Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00123-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00123-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00123-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00123-01 (30467)
Demandante ALFREDO LOZANO
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Notificación por aviso. Liquidación de la sanción por no enviar
información. Principio de lesividad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución Sanción no. 322412019000293
del 09 de agosto de 2019, expedida por la División de Gestión de Liquidación de Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá, por medio de la cual se impone la sanción contemplada
en el artículo 651 del E.T; y la Resolución no. 992232020000019 de 23 de agosto de 2020,
proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN, por medio de la
cual se resuelve el recurso de reconsideración contra la anterior.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho FIJAR la obligación tributaria a cargo de la
parte actora en la suma de $55.520.980 que corresponde a la sanción asociada al no
suministro de información exigida.
TERCERO: No condenar en costas, conforme la parte considerativa de la providencia. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 22 de septiembre de 2017, Alfredo Lozano (el demandante o contribuyente),
presentó declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año
gravable 2016, liquidando un saldo a pagar2.
El 23 de junio de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició
investigación contra el contribuyente por incumplimiento de su obligación de
suministrar información, específicamente por no reportar información exógena del
año gravable 2016.
El 29 de mayo de 2019 la Administración profirió el pliego de cargos
3223920190003633 en el que propuso imponer la sanción del 5% de que trata el
literal a) del numeral 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario, tomando como base
los valores declarados en el denuncio rentístico de 2016 por concepto de patrimonio
bruto, pasivos, ingresos brutos, costos y deducciones y retenciones. La sanción
liquidada fue menor al límite de 15.000 unidades de valor tributario (UVT)
1
Samai del tribunal índice 29.
2
Folio 8, Caa.
3
Folio 20, Caa.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00123-01 (30467)
Demandante: Alfredo Lozano
Este último acto fue notificado mediante publicación en el portal web de la DIAN el
día 19 de junio de 2019, y el contribuyente no presentó respuesta. Mediante la
resolución sanción 322412019000293 del 9 de agosto de 20194, la Administración
le impuso la sanción en los mismos términos planteados en el pliego de cargos.
Recurrido el anterior acto5, este fue confirmado en su totalidad mediante la
resolución 992232020000019 del 23 de agosto de 20206.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones7:
1. Que se declare la nulidad de las resoluciones No. 322412019000293 de 9 de agosto de
2019 proferida por la División de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de
impuesto de Bogotá y contra la Resolución No 992232020000019 de 23 de agosto de
2020 por la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, proferida por la Dirección
De Gestión Jurídica de la DIAN.
2. Que se restablezca el derecho a mi representada declarando que no es responsable de
suministrar información exógena por el año gravable 2016.
3. Que se condene en costas a la entidad demandada.
A los anteriores efectos, el demandante aduce la violación de los artículos 29 de la
Constitución Política; 26, 555-2, 553, 565, 568 y 651 del Estatuto Tributario; y la
Resolución 112 de 2015. Los conceptos de violación se resumen en tres aspectos,
a saber: (i) el pliego de cargos fue notificado indebidamente, viciando así los actos
administrativos que siguieron; (ii) no estaba obligado a presentar información
exógena; y (iii) los actos adolecían de falsa motivación, toda vez que la base de la
sanción se liquidó incorrectamente.
1. Indebida notificación del pliego de cargos
Sostuvo que el trámite de notificación del pliego de cargos se surtió de manera
irregular, de modo que al haberse expedido una resolución sanción que no estuvo
antecedida por un pliego debidamente notificado, hay lugar a declarar la nulidad de
los actos demandados. Afirmó que la Administración no aplicó, o lo hizo
indebidamente, varios artículos relacionados con dicho trámite.
Indicó que el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, relativo Registro Único
Tributario (RUT)8, como mecanismo para la ubicación, identificación y clasificación
de los contribuyentes, contempla entre otros factores la dirección de correo
electrónico como información de contacto, y que, el artículo 565 de la misma
normatividad dispone, en su primer inciso, que las actuaciones administrativas
4
Folio 45, Caa.
5
Recurso en folio 53, Caa.
6
Folio 92, Caa.
7
Samai del tribunal, índice 2. Expediente digital. PDF demanda. El 21 de mayo de 2021, el tribunal requirió al demandante
para que subsanara la demanda, en el sentido de incluir como pruebas aquellas relativas a la notificación de los actos
demandados que se solicitaron previo a la admisión. Así mismo se le ordenó integrar la demanda y su subsanación en
un solo escrito, por lo cual se toma como tal el documento de subsanación.
8
Citó el Decreto 2460 de 2013.
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Demandante: Alfredo Lozano
deben notificarse de manera electrónica. Enfatizó que, desde las modificaciones
efectuadas por la Ley 1111 de 2006, se adoptó ese mecanismo de manera
prioritaria, precisamente para minimizar las fallas que se presentaban con los
sistemas tradicionales de publicidad, según lo dicho en la exposición de motivos.
Expuso que la DIAN envió copia del pliego de cargos a la dirección física que él tenía
registrada en su RUT, pero al encontrar el establecimiento cerrado, optó por utilizar
el mecanismo subsidiario de notificación mediante publicación de aviso en el portal
web, según lo previsto en el artículo 568 del Estatuto Tributario, cuando en lugar
de ello, lo que correspondía era agotar el mecanismo de notificación electrónica.
Explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional9, en los
contribuyentes recae la obligación de informar la dirección a la que desean ser
notificados, y, en esa medida, solo a partir del incumplimiento de esta carga es que
surge la posibilidad para la Administración de notificar, como mecanismo
subsidiario, mediante publicación por aviso.
Afirmó que mantuvo la información de su ubicación actualizada, entre ellas el correo
electrónico, y que la DIAN conocía como ubicarlo de forma eficaz, a través de este,
pues ya le había enviado otras comunicaciones por ese medio. En los hechos puso
de presente que, previa expedición del acto preparatorio, las partes ya habían
mantenido comunicaciones en torno al deber de reportar información exógena por
el año gravable 2016 a través del correo electrónico. Agregó que la Administración
le envió correos electrónicos invitándolo a cumplir con dicha obligación el 1 de
septiembre y 12 de octubre de 2017, así como el 20 de noviembre de 2018. Dijo
que dio respuesta al correo del 1º de septiembre, el 12 de diciembre de 2018, y que,
a su vez, este fue objeto de pronunciamiento de la entidad el 27 de diciembre de
ese mismo año.
Expresó que la DIAN no dio aplicación al artículo 563 del Estatuto Tributario, el
cual prevé en su inciso cuarto (modificado por el artículo 91 de la Ley 1943 de
201810) que en los eventos en que los contribuyentes informen en su RUT una
dirección de correo electrónico, los actos administrativos se deben notificar en este,
de manera preferente. Sobre la norma aclaró que, aunque la misma fue declarada
inexequible mediante la sentencia C-481 de 2019 de la Corte Constitucional, los
efectos de esa providencia se difirieron a partir del 01 de enero de 2020, por lo cual
esta era aplicable para la época de los hechos.
Resaltó que, existiendo la notificación electrónica desde el año 2006, y ante las
varias comunicaciones entre la administración y el contribuyentes a través de ese
medio, no resultaba razonable que la demandada hubiera optado por utilizar la
dirección física, pero, en todo caso, ante la devolución del correo físico, era deber
de la DIAN notificarlo consecuentemente por correo electrónico, pues la utilización
de otro medio, esto es el aviso, contrarió la buena fe y la lealtad procesal11.
Evidenció que la DIAN utiliza la sentencia del Consejo de Estado del 19 de marzo de
2019 (exp. 21905, M.P. Milton Chaves García) como apoyo de sus argumentos,
pero afirma que ese antecedente realmente le es favorable a él, pues allí se afirma
que solo en los eventos en los que no sea posible ubicar a los contribuyentes, por
no tener información de contacto en su RUT, resulta procedente la búsqueda por
otros medios. Es decir que, como ya se conocía y se había comprobado que el
9
Citó la sentencia C-012 de 2013.
10
Modificación efectuada mediante el artículo 91.
11
Citó la sentencia T-1014 de 1999 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Alfredo Lozano
demandante recibía notificaciones en su correo electrónico, era allí donde debía ser
contactado12.
Por todo lo anterior, estimó vulnerado sus derechos al debido proceso y defensa.
2. Obligación de presentar información exógena por el año gravable 2016
Expuso que los contribuyentes obligados a trasmitir información exógena por el año
gravable 2016 eran aquellos que, para el año 2014 hubieren percibido ingresos
brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000). Monto que en su
concepto sólo se refiere a ingresos ordinarios y extraordinarios diferentes aquellos
percibidos por concepto de ganancia ocasional, a diferencia de lo interpretado por
la DIAN en la resolución 00112 de 20015, la cual incluye estos últimos, simplemente
para ampliar el universo de los obligados a suministrar esa información, dándole un
alcance distinto al artículo 26 del Estatuto Tributario, el cual no considera como parte
de la renta líquida las ganancias ocasionales13.
3. Falsa motivación. Determinación incorrecta de la base para liquidar la
sanción.
Indicó que, para la liquidación de la sanción, la DIAN tomó los datos reportados por
el demandante en la declaración de renta del año 2016, que aluden al patrimonio
bruto; las deudas; las rentas recibidas por pensiones, rendimientos financieros y
otros ingresos; los gastos de nómina, y otros costos y deducciones; todo lo cual
suma $5.550.964.000, pero en los actos utilizó como base de la sanción el valor de
$5.550.098.000, lo cual evidencia que ni siquiera la base de la multa está bien
determinada.
Sostuvo que la DIAN violó la resolución 000112 de 2015, porque omitió revisar cuáles
eran los valores que debían ser reportados para liquidar la base, con lo cual los
actos demandados adolecen de falsa motivación14 al simplemente utilizar los
valores declarados en los renglones antedichos.
Oposición de la demanda
La DIAN solicitó que se negaran las pretensiones, al considerar que la actuación se
desplegó adecuadamente, respetando las garantías procesales del demandante15.
Sobre el cargo de violación por indebida notificación del pliego de cargos, explicó
que el demandante interpretó erróneamente la obligación de notificación
electrónica. Indicó que dicho mecanismo se reguló en la resolución 000038 del 20
de abril de 2020 de la DIAN, y la circular externa 00008 del 01 de julio de 2020, la
cual estableció la implementación de ese tipo de notificación a partir del 2 de julio
de 2020.
Considerando lo anterior, puso de presente que el pliego de cargos se notificó por
correo, enviando el mismo a la dirección informada por el demandante en su RUT,
como consta en la guía emitida por la empresa de mensajería que está en el
expediente. Por ello, al haber sido devuelta la correspondencia por una razón
12
En el mismo sentido citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de febrero de 2019, exp. 23278,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 16 de diciembre de 2014, exp. 19566, M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez; y del 12 de diciembre de 2014, exp. 20457, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 26 de julio de 2017, exp. 22326, M.P. Milton Chaves García.
15
Samai del tribunal, índice 15.
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distinta a la de dirección errada, procedió adelantar la notificación por aviso por
medio de la publicación en su sitio web16, de acuerdo con el artículo 568 del Estatuto
Tributario. Agregó que el artículo 564 ibidem señala que los actos administrativos
pueden ser notificados de manera física o electrónica en la dirección procesal.
Sobre el argumento de la inclusión errada de los ingresos percibidos a título de
ganancias ocasionales para identificar quienes superaron el monto de ingresos
brutos que los obliga a transmitir información exógena del año gravable 2016,
precisó que ese concepto y cuantía están consagrados en el parágrafo 1 del artículo
4 de la resolución 000112 de 201517, disposición expresa que no hace referencia o
tiene conexión con el concepto de renta líquida gravable del artículo 26 del Estatuto
Tributario, con lo cual la interpretación del demandante no es aplicable en este caso.
Aclaró que la jurisprudencia invocada por el contribuyente no es vinculante para
este debate, pues allí se analizó un acto que, si bien se refería al deber de reportar
información, recaía sobre una vigencia distinta, y el criterio para establecer la
obligación de reporte expresamente refería a la definición de los ingresos ordinarios
y extraordinarios del artículo 16 ibidem.
Desestimó el cargo de falsa motivación por supuestamente haber liquidado la
sanción sobre una base equivocada. Hizo referencia a los conceptos que, de
acuerdo con la resolución 000112 de 2015, debían ser reportados en la información
exógena, y sostuvo que fueron estos la base para calcular la sanción a la tarifa del
5%, observando cuál fue la información que efectivamente no se reportó.
Aseguró que el demandante tiene una apreciación errada del principio de la carga
de la prueba, pues la sanción debía calcularse sobre la totalidad de la información
no suministrada, y para ello se toma como referencia los datos reportados en la
declaración de renta que presentó el contribuyente por el año 2016, los cuales
deben coincidir con los totales a reportar. Precisó que ese documento está dotado
de la presunción de veracidad, por lo que no es necesario que la DIAN demuestre la
realidad de cada una de esas sumas. Por el contrario, era el demandante el
interesado en desvirtuar la cuantía de los rubros declarados como base de la
información no suministrada que funge a su vez como base de la sanción18.
Pidió no acceder a la solicitud de costas de la demandante, pues consideró que los
actos se expidieron con apego a la normativa y jurisprudencia aplicable y porque no
se demostró su causación19. Solicitó condenar en costas al demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad parcial de los actos demandados, y no condenó en costas, con
fundamento en lo siguiente.
Encontró que el trámite de notificación del pliego de cargos se desarrolló de manera
adecuada, al haberse sujetado a las disposiciones aplicables en la materia para ese
momento. Explicó que la DIAN intentó la notificación por correo a la dirección física,
16
Citó el artículo 568 del Estatuto Tributario y la sentencia del Consejo de Estado, de la Sección Cuarta identificada con el
exp. 23288.
17
Aclaró que dicho acto fue modificado por las resoluciones 84 de 2016; 16 y 22 de 2017.
18
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, exp. 21366; y 22185 y la sentencia C-086 de 2016 de la
Corte Constitucional.
19
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, exp. 20508 y 21128.
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informada por el demandante en su RUT, y al presentarse la devolución del correo
por una causal distinta a dirección errada, procedió con la publicación del aviso en
su sitio web, según lo indicado en el artículo 568 del Estatuto Tributario, todo lo cual
se acreditó en el expediente.
Frente al deber de efectuar la notificación electrónica, explicó que de acuerdo con
la jurisprudencia del Consejo de Estado20, esta se trata de un mecanismo que tuvo
aplicación a partir de la expedición de la resolución 000038 de 2020, y según lo
indicado en la misma. Además, señaló que, aunque esa modalidad es de carácter
preferente, no es forzosa para la Administración, razón por la cual no se invalida la
notificación por correo dirigido a la dirección física registrada en el RUT21.
Aseguró que la demandada no incurrió en la violación por desconocimiento del
artículo 26 del Estatuto Tributario, pues como lo explicó esta, a la luz de la resolución
000112 de 2015, para efectos de identificar la obligación de reporte de información
exógena del año gravable 2016, si se tenían que considerar los ingresos ordinarios
y extraordinarios, así como aquellos calificados como ganancias ocasionales.
Señaló que la entidad conformó adecuadamente la base para la liquidación de la
sanción, la cual provino de los datos reportados por el demandante en la declaración
de renta del año 2016. Se constató que la información exigida, frente a la cual se
incurrió en la omisión, estaba regulada en la resolución 000112 de 2015. Hizo
especial énfasis en la cuantía de las retenciones en la fuente, pues, aunque era
objeto de reporte por parte de los agentes de recaudo, suministrar esa información
también era una exigencia aplicable al demandante.
Por otro lado, explicó que no se presentó falsa motivación pues la DIAN expuso
detalladamente los montos que dieron lugar a la imposición de la sanción.
Sin perjuicio de lo anterior, sobre la liquidación de la sanción, explicó que resultaba
aplicable el principio de favorabilidad, con fundamento en lo cual empleó el
porcentaje del 1%, y no del 5%, de conformidad con las modificaciones efectuadas
al artículo 651 del Estatuto Tributario mediante el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022;
de modo que la sanción pasó de $277.604.900 a $55.520.980; motivo por el cual
declaró la nulidad parcial de los actos.
No impuso condena en costas por no encontrarlas probadas22.
Recurso de apelación
El demandante pidió revocar la anterior decisión23. Insistió en que el trámite de
notificación fue indebido, porque la DIAN estaba en la obligación de adelantar la
notificación electrónica, máxime cuando de manera previa a la expedición del pliego
de cargos, las partes ya habían mantenido una comunicación efectiva por ese
medio. Calificó la actuación de la Administración como contraria a la buena fe24, a
la lealtad procesal, y a la confianza legítima.
20
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del 25 de noviembre de 2021, exp. 25448, M.P. Milton Chaves García; y del 15
de febrero de 2024, exp. 26846, M.P, Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 16 de mayo de 2024, exp. 28318, M.P. Wilson Ramos
Girón.
22
Citó los artículos 365 del Código General del Proceso; y 188 de la Ley 1437 de 2011; y las sentencias de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado del 06 de julio de 2016, rad. 25000-23-37-000-2012-00174-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez; y del 30 de agosto de 2016, exp. 20508, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
23
Samai del tribunal, índice 32.
24
Citó el artículo 83 de la Constitución Política.
6
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Cuestionó la liquidación de la sanción que validó el tribunal, porque esta partió del
valor total del patrimonio bruto del demandante, sin que se demostrada cuáles eran
los conceptos exigibles de reporte conforme los artículos 18, 27 y 28 de la resolución
000112 de 2015, ni cuál era el valor real de la información omitida, por lo que esta
fue motivada falsamente. Insistió en que la carga de la prueba de la base de la
sanción recaía en la Administración.
Sostuvo que, incluso si se admitiera que hay una omisión formal, la sanción
liquidada no fue proporcional, toda vez que para el cálculo no se consideró que no
se generó un perjuicio y que la información que dejó de remitir ya estaba en poder
de la Administración en virtud de los reportes efectuados por terceros25.
Oposición a la apelación
La demandada no se pronunció.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público solicitó confirmar la sentencia26. Explicó que el
trámite de notificación se hizo adecuadamente, siguiendo el procedimiento fijado en
el Estatuto Tributario. Reparó en que no era forzoso adelantar la notificación
electrónica.
Dijo que no se incurrió en el vicio de falsa motivación, pues el deber de reporte de
medios magnéticos para el año gravable 2016 estaba en cabeza de quienes
hubieren percibido ingresos ordinarios, extraordinarios y ganancias ocasionales
superiores a $500.000.000.
Sostuvo que, si había lugar a imponer la sanción, pues el demandante tenía el deber
de reporte, y para el efecto resultaba irrelevante que la DIAN ya contara con la
información allegada por terceros.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Antes de resolver el asunto de fondo, se resalta que mediante auto del 19 de febrero
del 202627, la Sección declaró fundado el impedimento del magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño, por haber conocido del proceso en primera instancia. En
consecuencia, se le separó del conocimiento del presente asunto.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección establecer la legalidad de la resolución
322412019000293 del 09 de agosto de 2019, por medio de la cual la Administración
le impuso la sanción por no enviar información de que trata el literal a) del numeral
1 del artículo 651 del Estatuto Tributario al demandante, tomando como base los
valores declarados en el denuncio rentístico de 2016 por concepto de patrimonio
bruto, pasivos, ingresos brutos, costos y deducciones y retenciones, así como de la
resolución 992232020000019 del 23 de agosto de 2020, que la confirmó.
En concreto se debe analizar si (i) el trámite de notificación del pliego de cargos se
surtió adecuadamente y (ii) si debe levantarse la sanción por falsa motivación.
25
Citó la sentencia C-160 de 2023 de la Corte Constitucional.
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Samai, índice 11.
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Samai, índice 19.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00123-01 (30467)
Demandante: Alfredo Lozano
En este punto se quiere resaltar que, en el recurso de apelación la demandante
indica que al imponer la sanción se infringió el principio de proporcionalidad, porque
hay ausencia de perjuicio, aspecto no discutido en primera instancia, toda vez que
esos reparos nunca fueron formulados en la demanda. En esa medida, la Sección
se abstendrá de pronunciarse sobre este aspecto, en aplicación del principio de
congruencia, conforme los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
Análisis del caso concreto
1. Notificación del pliego de cargos
El demandante, apelante único, señala que la DIAN desconoció los mandatos de
buena fe, confianza legítima y lealtad procesal, por haber prescindido de notificar
electrónicamente el pliego de cargos emitido en su contra y, en lugar de ello, haber
realizado la publicación del acto en su sitio web como mecanismo de notificación.
Explicó que previo a la expedición del pliego, había mantenido con la demandada
comunicación efectiva por medio de correo electrónico, y que, considerando esto y
que cumplió con su deber de informar la dirección en el RUT, el correo electrónico
era el canal preferible a ese momento. Se opuso a la conclusión a la que arribó el
Tribunal sobre la no obligatoriedad de efectuar la notificación electrónica para la
época de los hechos porque aún no se había expedido la resolución 000038 de
2020 sobre la materia. Dijo que esto desconocía el principio de confianza legítima,
que le impide a la Administración alterar unilateralmente la forma habitual de
notificación de sus actos, sin razón suficiente.
Para decidir se pone de presente que, para la época de los hechos, esto es el 29
de mayo de 2019 cuando la Administración profirió el pliego de cargos
322392019000363, se encontraba vigente el artículo 565 del Estatuto Tributario,
modificado por la Ley 1943 de 2018, el cual determinaba como medios de
notificación de los actos administrativos el correo, la notificación electrónica y la
notificación personal, respecto de los cuales:
«(…) tanto la jurisprudencia constitucional como la de la Sección han precisado que estos
constituyen medios principales, de manera que el que se implemente debe ser agotado
previo a utilizar el medio de notificación subsidiario28, esto es, el aviso o el edicto, según
sea el caso. En todo caso, cualquiera que sea el medio de notificación, se requiere de la
previa identificación de la dirección en la cual debe surtirse»29 (énfasis propio).
A su vez, el parágrafo 4 del artículo 565 ibidem, adicionado por el artículo 92 de la
Ley 1943 de 2018 disponía que:
«A partir del 1 de julio de 2019, todos los actos administrativos de que trata el presente artículo
incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán notificar de manera
electrónica, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante
haya informado un correo electrónico en el Registro Único Tributario (RUT), con lo que se
entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente.
Para estos efectos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá
implementar los mecanismos correspondientes en el Registro Único Tributario (RUT) y
habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección de correo
electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se enviará una copia del acto
a dicha dirección de correo electrónico».
28
«Al respecto, sentencia C-035 de 2014, MP: Luis Ernesto Vargas Silva: “[l]a jurisprudencia ha diferenciado entre las
notificaciones ordinarias y las subsidiarias. Con respecto a los mecanismos subsidiarios de notificación de las actuaciones
administrativas tributarias, ha reconocido la validez de emplearlos cuando no es posible notificar al contribuyente a través
de los medios ordinarios”».
29
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de mayo de 2024, exp. 28318, M.P. Wilson Ramos Girón;
reiterada en la sentencia del 28 de agosto de 2025, exp. 29744, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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Demandante: Alfredo Lozano
Ahora bien, la Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible en su totalidad, por vicios
de procedimiento, por medio de la sentencia C - 481 de 2019 de la Corte
Constitucional, la cual en el ordinal tercero de la parte resolutiva estableció que los
efectos de esa decisión tendrían lugar a partir del 01 de enero de 2020, «a fin de que
el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique,
derogue, modifique o subrogue los contenidos de la Ley 1943 de 2018».
Con motivo de lo anterior, fue expedida la Ley 2010 de 2019, la cual modificó, a
través de su artículo 104, el parágrafo cuarto del artículo 565 del Estatuto Tributario,
en el mismo sentido que la norma declarada inconstitucional, esto es, reiteró que en
los eventos en que los contribuyentes incluyan una dirección de notificación
electrónica en su RUT, se entendería que estos han expresado su voluntad para
recibir notificaciones de la DIAN por ese medio.
Para desarrollar la anterior disposición, la DIAN profirió la resolución 000038 del 30
de abril de 2020, implementando el sistema de notificación electrónica, acto que
adquirió vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, esto es
el 02 de mayo de 202030. Además, en su artículo 10 se señaló que la
implementación de ese tipo de notificación sería gradual, para lo cual se informaría
a la ciudadanía en general, a través de la página web de DIAN, la fecha en que
entraría en vigor la notificación electrónica para cada tipo de proceso y/o
procedimiento administrativo adelantado por la demandante, atendiendo a una
habilitación escalonada de los servicios electrónicos.
En virtud de lo anterior, la demandada informó, a través de la circular externa
000008 del 1 de julio de 2020, que a partir del 2 de julio de 2020 se implementaría
la notificación electrónica de los actos administrativos expedidos DIAN.
Con lo antes descrito es evidente que para la época en que se profirió el pliego de
cargos la Administración no estaba en la obligación de notificar este mediante el
mecanismo de notificación electrónica, sino que estaba facultada para notificar el
acto preparatorio por cualquiera de los mecanismos principales señalados en el
artículo 565 del Estatuto Tributario, pudiendo para el efecto escoger la notificación
por correo físico, dado que electrónica no estaba vigente. Así, al haberse dirigido la
correspondencia a la dirección física informada por el demandante en su RUT, y ser
esta devuelta por una causal distinta a que la inexistencia de la dirección, la
Administración quedó facultada para adelantar el mecanismo subsidiario de
notificación mediante la publicación del aviso en su sitio web.
En este punto se precisa que, en el escrito de apelación no se planteó ningún reparo
específico sobre la notificación por aviso, por lo cual no hay lugar a realizar
consideraciones adicionales sobre ese mecanismo de notificación, ni las pruebas
sobre el mismo que reposan en el expediente.
Ahora, habiéndose probado que la demandada agotó el proceso de notificación del
acto preparatorio de la resolución sanción atendiendo las normas procesales
vigentes para la época, la Sección considera que con ese actuar se garantizó que
no hubiera violación de los principios de buena fe y lealtad procesal. Nótese que,
como se ha indicado en otras oportunidades, el principio de buena fe no puede servir
de excusa para desconocer las obligaciones legales31, entre ellas el procedimiento
30
Diario Oficial 51302.
31
Sentencia del 26 de febrero de 2015, radicación 11001-03-15-000-2014-01114-01(AC), M.P. Hugo Fernando Bastidas
Barcenas.
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de notificación de los actos administrativos tributarios, so pena de hacer inoperante
el orden jurídico, y en esa medida no puede esperar el demandante bajo estos
principios que la Administración le hubiera aplicado otro procedimiento, diferente al
consagrado en la norma, para atender en mejor medida sus expectativas o intereses
solo en virtud de la lealtad procesal32.
En cuanto al principio de la confianza legítima, la Sección Cuarta la ha entendido
como un principio que busca proteger a los administrados ante los cambios bruscos
e inesperados de las autoridades33. Además, se trata de:
«un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y su aplicación
propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden
albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas, valga decir, deben
fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la
confianza, de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto,
pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al
administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en
particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya
adquirido.»34
De lo anterior se desprende que el hecho de que de manera previa la DIAN le hubiese
enviado invitaciones para cumplir con el deber de reportar información exógena, no
significa que la Administración quedó condicionada a notificar todo tipo de actos
administrativos al contribuyente por ese mecanismo, pues como se indicó, a la luz
del artículo 565 ibidem, cualquiera de los mecanismos principales podía ser utilizado
para notificar del pliego de cargos. Así, resultaría claramente contrario a la ley
concluir que las invitaciones para cumplir con el deber de reportar crearon una
expectativa razonable y fundada en favor del demandante.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
2. Falsa motivación
El apelante señaló que hay lugar a anular los actos en el entendido que en estos se
liquidó la sanción por no enviar información sin demostrar cuáles eran los conceptos
exigibles conforme los artículos 18, 27 y 28 de la resolución 112 de 2015, ni cuál
era el valor de la información omitida.
En la resolución sanción35 se explicó que el apelante incurrió en la conducta
sancionable de no enviar la información exigida en el artículo 631 del Estatuto
Tributario, que para el año gravable 2016, estaba reglamentada en la resolución
000112 del 29 de octubre de 2015, según las modificaciones de las resoluciones
000084 del 30 de diciembre de 2016, 000016 del 15 de marzo de 2017 y 000022
del 10 de abril de 2017.
En esa resolución se identificó que para el año 2016 el apelante tenía el deber de
transmitir la información exógena a la DIAN, en tanto había percibido ingresos
32
De conformidad con el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario y 1.6.1.2.14 del Decreto 1625 de 2016, los
obligados tienen la responsabilidad de actualizar el RUT.
33
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de septiembre de 2016, rad. 11001-03-15-000-2016-00038-01 (AC),
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
34
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 16 de febrero de 2023. exp. 26918. M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello. En el mismo sentido, ver las sentencias del 17 de junio de 2021. Exp. 24575. M.P. Milton Chaves García; y del
10 de julio de 2025, exp. 26627, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
35
Samai del tribunal, índice 2. Expediente digital. «ANEXOS_11_12_2020 10_48_06.pdf».
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ordinarios, extraordinarios y por ganancias ocasionales superiores a $500.000.000
en el año 2014 y también se relacionó el contenido de la información que debía ser
suministrada por el demandante de acuerdo con el literal a) del artículo 17 y el
artículo 18 de la Resolución 000112 del 29 de octubre de 2015, que se refiere
aquella prevista en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del artículo 631
previamente citado36.
Ahora, considerando que precisamente el hecho sancionable es la omisión total de
suministro de información, para efectos de cuantificar la sanción se toma el valor de
los conceptos declarados que coinciden con la información no reportada advertida
anteriormente, acudiendo a los datos reportados en la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2016, que, como correctamente lo señala la
demandada, goza de presunción de veracidad, de acuerdo con el artículo 746 del
Estatuto Tributario.
Así, la Sección coincide con el Tribunal, en el sentido de que no hubo ni falsa ni falta
de motivación por parte de la Administración, ya que esta fundamentó jurídica y
fácticamente los actos, exponiendo los motivos que dieron lugar a la imposición de
la sanción, e identificando correctamente el incumplimiento, los motivos que dan
lugar a la aplicación de la sanción, y la manera como se determina la base,
atendiendo a la información dejada de reportar, acorde con una prueba que goza
de veracidad.
Es relevante para este efecto entender que aquí la Administración no ha
cuestionado la veracidad de lo informado en la declaración, para que deba entonces
exigírsele que despliegue una actividad probatoria respecto de lo allí informado, por
lo que, mientras la presunción no haya sido desvirtuada, los datos allí consagrados
pueden tomarse como ciertos, y en esa medida se usaron como base para
determinar el monto respecto del cual se solicitó información y no fue suministrada.
Así mismo, se considera que, si el contribuyente estaba en desacuerdo con la base
de la sanción, al estar alegando un supuesto de hecho diferente al indicado por la
DIAN, era él a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, quien debía
probar los hechos alegados.
Así las cosas, no procede el cargo de apelación.
Costas
No habrá pronunciamiento en esta providencia frente a la primera instancia, dado
que no se apeló la decisión del tribunal de no imponer costas.
En cuanto a esta instancia, por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y conforme al
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, se tasan las agencias en
derecho en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
36
Folio 47, Caa.
11
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Demandante: Alfredo Lozano
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 22 de mayo de 2025.
2. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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