Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00566-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2020-00566-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00566-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00566-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante YEZID AUGUSTO AROCHA ALARCÓN
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año 2015. Sanción por no enviar
información. Principios de lesividad y proporcionalidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió:
PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión n°.
322412019000251 emitida el 8 de julio de 2019 por la División de Gestión de Liquidación de
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y la Resolución n°. 992232020000110 emitida
el 12 de julio de 2020 por Dirección de Gestión Jurídica de la Dian, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión n°.
322412019000251 emitida el 8 de julio de 2019, confirmándola, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, fijar la sanción por no suministrar
información dentro del plazo establecido para ello a cargo del contribuyente Yezid Augusto
Arocha Alarcón en la suma de $39.512.820, de conformidad con la liquidación realizada por
este Tribunal.
TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia […]1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 14 de octubre de 2016 Yezid Augusto Arocha Alarcón presentó la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al período gravable
2015, liquidando un saldo a pagar.2
El 25 de septiembre de 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) expidió el requerimiento ordinario 3223920170015993, a través del cual le
solicitó al señor Arocha información y soportes relacionados con la declaración
anterior. Transcurrido el término otorgado en el requerimiento (15 días calendario),
no se suministró la información.
El 10 de octubre de 2018, la DIAN profirió el requerimiento especial
3223920180001204, en el que propuso modificar la declaración de renta de 2015,
1
Samai Tribunal, índice 33.
2
Folio 13, Caa.
3
Folio 29, Caa.
4
Folio 65, Caa.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
rechazando la totalidad de deudas, la deducción de los intereses pagados por
vivienda, otros costos y deducciones, los aportes obligatorios al fondo de pensión y
a cuentas AFC, la renta exenta del 25% de los pagos laborales y otras rentas
exentas.
Como consecuencia de lo anterior, liquidó un mayor impuesto sobre la renta líquida,
rechazó las retenciones que le practicaron, aumentando así el saldo a pagar. La
Administración también liquidó sanciones por inexactitud y por no enviar
información, esta última a la tarifa del 5%, de acuerdo con el literal a) del numeral 1
del artículo 651 del Estatuto Tributario5.
El 10 de enero de 2019, el contribuyente dio respuesta al requerimiento especial,
anexando varios soportes6. El 8 de julio de 2019, la DIAN expidió la liquidación oficial
de revisión 3224120190002517, a través de la cual redujo los montos rechazados por
concepto de aportes obligatorios al fondo de pensión, renta exenta del 25% de los
pagos laborales y las retenciones que le practicaron. Mantuvo la eliminación de
otras rentas exentas y aceptó todos los demás valores originalmente declarados.
Reliquidó el impuesto a pagar y la sanción por inexactitud en concordancia con lo
anterior, pero mantuvo la sanción por no enviar información en la misma suma.
Previa interposición del recurso de reconsideración8, la DIAN expidió la resolución
992232020000110 del 12 de julio de 20209, en la que confirmó en su integridad la
liquidación oficial.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones10:
PRINCIPALES
PRIMERA. Que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos emitidos en
contra del Demandante, que conforman la actuación administrativa en virtud de la cual la DIAN
modificó la declaración de renta presentada por el demandante para el año gravable 2015,
impuso sanción por inexactitud y sanción por no enviar información. Concretamente
solicitamos se declare la improcedencia de la sanción por no enviar información impuesta a
través de los siguientes actos administrativos:
i. Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000251 emitida el 8 de julio de 2019.
ii. Resolución No. 992232020000110 emitida el 12 de julio de 2020 por la DIAN que
resolvió el recurso de reconsideración presentado el 5 de septiembre de 2019.
SEGUNDA. Que, a título de restablecimiento del derecho del Demandante, se declare la
improcedencia de la imposición de sanción por no enviar información en contra del
demandante.
SUBSIDIARIAS
5
Gran parte de los rechazos obedecieron a la aplicación del numeral 2 del artículo 651 del Estatuto Tributario.
6
Folio 79, Caa.
7
Folio 132, Caa.
8
Folio 156, Caa.
9
Folio 183, Caa.
10
Samai Tribunal, índice 02.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
PRIMERA. Que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos emitidos en
contra del Demandante, que conforman la actuación administrativa en virtud de la cual la DIAN
modificó la declaración de renta presentada por el demandante para el año gravable 2015,
impuso sanción por inexactitud y sanción por no enviar información:
iii. Liquidación Oficial de Revisión No. 322412019000251 emitida el 8 de julio de 2019
iv. Resolución No. 992232020000110 emitida el 12 de julio de 2020 por la DIAN que
resolvió el recurso de reconsideración presentado el 5 de septiembre de 2019.
Concretamente solicitamos se declare, en los términos presentados en los cargos subsidiarios
de esta demanda, que la DIAN impuso la sanción i) a partir de una base equivocada y ii)
inaplicando el principio de proporcionalidad que rige toda actuación administrativa.
SEGUNDA. Que, a título de restablecimiento del derecho del demandante, solicitamos i) se
reduzca la base para determinar la sanción de acuerdo con la información que estaba el
demandante obligado a entregar; y ii) se aplique una sanción por no enviar información que
sea proporcional al daño efectivamente causado a la Administración Tributaria.
Invocó como normas violadas los artículos 4, 29 y 363 de la Constitución Política;
138 de la Ley 1437 de 2011; 44 de la Ley 962 de 2005; y 640, 651, 683 y 771 del
Estatuto Tributario. A continuación, se resume el concepto de la violación.
Como fundamento de las pretensiones principales, adujo que los actos
demandados infringieron las normas en que han debido fundarse, porque
impusieron la sanción por no enviar información a pesar de que no se causó
un daño a la Administración.
Explicó que la imposición de esa sanción procede cuando se le ha infringido daño
a la DIAN, de acuerdo con los postulados constitucionales referentes a la imposición
de sanciones, entre ellos el del debido proceso. Recordó que el artículo 651 del
Estatuto Tributario fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia
C 160 de 1998, la cual, pese a referirse a otra versión de dicha norma, establece
los lineamentos para imponer ese tipo de sanción, precisando que deben
considerarse los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, así como que los
errores u omisiones en la entrega de la información haya generado un daño a la
Administración, ya que a falta de esto no procede la sanción. Dijo que el Consejo
de Estado avaló esta postura.11
Afirmó que en su caso no hubo daño, porque la información se entregó con la
respuesta al requerimiento especial, permitiéndole a la demandada revisar la
declaración de renta de 2015 y verificar que fue exacta en un 99,6%, de manera
que, con la tardanza, no se entorpeció su facultad de fiscalización. Dijo que,
considerando el citado porcentaje resultaba desproporcionada la sanción impuesta,
y, que, en todo caso, su conducta no infringió daño, por lo cual debía revocarse la
sanción por no informar.
Sostuvo que no hubo dolo o mala fe cuando se omitió entregar la información, pues
sólo se enteró de la existencia del requerimiento de información hasta el momento
en que fue notificado del requerimiento especial. Esto, por cuanto desde mayo de
2014 y hasta enero de 2019 estuvo radicado y domiciliado en Ecuador, y
posteriormente en Brasil. Agregó que, de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, era claro que el predio al que se le notificó el requerimiento ordinario ya
no hacía parte de su patrimonio, y que él se encontraba fuera del país hasta varios
meses después del vencimiento del término para responder, lo cual prueba la
ausencia de los aspectos indicados en su conducta omisiva.
11
Sentencia del 9 de agosto de 2018, exp. 21884, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
Por otro lado, como fundamento de sus pretensiones subsidiarias, sostuvo que
los actos demandados violaron las normas en que han debido fundarse, porque
hubo una indebida liquidación de la sanción. Expuso que la DIAN liquidó la
sanción respecto de la totalidad de información requerida, aun cuando parte de esa
información ya reposaba en sus archivos y, por eso mismo, no estaba obligado a
entregársela.
Específicamente, planteó que no tenía la obligación de suministrar información en
relación con los renglones 31 (pasivos), 33 (ingresos por empleo), 36 (intereses y rendimientos
financieros), 37(dividendos y participaciones), 38 (otros ingresos), y 61 (aportes cuentas AFC) de la
declaración de renta de 2015, pues aquella información podía extraerse de la
información exógena reportada por terceros.
Respecto de la información requerida sobre el renglón 57 (renta presuntiva), citó el
artículo 188 del Estatuto Tributario y afirmó que la DIAN contaba con aquella, pues
la base para aplicar el porcentaje allí indicado era el valor del patrimonio líquido
incluido en la declaración del año anterior.
Asimismo, explicó que la DIAN no aplicó el principio de proporcionalidad, según
el cual la sanción debe ajustarse al daño causado. En este caso, habiendo
acreditado a la Administración que la declaración de renta presentada fue exacta en
un 99%, la sanción por no enviar información no podía ser superior al 1% del valor
del impuesto pagado por él.
Oposición de la demanda
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda12. En cuanto al daño, indicó que
la omisión en el envío de información afectó sus facultades de fiscalización, toda
vez que, si el demandante hubiera entregado los documentos dentro del plazo
establecido para ello el proceso se había podido desarrollar con economía procesal
y sin desgaste administrativo.13
Citó sentencias proferidas por esta Sección14, para explicar que no es necesario que
la Administración demuestre que se le causó un daño, y que aquel «(…) no se predica
de las consecuencias que la demora en la entrega de información pueda tener frente al recaudo
efectivo de impuestos, sino frente al riesgo implícito que supone la falta de información para el
ejercicio de la facultad fiscalizadora».
Refutó que la entrega de documentación con la respuesta al requerimiento especial
eliminara el daño que previamente se había configurado, pues ello equivaldría a
admitir que dejó de existir el hecho sancionable.
Señaló que el demandante no probó la indebida notificación del requerimiento
ordinario 322392017001599, pues en la guía de transporte de la notificación por
correo figura el sello de recibido, y descartó el argumento sobre la ausencia de
dolo o mala fe en la omisión de entrega de información, pues era deber de este
mantener actualizada su dirección en el RUT.
Adujo que las sentencias que se invocaron para sustentar el desconocimiento del
principio de proporcionalidad aplicaban al texto del artículo 651 del Estatuto
12
Samai Tribunal, índice 10.
13
Ibidem, pág. 9.
14
Sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 18761, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 12 de octubre de 2017,
exp. 21339, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
Tributario antes de la modificación de la Ley 1819 de 2016, toda vez esa norma
contemplaba una sanción «hasta del 5%», mientras que en la versión reformada
gradúa la sanción e impone el porcentaje del 5% a la conducta de no enviar
información.
Frente a la indebida liquidación de la sanción, bajo el argumento de que el
demandante no tenía la obligación de entregar parte de la información, citó el
artículo 688 del Estatuto Tributario y señaló que todos los contribuyentes se
encuentran obligados a suministrarle información cuando esta lo requiera y que ello
es independiente de los registros que se obtengan con la información exógena.
Además, advirtió que la información y documentación que se solicitó en el
requerimiento ordinario no era idéntica a la que se encontraba en la información
exógena, porque la primera busca conocer las particularidades y circunstancias de
modo, tiempo y lugar de los hechos económicos que registró el demandante.
Finalmente, aunque el demandante no dirigió ningún cargo de nulidad contra la
sanción por inexactitud, la DIAN sí argumentó en su contestación que era procedente
imponerla.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, reliquidó la sanción por
no enviar información y se abstuvo de condenar en costas15, todo por los siguientes
motivos.
Desechó el argumento del demandante sobre la inexistencia de la obligación de
suministrar información a la DIAN sobre las operaciones que fueron reportadas por
terceros en la información exógena, puesto que, de acuerdo con providencias de
esta Sección16, existe una clara diferencia entre el contenido y finalidad de la
información exógena y la que la Administración requiere en ejercicio de sus
facultades de fiscalización.
Sobre la ausencia de daño, recordó que el parágrafo 1 del artículo 640 del Estatuto
Tributario establece que habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con
sus obligaciones tributarias, y concluyó que la conducta del demandante sí afectó la
fiscalización, porque transcurrió más de un año entre la fecha del requerimiento
ordinario de información y la respuesta al requerimiento especial «sin que la entidad
pudiese corroborar la información de manera célere y llevar a cabo la gestión fiscal». Además,
precisó que el demandante tampoco allegó la totalidad de soportes requeridos,
motivo por el cual la demandada modificó la declaración privada.
Respecto de la infracción a los principios de gradualidad y proporcionalidad,
consideró que el demandante no cumplió los requisitos de los artículos 640-3 y 651
ibidem, para acceder a la reducción de la penalidad, dado que no allegó el memorial
de aceptación de la sanción y el pago proporcional de la misma.
Descartados los cargos de nulidad que el demandante presentó, el Tribunal aplicó
el principio de favorabilidad y reliquidó la multa a cargo del demandante,
considerando que el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 redujo el porcentaje de la
15
Samai Tribunal, índice 33.
16
Sentencia del 4 de junio de 2020, exp. 22612 y sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 24264, M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
sanción del 5% al 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró
información. Por este motivo, declaró la nulidad parcial de los actos demandados.
Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante, porque no
encontró prueba de su causación.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia17.
Señaló que la sentencia no analizó los argumentos sobre la aplicación del principio
de lesividad en las sanciones de contenido tributario, ya que, en lugar de verificar si
efectivamente se había ocasionado un daño, «(…) en la sentencia apelada se siguen los
argumentos de la DIAN y se asume que existe daño con el mero incumplimiento del deber de enviar
la información». Solicitó que se realice un análisis concreto de las conductas del
demandante, en el que se incluya la determinación de un daño y su cuantificación,
en aras de imponer una sanción proporcional a él.
Reprochó la falta de estudio de los argumentos sobre la aplicación del principio de
proporcionalidad. Adujo que, en lugar de estudiar la conducta para verificar la
proporcionalidad de la sanción, el Tribunal simplemente sigue los argumentos de la
DIAN y asume que la aplicación de ese principio está limitado a los requisitos
definidos en los artículos 650-3 y 651 (inciso 3) del Estatuto Tributario, siendo estos
el no haber incurrido en la misma conducta dentro de los 4 años anteriores, aceptar
la sanción, y subsanar la conducta de conformidad con el tipo sancionatorio
correspondiente.
Explicó que la proporcionalidad no puede verificarse con la simple constatación de
los requisitos para acceder a la reducción de las sanciones, sino que debe
adecuarse a la magnitud del daño.
Seguidamente, expuso los criterios que en este caso han debido tenerse en cuenta
para estudiar la proporcionalidad: (i) que no existió mala fe, (ii) que la omisión en la
entrega no fue absoluta, (iii) que el demandante no tenía la intención de ocultar
información para entorpecer las labores de fiscalización y (iv) que nunca se le ha
sancionado por asuntos tributarios.
Por último, adujo que el Tribunal no analizó el argumento según el cual la DIAN ya
contaba con la información que solicitó en el requerimiento ordinario y que, por tal
motivo, conforme al artículo 44 de la Ley 962 de 2005, no estaba en obligación de
suministrarla. A la luz de esto, pidió entonces la reducción de la base de la sanción.
Oposición al recurso de apelación
La demandada no planteó oposición al recurso de apelación.
Intervención del Ministerio Público
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia18. Sobre la vulneración al principio de lesividad, dijo
que la omisión del demandante en el envío de información dentro del plazo
establecido sí le ocasionó daño a la Administración, pues le impidió efectuar los
17
Samai Tribunal, índice 37.
18
Samai, índice 11.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
cruces de información necesarios para efectos de recolectar datos, fiscalizar y
recaudar. Además, explicó que no es deber de la DIAN demostrar que la omisión
efectivamente le causó un daño ni tampoco debe cuantificarlo. Sobre la
proporcionalidad, señaló que la sanción se fijó acorde a los parámetros legales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Como cuestión previa, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para participar en la decisión, al haber
sido el Magistrado Ponente de la sentencia de primera instancia19, y mediante auto
del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis20, la Sección declaró fundado el
impedimento.
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la liquidación oficial de
revisión 322412019000251 del 8 de julio de 2019, y de la resolución 992232020000110
del 12 de julio de 2020, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra
aquella, únicamente en cuanto a la sanción por no enviar información impuesta por
la DIAN al señor Yezid Augusto Arocha Alarcón.
Atendiendo a los cargos de apelación propuestos por el demandante -apelante
único-, se debe determinar si se aplicaron los principios (i) de lesividad y (ii)
proporcionalidad en la imposición de la sanción, y si (iii) debía reducirse la base de
esta, por cuanto la Administración solicitó información que ya tenía, y por tanto, el
demandante no estaba obligado a suministrar nuevamente.
2. Análisis del caso concreto
2.1. Principio de Lesividad - Sobre el daño ocasionado con la omisión al
deber de suministrar información.
El demandante reprochó que el Tribunal, al igual que la DIAN, no hubiera analizado
su conducta para determinar si con ella se ocasionó un daño o no a la
Administración. Explicó que el daño no se demuestra con el simple incumplimiento
de un deber (suministrar información), sino que este debe ser concreto, real y
cuantificable.
Al respecto, es criterio reiterado de la Sección Cuarta que el incumplimiento del
deber de suministrar información obstaculiza, por sí solo, la facultad de fiscalización
de la Administración21. Siendo así, el envío extemporáneo de información o la falta
de entrega de esta son conductas que causan daño a la Administración y, en esa
medida, esta no tiene la obligación de demostrarlo en cada caso22, sino que estará
habilitada para imponer la sanción si prueba que ha ocurrido el hecho objetivo (no
entrega o entrega tardía de la información) y que no existen causales eximentes de
la responsabilidad del informante.
19
Samai índice 15
20
Samai índice 21
21
Véanse al respecto: sentencias del 03 de junio de 2015, Exp. 20476, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 06 de
diciembre de 2017, Exp. 22272, M.P. Milton Chaves García; del 08 de febrero de 2018, Exp. 22060, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; del 05 de abril de 2018, Exp. 22914, M.P. Milton Chaves García; y del 20 de septiembre de 2018, Exp.
22489, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de febrero de 2024, Exp.
27969, M.P. Wilson Ramos Girón.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
Esto es así, porque el daño «no se predica de las consecuencias que la demora en la entrega
de información pueda tener frente al recaudo efectivo de impuestos, sino frente al riesgo implícito
que supone la falta de información para el ejercicio de la facultad fiscalizadora»23.
Ahora, considerando que el demandante fundamenta su desacuerdo con la
necesidad de probar el daño a partir de la sentencia C-160 de 1998, se debe
precisar que dicha providencia analizó la constitucionalidad del tipo infractor de
envío de información con errores, que difiere de los tipos de falta de envío y envió
extemporáneo, además de que la norma aplicable en este caso es una versión
diferente del artículo 651 del Estatuto Tributario al que fue demandado en esa
oportunidad.
No obstante, se pone de presente que, de acuerdo con lo dicho por la Corte
Constitucional «no todo error cometido en la información que se remite a la administración puede
generar las sanciones consagradas en la norma acusada [art. 651 del Estatuto Tributario]», por lo
que «la administración está obligada a demostrar que el error lesiona sus intereses o los de un
tercero».
En el mismo sentido, esta Sección ha expresado que sólo son susceptibles de
sancionarse los errores de contenido en la información, definidos como «aquellos
relacionados con datos, cifras o conceptos específicos que, por ley, está obligado a reportar el
contribuyente»24 y excepcionalmente los errores formales que, en razón del carácter
técnico de la información exigida, puedan obstaculizar las labores de la
administración tributaria, en cuyo caso corresponde a esta última justificar en qué
medida se vio afectado su ejercicio25.
Nótese entonces que, mientras no todo error tiene la virtualidad de entorpecer las
facultades de fiscalización de la Administración, la falta de envío y/o el envío
extemporáneo sí implican, por si solas, un obstáculo de esa facultad que el
legislador consideró merecedora de sanción. Por esto, no le asiste razón al
demandante al afirmar que la DIAN debía demostrar un daño concreto y cuantificable
como presupuesto para imponer la sanción por no enviar información, ni que este
fuera un asunto que el Tribunal debía verificar.
Además a lo anterior, es un hecho no discutido por las partes que el demandante
omitió entregar oportunamente la información que se le solicitó mediante el
requerimiento ordinario 322392017001599, con lo cual es adecuada la conclusión del
a quo de sobre que el actuar del demandante afectó la labor de fiscalización de la
DIAN, causando daño26, y en esa medida no prospera el cargo de apelación.
2.2. Aplicación del principio de proporcionalidad en la sanción por no enviar
información.
El demandante, apelante único, adujo que la sentencia impugnada no analizó los
argumentos relacionados con la aplicación del principio de proporcionalidad, pues
en ella no se consideró su conducta para verificar cuál fue la magnitud del daño y,
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp.
21339, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
24
Sentencias del 6 de octubre de 2009, Exp. 17043, M.P. Héctor J. Romero Diaz; del 26 de septiembre de 2018, Exp. 23569,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 6 de julio de 2023, Exp. 27063, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 28 de
septiembre de 2023, Exp. 27575, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello; y del 30 de abril de 2025, Exp. 28935, M.P. Luis
Antonio Rodríguez Montaño.
25
Sentencia del 31 de mayo de 2012, Exp. 17918, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterado en sentencias del 18
de junio de 2015, Exp. 19695, M.P. Jorge Octavio Ramírez y del 30 de abril de 2025, Exp. 28935, M.P. Luis Antonio
Rodríguez Montaño.
26
Samai Tribunal, índice 33, pág. 20.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
con ello, evaluar si la sanción se ajustó a las circunstancias del caso. Insistió en
que, después de la respuesta al requerimiento especial, las inexactitudes de la
declaración originalmente detectadas por la DIAN disminuyeron, probando entonces
que la magnitud del daño fue mínima.
Para resolver este asunto, la Sección reitera lo expresado en sentencia del 18 de
mayo de 2023 (Exp. 27091, M.P. Wilson Ramos Girón) en la que, a propósito de un cargo
de apelación similar al que se plantea en esta ocasión, se presentó un desarrollo de
la evolución normativa y jurisprudencial del artículo 651 del Estatuto Tributario,
antes y después de la modificación del artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, vigente
para la época de los hechos.
Y es que, antes de esta modificación, el artículo 651 ibidem, establecía una fórmula
abierta para imponer la sanción, que facultaba a la Administración, ante las
conductas de envío extemporáneo, falta de envío y envío con errores, a imponer
una sanción hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró
información o la misma se suministró en forma extemporánea o con errores.
Dada la amplitud de la norma, y en tratándose de un aspecto sancionatorio, la
jurisprudencia de esta Sección indicó que la DIAN no podía ejercer su facultad de
graduación de forma arbitraria, imponiendo siempre el mayor porcentaje de sanción
(del 5%), sino que la graduación de la penalidad debía atender a los criterios de
justicia, razonabilidad y proporcionalidad, considerando que la falta de entrega y la
entrega tardía no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño
inferido.
Así mismo que, la medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de
informar permite evidenciar la actitud colaboradora del contribuyente, para que la
autoridad reciba la información y no se vea imposibilitada en el ejercicio de sus
facultades de fiscalización27.
Ahora, la consolidación de la jurisprudencia sobre la graduación de la sanción, bajo
la fórmula anterior a la Ley 1819 de 2016, tuvo lugar en la sentencia de unificación
2019CE-SUJ-4-010, del 14 de noviembre de 2019 (Exp. 22185, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez), en la que se fijaron los porcentajes aplicables para determinar la sanción,
dependiendo del momento en que el obligado cumple con el deber de suministrar
información, y de si en definitiva este no regularizaba la conducta infractora.
También fijó criterios para los casos en los que la información careciera de cuantía
o no se pudiera establecer esta.
Con el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, el legislador eliminó la fórmula abierta
y le asignó a cada tipo sancionatorio un porcentaje de multa. Para los casos en que
se pueda determinar la cuantía de la información, la multa se fijó en 5% cuando se
omite la entrega, 4% cuando se entrega información con errores y 3% cuando la
entrega es extemporánea. Para los casos de información sin cuantía o respecto de
la cual no pueda determinarse, la fijó en el 0,5% de los ingresos netos o, si no los
hubiere, del 0,5% del patrimonio del año anterior o de la última declaración del
impuesto sobre la renta o de patrimonio.
Además, la misma disposición garantizó que la función punitiva de la Administración
se enmarcara en los criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, al consagrar
27
Sentencia del 3 de junio de 2015, Exp. 20476, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en las sentencias del
6 de diciembre de 2017 (Exp. 22272, M.P. Milton Chaves García); del 1 de marzo de 2018 (Exp. 22460, M.P. Milton
Chaves García); del 20 de septiembre de 2018 (Exp. 22489, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), entre otras.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
atenuaciones de la pena que responden a la mayor o menor afectación de la gestión
fiscalizadora, según el momento en el cual el administrado subsana la infracción al
deber de informar.
Al respecto, el inciso 3 del artículo 651 del Estatuto Tributario, en la redacción que
le dio el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, aplicable a la fecha de los hechos,
consagró dos supuestos de reducción de la sanción: (i) al 50%, cuando se
regularizara la conducta antes de la notificación del acto que impone la sanción; y
(ii) al 70%, cuando se regularizara la conducta dentro de los dos meses siguientes
a la notificación del acto. Tanto en uno y otro caso, para que la reducción sea
procedente se requiere que el infractor presente ante la Administración un memorial
acogiéndose a la reducción de la sanción, en el cual acredite que la irregularidad
fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.
A su vez, el artículo 640 ibidem, modificado también por Ley 1819 (artículo 282),
dispuso, en aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad
y favorabilidad en el régimen sancionatorio, estableció una atenuación general de
las sanciones siempre y cuando la conducta que tipifican haya sido subsanada, la
sanción haya sido aceptada y el infractor no hubiere sido sancionado (mediante acto
administrativo en firme) por la misma conducta en periodos anteriores (con un porcentaje
de reducción al 75% y al 50%).
Con lo anterior se hace evidente que, a partir de la Ley 1819 de 2016, la
materialización de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las
sanciones se da con la graduación que las propias normas traen, y que debe
aplicarse en caso de que se cumplan los supuestos y requisitos allí indicados.
En el caso concreto, encuentra la Sección que el Tribunal sí observó el principio de
proporcionalidad al aplicar la sanción por no enviar información, en la medida en
que estudió si procedía alguna reducción bajo los supuestos del inciso 3 del artículo
651 del Estatuto Tributario o del artículo 640 del Estatuto Tributario, concluyendo
que no se acreditó el cumplimiento de requisitos para ello, requisitos frente a los
cuales el actor no presentó un reparo concreto.
Por este motivo, no prospera el cargo de apelación.
2.3. Reducción de la base de la sanción - inexistencia de la obligación de
suministrar información.
El último cargo de apelación reprochó que el Tribunal no analizó el argumento según
el cual la DIAN ya contaba con la información que solicitó en el requerimiento
ordinario y que, por tal motivo, a la luz del artículo 44 de la Ley anti-trámites del 2005
el demandante no estaba en la obligación de suministrarla.
Específicamente, el demandante afirmó que la DIAN ya disponía de la información
que solicitó sobre los renglones 31, 33, 36, 37, 38 y 61 de la declaración de renta
de 2015, porque las operaciones que motivaron los registros fueron incluidas por
los terceros en su reporte de información exógena; y que, respecto de la información
del renglón 57 («Anexar cuadro explicativo de la forma como determinó la renta presuntiva por
valor de $34.584.000»28), la demandada contaba con todos los elementos en los que se
fundamenta el cálculo del monto registrado en la declaración, porque tenía el
patrimonio líquido registrado en su declaración de renta de 2014 y bastaba
28
Samai Tribunal, índice 10, Caa folio 30 (respaldo).
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
multiplicarlo por la tarifa de renta presuntiva (3,5%) del artículo 188 del Estatuto
Tributario, vigente para la época.
Respecto de la información de los renglones 31, 33, 36, 37, 38 y 61, la Sección
observa que el Tribunal abordó el análisis del argumento presentado por el
demandante, pues la sentencia explicó que la información requerida por la DIAN no
se suplía con la información exógena a la que el demandante se refirió, ya que es
información distinta que, además, obedece a finalidades específicas.
En efecto, mientras que la información exógena contiene el reporte de los montos
que terceros informaron respecto de las operaciones ejecutadas con el
demandante, el requerimiento ordinario solicitó una relación detallada de estos
renglones de la declaración de renta, incluyendo cálculos, soportes y certificaciones
que el demandante tiene el deber de conservar y presentar, atendiendo a lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 632 del Estatuto Tributario29.
Ahora, respecto de la información solicitada del renglón 57, es cierto que el Tribunal
no se refirió expresamente al argumento planteado en la demanda, pero, al analizar
el mismo, la Sección considera que no le asiste la razón en este punto al apelante.
Resáltese que, si bien es cierto que bajo los artículos 44 de la Ley 962 de 2005 y 9
del Decreto 19 de 2012, la Administración no puede requerir informaciones y
pruebas que ya hayan sido suministradas previamente por los respectivos
contribuyentes y demás obligados a allegarlas; y esta contaba con la declaración de
renta del año 201430 del demandante, en donde podía ver el patrimonio líquido del
año anterior al de la declaración fiscalizada, para aplicarle el porcentaje indicado en
el artículo 188 del Estatuto Tributario; también lo es que, la prohibición es respecto
de la información suministrada por el mismo contribuyente y no la obtenida por otros
medios por la DIAN y bajo el artículo 189 ibidem se podía detraer unos valores de
ese patrimonio líquido para depurar la base de la renta presuntiva, y, en esa medida,
no era suficiente con la información que la DIAN ya contaba, en uno u otro caso.
Por las anteriores razones no prospera el cargo de apelación.
3. Costas
Dado que no se apeló la decisión del Tribunal de abstenerse de imponer condena
en costas en primera instancia, no habrá pronunciamiento en esta providencia frente
a ello.
En cuanto a la condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 365 del Código General del Proceso, numerales 1 y 3, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo se condena en costas a la parte demandante; y
conforme al acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, se tasan las
agencias en derecho en un (1) SMMLV.
29 Para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las personas
o entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período mínimo de cinco (5)
años (período modificado por el artículo 46 de la Ley 962 de 2005), contados a partir del 1o. de enero del año siguiente
al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a
disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera: (…) 2. Las informaciones y pruebas
específicas contempladas en las normas vigentes, que dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos,
deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos, retenciones y demás
factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de los contribuyentes, y en general, para fijar
correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.
30
Folio 9, Caa (respaldo).
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00566-01 (29629)
Demandante: Yezid Augusto Arocha Alarcón
Por tanto, se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.