Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00204-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2021-00204-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00204-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00204-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de abril de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Demandada: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Temas: Cobro coactivo. Excepciones contra el mandamiento de pago.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
el 12 de septiembre de 2024, en la que se decidió (índice 49):
Primero: Negar las pretensiones de la demanda …, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución 774 del 06 de julio de 2018, confirmada por la Resolución 999 del
21 de septiembre de 2018, la demandada terminó unilateralmente un convenio suscrito
con la demandante y le ordenó reintegrar la suma «no legalizada». Para ejecutarla, libró
el Mandamiento de Pago 0AJ-CAC-001, del 23 de mayo de 2019, por el monto ordenado
en devolución, junto con los intereses moratorios y las costas del procedimiento de cobro.
El 17 de enero de 2020, la actora solicitó dejar sin efectos dicho acto por considerar que
afectaría su presupuesto, en tanto esos recursos no fueron incorporados al mismo o,
subsidiariamente, vincular como deudora solidaria a la CARS (Corporación Autónoma
Regional de Santander). Mediante el Auto 0AJ-002-2020, del 19 de agosto de 2020, la
demandada ordenó seguir adelante con la ejecución, dado que no se formularon
excepciones contra el mandamiento de pago, sino que la actora pretendió controvertir la
legalidad del título ejecutivo, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 828-1 del ET
(Estatuto Tributario). Esa decisión fue confirmada por la Resolución 628, del 16 de
octubre de 2020 (índice 13).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora demandó la nulidad del auto que ordenó
seguir adelante con la ejecución y de la resolución que lo confirmó y pidió, como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
restablecimiento del derecho, que se declarara que no estaba obligada a pagar la suma
objeto de cobro y que se condenara a la demandada al pago de las costas del proceso.
Invocó como normas vulneradas los artículos 29 y 209 constitucionales; 730.6 del ET; y
100, 137.3 y 138 del CPACA, alegando el siguiente concepto de violación (índice 7):
Sostuvo que los actos demandados infringieron el artículo 100 del CPACA, conforme al
cual el procedimiento de cobro se regía por las normas procesales del ET, lo que
conllevaba que, como excepciones contra el mandamiento de pago, pudieran proponerse
las causales de nulidad previstas en el artículo 730 ibidem y, en virtud de la remisión
contenida en el ordinal 6.° de esa disposición, también las consagradas en el artículo 137
del CPACA. Con base en ello, planteó que los actos demandados fueron falsamente
motivados y afectaban gravemente el orden económico, al ordenarle el pago de unos
recursos que no fueron incorporados a su presupuesto, sino transferidos a la CARS. Al
respecto, relató que, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica
declarado por medio del Decreto 4580 de 2010, celebró un convenio con el Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en virtud del cual se obligó a adoptar las
medidas necesarias para asegurar la atención y restablecimiento de las condiciones
ambientales en las zonas afectadas por la emergencia invernal. Adujo que, para tal
efecto, subcontrató con la CARS el desarrollo de tres proyectos, uno de los cuales no fue
ejecutado, por lo que liquidó unilateralmente el convenio suscrito con esa entidad y le
ordenó reintegrar las sumas que fueron giradas para su ejecución. Señaló que, ante la
falta de reintegro de los recursos, inició el correspondiente procedimiento de cobro
coactivo, lo que, a su juicio, hacía improcedente el cobro de esas mismas sumas
ordenado en su contra mediante los actos demandados.
Contestación de la demanda
La demandada pidió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la
demandante (índice 14), al considerar que los cargos de nulidad no estaban dirigidos a
cuestionar la legalidad de los actos acusados, sino a controvertir el acto que determinó
la deuda a su cargo, el cual estaba debidamente ejecutoriado. Agregó que contra el
mandamiento de pago procedían únicamente las excepciones previstas en el artículo 831
del ET, ninguna de estas fue formulada por la demandante, quien, en la oportunidad para
proponerlas, se limitó a formular reparos contra el acto que constituyó el título de la
obligación objeto del cobro y que omitió discutir en sede jurisdiccional dentro del término
legal previsto para ello. Con todo, sostuvo que, aun cuando convino con la demandante
que los recursos transferidos no se incorporarían a su presupuesto, esta también se
obligó a reintegrar los recursos que no fueran ejecutados, de modo que procedía la
devolución de la suma objeto del cobro y añadió que los actos administrativos proferidos
por la actora para recobrar dicha suma a la CARS no le eran oponibles, por cuanto no
hizo parte de esa relación negocial.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas a la demandante
(índice 49). Con base en el artículo 829-1 del ET, consideró improcedente formular, en el
procedimiento de cobro coactivo, planteamientos dirigidos a debatir la legalidad del acto
que servía de título ejecutivo. En concreto, estimó que el argumento de la actora, relativo
a la improcedencia del cobro de los recursos que trasladó a otra entidad, debió plantearse
en el curso de la actuación administrativa en la cual se le ordenó el reintegro, puesto que,
al encontrarse debidamente ejecutoriado, ese acto administrativo conformaba un título
ejecutivo susceptible de ser exigido coercitivamente por la demandada a través del
procedimiento de cobro coactivo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Recurso de apelación
La actora apeló la decisión del a quo (índice 54), por considerar que vulneraba el debido
proceso y su derecho de defensa, al omitir analizar que no era deudora de la obligación
objeto de cobro, sino que lo era la CARS, entidad a la cual le fueron trasladados los
recursos. También que desconocía el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional y por esta Sección, según el cual la limitación prevista en el artículo 829-1
del ET no podría conllevar una restricción al ejercicio del derecho de defensa. En esa
medida, afirmó que estaba facultada para señalar un error en la identificación del deudor
como excepción contra el mandamiento de pago, en cuanto ello configuraba su falta de
legitimación en la causa para efectuar el pago ordenado y la causal de falta de título
ejecutivo prevista en el ordinal 7.º del artículo 831 ibidem.
Pronunciamientos finales
La demandada y el ministerio público guardaron silencio (índice 24).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Contando con cuórum para decidir 1 , se juzga la legalidad de los actos acusados,
atendiendo a los cargos formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la
sentencia del tribunal que negó sus pretensiones sin condenarla en costas. Con todo, la
Sala se abstendrá de analizar el cargo que plantea la falta de título ejecutivo para el cobro,
por cuanto dicha excepción no fue propuesta en sede administrativa ni formulada como
cargo en la demanda (índices 13 y 7). Tal alegación, introducida de manera novedosa en
la apelación, resulta incongruente con el escrito de excepciones que originó el acto
demandado y con los cargos de la demanda, razón por la cual no puede ser objeto de
examen por esta Corporación. Ello obedece a que el control de legalidad que ejerce la
jurisdicción contencioso-administrativa tiene como objeto y límite el contenido del acto
acusado, el cual constituye el parámetro de juzgamiento. Además, un pronunciamiento
de fondo en ese sentido desconocería los derechos de contradicción y defensa de la
demandada y vulneraría lo dispuesto en los artículos 281 y 328 del CGP (Código General
del Proceso, Ley 1564 de 2012), según los cuales la sentencia debe ser congruente con
lo planteado en la demanda, y el recurso de apelación debe guardar unidad temática con
lo debatido en la primera instancia2.
2- Con fundamento en el artículo 829-1 del ET, el a quo consideró que el cargo formulado
por la demandante relativo a su falta de legitimación en la causa para reintegrar los
recursos objeto de cobro, en tanto no los incorporó a su presupuesto, sino que los
trasladó a otra entidad, carecía de idoneidad para cuestionar la legalidad de los actos
demandados y, en cambio, debía proponerse para discutir la legalidad del acto que
ordenó el reintegro. Lo anterior, por cuanto, al encontrarse debidamente ejecutoriado,
dicho acto conformaba un título ejecutivo susceptible de ser exigido coercitivamente por
la demandada a través del procedimiento de cobro coactivo. A esa decisión se opone la
demandante, quien alega que interpreta en forma errónea el artículo 829-1 del ET y
desconoce el precedente jurisprudencial expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-013 de 1997 y por esta Sección en sentencia del 11 de octubre de 2012 (exp.
18452, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), conforme al cual esa disposición no
1
Mediante auto del 19 de marzo de 2026 (índice 26), la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por escrito por el consejero
de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño, toda vez que conoció el proceso en el trámite de la primera instancia; por ende, fue
separado del conocimiento del presente asunto.
2
Sentencias del 26 de julio de 2012, exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz; y del 25 de noviembre de 2014, exp. 19031, CP: Jorge
Octavio Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
podría restringir el ejercicio del derecho de defensa. En esa medida, sostiene que podía
señalar el error en la identificación del deudor como excepción contra el mandamiento de
pago, en cuanto ello configura su falta de legitimación en la causa para efectuar el
reembolso ordenado, toda vez que la deudora de esa obligación es la CARS, entidad a
la que le trasladó los recursos.
En esos términos, corresponde a la Sala determinar si, en el marco del procedimiento de
cobro coactivo, la demandante podía alegar, como excepción contra el mandamiento de
pago, el error en su identificación como deudora de los recursos objeto de cobro, en tanto
no fueron incorporados a su presupuesto, sino trasladados a otra entidad, que sería la
responsable de su reembolso, o si, por el contrario, dicho planteamiento constituía un
cuestionamiento a la legalidad del acto administrativo que ordenó el reintegro y, por ende,
resultaba improcedente conforme al artículo 829-1 del ET.
2.1- Desde antes de que entrara en vigor el CPACA, el artículo 5.º de la Ley 1066 de
2006 les ordenó a las entidades públicas aplicar el procedimiento de cobro coactivo
previsto en el ET, con el propósito de unificar el trámite aplicable por las autoridades
administrativas investidas de la entonces denominada «jurisdicción coactiva» 3 . Al
expedirse el CPACA se adoptaron nuevas reglas sobre el procedimiento de cobro
coactivo que, si bien no derogaron ni expresa ni tácitamente el referido artículo 5.º de la
Ley 1066 de 2006, sí precisaron el alcance de la regla procedimental que contenía 4. En
concreto, el artículo 100 del CPACA definió las reglas procedimentales para el cobro
coactivo de las sumas líquidas de dinero adeudadas a entidades públicas, para lo cual
señaló tres situaciones: (i) los procedimientos regidos por reglas especiales se rigen por
ellas; (ii) los que carecen de regulación especial, se rigen por lo dispuesto en el Título IV
de la Parte Primera del CPACA y, en lo no previsto por esa normativa, por lo previsto en
el ET; y, finalmente, (iii) los relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario aplican
las reglas especiales del ET. De manera supletoria, el último inciso de la disposición
señaló que los aspectos del cobro que no estén regulados en el ET o en las respectivas
normas especiales se rigen, siempre que sea compatible con dichos regímenes
especiales, primero, por las reglas generales del procedimiento administrativo de la Parte
I del CPACA y, en segundo lugar, por las disposiciones contempladas para el proceso
ejecutivo singular en el CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012).
En el caso analizado, ninguna disposición legal prevé reglas especiales para el trámite
de los cobros coactivos a cargo de la entidad demandada, por lo cual resultan aplicables
las disposiciones del Título IV de la Parte Primera del CPACA y, en lo no previsto en
dicha normativa, las del ET, tal como lo dispone la Resolución 744 de 2017, mediante la
cual se adoptó el reglamento interno para el cobro de las obligaciones a favor de la
entidad demandada. En esa medida, conforme al artículo 99 del CPACA, prestan mérito
ejecutivo, entre otros, los actos administrativos ejecutoriados que impongan a favor de
una entidad pública la obligación de pagar una suma de dinero, así como aquellos que
declaren el incumplimiento de un negocio jurídico y lo liquiden.
Acerca de la ejecutoria de los actos administrativos –distintos de aquellos de contenido
tributario, a los que les aplica el artículo 829 del ET–, el artículo 87 del CPACA consagra
que quedaran en firme cuando: (i) contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día
siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso; (ii) desde el día
siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos; (iii) desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los
3
Sentencia del 05 de junio de 2014 (exp. 19664, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez) y del 25 de abril de 2018 (exp. 19723, CP:
Jorge Octavio Ramírez).
4
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 05 de junio de 2014, expediente 2164, CP: Germán Alberto Bula Escobar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos;
(iv) desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los
recursos; o (v) desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85
para el silencio administrativo positivo. En definitiva, cuando concluya toda litispendencia,
existente o posible.
En concordancia con lo anterior, el artículo 829-1 del ET delimita los asuntos que pueden
ser objeto de debate en sede de cobro, al disponer que no pueden debatirse cuestiones
que debieron ser objeto de discusión en la vía administrativa, en atención a que, para
cobrar administrativamente una obligación, es necesario que el acto que sirve de título
ejecutivo se encuentre en firme. Así, una vez adquirido el atributo de firmeza y, por
consiguiente, el de ejecutoriedad, el acto administrativo expedido bajo el procedimiento
administrativo general se torna obligatorio, condición que se mantiene salvo que sea
anulado por esta jurisdicción o que se configure alguna de las causales de pérdida de
ejecutoriedad previstas de manera taxativa en el artículo 91 del CPACA5.
Por ende, contra el mandamiento de pago solo proceden las excepciones consagradas
en el artículo 831 del ET, que señaladamente son (i) el pago efectivo; (ii) la existencia de
acuerdo de pago; (iii) la falta de ejecutoria del título; (iv) la pérdida de ejecutoria del título
por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad
competente; (v) la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de
proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
únicamente en el caso de actos administrativos de contenido tributario 6 ; (vi) la
prescripción de la acción de cobro, y (vii) la falta de título ejecutivo o incompetencia del
funcionario que lo profirió.
2.2- Del anterior recuento normativo se concluye que, una vez ejecutoriado el acto
administrativo que constituya el título ejecutivo, habrá lugar a la acción de cobro, y contra
el mandamiento de pago que se libre solo se pueden alegar las excepciones señaladas
taxativamente en el artículo 831 del ET, que se orientan a controvertir el mandamiento
de pago mas no el título ejecutivo, dado que está proscrito en el procedimiento de cobro
retrotraer las oportunidades procesales para debatir cuestiones que debieron ser objeto
de planteamiento en la vía administrativa y, de igual manera, en el debate judicial que se
pudo formular contra las irregularidades de los actos que constituyen el título de la
obligación (artículo 829-1 ejusdem).
2.3- En este caso, mediante la Resolución 774, del 6 de julio de 2018, confirmada por la
Resolución 999, del 21 de septiembre de 2018, la demandada terminó unilateralmente
un convenio interadministrativo suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades y, por
ende, le ordenó reintegrar la suma correspondiente a recursos «no legalizados» en el
desarrollo del objeto del convenio (índice 13). Las partes coinciden en que dichos actos
administrativos se encuentran en firme y, por consiguiente, debidamente ejecutoriados
(índices 7 y 14). Pero la actora sostuvo que podía proponer, como excepción contra el
mandamiento de pago, el error en su identificación como deudora de la suma objeto de
cobro, por cuanto los recursos no fueron incorporados a su presupuesto, sino transferidos
a otra entidad, de modo que, al configurarse una falta de legitimación en la causa para el
pago reclamado, dicha circunstancia debía examinarse en sede de cobro. La Sala no
comparte ese planteamiento, pues el acto administrativo que sirve de título ejecutivo
identifica expresamente a la demandante como deudora de la obligación determinada.
En consecuencia, la discusión sobre su calidad de deudora debía proponerse contra el
5
Sentencias del 09 de mayo de 2019, exp. 21819, CP: Julio Roberto, 23 de marzo de 2023 y 23 de octubre de 2025 (exps. 27019 y
29861, CP: Wilson Ramos Girón), entre otras.
6
Sentencia del 14 de agosto de 2019, exp. 23471, CP: Julio Roberto Piza.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
acto administrativo que definió esa condición y no frente a los actos dirigidos a su
ejecución coactiva. Ello, por cuanto en el procedimiento de cobro coactivo únicamente
resulta procedente examinar las excepciones consagradas en el artículo 831 del ET,
ninguna de las cuales fue propuesta por la demandante contra el mandamiento de pago
proferido en su contra por la demandada.
Esta consideración no contraría los precedentes de la Corte Constitucional ni de esta
Sección invocados por la demandante. Al respecto, se advierte que en las providencias
citadas se resolvieron asuntos diferentes al que ocupa a la Sala en esta oportunidad y,
por ende, no se fijó ningún criterio de decisión que habilite discutir, en sede del cobro,
cuestiones que debían plantearse contra los actos que conforman el título ejecutivo.
Puntualmente, mediante la sentencia C-013 de 1997, la Corte Constitucional se
pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones del Código Penal (Decreto Ley
100 de 1980) relativas a los delitos de aborto, infanticidio y abandono de un recién nacido
en supuestos específicos, asunto ajeno al procedimiento de cobro coactivo. Por su parte,
en la sentencia proferida por esta Sección el 11 de octubre de 2012 (exp. 18452, CP:
Martha Teresa Briceño de Valencia), se resolvió el dies a quo del término de prescripción
de la acción de cobro en los casos en que se demandan los actos administrativos de
determinación de una obligación tributaria, cuestión igualmente distinta a la que aquí se
analiza. En consecuencia, el cargo de apelación no está llamado a prosperar.
Conclusión
3- Por lo expuesto en precedencia, como parte del contenido interpretativo de la presente
sentencia, la Sala reitera que el control jurisdiccional sobre el procedimiento de cobro
coactivo, al igual que la competencia de la Administración en sede administrativa, se
circunscribe al examen de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago
librado, sin que este constituya una nueva oportunidad para cuestionar la legalidad de los
actos que sirvieron de fundamento al título ejecutivo.
Con arreglo a dicha pauta de aplicación del derecho, la Sala confirmará la decisión
apelada, por cuanto se advierte que la demandante se abstuvo de formular excepciones
contra el mandamiento de pago y, en su lugar, orientó sus alegaciones a controvertir la
legalidad del acto administrativo objeto de cobro.
Costas
4- De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso. Como no prosperó el recurso de apelación interpuesto
por el demandante, se condenará en costas de esta instancia a esa parte. Al efecto, se
fijarán las agencias en derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.° del Acuerdo
PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura, en un
(1) SMMLV, y ordenará al tribunal adelantar el correspondiente incidente de liquidación,
en los términos del artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00204-01 (29493)
Demandante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2. Condenar en costas a la actora en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el
equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al
respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.