Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00622-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2020-00622-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00622-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00622-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de abril de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda
Demandada: DIAN
Temas: Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás
universidades estatales. Notificación. Recurso extemporáneo.
Agotamiento de la vía administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió1:
Primero: Declárese probada la excepción previa de inepta demanda por indebido agotamiento
de la sede administrativa, conforme lo expuesto.
Segundo: En consecuencia, declarar terminado el presente proceso.
Tercero: Sin condena en costas, conforme lo expuesto en la parte resolutiva de la presente
providencia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución 008349 del 30 de diciembre de 2019, la DIAN determinó el valor
de la contribución por estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás
universidades estatales de Colombia, a cargo del Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda (en adelante, Fonvivienda)2, por la vigencia 2014, periodo 2. Contra dicho
acto se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue inadmitido por Auto 000680 del
23 de junio de 2020, debido a la omisión de la presentación personal (subsanable) y a su
interposición extemporánea (no subsanable). Esta decisión fue confirmada por la
Resolución 000884 del 12 de agosto de 2020, que resolvió el recurso de reposición.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones3:
1
Samai tribunal, índice 32.
2
Creado mediante el Decreto 555 de 2003, como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y
financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden
nacional y adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
3
Samai tribunal, índice 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
“Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 008349 de 30 de diciembre de 2019
“Por la cual se determina el valor de la Contribución pro Estampilla Universidad Nacional de
Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia”, expedida por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Segunda. Que se declare la nulidad del Auto Inadmisorio Recurso de Reconsideración No.
00680 de 23 de junio de 2020, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Tercera. Que se declare la nulidad del Auto Confirmatorio del Auto Inadmisororio No. 000884
de 12 de agosto de 2020, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Cuarta. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que el Fondo Nacional de Vivienda
no incurrió en conductas que ocasionaron el hecho generador de la “Estampilla Pro
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, dispuesta
en los artículos 5 de la Ley 1697 de 2013 y 6 del Decreto 1050 de 2014.
Quinta. Que, como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá a exonerar al Fondo Nacional de Vivienda del
pago de la “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales
de Colombia” impuesta a mi representada mediante los actos administrativos descritos en los
numerales anteriores, por una cuantía de veinticinco millones doscientos treinta y un mil
seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos (COP $25.231.665.891
M/CTE), así como los intereses e indexación causadas sobre dicha suma de dinero.
Primera pretensión subsidiaria a la quinta pretensión. Que en el evento en que el Fondo
Nacional de Vivienda, al momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente
proceso, hubiere realizado el pago parcial o total de la “Estampilla Pro Universidad Nacional
de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, directamente o a un tercero que
hubiere ejecutado el pago, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, reintegrar
a favor de la demandante, la totalidad de los valores pagados que resulten probados dentro
del proceso, debidamente indexados y con liquidación de intereses moratorios, desde el
momento de la realización del pago, hasta la fecha en que se materialice la respectiva
sentencia, incluido el capital, indexación e intereses que hubieren sido pagados a la fecha de
la devolución.
Segunda pretensión subsidiaria a la quinta pretensión: En caso de no efectuarse el pago de
las sumas reclamadas a título de restablecimiento del derecho en la primera pretensión
subsidiaria de la tercera pretensión, la entidad demandada deberá liquidar y pagar intereses
comerciales moratorios de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del CPACA.
Sexta. Que sobre cualquiera de las sumas anteriores se condene a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá a pagar al Fondo
Nacional de Vivienda la actualización y los intereses moratorios a la máxima tasa de interés
permitida por la ley.
Invocó como vulnerados los artículos 29, 209 y 338 de la CP (Constitución Política); 3 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 5 de la Ley 1697 de 2013; y 6 del Decreto 1050 de 2014,
bajo el siguiente concepto de violación.
Sostuvo que la DIAN remitió, a través del servicio postal 4/72, la Resolución 008349 del
30 de diciembre de 2019 -mediante la cual se determinó la contribución por estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia —vigencia 2014, periodo 2-, a la
sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -el acto se envió a la Calle 18 # 7-49 de
Bogotá-4.
4
Se advierte que corresponde a la dirección indicada en el acto demandado, que a su vez coincide con la registrada en el RUT de
Fonvivienda, quien aparece como destinatario en la guía de certificación de entrega de Servicios Postales Nacionales SA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
Que dicho envío fue recibido por el ministerio el 03 de enero de 2020 «para verificación», en
razón a que no estaba acompañado con oficio remisorio que, a su modo de ver, permitiera
identificar a Fonvivienda como destinatario, y en cumplimiento del proceso de gestión
documental previsto en la Guía GDC-P-01 sobre radicación, distribución y envío de las
comunicaciones oficiales5. Señaló que, una vez verificado el destinatario, se procedió a
la radicación formal del documento y remisión a las instalaciones de Fonvivienda -ubicadas
en la carrera 6 # 8-77 de Bogotá-6, lo cual ocurrió el 08 de enero siguiente, fecha en la que se
tuvo conocimiento del acto, conforme al principio de publicidad7 y, en consecuencia, se
surtió su notificación. Con base en lo anterior, concluyó que el recurso de reconsideración
interpuesto contra dicho acto, el 06 de marzo de 2020, fue oportuno, en los términos del
artículo 720 del ET.
En relación con el requisito de presentación personal, adujo que, si bien el recurso no fue
autenticado notarialmente, el apoderado lo radicó ante la DIAN, sin que el funcionario
adelantara el trámite correspondiente ni expidiera la constancia prevista en el artículo 725
del ET. Añadió que la autenticación del poder allegado con el recurso satisface dicha
exigencia, y que una interpretación en contrario configuraría exceso ritual manifiesto.
Concluyó que se agotaron los recursos en la actuación administrativa como requisito de
procedibilidad.
En cuanto al fondo del asunto, afirmó que el acto administrativo adolece de falsa
motivación por error de derecho, al extender indebidamente el alcance del hecho
generador de la estampilla, previsto en los artículos 5 de la Ley 1697 de 2013 y 6 del
Decreto 1050 de 20148.
Contestación de la demanda
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda9 y propuso las excepciones de inepta
demanda y caducidad. En cuanto a la primera, destacó que no se cumplió el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 161.2 del CPACA, consistente en la interposición de
los recursos obligatorios, toda vez que el recurso de reconsideración fue presentado de
manera extemporánea, dado que el acto administrativo contra el cual se dirigía fue
notificado el 03 de enero de 2020 -fecha de entrega del correo certificado-; además, dicho
recurso no cumplió con la formalidad de presentación personal. Agregó que operó la
caducidad del medio de control, pues la resolución que puso fin a la actuación fue
notificada el 28 de julio de 2020 -el acto que se notificó en esa fecha fue el inadmisorio del recurso-
mientras que la demanda se interpuso el 15 de diciembre del mismo año -según aplicativo
Samai-10, excediendo el término previsto en el artículo 138 ib. En torno al fondo del asunto,
expuso que Fonvivienda -en su calidad de fideicomitente y beneficiario- se encuentra habilitada
para celebrar contratos de obra pública a través de contratos de fiducia, sin que ello
desnaturalice el hecho generador de la estampilla, ya que el fideicomiso o patrimonio
autónomo se limita a administrar y ejecutar la gestión encomendada por la actora.
5
En la que se indica que las comunicaciones oficiales que ingresan a la entidad deben ser revisadas, para verificar la competencia,
los anexos, el destino y los datos de origen del usuario o entidad que las remite, dirección donde se deba enviar y asunto
correspondiente. En consonancia con el artículo 10 del Acuerdo 060 de 2001, por el cual se establecen pautas para la administración
de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
6
Alude a que Fonvivienda no es dependencia del ministerio sino una persona jurídica separada, con sede diferente.
7
Citó la sentencia C-096 de 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «y se entenderá surtida
en la fecha de introducción al correo», del artículo 566 del Decreto 0624 de 1989.
8
Expuso que no es responsable de realizar la retención de la contribución parafiscal de los contratos de obra suscritos entre la
Fiduciaria Bogotá SA en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso – Programa Vivienda Gratuita y terceros
contratistas.
9
Samai tribunal, índice 17.
10
En el índice 1 de Samai del tribunal, en las casillas correspondientes a fecha de registro y actuación figura como fecha de reparto
el 15 de diciembre de 2020. No obstante, en el índice 2 del mismo aplicativo consta que el correo de radicación de la demanda fue
remitido al tribunal el 11 de diciembre de 2020, razón por la cual esta última es la que se debe tener en cuenta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
Sentencia apelada
El tribunal declaró probada la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de
la sede administrativa y, en consecuencia, declaró terminado el proceso, sin condenar en
costas11. Lo anterior, porque encontró probado que la DIAN cumplió con el deber de
notificar el acto de liquidación en la dirección informada por Fonvivienda en el RUT -art.
565 ET-, y que el hecho de que en la guía se haya impuesto el sello de recibido por parte
del Ministerio de Vivienda no afecta la notificación. En este orden, como la Resolución
008349 del 30 de diciembre de 2019 se notificó el 03 de enero de 2020 y el recurso de
reconsideración se interpuso el 06 de marzo de 2020, fue extemporáneo, lo que equivale
a que no se agotó el recurso obligatorio en sede administrativa. Se relevó de estudiar la
excepción de caducidad, porque el indebido agotamiento de la actuación administrativa
impide acudir a la jurisdicción12.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia13. Sostuvo que el tribunal incurrió
en «inadecuada valoración de la notificación» de la Resolución 008349 del 30 de diciembre de
2019 y desconoció el derecho de defensa, pues, aunque Fonvivienda «comparte» la
dirección con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y es una entidad adscrita a
este, se trata de una persona jurídica distinta. Indicó que, si bien el acto fue entregado en
la dirección registrada en el RUT, solo tuvo conocimiento efectivo14 el 08 de enero de
2020, y no el 03 de enero, cuando fue recibido por el citado ministerio con la anotación
«para verificación», ya que, a su modo de ver, solo al finalizar dicho trámite se formalizaría
la radicación en la herramienta de gestión documental, lo cual se acredita con el sticker
de radicación aportado al expediente. Concluyó que el recurso de reconsideración
interpuesto el 06 de marzo de 2020 fue oportuno, e insistió en que el término previsto en
el artículo 720 del ET debe contarse a partir del conocimiento efectivo del acto por parte
de su destinatario, como elemento que permite el cómputo de términos procesales.
En cuanto a la excepción de caducidad, no analizada por el tribunal, expuso que la DIAN
incurrió en error al contabilizar el término desde el auto inadmisorio del recurso de
reconsideración, cuando la instancia administrativa se agotó con el auto confirmatorio del
12 de agosto de 2020 -notificado en esa misma fecha-. Por tanto, el término de cuatro meses
debía contarse desde entonces, de modo que la demanda presentada el 11 de diciembre
de 2020 -según certificación del secretario del tribunal-, fue oportuna. Finalmente, en cuanto al
fondo del asunto, reiteró lo expuesto en la demanda frente a que no se configuró el hecho
generador de la estampilla.
Pronunciamientos finales
La parte demandada guardó silencio. A su turno, el ministerio público rindió concepto15
en el que solicitó confirmar la sentencia apelada, al estimar que el recurso de
reconsideración fue interpuesto de manera extemporánea, habida cuenta de que la
notificación del acto de liquidación se surtió válidamente en la dirección registrada en el
RUT de Fonvivienda. En consecuencia, concluyó que no se satisfizo el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 161.2 del CPACA.
11
Samai tribunal, índice 32. Por no estar probadas.
12
Citó la sentencia del 15 de febrero de 2024 (exp. 27534, CP: Wilson Ramos Girón)
13
Samai tribunal, índice 35.
14
Al respecto transcribió apartes de la sentencia C-096 de 2001.
15
Samai CE, índice 11.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Corresponde a la Sala examinar la legalidad de los actos acusados a partir de los
cargos de apelación formulados por la demandante -apelante única-, contra la sentencia de
primera instancia que declaró probada la excepción de inepta demanda por indebido
agotamiento de la sede administrativa y, en consecuencia, dio por terminado el proceso.
En concreto, se debe determinar si el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución 008349 del 30 de diciembre de 2019 fue presentado oportunamente y, por
ende, si se cumplió el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.2 del CPACA,
lo que habilitaría el estudio de fondo del asunto, previa verificación, de ser el caso, de la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Análisis del caso concreto
2- La demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que el tribunal
incurrió en «inadecuada valoración de la notificación» de la Resolución 008349 de 2019 y
vulneración de su derecho de defensa, por cuanto, si bien el correo fue entregado el 03
de enero en la dirección registrada en el RUT de Fonvivienda -que «comparte» con el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, persona jurídica distinta-, solo tuvo conocimiento efectivo del acto
el 08 de enero del mismo año, a su modo de ver, cuando se formalizó la radicación en la
herramienta de gestión documental. En consecuencia, afirmó que el recurso de
reconsideración interpuesto el 06 de marzo de 2020 fue oportuno, en la medida en que
el término debía contarse desde ese momento.
Del examen del expediente se advierte que, para efectos de notificar la Resolución
008349 de 2019, la DIAN acudió a la notificación por correo, prevista en el artículo 565
de ET, la cual fue remitida al destinatario Fonvivienda -único destinatario- y recibida el 03 de
enero de 2020 en la Calle 18 # 7-49 de Bogotá, dirección registrada en el RUT de la
actora -hecho no controvertido-; es decir, el envío se entregó en la dirección correcta. Si bien
en la guía de Servicios Postales Nacionales SA consta sello de recibido en esa fecha con
la nota «recibido para verificación» por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
entidad distinta de la demandante, dicha circunstancia no desvirtúa la validez de la
notificación.
En efecto, cuando la DIAN remite la notificación por correo a la dirección registrada en el
RUT del administrado, esta se entiende válidamente surtida con la entrega de una copia
del acto correspondiente en la misma16, esto es, en la fecha de su recepción, por tratarse
del medio oficialmente informado para tal efecto. Ello, por cuanto el artículo 555-2 del ET
dispone que el RUT constituye el mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los
sujetos obligados ante la administración tributaria, de modo que la dirección -física o
electrónica- allí registrada adquiere plena eficacia para efectos de notificación, salvo que
se informe una dirección procesal distinta17, caso en el cual esta prevalece18.
En ese contexto, quien registra una dirección en dicho instrumento asume la carga de
cerciorarse de que en ella se reciban sus comunicaciones; por consiguiente, las
particularidades del manejo interno de la correspondencia, incluidas las derivadas de
directrices de gestión documental o de la coexistencia de varias entidades en una misma
sede física -como se aludió en la apelación-, no desvirtúan la eficacia de la notificación ni
16
En el mismo sentido, la sentencia del 29 de mayo de 2025 (exp. 29273, CP: Wilson Ramos Girón)
17
En la sentencia apelada, el tribunal expuso que «durante el curso del proceso de fiscalización la entidad demandante no informó
una dirección procesal distinta», lo que no se discute.
18
Sentencia del 26 de marzo de 2026 (exp. 29577 acumulado, CP: Wilson Ramos Girón)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
difieren sus efectos jurídicos, pues lo determinante no es quién recibe la comunicación,
sino la dirección a la cual fue remitida19.
Se precisa que el trámite de recepción, revisión y radicación de las comunicaciones
oficiales previsto en el artículo 10 del Acuerdo 060 de 2001 -citado en la demanda-20
constituye una regla de gestión documental orientada a garantizar el adecuado manejo,
control y distribución de la correspondencia al interior de las entidades.
En consecuencia, las actuaciones internas de recepción de comunicaciones no inciden,
suspenden o modifican la oportunidad en que se entiende surtida la notificación por
correo, la cual se determina con la recepción en la dirección válida informada por el
administrado, momento a partir del cual existe la posibilidad cierta de conocer el
contenido del acto21. El conocimiento efectivo corresponde a la órbita propia del
destinatario -esto es, a su organización administrativa, gestión documental y diligencia en el trámite de
la correspondencia-, sin que ello pueda trasladarse a la administración ni afectar la eficacia
de la notificación; por tanto, las demoras o contingencias que se presenten en ese ámbito
no le son oponibles. Admitir lo contrario supeditaría el inicio de los términos legales a
factores internos y subjetivos del administrado, en contravía de los principios de
seguridad jurídica, eficacia, celeridad y buena fe que orientan la función administrativa,
así como la finalidad de las reglas de notificación, orientadas a asegurar certeza,
uniformidad y objetividad en el cómputo de los plazos, como presupuesto del debido
proceso.
En estas condiciones, no se advierte que, a partir de las circunstancias alegadas por la
apelante, la administración y el tribunal debieran contabilizar el término para interponer
el recurso de reconsideración de manera distinta a la prevista en las normas tributarias.
En particular, no es jurídicamente admisible computarlo desde el conocimiento efectivo
del acto derivado de su radicación interna, pues la notificación por correo se entiende
surtida con la entrega en la dirección válida informada por el administrado. Así, si la
notificación de la Resolución 008349 del 30 de diciembre de 2019 se surtió por correo el
03 de enero de 2020 y el recurso de reconsideración -de carácter obligatorio, lo que no se
discute- se interpuso el 06 de marzo de 2020 -sin que obre prueba de suspensión de términos-,
este fue extemporáneo y se tiene por no interpuesto22, lo que implica el incumplimiento
del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.2 del CPACA y conduce a la
ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse agotado el recurso obligatorio, tal
como lo decidió el a quo y lo señaló el ministerio público. En ese contexto, resulta
innecesario analizar lo relacionado con la presentación personal del recurso -que también
fue invocada como causal de inadmisión-, pues la extemporaneidad, por sí sola, es suficiente
para tenerlo por no interpuesto.
19
Sentencia del 29 de mayo de 2025 (exp. 29273, CP: Wilson Ramos Girón), reiterada en la sentencia del 03 de julio de 2025 (exp.
28788, CP (E): Wilson Ramos Girón). Para la Sala, tratándose de direcciones donde existe una recepción, portería u otra dependencia,
comunal o propia, donde se reciba la correspondencia, no es relevante quién recibió la comunicación, sino la dirección a donde fue
remitida.
20
Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación en uso de las facultades legales,
especialmente, entre otras, la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos de Colombia. Esa norma establece que las comunicaciones
oficiales que ingresen a las instituciones deberán ser revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de
origen del ciudadano o entidad que las remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, si es competencia
de la entidad, se procederá a la radicación del mismo. Derogado por el Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024, pero vigente para la
época de los hechos.
21
Esto no se opone a lo expuesto en la sentencia C-096 de 2001, citada por la apelante, en la que la Corte Constitucional concluyó
que «la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo.”, contenida en el artículo 566 del Decreto 0624 de
1989, debe ser retirada del ordenamiento jurídico por cuanto resulta inconstitucional que los actos proferidos por la Administración de
Impuestos, se entiendan conocidos, por el administrado, antes de que tal conocimiento fuere posible, por cuanto el principio de
publicidad persigue que, efectivamente, y sin restricción alguna, los actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa
sean conocidos por los administrados y la simple introducción de la copia al correo no es un medio idóneo para darle cumplimiento a
tal exigencia». Pues lo relevante, es que las formas de notificación deben garantizar la posibilidad de conocimiento del acto por parte
del interesado.
22
Entre otras, sentencias del 10 de octubre de 2016 (exp. 20311, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 24 de agosto de 2023
(exp. 27612, CP: Wilson Ramos Girón)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00622-01 (29686)
Demandante: Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda
En consecuencia, no prospera el recurso de apelación y la Sala se releva del examen de
la excepción de caducidad del medio de control, en la medida en que el indebido
agotamiento de la actuación administrativa impide acceder a la jurisdicción, con
independencia de la oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho23.
Conclusión
3- Por lo razonado en precedencia, se establece que, verificado que la notificación del
acto definitivo fue entregada en la dirección correcta, esto es, la registrada por la actora
en el RUT, no es jurídicamente viable supeditar la eficacia de la notificación por correo al
conocimiento efectivo del acto ni a las actuaciones internas de gestión documental de la
entidad destinataria. En consecuencia, al haberse presentado de manera extemporánea
el recurso de reconsideración -obligatorio-, se tiene por no interpuesto, lo que comporta el
incumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.2 el CPACA y
conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse agotado el recurso
obligatorio. Acorde con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada.
Costas
4- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en esta instancia a la parte demandante, en la medida en que
se confirma la providencia apelada y se resuelve desfavorablemente la apelación -365.1
CGP-. Así, se fijarán como agencias en derecho en esta instancia el equivalente a un
smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal
tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, acorde con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
23
En igual sentido, sentencia del 15 de febrero de 2024 (exp. 27534, CP: Wilson Ramos Girón)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.