Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00064-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00064-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00064-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00064-01 (28784)
Demandante JOSÉ PACOMIO BARÓN SANTISTEBAN
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas IVA período 5 año 2015. Requisitos formales del recurso de
reconsideración. Presentación personal. Poder otorgado a
abogado. Oportunidad del auto inadmisorio. Agotamiento del
recurso administrativo como requisito de procedibilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente 1:
PRIMERO: NIEGANSE las pretensiones de la demanda propuestas respecto del Auto Inadmisorio
del recurso de reconsideración 992232019000030 del 12 de septiembre de 2019 y el Auto
confirmatorio del auto inadmisorio 992232019000012 del 22 de octubre de 2019, a través de
los cuales la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN inadmitió el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor JOSÉ PACOMIO BARÓN SANTIESTEBAN [sic] en contra
de la liquidación oficial de revisión de IVA del período 5° del año 2015, por las razones
expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: INHIBASE, para pronunciarse sobre las demás pretensiones de la demanda por no
haberse agotado el requisito de procedibilidad respecto de la Liquidación Oficial de Revisión
322412019000180 del 8 de mayo de 2019, a través de la cual, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN determinó el impuesto sobre las ventas del 5° período del año
gravable 2015 al señor JOSÉ PACOMIO BARÓN SANTIESTEBAN [sic].
TERCERO: por no hacerse probado, no se condena en costas. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2015, el señor José Pacomio Barón Santisteban presentó la
declaración del IVA, correspondiente al quinto bimestre del año 2015, en la que
liquidó un saldo a favor.
Previa expedición del requerimiento especial, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) profirió la liquidación oficial de revisión 322412019000180 del 8
de mayo de 2019, que modificó la declaración señalada, para incrementar los
ingresos brutos operacionales gravados y el impuesto a cargo y,
consecuentemente, disminuir el saldo a favor e imponer sanción por inexactitud.
El 8 de julio de 2019, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual
fue inadmitido por no cumplir con el requisito establecido en el literal c) del artículo
1
Samai de tribunal, índice 23. Págs. 20 a 21.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00064-01 (28784)
Demandante: José Pacomio Barón Santisteban
722 del Estatuto Tributario (omisión de presentación personal), mediante auto
992232019000030 del 12 de septiembre de 2019.
Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de reposición, el 9 de
octubre de 2019. No obstante, dicha decisión fue confirmada en su totalidad por la
administración, en auto 992232019000012 del 22 de octubre de 2019.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en la subsanación de la demanda2:
1. Declarar la nulidad del Auto Confirmatorio y del Auto Inadmisorio dictados por la Unidad
de Recursos Jurídicos de Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, ya que para el caso concreto del Demandante y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 724 del Estatuto Tributario (en adelante, el “E.T.”), no se requería
presentación personal del Recurso de Reconsideración dado que la firma de quien lo
suscribe (i.e. de nuestro Representado) fue autenticada.
2. Declarar la nulidad del Auto Confirmatorio y del Auto Inadmisorio dictados por la Unidad
de Recursos Jurídicos de Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, como consecuencia de la improcedencia de su dictamen al motivar
ambos autos sobre la base de la necesidad de la presentación personal del Demandante
para la radicación del Recurso de Reconsideración, cuando en realidad no era necesaria
dicha presentación personal del Recurso de Reconsideración al estar el Demandante ya
reconocido en el proceso.
3. Subsidiariamente, en caso de considerar improcedente la primera pretensión, declarar
como extemporáneo el Auto Inadmisorio, al ser dictado en un lapso mayor de un mes de
acuerdo con lo establecido en el artículo 726 del Estatuto Tributario y, de esta forma,
necesariamente considerar que el Recurso de Reconsideración debe ser admitido por la
DIAN.
4. Reestablecer el derecho con que cuenta nuestro Representado y ordenar a la DIAN que
admita el Recurso de Reconsideración y proceda a pronunciarse sobre los argumentos
formulados por el Demandante en contra de la Liquidación Oficial. Adicionalmente
solicitar que, si transcurrido un año a partir de la interposición del Recurso de
Reconsideración el mismo no es decidido de fondo por la DIAN, se declare silencio positivo
a favor del Demandante.
5. Subsidiariamente y en caso de no considerar procedente la nulidad del Auto
Confirmatorio y del Auto Inadmisorio, solicitamos se declare la nulidad de la Liquidación
Oficial en virtud de la omisión por parte de la DIAN en la correcta valoración del material
probatorio suministrado por el Demandante durante la etapa gubernativa,
reestableciendo el derecho con que cuenta nuestro Representado al confirmar la firmeza
de la Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA del año gravable 2015, Período 05,
presentada en el formulario No.3001615856959 y radicada bajo el No.91000324942531
del 13 de noviembre de 2015 (en adelante, la “Declaración 2015”) que fue objeto de
revisión por parte de la DIAN.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución
Política; 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; 559, 720, 722, 724, 726, 728, 773, 774 del Estatuto Tributario.
2
Samai de tribunal, índice 7. Pág. 4.
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Demandante: José Pacomio Barón Santisteban
El concepto de violación se resume a continuación:
Alegó la configuración de un exceso ritual manifiesto, puesto que el recurso de
reconsideración fue inadmitido por no contar con presentación personal, a pesar de
que el artículo 724 del Estatuto Tributario dispone que no se requiere cumplir con
este requisito cuando las firmas del recurso o el poder están autenticadas 3.
Puso de presente que los actos acusados aseguraron que el poder suscrito por el
demandante no fue otorgado a un abogado, pues Henry Parra Triana (apoderado)
era contador público. Al respecto, señaló que esto es cierto pero que ese documento
contenía la firma autenticada del demandante.
En cuanto a la presentación personal, expuso que dentro del expediente se
encontraba probado que el recurso fue presentado en tiempo; que el contribuyente
hizo presentación personal del poder especial ante una notaría, cuyo fin era «dar
respuesta y presentar recursos»; y que tanto el recurso de reposición como el poder
especial fueron anexados para la subsanación de la reconsideración, los cuales
tenían el mismo origen y fecha de presentación.
Argumentó que, al momento de presentar el recurso de reconsideración, el
funcionario que lo recibió efectuó su verificación y los avaló, pues no expresó ningún
error en ellos, por lo que existe una presunción de validez de la firma impuesta 4.
Sostuvo que también fue vulnerado el derecho al debido proceso y de defensa, dado
que las actuaciones realizadas por Henry Parra Triana fueron aceptadas por la
administración, como la respuesta al requerimiento ordinario, la recepción de una
visita de la DIAN y la respuesta a un requerimiento especial, este último, que
constaba con la firma directa del demandante.
Además, advirtió que la demandada no debió inadmitir el recurso por la omisión de
la presentación personal, pues no es una causal de rechazo de los artículos 722 y
726 del Estatuto Tributario. Adicionó que la regla general del artículo 77 de la Ley
1437 de 2011 dispone que los memoriales no requieren presentación personal, si
son interpuestos por quien este reconocido en la actuación, regla que también se
encuentra en la norma aduanera5, por lo que no se puede dar un trato diferente y
discriminatorio a los contribuyentes de impuestos nacionales.
De no prosperar lo anterior, solicitó subsidiariamente que se declarara la
extemporaneidad del auto inadmisorio, por haber sido expedido el 12 de septiembre
de 2019, esto es con posterioridad al plazo de un mes contado desde la
interposición del recurso de reconsideración (8 de julio de 2019), según lo
establecido en el artículo 726 del Estatuto Tributario. Indicó que, debido a esto, la
administración debió considerar admitido el recurso de reconsideración y, por lo
tanto, resolver el fondo del asunto6.
Respecto a la liquidación oficial de revisión, también de forma subsidiaria, señaló
que la autoridad tributaria pretende desconocer los principios de contabilidad
generalmente aceptados, así como los registros contables y la normativa aplicable,
ignorando la realidad económica de la actividad empresarial como fabricante y
3
Citó el oficio 001735 del 2011 de la DIAN.
4
Citó el oficio 025644 del 28 de octubre de 2019 de la DIAN y el artículo 36 del Decreto 019 de 2012.
5
Artículo 702 del Decreto 1165 de 2019.
6
Citó la sentencia del 18 d emayo de 2017, exp. 21002.
3
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Demandante: José Pacomio Barón Santisteban
comercializador de prendas y otros artículos textiles, la cual fue demostrada con la
documentación allegada dentro del expediente administrativo, precisando que la
contabilidad llevada en debida forma, constituye prueba valida.
Realizó un listado de definiciones contables y de términos fiscales, y detalló
movimientos contables que se realizaron durante el período analizado, a fin de
controvertir lo establecido en el acto demandando, precisando que la información se
encuentra dentro del proceso.
Explicó que la demandante imputa contablemente las compras y costos de
producción en la cuenta de costos de ventas ( PUC 6), por lo que la cuenta de
inventarios (PUC 14) no refleja todos los movimientos de crédito. Así, señaló que esta
es una práctica contable válida y que, por lo tanto, no hubo omisión de ingresos.
De igual modo, aseguró que la DIAN no concilió los movimientos de las dos cuentas,
con lo que habría determinado que hay movimientos de créditos de la cuenta de
costos de ventas (PUC 6) que son trasladados al débito de la cuenta de inventarios
(PUC 14), lo cual está debidamente soportado. De esta forma, insistió en que la
demandante desconoció la realidad económica debidamente soportada, para lo cual
presentó cuadros que detallan la conciliación de saldos de ambas cuentas. Sumado
a lo anterior, señaló que la demandada no valoró pruebas de importaciones y
compras gravadas a otras tarifas, que justifican los valores declarados y que son
objeto de fiscalización.
Por último, en cuanto a la sanción por inexactitud, precisó que la declaración privada
goza de plena veracidad y no puede ser sujeta a modificaciones o sanciones.
Oposición de la demanda
La DIAN7 planteó la excepción de inepta demanda8, por indebido agotamiento de la
actuación administrativa, porque, aunque el recurso de reconsideración fue
interpuesto oportunamente, no cumplió con los requisitos formales, sin que fueran
subsanados por el contribuyente, dado que el recurso de reposición se limitó a
controvertir la liquidación oficial de revisión y no la omisión en la presentación
personal ni que el auto inadmisorio fuera proferido por fuera del término concedido
por la norma tributaria. Destacó que, por lo anterior, la demanda propone hechos
nuevos, que no fueron objeto de discusión en sede administrativa, imposibilitando a
la autoridad tributaria de controvertir los argumentos y de corregir sus propios
errores, en caso de ser necesario.
En cuanto al fondo del asunto, solicitó negar las pretensiones de la demanda pues
los artículos 559 y 724 del Estatuto Tributario establecen que el recurso de
reconsideración debe presentarse personalmente por el contribuyente. Advirtió que
dentro de los antecedentes administrativos no se observa el cumplimiento de esta
formalidad, ni la autenticación de la firma, ni la exhibición del documento de
identificación del signatario, ni la tarjeta profesional del apoderado especial, por lo
que no se cumplieron los requisitos legales9.
Sobre la vulneración del derecho de defensa y al debido proceso , expuso que el
demandante tuvo la oportunidad procesal para subsanar el recurso interpuesto,
cuando fue inadmitido por la administración y no lo hizo. Destacó que el demandante
7
Samai de tribunal, índice 13. Archivo ZIP 21, PDF contestación.
8
Excepción que fue negada por el tribunal en auto del 30 de marzo de 2023, que fijó el litigio. Samai de tribunal, índice 16.
9
Citó el oficio 061350 del 31 de octubre de 2014 de la DIAN.
4
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Demandante: José Pacomio Barón Santisteban
allegó el poder otorgado al señor Henry Parra Triana, quien no era abogado, sino
contador público, para intentar suplir el requisito de la presentación personal, pero
esto era improcedente, porque el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 dispone que
solo los abogados en ejercicio podrán se apoderados. Indicó que el contribuyente no
puede pretender que la DIAN acepte el poder para suplir el requisito de la
presentación personal, aun cuando la norma es clara en señalar que los recursos se
deben interponer por el mismo contribuyente con presentación personal o con poder
especial debidamente otorgado a un abogado.
Solicitó condenar en costas al demandante, como consecuencia de la negación de
sus pretensiones, conforme el artículo 361 del Código General del Proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Expuso
las pruebas que obran dentro del expediente y las normas aplicables al caso en
concreto10 y resolvió los cargos. Respecto a la inadmisión del recurso de
reconsideración, sostuvo que la presentación personal es un requisito del artículo
722 del Estatuto Tributario, que consiste en que puede interponerse directamente
por el contribuyente o mediante apoderado que acredite la personería jurídica.
Agregó que el Consejo de Estado11 señaló que dicho requisito supone la exhibición
del documento de identidad de quien radica el escrito de reconsideración, lo que
permite identificar al recurrente y la autenticidad del documento y si bien la
presentación personal es una formalidad subsanable, esta tiene un propósito claro
dentro del ordenamiento jurídico, que no puede omitirse. Afirmó que la corporación
ha señalado que, cuando se actúa a través de un tercero para interponer recursos,
este debe ser un abogado en ejercicio, pues dicha gestión exige conocimientos
especializados, según lo establece el artículo 68 del Decreto Ley 019 de 2012.
Destacó que el escrito del recurso de reconsideración fue suscrito por los señores
José Pacomio Barón Santisteban y Henry Parra Triana, identificados como
representante legal y contador público, respectivamente; no obstante, no se
encuentra el documento de identidad del contribuyente o el poder especial
concedido a un profesional del derecho. Destacó que lo anterior fue puesto en
conocimiento del demandante en el auto inadmisorio, quien presentó, como anexo
al recurso de reposición, el poder especial otorgado a Henry Parra Triana,
incumpliendo así el deber formal de otorgarlo a un profesional del derecho.
Indicó también que, al verificar los anexos de los recursos de reconsideración y de
reposición, y los de la demanda, no encontró la autenticación de las firmas de los
señores Barón Santisteban y Parra Triana. Además, no existen sellos notariales o
alguna otra acreditación de que el documento hubiese sido autenticado ante notaría,
ni que el recurso hubiese sido presentado personalmente por el contribuyente.
En relación con la falta de competencia temporal para inadmitir el recurso, señaló
que el artículo 726 del Estatuto Tributario establece el término de un mes contado a
partir de la radicación del recurso de reconsideración para proferir auto inadmisorio
y que el Consejo de Estado12 advirtió que dicho término es un plazo perentorio y no
preclusivo, por lo que su incumplimiento no es suficiente para anular el auto
10
Samai de tribunal, índice 23.
11
Citó las sentencias del 23 de marzo y 24 de agosto de 2023, exps. 26610 y 27472, respectivamente. M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
12
Citó la sentencia del 13 de octubre de 2016, exp. 20983, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
5
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inadmisorio. Aclaró que el cargo de la demanda es dirigido a una falta de
competencia y no a una vulneración del debido proceso y concluyó que la
extemporaneidad no conlleva la admisión automática, porque esta consecuencia
sólo se contempla respecto a la resolución que resuelve el recurso de reposición.
Por último, se declaró inhibido para decidir sobre la legalidad de la liquidación oficial,
pues, al no prosperar el cargo de la inadmisión del recurso y al tenerse por no
presentado el recurso obligatorio, no se cumplió con el requisito de procedibilidad
(agotamiento de los recursos administrativos obligatorios según la ley) , conforme el numeral 2
del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 720 del Estatuto Tributario.
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarse demostrada su causación,
conforme el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
El demandante presentó recurso de apelación13. Con relación a la presentación
personal, sostuvo que acudió ante notario el 8 de octubre de 2019 para autenticar la
firma del recurso de reposición y del poder otorgado al señor Henry Parra Triana. De
esta forma, resaltó que el funcionario de la DIAN que recibió la documentación, la
verificó y avaló, de modo que, aunque no dejó sentada la presentación personal, es
improcedente afirmar que no se hizo.
Enumeró las pruebas que obran dentro del expediente, destacando la firma y
autenticación del recurso de reposición y del poder. Indicó que, pese a no realizar la
presentación personal del documento, cumplió lo dispuesto en el artículo 724 del
Estatuto Tributario, que señala que esta no es requerida cuando el memorial o el
poder contiene una firma autenticada 14. Además, indicó que es aplicable el artículo
36 del Decreto 019 de 2012, que regula la presunción de validez de los documentos
que no implican disposición de derechos.
Agregó que el señor Henry Parra Triana actuó en distintas etapas del procedimiento
de fiscalización (respuestas a los requerimientos ordinario y especial, y atención de
la visita practicada por la demandada), las cuales fueron aceptadas y reconocidas
por la autoridad tributaria.
Precisó que la falta de presentación personal no es un requisito formal del recurso
de reconsideración, pues el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 dispone como regla
general que los recursos no requieren de ella si quien lo presenta ha sido reconocido
en la actuación. Indicó que esta misma disposición está contenida en la norma
aduanera15, por lo que un trato diferente para el contribuyente de impuestos
nacionales vulnera los principios de igualdad y de justicia, y los derechos de defensa
y debido proceso. Así, concluyó que, debido a que el demandante fue reconocido en
el trámite de fiscalización, no podía inadmitirse el recurso de reconsideración.
De forma subsidiaria, señaló que el auto inadmisorio fue extemporáneo, lo cual tiene
como consecuencia la admisión del recurso de reconsideración y la decisión de
fondo de este, pues fue proferido el 12 de septiembre de 2019, esto es, dos meses y
cuatro días después de la radicación del recurso, el 8 de julio de 2019, lo que supera
el término de un mes del artículo 726 del Estatuto Tributario 16.
13
Samai de tribunal, índice 26.
14
Invocó el oficio 025644 del 28 de octubre de 2019 de la DIAN.
15
Artículo 702 del Decreto 1165 de 2019.
16
Citó el auto del 18 de mayo de 2017, exp. 21002, sin identificar ponente.
6
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Precisó que el Tribunal cometió un error al considerar que la pretensión consiste en
la nulidad del auto inadmisorio, pues en realidad se limita a la declaratoria de
extemporaneidad. Así, manifestó que «solicitamos sea ordenado por este Despacho [la
declaratoria de extemporaneidad], en lugar de pronunciarse erradamente sobre la nulidad o legalidad
del mismo, tal como procuró hacerlo el Tribunal»17.
De forma subsidiaria y con relación al acto de determinación, solicitó «que se declare la
nulidad absoluta de la Liquidación Oficial en virtud de las siguientes razones de hecho y de derecho,
que son detalladamente expuestas en la Demanda»18. Luego, reiteró que la DIAN desconoció
los principios de contabilidad que son generalmente aceptados e ignoró la realidad
económica de la actividad realizada por el contribuyente, que fue demostrada
mediante libros auxiliares, soportes y documentos contables allegados, los cuales
fueron desestimados de manera subjetiva, contrariando los artículos 772 y 774 del
Estatuto Tributario. Sostuvo que los libros de contabilidad y sus soportes prevalecen
sobre las declaraciones tributarias.
Oposición a la apelación
La parte demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El ministerio público solicitó que se confirmara la sentencia apelada 19, por
encontrarse probado que el demandante no realizó la presentación personal del
recurso de reconsideración, y que la otra persona suscriptora no cuenta con calidad
de abogado. Además, respecto a la extemporaneidad del auto inadmisorio, indicó
que, de conformidad con la jurisprudencia20, el plazo otorgado a la administración es
perentorio, y no preclusivo, por lo que no procede la nulidad del acto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Delimitación del problema jurídico
Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la liquidación oficial de revisión
322412019000180 del 8 de mayo de 2019, acto expedido por la DIAN, que modificó
la declaración de IVA del período 5 del año gravable 2015 presentada por José
Pacomio Barón Santisteban, así como del auto inadmisorio 992232019000030 del
12 de septiembre de 2019 y el auto confirmatorio 992232019000012 del 22 de
octubre del mismo año, que inadmitieron el recurso de reconsideración presentado
contra la liquidación oficial referida.
En concreto, la Sección estudiará el alcance de la presentación personal del recurso
y puede considerarse cumplida o no en el caso concreto. Subsidiariamente, se
verificará si el auto inadmisorio es extemporáneo. De no prosperar ninguno de los
puntos anteriores, se analizará si es procedente el estudio de la legalidad de la
liquidación oficial de revisión y, de ser así, serán decididos los cargos de nulidad.
Análisis del caso en concreto
17
Samai del tribunal, índice 26, PDF de la apelación, página 9.
18
Ibidem.
19
Samai, índice 11.
20
Invocó la sentencia del 13 de octubre de 2016, exp. 20983, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
7
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Demandante: José Pacomio Barón Santisteban
1. Sobre la presentación personal del recurso de reconsideración
El apelante sostuvo que la presentación personal no es un requisito cuyo
incumplimiento de lugar a la inadmisión del recurso de reconsideración, por cuanto
el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 así lo dispone para las personas que ya fueron
reconocidas en la actuación. Además, manifestó que las firmas del recurso de
reposición y del poder anexo fueron autenticadas el 8 de octubre de 2019, de modo
que tampoco se requiere la presentación personal por mandato del artículo 724 del
Estatuto Tributario. Indicó que así mismo lo establece la norma aduanera, por lo que
no se puede dar un tratamiento distinto y discriminatorio a los contribuyentes de
impuestos nacionales, y que el artículo 36 del Decreto Ley 19 de 2012 establece la
presunción de autenticidad de las firmas. Finalmente, señaló que el contador público
actuó en diferentes etapas del trámite de fiscalización, lo cual fue aceptado por la
DIAN.
Para decidir, la sala reiterará, en lo pertinente, el criterio adoptado en las sentencias
del 23 de marzo21 y del 24 de agosto22 de 2023, que decidió cargos similares a los
propuestos en esta ocasión.
En dichas providencias, se expuso que el literal c) del artículo 722 del Estatuto
Tributario prevé, dentro de los requisitos del recurso de reconsideración, «Que se
interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o se
acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante».
En concordancia, el artículo 559 ibidem dispone que los recursos que deban
interponerse ante la administración pueden presentarse de forma personal o
electrónicamente. En el primer evento, se debe hacer personalmente o por
interpuesta persona, con exhibición del documento de identidad del signatario, y en
caso de apoderado, la correspondiente tarjeta profesional. Con base en lo anterior,
la Sección expresó que la presentación personal de las peticiones, recursos y
demás escritos permite «garantizar la identidad del recurrente y la autenticidad del contenido del
escrito, para efectos de que el documento sea puesto en conocimiento de la Administración
competente»23.
De otro lado, el artículo 68 del Decreto Ley 019 de 2012 24 expresamente prevé que
las actuaciones ante la autoridad tributaria pueden cumplirse directamente por las
personas naturales o jurídicas, estas últimas a través de su representante legal, sin
necesidad de apoderado y, agrega que «Salvo para la interposición de recursos, en cualquier
otro trámite, actuación o procedimiento ante las administraciones tributarias, no se requerirá que el
apoderado sea abogado» [subraya la sala].
Atendiendo las normas analizadas, si el contribuyente decide actuar a través de
apoderado para interponer el recurso de reconsideración ante las autoridades
tributarias, este debe ser abogado. En caso de que este requisito no se cumpla,
procede la inadmisión del recurso, según lo establece el artículo 726 del Estatuto
Tributario; con todo, podrá ser subsanado en el término para interponer el recurso
de reposición contra el auto inadmisorio, según lo señala el artículo 728 ibidem.
21
Exp. 26610, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Exp. 27472, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Sentencia del 26 de septiembre de 2015, exp. 19763, M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterado en el fallo del 23 de
marzo de 2023 citado como precedente.
24
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
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La Corte Constitucional explicó que las normas que exigen la calidad de abogado
para intervenir en los procedimientos administrativos «obedecen al designio del legislador
de exigir una especial condición de idoneidad -la de ser abogado- para las personas que van a
desarrollar determinadas funciones y actividades que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por
consiguiente, conocimientos, habilidades y destrezas jurídicos, necesariamente exigen un aval que
comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional» 25. Igualmente, manifestó
que la exigencia de actuar a través de un abogado se fundamenta en «necesidades
relativas a la eficacia y a la eficiencia del servicio público, a la protección de los intereses públicos o
sociales de la comunidad y a la buena y recta administración de justicia» . Todo lo cual hace
«legítima la regulación del legislador, en el sentido de exigir que personas con la calidad de abogados
sean las únicas habilitadas para intervenir en los procesos judiciales y actuaciones administrativas,
salvo las excepciones que aquél establezca».
Siguiendo esa misma línea, esta sección expuso que «El artículo 29 de la Constitución
Política señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, para el efecto se deben seguir las “formas propias de cada juicio”, razón por la cual
no puede entenderse que los términos procesales y los procedimientos administrativos
contemplados en la ley, sean una cuestión meramente formal, ya que como atañen a la efectividad de
los derechos fundamentales sustanciales, son protegidos igualmente en la Constitución Política, al
consagrar el mismo artículo 228 que “los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será́ sancionado” (…)»26.
Así las cosas, como lo expuso la sentencia reiterada, la exigencia de actuar a través
de apoderado en la interposición de recursos ante las autoridades tributarias no
constituye una cuestión meramente formal, sino que está relacionado con la
materialización y la efectividad de otros principios constitucionales que rigen la
función administrativa y que garantizan la protección de los intereses generales.
En esa medida, contario a lo dicho por el apelante, lo previsto en el literal c) del
artículo 722 del Estatuto Tributario, no puede inobservarse invocando un exceso
ritual manifiesto, por exigir la presentación personal del contribuyente, cuando
presenta el recurso en nombre propio, o por exigir que el apoderado especial que lo
interponga tenga la calidad de abogado.
En el caso en concreto, se encuentran probados los siguientes hechos:
El 8 de julio de 2019, los señores José Pacomio Barón Santisteban y Henrry Parra
Triana presentaron recurso de reconsideración, actuando como «representante legal» y
como contador público, respectivamente27, contra la liquidación oficial de revisión que
modificó la declaración del IVA del quinto bimestre del año 2015. En este documento,
no consta ninguna presentación personal ni autenticación de las firmas.
Mediante auto 992232019000030 del 12 de septiembre de 201928, la DIAN inadmitió el
recurso porque no cumplió con el requisito establecido en el literal c) del artículo 722
del Estatuto Tributario, en la medida en que «Omite la presentación personal». En el mismo
acto, la autoridad tributaria advirtió que «los requisitos señalados en los literales a), c), d) del
referido artículo 722 así como la presentación personal pueden ser subsanados» dentro del término
para interponer recurso de reposición.
El 9 de octubre de 2019, el señor José Pacomio Barón Santisteban, actuando en
nombre propio, interpuso recurso de reposición en contra del auto inadmisorio29, sin
proponer algún argumento contra la decisión recurrida. En este recurso, se solicitó: i)
25
Sentencia C-069 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
26
Sentencia del 9 de diciembre de 2010, exp.. 16882. M.P. William Giraldo Giraldo. Reiterada en sentencia del 24 de agosto de
2023, exp. 27472, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27
Samai de tribunal, índice 13. Archivo ZIP 20, Caa 5 págs. 51 a 66.
28
Ibidem, págs. 136 a 137.
29
Ibidem, Caa 6 págs. 1 a 17.
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revocar o modificar la liquidación oficial, ii) declarar la firmeza de la declaración de
IVA, iii) sustraer del total de compras que dice la DIAN haberse omitido, una suma
específica. En este documento, no consta ninguna presentación personal ni
autenticación de la firma.
Al anterior recurso, anexó poder especial que fue otorgado a Henry Parra Triana, para
que «realice ante su despacho todos los actos necesarios»30, incluyendo facultades para
«presentar recursos». La firma del contribuyente fue autenticada ante notario, el 9 de
octubre de 2019.
En auto 992232019000012 del 22 de octubre de 201931, la administración confirmó el
auto que inadmitió el recurso de reconsideración. A estos efectos, indicó que «el
recurso debió contar con la presentación personal, ante la DIAN o ante Notario. La autorización para
radicación de recurso a un tercero, no suple el requisito de presentación personal»32. Además, sobre
el señor Henry Parra Triana, manifestó que «no se admite la actuación del contador público,
quien recibió poder especial […], por las razones expuestas, no contar con la calidad de abogado» 33.
Agregó, que el recurso de reconsideración fue suscrito directamente por el
contribuyente, el cual no acreditó en ninguna de las oportunidades la presentación
personal.
Por lo anterior, está demostrado que el demandante no interpuso el recurso de
reconsideración personalmente o mediante abogado. Además, aunque la DIAN le
advirtió que esta situación podía ser subsanada conforme con el artículo 728 del
Estatuto Tributario, no lo hizo. En consecuencia, el recurso se entiende como no
presentado, por el incumplimiento del requisito del literal c) del artículo 722 ibidem.
Adicionalmente, durante el proceso judicial de la referencia, el demandante no
demostró que la persona a la que le otorgó el poder especial en fase administrativa
fuera un abogado.
Así mismo, la Sección concluye que es irrelevante que la autoridad tributaria supiera
que el contribuyente actuaba a través de dicho representante durante el trámite
administrativo, pues esta situación no es una excepción a la obligación de interponer
el recurso de reconsideración mediante abogado, en atención a la jurisprudencia
antes expuestas.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación no prospera.
2. Sobre la extemporaneidad del auto inadmisorio del recurso de
reconsideración.
El demandante alega que el Tribunal cometió un error al considerar que la
pretensión del demandado es declarar nulo el auto inadmisorio y aclaró que la
pretensión no versa sobre dicha nulidad, sino sobre la declaratoria como
extemporáneo del auto, generando como consecuencia la declaratoria de admisión
del recurso de reconsideración y la decisión sobre el fondo de las pretensiones del
demandante, por lo que reiteró la solicitud de que sea el Consejo de Estado ordene
la adición del recurso “en lugar de pronunciarse erradamente sobre la nulidad o
legalidad del mismo [auto inadmisorio]”.
Manifestó que el auto inadmisorio fue inoportuno, porque fue proferido el 12 de
septiembre de 2019, esto es, dos meses y cuatro días después de la radicación del
30
Ibidem, página 18.
31
Samai del tribunal, índice 7, carpeta de la subsanación de la demanda y anexos, PDF del anexo 2.
32
Ibidem, página 3.
33
Ibidem, página 4.
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recurso, el 8 de julio de 2019, lo que supera el término de un mes del artículo 726 del
Estatuto Tributario.
En cuanto a este último punto, el artículo 726 referido establece que, cuando se
incumplan los requisitos del artículo 722, «deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes
siguiente a la interposición del recurso». No obstante, esta Sección34 ha explicado que el
término para inadmitir el recurso de reconsideración, si bien es un plazo perentorio,
no es preclusivo, ya que la ley no previó ninguna consecuencia adversa para la
autoridad tributaria por su incumplimiento.
En otras palabras, el hecho de proferir el auto inadmisorio excediendo el término
legal «no invalida ni torna ineficaz lo realizado por fuera de plazo. Tampoco genera un silencio
administrativo frente a la admisión del recurso»35.
Respecto al primer punto, la sala evidencia que el a quo no cometió un error en la
interpretación de las pretensiones si se tiene en cuenta que la decisión de la
pretensión de que se declare que el auto inadmisorio fue extemporáneo y de que, en
consecuencia, se ordene la admisión del recurso, implicaba también hacer un
pronunciamiento sobre la validez de ese auto al punto que debía expulsarse del
ordenamiento jurídico, esto es, debía declararse su nulidad.
Por lo anterior, este cargo de la apelación tampoco está llamado a prosperar.
3. Sobre la procedencia del estudio de legalidad de la liquidación oficial.
La demandante aseguró que, en caso de no prosperar ninguno de los cargos
anteriores, sea declarada la nulidad de la liquidación oficial de revisión. Antes de
estudiar los cargos de nulidad propuestos al respecto, es necesario tener en cuenta
que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretende la nulidad de
un acto administrativo de carácter particular, es necesario que se haya presentado y
ejercido el recurso administrativo obligatorio según la ley.
Esta Sección36 destacó que, conforme a esta norma, el recurso debe ser «ejercido y
decidido», por lo que el interesado tiene la obligación de «interponer el recurso cumpliendo
todos los requisitos legales porque, de lo contrario, no podrá ser resuelto el recurso por la
administración y no se entenderá cumplido este requisito» . En todo caso, debe tenerse en
cuenta que el inciso segundo de la norma bajo estudio establece una excepción a
este presupuesto procesal, pues señala que no es exigible cuando la autoridad no
da la oportunidad de interponer los recursos procedentes contra el acto
administrativo.
Con relación a lo expuesto, el artículo 720 del Estatuto Tributario establece que el
recurso de reconsideración procede contra liquidaciones oficiales, las resoluciones
que interpongan sanciones o que ordenen el reintegro de sumas devueltas y los
demás actos relacionados con impuestos administrados por la DIAN. De esta forma,
esta sección ha concluido que «la interposición del recurso de reconsideración contra el citado
34
Sentencias del 13 de octubre de 2016, exo. 20983, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 7 de abril de 2022, exp.
26011, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
35
Sentencia del 13 de octubre de 2016, exo. 20983, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada recientemente en los
fallos del 7 de abril de 2022, exp. 26011, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 11 de octubre de 2024, exp. 27204,
M. P. Wilson Ramos Girón.
36
Sentencias del 22 de julio de 2021, exps. 25246, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Reiterada en sentencia del 24 de
agosto de 2023, exp. 27472, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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acto liquidatorio resultaba obligatoria, pues con ello se cumplía con el requisito de procedibilidad para
el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho»37.
Además, la Sección precisó que «el agotamiento previsto en el parágrafo del artículo 728 del
ET, se refiere sólo a los motivos de inadmisión del recurso de reconsideración, pues los aspectos de
fondo de la impugnación no fueron estudiados por la Administración. Así, “queda abierta la vía
jurisdiccional, en la cual el demandante deberá comenzar por demostrar la ilegalidad de la inadmisión
del recurso; si no lo logra, el asunto queda clausurado en su contra”. Si, por el contrario, el
contribuyente prueba que la Administración debió admitir el recurso, o lo que es lo mismo, la
ilegalidad del auto inadmisorio, el juez puede anular la decisión y estudiar el fondo de las
pretensiones de la demanda […]»38.
De igual modo, se destacó que no debe confundirse el agotamiento de la sede
administrativa frente a la liquidación oficial de revisión, con la decisión del recurso de
reposición interpuesto contra el auto inadmisorio de la reconsideración.
De esta forma, en este caso, no procede el estudio de fondo de la legalidad de la
liquidación oficial de revisión porque, al no prosperar los cargos de nulidad contra el
auto inadmisorio y su confirmatorio, no se agotó en debida forma el recurso de
reconsideración.
La Sección destaca que, en auto del 30 de marzo de 2023 39, el Tribunal negó la
excepción de inepta demanda propuesta por la DIAN, fundamentada en la omisión de
interponer el recurso de reconsideración en debida forma. Empero, esta decisión se
fundamentó en que «la vía gubernativa en cuanto a la inadmisión del mismo, queda agotada una
vez se notifica el auto que resuelva el recurso de reposición» 40, por lo que consideró que
debían ser demandados los actos de liquidación oficial de revisión, de inadmisión
del recurso de reconsideración y de confirmación «a fin de que el juez de conocimiento
estudie los requisitos para analizar el fondo de la controversia»41.
De esa forma, concluyó que «el demandante cumplió con la carga de interponer el recurso de
reposición en contra del auto admisorio, ambos actos atacados en sede judicial, y enjuició la
liquidación oficial de revisión del impuesto de ventas del período 5 del año 2015, por lo cual, no se
demuestra la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad señalado por la DIAN».
Como se observa, el a quo no decidió sobre el agotamiento de la sede administrativa
con relación a la liquidación oficial de revisión, sino frente al auto inadmisorio, los
cuales son aspectos diferentes.
En consecuencia, la Sección encuentra probada la excepción de inepta demanda
propuesta por el demandado en cuanto a la pretensión de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la liquidación oficial demandada, dado que la interposición del
recurso de reconsideración sin el cumplimiento de los requisitos formales no fue
subsanada, lo que impidió el debido agotamiento del recurso administrativo
obligatorio según la ley.
Se destaca que en este caso no es posible interpretar que la pretensión de nulidad
de la liquidación oficial de revisión fue presentada en ejercicio de una demanda per
saltum, conforme el párrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario pues esta norma
consagra esta posibilidad para los contribuyentes que hayan respondido
37
Auto del 12 de febrero de 2020, exp. 23482, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
38
Sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 21857, M. P. Milton Chaves García, reiterada en sentencia del 24 de agosto de 2023,
exp. 27612, M. P. Wilson Ramos Girón.
39
Samai del tribunal, índice 16.
40
Ibidem, página 4.
41
Ibidem, páginas 4 a 5.
12
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oportunamente el requerimiento especial y siempre y cuando la demanda se
interponga dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial,
lo cual no se verifica en el caso concreto pues el acto de determinación fue
notificado el 10 de mayo de 201942 y la demanda fue presentada el 12 de febrero de
202043.
En consecuencia, la Sección modificará el ordinal segundo de la sentencia
impugnada para precisar que la inhibición para decidir sobre la legalidad de la
liquidación oficial de revisión obedece a que se encuentra probada la excepción de
inepta demanda respecto de dicha pretensión.
Costas
No procede la condena en costas, dado que no hubo parte vencida en el proceso,
conforme lo establece el artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, proferida el 25 de
enero de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, en los siguientes términos:
Segundo: declarar probada la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada
contra la pretensión de nulidad de la liquidación oficial de revisión 322412019000180 del 8 de
mayo de 2019 y, en consecuencia, inhibirse para pronunciarse sobre las demás pretensiones
de la demanda.
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
42
Samai del tribunal, índice 13, carpeta de antecedentes, PDF 5. BARON SANTIESTEBAN JOSE PACMIO, NIT. […], Consecutivo
1246, Carpeta 5 de 6, Folis 801-939, páginas 47 y 48.
43
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 47.
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Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad pueden comprobarse a través de la siguiente dirección
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