Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00612-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00612-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00612-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
10 de octubre de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00612-01 (27452)
Demandante: Shell Exploration and Production Colombia GMBH
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00612-01 (27452)
Demandante: Shell Exploration and Production Colombia GMBH Sucursal Colombia
Demandada: DIAN
Temas: Renta 2013. Expensas etapa de exploración. Sanciones por inexactitud
y por rechazo de pérdidas. Causales de exoneración punitiva. Error
sobre el derecho aplicable. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por las partes contra la sentencia
del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 19):
Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 312412019000045 del 05
de julio de 2019, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta
y complementarios correspondiente al año gravable 2013 presentada por la actora, y la Resolución
4939 del 11 de agosto de 2020, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto contra Liquidación Oficial de Revisión, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, tener como liquidación del impuesto sobre la renta
del año 2013 la efectuada por esta Corporación y que obra en la parte motiva de esta providencia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Tras la notificación del Requerimiento Especial 312382018000106, del 24 de octubre de
2018 (ff. 246 a 256 vto. caa2), la actora corrigió su autoliquidación del impuesto sobre
renta del año 2013 para acoger parcialmente las glosas propuestas por la Administración
(f. 286 caa). Respecto de esa declaración, la demandada profirió la Liquidación Oficial de
Revisión 312412019000045, del 05 de julio de 2019, (ff. 321 a 346 caa), con la cual
reclasificó el costo de ventas y los gastos de administración como «otros activos», lo que
ocasionó que se anulara la pérdida líquida del ejercicio y se impusieran las sanciones por
inexactitud y por rechazo de pérdidas. Esa decisión fue confirmada por la Resolución
4939, del 11 de agosto de 2020 (ff. 375 a 388 vto. caa).
1
El expediente entró al despacho sustanciador el 05 de julio de 2023 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).
2
El cuaderno de antecedentes administrativos lo aportó la demandada en los documentos digitales contenidos en el índice 10.
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Demandante: Shell Exploration and Production Colombia GMBH
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
Primera: Que se declaren nulos los siguientes actos administrativos:
(i) La Liquidación Oficial de Revisión 312412019000045, del 05 de julio de 2019, por medio de la
cual la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente
al año gravable 2013.
(ii) La Resolución 4939, del 11 de agosto de 2020, por medio de la cual la DIAN resolvió el recurso
de reconsideración confirmando la Liquidación Oficial de Revisión.
Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a la parte actora,
declarando que la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al
periodo 2013 está en firme.
Tercera: De manera subsidiaria, y solo en caso de no prosperar la pretensión principal, solicitamos
se revoque la sanción por inexactitud dado que no se configuran los presupuestos de derecho que
la hacen procedente. En todo caso, se presenta una causal eximente de responsabilidad al
configurarse una clara diferencia de criterios respecto de la interpretación del derecho aplicable.
Cuarta: De manera subsidiaria, y sólo en caso de no prosperar la pretensión principal, solicitamos
se revoque la sanción por rechazo o disminución de pérdidas, dado que no se configuran los
presupuestos de derecho que la hacen procedente. En todo caso, se presenta una causal eximente
de responsabilidad al configurarse una clara diferencia de criterios respecto de la interpretación del
derecho aplicable.
A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 13, 29, 83 y 95.9
de la Constitución; y 107, 142, 143, 647, 726, 770 y 771-2 del ET (Estatuto Tributario),
bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):
Sostuvo que los actos demandados fueron proferidos con falsa motivación al desconocer
los registros contables y la naturaleza de las erogaciones por estudios de «sísmica,
geofísica y geológica», las cuales correspondían a la primera etapa del ciclo de su
actividad económica denominada «upstream». Explicó que estas expensas tenían como
finalidad establecer la expectativa de rentabilidad en la explotación de petróleo en
determinado espacio, pero no ofrecían certeza sobre la existencia del recurso ni permitían
definir planes de producción, de ventas o respecto del mercado futuro. Por tanto, alegó
que no podían considerarse parte de la exploración o explotación del hidrocarburo, ya
que no era posible asociarlas con la adquisición o descubrimiento de reservas específicas
e identificables y, en consecuencia, carecían de las características exigidas por el artículo
67 del Decreto 2649 de 1993 para ser clasificadas como un cargo diferido.
Adujo que, como criterio orientador para comprender la dinámica del sector de
hidrocarburos, debía atenderse lo previsto en las Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007,
mediante las cuales se reguló el régimen contable aplicable a Ecopetrol. Señaló que,
conforme a esas disposiciones, los estudios realizados en la etapa de exploración –esto
es, aquellos orientados a determinar si las zonas analizadas contienen o no recursos
naturales no renovables en cantidades comercialmente explotables– debían tratarse
como gasto del periodo, dado que no podían relacionarse directamente con la adquisición
o descubrimiento de reservas específicas e identificables. Sostuvo que no existía ninguna
razón para que dicho tratamiento se reconociera únicamente a entes con participación
estatal como Ecopetrol y que, por ende, negar el reconocimiento tributario como costo o
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gastos a las expensas de la litis resultaba contrario a los principios constitucionales de
igualdad, justicia y equidad que regían el sistema tributario nacional, al conferir una
ventaja comercial injustificable a una entidad por el hecho de tener participación pública.
Censuró que la demandada sustentara los actos en los artículos 142, 143 y 159 del ET,
pues con ello desconoció que las únicas erogaciones de la actividad petrolera que debían
registrarse como activo diferido para su amortización eran aquellas que se incorporaran
directamente a la actividad, conforme lo exigían las normas contables. Explicó que como
las erogaciones del sub examine no tenían esa connotación, procedía su aminoración de
la base gravable en el periodo de su realización. Añadió que, en todo caso, el tratamiento
previsto en los artículos 142 y 143 ibidem solo era aplicable a los costos, razón por la
cual no podía invocarse como sustento normativo para rechazar la deducción de los
gastos de administración. Agregó que procedía la deducción de los gastos de
administración, en tanto guardaban una relación directa con su actividad generadora de
renta al permitirle desarrollar mejoras tecnológicas que generaron mayores resultados.
Afirmó que prueba de ello era el objeto social denunciado en el certificado de existencia
y representación legal. Asimismo, se opuso a que las sentencias de esta Corporación
citadas en los actos demandados fueran consideradas precedente judicial aplicable, por
cuanto se referían a tributos distintos al impuesto sobre la renta.
Por lo anterior, rebatió las sanciones impuestas, argumentando que no incurrió en
ninguna de las conductas sancionables y que, de haberlo hecho, habría sido por un error
en la comprensión de los artículos 142, 142 y 159 del ET. Además, adujo que conforme
a la jurisprudencia de esta Sección y de la Corte Constitucional, era improcedente
imponer de forma concurrente las sanciones por inexactitud y rechazo de pérdidas
fiscales, por cuanto esta última no constituía una sanción autónoma y, en consecuencia,
se vulneraría la prohibición constitucional del non bis in idem.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 9), para lo cual adujo que
los actos acusados fueron debidamente motivados a partir de los hechos demostrados
por la demandante.
Explicó que para la industria petrolera existían dos métodos para la contabilización de las
expensas. El primero era el «método de costo total», reconocido por el ordenamiento
jurídico nacional, según el cual se admite que todos los gastos contribuyen a la obtención
del recurso natural no renovable y, por tanto, deben registrase como activo hasta que se
obtenga la producción, momento a partir del cual procede su amortización. Precisó que
este método implicaba capitalizar tanto los costos directos de producción como otros
conceptos, tales como los gastos incurridos para obtener el contrato de explotación,
realizar estudios topográficos, geológicos y geofísicos y, perforar pozos exploratorios o
de desarrollo. Agregó que el segundo era el «método de esfuerzos exitosos», el cual
consideraban cada contrato de exploración y producción respecto de un área
determinada. Bajo este esquema, solo los gastos que contribuyen a la obtención del
recurso se llevan al activo para su posterior amortización, mientras que se reconocen
como costos o gastos del periodo en que se incurren aquellos originados en estudios de
«sísmica, geofísica y geológica», así como en la perforación de pozos que resultaran
infructuosos, productivos o en desarrollo.
A partir de lo anterior, reiteró que las normas contables en Colombia preveían la
aplicación del «método de costo total» y no del «método de esfuerzos exitosos» utilizado
por la actora. Afirmó que, contrario a lo indicado por su contraparte, las expensas del sub
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lite sí cumplían las condiciones del artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 (entonces
vigente) para ser reconocidos como activo diferido, en la medida en que: (i) el objeto
social de la actora comprendía expresamente el desarrollo de todas las actividades
relacionadas con la exploración, desarrollo, investigación, explotación, comercialización,
transporte y distribución de hidrocarburos y productos derivados; (ii) los costos incurridos
por concepto de «sísmica, geofísica y geológica» correspondían a gastos de exploración
necesarios para el desarrollo de su actividad, deducibles por el sistema de amortización
de inversiones en términos de los artículos 142, 143 y 159 del ET; (iii) tales erogaciones
podían identificarse separadamente, tal como lo reconoció la actora; (iv) su factibilidad
técnica estuvo demostrada, puesto que se trató de estudios dirigidos a determinar si un
pozo era o no productivo; (v) existían planes definidos para la producción y venta, ya que
precisamente esa era la finalidad de los estudios realizados; y (vi) el mercado futuro
estaba razonablemente definido, pues en caso de ser una exploración fructífera se
generarían ingresos y se amortizarían los costos y gastos; por el contrario, si no lo era,
su deducción podría solicitarse en el ejercicio en que se estableciera su infructuosidad.
Con todo, señaló que la actora sí tenía expectativas de percepción de ingresos, pues las
erogaciones fueron efectuadas en el marco del desarrollo de contratos de exploración y
producción de hidrocarburos celebrados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
entidad que autorizó la designación de áreas específicas para su ejecución. Esto
implicaba que, al momento en que se realizaron las expensas, ya se habían identificado
las zonas concretas para la detección de petróleo y se encontraban suscritos los
respectivos contratos. En ese contexto, sostuvo que la actora debía registrar dichas
erogaciones como cargos diferidos. Al respecto, citó jurisprudencia de esta Sección, en
particular las sentencias del 22 de abril y 05 de agosto de 2021 (exps. 24965 y 25034,
CP: Milton Chaves García), en las que se precisó que las erogaciones realizadas durante
la etapa de exploración debían contabilizarse como cargos diferidos en cada uno de los
proyectos, hasta que se estableciera si los resultados eran exitosos o infructuosos.
Señaló que los gastos de administración del sub lite debían recibir el mismo tratamiento
tributario, i.e. registrarse como activos diferidos para su posterior amortización (artículos
142 y 143 del ET y 1.º, 2.º, 13 y 67 del Decreto 2649 de 1993). Asimismo, cuestionó que
la actora omitiera acreditar la relación de causalidad de los gastos por asistencia técnica
con su actividad generadora de renta, como lo exigía el artículo 107 del ET.
Finalmente, defendió la legalidad de las sanciones impuestas por inexactitud y por
rechazo de pérdidas, en tanto la demandante incurrió en las conductas sancionables sin
que existieran fundamentos razonables que permitieran una interpretación distinta de las
normas aplicables que justificara su exoneración. Afirmó que ambas sanciones eran
procedentes y que su imposición concomitante no vulneraba la prohibición del non bis in
idem, dado que correspondían a infracciones autónomas e independientes.
Sentencia apelada
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados en lo relativo a la sanción
por rechazo de pérdidas fiscales, sin condenar en costas (índice 19). Acogiendo el criterio
de decisión de esta Sección3, juzgó que las expensas en las que incurrió la actora por
estudios de «sísmica, geofísica y geológica» debían ser reconocidas como activos
diferidos, conforme al artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, puesto que esa clasificación
no exigía la percepción efectiva de renta –como lo entendió la actora–, sino que los
beneficios económicos futuros que se esperaban obtener podían ser también negativos.
3
Expuesto las sentencias del 10 de octubre de 2018 (exp. 21642. CP: Jorge Octavio Ramírez), del 22 de abril y el 05 de agosto de
2021 (exp. 24965 y 25034, CP: Milton Chaves García).
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Señaló que, en concordancia con el artículo 67 ibidem, el artículo 14 del Decreto 2650
de 1993 (entonces vigente) disponía que en la cuenta contable 1715 «costos de
exploración por amortizar» –incluida dentro de los activos diferidos– los entes
económicos que desarrollaban actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
debían registrar los trabajos exploratorios no exitosos o no comerciales que, por su
condición de inexplotables, eran susceptibles de amortización. Añadió que igual
tratamiento correspondía a los costos incurridos en la perforación de pozos de desarrollo
susceptibles de amortización, tales como costos de mano de obra, servicios de registros,
cementaciones, inspecciones, despejes de terreno, construcción de vías de acceso al
pozo productor, entre otros, los cuales debían registrase en la cuenta contable 1720
«costos de explotación y desarrollo».
Consideró que, en esa misma línea, los artículos 142 y 143 del ET establecían el
tratamiento tributario aplicable a dichas expensas, cuya aminoración de la base gravable
debía efectuarse de forma «gradual», resultando improcedente su deducción en el
periodo en que se realizaban. Señaló que esta interpretación jurídica fue acogida por esta
Corporación a partir de la sentencia del 22 de abril de 2021 (exp. 24965, CP: Milton
Chaves García). Explicó que, dado que las disposiciones citadas regulaban el tratamiento
tributario aplicable a las erogaciones objeto del sub examine no era procedente analizar
su deducción con base en el artículo 107 ibidem, como lo pretendía la demandante al
sostener que cumplían el requisito de causalidad, exigencia cuyo incumplimiento,
además, no fue objeto de los cuestionamientos formulados en los actos demandados.
Finalmente, anuló la multa por rechazo de pérdidas por considerar que su imposición
concomitante con la sanción por inexactitud violaba la prohibición constitucional del non
bis in idem, al constituir dos modalidades de tasación de la misma sanción para una única
infracción. En cambio, confirmó la sanción por inexactitud, al verificar la configuración del
tipo infractor y no acreditarse la causal exculpatoria alegada por la actora.
Recursos de apelación
Ambas partes apelaron la decisión del tribunal.
La demandante (índice 24) reiteró que los gastos por estudios de «sísmica, geofísica y
geológica» no podían clasificarse como cargos diferidos, en términos del artículo 67 del
Decreto 2649 de 1993, pues en la etapa en que se incurrieron no estaba demostrada la
factibilidad técnica exigida por esa disposición. Sostuvo que, por el contrario, esas
expensas tenían como finalidad determinar la viabilidad del proyecto respecto del cual,
para ese momento, no existía certeza de que generaría beneficios económicos en
periodos posteriores. Alegó que el a quo erró en la interpretación de la dinámica de la
cuenta contable 1715 «costos de exploración por amortizar», dado que esta debía
aplicarse únicamente para reconocer las expensas de los proyectos que resultaran no
factibles mas no a todas las erogaciones. Añadió que tampoco resultaba aplicable al sub
lite lo previsto para la cuenta contable 1720 «costos de explotación y desarrollo», la cual
no comprendía gastos relacionados con las actividades de «sísmica, geofísica y
geológica». Insistió en que lo dispuesto en la Resolución 356 de 2007 (entonces vigente),
sobre el tratamiento de dichas expensas respecto a Ecopetrol, debía considerarse como
criterio técnico orientador para la decisión del caso, al no existir razón constitucional que
justificara un trato desigual entre entes económicos que realizan la misma actividad de
explotación de hidrocarburos.
Por lo expuesto, rebatió que la decisión de primer grado se sustentara en los artículos
142 y 143 del ET, pues en su criterio, lo procedente era diferenciar esos conceptos de
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los demás con el fin de establecer el tratamiento contable y tributario que en derecho les
correspondía.
Reiteró que las normas invocadas en los actos demandados y en la sentencia solo
resultaban aplicables a los costos, mas no a las deducciones (artículos 39 y 40 del
Decreto 2649 de 1993, entonces vigentes). En consecuencia, censuró que el tribunal se
abstuviera de analizar la deducción de los gastos de administración rechazados a la luz
del artículo 107 del ET. Alegó que la relación de causalidad de dichas expensas con su
actividad productiva sí fue cuestionada en los actos demandados, al negarse su
aminoración de la base gravable en el periodo de la litis, por cuanto no generaron
ingresos sino pérdidas, desconociendo con ello el precedente establecido en la sentencia
del 21 de agosto de 1998 (exp. 8906, CP: Delio Gómez Leyva).
Agregó que tratar las expensas objeto de la litis como activos diferidos para su
amortización generaba un efecto confiscatorio, en la medida en que determinaba una
renta gravable y un impuesto que no reflejaban su realidad económica, dado que en el
período no obtuvo ingresos.
Finalmente, se opuso a la sanción por inexactitud argumentando que actúo sin
consciencia de la antijuridicidad de su conducta, pues autoliquidó el impuesto a su cargo
a partir de una interpretación razonable del derecho aplicable, en los términos expuestos.
La demandada (índice 23) solicitó mantener la sanción por rechazo de pérdidas fiscales,
por cuanto esta recaía sobre una conducta infractora distinta de la que sanciona la multa
por inexactitud, consistente en la liquidación de pérdidas improcedentes. Agregó que, en
todo caso, cada una de dichas multas se tasa sobre una base diferente, por lo que su
imposición concomitante resultaba legítima y no vulneraba la prohibición constitucional
del non bis in idem.
Pronunciamientos sobre el recurso
Las partes y el ministerio público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Contando con cuórum para decidir4, la Sala juzga la legalidad de los actos acusados,
atendiendo a los cargos planteados por las partes, contra la sentencia del tribunal que
accedió parcialmente a las pretensiones de la actora sin condenarla en costas. En
consecuencia, deberá determinar si el tratamiento tributario aplicable a las expensas por
estudios de «sísmica, geofísica y geológica» correspondía al de costo de ventas o gasto
de administración del periodo, o si, por el contrario, procedía su clasificación como activos
diferidos para su posterior amortización. De ser el caso, la Sala decidirá sobre la
juridicidad de las sanciones impuestas por rechazo de pérdidas y por inexactitud.
Pero la Sala tiene vedado pronunciarse sobre lo aludido por la actora en la apelación
acerca del efecto confiscatorio que, en su criterio, generó el tratamiento tributario dado
en los actos acusados a las expensas del sub examine, toda vez que esa cuestión no fue
4
Mediante autos del 08 de junio de 2023 (índice 9) y del 11 de septiembre de 2025 (índice 35), la Sala declaró fundados los
impedimentos que respectivamente manifestaron por escrito la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello y el consejero
de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño, razón por la cual se les separó del conocimiento del presente asunto.
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un cargo incluido en el concepto de violación propuesto en la demanda. Por ello, resolver
ese argumento comportaría abrir un debate novedoso en segunda instancia e incurrir en
un fallo incongruente, que, además, violaría los derechos al debido proceso, a la defensa
y contradicción de la contraparte que se vería sorprendida por los cargos que debutan en
el proceso al tramitar la última instancia5.
Análisis del caso
2- Sobre la primera cuestión debatida, la demandante censura que los gastos por
estudios de «sísmica, geofísica y geológica» fueran clasificados como cargos diferidos,
dado que, al momento de su causación, no estaba demostrada la factibilidad técnica que
exigía el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 para atribuirles esa connotación. Aduce
que precisamente esas expensas tenían como propósito determinar la viabilidad del
proyecto, sobre el cual no existía certeza de que generaría beneficios económicos en
periodos posteriores. Aduce que el a quo interpretó erróneamente la dinámica de la
cuenta contable 1715 «costos de exploración por amortizar», pues esta solo debía
emplearse para reconocer expensas de proyectos que resultaran no exitosos o no
comerciales. Añade que tampoco procedía aplicar lo previsto para la cuenta contable
1720 «costos de explotación y desarrollo» que no comprendía gastos vinculados con
actividades de «sísmica, geofísica y geológica». Con fundamento en lo anterior,
cuestiona que el tribunal hubiera sustentado la decisión en los artículos 142 y 143 del ET
pues, en su opinión, debían diferenciarse esos conceptos de otros para establecer el
tratamiento contable y tributario que en derecho procedía. Agrega que, en cualquier caso,
esas normas solo resultarían aplicables a los costos y no a las deducciones, conforme a
los artículos 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993 (entonces vigentes). Por ello, rebate que
el tribunal no analizara la deducción de los gastos de administración rechazados bajo el
artículo 107 del ET y asegura que la relación de causalidad de dichas expensas con su
actividad productiva sí fue cuestionada en los actos demandados, en tanto se negó su
disminución de la base gravable para el periodo litigioso con el argumento de que no
generaron ingresos sino pérdidas.
Por otra parte, plantea que las Resolución 356 de 2007 (entonces vigente), en cuanto al
tratamiento de las expensas por estudios de «sísmica, geofísica y geológica» para
Ecopetrol, debía considerarse como criterio técnico orientador, ya que no existía razón
constitucional que justificara un trato desigual entre entes económicos que realizan la
misma actividad de explotación de hidrocarburos. Por tanto, defiende que procedía su
deducción en el periodo de su realización, tal como lo declaró.
En estos términos, la Sala debe establecer el tratamiento tributario que en el impuesto
sobre la renta les correspondía a las expensas en las que incurrió la actora por estudios
de «sísmica, geofísica y geológica» en el marco de actividades de exploración de
hidrocarburos.
2.1- Para decidir esta cuestión, la Sala advierte que ya se ha pronunciado sobre la misma
clase de debates jurídicos (desde la sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 24965, CP:
Milton Chaves García), fijando un criterio que se ha empleado para juzgar otros litigios
existentes entre quienes son partes en el presente proceso, como ocurrió en las
sentencias del 05 de agosto de 2021 (exp. 25034, CP: Milton Chaves García), 07 de
septiembre de 2023 (exp. 27649, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y 12 de junio de
2025 (exp. 27256, CP: Wilson Ramos Girón). Así que para decidir la Sala reiterará, en lo
pertinente, el criterio desarrollado en esos precedentes en los que decidieron asuntos
5
Sentencias del 26 de julio de 2012 (exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 25 de noviembre de 2014 (exp. 19031,
CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 19 de febrero de 2020 (exp. 22748, CP: Julio Roberto Piza).
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que tienen identidad jurídica y fáctica con el caso, pero respecto de otros años gravables.
2.2- Al respecto, para la época de los hechos que se juzgan, el artículo 142 del ET
establecía que eran deducibles «las inversiones necesarias realizadas para los fines del
negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con otros artículos de este capítulo y
distintas de las inversiones en terrenos». En particular, esa disposición determinaba que
la noción de «inversiones necesarias amortizables» comprendía los desembolsos
efectuados o causados para los fines del negocio o actividad, que fueran susceptibles de
demérito y que «de acuerdo con la técnica contable» debieran registrarse como: (i)
activos, para su amortización en más de un año o período gravable; (ii) diferidos, ya
fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o (iii) como
costos de adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de
yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales. Así, en caso de que la
erogación cumpliera los anteriores requisitos, el contribuyente debía deducir el gasto,
mediante el sistema de amortización, en los términos del artículo 143 ejusdem.
En cuanto al tratamiento contable de las expensas por estudios de «sísmica, geofísica y
geológica», y conforme al criterio jurisprudencial de esta Sala –que ahora se reitera–,
indistintamente de que correspondan a un costo o a un gasto de la actividad económica,
el Decreto 2649 de 1993 (entonces vigente) preveía que las inversiones amortizables
efectuadas en la etapa de exploración debían registrarse contablemente como activos
diferidos (artículo 67), sin que tuviera relevancia el éxito o no de la actividad, pues
bastaba con que se esperara obtener beneficios económicos en otros periodos.
En este sentido, el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 «no establecía de forma
obligatoria que existieran ganancias a futuro … sino que se encontraba supeditado a que
existiera tanto ganancias como pérdidas» (sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 24965,
CP: Milton Chaves García). Además, en las sentencias referidas se destacó que,
conforme al catálogo de cuentas del artículo 14 del Decreto 2650 de 1993, las cuentas
contables 1715 y 1720 –con sus respectivas dinámicas– están previstas,
específicamente, para registrar como activos diferidos los «costos de exploración por
amortizar» y los «costos de explotación y desarrollo», respectivamente.
2.3- A partir de lo anterior la Sala concluye que, en contra de lo sostenido por la
demandante, tanto los costos originados en estudios de «sísmica, geofísica y geológica»
como los gastos por esos mismos conceptos, identificados como asistencia técnica y
servicios de asesorías administrativas, jurídicas y financieras, realizados en la etapa
exploratoria, están sujetos a lo dispuesto en los artículos 142 y 143 del ET, en cuanto
normas especiales que prevalecen sobre el artículo 107 ibidem, cuyo análisis resulta
irrelevante, dado que los actos demandados se limitaron a reclasificar esas expensas
como activos diferidos para su amortización en periodos posteriores (f. 340 y 384 vto.
caa). Tampoco resulta aplicable lo previsto en la Resolución 356 de 2007, por cuanto
esta se refiere a las normas contables vigentes para las entidades indicadas en el artículo
5.º de la Resolución 354 de 2007.
En consecuencia, la Sala considera que no le asiste la razón a la demandante en su
alegato de que podía tratar las expensas originadas en estudios de «sísmica, geofísica y
geológica» en la etapa exploratoria como costos o gastos deducibles en su totalidad en
el año gravable analizado. No prospera el cargo de apelación de la actora.
3- Resta decidir sobre las sanciones por inexactitud y por rechazo de pérdidas. En este
punto, se advierte que el tribunal anuló los actos demandados en cuanto a la multa por
rechazo de pérdidas al estimar que su imposición conjunta con la sanción por inexactitud
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violaba la prohibición constitucional del non bis in idem. En cambio, avaló la sanción por
inexactitud al verificar la configuración del tipo infractor y no acreditarse la causal
exculpatoria alegada por la actora. A esa decisión se opone la demandada, quien
sostiene que la sanción por rechazo de pérdidas fiscales reprime una conducta distinta
de la sancionada con la multa por inexactitud, i.e. la liquidación de pérdidas
improcedentes. Agrega que, en todo caso, ambas sanciones se calculan sobre una base
distintas, por lo que su imposición concurrente sería legítima y no desconocería la
prohibición constitucional del non bis in idem. A su vez, la demandante alega que, en
cualquier caso, debe ser exonerada de las sanciones, por cuanto actúo sin consciencia
de la antijuridicidad de su conducta, pues autoliquidó el impuesto a su cargo a partir de
una interpretación razonable del derecho aplicable, en los términos expuestos en la
actuación administrativa y en sede judicial.
3.1- Al respecto, la Sala pone de presente que mediante sentencia del 09 de abril de
2025 (exp. 28381, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) rectificó su criterio jurídico sobre
la aplicación concomitante de las sanciones por inexactitud y por rechazo o disminución
de pérdidas fiscales.
De conformidad con lo expuesto en dicha providencia, la sanción prevista en el artículo
647-1 del ET no constituye un tipo sancionador autónomo frente a la consagrada en el
artículo 647 ibidem, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-910 de
2004. Por el contrario, ambas disposiciones regulan la reacción del ordenamiento jurídico
frente a la infracción del deber de declarar, en particular cuando esta se materializa
mediante inexactitudes en la autoliquidación tributaria presentada por el contribuyente y
detectadas por la Administración en el curso de un procedimiento de revisión. Tales
inexactitudes pueden dar lugar al rechazo o disminución de las pérdidas fiscales
declaradas –que no se traducen en un mayor impuesto a cargo del declarante– y a la
determinación de un mayor impuesto a su cargo. En esa medida, no le asiste razón a la
demandada al sostener que se trata de sanciones autónomas.
Sin embargo, lo anterior no implica que la determinación concurrente de la multa con
fundamento en ambas disposiciones transgreda la prohibición de non bis in idem. En la
sentencia del 09 de abril de 2025 que aquí se reitera, la Sala precisó que, para el primer
supuesto, el ordenamiento tributario no contemplaba inicialmente una base para
cuantificar la sanción, circunstancia que motivó la adición del artículo 647-1 al ET por el
artículo 24 de la Ley 863 de 2003. Esta disposición fija una base teórica para calcular la
multa cuando las inexactitudes en la declaración disminuyen o anulan la pérdida fiscal
declarada y, por tanto, no integran la base de tasación de la multa prevista en el artículo
647 ibidem, que presupone la determinación de un mayor impuesto a cargo.
Como se indicó en la providencia del 9 de abril de 2025, la sanción por inexactitud parte
de «valores positivos determinados por la actuación oficial que generan el mayor
impuesto, es decir, cuando el resultado de la depuración oficial genera renta líquida o
una modificación de esta que implica un mayor valor del impuesto determinado»,
mientras que la base de la sanción por rechazo o disminución de pérdidas se calcula
sobre un valor negativo, que proviene de una pérdida fiscal estimada de forma inexacta.
En consecuencia, conforme al criterio jurisprudencial reiterado en esta oportunidad, le
asiste razón a la demandada al señalar que la aplicación concurrente de los artículos 647
y 647-1 del ET no vulnera la prohibición de non bis in idem. Por lo tanto, prospera el cargo
de apelación de la demandada.
3.2- Sin embargo, esta Sala ya se ha pronunciado sobre el reconocimiento de la causal
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de exculpación sancionadora alegada por la actora6, pues considera que en el sub lite se
presenta una razonada diferencia de interpretación respecto al alcance de la expresión
«de acuerdo con la técnica contable» del artículo 142 del ET, puesto que la demandante,
pese haber obrado de manera diligente en aras del vencer el error, cometió la conducta
infractora sin tener consciencia de estar infringiendo el ordenamiento jurídico, cuando
utilizó un método de reconocido valor técnico para llevar la totalidad de los gastos
cuestionados a su estado de resultados en el periodo revisado.
Por ende, dado que la interpretación de la actora en relación con el derecho aplicable fue
razonable, y que el mayor impuesto a pagar se originó en la reclasificación como otros
activos de los costos y gastos en cuestión, lo que conllevó la anulación de la pérdida
líquida y la determinación del impuesto a cargo sobre la renta líquida resultante, la Sala
anulará parcialmente los actos acusados, exclusivamente en lo que respecta a las
sanciones por inexactitud y por rechazo de pérdidas fiscales impuestas. Prospera el
cargo de apelación de la demandante.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia y como contenido interpretativo de la presente
providencia, la Sala reitera que las erogaciones por estudios de «sísmica, geofísica y
geológica» realizadas en la etapa de exploración de hidrocarburos deben recibir el
tratamiento tributario de activos diferidos, conforme a lo dispuesto por los artículos 142 y
143 del ET (entonces vigente). Asimismo, se precisa que la imposición concurrente de
las multas consagradas en los artículos 647 y 647-1 del ET no transgrede la prohibición
constitucional del non bis in idem. Finalmente, se concluye que procede exculpar al
contribuyente cuando compruebe que la conducta sancionable obedeció a una
interpretación razonable, aunque errada, del derecho aplicable, que le generó la
convicción de no estar incurriendo en una conducta antijurídica.
Con arreglo a esas pautas, la Sala revocará el ordinal segundo de la sentencia apelada
para, en su lugar, levantar las sanciones por inexactitud y por rechazo de pérdida
impuestas, pero por las razones expuestas en esta sentencia.
Costas
5- Bajo el criterio fijado en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP:
Wilson Ramos Girón), la nulidad parcial de los actos demandados conlleva que no hubo
una parte vencida en el proceso; razón por la que, a su vez, basándose en los ordinales
1.° y 5.º del artículo 365 del CGP, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas
en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, revocar las sanciones por inexactitud y por
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Sentencias del 09 de septiembre de 2021 (exp. 24282, CP: Milton Chaves García), 03 de noviembre de 2022 (exp. 23839, CP: Julio
Roberto Piza), 07 de septiembre de 2023 (exp. 27649, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y 12 de junio de 2025 (exp. 27256, CP:
Wilson Ramos Girón).
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rechazo de pérdida impuestas, por las razones expuestas en la sentencia de segunda instancia.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Conjuez
Aclara voto
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