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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00238-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00238-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00238-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00238-01 (30609)
Demandante: Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.
Demandada: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA

Temas: Contribución especial año 2020. Vigencia artículo 18 Ley 1955
de 2019. Base gravable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió negar las pretensiones
de la demanda y no condenar en costas.

ANTECEDENTES

El 29 de septiembre de 2020 la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA (en adelante CRA) expidió la Resolución UAE – CRA
604 de 2020, mediante la cual liquidó a cargo de la demandante la contribución
especial para la vigencia 2020 por valor de $129.817.1461.

El 26 de octubre de 2020, la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra el anterior acto. Mediante Resolución CRA 813 de 30 de
octubre de 2020, la entidad resolvió el recurso de reposición en el sentido de
confirmar la liquidación2 y, por medio de la Resolución 913 de 20 de noviembre del
mismo año decidió el recurso de apelación, confirmando el acto recurrido3.

El 3 de diciembre de 2020, la demandante solicitó a la CRA que declarara la pérdida
de ejecutoria de los actos administrativos, y la entidad mediante Oficio
20200120150141 del 20 del mismo mes y año, no accedió a lo solicitado.

DEMANDA

Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P., en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló las siguientes:
“PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERA PRETENSIÓN: Que se DECLARE LA NULIDAD de la Liquidación Oficial por
Contribución Especial contenida en la RESOLUCIÓN UAE - CRA N° 604 DE 2020, por

1
Samai, exp tribunal, índice 9, 18_RECIBEMEMORIALES_RAD_CRA_202101200593(.ZIP), PDF 7.
2
Ibidem. PDF 11.
3
Ibidem. PDF 14.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00238-01 (30609)
Demandante: Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.

la cual se liquida la Contribución Especial de que trata el artículo 85 de la ley 142 de
1994 para la vigencia 2020 a VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
ESP por valor de (…) ($ 129.817.146).

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo
RESOLUCIÓN NO. UAE-CRA-813 DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 “Por medio de la
cual se decide el Recurso de Reposición interpuesto por VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA SAS, contra la Resolución UAE-CRA N° 604 de 29 de
septiembre de 2020”; Por la cual se liquida la Contribución Especial de que trata el
artículo 85 de la ley 142 de 1994 para la vigencia 2020 a VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP por valor de (…) ($ 129.817.146).

TERCERA PRETENSIÓN: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo
RESOLUCIÓN NO. UAE-CRA-913 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 “Por medio de
la cual se decide el Recurso de Apelación interpuesto por VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP contra la Resolución UAE-CRA 604 de 29 de
septiembre de 2020” Por la cual se liquida la Contribución Especial de que trata el
artículo 85 de la ley 142 de 1994 para la vigencia 2020 a VEOLIA SERVICIOS
INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP por valor de (…) ($ 129.817.146).

CUARTA PRETENSIÓN: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo Oficio
Radicado No. 20200120150141 de fecha 14 de diciembre de 2020 y con el cual la CRA
resuelve la solicitud de declaración de pérdida de fuerza ejecutoria incoada por mi
representada.

PRETENSIONES DE CONDENA

QUINTA PRETENSIÓN. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO -CRA- a título de Restablecimiento del Derecho se expida una nueva
Liquidación Oficial por Contribución Especial, cuya base gravable sea aquella adoptada
por la entidad hoy demandada para hacer el cobro de esta contribución para la vigencia
fiscal 2019 a mi representada.

SEXTA PRETENSIÓN. Condenar en costas y gastos del proceso a la parte
demandada.”

Invocó como disposiciones vulneradas, los artículos 29 de la Constitución Política
(CP), 85 de la Ley 142 de 1994, 132 de la Ley 812 de 2003 y 829 del Estatuto
Tributario.

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La actuación administrativa vulneró el debido proceso porque la base gravable
empleada para liquidar la contribución especial vigencia 2020, establecida en el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional durante el trámite de la actuación administrativa surgiendo el deber
de la entidad de acatar dicha decisión y reconocer sus efectos. Adicionalmente, la
CRA resolvió la solicitud de perdida de fuerza ejecutoria desconociendo los efectos
de la sentencia C-484 de 2020 publicada en diciembre de 2020.

La sociedad presentó contra la liquidación de la contribución especial recursos
basados en similares argumentos a los tenidos en cuenta por la Corte
Constitucional mediante las sentencias C-464 de 2020 y C-484 de 2020, decisiones
en la que declaró inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 de 2018, norma que
fijaba la base gravable para calcular la contribución especial para la vigencia 2020.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00238-01 (30609)
Demandante: Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.

Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P. tiene una operación en su
sede principal, cuyo alcance es la recolección, tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos a clientes no regulados o industrias, y solo en el establecimiento
de comercio Veolia Aseo Cartagena, presta el servicio público domiciliario de aseo,
al cual en virtud del artículo 1.° de la Ley 142 de 1994, le son aplicables los
postulados de dicho régimen legislativo.

Aparte de que solo debió tenerse en cuenta los rubros que son indispensables o
necesarios para la prestación del servicio objeto de vigilancia, es decir, el prestado
por la sucursal de Veolia Servicios Industriales Colombia SAS ESP denominada
Veolia Aseo Cartagena, la liquidación toma en cuenta rubros que no forman parte
de la base gravable y que no deben incidir en la determinación de la contribución
dado que no tienen relación directa con la actividad vigilada o regulada ni
corresponden al giro normal de sus operaciones.

En el presente caso se está ante una situación jurídica no consolidada, toda vez
que se interpusieron los recursos y se ejerció el medio de control, enmarcándose
en las causales del artículo 829 del Estatuto Tributario, para predicar la no firmeza
de los actos administrativos.

El incremento de la contribución liquidada entre los años 2019 y 2020, adicional a
la reticencia a dar aplicación a la inexequibilidad declarada, constituyen la falsa
motivación contenida en las decisiones demandadas, viciando de nulidad los actos
administrativos.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se opusieron a las pretensiones y al
efecto enfatizaron que si bien el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, fue declarado
inexequible, sus efectos se predican hacia el futuro y la contribución especial
causada corresponde a una situación jurídica consolidada. Adicionalmente, la
liquidación de la contribución especial para la vigencia fiscal 2020 se encuentra
ajustada a la norma, toda vez que contiene los elementos esenciales del tributo y
en cuanto a la determinación de la base gravable, tuvo en cuenta el presupuesto
debidamente aprobado para la vigencia 2020, así como el valor proyectado de
ingresos para dicha vigencia, y tomó como base la información financiera cargada
por la persona prestadora en el SUI.

No se presentó violación al debido proceso por cuanto se cumplió con cada una de
las etapas previstas en la normativa vigente para el momento de los hechos,
especialmente lo señalado en el Decreto 1150 de 2020.

El acto administrativo general que fijó la base gravable y la tarifa de la contribución
especial vigencia 2020, es decir, la Resolución CRA 930 de 2020, goza de
presunción de legalidad, y de ser cuestionada debe efectuarse a través de los
medios previstos al efecto ante el Consejo de Estado.

El legislador fue el que consagró expresamente la modificación del artículo 85 de
la Ley 142 de 1994, a través del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por medio del
cual se fijaron los elementos del tributo y se facultó a la Comisión de Regulación
para fijar la tarifa de las contribuciones especiales de los servicios públicos

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domiciliarios de acueducto y alcantarillado y el servicio público de aseo, así como
para liquidarlas y recaudarlas, con el fin de financiar los gastos de funcionamiento
e inversión de la entidad.

La base gravable del artículo 18 de la Ley 1955 que modificó el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 contempla la utilización del rubro de costos y gastos totales depurados,
por lo que todo componente de costo y gasto fue parte de la base gravable para la
liquidación de la contribución de la vigencia 2020, con las excepciones
contempladas que permiten la depuración de dicho rubro.

Por tratarse de un tributo de periodo anual, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
que modificó el contenido del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la CRA aplicó a
partir del siguiente periodo (2020) a aquel que entra en vigencia (2019), por lo que
son acertados y por ende ajustados a derecho los argumentos de las resoluciones
demandadas.

Al tener la declaratoria de inexequibilidad efectos a futuro, no afecta la presunción
de legalidad del acto administrativo que liquidó la contribución especial al prestador
VEOLIA SA ESP., máxime cuando la liquidación de la contribución es anual, para
el caso, se liquidó para la vigencia 2020 y respecto de esta vigencia la Corte
Constitucional declaró que se trataba de situaciones jurídicas consolidadas.

La jurisprudencia citada por la parte demandante no tiene similitud fáctica ni jurídica
con el presente caso, ya que la misma hace referencia a la liquidación de la
contribución especial con base en la redacción del artículo 85 de la Ley 142 de 1994
anterior, es decir, sin tener en cuenta la modificación introducida por el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad radicado
11001-03-27-000-2021-00005-00 hace alusión a la Sentencia C-484 de 2020 que
declaró la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, precisando
que únicamente opera a partir del año gravable 2021 y que la causación del tributo
por el año 2020 se considera una situación jurídica consolidada. En consecuencia,
nada impedía a la CRA que expidiera los actos administrativos demandados para
fijar la tarifa y la base gravable de la contribución especial por el año 2020.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas con
fundamento en las siguientes consideraciones:

Los efectos de la sentencia de inexequibilidad respecto del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, operan a partir de 2021, lo que significa que la norma podía ser
aplicada desde su entrada vigencia hasta 2020, por tanto, para la liquidación oficial
de la CRA respecto del año gravable 2020, fue avalada la aplicación temporal de la
Ley 1955 de 2019.

Dado que en este caso se discute la legalidad de la contribución de la CRA respecto
del año 2020 por aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, se tiene que su
situación jurídica no se ha consolidado y por tanto le son aplicables las sentencias
mencionadas.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00238-01 (30609)
Demandante: Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.

En la liquidación oficial la entidad demandada atendió la previsión vigente y
aplicable para el año 2020, en tanto tuvo en cuenta los costos y gastos depurados,
los ingresos obtenidos por actividades ordinarias, los gastos totales incurridos
durante el ejercicio anterior, y aplicó la tarifa (0,2432%) establecida en la
Resolución 930 de 2020 (acto general).

Dada la vigencia de la norma que determina la fórmula para liquidar la base
gravable de la contribución especial por el año 2020, el cálculo de ese elemento
sustancial realizado por la CRA en los actos demandados se ajusta a derecho,
aunado al hecho de que guarda apoyo en lo establecido en el acto general
Resolución 930 de 2020, que fijó la tarifa de esa contribución y que, a la fecha, goza
de la presunción de legalidad.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:

La aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 en la contribución especial
2020 contradice el principio de irretroactividad en materia tributaria, el cual prohíbe
liquidar impuestos con base en hechos correspondientes al mismo periodo en el
que se expidió la ley que reguló los elementos esenciales del tributo.

La Resolución UAE - CRA 604 DE 2020, estableció que la base gravable aplicable
al año 2020 debía remitirse a los costos y gastos del año 2019, lo que implicó
liquidar la contribución con base a hechos correspondientes al mismo período en el
que se expidió la ley que reguló los elementos esenciales del tributo,
desconociendo el principio de irretroactividad en materia tributaria.

Indicó que la Ley 1955 de 2019, al modificar el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
no estableció que la base gravable deba corresponder a todos los costos y gastos
de la empresa, sin importar su relación con el servicio objeto de vigilancia. Por el
contrario, la norma debe interpretarse de manera restrictiva, limitando la base
gravable a los costos y gastos relacionados con el servicio vigilado por la comisión.

El Tribunal incurre en un error al considerar que el hecho de que la empresa haya
reportado los costos y gastos del servicio no regulado dentro de los costos y gastos
globales, en cumplimiento de las obligaciones contables y de reporte en el Sistema
Único de Información (SUI), implica que dichos costos y gastos deban incluirse
automáticamente en la base gravable de la contribución especial.

La base gravable de la contribución especial no se rige por las obligaciones
contables o de reporte, por lo tanto, la inclusión de los costos y gastos de la
sociedad principal, que corresponde un servicio no regulado en la base gravable
constituye una interpretación errónea y desconoce los límites de la competencia de
la Comisión, siendo así una extralimitación de la norma y una vulneración al
principio de legalidad tributaria.

Adicionalmente, expresó que reafirmaba la totalidad de los cargos y conceptos de
violación expuestos en la demanda y que omite abordarlos nuevamente para evitar
repeticiones.

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Demandante: Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se admitió mediante
auto de 15 de diciembre de 2025.

La parte demandada se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto
indicando que la sentencia de primera instancia no incurrió en error alguno y que la
parte demandante no allegó prueba que permitiera verificar los conceptos que
fueron reportados como costos y gastos para determinar cuáles fueron incluidos en
la regulación de la contribución especial. Insistió que la entidad actuó en derecho
pues expidió los actos respetando las etapas previstas en el Decreto 1150 de 2020,
soportando el cálculo de la tarifa en la aplicación de la respectiva formula tomando
como base a la información financiera reportada y certificada por los sujetos pasivos
en el SUI.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la CRA que
determinaron la contribución especial del año gravable 2020, a cargo de Veolia
Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P. Concretamente, en los términos del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante -apelante única-, se debe
establecer si: i) existía una situación jurídica consolidada respecto de los actos que
fijaron la contribución para la aplicación de los efectos de las sentencias C-464 y C-
484 de 2020 y C-147 de 2021, respecto a la constitucionalidad del artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, ii) la liquidación oficial adolece de falsa motivación y, iii) la base
gravable tomada para liquidar la contribución especial incluyó costos y gastos no
regulados por la entidad vigilada. 4

Vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia5

Sobre la base gravable de la contribución especial fijada por la CRA, el artículo 18
de la Ley 1955 de 20196, que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dispuso
que, «se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con
la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados
a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de
liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados».

Como precisó la Sección en los casos reiterados, el artículo 18 de la citada ley fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencias C-464 de 28 de
octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020, cuyos efectos en el tiempo
fueron abordados por la Sala en providencia del 26 de mayo de 2022 7, al advertir
que la sentencia C-464 de 2020 declaró la inconstitucionalidad con efectos
inmediatos y hacia el futuro de la expresión «y todos aquellos que inciden directa o

4
Previo a analizar el problema jurídico, la Sala advierte que no se pronunciará sobre el cargo de la apelante, relacionado con
el desconocimiento del principio de irretroactividad en materia tributaria, toda vez que este no hizo parte de la demanda y no
pudo ser objeto de pronunciamiento por parte de la demandada. Lo anterior, en consideración al principio de congruencia de
las providencias previsto en el artículo 281 del CGP y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias
de 27 de mayo de 2021, exp. 24148, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 19 de mayo de 2022, exp. 26319, M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 26 de mayo de 2022, exp. 25441, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
reiterada en las sentencias de 16 de marzo de 2023, exps. 25615 y 25531, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton
Chaves García, respectivamente, y de 31 de octubre de 2024, exp. 28952, MP. Wilson Ramos Girón (E).
6
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad».
7
Exp. 25441, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios» por desconocer el
principio de legalidad tributaria, al existir indeterminación de los sujetos pasivos de
la contribución especial, y la inconstitucionalidad de los demás incisos de dicho
artículo con efectos diferidos «a partir del 1 de enero de 2023».

Respecto a la sentencia C-484 de 2020, la Sala destacó que la Corte moduló los
efectos en el tiempo de la declaratoria de inexequibilidad, en el sentido de establecer
que los tributos causados en el año 2020 correspondían a situaciones jurídicas
consolidadas y que los efectos de la sentencia se producirían a partir del año 2021.
En este sentido, como ha sido criterio pacífico de esta Corporación, el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019 surtió efectos jurídicos desde su publicación hasta la
declaratoria de inexequibilidad -a partir del año 2021-, lapso durante el cual se expidió
la Resolución 930 de 10 de septiembre de 2020, acto general en virtud del cual la
CRA fijó la contribución para Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.,
mediante la Resolución CRA 604 de 29 de septiembre de 2020, y sus
confirmatorias, las Resoluciones 813 de 30 de octubre de 2020 y 913 de 20 de
noviembre del mismo año.

En esa misma línea, esta Sección, al analizar la legalidad de la Resolución SSPD
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, la cual fijó la contribución especial de
las vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos para el año gravable
2020, precisó que «Bajo la misma ilación, para la Sala, los actos administrativos acusados
no decayeron por la expedición de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 respecto del
período gravable 2020, habida cuenta de que la Corte Constitucional determinó
expresamente la inexequibilidad a partir del año 2021, es decir que para el año 2020 la
norma era plenamente aplicable8».

Así pues, los argumentos tendientes a cuestionar la constitucionalidad del artículo
18 de la Ley 1955 de 2019, que sirvió de base para la expedición de los actos de
determinación, fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional en las
sentencias C-464 y C-484 de 2020, con lo cual, cualquier pronunciamiento sobre el
particular excedería el objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y desconocería la facultad de la Corte Constitucional para modular los
efectos en el tiempo de sus decisiones.

Respecto de la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, el criterio de la
Sección9, es que, respecto de los actos administrativos expedidos con ocasión del
artículo declarado inexequible, esta no ha operado, pues el debate en sede
administrativa y judicial sobre la legalidad de estos está en curso. Sin embargo,
aunque estemos ante situaciones jurídicas no consolidadas, este hecho por sí solo
no tiene la entidad suficiente para decretar la nulidad de los actos acusados, ya que
simplemente permite agotar el estudio de legalidad propuesto en la demanda
respecto de la situación particular, que para este caso se cuestiona el fundamento
de los actos en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y los vicios de
constitucionalidad que esa norma contiene, los cuales fueron abordados, incluyendo
sus efectos en el tiempo, por la Corte Constitucional, por lo que no prospera el cargo
de apelación.

8
Aunque el precedente citado se refiere a la contribución expedida por la SSPD, el análisis se basó en el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, aplicable tanto a las superintendencias como a las
comisiones de regulación.
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Así mismo, los actos demandados no incurren en falsa motivación, pues precisaron
el fundamento legal de la contribución, la forma de liquidación, se basaron en la
regulación vigente -artículo 18 de la Ley 1955 de 2019- e indicaron los recursos
procedentes permitiendo al contribuyente ejercer el derecho de defensa, por lo que
no prospera el cargo de apelación.

En cuanto a la afirmación de la demandante de que la CRA aplicó una norma
expulsada del ordenamiento jurídico, se reitera que los efectos de inexequibilidad
fueron diferidos a partir del año 2021, como se indicó en acápites precedentes, con
lo cual, la norma era plenamente aplicable durante el año gravable 2020.

Composición de la base gravable para determinar la contribución especial

El a quo afirmó que en la liquidación oficial la entidad demandada atendió la
previsión vigente y aplicable para el año 2020, en tanto tuvo en cuenta los costos y
gastos depurados, los ingresos obtenidos por actividades ordinarias, los gastos
totales incurridos durante el ejercicio anterior, y aplicó la tarifa (0,2432%)
establecida en la Resolución 930 de 2020 (acto general), por lo que para liquidar la
contribución especial fueron considerados por parte de la CRA los costos y gastos
totales depurados en la suma de $133.734.409.000, que fueron tomados del SUI,
sistema donde fueron reportados por parte del demandante.

Por su parte, la recurrente persiste en el recurso de apelación que la Ley 1955 de
2019, al modificar el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, no estableció que la base
gravable corresponda a todos los costos y gastos de la empresa, sin importar su
relación con el servicio objeto de vigilancia, sino que la base gravable se debe
limitar a los costos y gastos relacionados con el servicio vigilado por la comisión.

La entidad demanda en la liquidación oficial acusada y los actos confirmatorios
sostuvo que «la base gravable se calcula para cada contribuyente conforme a su
capacidad económica, es decir, a partir de la información financiera, reportada y certificada
por el mismo contribuyente, en el Formato Complementario FC01 del Sistema Único de
Información – SUI». También indicó que los costos y gastos estarían gravados tras
las depuraciones legalmente autorizadas sin que solo lo fueran aquellos asociados
a los servicios regulados, dado que la norma alude a las expensas devengadas en
el período sin restringirlos a los incurridos para prestar el servicio respectivo.

Al respecto, se reiterará lo expuesto por la Sala en la sentencia de 18 de septiembre
de 202510, que se pronunció sobre composición de la base gravable de la
contribución especial definida por la CRA, en relación con los costos y gastos.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 desde antes de la modificación del artículo 18
de la Ley 1955 de 2019 ha establecido la contribución especial para que su
destinación sea el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las
comisiones de regulación de Energía y Gas -CREG-, Agua Potable y Saneamiento
Básico -CRA- y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD,
quienes tienen a su cargo la regulación, vigilancia, control e inspección de las
entidades que prestan los respectivos servicios públicos domiciliarios y actividades
complementarias. En función de dicha regulación, como bien lo anotó la Corte
Constitucional en la sentencia C-484 de 2020 -que definió la constitucionalidad del
artículo 18 ídem-, la tipología de este tributo es propio de una tasa, ya que «pretende

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de septiembre de 2025, exp. 29602, MP. Wilson Ramos Girón.

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recuperar los costos en que debe incurrir la entidad pública para ejercitar el servicio de
regulación, inspección, control y vigilancia de ciertos obligados, de tal forma que el objeto
imponible y la cuota tributaria cuantificada se establecería en función de recuperar los
costos que financiarían y asegurarían la continuidad en la prestación de un servicio público
por parte de una autoridad administrativa».

Teniendo presente lo anterior, la base gravable del tributo discutido que estaría
conformada por los costos y gastos incurridos por el sujeto pasivo de la obligación,
en tanto busca recuperar los costos del servicio público de vigilancia, no debería
obedecer a la totalidad de dichas erogaciones incurridas por un ente económico, en
la medida que algunas se relacionan con la prestación del servicio sometido a la
vigilancia y regulación, mientras que otras no. A fin de corregir la porción de costos
y gastos que no se vincularían a la prestación de la actividad por la que los sujetos
pasivos están sometidos a la inspección y control, el legislador en el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019 fijó una fórmula consistente en que la base imponible sería el
resultado de tomar la totalidad de los costos y gastos depurados del período,
multiplicados por el porcentaje resultante de dividir los ingresos obtenidos por la
actividad regulada, sobre el total de los ingresos ordinarios, con lo cual ese factor
calculado aplicado a los costos y gastos determinarían las erogaciones que se
asociarían a los ingresos de la actividad inspeccionada y vigilada.

Bajo ese entendido, la fórmula incorporada pretendía limitar los costos y gastos que
formarían la base gravable, de manera que el legislador, en lugar de aducir que se
gravarían los costos y gastos asociados al servicio vigilado, escogió una
metodología que se abstrae de la comprobación directa de las erogaciones
empleadas para prestar el respectivo servicio público domiciliario, para hallar tal
distinción con la atribución de esas expensas a los ingresos de la actividad
regulada.

Pese a la intención del legislador, la Corte Constitucional en la providencia C-484
de 2020 consideró que la fórmula de base gravable adoptada en el artículo 18 ídem
podía interpretarse «en un sentido tal que no equivale a los costos en los que hubiese
incurrido el respectivo sujeto activo para prestar el servicio público sometido a inspección,
vigilancia y control (…) Como se mencionó, la tasa contributiva debe estar dirigida a
recuperar únicamente los costos en los que las entidades reguladoras o de inspección
vigilancia y control hayan incurrido para prestar el servicio público. Esto,
independientemente de la base gravable por la cual opte el Legislador. Ante este
desconocimiento, la disposición demandada viola lo dispuesto en el artículo 338 superior,
al establecer una base gravable que no corresponde a los costos en los que estos hubiesen
incurrido para prestar dicho servicio público divisible».

El máximo tribunal constitucional estableció que hubo vulneración de los principios
de legalidad y certeza tributaria, porque la redacción normativa contemplaba vacíos
interpretativos que conducirían a delegar en el Gobierno la especificación de los
elementos esenciales de la obligación tributaria, entre ellos la base gravable, por lo
cual decidió declarar la inconstitucionalidad difiriendo su efecto al año 2021, dado
que consideró que «los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a
situaciones jurídicas consolidadas», lo cual corresponde a que el recaudo de la tasa
por el año 2020 estaría salvaguardado y se liquidaría con base en el anotado
artículo 18, dado que la inconstitucionalidad tendría lugar para la anualidad 2021.

Al respecto, la Sección en las sentencias de 26 de mayo de 2022 (exp. 25441) y de
13 de febrero de 2025 (exp. 29017) ha concluido que dicha inconstitucionalidad

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decretada en la providencia C-484 de 2020 no rigió frente al recaudo de la tasa del
año 2020 y, aunque en otros eventos ha declarado la ilegalidad de los actos
particulares, ello ha sido producto del estudio de la violación del principio de
irretroactividad en materia tributaria propuesto desde la demanda por quienes han
fungido como demandantes, lo que no sucedió en el sub lite, por lo que la presente
decisión se abstrae de estudiar la violación del principio de irretroactividad como
también lo ha hecho la Sala anteriormente, en situaciones en las que la demanda
no plantea ese debate11.

Por consiguiente, si bien los costos y gastos que formen la base imponible deben
corresponder a los empleados para prestar el servicio vigilado y controlado y, en
esa medida no deberían tenerse en cuenta los costos o gastos totales reportados
que no tengan relación directa con la actividad vigilada o regulada, lo cierto es que
la fórmula que incorporó la ley halla esa distinción al asociarlos a los ingresos
obtenidos por las actividades sometidas a dicha inspección y regulación, por lo que
extraer las expensas de los servicios no vigilados o regulados como lo pretende la
parte demandante significaría una doble disminución de tales erogaciones.

Está probado que la CRA mediante la Resolución UAE-CRA 604 de 2020,
determinó la contribución especial prevista en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
para el año 2020, estableciendo la suma de $129.817.146 con fundamento en la
información reportada por la contribuyente en el Sistema único de Información- SUI
así:

LIQUIDACIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VIGENCIA 2020
COSTOS Y GASTOS TOTALES DEPURADOS $133.734.409.000
TOTAL INGRESOS REGULADOS $55.591.624.000
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $139.278.486.000
FACTOR INGRESOS 0,40
BASE GRAVABLE $53.378.760.744
TARIFA 0,2432%
VALOR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL $129.817.146

De acuerdo con esta liquidación y lo expuesto anteriormente, la contribución
especial liquidada en los actos acusados únicamente estaría gravando los costos y
gastos relacionados con los ingresos obtenidos de la prestación del servicio público
controlado por la CRA y, bajo esa premisa, no se gravaron expensas que no tienen
relación directa con la actividad vigilada.

Adicionalmente, se advierte que la Corte Constitucional difirió el efecto de la
inconstitucionalidad del artículo 18 ibidem al año 2021, a fin de salvaguardar la
liquidación y el recaudo de la tasa de la vigencia 2020, con lo cual en observancia
de la vinculatoriedad que tiene la decisión judicial deberá acogerse la metodología
que se utilizó para hallar los costos y gastos que se relacionan con la prestación del
servicio público domiciliario. Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.

En consecuencia, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, la Sala confirmará la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 18 de septiembre de 2025, exp. 29602, MP. Wilson Ramos Girón y de
16 de mayo de 2024, exp. 28288, MP. Milton Chaves García.

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Condena en costas

De acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA12, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede
la condena en costas en esta instancia teniendo en cuenta que a la parte
demandante se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y se confirmó
la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
(1) smmlv, por lo que se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el
artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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