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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00620-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00620-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia y en agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00620-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

14 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00620-01 (28530)
Demandante: Cencosud Colombia S.A

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00620-01 (28530)
Demandante: Cencosud de Colombia S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano- IDU

Temas: Contribución de valorización. Motivación de los actos
administrativos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
“PRIMERO: NIÉNGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

(…)”

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

El 6 de diciembre de 2018, el Concejo de Bogotá D,C. profirió el Acuerdo 724 de 2018
a través del cual estableció el cobro de una contribución por valorización por beneficio
local para la construcción de un plan de obras en los ejes Oriental el Cedro, Córdoba
y Zona Industrial, de la capital3.

El 26 de diciembre de 2018, la entidad demandada profirió la resolución No. 006439
de 2018, a través de la cual asignó la contribución por valorización a los inmuebles
ubicados en el Eje Oriental el Cedro, entre ellos a 14 bienes inmuebles de propiedad
de Cencosud, identificados con los códigos de matrícula inmobiliaria 050N20451126,
050N20451129, 050N2051148, 050N2051149, 050N2051150, 050N2051151,
050N2051154, 050N2051155, 050N2051125, 050N2051159, 050N2051160,
050N2051161,050N2051162 y 050N2051173.

1
Ingresó al despacho el 26 de marzo de 2024. SAMAI CE índice 02.
2
SAMAI Tribunal, índice 24 “Sentencia”.
3
SAMAI Tribuan, índice 11. “Contestación demanda” “13_RECIBEMEMORIALES_PRUEBAS00620202207(.zip) NroActua 11”
Acuerdo_No._724_de_2018.pdf”

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00620-01 (28530)
Demandante: Cencosud Colombia S.A

Mediante la Resolución No. 001381 del 4 de febrero de 2020, el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la parte
demandante4, confirmando en su integridad la Resolución No. 006439 de 2018.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1. PRIMERA. Respetuosamente solicito al Honorable Tribunal DECLARAR LA NULIDAD
TOTAL de los siguientes actos administrativos:

(i) Resolución No. 001381 del 2020, notificada el 24 de febrero de 2020, “Por la cual se
resuelve un recurso de reconsideración”.

(ii) Resolución No. 006439 de 2018, notificada el 23 de enero de 2019 “Por la cual se asigna
una Contribución por Valorización por Beneficio Local ordenado por el Consejo de Bogotá,
mediante el Acuerdo 724 de 2018 a los predios ubicados en el Eje Oriental El Cedro” a
CENCOSUD COLOMBIA S.A, Numerales: 113442, 108340, 112679, 108291,
108339,110622, 110626, 110948, 113008,113087,113089,113445 y 113596.

2. SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicitamos que se RESTABLEZCA en
su derecho a mi representada, mediante la declaración de que es procedente la devolución
de lo pagado por CENCOSUD COLOMBIA S.A por concepto de contribución de
valorización de los inmuebles descritos a lo largo de la presente demanda, estimado en la
suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE ($147.534.000) , CON SUS RESPECTIVOS INTERESES.

Invocó como normas vulneradas los artículos 29, 150 numeral 12 y 338 de la
Constitución Política de Colombia; 42 y 137 de la Ley 1437 de 2011; 2313 del Código
Civil; 144 del Decreto 807 de 1993; y 3 y 4 del Acuerdo Distrital 724 de 2018.

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en
la contestación6 se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Los actos administrativos demandados desconocen los principios
de legalidad, certeza y predeterminación tributaria porque no precisaron el
hecho generador del tributo, su base gravable y la tarifa.

1.Argumentos de la demanda: La parte demandante, previo análisis de los
elementos que integran la relación jurídico-tributaria derivada de la contribución por
valorización, sostiene que el principio de legalidad debe ser evaluado tanto en la etapa
de creación del tributo como en la fase de liquidación o individualización del mismo.

Manifestó que el acto liquidatorio de la contribución por valorización debe cumplir con,
al menos, dos características fundamentales como son la motivación y la simplicidad.
Con ocasión a la primera, la Administración debe poner en conocimiento del
contribuyente: la zona de influencia en la que se ubica su predio, el valor del avaluó
que sirvió de base para la liquidación del tributo, la cercanía del inmueble con la obra,

4
SAMAI Tribunal., índice 2. “2ED_02EXPEDIENTEJUZGADO(.PDF) NroActua 2”
“2_250002337000202000620002EXPEDIENTEDIGI20210304174637” Página 294 a 309"
5
SAMAI Tribunal., índice 2. “2ED_02EXPEDIENTEJUZGADO(.PDF) NroActua 2”
6
SAMAI Tribual, índice 11. “Contestación demanda”

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Demandante: Cencosud Colombia S.A

cuál es el beneficio que obtiene el desarrollo de las obras que se pretenden financiar,
y cómo se determinó el valor a pagar. Mientras que, con ocasión del segundo
elemento, el acto administrativo debe contener un lenguaje claro, no jurídico y/o
técnico, de manera que el contribuyente pueda comprenderlo para ejercer su derecho
de defensa.

Afirmó que la resolución No. 006439 de 2018, no precisa cuál es la obra más cercana
a sus inmuebles, cómo se aplicó el método de distribución de beneficio, ni cómo se ve
representado el beneficio obtenido que da lugar al hecho generador de la contribución
por valorización, y por lo tanto a su condición de sujeto pasivo, lo cual transgrede el
principio de legalidad, certeza y predeterminación del tributo.

Arguyó que la resolución No. 001381 de 2020, por la cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la resolución 006439, también está viciada de
nulidad porque si bien suministra datos nuevos relacionados con el beneficio
reportado, la liquidación o despeje de la fórmula que determina la tarifa y las
características de los bienes gravados, ello no subsana el vicio de ilegalidad alegado,
en la medida en que no precisa cuál es la valorización que adquieren los inmueble
sujetos a gravamen, no cuantifica el beneficio que obtendrá ni acredita que aquel sea
una realidad o una mera expectativa. Así misma, precisó que el acto administrativo no
acreditó cuál es el criterio ponderador de la distancia que hace parte de la fórmula de
distribución del beneficio porque en él no se especificó cuál es la obra cercana ni la
distancia de sus predios con esta.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda. La
parte demandada sostuvo que el acto administrativo de asignación de la contribución
de valorización por beneficio local contiene la totalidad de los elementos de la
obligación tributaria, esto es, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifa.

Indicó, además, que el hecho generador de la contribución de valorización se
encuentra claramente definido en el acuerdo 724 de 2018, y consiste en el beneficio
que la ejecución de obras públicas reporta a la propiedad inmueble. Precisó que ese
beneficio no se restringe al mayor valor del bien, sino que también comprende
aspectos como la movilidad, la accesibilidad y el bienestar.

Manifestó que los predios de la demandante sí reciben beneficios derivados de las
obras objeto de financiación, entre ellos la mejora de la movilidad, el mejor uso del
espacio público, el crecimiento económico, la disminución de la accidentalidad y el
eventual incremento de su valor por la cercanía a las obras.

Agregó que, si bien la infraestructura vial beneficia en general a toda la ciudadanía, los
inmuebles ubicados en la zona de influencia obtienen un beneficio más intenso por su
cercanía o facilidad de acceso a las obras. Señaló también que, en el caso del Eje
Oriental El Cedro, las obras proyectadas comportan beneficios concretos en materia
de movilidad, seguridad vial, conectividad peatonal y ciclorrutas.

Por último, sostuvo, en esencia, que los cuestionamientos de la demanda recaen sobre
elementos del tributo definidos en el Acuerdo 724 de 2018, en la memoria técnica y en
las normas que regulan la contribución de valorización, cuyo contenido no presenta
indeterminación alguna.

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Demandante: Cencosud Colombia S.A

Segundo cargo: Falta de motivación de los actos administrativos demandados –
Violación al derecho de defensa.

1. Argumentos de la demanda. La actora sostuvo que la Resolución No. 006439 de
2018 se encuentra viciada de nulidad por falta de motivación, en tanto que en ninguno
de sus apartes se exponen las razones de hecho y de derecho que justifican el cobro
de la contribución por valorización, ni se acredita la existencia de un beneficio concreto
a favor de sus inmuebles que configure el hecho generador del tributo y, por ende, su
condición de sujeto pasivo.

En ese sentido, precisó que el acto administrativo acusado no explicó los motivos que
condujeron a la Administración a considerarla sujeto pasivo de la contribución, ni los
supuestos fácticos que permitieran concluir que sus bienes se encontraban ubicados
dentro de la zona de influencia de las obras ejecutadas. Asimismo, señaló que la
resolución no identificó cuál era la obra pública más cercana a sus inmuebles, ni detalló
la forma en que se aplicó el método de avalúo ponderado por la distancia.

En relación con la Resolución No. 013281 de 2020, la parte demandante precisó que
esta fue expedida de manera irregular, por cuanto incorporó información nueva que no
había sido incluida en la Resolución No. 006439. En particular, se añadieron los
factores considerados para la aplicación de la fórmula del avalúo ponderado por la
distancia, los cuales no pudieron ser validados ni confrontados en sede administrativa.
Tal circunstancia implicó una vulneración al derecho de defensa de la demandante.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda.

La parte demandada sostuvo que los actos administrativos demandados se
encontraban debidamente motivados, pues las resoluciones 006439 de 2018 y 01381
de 2020 se sujetaron a la Constitución y a la Ley, contienen una motivación clara,
puntual y suficiente, y suministran las razones de hecho y de derecho que justificaron
su expedición.

Agregó que la resolución No. 01381 de 2020 no introdujo hechos ni argumentos
nuevos, sino que se limitó a decidir el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución No. 006439 de 2018.

Señaló, además, que de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo 7 de 1987, la
memoria técnica constituye el fundamento técnico y jurídico del cobro de la
contribución de valorización, en cuanto contiene, entre otros aspectos, la descripción
de las zonas beneficiadas y la operación de cálculo y distribución del gravamen.
Precisó que dicha memoria fue aprobada mediante la resolución No. 6316 de 2018 y
publicada en el Registro Distrital No. 6462 del 27 de diciembre de 2018.

Por último, afirmó que no se vulneró el derecho de defensa de la demandante, pues
esta conoció el acto de asignación e interpuso recurso de reconsideración, el cual fue
resuelto por la administración, de modo que contó con la oportunidad de controvertir
el tributo en sede administrativa.

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Tercero. Hechos sobrevinientes que afectarían la legalidad del cobro de la
contribución y que de configurarse deben ser reconocidos como una limitación
a las competencias del IDU.

1. Argumentos de la demanda. La parte demandante alegó que entre el Concejo de
Bogotá y la entidad demandada existe una relación de mandato, en virtud de la cual a
esta última le corresponde recaudar la contribución de valorización con destino a la
adquisición predial y a la construcción de las obras.

Sostuvo que dicho mandato se encuentra sometido a una condición resolutoria,
consistente en que el mandatario inicie la etapa de construcción de las obras dentro
del plazo máximo fijado por el mandante para ese efecto.

De igual manera, indicó que existen indicios según los cuales el IDU no dará inicio a
la etapa de construcción de las obras financiadas con la contribución dentro del término
previsto en el artículo 4 del Acuerdo 724 de 2018. A su juicio, dicha circunstancia
implicaría que el referido acuerdo devenga inválido por el desconocimiento del objeto
para el cual fue expedido y, en consecuencia, que los actos administrativos proferidos
con fundamento en él, como los aquí demandados, se tornen nulos e ineficaces,
además de dar lugar a la devolución de las sumas recaudadas a los contribuyentes

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda. La
parte demandada sostuvo que el cargo no estaba llamado a prosperar, por cuanto el
plazo máximo para iniciar la etapa de construcción de las obras previstas en el Acuerdo
724 de 2018 fue unificado en tres años por el artículo 87 del Acuerdo 761 de 2020.

Agregó que la ejecución de las obras de infraestructura comprende distintas fases
técnicas, financieras y contractuales, y que la etapa de construcción inicia con la
revisión, aprobación y apropiación de estudios y diseños, así como con la celebración
de los contratos correspondientes.

Con fundamento en ello, afirmó que todas las obras contempladas en el Acuerdo 724
de 2018 ya se encontraban en fase de construcción para diciembre de 2021, razón por
la cual, a su juicio, no se configuraba el supuesto fáctico planteado por la demandante

Cuarto cargo: Configuración de pago de lo no debido, por cuanto no existe causa
legal que sustente el pago realizado por Cencosud - Solicitud de devolución-
Reconocimiento de intereses.

1. Argumentos de la demanda. La parte demandante planteó que los actos
administrativos demandados fueron expedidos en contravención de los principios
constitucionales de legalidad, predeterminación y certeza tributaria. Indicó que, por
tanto, si se declaraba su nulidad, el pago realizado por concepto de contribución de
valorización debía reputarse como no debido.

En consecuencia, pidió, a título de restablecimiento del derecho, la devolución de lo
pagado y el reconocimiento de los intereses civiles, corrientes y moratorios.

2. Argumentos formulados como oposición en la contestación a la demanda. La
parte demandada sostuvo que los actos administrativos demandados gozan de
presunción de legalidad mientras no sean anulados por la jurisdicción y que, por tanto,

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conservan plena eficacia jurídica y resultan obligatorios tanto para la administración
como para la contribuyente.

Con fundamento en ello, afirmó que el pago efectuado por Cencosud tuvo causa
jurídica en actos administrativos en firme, expedidos con sujeción a la Constitución y
a la Ley, por lo que no podía reputarse como un pago de lo no debido.

En consecuencia, se opuso a la devolución de las sumas pagadas y al reconocimiento
de intereses civiles, corrientes y moratorios, por considerar que no existía fundamento
jurídico para acceder a tales pretensiones.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE.

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la
demandante7, a su turno, la parte actora formuló recurso de apelación8. Los motivos
del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: Los actos administrativos demandados desconocen los principios
de legalidad, certeza y predeterminación tributaria porque no precisaron el
hecho generador del tributo, su base gravable y su tarifa.

1. Fundamento del fallo de primera instancia. Previo análisis de las normas que
regulan la contribución de valorización en el Distrito Capital, el Tribunal destacó que el
artículo 61 del Acuerdo 7 de 1987 prevé la memoria técnica como el instrumento en el
que se consignan la fundamentación legal, la descripción de las zonas o sectores
beneficiados y la operación de cálculo y distribución del gravamen, y precisó que, en el
caso concreto, dicha memoria fue aprobada mediante la resolución No. 006316 de 2018
y era consultable por los contribuyentes.

Con fundamento en ello, concluyó que la resolución No.006439 de 2018, en
concordancia con los Acuerdos 7 de 1987 y 724 de 2018 y con la memoria técnica
explicativa, contenía todos los elementos requeridos para que el contribuyente
conociera las razones de la asignación del tributo, la aplicabilidad material de sus
elementos constitutivos y los beneficios del plan de obras. Agregó que, si bien no
desconocía la tecnicidad propia del tributo, ello no impedía advertir que sus elementos
se encontraban descritos en el acto de asignación y que, incluso, era posible acceder
a la información técnica relativa a los modelos cartográficos y matemáticos empleados.
En consecuencia, estimó que no se configuraba la vulneración de los principios de
legalidad, certeza y predeterminación tributaria alegada por la demandante.

2. Fundamentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante. La
apelante precisó que, si bien comparte que el Acuerdo 724 de 2018 enuncia de manera
general los elementos de la contribución de valorización y que ello resulta compatible
con la Constitución, por tratarse de una norma marco de carácter general, impersonal
y abstracto, la resolución No. 006439 de 2018, en cuanto acto individual de asignación,
debía individualizar en el caso concreto el hecho generador del tributo y su
cuantificación a partir de la base gravable y la tarifa.

7
SAMAI Tribunal, índice 36 “Sentencia”
8
SAMAI Tribunal, índice 39 “Recepción recurso de apelación”

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Sostuvo que el Tribunal erró al considerar ajustado a derecho un acto particular que
se limitó a reproducir elementos contenidos en el acuerdo general. Señaló que, al
estudiar la resolución de asignación, se advierte que el IDU solo transcribió las normas
que justificaban el cobro, identificó los ejes de obras y reprodujo las fórmulas de
distribución, pero no explicó de manera concreta por qué surgía la obligación tributaria
a cargo de Cencosud.

Añadió que la resolución No. 006439 de 2018 no expuso las razones por las cuales la
demandante fue considerada sujeto pasivo de la contribución, ni precisó de manera
clara el beneficio derivado de las obras ejecutadas. Asimismo, señaló que el acto
administrativo no identificó la obra pública más cercana a sus inmuebles, ni explicó la
forma en que se aplicó y despejó la fórmula correspondiente al método de avalúo
ponderado por la distancia.

Finalmente, reiteró que la Administración tampoco suministró los datos necesarios
para que el contribuyente pudiera verificar la corrección de la liquidación, entre ellos el
monto distribuible, la cercanía con las obras, el factor de conversión y el parámetro
beta. Por esa razón, insistió en que sí se vulneraron los principios de legalidad, certeza
y predeterminación tributaria

Segundo cargo: Falta de motivación de los actos administrativos demandados –
Violación al derecho de defensa.

1. Fundamento del fallo de primera instancia. El a quo negó el cargo de falta de
motivación y vulneración del derecho de defensa. Para el Tribunal, la motivación de
los actos demandados se acompasaba con lo previsto en los Acuerdos 7 de 1987 y
724 de 2018 y con la memoria técnica explicativa.

Precisó que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Cuarta, al resolver el recurso
de reconsideración la administración puede mejorar su argumentación, siempre que
no introduzca hechos nuevos distintos de los que sustentaron el acto definitivo. Con
fundamento en ello, concluyó que la resolución No. 001381 de 2020 no incorporó
elementos o hechos nuevos, sino que desarrolló aspectos propios de la contribución
de valorización y dio respuesta a los argumentos planteados en el recurso de
reconsideración. Por esa razón, estimó que no se vulneró el derecho de defensa de la
demandante.

2. Fundamentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante. La
parte actora manifestó que la sentencia recurrida padece un defecto material o
sustantivo, toda vez que el Tribunal consideró que la Resolución 001381 de 2020 solo
había desarrollado una mejor argumentación frente a la Resolución 006439 de 2018,
cuando en realidad incorporó información nueva.

Precisó que la Resolución 001381 de 2020 incluyó, por primera vez, información
relativa a la individualización de los elementos esenciales de la obligación tributaria.
Explicó que, a diferencia de la resolución de asignación, la que resolvió el recurso de
reconsideración sí identificó la obra más cercana a los predios gravados, el beneficio
que aquella les reportaba y los distintos datos que integran la fórmula con la cual se
determinó la cuantía de la obligación tributaria, tales como el factor FC, beta, la
distancia en metros, el avalúo catastral y la ponderación.

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Adujo que resulta censurable que el acto que puso fin a la sede administrativa hubiera
incorporado por primera vez esa información, pues ello implicó para la contribuyente
la pérdida de la oportunidad de verificar y controvertir los factores tenidos en cuenta
para la liquidación del tributo, con afectación de su derecho de defensa.

Tercero. Hechos sobrevinientes que afectarían la legalidad del cobro de la
contribución y que de configurarse deben ser reconocidos como una limitación
a las competencias del IDU.

1. Fundamento del fallo de primera instancia. El Tribunal concluyó que el cargo
partía de un indicio indeterminado y que, además, la demandante no tuvo en cuenta la
unificación del plazo para iniciar la etapa de construcción de las obras prevista en el
artículo 87 del Acuerdo 761 de 2020. Precisó que, para la fecha de presentación de la
demanda, la Administración aún contaba con tiempo para dar inicio a las obras objeto
de la contribución.

Agregó que, si bien el indicio constituye prueba cuando permite deducir la
materialización de un hecho, tratándose de la nulidad de actos administrativos
amparados por presunción de legalidad, correspondía a la parte demandante
desplegar una actividad probatoria suficiente para acreditar la ocurrencia del supuesto
invocado. Como en el proceso no existía prueba de la materialización de los hechos
alegados, negó el cargo.

2. Fundamentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
En el recurso de apelación no se formuló reproche alguno frente a los fundamentos de
la sentencia de primera instancia con los que se desestimó este cargo de nulidad.

Cuarto cargo: Configuración de pago de lo no debido, por cuanto no existe causa
legal que sustente el pago realizado por Cencosud - Solicitud de devolución-
Reconocimiento de intereses.

1. Fundamento del fallo de primera instancia. El Tribunal negó la solicitud de
devolución de lo pagado y el reconocimiento de intereses, al considerar que los actos
administrativos demandados se ajustaban al ordenamiento jurídico y que la asignación
de la contribución de valorización era acorde con la naturaleza del tributo. En
consecuencia, concluyó que no se configuraba un pago de lo no debido

2. Fundamentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.
La parte demandante adujo que la sentencia de primera instancia padece un defecto
material o sustantivo, toda vez que negó la devolución de lo pagado por concepto de
contribución de valorización, pese a que, a su juicio, se encontraba probada la nulidad
de los actos administrativos demandados.

Manifestó que, contrario a lo afirmado por el a quo, la realidad fáctica y jurídica
acreditada en el proceso permitía concluir que dichos actos estaban viciados de
nulidad y, por tanto, eran inoponibles a Cencosud, de manera que no existía ni existe
acto administrativo jurídicamente válido que soporte una obligación dineraria a su
cargo a favor del IDU.

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En consecuencia, reiteró la procedencia de la devolución de la suma pagada por la
contribución, junto con el reconocimiento de los intereses legales, corrientes y
moratorios reclamados

Pronunciamientos finales

La parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el consejero Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso.9

Mediante el Auto del 20 de marzo de 2025 se declaró fundando el impedimento y se
le separó del conocimiento del presente proceso10.

Problemas jurídicos.

Conforme a los expresos motivos de inconformidad formulados en la apelación
presentada por la parte demandante, le corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La Resolución 006439 de 2018 desconoció los principios de legalidad, certeza y
predeterminación tributaria, por no individualizar el hecho generador de la contribución
ni su cuantificación respecto de los predios gravados?

(ii) ¿La Resolución 001381 de 2020 desconoció el derecho de defensa de la
demandante, al incluir información nueva sobre la individualización de los elementos
esenciales del tributo?

(iii) De prosperar alguno de los anteriores cargos, ¿procede el restablecimiento del
derecho solicitado, consistente en la devolución de lo pagado y el reconocimiento de
intereses?

Análisis normativo y aplicación al caso concreto.

Primer cargo: Los actos administrativos demandados desconocen los principios
de legalidad, certeza y predeterminación tributaria porque no precisaron el
hecho generador del tributo, su base gravable y la tarifa.

La apelante sostiene que el Tribunal aplicó erradamente los principios de legalidad,
certeza y predeterminación tributaria, porque la resolución No. 006439 de 2018 no
podía reputarse ajustada a derecho por el solo hecho de reproducir o remitirse a
elementos previamente definidos en actos administrativos de carácter general. A su
juicio, el acto de asignación debía expresar, por sí mismo, cuál era el beneficio que

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Samai CE. Índice 13.
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SAMAI CE. Índice 20.

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Demandante: Cencosud Colombia S.A

reportaban las obras a sus predios, cuál era la obra más cercana y cuáles fueron los
factores concretos empleados para determinar la contribución a su cargo.

Para resolver ese reparo, la Sala estima necesario precisar la estructura normativa de
la contribución de valorización discutida, pues de ello depende establecer si, en efecto,
el acto de asignación debe contener la totalidad de los elementos tenidos en cuenta
para determinar el tributo a cargo del demandante, en especial la forma en que se
aplicó la fórmula correspondiente al método de avalúo ponderado por la distancia y los
factores utilizados para ello, o si tales aspectos podrían verificarse a partir del conjunto
de actuaciones y actos que integran el procedimiento de imposición, distribución y
cobro del gravamen.

Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia11, la contribución de valorización es un
gravamen real, que se funda en el beneficio que recibe un inmueble por la ejecución
de una obra de intereses público.

Así mismo, la Corte ha admitido que, por expresa autorización de la Constitución
Política, la tarifa de las tasas y contribuciones especiales pueden ser fijadas por las
autoridades administrativas, previa definición del sistema y el método para hacerlo.

En el Distrito Capital, para la época de los hechos, la contribución de valorización se
encontraba regulada, en primer término, por el Acuerdo 7 de 1987 “Por el cual se
adopta el Estatuto de Valorización del Distrito Especial de Bogotá” que la definía como
un gravamen real sobre las propiedades inmuebles12 destinadas a la construcción de
una obra, plan o conjunto de obras de interés público13. Así mismo, dicho acuerdo
asignó al IDU las operaciones administrativas de cálculo, liquidación, distribución,
asignación y cobro14, lo cual se acompasa con la jurisprudencia constitucional que ha
señalado que la tarifa de la contribución puede ser definida por los entes
administrativos.

El mismo acuerdo previó que la distribución es el proceso mediante el cual se
determina el presupuesto o costo de la obra, el monto distribuible, el método de
reparto, así como la contribución a cargo de cada propietario o poseedor beneficiario15.
A su vez, precisó que el monto distribuible16 corresponde al costo de la obra17, plan o
11
La contribución de valorización, su naturaleza, su evolución normativa, así como sus elementos han sido objeto de múltiples
pronunciamientos jurisprudenciales. Al respecto puede consultarse, entre otras, la Sentencia C-155 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett proferida por la Corte Constitucional, y las sentencias del 7 septiembre de 2014 (Rad. Interno 19872) C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y Sentencia del 13 de julio de 2017 (Rad. Interno 19228) C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
12
”Artículo 1º. Definición. La contribución de valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta a registro
destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores
de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras”
13
Artículo 2º. Obras que causan valorización. Causan contribución de valorización, las obras de interés público que beneficien
a la propiedad inmueble que se ejecuten directamente o por delegación por una o más entidades de derechos público, dentro de
los límites del Distrito Especial de Bogotá
14
Artículo 3° ” Organismo encargado de su manejo. El instituto de Desarrollo Urbano, IDU, podrá realizar las operaciones
administrativas de cálculo, liquidación y distribución de la contribución de valorización por obras ordenadas por este sistema, que
se construyan directamente por el Instituto o, mediante contratación, por otras entidades de derecho público del orden distrital, o
por medio de inversión concertada ente cualquiera de esas entidades y el sector privado. La asignación y cobro de la contribución
de valorización será de competencia exclusiva del IDU, el que no podrá cobrar como gatos de administración sino los que
correspondan a los costos directos, inherentes al proyecto (...)”
15
Artículo 42º. Definición. Se entiende por distribución, el proceso mediante el cual se determinará el presupuesto o costo de la
obra, el monto y el método de distribución, la fijación de plazos y formas de pago, con el fin de determinar la contribución que
deba pagar cada propietario o poseedor de los inmuebles beneficiados con la obra, plan o conjunto de obras ordenadas por el
sistema de valorizació
16
Artículo 43º. Monto Distribuible. El monto distribuible será el costo de la obra, plan o conjunto de obras, de conformidad con
lo definido en el artículo 45 de este Estatuto (...)
17
Artículo 45º.- Costo de la obra. Por costo de la obra, plan o conjunto de obras se entiende el valor de todas las inversiones y
gastos que ella requiera hasta su terminación, tales como estudios, proyectos, ejecución, financiación, adquisición de inmuebles,

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conjunto de obras, entendido como las inversiones y gastos que su ejecución requiera
hasta su terminación, adicionado con el porcentaje previsto para administración y
recaudo.

De igual forma, el estatuto definió la zona de influencia como la extensión superficial
hasta cuyos límites se extiende el beneficio causado por la ejecución de la obra, plan
o conjunto de obras, y determinó criterios para su fijación, atendiendo, entre otros
aspectos, al tipo de obra, su ubicación, el tipo de beneficio generado y las
características generales de los predios.

Así mismo, el artículo 61, ibidem, instituyó la memoria técnica como el instrumento en
el que deben consignarse la fundamentación legal, la descripción de las zonas o
sectores beneficiados y la operación de cálculo y distribución del gravamen. Desde ya
la Sala advierte que la memoria técnica no se trata, por tanto, de un simple documento
accesorio, sino de una actuación clave en el procedimiento de distribución de la
contribución de valorización.

Sobre esa base, el Acuerdo 724 de 2018 autorizó el cobro de una contribución de
valorización por beneficio local para la adquisición predial y la construcción de un plan
de obras en tres ejes de la ciudad: Oriental El Cedro, Córdoba y Zona Industrial. En
ese mismo acto se fijó el monto distribuible total en $906.579.000.000, del cual
$396.819.000.000 correspondieron al Eje Oriental El Cedro, eje donde se encuentran
ubicados los bienes de la demandante, se delimitaron las zonas de influencia; y se
adoptó como método de distribución el de avalúo ponderado por la distancia.

En desarrollo de lo previsto en el Acuerdo 7 de 1987 y en el citado Acuerdo 724 de
2018, el IDU, mediante la Resolución 006316 de 2018, acto que no hace parte de los
demandados, se aprobó la Memoria Técnica Explicativa V1 del Acuerdo 724 de 2018.
En ella desarrolló el sustento normativo del gravamen, las zonas de influencia, la
metodología para su delimitación, el modelo matemático de distribución, los factores
de conversión y los procedimientos de asignación, notificación y recaudo. La propia
resolución aprobatoria dispuso que la memoria podía ser consultada por los
contribuyentes en la página web de la entidad.

A partir de lo anterior, la Sala precisa, como lo ha hecho en ocasiones anteriores 18,
que la contribución debatida no se agota en un solo acto administrativo, sino que
responde a un procedimiento complejo, integrado, al menos, por: i) el estatuto general
de valorización; ii) el acuerdo que autoriza el cobro, fija el monto distribuible, delimita
las zonas de influencia y adopta el método de distribución; iii) la memoria técnica que
desarrolla la operación de cálculo y distribución del gravamen; y iv) el acto particular
de asignación que concreta la obligación respecto de determinados predios y
contribuyentes.

Conforme lo anterior, la resolución No. 006439 de 2018 no puede ser analizada como
una fuente normativa autónoma y autosuficiente del tributo, desligada de los actos
previos que le sirven de fundamento. Su función dentro del procedimiento es
individualizar respecto de ciertos inmuebles la contribución previamente estructurada
en sus componentes normativos, territoriales, técnicos y matemáticos por el Acuerdo

indemnización, construcciones, instalaciones, reajustes, interventoría, obras de ornato y amoblamiento, adicionado en un 30%
más como costo de administración del recaudo de las contribuciones
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 8 de mayo de 2025 C.P. Wilson
Ramos Girón (E).

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724 de 2018 y por la memoria técnica, aprobada mediante la resolución No. 006316
de 2018, la cual se reitera, no fue objeto de reproche por parte del demandante y gozan
de presunción de legalidad, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento.

Adicionalmente, la demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de las
resoluciones acusadas y por consiguiente, no existen razones para declarar la nulidad
de los actos demandados.

Lo anterior no significa, desde luego, que la administración pueda ampararse en actos
generales para eximir al acto de asignación de toda carga de motivación o de
individualización. Significa, precisamente, que en esta clase de gravámenes la
legalidad, certeza y predeterminación no se verifican únicamente a partir del texto
aislado de la resolución particular, sino del conjunto articulado de actos que componen
el procedimiento de imposición y distribución. Por ello, el reparo del apelante no puede
resolverse partiendo de la premisa de que el acto de asignación debía reproducir
íntegramente todo el contenido normativo y técnico previamente definido en los actos
generales y en la memoria técnica.

En ese orden, la Sala comparte el entendimiento general del Tribunal en cuanto a que
la verificación de los principios de legalidad, certeza y predeterminación tributaria debía
hacerse en armonía con el Acuerdo 7 de 1987, el Acuerdo 724 de 2018, la Memoria
Técnica aprobada por la resolución No. 006316 de 2018, pues ellos forman parte del
proceso de todos distribución, asignación y cobro de la contribución de valorización.

En lo que al beneficio obtenido por el demandante por la ejecución de las obras se
refiere, se advierte que la jurisprudencia19 de esta Corporación ha sido enfática en que
el aludido beneficio no se limita al mayor valor del bien inmueble. En el caso concreto,
la memoria técnica precisa que el beneficio que obtienen los inmuebles ubicados en el
Eje Oriental, por la ejecución de las obras corresponde a mejoras en la movilidad,
seguridad vial y espacio público. De manera, que, en contraste con lo afirmado por la
actora, el beneficio sí fue determinado.

En consecuencia, la sociedad demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de
las resoluciones acusadas y por consiguiente, no existen razones para declarar la
nulidad de los actos demandados.

Con fundamento en lo anterior el cargo de apelación no prospera.

Segundo cargo: Falta de motivación de los actos administrativos demandados –
Violación al derecho de defensa.

La parte demandante sostiene que la resolución No. 006439 de 2018 está viciada de
falta de motivación, porque en ella no se expusieron las razones de hecho y de derecho
que le permitieron conocer por qué fue considerado sujeto pasivo de la contribución
de valorización, cuál era el beneficio que, a su juicio, reportaban las obras a sus
inmuebles, ni cuáles fueron los factores tenidos en cuenta para aplicar la fórmula de
asignación y determinar el valor del tributo a su cargo.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de
septiembre de 2014 (Rad. Interno 19872). C.P. Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez.

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Sobre la falta de motivación de los actos administrativos, la Sala ha precisado que
constituya una de las causales da lugar a su declaratoria de nulidad. En efecto, la
motivación corresponde a la expresión de las razones de hecho y de derecho que
sustentan la decisión administrativa. Por ello, no solo constituye un elemento
estructural del acto, sino que además garantiza el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas y hace posible el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de los administrados. En ese sentido, cuando la ley exige que un acto
administrativo sea motivado y la administración omita exteriorizar, ni siquiera
sumariamente, las razones que lo sustentan, se configura un vicio de expedición
irregular y se afecta el derecho de defensa del administrado, pues no le es posible
conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa y, por lo
tanto, no podría controvertirlos adecuadamente.

En el caso concreto, la Sala advierte que la resolución No. 006439 de 2018 no adolece
de falta de motivación, en la medida en que en ella se expusieron los fundamentos de
hecho y de derecho que dieron lugar a su expedición. En particular, en el acápite de
consideraciones se señalaron los fundamentos jurídicos del cobro de la contribución
de valorización, el monto distribuible, la zona de influencia del Eje Oriental El Cedro,
el método de distribución adoptado, avalúo ponderado por la distancia, y la fórmula
prevista para la liquidación del gravamen, con indicación de sus variables. Así mismo,
el acto dejó constancia de que, dentro de sus fundamentos jurídicos y técnicos, se
encontraba la Memoria Técnica para la Distribución de la Contribución de Valorización
por Beneficio Local, aprobada mediante la resolución 6316 de 2018. Finalmente, en la
parte resolutiva individualizó, respecto de los predios gravados, datos como el sujeto
pasivo, la identificación catastral del inmueble sobre el que recae el tributo, la distancia
a la obra en metros, el avalúo catastral y el valor de la contribución asignada.

En lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho de defensa, por la supuesta
inclusión en la resolución No. 001381 de 2020 de hechos y fundamentos jurídicos
nuevos no expuestos previamente en sede administrativa, la Sala precisa que, de
haber incorporado argumentos novedosos en el acto que decidió el recurso de
reconsideración, se habría configurado un vicio de legalidad por violación al derecho
de defensa, en tanto la contribuyente no habría tenido oportunidad de conocerlos y
controvertirlos. Sin embargo, la Sala advierte que esa situación no se presentó en este
caso.

En efecto, la resolución No. 001381 de 2020 no expuso por primera vez el hecho
generador, ni la base de cálculo, ni el método de distribución de la contribución. Tales
elementos ya se encontraron definidos en el Acuerdo 724 de 2018 y fueron
desarrollados en la Memoria Técnica aprobada mediante la resolución No. 006316 de
2018 y recogidos, en lo pertinente, en la resolución No. 006439 de 2018.

Lo que hizo la administración al decidir el recurso de reconsideración fue explicar con
mayor detalle la forma en que esos elementos, previamente definidos en otros actos
administrativos que hacen parte del proceso de asignación de la contribución por
valorización, se concretaban respecto de los predios del demandante, particularmente
en lo relativo al beneficio asociado a las obras del eje, a la obra de referencia y a las
variables que integran la fórmula de liquidación del tributo. Así pues, no se trató
entonces de la explicación tardía de los criterios de imposición, sino de una mayor y
mejor explicación de información que ya hacía parte del procedimiento de asignación
y cobro de la contribución de valorización, la cual posee el carácter de pública y, por

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lo tanto, podía ser consultada por toda la ciudadanía a través de los canales dispuestos
por la entidad demandada para el efecto.

En esas condiciones, no se advierte que la resolución No. 001381 de 2020 hubiera
sorprendido a la demandante con una glosa nueva o con fundamentos distintos de los
que estructuraron inicialmente el gravamen. Por ello, no se configura la vulneración del
derecho de defensa alegada.

Por lo motivos expuestos el cargo de apelación no prospera.

Tercer cargo: Configuración de pago de lo no debido, por cuanto no existe causa
legal que sustente el pago realizado por Cencosud - Solicitud de devolución-
Reconocimiento de intereses.

Teniendo en cuenta que los pagos realizados por el demandante se efectuaron con
fundamento en los actos administrativos demandados, los cuales, según se precisó,
fueron expedidos con observancia de la Constitución y la ley, no se configuró un pago
de lo no debido. En consecuencia, no hay lugar a la devolución de las sumas pagadas
ni al reconocimiento de intereses. Por lo tanto, el cargo de apelación no prospera,

Costas

Se condena en costas a la parte apelante, al no prosperar el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En virtud del Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, se condena a la parte demandante al pago de agencias en derecho en
esta instancia, las cuales se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el incidente de liquidación de costas, según
las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del 23 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia y en
agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se
ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica
: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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