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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00163-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00163-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar, se dispone: «PRIMERO.- Inaplicar por inconstitucional el artículo 2.º de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, «Por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020 […]», por las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO.- Anular la Liquidación Oficial 202053400556886 del 28 de agosto de 2020, la Resolución SSPD 20215300098685 del 26 de abril de 2021 y el acto ficto o presunto negativo producto del silencio respecto del recurso de apelación, proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante los cuales liquidó la contribución adicional por el año 2020, a GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP. TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reintegrar a la sociedad demandante la suma de $1.429.107.622, ajustada con base en el IPC, junto con los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia». 2.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 3.- Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00163-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de mayo de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00163-01 (28271)
Demandante: GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00163-01 (28271)
Demandante: GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD
Tema: Contribución adicional para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios - periodo 2020. Vigencia artículos 18 y 314
Ley 1955 de 2019. Irretroactividad tributaria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 25 de agosto de 20231, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda, sin pronunciarse sobre las costas.

ANTECEDENTES

El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el
cual creó la contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios - SSPD, para recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia
que presta a las entidades sometidas a regulación. La contribución se liquida y paga
anualmente conforme con las reglas establecidas en la anterior disposición, sin que
pueda superar el 1 % de la respectiva base gravable de la entidad contribuyente, en el
año anterior a aquel en el que se hace el cobro, según los estados financieros puestos
a disposición de la Superintendencia.

A su vez, el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, creó a partir del 1.º de enero de 2020
y hasta el 31 de diciembre de 2022, una contribución adicional a la regulada en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que se cobraría a favor del Fondo Empresarial de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según la ley, los elementos
de esta contribución -sujetos, hecho generador, base gravable y tarifa- serían los mismos que
los definidos para la contribución especial prevista en el referido artículo 85 de la Ley
142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Mediante Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, la citada
Superintendencia fijó la tarifa de la contribución especial y de la contribución adicional
para el año 2020, a cargo de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y
control2.

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Índice 2 Samai.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00163-01 (28271)
Demandante: GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

El 28 de agosto de 2020, mediante Liquidación Oficial 202053400556886, la SSPD
liquidó la contribución adicional a cargo de GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP
(En adelante GNOR o la demandante) por el año 2020, en $1.421.562.000.

Contra la anterior liquidación se interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, resuelto por la Resolución SSPD 20215300098685 del 26 de abril de 20213
para fijar la contribución en $1.335.264.622, confirmada mediante acto ficto o presunto
negativo4 producto del silencio administrativo respecto del recurso de apelación.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad
demandante formuló las siguientes pretensiones:

«6.1. PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERA: Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial SSPD
202053400556886 del 28 de agosto de 2020, considerando las nulidades incurridas en
su expedición.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD-20215300098685
del 26 de abril de 2021, considerando las nulidades incurridas en su expedición.

TERCERA: Que se reconozca su configuración y se declare la nulidad total del acto
presunto o ficto producto del silencio administrativo negativo que resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por GOR y que resuelve
desfavorablemente las peticiones de los recursos y confirma la Liquidación Oficial SSPD
202053400556886 del 28 de agosto de 2020.

CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las
anteriores pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare responsable
a la demandada de los perjuicios patrimoniales generados a mi representada en virtud
de los actos administrativos anulados a los que se hace referencia en las anteriores
pretensiones. Entre ellos, los gastos sufragados durante el curso del proceso y las
agencias en derecho.

QUINTA: Condenar a La Nación a pagar a mi representada la indemnización integral
de los perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores
pretensiones, en la cuantía que sea probada en el presente proceso.

SEXTA: Condenar a La Nación a pagar las costas del presente proceso. Igualmente,
solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas
procesales.

6.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En caso de no acceder a una o varias de las pretensiones principales objeto de la
presente demanda, se solicita como pretensiones subsidiarias las siguientes:

PRIMERA: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados en cuanto se prueba
que, como se señaló en el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el valor
real a determinar por concepto de contribución adicional asciende, aplicando los
preceptos constitucionales, legales y las reglas jurisprudenciales, a la suma de

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El recurso de apelación interpuesto contra la liquidación oficial no fue resuelto por la SSPD.

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Demandante: GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

$422.713.826. Es decir, que la base gravable se determine en $42.271.382.575 y el
monto total a pagar se establezca en $422.713.826. En ese sentido, que se expida
comprobante de pago con código de barras en el monto de $422.713.826.

SEGUNDA: No condenar a mi representada al pago de intereses moratorios en caso
de que sean denegadas las pretensiones principales y subsidiarias. Con base en lo
expuesto, solicitamos que expresamente se señale que en caso de que se denieguen
nuestras súplicas mi poderdante no está obligada a asumir intereses moratorios hasta
la fecha de ejecutoria del fallo de segunda instancia.

TERCERA: Si en gracia de discusión, se rechazaran los argumentos expuestos en esta
demanda, solicito que se excluya de la base gravable el valor de $3.123.329.446
correspondientes a intereses devengados a favor de terceros independientes.
Información que fue incluida y certificada el día 05 de marzo de 2021 en el Sistema
Único de Información - SUI del período 2019 tras la aprobación de la solicitud de
reversión voluntaria elevada por GOR. Rubro que legal y constitucionalmente se aparta
de la base gravable, no haciendo parte de los costos y gastos totales depurados

CUARTA: No condenar en costas a mi representada en caso de que sean denegadas
las pretensiones principales y subsidiarias.»

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 29, 83, 95-9, 209, 243, 338, 363, 365, 367 y 370 de la Constitución
Política
• Artículos 3 y 137 de la Ley 1437 de 2011

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La contribución adicional es un tributo de período, con lo cual la modificación del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 -norma en
que se basó la SSPD para expedir el acto general que fijó la contribución -, empezó a regir en el
año 2020. Por ello, como la norma en mención establece que la contribución se liquida
con base en los hechos económicos del año anterior, los actos acusados violaron el
principio de irretroactividad, al tomar los hechos económicos del año 2019. Conforme
al precedente del Consejo de Estado, la norma empezó a regir a partir del año 2020,
motivo por el cual no se puede liquidar el tributo con base en la información del año
gravable 2019, so pena de vulnerar los principios de confianza legítima y buena fe.

Los actos demandados contrarían normas superiores (art. 338 de la Constitución Política)
y están falsamente motivados, pues: i) se fundamentan en los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019, declarados inconstitucionales; ii) crean elementos de la
contribución no fijados por el legislador; iii) consideran que la situación jurídica de la
contribuyente estaba consolidada, contrariando el precedente del Consejo de Estado
iv) no se fundamentan en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes de ser modificado
por la Ley 1955 de 2019; y v) configuran doble tributación respecto de un mismo hecho
económico. Además, el acto general que fijó la contribución por el año 2020, decayó
como consecuencia de la inexequibilidad del citado artículo 18 y, por tanto, los actos
acusados se basaron en elementos inexistentes.

La SSPD desconoció la jurisprudencia, al incluir en la base gravable de la contribución
erogaciones que no guardan relación con la prestación del servicio vigilado.

Adicionalmente, los actos acusados son nulos porque: i) la contribución liquidada

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vulnera los principios constitucionales de equidad, eficiencia, no confiscatoriedad y
justicia, al pretender recaudar un tributo exagerado; ii) la demandada violó el debido
proceso y derecho de defensa, porque no tuvo en cuenta los argumentos y pruebas
presentadas en sede administrativa; iii) si no existiera la sentencia de inexequibilidad
aludida, tampoco podía liquidarse el tributo con base en una ley que no determinó con
claridad la base gravable y, iv) todos los elementos del tributo fueron declarados
inconstitucionales. Por último, en caso de que la sentencia sea desfavorable, no se
pueden exigir intereses moratorios por el no pago de la contribución.

OPOSICIÓN

La SSPD se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

Los cargos de la demanda se refieren directamente o indirecta a la inconstitucionalidad
de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, normas que sirvieron de fundamento
a los actos acusados y que la SSPD aplicó correctamente, junto con sus decretos
reglamentarios, los cuales están vigentes y gozan de presunción de legalidad.

La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, tuvo
efectos diferidos a partir del 1.º de enero de 2021, de manera que, durante el año 2020,
la norma estaba en vigor y surtiendo plenos efectos. Los tributos causados en ese año
constituyen una situación jurídica consolidada, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional (sentencias C-464 y C-484 de 2020) y el Consejo de Estado al estudiar la
legalidad del acto general que fijó la contribución especial para el año 20205.

Conforme al análisis jurisprudencial de la vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, para el año gravable 2020, los actos cuestionados eran legales, y la decisión
que se adopte debe respetar dicho análisis.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 26 de junio de 2023, el a quo ordenó dictar sentencia anticipada,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, incorporó las pruebas aportadas en
la demanda y su contestación, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
El litigio se fijó en determinar la legalidad de los actos administrativos acusados, a cuyo
efecto se debe precisar «[s]i en este caso resultan aplicables los efectos de las sentencias de
constitucionalidad C – 464 y 484 de 2020, y C – 147 de 2021, proferidas por la Corte Constitucional,
que declararon inexequibles los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 y, en consecuencia, si la
sociedad demandante estaba obligada a pagar la contribución especial por el año 2020».

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B negó las
pretensiones de la demanda -sin pronunciamiento sobre costas-, con base en lo siguiente:

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Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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La SSPD carecía de competencia para expedir la resolución que resolvió el recurso de
apelación contra la Liquidación Oficial, por cuanto ya había sido admitida la demanda
contra el acto principal, lo que lo torna inoponible e ineficaz6.

Del análisis efectuado por la Corte Constitucional para expulsar del ordenamiento
jurídico los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, se evidencia que, durante el
periodo 2020, la SSPD debía liquidar la contribución especial en los términos en estos
establecidos, pues los efectos de su inexequibilidad rigieron a partir de la vigencia 2021
(artículo 18) y de la vigencia 2022 (artículo 314) y, los tributos causados en el año 2020
constituían una situación jurídica consolidada.

La demandada no podía liquidar la base gravable aplicando el artículo 85 de la Ley
142 de 1994, porque para el año 2020, esa disposición había sido modificada por el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre
de 2020; además, los actos acusados se basaron en un acto general (Resolución SSPD
202010000033335 del 20 de agosto de 2020), que goza de presunción de legalidad.

No se configuró doble tributación, pues la contribución adicional se analizó por la Corte
Constitucional y precisó que para el año 2020 era aplicable. No se estudia el cargo
sobre intereses moratorios, porque la contribución adicional prevista en el artículo 314
de la Ley 1955 de 2019, no establece en su contenido la causación de estos.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente:

Se precisa que los actos acusados son: «(i) la Liquidación Oficial SSPD 202053400556886 del
28 de agosto de 2020, (ii) la Resolución SSPD 20215300098685 del 26 de abril de 2021 y (iii) el acto
ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo mediante el cual se negó las peticiones del
recurso de apelación y se confirmó el acto administrativo contentivo de la Liquidación Oficial recurrida ».

El Tribunal no analizó los cargos de nulidad planteados en la demanda, los efectos de
las sentencias de inconstitucionalidad aducidas, ni el cuestionamiento al concepto de
situación jurídica consolidada.

La SSPD impuso la contribución del año 2020, violando el principio de irretroactividad,
pues se liquidó con base en los costos y gastos del año 2019, pese a que la Ley 1955
de 2019 entró en vigor en ese año, en desconocimiento de los artículos 338 y 363 de
la Constitución Política. Por tratarse de un tributo de periodo, los cambios introducidos
por la ley mencionada solo podían aplicarse sobre los hechos económicos reportados
en el periodo gravable siguiente, como lo precisó el Consejo de Estado7.

El análisis del a quo fue incompleto, pues no realizó el control integral de legalidad de
los actos acusados. El Tribunal desconoce la jurisprudencia al considerar que la
situación jurídica de GNOR estaba consolidada, pese a conocer que los actos estaban
en discusión en sede administrativa al momento de la expedición de las sentencias de
inconstitucionalidad, con lo cual, los efectos de dichas sentencias son aplicables al

6
Este cargo fue analizado por el a quo sin haber sido propuesto en la actora, pues la demanda se dirigió, además de la liquidación
oficial y la resolución que resolvió la reposición, contra el acto ficto o presunto negativo producto del silencio respecto del recurso
de apelación presentado por GNOR.
7
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García.

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caso y los actos acusados deben anularse. No valoró en debida forma las pruebas que
demuestran que la contribución fue liquidada incorrectamente por la SSPD.

El fallo apelado no se pronunció sobre los cuestionamientos a la legalidad de la
liquidación por basarse en un acto general que decayó con ocasión de las sentencias
de inconstitucionalidad.

Los actos acusados vulneraron el principio de legalidad, por incluir en la base gravable
de la contribución erogaciones que no guardan relación con la prestación del servicio
vigilado, sin valorar las pruebas que demuestran su incorrecta determinación.

La contribución liquidada vulnera principios constitucionales de equidad, no
confiscatoriedad y justicia tributaria, al existir una desproporción en el cobro del tributo
respecto de años anteriores, con ella se configura una doble tributación sobre el mismo
hecho económico y el a quo no se pronunció sobre la improcedencia de intereses
moratorios alegada en la demanda.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La demandante presentó memorial en el término previsto en el artículo 247-4 del
CPACA, a cuyo efecto insistió en la vulneración al principio de irretroactividad tributaria
y debido proceso e invocó precedentes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sobre la materia. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos, mediante los cuales la SSPD
determinó la contribución especial del año gravable 2020, a cargo de GAS NATURAL
DEL ORIENTE SA ESP.

En los términos del recurso de apelación incoado por la demandante y apelante única,
se debe establecer si se vulneró el principio de irretroactividad tributaria por la
aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la base gravable de
la contribución. En caso negativo, la Sala se pronunciará sobre los demás cargos de
apelación correspondientes a: i) la inexistencia de situaciones jurídicas consolidadas;
ii) vulneración de los principios constitucionales y tributarios invocados; iii) el
decaimiento del acto general que fijó la contribución; iv) la falta de motivación y
expedición irregular de la liquidación oficial, por valoración indebida de las pruebas y
argumentos de la actora y, iv) si son improcedentes los intereses moratorios.

Vigencia de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Reiteración de
jurisprudencia8

El artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, «por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022» creó, a partir del 1.° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022,

8
Respecto de la vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, ver sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en las sentencias del 05 de octubre de 2023, exps. 25615 y 25531, CP. Stella Jeannette
Carvajal Basto y Milton Chaves García, respectivamente; y en la sentencia del 02 de mayo de 2024, exp. 28345, CP. Stella
Jeannette Carvajal Basto. Sobre la vigencia del artículo 314 ibidem, ver sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 25961, CP.
Milton Chaves García.

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una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que
se cobraría a favor del Fondo Empresarial de la SSPD. Los elementos esenciales de
esta contribución serían los mismos que los definidos para la contribución especial
prevista en el referido artículo 859, es decir, igual base gravable, los mismos sujetos
activo y pasivo, la tarifa del 1 % y el hecho generador que consiste en estar sometido
a la vigilancia de la Superintendencia.

Sobre la base gravable de la contribución adicional fijada por la SSPD, el artículo 18
de la Ley 1955 de 201910, que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dispuso
que, «se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica
contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros
independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se
denomina costos y gastos totales depurados». Se subraya.

El artículo 18 de la citada ley fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencias C-464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020,
cuyos efectos en el tiempo fueron abordados por la Sala en providencia del 26 de mayo
de 202211, al advertir que la citada sentencia C-464 de 2020 declaró la
inconstitucionalidad con efectos inmediatos y hacia el futuro de la expresión « y todos
aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios »,
por desconocer el principio de legalidad tributaria, al existir indeterminación de los
sujetos pasivos de la contribución especial, y la inconstitucionalidad de los demás
incisos de dicho artículo con efectos diferidos «a partir del 1 de enero de 2023».

Sobre la sentencia C-484 de 2020, la Sección destacó que la Corte moduló los efectos
en el tiempo de la declaratoria de inexequibilidad, en el sentido de establecer que los
tributos causados en el año 2020 correspondían a situaciones jurídicas
consolidadas y que los efectos del fallo se producirían a partir del año 2021.

En relación con el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, la sentencia C-464 de 2020, lo
declaró inexequible por desconocimiento del principio de unidad de materia, pero
debido a que dicha decisión estuvo fundada en un cambio de jurisprudencia respecto
de la inclusión de normas de naturaleza tributaria en los PND, la Corte moduló su
decisión y difirió los efectos de la inexequibilidad a partir del 1.° de enero de 2023.

Así mismo, la citada sentencia C-484 de 2020, determinó «estarse a lo resuelto en la
sentencia C-464 de 2020, mediante la cual se decidió (…) (ii) “Declarar INEXEQUIBLES los artículos
(…) 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”, respecto del cargo por violación al principio de unidad de materia».
Se resalta.

Posteriormente, la sentencia C-147 del 20 de mayo de 202112, ordenó estarse a lo
resuelto en las dos sentencias anteriores, dado que el artículo 18 de la Ley 1955 de

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Modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
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«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad».
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Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Dice la parte resolutiva de la sentencia: “Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-464 de 2020, mediante la cual
se decidió (i) “Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios” contenida en el numeral 4° del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””; y (ii) “Declarar INEXEQUIBLES los artículos 18
(salvo la expresión indicada en el resolutivo primero) y 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, respecto del cargo por violación al principio de unidad de
materia. Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-484 de 2020, mediante la cual se decidió

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Demandante: GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

2019, se había expulsado del ordenamiento y no podía ser objeto de una nueva
discusión por configurarse cosa juzgada constitucional formal y absoluta. Y, con las
mismas aclaraciones sobre la innecesaridad de efectos diferidos, a causa de los
dispuestos por la sentencia C-464 de 2020 y por pertinencia de aplicar la regla general
de efectos ex nunc, declaró «la inexequibilidad del artículo 314 demandado de forma inmediata y
con efectos hacia el futuro»13, aspecto sobre el cual la Sección precisó que14 «la Corte
reconoció que su causación tenía lugar a “1 de enero de cada año gravable, durante la temporalidad
definida en la norma [1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022]” ».

En esas condiciones, los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 surtieron efectos
jurídicos desde su publicación15 hasta la declaratoria de inexequibilidad -a partir del año
2021 y 2023, respectivamente- lapso durante el cual se expidió la Resolución SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, acto general por el cual la SSPD fijó la
contribución para los vigilados, entre ellos la actora, mediante la Liquidación Oficial
202053400556886 del 28 de agosto de 2020, y las Resoluciones SSPD
20215300098685 del 26 de abril de 202116 y el acto ficto o presunto negativo producto
del silencio administrativo respecto del recurso de apelación.

Esta Sección, analizó la legalidad de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, que fijó la contribución adicional para el año gravable 2020, y precisó
que «Bajo la misma ilación, para la Sala, los actos administrativos acusados no decayeron por la
expedición de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 respecto del período gravable 2020, habida cuenta
de que la Corte Constitucional determinó expresamente la inexequibilidad a partir del año 2021, es decir
que para el año 2020 la norma era plenamente aplicable».

Sobre la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, y pese a que la sentencia C-
484 de 2020 señaló que «los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a situaciones
jurídicas consolidadas» es criterio de la Sala17 que, respecto de los actos administrativos
expedidos con ocasión del artículo declarado inexequible, esta no ha operado, pues el
debate en sede administrativa y judicial sobre la legalidad de estos está en curso.

En ese orden de ideas, en vista de que los actos administrativos particulares son
debatidos en sede judicial, corresponde pronunciarse sobre los cargos de nulidad
planteados por la apelante. En primer lugar, se analizará la vulneración del principio
de irretroactividad alegado por la demandante, en el entendido que la base gravable
de la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, se
liquida conforme a lo previsto en el artículo 18 ibidem.

Principio de irretroactividad tributaria - artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
Reiteración de jurisprudencia

Esta Sección, en un asunto con similitud fáctica y jurídica, precisó que18:

➢ Para declarar la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en las

“Declarar INEXEQUIBLE el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Tercero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””.
13
Ver sentencia del 23 de marzo de 2023, exp. 25439, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 25961, CP. Milton Chaves García.
15
Publicación en el diario oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019
16
Índice 2 Samai
17
Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García. Reiterada en la sentencia del 02 de mayo de 2024,
exp. 28345, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

8
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sentencias C-464 de 2020 y 484 del mismo año, la Corte Constitucional no estudió
el alcance del principio de irretroactividad en materia tributaria, respecto de la
contribución especial por el año 2020. Por esta razón, para esa Corporación la norma
en mención era aplicable para el año 2020.

➢ Las disposiciones que establecen o modifican los elementos esenciales de los
tributos, esto es, sujetos activo y pasivo, hechos generadores, bases gravables,
deben ser preexistentes al nacimiento de la obligación, por lo que su aplicación en
manera alguna puede ser retroactiva.

➢ La base gravable de la contribución es el resultado de hechos ocurridos durante
un período determinado, que en este caso es anual, y conforme al artículo 338 de
la Constitución Política, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que entró a regir el 25
de mayo de 2019, debía aplicarse en el período fiscal siguiente (año 2020).

➢ La Sala concluyó que la resolución acusada tomó como base, hechos económicos
ocurridos durante el periodo de entrada en vigencia de la ley (2019), por lo cual, dicho
acto se anuló, por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria.

Las anteriores precisiones siguieron el criterio de la Sección, quien al estudiar la
liquidación de la base gravable de una contribución a favor de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada señaló19 que, «Las normas tributarias que regulan elementos
esenciales de los tributos de periodo, como la contribución a favor de la demandada, principian a regir
a partir del periodo siguiente a aquel en el cual se profieren, de manera que el artículo 371 de la Ley
1819 de 2016 no podía aplicarse a hechos anteriores a ese año ni a los que se desarrollaron
durante el mismo, so pena de vulnerar las normas constitucionales dirigidas a que los hechos
formalizados jurídicamente y en curso al momento de expedirse una ley, no se vean afectados
por los cambios, en aras de la seguridad jurídica. Si así se hubiere interpretado el artículo
mencionado, el literal c) del artículo 4 de la Resolución demandada habría comenzado a aplicarse en el
año 2018 con base en los ingresos brutos del 2017, en tanto periodo siguiente al de la promulgación de
la Ley 1819 de 2016». Se resalta.

En hilo con el precedente citado, la Sala reiteró que « la resolución demandada violó el
principio de irretroactividad, porque pretendía que la contribución correspondiente al año 2020 se
liquidara con base en los costos y gastos correspondientes al año 2019; esto es, el mismo año de la
promulgación de la ley que la sustentaba20 […]».

En el caso concreto, la SSPD liquidó la contribución adicional a cargo de la
demandante del año 2020, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, con la información del año gravable anterior (2019) y no con fundamento
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía. Así las cosas, siguiendo
el precedente de la Sala en casos análogos, en vista de que la SSPD liquidó la
contribución cuestionada (2020) con base en información del mismo año en el cual se
expidió la citada Ley 1955 (2019), se vulneró el principio de irretroactividad tributaria.

Cabe anotar que, si bien la Sección21 avaló la legalidad de la Resolución SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, -acto general que fijó la contribución para los
vigilados por el año gravable 2020-, el pronunciamiento efectuado no abordó el estudio del
principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un
cargo de nulidad propuesto por la demandante22.

19
Sentencia del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Sentencia del 18 de abril de 2024, exp. 26656, CP. Milton Chaves García. En la que se reiteró el criterio de decisión fijado en
la sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García.
21
Sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
A tal conclusión llegó la Sala en la sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, CP. Milton Chaves García.

9
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Así pues, comoquiera que la actora reclama la vulneración al principio de
irretroactividad tributaria, que no existe situación jurídica consolidada ni cosa juzgada
sobre este punto, y que los actos acusados se sustentaron en la referida resolución
para liquidar la contribución, la Sala inaplicará por inconstitucional el artículo 2.º de la
Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 202023, por ser contrario al
inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la
aplicación retroactiva de las leyes tributarias y, en consecuencia, declarará la nulidad
de los actos administrativos que liquidaron la contribución a la actora por el año 2020.
Al proceder el cargo de nulidad, la Sala se releva de estudiar los demás cargos de
apelación.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia apelada. En su lugar, se inaplicará
por inconstitucional el artículo 2.º de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, y se anularán la Liquidación Oficial 202053400556886 del 28 de
agosto de 2020, la Resolución SSPD 20215300098685 del 26 de abril de 202124 y el
acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo por la falta de
respuesta al recurso de apelación.

Al existir prueba en el expediente del pago de la contribución por $1.429.107.62225, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 187 del CPACA, como restablecimiento del
derecho se ordenará su reintegro, previa verificación de dicho valor por parte de la
SSPD, ajustado con base en el índice de precios al consumidor -IPC-, según el inciso
final del artículo ibidem. Respecto de la suma actualizada proceden intereses
moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. Lo anterior, por ser
este el restablecimiento del derecho que se deriva de la anulación de los actos
demandados.

No se accederá a la pretensión de reconocimiento de perjuicios, en tanto la actora no
acreditó su existencia ni presentó carga argumentativa para su reconocimiento,
aunado a que la nulidad de un acto administrativo de carácter particular no conlleva de
forma automática reparación diferente al restablecimiento del derecho.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso26, no procede la condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho), en
esta instancia, por cuanto no se accedió a la totalidad de las pretensiones de la
demanda.

23
«Artículo 2.- Base Gravable para la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional de la vigencia
2020. La base gravable de la contribución especial y de la contribución adicional se calculará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En este sentido la base gravable “se
determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas,
contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha
de liquidación […]».
24
Índice 2 Samai
25
Fl. 259 ca. Pago efectuado el 21 de febrero de 2022.
26
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas […].

10
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar, se
dispone:

«PRIMERO.- Inaplicar por inconstitucional el artículo 2.º de la Resolución SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, «Por la cual se establece la tarifa de la
contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2020 […]», por las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO.- Anular la Liquidación Oficial 202053400556886 del 28 de agosto de
2020, la Resolución SSPD 20215300098685 del 26 de abril de 2021 y el acto ficto
o presunto negativo producto del silencio respecto del recurso de apelación,
proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
los cuales liquidó la contribución adicional por el año 2020, a GAS NATURAL DEL
ORIENTE SA ESP.

TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reintegrar a la sociedad
demandante la suma de $1.429.107.622, ajustada con base en el IPC, junto con los
intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192 y
195 del CPACA, en los términos establecidos en la parte motiva de esta
providencia».

2.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3.- Sin condena en costas.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva voto

11
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