Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00132-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00132-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00132-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00132-01 (28510)
Demandante: Consorcio Auditar 2014 y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00132-01 (28510)
Demandante CONSORCIO AUDITAR 2014 Y OTROS
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre las ventas. Bimestre VI Año 2014. Exclusión
de IVA. Servicios relacionados con la seguridad social.
Servicios por auditoria médica. Prueba de retenciones en la
fuente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 17 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub Sección B1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por el Consorcio Auditar
2014, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
(…)”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo emplazamiento para declarar, la Dirección de Impuestos y aduanas
Nacionales DIAN en adelante DIAN profirió la Liquidación Oficial de Aforo Nro.
322412019000145 del 15 de noviembre de 2019, mediante la cual determinó el
impuesto sobre las ventas del bimestre VI del año gravable 2014 al Consorcio
Auditar 2014.
Dentro de la oportunidad legal el consorcio interpuso recurso de reconsideración
contra dicho acto, pero la entidad lo confirmó mediante la Resolución Nro.
992232020000171 del 5 de noviembre de 2020.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
Samai Tribunal, índice 33, PDF: “44_SENTENCIA_FALLO(.pdf) NroActua 33”
2
Samai Tribunal, índice 2, PDF: “1ED_ACCIONDENULIDADLOABIM62014CONANEXOS(.PDF) NroActua 2”
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Demandante: Consorcio Auditar 2014 y otros
“Que por las razones expuesta (sic) se decrete la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
7.1.1. Liquidación Oficial de Aforo No. 322412019000145 del 15 de noviembre de 2019
notificada el 20 de noviembre de 2019: Mediante este acto, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN- señala que el Consorcio Auditar 2014 incumplió con su obligación
de declarar estando obligado a hacerlo y le determina los siguientes valores:
Renglón Concepto Valor
42 Total ingresos netos recibidos durante el período $1.420.620.000
55 Total compras netas realizadas durante el período $0
63 Total impuesto generado por operaciones gravadas $227.299.000
77 Total impuestos descontables $0
78 Saldo a pagar período fiscal $227.299.000
80 Saldo a favor del período fiscal anterior $0
81 Retenciones por IVA que le practicaron $0
84 Saldo a pagar por impuesto $227.299.000
7.1.2. Resolución No. 992232020000171 del 5 de noviembre de 2020 notificada el 26 de enero
de 2021: Mediante este acto administrativo se confirma la Liquidación Oficial de Aforo.
7.2. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que el CONSORCIO AUDITAR
2014 no tenía el deber de presentar la declaración de impuesto a las ventas por el 6° Bimestre
de 2014.
7.3. En caso de que no se acceda a lo anterior, se deberá tener en cuenta la retención
practicada por la DISAN por valor de $124.137.931 en el renglón 81.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 48 de la
Constitución Política; 476 del Estatuto Tributario; 153, 182 y 227 de la Ley 100 de
1993; 264 de la Ley 223 de 1995; la Ley 352 de 1997; y los artículos 32 y 33 del
Decreto 1011 de 2006.
En el acápite de hechos, reseñó que suscribió un contrato con la Dirección de
Sanidad del Ejército (DISAN) para la prestación de servicios de auditoría de cuentas
médicas y de usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional (SSMP) hospitalizados, el cual tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2015
y, en virtud del cual, se expidieron entre otras las facturas 05, 06 y 07 en las que no
se liquidó el IVA dado que la operación no causaba el tributo, ya que los recursos
de la seguridad social no pueden estar sometidos a impuestos.
1. Violación de los artículos 48 de la Constitución y 182 de la Ley 100 de
1993
Explicó que el sistema de seguridad social integral comprende los recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de
salud y de servicios complementarios regulados. Resaltó que el artículo 182 de la
Ley 100 de 1993 confirió a las EPS ingresos que corresponden a una Unidad de
Pago por Capitación (UPC) que les permite pagar los gastos de atención a sus
afiliados y tener recursos para administrar riesgos y operar.
Aclaró que, si bien el sistema de seguridad social de las fuerzas militares no utiliza
el concepto de la UPC, los recursos administrados por la DISAN por mandato de la
Ley 352 de 1997 hacen parte del sistema de seguridad social en salud. Al respecto,
citó la sentencia C-1040 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández de la Corte
Constitucional para enfatizar el carácter parafiscal de dichos recursos.
Anotó, a partir del artículo 48 de la Constitución y la sentencia C-824 de 2004, M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes de la Corte Constitucional, los dineros del sistema de
2
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seguridad social no pueden estar sometidos a impuestos dada la finalidad de dichos
recursos y que, pese a ello, la DIAN desconoció que los recursos de la Dirección de
Sanidad del Ejército hacen parte del sistema general de seguridad social en salud
de las fuerzas militares. Subrayó que, en consecuencia, los ingresos por concepto
de servicios de auditoría médica percibidos por el consorcio hacen parte del sistema
y no pueden ser gravados, so pena de trasladar al presupuesto general recursos
con destinación específica.
Clarificó que los recursos de la DISAN no provienen únicamente del presupuesto
nacional, sino también de los aportes de los miembros activos de las fuerzas
militares e insistió en que estos no pueden destinarse a fines diferentes a la
prestación del servicio, razón que dijo sustentó la exclusión del IVA prevista en el
artículo 476 del Estatuto Tributario. Anotó que dicho beneficio tributario no depende
del origen de los recursos sino de su destinación.
Reparó en que, de considerarse que los ingresos están gravados, se vulnerarían
los principios de eficiencia y economía administrativa pues los aportes salen del
Ministerio de Hacienda y vuelven a entrar al Tesoro Nacional, a través del IVA.
2. Inaplicación del artículo 476 del Estatuto Tributario; jurisprudencia y
doctrina DIAN
Transcribió la exclusión del IVA contemplada en el numeral 8 del artículo 476 del
Estatuto Tributario y recalcó que los recursos vinculados a la seguridad social no se
pueden utilizar para fines distintos a esta y tampoco pueden ser objeto de tributos,
con lo cual el servicio de auditoría médica prestado por el consorcio estaba excluido
del IVA, conclusión soportada en jurisprudencia y doctrina de la DIAN.3 Precisó que
su actuación se sujetó a las normas aplicables y que, en virtud del principio de
confianza legítima, se acogía a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995
frente a los conceptos de la DIAN.
3. Violación de la Ley 100 de 1993, del Decreto 1011 de 2006 y de la Ley 352
de 1997
Adujo que el artículo 227 de la Ley 100 de 1993 facultó al Gobierno a emitir normas
sobre la organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención
en salud, incluyendo la auditoría médica, que, en virtud del Decreto 1011 de 2006,
es obligatoria para las entidades e instituciones prestadoras de salud.
Narró que el Consorcio Auditar tiene por objeto la prestación de servicios de
auditoría médica integral y que la DISAN presta el servicio de salud a los miembros
de las fuerzas militares. Advirtió que ambas partes suscribieron un contrato para la
prestación de servicios de auditoría de calidad y cumplimiento y gestión de cuentas
médicas, el cual fue pagado con recursos de la DISAN que corresponden a los
aportes de los afiliados al sistema de seguridad social y los realizados por el Estado
como patrono, los cuales gozan de una exclusión del IVA, en virtud del artículo 476
del Estatuto Tributario.
Sostuvo que la interpretación de la DIAN en la liquidación oficial es contraria al
Concepto 037395 de 2005 de la misma entidad. Tachó de contradictorio que, al
3
Citó apartes de las sentencias C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-577 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, C-1040 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-824 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes de la Corte
Constitucional; del 5 de febrero de 2009, exp. 16201, del 23 de enero de 2014, exp. 18841, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez del Consejo de Estado y los Conceptos DIAN 068904 de 2009 y 037397 de 2005
3
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tratarse de un régimen de excepción no sujeto a la Ley 100 de 1993, se pretendan
gravar los recursos, dándoles una destinación distinta a la prestación del servicio de
salud, lo cual es contrario a los principios de justicia y equidad, al concederle mejor
trato a las EPS del sistema general.
Explicó que, si bien la adhesión de las entidades del régimen de excepción al
sistema de aseguramiento de calidad del servicio de salud es voluntaria, al
acogerse, estas deben ceñirse a los sistemas de control y auditoría. Insistió en que
los recursos hacen parte del sistema de seguridad social en salud, sobre lo cual
aportó copia de la respuesta a un derecho de petición emitida por la Dirección
General de Sanidad Militar.
4. Error de hecho
Comentó que el 17 de enero de 2015 profirió la factura 16 en la que se abstuvo de
liquidar el IVA y que, pese a ello, la DISAN practicó retención a título de IVA cuando
efectuó el pago, suma que no se devolvió a la demandante, pese a la reclamación
elevada ante el agente retenedor. Anotó que la DISAN no emitió el certificado de
retención, pese a que lo solicitó, e instó a reconocer la retención en la declaración
de no prosperar las demás pretensiones.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda4:
Anotó que el servicio de auditoría integral de cuentas médicas está gravado dado
que no corresponde a los servicios médicos referidos en el artículo 476 numeral 1
del Estatuto Tributario, ni está vinculado con la seguridad social, ya que dichos
servicios se detallan en el artículo 1 del Decreto 841 de 1998.
Añadió, a partir de la sentencia C-341 de 2007, que la exclusión del IVA para los
servicios vinculados a la seguridad social es objetiva y solo opera en forma exclusiva
para aquellos servicios consignados en la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias, sin importar sus prestadores. En consecuencia, los servicios
excluidos deben estar relacionados directa, estrecha y objetivamente con los fines
de la seguridad social.
Explicó que el servicio contratado en este caso no fue propio de una auditoría para
el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, en los términos del Sistema
Obligatorio de Garantía Social en Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud y menos del Sistema de Gestión de la Calidad en el Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares.
Reparó en que el sistema de garantía de calidad de atención en salud se orienta a
mejorar los resultados en ese ámbito y el servicio de auditoría, en particular, busca
garantizar que el servicio de salud se brinde de una manera oportuna, pertinente y
continúa, por lo que se configura como una función institucional de quien lo presta,
la cual no está directamente relacionada con los servicios de salud y de la seguridad
social descritos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 841 de 1998.
Diferenció entre los servicios de salud prestados directamente a los usuarios, que
gozan de beneficio tributario, y aquellos que debe contratar el prestador para
4
Samai, índice 21, ZIP: “29_RECIBEMEMORIALES_25000233700020210013(.ZIP) NroActua 21”
4
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garantizar la mejora del servicio. Precisó, a partir de las sentencias C-1040 de 2008
y C-824 de 2004 que la exoneración tributaria en favor de las UPC opera si se
efectúan prestaciones propias del plan obligatorio de salud o plan de beneficios.
Frente al reconocimiento de la retención, advirtió que el consorcio no presentó su
declaración y que la sanción por no declarar era procedente.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub-Sección B, negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:5
Transcribió la exclusión del IVA regulada en el artículo 476 numerales 1, 3 y 8 del
Estatuto Tributario, referente a los servicios médicos para la salud humana, los
vinculados a la seguridad social y los prestados en virtud de los planes obligatorios
de salud, y lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 841 de 1998 que contiene los
servicios excluidos vinculados con la seguridad social.
En el caso concreto, a partir de lo regulado en el citado decreto, concluyó que los
servicios de auditoría médica no estaban cobijados por la exclusión y estaban
gravados, con independencia de que el Decreto 1011 de 2006 obligue a la adopción
de los procesos de auditoría que buscan la evaluación y seguimiento de la calidad
del servicio y, por ende, no son propiamente un servicio médico humano, sino un
mecanismo de control administrativo para los planes y programas de salud.6
Explicó que, con independencia de la procedencia de los recursos con los cuales se
pagan los servicios de auditoría médica, lo relevante es tener en consideración la
naturaleza del servicio que, como ha sido definido por vía jurisprudencial, no se
extiende a la prestación del servicio de salud en sí mismo, sino al control
administrativo que es inherente al funcionamiento operacional de cualquier empresa
y carece de relación directa y objetiva con los fines de la seguridad social.
Precisó que, si bien los miembros de las fuerzas militares se rigen por un sistema
de seguridad especial en salud que no hace parte del sistema general, los servicios
externos prestados a la DISAN tienen la misma naturaleza de los procesos de
auditoría médica de las entidades del sistema general, de tal forma que están
gravados con IVA.
Transcribió el objeto del contrato suscrito entre el consorcio y la DISAN para la
auditoría integral de cuentas médicas, sus adiciones y las facturas para asegurar
que el servicio contratado no es prestado por una entidad de salud al afectado,
tampoco tiene relación con servicios médico-quirúrgicos, ni con prestaciones
propias del POS y se trató de una labor administrativa inherente al funcionamiento
operacional de la DISAN que estaba gravada con IVA.
Frente al reconocimiento de la retención practicada, dijo que la factura que la
soportaba fue expedida en el primer bimestre del 2015 y no evidenciaba un monto
facturado por IVA, ni la retención presuntamente practicada, de manera que no
obraba prueba de esta.
No condenó en costas al no encontrarlas demostradas.
5
Samai Tribunal, índice 33, PDF: “44_SENTENCIA_FALLO(.pdf) NroActua 33”
6
Citó como antecedente la sentencia del 4 de agosto de 2022, exp. 26340, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello del
Consejo de Estado.
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Recurso de apelación
La parte demandante apeló la decisión de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos:7
Los actos demandados vulneraron el artículo 48 constitucional y el artículo 182 de
la Ley 100 de 1993. Indico que, los recursos administrados por las instituciones de
seguridad social solo pueden ser destinados a su financiación y no pueden utilizarse
para pagar el IVA. Explicó que la UPC es una prima que permite a las entidades
aseguradoras pagar los gastos de atención de los usuarios y tener un margen
razonable para cumplir la función de administración de recursos del sistema de
seguridad social.
Citó el concepto del Ministerio de Protección Social No. 202234201888141 y las
sentencias C-824 de 2004 y C-341 de 2007 de la Corte Constitucional, para
aseverar que los servicios prestados por la DISAN son análogos a los de las
entidades promotoras de salud, por lo que señaló que la sentencia apelada violó el
principio de equidad tributaria al no conceder los mismos efectos jurídicos a
situaciones evidentemente similares.
Afirmó que lo anterior tiene relevancia por cuanto los recursos de la DISAN
provienen del Estado y de los miembros activos de las fuerzas militares, como
ocurre en el régimen ordinario. Y al ser un sistema de seguridad social especial el
pago no se hace en UPC sino en PAC, por tanto, “al aplicar el principio de equidad tributaria
es natural que se le dé el mismo tratamiento que a los recursos del régimen ordinario de seguridad
social. Mas aun cuando la finalidad de los recursos sigue siendo la misma, es decir, la correcta y
oportuna prestación del servicio de salud propio de la seguridad social.”
Relató que el Decreto 841 de 1998 detalló los servicios vinculados a la seguridad
social excluidos del IVA, y que los servicios de auditoría médica buscan
directamente realizar prestaciones propias del plan obligatorio de salud, los planes
complementarios de salud y el derecho fundamental a la salud.
Afirmó que los servicios de auditoría médica no son un simple gasto administrativo,
sino un requisito de operación obligatoria que guarda relación directa con la mejora
de la calidad de la atención de salud. Insistió en que el artículo 32 del Decreto 1011
de 2006 establece la obligatoriedad de los programas de auditoría para entidades
de salud, con lo cual es clara la vinculación con la prestación directa del servicio de
salud.
Precisó que el contrato se suscribió en ejercicio de un deber legal, que el servicio
contratado, auditoría de cuentas médicas, permite realizar acciones correctivas que
se reflejan en la mejora de la calidad de la atención y, además, fue financiado con
recursos que hacen parte del sistema general de seguridad en salud del ejército.
Frente a la retención en la fuente, anotó que la DISAN la practicó al momento de
realizar el pago del servicio, pese a que la retención no se liquidó en la factura, lo
cual se evidencia de la comunicación en donde la demandada aduce haber retenido
la suma en cuestión y en la liquidación del contrato. Concluyó que el retenedor no
emitió el certificado de retención. Solicitó levantar la sanción.
Oposición a la apelación
La demandada no presentó oposición al recurso de apelación.
7
Samai Tribunal, índice 36. PDF: “47_RECIBEMEMORIALES_20231204_20210132_(.pdf) NroActua 36”
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Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
De conformidad con los cargos de apelación formulados por la demandante
respecto de la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la
demanda, juzga la Sala la legalidad de los actos que determinaron el impuesto sobre
las ventas del VI bimestre del año gravable 2014 al Consorcio Auditar 2014.
En concreto, la Sala debe determinar si se encontraba excluido de IVA el servicio
de auditoría prestado por el consorcio Auditar 2014, al tenor de los numerales 1, 3
y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario. De no ser así, deberá establecerse si
procede el reconocimiento de las retenciones presuntamente practicadas por la
DISAN.
Análisis del caso concreto
La apelante sustenta la exclusión de IVA, bajo el argumento de que la auditoría
prestada es un servicio vinculado a la seguridad social, en la medida en que es
obligatorio y tiene por objeto garantizar la calidad del servicio. Alega que existe una
violación al principio de equidad tributaria dado que los servicios prestados por la
DISAN son análogos a los de las entidades promotoras de salud y los recursos
administrados por las instituciones de seguridad social solo pueden ser destinados
a su financiación y no pueden utilizarse para pagar el IVA.
Para la Administración y el Tribunal el servicio de auditoría médica se encuentra
gravado con IVA, toda vez que no se encuentra dentro de los servicios vinculados
a la seguridad social excluidos en los numerales 1, 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto
Tributario.
Para resolver, la Sala reiterará el criterio expuesto en la sentencia del 4 de agosto
de 2022, exp. 26340, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en un asunto con
similitud al que se debate.
En la vigencia discutida (año 2014), el artículo 420 del Estatuto Tributario establecía
como hecho generador del IVA, la prestación de servicios en el territorio nacional,
salvo los que habían sido expresamente señalados como excluidos.
A estos efectos, el artículo 476 estableció los servicios excluidos del impuesto sobre
las ventas, entre los cuales se encuentran ciertos servicios relacionados con el
sistema de seguridad social en salud. Al efecto, la versión vigente de dicha
disposición aplicable a la época de los hechos era:
“ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. Se exceptúan
del impuesto los siguientes servicios (...):
1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la
salud humana.
(…)
3. Numeral modificado por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002. Los intereses y rendimientos
financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base gravable
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Demandante: Consorcio Auditar 2014 y otros
señalada en el artículo 447, las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por
la administración de los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas
de bolsa por la administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las
sociedades administradoras de inversión, el arrendamiento financiero (leasing), los
servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la
seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así mismo están
exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y las de títulos
de capitalización.
(…)
8. Modificado por el artículo 50 de la Ley 1607 de 2012. Los planes obligatorios de salud
del sistema de seguridad social en salud expedidos por autoridades autorizadas
por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de prima media
con prestación definida, los servicios prestados por administradoras de riesgos laborales
y los servicios de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados
dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de
la Ley 100 de 1993.” (Énfasis propio)
En virtud de lo anterior, el Decreto 841 de 1998 “por el cual se reglamenta parcialmente el
Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema
General de Seguridad Social”, en el artículo 1°, enumeró los servicios vinculados a la
seguridad social exceptuados del impuesto sobre las ventas, así:
“ARTÍCULO 1o. SERVICIOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
EXCEPTUADOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. (Modificado por el artículo 1º del
Decreto 2577 de 1999). De conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 8 del artículo 476
del Estatuto Tributario, están exceptuados del impuesto sobre las ventas los siguientes
servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993:
A. Los servicios que presten o contraten las entidades administradoras del régimen
subsidiado y las entidades promotoras de salud, cuando los mismos tengan por objeto
directo efectuar:
1. Las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud a las personas afiliadas al
sistema de seguridad social en salud tanto del régimen contributivo como del
subsidiado.
2. Las prestaciones propias de los planes complementarios de salud suscritos por los
afiliados al Sistema General de Salud.
3. Las prestaciones propias de los planes complementarios de salud de que tratan el
inciso segundo y tercero del artículo 236 de la Ley 100 de 1993.
4. La atención en salud derivada o requerida en eventos de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.
5. La prevención y promoción a que hace referencia el artículo 222 de la Ley 100 de
1993 que sea financiada con el porcentaje fijado por el Consejo de Seguridad Social
en Salud;
B. Los servicios prestados por las entidades autorizadas por el Ministerio de Salud para
ejecutar las acciones colectivas e individuales del Plan de Atención Básica en Salud, a
que se refiere el artículo 165 de la Ley 100 de 1993, definido por el Ministerio de Salud
en los términos de dicha ley, y en desarrollo de los contratos de prestación de servicios
celebrados por las entidades estatales encargadas de la ejecución de dicho plan;
C. Los servicios prestados por las instituciones prestadoras de salud y las empresas sociales
del Estado a la población pobre y vulnerable, que temporalmente participa en el Sistema
de Seguridad Social en Salud como población vinculada de conformidad con el artículo
157 de la Ley 100 de 1993;
D. Los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual
con solidaridad y de prima media con prestación definida;
E. Los servicios prestados por las administradoras del régimen de riesgos profesionales que
tengan por objeto directo cumplir las obligaciones que le corresponden de acuerdo con
dicho régimen;
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F. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros para
invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del régimen de ahorro individual con
solidaridad, riesgos profesionales y demás prestaciones del Sistema General de
Seguridad Social;
G. Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y
eventos catastróficos.
PARAGRAFO. Así mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 16 del artículo 476
del Estatuto Tributario, las comisiones de intermediación por la colocación y renovación de
planes del Sistema de Seguridad Social en pensiones, salud y riesgos profesionales de
conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993, están exceptuados del impuesto sobre las
ventas.”.
La Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de los numerales 3 y 8 del
artículo 476 del Estatuto Tributario, bajo la modificación del artículo 36 de la Ley 788
de 2002, determinó que dichas exclusiones “son de carácter objetivo, es decir, toman en
consideración la naturaleza del servicio prestado y no la persona o a la entidad que lo realiza. En
otras palabras el legislador simplemente estructuró una exclusión a un gravamen remitiendo a unos
servicios que aparecen consignados en la Ley 100 de 1993”.
En este caso, el contrato de auditoría celebrado por la actora tuvo por objeto “la
prestación de servicios de auditoría integral de cuentas médicas a la facturación radicada por la red
externa contratada y no contratada por los ESM [establecimiento de sanidad militar] del Ejército y
auditoría concurrente a los usuarios del SSMP [Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y
Policía Nacional] hospitalizados en la red externa, ajustados a la normatividad vigente en salud”.
De lo anterior, se advierte que el servicio de auditoría no se enmarca dentro de los
servicios de seguridad social en salud excluidos en los numerales 1 ( servicios
médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana), 3
(servicios vinculados a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993) y
8 (planes obligatorios de salud) del artículo 476 del Estatuto Tributario, y tampoco se
relaciona dentro de los servicios vinculados al sistema de seguridad social
exceptuados del tributo, que fueron precisados en el decreto reglamentario que dio
alcance a la exclusión prevista en la ley.
Señala la apelante que, el Decreto 1011 de 2006 “Por el cual se establece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud”, dispone la obligatoriedad de los programas de auditoría para entidades de
salud, con lo cual es clara la vinculación con la prestación directa del servicio de
salud.
El artículo 1º del citado Decreto señaló que “a los prestadores de servicios de salud que
operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las
disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, SOGCS, de que trata este decreto, excepto a las Instituciones
del Sistema de Salud pertenecientes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, las cuales podrán
acogerse de manera voluntaria al SOGCS y de manera obligatoria, cuando quieran ofrecer la
prestación de servicios de salud a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB,
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, o con Entidades Territoriales.” , y el artículo
32 que “Los procesos de auditoría serán obligatorios para las Entidades Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB”
La Sala precisa que con independencia de la obligatoriedad de los procesos de
auditoría, lo cierto es que el servicio objeto de este asunto, no se trata de los
consagrados en los numerales 1, 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario y el
artículo 1º del Decreto 841 de 1998, antes transcritos, en tanto lo determinante es
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que se trate de uno de los servicios expresamente consagrados en la normativa
fiscal como excluidos de IVA.
Sobre el alcance de la exclusión de IVA en los servicios de salud, se pronunció la
Sala en sentencia del 16 de septiembre de 2015, exp. 19884, C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez, precisando lo siguiente:
“De acuerdo con lo anterior, el servicio prestado por la sociedad demandante no es un servicio
vinculado con la seguridad social; no es un servicio prestado por la entidad de salud al
afectado en el accidente de tránsito; no tiene relación con la prestación de los servicios
médico quirúrgicos entre los que se encuentra la atención de urgencias; es una auditoría o
control de carácter administrativo que realiza para la aseguradora, que tiene que ver con
las reclamaciones por los amparos que cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
(…)
Como lo concluyó el Tribunal, el servicio prestado por la sociedad demandante se
subsume en una labor meramente administrativa de auditoría de cuentas, inherente al
funcionamiento operacional de cualquier empresa, que carece de relación directa y
objetiva con los fines de la seguridad social, los cuales buscan proteger los derechos
a la salud, la vida digna y la integridad física y moral de sus afiliados”. (Énfasis propio)
Ahora, la parte apelante indicó que los recursos administrados por las instituciones
de seguridad social solo pueden ser destinados a su financiación y no pueden
utilizarse para pagar el IVA, precisando que la UPC permite a las entidades
aseguradoras pagar los gastos de atención de los usuarios y cumplir la función de
administración de recursos del sistema de seguridad social, razonamiento frente al
cual la Sala se pronunció en la citada sentencia 26340, señalando que “En suma, lo
relevante no es el pago del servicio mediante las Unidades de Pago por Capitación -UPC-, sino la
relación directa y objetiva del servicio con las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud a
las personas afiliadas al sistema de seguridad social en salud, pues esto es lo que corresponde a la
exigencia normativa para la exclusión del IVA.”
Al hilo de lo anterior, la Sección en sentencia del 14 de agosto de 2019, exp. 22845,
C.P. Milton Chaves García, precisó que, los recursos que integran la UPC que
excedan aquellos destinados al POS sí pueden ser objeto de gravamen:
“En consecuencia, no pueden ser gravados con el IVA, en este caso, los recursos que integran
la Unidad de Pago por Capitación –UPC-, que corresponde al reconocimiento de los costos
para la ejecución del Plan Obligatorio de Salud –POS-, tanto los administrativos como los
destinados a la prestación del servicio. Los recursos que excedan aquellos destinados al
POS sí pueden ser objeto de gravamen.
(…)
De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del E.T. se encuentran
excluidos del IVA los servicios vinculados con la seguridad social conforme lo previsto en la
Ley 100 de 1993 y los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud
expedidos por autoridades autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud,
respectivamente. Las referidas exclusiones toman en consideración la naturaleza del servicio
prestado pero no en forma general, porque se remite específicamente a los servicios
consagrados en la Ley 100 de 1993 y a los incluidos en los Planes Obligatorios de Salud –
POS-.
(…) las exclusiones son de carácter objetivo, es decir que tienen en consideración la
naturaleza del servicio y no el origen de los recursos. Así, los bienes y servicios que no
se encuentran expresamente exceptuados del tributo, se encuentran gravados con este
(artículo 420 del E.T.)” (Énfasis propio).
En este orden de ideas, no hay violación al principio de equidad tributaria que la
parte apelante fundamenta en que los servicios prestados por DISAN son análogos
a los que brindan las entidades promotoras de salud y, que, si bien se está ante un
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sistema de seguridad social especial se debe dar el mismo tratamiento que se
otorga a los recursos del régimen ordinario de seguridad social, por cuanto como se
estableció líneas atrás, lo relevante es determinar la naturaleza del servicio, que
para este caso, se trata de una auditoría integral de cuentas médicas, que no se
encuentra cubierto con las exclusiones previstas en los numerales 1, 3 y 8 del
artículo 476 citado. De ahí que no puede extenderse la aplicación de la exclusión a
supuestos no previstos en la ley, como ocurre en el presente caso.
Por lo expuesto, la Sala encuentra que el desconocimiento de la exclusión de IVA
respecto de los servicios de auditoría médica se encuentra ajustada a la legalidad.
2. Retención en la fuente
La apelante estima que el contratante le practicó retenciones en la fuente a título de
IVA, las cuales deben reconocerse en la liquidación y que, pese a que no figuran en
las facturas, se aportaron pruebas que dan cuenta de que efectivamente se
practicaron tales como el acta de liquidación del contrato y la respuesta al derecho
de petición en el que se pidió la devolución de la retención. Concluye que la DISAN
no emitió el certificado de retención en la fuente, pese a que lo solicitó.
Frente a la prueba de las retenciones en la fuente, el artículo 381 del Estatuto
Tributario dispone que la pertinente es el certificado y, a falta de este, las facturas o
documentos donde consten el pago:
“ARTICULO 381. CERTIFICADOS POR OTROS CONCEPTOS. Cuando se trate de
conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral, o legal y
reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de
retenciones que contendrá:
a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.
b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor.
c. Dirección del agente retenedor.
d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó
la retención.
e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención.
f. Concepto y cuantía de la retención efectuada.
g. La firma del pagador o agente retenedor.
A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un certificado
por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del
certificado anual.
PARAGRAFO 1o. Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán
sustituir los certificados a que se refiere el presente artículo, cuando éstos no hubieren sido
expedidos, por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste
el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados.
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional podrá eliminar la obligación de expedir el certificado
de retenciones a que se refieren éste y el artículo anterior, creando mecanismos automáticos
de imputación de la retención que lo sustituyan.”
Para la aplicación del parágrafo 1 de la norma, la Sección8 estableció que, además
de las facturas, debe acreditarse su pago, conforme el tenor literal de la norma, de
suerte que estas deben acompañarse, entre otros, del correspondiente
comprobante de ingreso, en donde se acredite que efectivamente la retención se
practicó y el monto.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 29 de junio de 2023, exp. 26171 y del 3 de marzo de 2022, Exp.
25206, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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En el presente caso, dado que el consorcio consideró que el servicio no estaba
gravado con IVA, las facturas que obran en los antecedentes administrativos no
liquidaron el tributo ni registraron retenciones. No obstante, en los anexos a la
demanda consta la respuesta de la DISAN al derecho de petición interpuesto por el
consorcio, en la cual se pronunció frente a la factura nro. 16 y afirmó que el pliego
de cargos del contrato estableció que el servicio se liquidaba con el IVA, lo cual
daba lugar a la práctica de retenciones y que parte del valor de la factura “se abonó
al recaudo de los impuestos.” (pp. 161 a 165 demanda y anexos).
Así mismo, en el acta de liquidación del contrato 215/DISAN-EJC- 2014, la DISAN
manifestó expresamente que había practicado una retención por valor de
$131.263.451, en los siguientes términos (pp. 201 demanda y anexos):
“NOTA. MEDIANTE EL ACTA RECIBO SATISFACCIÓN NO. 2685 DEL 28 DE DICIEMBRE
DE 2015 SE REALIZÓ EL PROCESO DE OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA FACTURA NO. 16
POR UN VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($143.486.096,00); CON
OCASIÓN AL INFORME PRODUCTO DE LA REVISTA PRESENTA POR LA CONTRALORÍA
DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2015 RESPECTO DE ESTE CONTRATO OSTENTO
DENTRO DE LOS HALLAZGOS QUE NO SE ESTABAN PRESENTANDO LAS FACTURAS
CON IVA, HACIENDO ACLARACIÓN QUE BAJO LOS PARÁMETROS DEL ARTÍCULO 476
DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EL CONSORCIO AUDITAR 2014 NO SE ENCUENTRA
EXCENTO (sic) DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, TODA VEZ QUE EL SERVICIO
PRESTADO DE AUDITORÍA INTEGRAL DE CUENTAS MEDICAS NO CONSTITUYE
SERVICIO MÉDICO TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA
SER CONSIDERADO EXCENTO (sic) DE PAGAR IVA; SE CONSULTÓ A LA DIAN
RESPECTO DE DICHA SITUACIÓN, EN LO QUE LA MISMA REFIRIÓ QUE SI DEBÍAN
REALIZARSE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES POR TODO EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR ENDE RESPECTO DEL ÚLTIMO PAGO REALIZADO
EN EL CONTRATO ESTE FUE POR UN MONTO DE DOCE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.222.645.00) EN
FAVOR DEL CONTRATISTA, RETENIENDO PARA EFECTOS DE IVA LA SUMA DE
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($131.263.451.00).”
Como se evidencia de las pruebas aportadas, el agente retenedor, que por demás
es una entidad pública, ha aceptado en forma expresa en el acta de liquidación del
contrato la práctica de la retención en cuantía de $131.263.451. Sin embargo, no
obran en el expediente pruebas del pago de la factura ni de la efectiva consignación
y pago de la retención al erario. Con lo cual, no es posible verificar la efectiva
transferencia de los recursos y el monto retenido por la DISAN. Al efecto es
pertinente señalar que, dentro de las obligaciones a cargo del agente retenedor se
encuentran la de efectuar la retención, consignar lo retenido, expedir el certificado
de retención y presentar la declaración de retenciones efectuadas (arts. 375, 376,
381 y 382 del Estatuto Tributario).
En ese sentido, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos reconociendo la
procedencia de la retención en la fuente, pero en el monto que logre verificar la
DIAN, una vez quede ejecutoriada la presente providencia, para lo cual deberá
reliquidar la obligación correspondiente.
Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias
en derecho), por no encontrarse probadas en el expediente.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00132-01 (28510)
Demandante: Consorcio Auditar 2014 y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 17 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub Sección B.
2. En su lugar:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Aforo Nro.
322412019000145 del 15 de noviembre de 2019 y de la Resolución Nro. 992232020000171
del 5 de noviembre de 2020, proferidas por la DIAN.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la DIAN la reliquidación
de la obligación correspondiente al bimestre 6 de IVA del año 2014 a cargo del Consorcio
Auditar 2014, con el fin de incluir las retenciones en la fuente practicadas y efectivamente
consignadas al erario, para lo cual deberá hacer las verificaciones pertinentes.
3. No condenar en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salvo el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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