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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00010-01

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00010-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por las razones expuestas en esta providencia. 2.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 3.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00010-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de septiembre de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00010-01 (28775)
Demandante: GASES DE OCCIDENTE SA ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00010-01 (28775)
Demandante: GASES DE OCCIDENTE SA ESP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD
Tema: Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios - periodo 2020. Vigencia artículo 18 Ley
1955 de 2019. Irretroactividad tributaria. Efectos sentencias de
nulidad. Restablecimiento del derecho

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 14 de marzo de 20241, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que en la parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO: INAPLICAR por vía de excepción de inconstitucionalidad la Resolución n°.
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, proferida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios -SSPD- mediante la cual se estableció el monto de la tarifa de la
Contribución Especial para el año 2020, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial SSPD nº 20205340066736
del 9 de septiembre de 2020, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por medio de la cual se determinó la contribución especial correspondiente
a la vigencia 2020 a cargo de la demandante y de los actos que resolvieron el recurso de
reposición y apelación, esto es, la Resolución SSPD nº 20205300046045 del 19 de octubre
de 2020 y la Resolución SSPD nº 20205000053805 del 23 de noviembre de 2020.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que Gases de Occidente
S.A. E.S.P no está obligada a cancelar el monto de la contribución especial con
fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y, en consecuencia, se ordenará a la
SSPD liquidar a cargo de la empresa actora la referida contribución especial para el año
2020 con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Igualmente, se ordena a la SSPD, que una vez profiera la liquidación aquí ordenada, tenga
en cuenta el pago realizado por la demandante, por concepto de anticipo de la contribución
aquí analizada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: No se condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia […]».

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Índice 2 Samai.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00010-01 (28775)
Demandante: GASES DE OCCIDENTE SA ESP

ANTECEDENTES

El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el
cual creó la contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios - SSPD, para recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia
que presta a las entidades sometidas a regulación. La contribución se liquida y paga
anualmente conforme con las reglas establecidas en la anterior disposición, sin que
pueda superar el 1 % de la respectiva base gravable de la entidad contribuyente, en el
año anterior a aquel en el que se hace el cobro, según los estados financieros puestos
a disposición de la Superintendencia.

Mediante Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, la citada
Superintendencia fijó la tarifa de la contribución especial para el año 2020, a cargo de
las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control2.

El 09 de septiembre de 2020, mediante Liquidación Oficial 20205340066736, la SSPD
liquidó la contribución especial a la demandante por el año 2020, en $1.917.684.0003.
Contra la anterior liquidación se interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, resueltos por las Resoluciones SSPD 20205300046045 del 19 de octubre
de 20204 y SSPD 20205000053805 del 23 de noviembre de 20205, en el sentido de
confirmar.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad
demandante formuló las siguientes pretensiones:

«1. PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERA: Que se declare la nulidad de:

i. La Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No. 20205340066736 del
9 de septiembre de 2020 mediante el cual se liquida la contribución especial de
la empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. para la vigencia del año 2020,
en su integridad;
ii. La Resolución No. SSPD 20205300046045 de 2020 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición presentado por la EMPRESA GASES DE OCCIDENTE
S.A. E.S.P., contra la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340066736 del 9 de
septiembre de 2020, contribución especial vigencia 2020, por el servicio de Gas
combustible por redes”, en su integridad; y
iii. La Resolución No. SSPD – 20205000053805 del 23 de noviembre, por la cual
se resuelve el recurso de apelación contra la Liquidación Oficial SSPD No.
20205340066736 del 9 de septiembre de 2020, contribución especial vigencia
2020, en su integridad, con base en los argumentos de hecho y de derecho que
se exponen en la presente demanda.

La pretensión se funda en la infracción de las normas en las que la Liquidación Oficial
Contribución 2020 con radicado No. 20205340066736 del 9 de septiembre de 2020
deberían fundarse y en su expedición irregular.

Como anexos 4, 11 y 14 de este documento presento en copia simple el texto íntegro

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Índice 2 Samai.
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Índice 2 Samai. Comoquiera que la vigilada pagó $771.431.000, por concepto de anticipo, el saldo a pagar ascendió a
$1.146.253.000.
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de la Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No. 20205340066736 aludida,
de la Resolución No. SSPD 20205300046045 de 2020 y de la Resolución No. SSPD
20205000053805 de 2020 que, por su extensión y economía procesal, no reproduzco
aquí.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que en subsidio de las PRETENSIÓN PRIMERA, se declare
que el acto administrativo - Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No.
20205340066736, mediante el cual se liquida la contribución especial de la empresa
GDO para la vigencia del año 2020, perdió fuerza ejecutoria por haber desaparecido
sus fundamentos de derecho, de conformidad con el artículo 91 del CPACA.

SEGUNDA: De manera complementaria a la pretensión PRIMERA, solicito que, en el
caso concreto de la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340066736 del 9 de septiembre
de 2020 y las Resoluciones No. SSPD 20205300046045 de 2020 y No. SSPD
20205000053805 de 2020 a las que se refiere la pretensión anterior, con fundamento
en los argumentos de hecho y de derecho que se exponen en la presente demanda:

i. Se declare, solo con efectos interpartes, que la SSPD debió acceder a la
petición que hizo GDO de que se cumpliera con el artículo 4° de la Constitución
para que, vía excepción de inconstitucionalidad, se inaplicara el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, por ser contrario a la Constitución desde cuando fue
expedido; y,
ii. En consecuencia, que también por este motivo se acceda a todas las
pretensiones de condena que aparecen en la presente demanda.

TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de la PRETENSIÓN PRIMERA,
PRIMERA SUBSIDIARIA y/o SEGUNDA, una o cualquiera de ellas, y para restablecer
el derecho lesionado de GDO y reparar el daño, se ordene a la SSPD:

i. Liquidar la Contribución Especial del año 2020 de conformidad con lo dispuesto
en el texto del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 que se encontraba vigente
previo a la modificación realizada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
valor que GDO pagó.
ii. Imputar el pago del anticipo realizado por GDO en la suma de 771.431.000 a la
liquidación de la Contribución Especial de la SSPD para el año 2020 que se
haga de conformidad con el numeral anterior.

CUARTA: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS al pago de todas las costas y agencias en derecho del proceso, si se
llega a oponer a esta demanda».

Invocó como disposiciones violadas, las que se enuncian a continuación:

• Artículos 4, 122, 338, 365 y 367 de la Constitución Política;
• Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 y,
• Artículo 85 Ley 142 de 1994.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos acusados vulneran los principios de legalidad, reserva de ley y certeza del
tributo, al fundarse en una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional;
además, porque la base gravable y tarifa no se calculó en función de los costos
incurridos por la autoridad, sino en función del presupuesto neto indiscriminado. Los
efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, son inmediatos y afectan la legalidad de los actos demandados, porque la
situación jurídica no estaba consolidada, al haberse interpuesto los recursos de ley.
Se vulneró el debido proceso y no se motivaron los actos demandados, dado que la

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SSPD no se pronunció sobre la excepción de inconstitucionalidad formulada en sede
administrativa, a pesar de la evidente vulneración de la Constitución Política de la
norma en la que se basó la contribución. Así como tampoco se pronunció sobre todos
los argumentos expuestos en el recurso de reposición y apelación.

La contribución demandada aumentó de forma desproporcionada respecto del año
anterior, lo que genera una afectación de los principios de eficiencia económica,
suficiencia financiera y la prestación eficaz de los servicios públicos, conforme al
artículo 365 de la Constitución Política.

OPOSICIÓN

La SSPD se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

Los cargos de la demanda se refieren directamente a la aplicación del artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, norma que sirvió de fundamento a los actos acusados y que la
SSPD aplicó correctamente, junto con sus decretos reglamentarios, los cuales están
vigentes y gozan de presunción de legalidad.

La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, tuvo
efectos diferidos a partir del 1.º de enero de 2023, de manera que, durante el año 2020,
la norma estaba en vigor, surtiendo plenos efectos. Los tributos causados en ese año
constituyen una situación jurídica consolidada, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional (sentencias C-464 y C-484 de 2020). En las mencionadas sentencias y en la
C-147 de 2021, la Corte señaló que las contribuciones causadas podrían ser cobradas
independientemente del procedimiento establecido para su liquidación y pago.

Conforme al análisis jurisprudencial de la vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, para el año gravable 2020, los actos cuestionados son legales, y la decisión que
se adopte debe respetar dicho análisis. No se vulneró el debido proceso, pues en sede
administrativa la SSPD se pronunció sobre todos los argumentos esgrimidos por la
demandante, sin que estuviera en la obligación de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad deprecada.

La actuación acusada garantizó los cometidos estatales en materia de servicios
públicos, descartando la vulneración de los principios alegados en la demanda.
Propuso como excepciones de mérito la legalidad de los actos administrativos
demandados y la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 15 de diciembre de 2023, el a quo ordenó dictar sentencia anticipada,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, incorporó las pruebas aportadas en
la demanda, reforma de la demanda y contestación, y corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión. El litigio se fijó en determinar la legalidad de los actos
administrativos acusados.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A inaplicó
por inconstitucional el acto general que fijó la contribución por el año 2020, anuló los

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actos acusados y ordenó a la demandada liquidar la contribución especial con
fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con base en lo siguiente:

La SSPD liquidó la contribución especial a cargo de la actora con base en el artículo
18 de la Ley 1955 de 2019; no obstante, según el Consejo de Estado6 dicha norma no
era aplicable para el año 2020, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria.

Si bien la Corte Constitucional7 precisó que «los tributos causados en la anualidad 2020
corresponden a situaciones jurídicas consolidadas», en las sentencias no se estudió el alcance
del principio de irretroactividad tributaria previsto en el artículo 338 de la Constitución
Política, el cual resultó vulnerado por la Resolución 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020, que fijó la contribución para el periodo discutido, lo que genera su inaplicación
por vía de excepción y la consecuente anulación de los actos particulares acusados.

A título de restablecimiento del derecho, se decreta que la actora no está obligada a
pagar la contribución con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y se
ordena a la SSPD liquidar la contribución especial para el año 2020, con base en lo
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, previa imputación del pago realizado
a título de anticipo.

No se condena en costas, por no encontrarse probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente:

Contrario a la decisión del Tribunal de aplicar el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la
SSPD está justificada constitucional y legal de liquidar la contribución, con base en el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. El fallo de primera instancia no corresponde a la
realidad fáctica y jurídica del caso, pues los efectos de las sentencias de
inexequibilidad del referido artículo, fueron clarificados por la Corte Constitucional y su
validez se mantuvo hasta enero de 2023, con lo cual esa norma aplicaba en el año
2020, por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas. Las contribuciones son
tributos de fuente legal a favor del Estado, de obligatorio pago para el contribuyente,
no son parte del presupuesto general, reportan un interés colectivo, y quienes las
sufragan se benefician por ser vigilados pertenecientes a un sector, en este caso, una
empresa del sector de servicios públicos vigilado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, quien es el sujeto activo de la contribución.

La finalidad de la contribución especial es financiar los gastos de funcionamiento e
inversión y, en general, recuperar los costos del servicio en los que se incurre por el
ejercicio de la inspección, vigilancia y control que desarrolla la Superintendencia,
representando un beneficio directo para los sujetos pasivos, pues con este se corrigen
comportamientos del sujeto pasivo para ajustar la regulación del sector, sumado a la
garantía en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en condiciones de
calidad, continuidad y eficiencia, haciéndolos competitivos en el mercado.

El Consejo de Estado8 señaló que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 era plenamente

6
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García.
7
En las sentencias C-464 y C-484 de 2020.
8
Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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aplicable para el año 2020, atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional; por ello
no se vulneró el principio de irretroactividad tributaria.

Además, la contribución liquidada conforme el artículo 18 de la Ley 1955 de 2029, no
corresponde a un tributo de periodo, sino anual, teniendo en cuenta que depende del
comportamiento financiero y otros factores externos que desarrolla la empresa de
servicios públicos, para lo cual, varía su liquidación, pero no se modifican los
elementos estructurales del tributo y, en el caso particular, no cambia el hecho
generador, al estar definido en la ley.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandante, en el término previsto en el artículo 247-4 del CPACA, solicitó
confirmar la sentencia apelada. Afirmó que las sentencias citadas por el a quo son
aplicables al problema jurídico; que no existía una situación jurídica consolidada
respecto de la contribución discutida y que, contrario a lo señalado por la SSPD, la
contribución es un tributo de período, con lo cual, las modificaciones de la Ley 1955
de 2019 no regían en el año debatido. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la SSPD, que
determinaron la contribución especial del año gravable 2020, a cargo de GASES DE
OCCIDENTE SA ESP.

En los términos del recurso de apelación incoado por la parte demandada y apelante
única, se debe establecer si el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 era aplicable, en
relación con la base gravable de la contribución del periodo en discusión.

Vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia9

Sobre la base gravable de la contribución especial fijada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el artículo 18 de la Ley 1955 de 201910, que modificó
el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dispuso que, «se determinará con base en los costos y
gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas,
contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente
anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados ».
Se subraya.

El artículo 18 de la citada ley fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencias C-464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020,
cuyos efectos en el tiempo fueron abordados por la Sala en providencia del 26 de mayo
de 202211, al advertir que la citada sentencia C-464 de 2020 declaró la
inconstitucionalidad con efectos inmediatos y hacia el futuro de la expresión «y todos
aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios »,
por desconocer el principio de legalidad tributaria, al existir indeterminación de los
sujetos pasivos de la contribución especial, y la inconstitucionalidad de los demás
incisos de dicho artículo con efectos diferidos «a partir del 1 de enero de 2023».
9
Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en las sentencias del 14 de
marzo de 2024, exps. 25615 y 25531, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García, respectivamente.
10
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad».
11
Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

6
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Respecto a la sentencia C-484 de 2020, la Sección destacó que la Corte moduló los
efectos en el tiempo de la declaratoria de inexequibilidad, en el sentido de establecer
que los tributos causados en el año 2020, correspondían a situaciones jurídicas
consolidadas y que los efectos de la sentencia se producirían a partir del año 2021.

Por ello, como ha sido criterio pacífico de esta Corporación, el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 surtió efectos jurídicos desde su publicación12 hasta la declaratoria de
inexequibilidad -a partir del año 2021-, lapso durante el cual se expidió la Resolución
SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, acto general en virtud del cual la
SSPD fijó la contribución para GASES DE OCCIDENTE SA ESP, mediante la
Liquidación Oficial 20205340066736 del 09 de septiembre de 2020, y las Resoluciones
confirmatorias SSPD 20205300046045 del 19 de octubre de 202013 y SSPD
20205000053805 del 23 de noviembre de 2020.

En esa línea, esta Sección, al analizar la legalidad de la Resolución SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, que fijó la contribución especial para el
año gravable 2020, precisó que «Bajo la misma ilación, para la Sala, los actos administrativos
acusados no decayeron por la expedición de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 respecto del período
gravable 2020, habida cuenta de que la Corte Constitucional determinó expresamente la inexequibilidad
a partir del año 2021, es decir que para el año 2020 la norma era plenamente aplicable».

Sobre la existencia de situaciones jurídicas consolidadas y, pese a que la sentencia C-
484 de 2020 señaló que «los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a situaciones
jurídicas consolidadas», es criterio de la Sala14 que, respecto de los actos administrativos
expedidos con ocasión del artículo declarado inexequible, esta no ha operado, pues el
debate en sede administrativa y judicial sobre la legalidad de estos está en curso.

En ese orden de ideas, en vista de que los actos administrativos particulares se
debaten en sede judicial, corresponde analizar si, en efecto, como señaló el a quo, se
vulneró el principio de irretroactividad.

Principio de irretroactividad tributaria - artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
Efectos de las sentencias de nulidad de actos generales. Reiteración de
jurisprudencia

Esta Sección, en un asunto con similitud fáctica y jurídica, precisó que15:

➢ Para declarar la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en las sentencias C-
464 de 2020 y 484 del mismo año, la Corte Constitucional no estudió el alcance del principio
de irretroactividad en materia tributaria, respecto de la contribución especial por el año 2020.
Por esta razón, para esa Corporación la norma en mención era aplicable para el año 2020.

➢ Las disposiciones que establecen o modifican los elementos esenciales de los tributos, esto
es, sujetos activo y pasivo, hechos generadores, bases gravables, deben ser preexistentes
al nacimiento de la obligación, por lo que su aplicación en manera alguna puede ser
retroactiva.

➢ La base gravable de la contribución es el resultado de hechos ocurridos durante un
período determinado, que en este caso es anual, y conforme al artículo 338 de la

12
Publicación en el diario oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.
13
Índice 2 Samai
14
Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00010-01 (28775)
Demandante: GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Constitución Política, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que entró a regir el 25 de mayo
de 2019, debía aplicarse en el período fiscal siguiente (año 2020).

➢ La Sala concluyó que la resolución acusada tomó como base, hechos económicos ocurridos
durante el periodo de entrada en vigor de la ley (2019), por lo cual, dicho acto se anuló, por
vulnerar el principio de irretroactividad tributaria.

Las anteriores precisiones siguieron el criterio de la Sección, quien al estudiar la
liquidación de la base gravable de una contribución a favor de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, señaló16 que, «Las normas tributarias que regulan elementos
esenciales de los tributos de periodo, como la contribución a favor de la demandada, principian a regir
a partir del periodo siguiente a aquel en el cual se profieren, de manera que el artículo 371 de la Ley
1819 de 2016 no podía aplicarse a hechos anteriores a ese año ni a los que se desarrollaron
durante el mismo, so pena de vulnerar las normas constitucionales dirigidas a que los hechos
formalizados jurídicamente y en curso al momento de expedirse una ley, no se vean afectados
por los cambios, en aras de la seguridad jurídica. Si así se hubiere interpretado el artículo
mencionado, el literal c) del artículo 4 de la Resolución demandada habría comenzado a aplicarse en el
año 2018 con base en los ingresos brutos del 2017, en tanto periodo siguiente al de la promulgación de
la Ley 1819 de 2016». Se resalta.

Con base en el anterior análisis, en sentencia del 26 de junio de 202417, la Sección
anuló el artículo 2.º de la Resolución 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, acto
general que fijó la base gravable de la contribución especial y de la contribución
adicional por el año 2020, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria.

Así pues, la Sección ha señalado que, en los casos en que se anula el acto
administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución
Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no
consolidadas18.

Frente a los efectos de las sentencias de nulidad de los actos administrativos de
carácter general, la Sala ha precisado «que son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la
situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso
resulta inaplicable porque fue anulada».19

En el caso bajo examen, se reitera, como se indicó en el acápite anterior, que la
situación jurídica de la demandante no está consolidada, porque se discutió en sede
administrativa, mediante el ejercicio de los recursos procedentes contra la liquidación
oficial, y en sede judicial, con la presente demanda.

Ahora, en el expediente consta que los actos administrativos de carácter particular
acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante por el año 2020,
con fundamento en la base gravable de la contribución especial según lo establecía el
artículo 2.º de la Resolución 20201000033335 del 20 de agosto de 2020.

16
Sentencia del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
17
Exp. 27733, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
Ver entre otras: Sentencias del 12 de diciembre de 2018, exp. 22381, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 2 de mayo de
2019, exp. 22161, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 15 de abril de 2021, exp. 25089, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19
Entre otras, ver sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16404, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de
2010, exp. 17617, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011, exp. 17922, CP. William Giraldo Giraldo; del
3 de julio de 2013, exp. 19017, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 26 de febrero de 2014, exp. 19684, CP. Martha Teresa
Briceño de Valencia y del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, CP. Milton Chaves García.

8
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Demandante: GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Y, comoquiera que la sentencia del 26 de junio de 202420, que anuló el referido acto
general, tiene efectos inmediatos en este caso, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante con fundamento en una norma que fue expulsada
del ordenamiento jurídico. En consecuencia, ante la referida nulidad del acto general,
resulta improcedente la excepción de inconstitucionalidad declarada por el a quo y, se
mantiene la nulidad los actos particulares. No prospera la apelación.

No obstante, le asiste la razón a la SSPD al señalar que la contribución debatida es
una fuente de financiación relevante de este organismo, por ser el mecanismo de
recuperación de los costos incurridos en el servicio de vigilancia prestado, a efectos
de desarrollar la función constitucional prevista en los artículos 370 de la Constitución
Política y 79 de la Ley 142 de 199421. Lo anterior, bajo el supuesto de la naturaleza
jurídica de las contribuciones, en términos de la Corte Constitucional, recae en la
«recuperación de los costos de los servicios que (las autoridades) les presten […] 22», siendo este el
principal criterio diferenciador respecto de otro género de tributos.

Bajo esa óptica, se pone de presente que en sentencia del 26 de junio de 202423,la
Sección precisó que «la SSPD fijó la base gravable de la contribución especial a cargo de los
prestadores de servicios públicos por el año 2020 (artículo 2.º), en aplicación del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, con la información del año gravable anterior (2019), y no con fundamento en el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía […]». Se resalta.

Así las cosas, y en concordancia con las pretensiones de la demanda, en las que la
parte actora solicitó a «la SSPD liquidar a cargo de la empresa actora la referida contribución
especial para el año 2020 con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación
del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019», la Sala considera que: i) ante la ocurrencia del hecho
generador de la contribución; ii) para efectos de no afectar el correcto funcionamiento
de las labores de la SSPD en desarrollo de la obligación constitucional que le asiste y,
iii) dado el deber de los vigilados de contribuir con el financiamiento de la función de
vigilancia24, en armonía con la facultad prevista en el inciso tercero del artículo 187 del
CPACA, la contribución especial para el año 2020 a cargo de la actora debe liquidarse
conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación
introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, tal como lo concluyó el Tribunal.

Aunado a lo anterior y al margen de las precisiones efectuadas por esta Corporación
en cuanto a la irretroactividad tributaria, se advierte que la SSPD actuó bajo el
convencimiento de que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 era aplicable a la
contribución especial del año 2020, conforme a las indicaciones dadas por la Corte
Constitucional en las sentencias analizadas, de manera que, aun cuando se concluye
que los actos acusados están viciados de nulidad, se considera para este caso

20
Exp. 27733, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
«ARTÍCULO 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Modificado por el art. 13 de la Ley 689 de 2001.,
Adicionado por el art. 96, Ley 1151 de 2007. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen
actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia.
Son funciones especiales de ésta las siguientes: […]».
22
Ver sentencia C-155 de 2016, MP. Alejandro Linares Cantillo, en la cual se señaló: «La Constitución Política, como lo destacó
este Tribunal en las sentencias C-040 de 1993 y C-430 de 1995 no emplea el vocablo contribución de manera unívoca.
Contribución es un término genérico que abarca todos los tributos en el numeral 9 del artículo 95, el numeral 12 del artículo 150,
y en el primer inciso del artículo 338 de la Constitución Política. No obstante, lo anterior, es un término específico, diferente de los
impuestos, en el segundo inciso del artículo 338 ibidem, que se refiere a las tasas y contribuciones como aquellas que se cobran
a los contribuyentes “como recuperación de los costos de los servicios que (las autoridades) les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen”» […].
23
Exp. 27733, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
24
«ARTÍCULO 85. Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada
comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia,
estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas: […]».

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particular que el restablecimiento del derecho no puede recaer en sustraer a la actora
del pago de la contribución, sino en que esta debe liquidarse con fundamento en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, norma cuyos efectos revivieron con la aludida
declaratoria de inexequibilidad, como lo indicó la Sala en diferentes
pronunciamientos25.

En ese orden de ideas, y por las razones expuestas, se revocará el ordinal primero de
la sentencia apelada que inaplicó por inconstitucional la Resolución 20201000033335
del 20 de agosto de 2020. En lo demás, se confirmará.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso26, no procede la condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho), por
cuanto en el expediente no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por las
razones expuestas en esta providencia.

2.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

3.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y
aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara voto

25
Cabe reiterar que, la Corte Constitucional, al indicar en la sentencia C-484 de 2020, que los efectos del artículo 85 de la Ley
142/94 revivían a partir de la vigencia 2021, no tuvo en cuenta la vulneración de la irretroactividad tributaria, aspecto reiterado en
la jurisprudencia de esta Sección.
26
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».

10
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