corresponde a la DIAN la administración de los impuestos, esta competencia
se distribuye territorialmente a las Direcciones Seccionales sobre los contribuyentes
que tengan su domicilio principal en sus jurisdicciones.
Señaló que el principio de independencia de los períodos fiscales establece que los
procesos de determinación y sancionatorios deben ser de conocimiento de la
Dirección Seccional en la cual el contribuyente presentó las declaraciones o debió
cumplir con sus obligaciones tributarias.
Precisó que el numeral 5 del artículo 3 de la Resolución Nro. 0007 de 2008 dispone
que la competencia de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes recae
sobre aquellos que ostentaban la clasificación de grandes contribuyentes.
Planteó que la Resolución Nro. 000041 de 2014 calificó como gran contribuyente a
Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia, condición que ostentó hasta la expedición
de la Resolución Nro. 000076 del 2016. En consecuencia, a la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes le correspondía expedir los actos
relacionados con la omisión de la actora de presentar la declaración de CREE del
año gravable 2014.
Resaltó que la sociedad presentó la declaración de CREE del año 2014 el 21 de
abril de 2015, momento para el cual era gran contribuyente, sin embargo, no efectuó
el pago correspondiente, por lo cual el denuncio privado se tuvo como no
presentado en los términos del artículo 27 de la Ley 1607 de 2012.
Referente al segundo cargo, puso de presente que la Ley 1607 de 2012 creó el
impuesto sobre la renta para la equidad CREE y autorizó en su artículo 26 la
aplicación de sanciones contempladas en el Estatuto Tributario que sean
compatibles con la naturaleza del impuesto.
Explicó que - la Corte Constitucional en sentencia C-393 de 2016 indicó que el
CREE es semejante a la renta, la DIAN contaba con autorización legal para imponer
la sanción del artículo 643 del Estatuto Tributario.
Así las cosas, no se trataba de una interpretación analógica de la sanción, sino de
la aplicación de una norma.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas9.
7 Al respecto citó el concepto Nro. 100208221-000018 del 13 de enero del año 2016.
8 Samai, índice 2, PDF de la oposición
9 Samai, índice 2, PDF de la sentencia
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Hizo referencia a la Resolución Nro. 0007 de 2008 para explicar la competencia de
la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes en las investigaciones tributarias
y planteó que para el año 2014, la demandante se encontraba calificada como Gran
Contribuyente, por lo cual le correspondía a esa dirección adelantar la fiscalización
a la demandante.
En consecuencia, descartó el argumento de la demandante, según el cual la
Dirección Seccional de Bogotá era competente para imponer la sanción y señaló
que la facultad para adelantar las investigaciones tributarias atiende a la calificación
del contribuyente en el año en el cual se realizaron los hechos económicos objeto
de control, por lo que la eliminación o modificación de esa categoría no tiene
relevancia.
Puso de presente que la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta se
establece por medio del artículo 643 del Estatuto Tributario y precisó que el
postulado no hace referencia al CREE. Sin embargo, el artículo 26 de la Ley 1607
de 2012 confirió competencia a la DIAN para adelantar acciones de investigación,
determinación, control, discusión, devolución, cobro y aplicación de sanciones
contempladas en el Estatuto Tributario con el fin de llevar a cabo el recaudo y
administración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
De conformidad con lo anterior concluyó que son aplicables las normas de carácter
sancionatorio contempladas en el Estatuto Tributario, entre ellas, la de no declarar.
Finalmente, refirió que, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1607 de 2012, las
autoliquidaciones de CREE surtirán efectos siempre que se realice el pago
correspondiente antes del vencimiento del plazo para declarar, por lo cual al
haberse presentado el denuncio privado sin pago en el año 2014 resultaba
procedente la aplicación de la sanción impuesta por la demandada.
Se abstuvo de condenar en costas al no encontrarse causadas ni demostradas.
Recurso de apelación
La parte demandante presentó escrito de apelación, con fundamento en los
siguiente argumentos10.
Reprochó que el a quo omitiera el análisis del numeral 1 del artículo 1 de la
Resolución Nro. 0007 de 2008 al determinar la competencia de la Dirección
Seccional de Impuesto de Bogotá, para adelantar la investigación tributaria, debido
a que el criterio fundamental es el domicilio del contribuyente.
Así las cosas, no es cierto que el criterio funcional corresponda a la Dirección
Seccional frente a la que se debía presentar o se presentó la declaración privada.
También aclaró que la demandante se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá
y refirió que la competencia en materia de impuestos depende de si la entidad es
catalogada como gran contribuyente o no.
Señaló que las normas que fijan la competencia de una autoridad administrativa son
de orden público y de obligatorio cumplimiento, porque tienen como propósito
salvaguardar el derecho de defensa y el de acceso a la administración de justicia.
10 Samai, índice 2, PDF recurso de apelación.
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Ejemplificó el caso de una compañía domiciliada en Bogotá que deja de ser gran
contribuyente y luego cambia su domicilio a otra ciudad, donde la competencia no
puede seguir siendo de la Seccional de Grandes Contribuyentes sino de la
Seccional del nuevo domicilio.
En el caso concreto, para la época de los hechos, la demandante estaba catalogada
como gran contribuyente y al perder tal calidad en el año 2016, la competencia para
efectos tributarios inmediatamente pasaba a la Seccional de Impuestos de Bogotá,
en razón a que el factor que determina la competencia es el lugar del domicilio.
También planteó la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad al aplicar
una sanción por no declarar CREE, la cual no existe. La imposición de la sanción
señalada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, violarían los principios
constitucionales, debido a que la Ley 1607 de 2012 no contempló la sanción por no
declarar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
Aclaró que en el artículo 26 de la referida ley solamente se asigna la competencia
de administración del tributo, pero no se establece que las sanciones aplicables
sobre este impuesto sean las del Estatuto Tributario, por lo que no se puede imponer
sanción por no declarar a la parte actora.
Oposición a la apelación
La demandada no se pronunció al respecto.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público11 solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, teniendo en cuenta el precedente que sobre la materia ha definido el
Consejo de Estado12.
Consideró que si bien la Ley 1607 de 2012 remite al Estatuto Tributario, no es una
remisión abierta que desconozca los principios de legalidad y tipicidad, pues en
materia de sanciones la interpretación es restrictiva.
De acuerdo con lo expuesto concluyó que la sanción impuesta en el caso de autos
es improcedente porque corresponde a una conducta no tipificada en la ley.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. 900009
del 5 de abril de 2019 y 2344 del 8 de abril de 2020, por medio de las cuales se
impone sanción por no declarar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE,
por el año gravable 2014.
De conformidad con lo anterior, se estudiará si: i) La Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes era competente para expedir los actos demandados, y ii)
resulta procedente la aplicación de la sanción por no declarar CREE.
11 Samai, índice 12
12 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de septiembre de 2023, exp.27113, C.P: Milton
Chaves García.
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1. Competencia de la Dirección de Impuestos de Grandes Contribuyentes
Se pone de presente que la Sala 13 se ha pronunciado frente a la competencia
funcional de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, razón
por la cual se reitera lo pertinente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 23 artículo 6 del Decreto 4048 de
2008, la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales fijo la competencia
funcional y territorial de las direcciones seccionales en la Resolución Nro. 0007 de
2008, señalando en el numeral 1 del artículo 1:
“La competencia para la administración de los impuestos será ejercida por las Direcciones
Seccionales de Impuestos y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, con
competencia tributaria en el lugar donde se encuentren domiciliados los contribuyentes,
responsables, agentes de retención, declarantes en general y terceros, de conformidad con lo
dispuesto en la presente resolución y comprende su recaudación, fiscalización, liquidación,
sanción, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.”
Por su parte, la Resolución Nro. 6 de 2019 estableció un régimen de transición, el
cual consiste en que en el evento que “alguno de los contribuyentes responsables o agentes
retenedores que perteneciendo a la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá sea clasificado
como Gran Contribuyente, a partir de la entrada en vigencia de la respectiva resolución, la
competencia para efectos tributarios corresponderá a la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes”. No obstante, si la Seccional de Bogotá, previo a la entrada en
vigencia de dicho acto había expedido autos de apertura “seguirá y culminará los
procesos de investigación, determinación y discusión”.
Sin embargo, como lo ha mencionado la Sala: “se advierte que la mencionada regla
especial, no sería la aplicable al sub lite. Primero, porque solo reguló la competencia cuando se
adquiere la calidad de gran contribuyente, mas no la situación contraria, esto es, cuando el
contribuyente pierde la calidad de gran contribuyente. Segundo, porque su vigencia no cubre ni los
períodos de las obligaciones tributarias reclamadas por la demandada (…). Con todo, debe
destacarse que tal regla constituye la única regulación que ha sido positivizada en materia de
competencia cuando sobrevienen cambios en la calificación del sujeto pasivo.” 14
De igual forma, la Sección se ha referido respecto del factor temporal de la siguiente
forma: “[L]a potestad de gestión administrativa tributaria debe establecerse atendiendo las
calidades del sujeto pasivo de la obligación respectiva. En este orden, cuando se adelante un
procedimiento de aforo, en razón del cual se imponga una sanción por no declarar a un contribuyente
domiciliado en Bogotá que no ha sido clasificado como gran contribuyente, y el emplazamiento para
declarar sea proferido por la dirección seccional de esa jurisdicción, se habrán honrado las reglas de
competencia territorial establecidas en la normativa tributaria”
De acuerdo con lo planteado, es posible señalar que los criterios para establecer la
Dirección Seccional competente corresponden al factor territorial, las calidades
tributarias del contribuyente y el período omitido u objeto de investigación, salvo que
exista una regla especial que disponga algo diferente. Por lo tanto, la competencia
de la dirección seccional respectiva corresponderá a un factor subjetivo (si el sujeto
detenta o no la calidad de gran contribuyente), territorial (domicilio fiscal) del
administrado y temporal que corresponde al período de la obligación que se está
determinando.
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 18 de julio de 2024 exp.28059, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello y del 07 de marzo de 2024, exp.28026, C.P. Wilson Ramos Girón. En este último proceso
se reiteraron los precedentes del 3 y 24 de junio de 2021 (exps.24898 y 24966, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto), del 10 de noviembre de 2022 (exp.25971 CP Julio Roberto Piza).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de marzo de 2024, exp.28026 C.P. Wilson Ramos Girón
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En este caso, no es objeto de discusión que mediante la Resolución Nro. 041 de
2014, la DIAN calificó a la demandante como gran contribuyente y posteriormente,
por medio de la Resolución Nro. 076 de 2016, la actora fue excluida de esa calidad
(la cual ostentó por los años 2014 y 2015), por lo cual, a la fecha de expedición del
requerimiento para declarar y los actos demandados (2018 a 2020) ya no tenía esa
condición.
Así las cosas, como la controversia surge por la omisión en la presentación de la
declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable
2014, obligación que correspondía a un período en el cual la demandante detentaba
la calidad de gran contribuyente, resultaba procedente que la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes emitiera los actos demandados.
Por lo expuesto, no procede este cargo de apelación.
2. Sanción por no declarar CREE
Frente a la procedencia de la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta
para la equidad CREE la Sala reitera los criterios plasmados al respecto15.
Según el principio de legalidad, para sancionar a un contribuyente se requiere que
la conducta infractora y la sanción se describan de forma precisa y previa en la Ley.
Al respecto, la Corte Constitucional16 se ha referido al principio de legalidad en los
siguientes términos:
“El principio de legalidad exige que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio la
falta o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con anterioridad
a los hechos materia de la investigación-lex previa. En materia de derecho sancionatorio el
principio de legalidad comprende una doble garantía, a saber: material, que se refiere a la
predeterminación normativa de las conductas infractoras y las sanciones; y, formal,
relacionada con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango
de ley, la cual podrá hacer remisión a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden
determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica.
Esto se desprende del contenido dispositivo del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución
Política que establece el principio de legalidad, al disponer que “nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa (…)”, es decir, que no existe pena o
sanción si no hay ley que determine la legalidad de dicha actuación, ya sea por acción u
omisión.” (Resaltado de la Sala)
Ahora bien, la Ley 1607 de 2012 creó el impuesto sobre la renta para la equidad
CREE y en su artículo 26 facultó a la DIAN para acudir al Estatuto Tributario en el
siguiente sentido:
“Artículo 26. Administración y recaudo. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el recaudo y la administración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) a que se refiere este capítulo, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el
Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro
de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en
el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto.” (Resaltado de la Sala)
Al respecto se pone de presente que pese a las similitudes entre los dos impuestos
son tributos diferentes. Así lo reconoció la Corte Constitucional17 al señalar que “si
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de septiembre de 2023, exp.27113, reiterada en
sentencia del 18 de julio de 2024, exp.27989, ambas con ponencia del consejero Milton Chaves García
16 Sentencia de la Corte Constitucional C 412 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-422 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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bien el CREE es análogo al impuesto sobre la renta y complementarios, en definitiva son gravámenes
diferentes como lo determinó el propio legislador a partir del ámbito conceptual y de los elementos
que los componen como son el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa y la destinación específica,
por lo que las exenciones establecidas para uno no necesariamente deben extenderse al otro”.
A esto se suma que la autorización legal no implica que la Administración de
Impuestos pueda aplicar cualquier sanción prevista en el Estatuto Tributario,
considerando que como lo ha señalado la Sala 18 : “en materia de sanciones, la
interpretación es restrictiva a los supuestos fácticos que se establecen como conductas sancionables
sin que proceda su aplicación por analogía.”
Por su parte, el artículo 643 del Estatuto Tributario, fundamento de la actuación de
la Administración tributaria, (vigente para la época de los hechos) disponía:
“Artículo 643. La sanción por no declarar será equivalente:
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o
ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración
por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento
(20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el
que fuere superior.
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, al
diez por ciento (10%) de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste
en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda
la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren
en la última declaración de ventas presentada, el que fuere superior.
3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por ciento
(10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento,
que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no
presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última
declaración de retenciones presentada, el que fuere superior.
4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, la sanción
por no declarar será equivalente a cinco (5) veces el valor del impuesto que ha debido
pagarse.
(…).”
De acuerdo con lo anterior, y considerando que la sanción por no declarar no fue
regulada frente al CREE, era improcedente que la DIAN sancionara a la sociedad
con fundamento en una norma que carece de la conducta sancionable por el
impuesto en mención, “habida cuenta que al ser una sanción de carácter restrictivo no puede
aplicarse por analogía a otros impuestos por más similitudes que tengan”.
Se trata, entonces, de una conducta no consagrada por el legislador como sanción,
por lo que la actuación de la Administración desconoció los principios de legalidad
y tipicidad, razón por la cual se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se
anularán los actos demandados.
Como restablecimiento del derecho se declarará que la demandante al no ser sujeto
de la imposición de la sanción por no declarar ante la falta de la norma aplicable, no
está obligada a pagar la suma determinada en los actos que se anulan.
18 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de septiembre de 2023, exp.27113, C.P. Milton
Chaves García.
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00558-01 (28095)
Demandante: Nikoil Energy Corp Sucursal Colombia
La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no fue demostrada su
causación según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
“1. Declarar la nulidad de las Resoluciones Nro. 900009 del 5 de abril de 2019 y 2344 del
8 de abril de 2020, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
medio de las cuales se impone sanción por no declarar el Impuesto sobre la renta para
la equidad CREE, por el año gravable 2014.
2. A título de restablecimiento del derecho, se declara que Nikoil Energy Corp. Sucursal
Colombia no está obligada al pago de la suma por concepto de sanción por no declarar
el impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014.”
2. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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