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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00223-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00223-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 21 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, enlace de antecedentes administrativos, PDF denominado {0BED0AE7-2DE7-4864-9242-7AA54AB5F701}.pdf y también el PDF {7E514434-A607-4CE9- A9BA-B84AEC49B2D2}. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2021-00223-01 (28027) Demandante: IRCC S.A.S Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00223-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de febrero de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00223-01 (28027)
Demandante: IRCC S.A.S Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00223-01 (28027)
Demandante IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S
Demandado ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
Temas Determinación de aportes al Sistema de Seguridad Social.
Motivación de los actos administrativos. Alcance del recurso de
apelación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del 11 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió1:
«PRIMERO: DECLARASE la nulidad de la Resolución No. AP-00351614 de 8 de agosto de
2020, por medio de la cual COLPENSIONES profirió Liquidación Certificada de la Deuda por
mora en el pago de aportes por el período comprendido entre el 1o de enero de 1995 al 31 de
diciembre de 2019; y de la Resolución No. GFI-DIA 2020-9171526 de 29 de octubre de 2020,
que modificó la anterior al desatar el recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
DECLÁRASE que la sociedad IRCC LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAUREANTES (sic)
CASUALES LIMITADA, no está obligada a pagar las sumas determinadas en los actos
administrativos que se anulan.

TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva. (…)».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 8 de agosto de 2020, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
COLPENSIONES) expidió la Liquidación Certificada de Deuda Nro. AP-00351614,
mediante la cual determinó aportes pensionales a cargo de la sociedad IRCC S.A.S.
Industria de Restaurantes Casuales S.A.S. (en adelante IRCC S.A.S. 2) por los
periodos comprendidos entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2019.

La sociedad presentó recurso de reposición en contra la anterior decisión, el cual
fue decidido mediante la Resolución Nro. GFI-DIA 2020_9171526 del 29 de octubre
de 2020, que redujo el valor de la obligación.

1 Índice 32 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Se advierte que la Liquidación Certificada de Deuda Nro. AP-00351614 de 2020 (acto acusado) identifica a
la sociedad como IRCC Limitada. Sin embargo, en el certificado de Cámara y Comercio del 3 de febrero de
2021 consta que la Junta de Socios del 31 de marzo de 2017, inscrita el 22 de junio del mismo año, modificó
el tipo societario de limitada a sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.). Cfr. Samai, índice 2, PDF de la
demanda y sus anexos, páginas 79 y 33, respectivamente.

1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00223-01 (28027)
Demandante: IRCC S.A.S Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), IRCC S.A.S. formuló las siguientes
pretensiones3:
«1. PRETENSIONES PRINCIPALES
1.1 Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. AP-00351614 del ocho (08) de agosto
de 2020, por medio de la cual la Dirección de Ingresos por Aportes de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES profirió́ la
Liquidación Certificado de la Deuda por mora en el pago de los aportes por el periodo
comprendido entre el primero (01) de enero de 1995 al treinta y uno (31) de diciembre
de 2019.
1.2 Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. GFI – DIA 2020_9171526 del
veintinueve (29) de octubre de 2020, por medio de la cual la Dirección de Ingresos por
Aportes de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES resolvió́ el recurso de reposición y en consecuencia, modificó la
Liquidación Certificada de la Deuda No. AP-00351614 de fecha ocho (08) de agosto de
2020.
1.3 Que se DECLARE que mi representada cumplió a cabalidad con la legislación
correspondiente y se encontraba a paz y salvo por concepto de pago de aportes al
Subsistema de pensiones por todos sus trabajadores a través de las autoliquidaciones
de aportes respectivas, por los periodos comprendidos entre el primero (01) de enero
de 1995 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
1.4 Que se DECLARE la prescripción de la acción de cobro de las contribuciones
parafiscales por los periodos comprendidos entre el primero (01) de enero de 1995 al
treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
1.5 Que se DECLARE la prescripción de la acción de cobro de los intereses a las
contribuciones parafiscales por los periodos comprendidos entre el primero (01) de
enero de 1995 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
1.6 Que se DECLARE mi (sic) representada cumplió a cabalidad con la legislación
correspondiente y se encontraba a paz y salvo por concepto de pago de aportes al
Subsistema de pensiones por todos sus trabajadores a través de las autoliquidaciones
de aportes respectivas, por los periodos comprendidos entre el primero (01) de enero
de 1995 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
1.7 Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO se ORDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES:
• Impartir la orden de devolución de los dineros que recibió y/o llegue a recibir por los
aportes e intereses debidamente indexados desde la fecha en que se realice el pago
y hasta la fecha en la que la devolución se haga efectiva.
• Que no proceda a ejercer ninguna acción de cobro por los aportes parafiscales al
Subsistema de pensiones (sic) en contra de mi representada por los periodos
comprendidos entre el primero (01) de enero de 1995 al treinta y uno (31) de
diciembre de 2019.
1.8 En tal sentido se CONDENE a la entidad demandada a DEVOLVER a mi representada
el valor de cualquier suma de dinero que llegase a pagar como aportes a las entidades
integrantes del Sistema de la Protección Social en estricto cumplimiento de las
resoluciones acusadas, debidamente actualizados con el IPC, entre la fecha en que se
llegue a realizar el pago y la fecha en la que la devolución se haga efectiva, con sus
respectivos intereses.

3 Samai, índice 2, PDF de la demanda, páginas 1 a 4.

2
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1.9 Igualmente, que se CODENE (sic) a la entidad demandada a que se indemnice todo
otro daño o perjuicio que se haya causado a mi representada con ocasión de la
expedición y vigencia de los actos administrativos atacados que se demuestren en el
proceso.
1.10 Que se CONDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo judicial dentro
del término previsto en el Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
1.11 Que se CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho
del presente proceso.
2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento de no prosperar la solicitud de nulidad de los actos administrativos atacados de
manera plena, subsidiariamente se solicita por mi representada que:
2.1 Que se ORDENE a la entidad demandada RELIQUIDAR y AJUSTAR los cálculos
realizados en la Liquidación Certificada de la Deuda No. AP-00351614 del ocho (08) de
agosto de 2020, la cual fue modificada por la Resolución No. GFI – DIA 2020_9171526
del veintinueve (29) de octubre de 2020, por mora en el pago de los aportes al Sistema
de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre el primero (01) de enero
de 1995 al treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de impartir (sic) la orden
de devolución de los aportes por el mayor valor de los de los dineros que recibió́
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ORDENE a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES (sic) y/o llegue a recibir por
concepto los aportes e intereses debidamente indexados desde la fecha en que se
realice el pago y hasta la fecha en la que la devolución se haga efectiva.
2.3 En tal sentido se CONDENE a la entidad demandada a DEVOLVER a mi representada
el mayor valor pagado por cualquier suma de dinero que llegase a pagar como aportes
en estricto cumplimiento de las Resoluciones acusadas, debidamente actualizados con
el IPC, entre la fecha en que se llegue a realizar el pago y la fecha en la que la
devolución se haga efectiva, con sus respectivos intereses.
2.4 Igualmente, que se CODENE (sic) a la entidad demandada a que se indemnice todo
otro daño o perjuicio que se haya causado a mi representada con ocasión de la
expedición y vigencia de los actos administrativos atacados que se demuestren en el
proceso.
2.5 Que se CONDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo judicial dentro
del término previsto en el Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
2.6 Que se CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho
del presente proceso». (Énfasis del texto original).

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 53 y 83 de
la Constitución; 42, 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; 683, 684 y 817 del Estatuto Tributario; 54 de la Ley 383
de 1997; 178 (parágrafo 1) de la Ley 1607 de 2012; 15, 18, 22, 23, 24 y 57 de la Ley
100 de 1993; 1, 3 y 5 de la Ley 1066 de 2006; y los numerales 1.4, 3.1.3, 3.1.3.1.1.
y 3.1.3.2.2.2. de la Resolución Nro. 504 de 2013, mediante la cual se estableció el
manual de cobro administrativo de COLPENSIONES.

Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Violación del debido proceso, expedición irregular, falsa y falta de
motivación.

Realizó consideraciones generales sobre el principio de buena fe y el espíritu de
justicia. Luego, indicó que los anteriores postulados fueron desconocidos porque
COLPENSIONES se limitó a realizar hallazgos de supuestos incumplimientos de
aportes pensionales, para lo cual interpretó normas de manera ajena a su finalidad

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y sin tener en cuenta la realidad laboral fundamental de las cotizaciones en
pensiones.

Insistió en que lo anterior transgredió la confianza legítima de la sociedad actora en
la regulación del Estado sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social,
implicó la imposición de la obligación de pagar sumas de dinero que no encuentran
causa jurídica y dio lugar a la presunción de su mala fe.

Señaló que el derecho al debido proceso evita que la Administración expida actos
de forma arbitraria, irregular, con desconocimiento del derecho de defensa y que
adolezcan de falsa y falta de motivación o que sean contrarios a las normas de
orden constitucional, legal o reglamentario en las que debería fundamentarse. En
este punto, invocó el artículo 29 de la Constitución, los artículos 42 y 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y citó
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, aunque no
suministró información para identificar dichas providencias.

2. Prescripción de la obligación.

Indicó que COLPENSIONES pretende cobrar obligaciones originadas en
autoliquidaciones presentadas por los periodos comprendidos entre el 1 de enero
de 1995 y el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, adujo que, durante este lapso,
la demandada no adelantó alguna gestión de cobro y actuó sin diligencia.

Sostuvo que, conforme con los artículos 54 de la Ley 383 de 1997, 5 de la Ley 1066
de 2006, y los numerales 1.4., 3.1.3, 3.1.3.1.1. y 3.1.3.2.2.2. del Manual de Cobro
Administrativo de COLPENSIONES, en este caso es aplicable el término de
prescripción de 5 años del artículo 817 del Estatuto Tributario.

Enfatizó que, previo a la expedición de la liquidación certificada de deuda,
COLPENSIONES debe constituir en mora al empleador y que el término de
prescripción se contabiliza a partir de la exigibilidad de los aportes.

Aseguró que COLPENSIONES constituyó en mora a la actora el 15 de abril de 2020
y expidió la liquidación certificada de deuda el 8 de agosto de 2020, acto notificado
el 2 de septiembre del mismo año. De esta forma, indicó que, para esos momentos,
ya habían transcurrido más de 5 años desde la exigibilidad de los aportes
fiscalizados y, en consecuencia, afirmó que no operó la suspensión del término de
prescripción de que trata el artículo 818 del Estatuto Tributario. Por lo anterior,
según la actora, la demandada perdió la competencia para adelantar el proceso de
cobro, lo que conlleva a declararse la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados.

Planteó que los argumentos expuestos por COLPENSIONES para negar la
prescripción de la acción de cobro no tienen fundamento legal. Señaló que el
primero de ellos consistió en que la prescripción del artículo 817 del Estatuto
Tributario solo opera para las obligaciones fiscales, pero no para las parafiscales,
con lo que entidad demandada pretendió hacer una diferenciación improcedente y
sin fundamento.

Afirmó que el segundo argumento de la demandada para negar la prescripción
consistió en que tiene el deber ineludible de tramitar el cobro contra los empleadores
incumplidos. Empero, para la actora, si bien es cierto que existe ese deber de

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COLPENSIONES, eso no quiere decir que puedan hacerlo de manera negligente y
descuidada, puesto que ello generaría inseguridad jurídica.

En tercer lugar, sostuvo que COLPENSIONES afirmó que los derechos pensionales
son imprescriptibles. Sin embargo, para la actora, la entidad se equivocó porque
mal podría el aportante guardar la información de tiempos lejanos, situación que
dificulta la prueba y vulnera el derecho de defensa del administrado. Señaló que es
lógico que toda obligación, con independencia de su naturaleza, finalice por el
término de la prescripción ante la inactividad en el cobro.

Adujo que el procedimiento de cobro no puede adelantarse en cualquier tiempo con
fundamento en que el derecho a la pensión es imprescriptible, pues podría suponer
una imposibilidad fáctica y jurídica en los casos en la persona jurídica empleadora
se extingue. Además, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que
son las entidades administradoras de los subsistemas las que deben asumir la
deuda por aportes pensionales dejados de pagar ante su negligencia.

Destacó que la sentencia del 19 de mayo de 2016 (Radicación: 08001-23-31-000-
2009-00013-01, C.P: Martha Teresa Briceño De Valencia), que a su juicio constituye
un precedente, determinó que se configuró la prescripción de cobro por parte de
COLPENSIONES.

3. Prescripción de los intereses moratorios.

Precisó que, según el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, existe una remisión expresa
al Estatuto Tributario en lo que tiene que ver con el cobro de los intereses de mora
causados en las obligaciones parafiscales. En ese sentido, dijo que, según el
artículo 817 del Estatuto Tributario, los intereses generados se encuentran
afectados por el fenómeno de la prescripción de cobro de 5 años, a partir de la fecha
de presentación de la autodeclaración del aporte por parte del aportante.

Para el presente caso, reiteró que la constitución en mora ocurrió el 15 de abril de
2020 y la liquidación certificada de deuda solamente fue notificada el 2 de
septiembre de 2020, por lo que operó el término de prescripción. Además, insistió
en que COLPENSIONES perdió la competencia para adelantar el proceso de cobro,
lo que conlleva a que se deba declarar la nulidad de los actos demandados.
Oposición de la demanda
La demandada solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, para lo cual
expuso los siguientes argumentos.
Sostuvo que los actos administrativos demandados se expidieron de conformidad
con las normas aplicables y la competencia atribuida a COLPENSIONES,
especialmente el Manual de Cobro, los artículos 17, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993,
el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994.
Indicó que, el empleador no había pagado las obligaciones a su cargo para el
momento en que se constituyó en mora, por lo que se procedió a expedir la
liquidación certificada de deuda. Destacó que la actora interpuso recurso de
reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto de fondo, por lo que se
validó la información de la entidad y se encontraron pagos parciales y/o reportes de
novedades de tal modo que persisten deudas por los periodos fiscalizados.

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Aseguró que el término de prescripción del artículo 817 del Estatuto Tributario y del
artículo 24 de la Ley 383 de 1997 opera para obligaciones fiscales y no para los
aportes a la Seguridad Social, que según las Sentencias C-577 de 1995 y T-1056
de 2002, entre otros, se califican como contribuciones parafiscales.

Manifestó que es ineludible el deber de las entidades administradoras del
Subsistema de Pensiones de adelantar el cobro coactivo contra el empleador que
incumple los aportes y que el recaudo obtenido garantiza el derecho pensional de
los afiliados.

Sostuvo que no existe disposición legal en materia de seguridad social que
establezca la extinción del cobro contra el deudor incumplido. Señaló que el Oficio
Nro. 2005048381-001 del 1 de febrero de 2005 y el Concepto Nro. 2006056487-001
del 29 de diciembre de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia, junto
con la jurisprudencia, consideraron que el derecho a la pensión es imprescriptible,
por lo que los aportes que garantizan la viabilidad financiera del Sistema tampoco
pueden extinguirse por el paso del tiempo.

Aseguró que no vulneró el derecho al debido proceso de la actora porque le puso
en conocimiento todas sus decisiones, le suministró la información relacionada con
la deuda y le indicó los canales dispuestos para pagar su deuda.

Reiteró que la actora no había cumplido su obligación para el momento de la
constitución en mora, pese a lo cual no atendió las recomendaciones para el pago
o la depuración de la obligación, de tal modo que se expidió la liquidación certificada
de deuda, la cual constituye título ejecutivo por mandato de la Ley 100 de 1993.

Consideró que la obligación es exigible porque es de conocimiento del deudor y
porque no se ha realizado el pago oportuno de los aportes, lo que a su vez da lugar
a la causación de intereses de mora.

Afirmó que, «en caso de que hipotéticamente el Honorable despacho llegase a acceder a la
mencionada sanción moratoria, debemos indicar que dichos intereses sólo se causan tratándose de
la pensión de vejez e invalidez, a partir del sexto mes siguiente a la presentación de reconocimiento
pensional, y al tercer mes en los eventos que la prestación consista en pensión de sobrevivientes»4.
Luego, realizó un recuento de los hechos ocurridos en la actuación administrativa.

Finalmente, propuso las excepciones de fondo que denominó inexistencia del
derecho reclamado a cargo de COLPENSIONES, prescripción de cualquier derecho
que se haya causado en cabeza de la actora, buena fe y genérica o innominada.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del
derecho, estableció que la actora no estaba obligada a pagar las sumas
determinadas en ellos.

Con fundamento en los artículos 17, 18, 20, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, así como
en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de noviembre
de 2021 (Exp. 3288-20, C.P. William Hernández Gómez), resaltó que las entidades
administradoras deben requerir al empleador para que realice correctamente los
4 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, página 21.

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aportes al Sistema de Seguridad Social, para lo cual deben iniciar las acciones de
cobro correspondientes y proceder en debida forma a liquidar y reconocer la
pensión.

Aseguró que el cobro adelantado por la demandada era procedente para asegurar
la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, el cual no puede asumir
ni comprometer los recursos parafiscales en desmedro de prestaciones para futuros
pensionados.

Sobre la falta de motivación, transcribió el artículo 29 de la Constitución, el artículo
42 de la Ley 1437 de 2011 y apartes de la sentencia del 5 de julio de 2018 de la
Sección Segunda (exp. 0685-2010, C.P. Gabriel Valbuena Hernández) y el fallo del
26 de julio de 2017 de la Sección Cuarta (exp. 22326, C.P. Milton Chaves García).

Con base en lo anterior, sostuvo que los actos administrativos deben estar
debidamente motivados, de manera que deben indicar con precisión las razones de
hecho y de derechos que los fundamentan, pues sin ello, el administrado no puede
controvertir los aspectos que sustentan la decisión y no puede ejercer su derecho
de defensa y contradicción.

Respecto del caso concreto, dijo que la liquidación certificada de deuda sólo señaló
que la demandante se constituyó en mora por los periodos adeudados por concepto
de aportes pensionales, conforme con el Decreto 2633 de 1994, y que procedía la
expedición de ese acto administrativo, en virtud del artículo 24 de la Ley 100 de
1993, en concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011. No obstante,
puntualizó que «en ninguno de los apartes de los considerandos del acto se hizo alusión a las
razones fácticas y jurídicas que condujeron a la entidad demandada a adoptar una decisión en ese
sentido»5.

Advirtió que la liquidación certificada de deuda omitió determinar el cálculo utilizado
para fijar la suma adeudada y las normas que sirvieron de fundamento. Añadió que
el estado de cuenta anexo al acto, que hacía parte integral del mismo, únicamente
expuso información relacionada con el periodo, el valor de la deuda presunta por
diferencia en pago, de la deuda presunta por omisión y del total de la obligación. Sin
embargo, no contenía la descripción del procedimiento que arrojó esos valores.

Manifestó que, si bien la liquidación de la deuda calificaba un supuesto de hecho,
esto es, la diferencia en pago y la omisión de la demandante en el pago de aportes
en pensiones, no especificó respecto de qué trabajadores se predicaba tal conducta
y bajo qué parámetros legales se estableció el hecho descrito.

Por lo anterior, el a quo concluyó que el acto acusado contiene una motivación
insuficiente, lo que restringió el derecho de defensa del administrado y quebrantó el
artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Señaló que la omisión en la motivación no se reemplaza con la indicación de los
canales dispuestos para que los aportantes puedan subsanar la deuda presentada
por la Administración, «pues ello no suple la carencia de motivación del acto de liquidación de
deuda inicial, acto principal en el cual la Administración debió́ verter todos los argumentos de hecho
y de derecho que respaldaran su decisión»6. Argumentó que, una conclusión contraria,

5 Samai, índice 2, PDF de la sentencia, página 19.
6 Ibidem, página 20.

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violaría el debido proceso de la sociedad demandante, pues implicaría que
COLPENSIONES puede omitir los fundamentos de sus actos iniciales y, con ello,
que el administrado no pueda ejercer efectivamente su derecho de defensa respecto
del cobro de los aportes pensionales determinados desde el inicio del proceso
administrativo.

Resaltó que, aunque el cobro pretendido por la demandada resultaría legal en virtud
del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, no por ello debe avalarse la expedición de la
decisión adoptada por COLPENSIONES, pues esta carece de motivación clara,
cierta, objetiva, puntual y suficiente, en cuanto a la situación jurídica particular y
concreta de la actora, lo cual configuraba la expedición irregular de los actos
acusados.

Por lo anterior, indicó que este cargo de nulidad de la demanda prosperaba y, en
consecuencia, se reveló de estudiar los cargos restantes.

Finalmente, dijo que la condena en costas no era procedente porque no existen
elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por este
concepto a cargo de la parte demandante.

Recurso de apelación
La demandada apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque y, en
su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda, por los siguientes motivos.
Luego de hacer un recuento de lo acaecido en sede administrativa, planteó que la
prescripción solo operaba para las obligaciones fiscales y no para los aportes al
Sistema de Seguridad Social, los cuales han sido calificados por la jurisprudencia
como contribuciones parafiscales.
Indicó que las entidades administradoras tienen el deber de cobrar los aportes al
Sistema General de Pensiones del empleador incumplido, en los términos
establecidos para el efecto, con el fin de garantizar que los afiliados puedan reunir
los requisitos legalmente exigidos para el reconocimiento pensional.
Precisó que no existe una disposición legal que en materia de seguridad social
señale expresamente un término que extinga el cobro coactivo contra el empleador.
Además, dijo que la jurisprudencia ha establecido que el derecho a la pensión es
imprescriptible y que, por lo tanto, la acción encaminada a reclamar tales
prestaciones subsiste durante la vida del titular, sin perjuicio de la eventual
prescripción de las mesadas pensionales.
Puntualizó que todo lo anterior era así, dado que el derecho a la pensión está ligado
con la dignidad humana, de manera que todos los componentes de esa facultad,
incluido los aportes, no pueden ser objeto de prescripción ni mucho menos de
suspensión de la acción de cobro, puesto que se haría nugatorio un derecho que es
imprescriptible.
Estimó que no vulneró los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción
de la actora porque, por un lado, puso en conocimiento del deudor todas y cada una
de las actuaciones disuasivas a través de las notificaciones correspondientes,
según lo indica la ley y se comprueba con las respectivas guías de recibo, y por el
otro, otorgó las oportunidades para que la actora controvirtiera la decisión
administrativa.

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Demandante: IRCC S.A.S Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.

De igual modo, dijo que la Dirección de Ingresos por Aportes ha brindado la
información correspondiente a la deuda y al proceso de depuración e indicó los
canales dispuestos para que los aportantes puedan pagar su obligación.

Sostuvo que no es posible acceder a las pretensiones de la demandante y que la
liquidación certificada de deuda cumple con lo establecido en la normativa vigente
y, especialmente, con lo indicado en el Manual de Cobro de COLPENSIONES.
Además, que es un hecho latente que, a la fecha de expedición del título ejecutivo
la actora no había pagado la obligación objeto del proceso de cobro, por lo que fue
procedente iniciar un proceso de cobro, a la luz de los artículos 24 de la Ley 100 de
1993 y 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Oposición al recurso de apelación

La demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por la
sociedad demandante.

Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de la
Liquidación Certificada de Deuda Nro. AP-00351614 del 8 de agosto y la Resolución
Nro. GFI-DIA 2020_9171526 del 29 de octubre de 2020, actos mediante los cuales
COLPENSIONES determinó una deuda a cargo de la sociedad demandante por
concepto de aportes pensionales al Sistema de Seguridad Social.

Del análisis del recurso de apelación, se advierte que los motivos de inconformidad
de la entidad apelante contra la sentencia impugnada se concretan en que (i) la
prescripción de la acción de cobro no es procedente frente a las obligaciones por
aportes pensionales al Sistema de Seguridad Social, (ii) no se vulneró el debido
proceso y el derecho de defensa y contradicción de la actora, en la medida en que
COLPENSIONES le notificó a la demandante los actos administrativos acusados y
le otorgó las oportunidades para controvertir sus decisiones, y (iii) le suministró la
información correspondiente a la deuda y al proceso de depuración e indicó los
canales dispuestos para que los aportantes puedan pagar su obligación.

Así mismo, se observa que la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de
los actos acusados únicamente con base en la falta de motivación.

Aclarado lo anterior, la Sala entrará a resolver el cargo de la apelación relacionado
con la debida motivación de los actos acusados, para lo cual se reiterará el criterio
jurisprudencial establecido en la sentencia del 23 de noviembre de 2023 (Exp.
27144, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello) que resolvió un caso con supuestos
fácticos y jurídicos similares al que aquí se estudia.
El artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que los actos administrativos deben estar adecuadamente
motivados, con base en las pruebas e informes disponibles.

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En relación con lo anterior, esta Sección7 indicó que la causa o motivo es el
elemento del acto administrativo que se estructura en razón del conocimiento,
consideración y valoración que la Administración realiza de los hechos y
fundamentos de derecho que inducen a su expedición. De esta forma, «Se presenta
la falta de motivación cuando la Administración prescinde de la motivación que suministre al
destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de estos, impidiendo al
particular ejercer su derecho de defensa y contradicción».

Para decidir la apelación, también es necesario tener en cuenta que el artículo 24
de la Ley 100 de 1993 establece que, a las administradoras de los diferentes
regímenes (entre ellas, COLPENSIONES), les corresponde adelantar las acciones
de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador. Y señala
que, para tal efecto, «la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor
adeudado, prestará mérito ejecutivo».

En desarrollo de lo anterior, así como del artículo 2 de la Ley 1066 de 2006, la
demandada expidió la Resolución Nro. 504 de 2013, modificada por la Resolución
Nro. 0163 de 2015, «Por la cual se adopta el Manual de Cobro Administrativo de la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES». En sus artículos 3.1.1.1. y
3.1.1.3. dispuso que la determinación de la obligación se realizará mediante un acto
administrativo denominado liquidación certificada de deuda, el cual da fin a la
actuación de determinación y debe contener una obligación expresa, clara y
exigible, pues presta mérito ejecutivo conforme con el artículo 24 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011.
Para estos efectos, el artículo 3.1.1.2. indica que, previo a la emisión de la
liquidación certificada de deuda, se constituirá en mora al empleador mediante un
requerimiento para que cancele la obligación adeudada, conforme con el artículo 2
del Decreto 2633 de 1994. Así, la liquidación certificada de deuda será proferida si
el obligado no realiza el pago ni presenta una objeción dentro de los 15 días
siguientes al requerimiento.
En cuanto al contenido de la liquidación certificada de deuda, el artículo 3.1.1.4.
señala que, para que la obligación se considere clara, dicho acto no debe dar lugar
a equívocos y debe contener la plena identificación del deudor, acreedor, «naturaleza
de la obligación» y valor adecuado. Así mismo, el artículo 3.1.1.5. indica el acto de
determinación debe contener como mínimo: i) la ciudad y fecha de expedición, ii)
identificar a COLPENSIONES como acreedor, iii) señalar el nombre, identificación y
ubicación del deudor, iv) determinar el valor de la deuda, para lo cual precisa que
«El detalle de la deuda podrá incluirse en el mismo documento o en documento anexo», v) informar
la procedencia y plazo para interponer recurso de reposición en su contra y vi) tener
la firma del funcionario competente.
Retomando la temática de la debida motivación, esta Sección, en casos en que se
estudia la legalidad de las liquidaciones oficiales de los aportes a salud, pensión y
parafiscales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), consideró que este
tipo de actos de determinación de la obligación «deben identificar la conducta (omisión,
mora y/o inexactitud) y los periodos discutidos. Igualmente, deben individualizar los trabajadores, los
días trabajados, los pagos salariales y no salariales, el total remunerado y el IBC, entre otros
aspectos relevantes. Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso del

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de marzo de
2021, Exp.23976, reiterada en la sentencia del 12 de mayo de 2022, Exp.26008, ambas con ponencia de la
consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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aportante»8.

Entonces, de conformidad con el antecedente jurisprudencial y el artículo 42 de la
Ley 1437 de 2011, el precedente del 23 de noviembre de 2023 concluyó que «cuando
los artículos 3.1.1.4. y 3.1.1.5. del Manual de Cobro Coactivo de COLPENSIONES disponen que la
liquidación certificada de deuda debe contener la naturaleza de la obligación y su detalle, lo que
supone es que el acto debe identificar la conducta, los periodos discutidos, los trabajadores, los días
trabajados, los pagos salariales y no salariales, el total de la remuneración y el ingreso base de
cotización (en adelante IBC), así como todo aspecto relevante para que el deudor pueda ejercer
efectivamente su derecho al debido proceso».

Precisado lo anterior, en este caso se encuentra demostrado lo siguiente:
• Mediante Oficio Nro. GNAR-AP-01257439 del 15 de abril de 2020, COLPENSIONES
constituyó en mora a la actora por concepto de aportes a pensión9. En el cuadro anexo
a dicho acto, se advierte se informan los períodos adeudados (enero de 1995 a
diciembre de 2019) y el monto de la obligación para cada uno de ellos, pero no se
identifica cuáles son los trabajadores frente a los cuales se incurrió en mora, pagos
incompletos o pagos extemporáneos, ni el IBC utilizado.
• El 8 de agosto de 2020, COLPENSIONES expidió la Liquidación Certificada de Deuda
Nro. AP-00351614, mediante la cual determinó el valor adeudado por concepto de
aportes pensionales en mora por $142.529.263 («valor adeudado por ciclos no pagos
(Deuda Presunta Por Omisión») y $5.528.300 («valor adeudado por pagos parciales y/o
extemporáneos (Deuda Presunta Por Diferencia De Pago»). En sus consideraciones, la
entidad se limitó a señalar que constituyó en mora a la demandante y que, pese a
ello, no se realizó el pago.10
Como anexo a este acto obra el «CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR
CONCEPTO DE APORTES», en el cual se discriminó el período, el valor de la deuda
por diferencia en pago y por omisión. Pero, al igual que el cuadro anexo al
requerimiento de constitución en mora, no se identifican los trabajadores sobre los
cuales se incurrió en las conductas fiscalizadas ni el IBC utilizado para determinar el
monto de la obligación11.
Con la liquidación certificada de deuda también se allegó el «INSTRUCTIVO INGRESO
PORTAL WEB DEL APORTANTE (PWA)», que se define como un canal diseñado «para
que los empleadores que presenten deuda por concepto de aportes pensionales, por
inconsistencias en sus pagos o por omisión o pagos incompletos, puedan manejar a través de
Internet los trámites en línea para depurar su información o realizar pagos que adeuden al
sistema ofreciéndoles un servicio al cual pueden acceder directamente desde la comodidad
de su oficina, sin intermediarios y con la plataforma tecnológica y soporte técnico apropiados
para brindar seguridad y calidad en las operaciones, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana»12. Además, indicó que esta plataforma «ofrece mecanismos que aseguran la
confidencialidad e integridad de sus transacciones electrónicas, mediante un certificado de
firma digital (que no tiene costo) que le permite a nuestra entidad garantizar la identidad y
responsabilidad de los empleadores independientes frente a los documentos y novedades que
realicen a través de esta herramienta»13.
Para la Sala, como se expuso en la sentencia reiterada del 23 de noviembre de 2023,
lo anterior significa que el portal web referido no tiene como objetivo dar a conocer a
los deudores el detalle de sus obligaciones ni respaldar la motivación de los actos
expedidos por la entidad, sino la depuración de información y la realización del pago.
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 26117, C.P. Milton Chaves
García. En ella se reitera la postura de la sentencia del 2 de marzo del mismo año, exp. 26101, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
9 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, enlace del expediente administrativo (página 26), PDF
de la constitución en mora («{79CA502A-11BE-4DA5-9E9F-C771CD73A6B7}»)..
10 Samai, índice 2, PDF de la demanda, páginas 79 a 81.
11 Ibidem, páginas 82 a 90.
12 Ibidem, página 91.
13 Ibidem.

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Además, en el expediente no obra prueba alguna de que, en dicho portal, conste la
información echada de menos con relación a la identificación de los trabajadores y el
IBC utilizado.
• En el recurso de reposición, se destaca que la demandante le informó a
COLPENSIONES que al ingresar al portal web indicado le fue rechazado el ingreso
porque «La razón social registrada en la solicitud no coincide con la razón social completa
registrada en Dian o en el Rut actualizado. Por favor realice nuevamente la solicitud
adjuntando documentación requerida y registrando los datos que corresponden según la
documentación informada»14. En ese sentido, la actora relató que procedió a confirmar
la información vía telefónica con la entidad apelante quien le informó que «debía
adjuntar la documentación requerida para validar el nuevo usuario y que dicho proceso se
demoraría 15 días hábiles»15, frente a lo cual la demandante afirmó que era una
«circunstancia que a todas luces constituye una violación flagrante al debido proceso, ya que
impide a mi representada en su calidad de aportante conocer el estado de las obligaciones
presuntamente adeudadas a la Entidad y realizar las acciones de depuración, corrección y
registro de novedades de nómina»16. En tales condiciones, la actora afirmó que «a la fecha
de presentación de este recurso, mi representada no ha podido acceder a la plataforma Portal
Web del Aportante, por lo cual, no ha podido controvertir en debida forma la causa que origino
la deuda objeto de cobro»17.
• En la Resolución Nro. GFI–DIA 2020_9171526 del 29 de octubre de 2020, que decidió
el recurso de reposición, COLPENSIONES puso de presente que la actora había
realizado pagos parciales y reportó las novedades respectivas, pero que, en todo
caso, persistía la deuda por los periodos fiscalizados, por lo que redujo el monto de
la obligación a $128.978.022.
Ahora, en cuanto a lo denunciado por la demandante en el recurso de reposición
sobre el portal web, la entidad dijo que «el empleador deberá radicar nuevamente los
documentos pertinentes y con el ánimo de que pueda ir validando el estado de sus deudas se
adjunta el estado de cuenta detallado y actualizado a 29/10/2020»18. Sin embargo, no
identificó cuál era dicho documento.
También explicó que la deuda presunta por ausencia en el pago de aportes
pensionales se origina por «un trabajador afiliado a Colpensiones, errores en la información
declarada o por ausencia en el reporte de novedad de retiro que impide establecer la
terminación de la relación laboral»19. Y, por su parte, que la deuda real por diferencia en
pago (deuda real) «se origina por pagos realizados de manera extemporánea en los que se
omitió el pago de los correspondientes intereses de mora o en general por pagos incompletos.
Igualmente puede originarse por errores o inconsistencias en la liquidación (…)»20.
Finalmente, la apelante le indicó a la actora que, a través del portal web del Aportante,
podía realizar la liquidación y pago de la deuda, siguiendo las instrucciones del
manual y que, a través de la «Corrección de inconsistencias en los pagos de aportes»
podía informar las novedades de retiro, realizar correcciones frente al tipo y número
de documento, entre otras cuestiones. Adicionalmente, invitó a la actora a efectuar
los pagos faltantes o a registrar las novedades correspondientes.
Se pone de presente que en el texto de la resolución que decidió el recurso de
reposición, COLPENSIONES no precisó los trabajadores frente a los que incurrió en
las conductas fiscalizadas ni el IBC utilizado para determinar el monto de la
obligación.

14 Ibidem, página 102.
15 Ibidem.
16
Ibidem.
17 Ibidem, página 103.
18 Ibidem, página 112.
19 Ibidem.
20 Ibidem, página 113.

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A partir de lo probado en el expediente, la Sala concluye que, como lo decidió el a
quo, y tal como ocurrió en el precedente del 23 de noviembre de 2023, los actos
acusados carecen de motivación. En efecto, aunque la demandada hizo referencia
a las normas que regulan la materia, especialmente la Ley 100 de 1993, e
individualizó la conducta fiscalizada (mora), no existe prueba de que identificara de
manera precisa los detalles que dieron lugar a la liquidación de las sumas
pretendidas, tal como lo exige el Manual de Cobro Coactivo de la entidad y el
antecedente jurisprudencial referido. Esto porque, se reitera, ninguna de las
resoluciones objeto de controversia ni sus anexos identifican los trabajadores frente
a los cuales se originó la conducta fiscalizada, la base para la cuantificación de las
cotizaciones, o la explicación del método que uso para el cálculo de los montos
liquidados.

De otro lado, con los documentos allegados por COLPENSIONES con el escrito de
oposición a la demanda, se observa que fueron aportados dos documentos
denominados «Total Deuda e Inconsistencias»21, en el que se relacionaron varios de
los períodos y montos fiscalizados y se identifican algunos de los trabajadores y el
IBC aplicado por la demandada. Sin embargo, no existe constancia alguna de que
la información contenida en dicho documento fue puesta en conocimiento de la
interesada durante el proceso administrativo y tampoco se informó si corresponde
al estado de cuenta al que hace referencia en el acto que resolvió el recurso de
reposición. Por consiguiente, la información allí relacionada no subsana la
obligación de la entidad de motivar suficientemente sus actos.

Por lo expuesto, y contrario a lo dicho por COLPENSIONES, sí se vulneró el debido
proceso de la actora en la medida en que, aunque se tramitó y resolvió el recurso
de reposición, la falta de motivación de los actos acusados impidió el ejercicio
efectivo del derecho de defensa.

En este orden, no prospera la apelación de la demandada.

Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá́ condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

21 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, enlace de antecedentes administrativos, PDF
denominado {0BED0AE7-2DE7-4864-9242-7AA54AB5F701}.pdf y también el PDF {7E514434-A607-4CE9-
A9BA-B84AEC49B2D2}.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00223-01 (28027)
Demandante: IRCC S.A.S Industria de Restaurantes Casuales S.A.S.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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