Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00260-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00260-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00260-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)
Demandante OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Contribución de obra pública. Obligación de expedir un acto
previo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 06 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del Auto Inadmisorio No. 001424 de 07 de diciembre
de 2020, que inadmitió el recurso de reconsideración; y del Auto Confirmatorio del Auto
Inadmisorio No. 000008 del 7 de enero de 2021, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NIEGÁNSE las pretensiones respecto de la Resolución No. 312412019000004
del 11 de junio de 2019, de determinación de la contribución especial por contratos de obra
pública del año 2014, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas, conforme lo expuesto en la parte resolutiva de la presente
providencia. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La DIAN expidió la resolución de determinación 31241201900004 del 11 de junio de
2019, por medio de la cual liquidó la contribución por contratos de obra pública a
cargo de la sociedad Oleoducto Central S.A. (en adelante, OCENSA), por el año 2014.
El 13 de octubre de 2020 la demandante presentó recurso de reconsideración en
contra del anterior acto, pero fue inadmitido por medio del auto 001424 del 07 de
diciembre de 2020. Decisión que fue objeto de recurso de reposición y se confirmó
por el auto 000008 del 07 de enero de 2021.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
Samai del tribunal, índice 38.
2
Samai del tribunal, índices 2 y 16, relativos a la demanda y su reforma.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)
Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA
1.1. Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución No. 312412019000004 del 11 de junio de 2019, expedida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes de la DIAN (en adelante, "Resolución de Determinación”).
b) El Auto Inadmisorio No. 001424 de 07 de diciembre de 2020 expedido por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica
de la DIAN (en adelante, el "Auto Inadmisorio").
c) El Auto Confirmatorio del Auto Inadmisorio No. 000008 del 7 de enero de 2021
expedido por la Subdirección de Gestión de Recursos jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN.
1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
Ocensa, declarando que la Compañía no debía retener la Contribución de Obra Pública
por el contrato objeto de discusión; y, por lo tanto, que la Sociedad no está obligada a
realizar ningún pago por concepto de la Contribución, ni tampoco intereses.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 6, 13, 29, 83, 123 y
209 de la Constitución Política; 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 565, 568, 720, 726, 732 y 734 del Estatuto Tributario; 25, 99 y 110 del
Código de Comercio; 32 y 76 de la Ley 80 de 1993; 264 de la Ley 223 de 1995; 6
de la Ley 1106 de 2006; 6 de la Ley 1006 de 2006; 2, 26, 30 de la Ley 1369 de 2009;
3, 10, 42, 72 de la Ley 1437 de 2011; 113 de la Ley 1943 de 2018; 131 de la Ley
2010 de 2019; 5.4.3.5. de la resolución 5050 de 2016; y el Decreto 1056 de 1953
(Código de Petróleos). El concepto de violación se resume así:
Sostuvo que la DIAN incurrió en varias irregularidades en la notificación por correo
de la resolución de determinación, pues, aunque el 13 de junio de 2019 fue remitida
a la dirección informada en el RUT por la empresa, y en la que siempre recibe su
correspondencia, el 14 de junio siguiente el envío fue supuestamente rehusado por
el destinatario, como lo informa el reporte de la página web de la empresa de
mensajería. En la guía de envío se dejó la anotación «no recibe correspondencia», y se
plasmó un sello con el nombre de una persona que «no trabaja para la demandante, sino
que era el mensajero de 4-72». Cuestionó que la empresa de mensajería solo hizo un
intento de envío del documento, y el 21 de junio de 2019 ordenó la devolución del
acto a la DIAN. Posteriormente, la entidad fiscal siguió con el trámite de notificación
por aviso.
A partir de lo anterior, sostuvo que no es cierto que la demandante no reciba su
correo en la dirección que informó en el RUT, y en el expediente no se evidencia que
la sociedad o un representante suyo rechazara el envío. Insistió en que la persona
que firmó el mensaje de rehusado no trabaja para la demandante, como lo certifica
el jefe de recursos humanos de la compañía, y que, en todo caso, el sello se plasmó
sobre los campos en los que firman los mensajeros.
Para sustentar su afirmación, aportó cuarenta guías de correspondencia que
demuestran que la demandante siempre ha recibido la correspondencia en la
dirección a la que fue enviada la resolución de determinación, y que la DIAN y la
empresa de mensajería eran conscientes de ese hecho. Entre estas, destacó la guía
del requerimiento ordinario 312412017000001 del 23 de marzo de 2017, expedido
en este proceso, que solicitó a la sociedad que remitiera información sobre los
contratos de obra pública.
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Citó jurisprudencia del Consejo de Estado3 que estudió casos similares, y en las que
se concluyó que la devolución de la notificación por correo es contraria a la realidad
cuando se verifica que en la dirección han sido entregados otros actos
administrativos.
Por lo tanto, no hay prueba que demuestre que la demandante rehusó el correo, y
que la carga de acreditar ese hecho es de la DIAN4, pues está en mejor posición para
probarlo. En todo caso, agregó que, ante la duda en materia probatoria, es menester
resolverla en favor del contribuyente5.
Señaló que el actuar que se esperaba de la administración, ante la recepción del
correo con la anotación de rehusado, era que intentara nuevamente entregar el acto
a la dirección de la demandante, pues no se cumplió el presupuesto previsto en el
artículo 568 del Estatuto Tributario, que habilita continuar con la notificación por
aviso6. Además, afirmó que, en caso de no poder notificar por correo, la
administración debe intentar ubicar al contribuyente mediante el uso de guías
telefónicas, directorios, información oficial, comercial o bancaria7.
Puso de presente que en la regulación especializada de los servicios de mensajería
se prevé la obligación de hacer por lo menos dos intentos de entrega, y si pasado
ese tiempo no es posible llevarlo a cabo, se debe dejar un aviso informando al
usuario sobre la posibilidad de recoger el objeto en la respectiva oficina de
atención8. De hecho, aportó copia de la guía del usuario de la empresa de mensajería
del caso, en la que se informa precisamente este procedimiento.
Como consecuencia de lo expuesto, aseguró que la notificación del acto se surtió
por conducta concluyente en el momento en que la demandante obtuvo respuesta
a la petición de información que radicó ante la DIAN, lo cual ocurrió el 08 de
septiembre de 2020. Por tanto, era desde esa fecha que debía contabilizarse el
término para la presentación del recurso de reconsideración, lo cual se hizo el 13
de octubre de ese mismo año; de modo que la DIAN no podía inadmitir el recurso,
pues este se radicó en tiempo. Concluyó que la inadmisión del recurso generó que
operara el silencio administrativo positivo en favor de la demandante, pues no se
dio respuesta al mismo dentro del año a partir de su interposición9.
Indicó que los tributos que siguen el modelo coercitivo le imponen a la
administración el deber de expedir un acto previo10 mediante el cual informen la
liquidación del tributo, la base gravable, así como los elementos fácticos y jurídicos
que sustentan la actuación. Cumplido el deber respectivo, el contribuyente tiene la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y controvertir los aspectos que
considere pertinentes.
3
La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: 25163 de 2021; 23334 de 2019; sentencia del 21 de mayo de
2020, rad. 11001-03-15-000-2020-00902; 23864 del 16 de julio de 2020.
4
Citó el artículo 167 del Código General del Proceso. La sentencia T-680 de 2007 de la Corte Constitucional. Las sentencias
21217 de 2015 y 22217 del Consejo de Estado.
5
Citó el artículo 745 del Estatuto Tributario.
6
La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: 18577 de 2012; 23864 del 16 de julio de 2020; 25163 de 2021;
23334 de 2019; 2020-00902 (AC) de 2020.
7
La cita jurisprudencial la hizo en los siguientes términos: Consejo de Estado, Sentencia del seis (6) de marzo de dos mil
ocho (2008), radicado 25000-23-27-000-2001- 02046-01(15411): ver igualmente, Sentencia del 12 de septiembre de
2002, radicado 25000-23-27-000-1999-0864- 01(12975); sentencia del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008) 66001-
23-31-000-2001-01173-02(15566). Ver también Sentencia del 4 de febrero de 2011 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, expediente 11001-33-31- 039-2009-00005-01
8
Citó el artículo 5.4.3.5. de la resolución 5050 de 2016; y los artículos 26 y 30 de la Ley 1369 de 2009.
9
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2016, exp. 19831, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
10
Citó las sentencias del Consejo de Estado en los siguientes términos: 21735 de 2017, 20078 de 2016, 20712 de 2016 y
21217 de 2015.
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En el caso concreto, la DIAN omitió este deber, pues el único acto que antecedió la
determinación de la contribución fue un requerimiento de información por medio del
cual se solicitó el envío de los contratos suscritos en el curso de los años 2014 y
2015. Dicho requerimiento de información, por su naturaleza no puede asimilarse a
un acto previo, pues no incluye la cuantificación específica del tributo respecto del
contrato de obra pública, ni los hechos y argumentos que fueron alegados en el acto
definitivo11. De manera que, con este acto la sociedad no podía anticipar que la
administración le iba a liquidar la contribución.
Señaló que la DIAN no tenía competencia funcional para liquidar la contribución de
obra pública, puesto que, para la época de los hechos, no existía una disposición
con rango de ley, que fijara en cabeza de la entidad dichas facultades. En particular
llamó la atención sobre las leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, de las cuales dijo
no es clara dicha delegación de funciones; y el Decreto 4048 de 2008 no tenía el
rango de ley para disponer dicha competencia.
Tampoco tenía competencia temporal, pues desde el momento en que se
suscribieron los contratos, el 31 de julio de 2014, hasta que se expidió la resolución
de determinación el 08 de septiembre de 2020, se excedió el término de cinco años
con que cuenta la administración para la liquidación y cobro del tributo.
Puso de presente que para el año 2014, la contribución de obra pública no estaba
vigente, pues la prórroga ordenada con la Ley 1421 de 2010, que inicialmente era
por cuatro años, se modificó mediante, la Ley 1430 de 2010, que reguló el tributo
de manera especial y estableció su vigencia en tres años. De manera que, el
impuesto no era aplicable a partir del 29 de diciembre de 2013. Con ello, para la
fecha en que se suscribieron los contratos no había un fundamento legal conforme
al cual pudiera surgir el deber de liquidar y pagar dicho tributo.
Aseguró que la liquidación de la contribución adoleció de falta de motivación en
tanto, no se explicaron los elementos del tributo ni los fundamentos de hecho y de
derecho que en criterio de la entidad demandada daban lugar a su surgimiento.
Sostuvo que la DIAN desconoció el precedente administrativo, pues respecto de
otros periodos en los que se analizaron contratos similares a los que dieron lugar a
la expedición de la resolución de determinación, la entidad concluyó que no se
configuró el hecho generador. De ese modo, se vulneró el principio de
coordinación12.
Señaló que la administración entendió de manera equivocada la sentencia de
unificación del Consejo de Estado en materia de la contribución de obra pública,
pues en esta se explicó que los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales, así como las actividades asociadas a los mismos, no pueden ser
entendidos como modalidad de obra pública, toda vez que, conforme al régimen de
contratación estatal, este tipo de acuerdos tienen una definición y tratamiento
especial. Por ello, la suscripción de dichos contratos no puede ser gravada con el
tributo.
Para el caso de la demandante, destacó que su objeto social y el contrato
cuestionado se vincula directamente con el transporte de petróleo crudo por
oleoductos (construcción de estación de bombeo del crudo), actividad que se relaciona
11
Citó las sentencias del Consejo de Estado con radicado 21718 y 21719.
12
Citó las sentencias T-224 de 1998; C-983 de 2005; y C-634 de 2011 de la Corte Constitucional.
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íntimamente con la exploración y explotación de hidrocarburos, y por esto no puede
entenderse como una tipología de obra pública 13. De hecho, la DIAN desconoció su
propia doctrina, ya que en el concepto 48027 de 2014 se había reconocido este
tratamiento.
Como argumento subsidiario, aseguró que, en virtud de los principios de igualdad,
confianza legitima, y seguridad jurídica, la sentencia de unificación no puede ser
aplicada en este caso, sino la línea jurisprudencial anterior, pues la suscripción del
contrato ocurrió en el año 2014, mientras que dicha providencia es del año 2020.
Así, la administración estaba en el deber de seguir el precedente judicial que estaba
vigente en ese momento, como es el caso de la sentencia del 14 de junio de 2018,
exp. 23319, del Consejo de Estado14, en la que se reconoció que la demandante
desarrollaba actividades relacionadas con la explotación y comercialización de
recursos naturales no renovables, y por lo mismo no estaba en el deber de liquidar
y pagar la contribución de obra pública.
Destacó que, el demandante no realizó el hecho generador del tributo porque no
corresponde a una entidad de derecho público, y en esa medida no se rige por las
reglas previstas en la Ley 80 de 1993.
Finalmente, indicó que, en gracia de discusión, debe tenerse en cuenta que el
tributo no se liquidó de forma correcta pues se tomó como base gravable la totalidad
del valor contratado, sin tener en cuenta que no todas las actividades comportan la
realización de actividades materiales sobre bienes inmuebles.
Oposición de la demanda
La DIAN pidió negar las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente15.
Afirmó en primer lugar que la notificación de la resolución de determinación se hizo
en debida forma, pues se realizó en la dirección informada en el RUT siguiendo el
procedimiento previsto en el Estatuto Tributario que permite la notificación por
correo mediante una empresa de mensajería especializada, y en el evento en que
no se pueda surtir la comunicación por ese medio, la administración está facultada
para notificar el acto por aviso, como efectivamente ocurrió.
La normativa no exige realizar varios intentos de notificación16 cuando se practica
en la dirección correcta, y las guías aportadas no desvirtúan el hecho de que la
demandante se rehusó a recibir la comunicación, lo cual consta en la guía del
correo, al igual que da cuenta que el sello plasmado en la misma corresponde al
distribuidor de la correspondencia. Agregó que, la constancia de correo se presume
auténtica y que la sociedad no demostró que fuera falsa conforme con el artículo
244 del Código General del Proceso. De allí que la presentación del recurso de
reconsideración fue extemporánea, y por esto, era procedente inadmitirlo y no se
configura el silencio administrativo positivo.
Derivado de esto, la demandante incumplió con uno de los presupuestos para acudir
a la jurisdicción, pues no agotó adecuadamente la discusión ante la administración
y por lo mismo, se debía declarar probada la excepción de inepta demanda.
13
Citó la sentencia del Consejo de Estado con radicado 23319.
14
También citó las sentencias con radicado 22536, 23319, 22939,22388, 23362, 22940.
15
Samai del tribunal, índices 13 y 23, relativos a la contestación de la demanda y su reforma.
16
Citó la sentencia del 19 de marzo de 2019, exp. 22360, C.P. Milton Chaves García; entre otras.
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Sobre la formación del acto de determinación señaló que no se incumplió con las
cargas de expedición del acto previo ni de motivación. Explicó que «el requerimiento
ordinario n.º 31241201700001 se emitió como complemento a un requerimiento previo del 21 de
octubre de 2016, bajo el n.º 312412016000013, que Ocensa respondió remitiendo información
mediante CD». Que, en tal requerimiento la administración solicitó a OCENSA rendir
explicación sobre la omisión en el pago de la contribución de obra pública,
señalando que se encontraba en la obligación de retener y pagar el tributo por el 5%
del valor de los contratos de obra, por lo cual también se requirió la información
respecto de dichos acuerdos, incluyendo el número 3802030 (objeto de los actos
acusados).
De manera que, desde el inicio de la actuación se comunicaron los motivos de hecho
y de derecho, que en criterio de la DIAN daban lugar al deber de liquidar el impuesto,
así como la base gravable y la tarifa, por ende, se garantizó el derecho de defensa
de la sociedad, como se verifica en las respuestas presentadas. Y aseveró que, a
la misma conclusión llegó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
contrato de obra pública frente a actos preparatorios similares.
Sostuvo que la DIAN tiene competencia para fiscalizar y liquidar la contribución de
contratos de obra pública cuando se tratan de aquellos suscritos con entidades
públicas del orden nacional, pues así lo prevé el Decreto 4048 de 2008. Que esta
tesis fue avalada también por la sentencia de unificación del tributo.
Calificó como equivocado el análisis de la demandante sobre la perdida de vigencia
del tributo, pues esta fue ampliada por la Ley 1421 de 2010, que es la norma que
reviste mayor especialidad frente a la Ley 1430 de 2010, en cuanto a la regulación
del gravamen.
Sobre la competencia temporal, señaló que la contabilización del término con el que
cuenta la administración para llevar a cabo la fiscalización se cuenta a partir de las
fechas en que se realizaron los anticipos o pagos, por ello la determinación oficial
del tributo fue oportuna.
Dijo que la resolución de determinación fue debidamente motivada, en tanto explica
las razones de hecho y derecho que sustentan la liquidación del tributo, y que las
decisiones de la administración a las que alude el demandante como contradictorias
se tratan de hechos diferentes al estudiado.
Sobre el objeto contractual debatido explicó que el mismo comprende la ejecución
de obras de movimiento de tierras, adecuación de áreas y construcción de vías en
la estación denominada Granjita. Que lo anterior, independientemente de que el
objeto social de OCENSA sea el transporte de hidrocarburos, de modo que, no
corresponde a un contrato de exploración y explotación de recursos naturales, y por
tanto, es procedente la imposición de la contribución especial.
Sostuvo que la sentencia de unificación del Consejo de Estado es clara en señalar
que la contribución de obra pública se causa en relación con los contratos suscritos
por las entidades de derecho público con independencia del régimen contractual
que les resulte aplicable. Ese tipo de entidades, son entre otras, las sociedades de
economía mixta con una participación estatal superior al 50%, como OCENSA.
Concluyó que se debe aplicar la sentencia de unificación dado el carácter vinculante
de ese tipo de providencias. Agregó que, la administración no desconoció su
doctrina como también se constató en dicha oportunidad. Y, que la contribución se
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liquidó correctamente en tanto no existe prueba de que las actividades relacionadas
en el contrato, como de logística para construcción y facilidades temporales, no
deban ser gravadas con el tributo.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad del auto inadmisorio del recurso de reconsideración y
de la resolución que lo confirmó, y negó las pretensiones de la demanda respecto
de la resolución de determinación del tributo, sin condenar en costas; con base en
las siguientes consideraciones:
En cuanto a la notificación del acto de determinación, explicó que en principio el
envío del auto por correo fue adecuado, pues fue remitido a la dirección informada
en el RUT, sin embargo, destacó que del acervo probatorio se pudo constatar que
durante los años 2017 y 2019 la demandante recibió múltiples notificaciones de
distintos destinatarios incluida la DIAN (entre estos, el requerimiento ordinario
312412017000001 de 2017 proferido en este proceso), sin que se constatara causal alguna
de devolución; por lo cual, se podía advertir sobre un posible error en el momento
de la notificación del acto por parte del operador de correos.
Concluyó que la DIAN omitió demostrar un actuar diligente17 en el trámite de la
notificación, pues si bien remitió el correo a la dirección que la demandante había
reportado en el RUT, la comunicación se devolvió con la anotación «no recibe
correspondencia», pese a que en el pasado se había recibido en esa misma ubicación
la notificación del requerimiento ordinario; y la demandada no hizo manifestación
alguna al respecto. De manera que, la notificación por aviso de la resolución de
determinación se efectuó de manera irregular.
A partir de lo anterior, sostuvo que la notificación del acto de determinación se
realizó por conducta concluyente el 8 de septiembre de 2020, esto es, cuando se le
suministró el acto, y el recurso de reconsideración fue interpuesto el 13 de octubre
de 2020 de forma oportuna. Por tanto, se encuentra demostrada la ilegalidad del
auto que inadmitió el recurso y su confirmatorio.
Que, sin embargo, «no es predicable en el presente caso el fenómeno jurídico del silencio
administrativo positivo, puesto que la inadmisión del recurso implica que la autoridad se pronunció
sobre el mismo, para indicar las razones por las cuales no le dio trámite, además, debe tenerse en
cuenta que el artículo 722 del ET se refiere a la interposición extemporánea del recurso de
reconsideración, que no es saneable, así pues, la autoridad no puede resolver un recurso, que en
principio no fue oportuno». De manera que, procede resolver el asunto de fondo.
Manifestó que, en el procedimiento, mediante el requerimiento ordinario
312412017000001 de 2017 se le puso de presente a la demandante que estaba en
el deber de pagar la contribución de obra pública en los términos del artículo 6 de la
Ley 1106 de 2006 y referenció los contratos respecto de los cuales surgió esa
obligación. Que, frente a ese acto, la demandante tuvo oportunidad de exponer los
argumentos que consideró pertinente para cuestionar la obligación de asumir el
pago del gravamen. De modo que, sí se cumplió la carga de emitir un acto previo
conforme los artículos 40 y 41 de la Ley 1437 de 201118.
17
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de junio de 2023, exp. 27184; y del 20 de junio de
2024, exp. 28196; ambas con C.P. Wilson Ramos Girón.
18
Al respectó precisó que no eran aplicables las normas de procedimiento previstas en el Estatuto Tributario, sino en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (o Ley 1437 de 2011). Como sustento de ello
citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 15 de julio de 2021, exp. 25466, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA
Sostuvo que la DIAN contaba con competencia funcional para expedir la liquidación
de la contribución especial, frente a lo cual puso de presente la sentencia de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado19 que ratificó esa facultad
conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997. Frente a la
competencia temporal, aseguró que la oportunidad para liquidar la contribución se
debe contar desde el momento en que se pagan los anticipos o pagos; de modo
que es a partir de este último evento que inicia la contabilización del término de
cinco años previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
Explicó que la vigencia de la contribución de obra pública de la Ley 1106 de 2006,
se prorrogó en virtud de la Ley 1421 de 2010, y aunque luego fue modificada por la
Ley 1430 de 2010, esta última no tuvo el efecto de derogarla tácitamente porque
aquella era una norma especial en materia del tributo; de modo que, para el año
2014 el gravamen estaba vigente20.
No encontró probada la falta de motivación21 de la liquidación del tributo, pues la
DIAN expuso las razones de hecho y de derecho que la llevaron a concluir que la
demandante debía pagar la contribución por contratos de obra pública, y sobre esa
base calculó el montó del tributo. Que en ese acto, se precisó la obligación de la
demandante de fungir como agente de retención, el concepto de contrato de obra
pública y de entidad de derecho público, así como las sanciones procedentes por
no realizar la contribución, y los demás elementos estructurales.
Manifestó que la DIAN no se apartó del precedente administrativo, pues las
actuaciones que cita el demandante se circunscriben a situaciones de hecho
diferentes, toda vez que recaen sobre operaciones relacionadas con las actividades
de explotación y comercialización de hidrocarburos; pero en el presente caso, el
contrato revisado tiene por objeto la ejecución de obras de movimiento de tierras,
adecuación de áreas y construcción de vías en la Estación Granjita. Y, que la tesis
expuesta en los actos demandados corresponde a la del concepto 48027 de 2014
de la DIAN.
Frente al cargo relativo a la observancia de la sentencia de unificación, precisó que
en esa providencia se aclaró que lo decidido sería aplicable salvo en los eventos en
que hubiere operado la cosa juzgada, la cual no se predica del caso estudiado.
Ahora, la regla sentada en esa ocasión consiste en que se entiende realizado el
hecho generador de la contribución de contratos de obra pública que se adelanten
con entidades de derecho público, con independencia del régimen contractual
aplicable.
Con fundamento en ello, señaló que, en el caso concreto, el contrato 802030 del 31
de julio de 2014, que dio lugar a la liquidación del tributo, es un contrato de obra
pública, porque conforme con su objeto tiene como propósito la realización de
actividades materiales sobre bienes inmuebles, y en esa medida, no corresponde a
la exploración y explotación de petróleo, por lo que se configura el hecho generador
de la contribución. Finalmente, aseguró que la contribución especial se debe calcular
a una tarifa del 5% sobre la cuantía del contrato, con lo cual no hay lugar a segregar
las actividades que no impliquen trabajos materiales sobre inmuebles.
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarse probadas.
19
Exp. 25000-23-37-000-2014-00721-01(22473), C.P. William Hernández Gómez.
20
Citó la sentencia C-100 de 2018 de la Corte Constitucional.
21
Citó el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, y las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de octubre de
2021, exp. 24239, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y de la Sección Segunda, Subsección B del 05 de julio de 2018,
exp. 0685-2010, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
8
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Recurso de apelación
La demandante presentó recurso de apelación en los siguientes términos22:
Cuestionó que el tribunal desconoció los efectos de nulidad del auto inadmisorio,
que conllevan a que opere el silencio administrativo positivo. Que la interpretación
que se realiza en la sentencia no tiene asidero en la jurisprudencia ni en la ley.
Explicó que, la declaratoria de nulidad tiene una consecuencia restitutoria 23, lo que
implica que el auto inadmisorio nunca existió y, por ende, el recurso de
reconsideración no fue resuelto, configurándose el silencio administrativo positivo,
que al ser una institución que opera de pleno derecho, es deber del juez de segunda
instancia declararlo.
Calificó la decisión como contradictoria, pues de un lado se afirma que la
administración erró en el trámite de notificación y que, por ello, la inadmisión del
recurso era improcedente; pero, por otro lado, sostuvo que con la decisión de
inadmisión se estudió el recurso y por ello, no operó el silencio administrativo
positivo. Que lo anterior, implicó una violación a la ley, el debido proceso y la
confianza legítima, pues desconoció que ante la omisión en la respuesta al recurso
se configuró el silencio administrativo positivo; el cual es una garantía de los
contribuyentes frente a la inacción de la administración, cuya falta de respuesta se
interpreta por expresa disposición legal como una resolución favorable al
peticionario24.
Afirmó que el a quo desconoció el precedente judicial25 en tanto en la jurisprudencia
del Consejo de Estado se ha explicado que, si el recurso de reconsideración no se
resolvió en término, la nulidad del acto de inadmisión da lugar a la declaratoria del
silencio administrativo positivo.
Cuestionó que el requerimiento ordinario que profirió la DIAN no podía entenderse
como un acto previo, pues no contenía la cuantificación precisa del tributo, la
justificación de cada una de las cifras relevantes, y los fundamentos fácticos y
jurídicos de la liquidación. Además, los actos preparatorios deben presentarse al
contribuyente como tal. En lugar de ello, el requerimiento ordinario estaba dirigido a
solicitarle información a la sociedad, y tanto es así, que se mencionó que la
consecuencia de su desatención era la imposición de la sanción por no enviar
información.
Así, ante la expedición de un requerimiento de información, un contribuyente
entiende que su situación impositiva está siendo verificada, que es distinto a que se
le informe que se va a expedir un acto administrativo mediante el cual se determine
una obligación a su cargo, lo que no ocurrió. Con ello, afirmó que el acto enviado no
tenía la naturaleza de previo o preparatorio, pues no es un acto de fiscalización que
dé paso a uno definitivo, y además, se limitó a solicitar información de los contratos,
y ni siquiera se refirió de manera expresa al acuerdo gravado. Todo lo cual impidió
a la sociedad ejercer su derecho de defensa antes de la determinación del tributo,
22
Samai del tribunal, índice 41.
23
Citó el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 1746 del Código Civil; y la sentencia del Consejo de Estado, Sala
Plena, del 13 de agosto de 2021, rad. 66001-33-33-001-2012-00141-01.
24
Citó la sentencia C-875 de 2011 de la Corte Constitucional. Las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del
14 de noviembre de 2019, exp. 22093; y del 10 de octubre de 2019, exp. 24089, ambas con C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; y del 25 de abril de 2018, exp. 21805, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 03 de mayo de 2018, exp.
22243. No refirió el consejero ponente.
25
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 16 de noviembre de 2023, exp. 27497, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; y exp. 14589 de 2007; exp. 19630 de 2007; exp. 15586 de 2008; exp. 21511 de 2017; exp.
21971 de 2018; y exp. 224461 de 2018 (no precisó la fecha ni refirió el consejero ponente).
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en tanto la respuesta presentada se hizo de manera general. Finalmente, sobre este
punto aseguró que la sentencia que citó el tribunal no es aplicable al caso, por
referirse a un supuesto de hecho diferente26.
Reiteró el cargo sobre la falta de motivación de la resolución de determinación, ya
que la DIAN se limitó a transcribir normas, conceptos y jurisprudencia, pero no
precisó cómo en el caso de la apelante, la suscripción del contrato 3802030 dio
lugar al hecho generador de la contribución. Añadió que la DIAN omitió el análisis
sobre la respuesta de la sociedad al requerimiento ordinario. Sostuvo que en el acto
no se realizó un estudio concreto sobre las obligaciones y prestaciones pactadas en
el contrato, sino que se limitó a la denominación o título que las partes le dieron al
acuerdo27. Agregó que se omitió la explicación sobre la sujeción pasiva, las bases
gravables y tarifas aplicables.
Frente al contrato que dio lugar al debate mencionó que el a quo desconoció los
artículos 6 de la Ley 1106 de 2006, 32 de la Ley 80 de 1993, 76 de la Ley 80 de
1993, 25, 99 y 110 del Código de Comercio, y el Decreto 1056 de 1953. Ello, por
cuanto el contrato 3802030 no estaba gravado con la contribución especial. Explicó
que de las cláusulas del acuerdo se deriva que el mismo está relacionado con la
actividad de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales
renovables y no renovables.
Precisó que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, regula todos los contratos
relacionados con las actividades de exploración y producción, como el del presente
caso que implica la realización de intervenciones en infraestructura para la
construcción de una estación de bombeo de crudo; actividad que se relaciona con
el transporte de hidrocarburos necesaria para la transformación y comercialización
de dicho recurso, y no puede calificarse como un contrato de obra pública que dé
lugar a la liquidación de la contribución.
Indicó que para la época de los hechos no existía disposición alguna que le
atribuyera a la DIAN la competencia para expedir la resolución de determinación.
Señaló que el único fundamento que refirió el tribunal fue la sentencia de unificación
de la Sala Plena del Consejo de Estado28, sin embargo, en esa providencia no se
analizó la competencia de la entidad para la determinación de la contribución, y por
ello, no es aplicable esa decisión en este punto de discusión. Insistió en que para la
época tampoco se había asignado la competencia conforme a las Leyes 418 de
1997, 1106 de 2006, y 1421 de 2010, ni con el artículo 1 del Decreto 4048 de 2008,
como lo señaló la demandada a lo largo del proceso.
Consideró que la administración actuó sin competencia temporal, cargo que no fue
objeto de análisis por parte del tribunal. Afirmó que el contrato se suscribió el 31 de
julio de 2014, y que cumplidos los cinco años para que se iniciara un proceso de
fiscalización, la DIAN no había notificado la resolución de determinación29. Aseguró
que, incluso si se contabilizara la oportunidad para iniciar el proceso de fiscalización
a partir del pago, la DIAN habría perdido competencia.
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de julio de 2021, exp. 25466, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 11 de marzo de 2021, exp. 23976, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; y del 08 de octubre de 2020, exp. 21742, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
28
Exp. 22473, C.P. William Hernández Gómez.
29
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 02 de marzo de 2017, exp. 20537. No refirió el consejero
ponente.
10
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Frente a la sentencia de unificación, consideró que el a quo incurrió en una
interpretación equivocada pues de las reglas que se sentaron no se limita el alcance
del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 a las actividades de exploración y explotación,
pues de esa norma se extrae que esas actividades también cobijan la
comercialización y actividades industriales. Con lo cual, los contratos cubiertos por
esta disposición no se pueden calificar como contratos de obra pública.
Precisó que, en el caso concreto, la actividad principal corresponde al transporte de
hidrocarburos, la cual hace parte de la industria de petróleo30, de manera que, las
modificaciones en la infraestructura se hicieron con el fin de permitir y desplegar ese
objeto.
Aseguró que el tribunal incurrió en una aplicación retroactiva de la sentencia de
unificación, pues el contrato, así como los actos acusados corresponden a hechos
anteriores a su vigencia, y en ese entendido, se vulneran los derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, libertad, igualdad, seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima31. Además, que esa decisión fue objeto de varios
salvamentos de votos, de manera que no fue unánime.
Manifestó que en la sentencia de primera instancia se desconoció que algunas
prestaciones del contrato no implicaron un trabajo material sobre bienes inmuebles.
Frente a lo cual presentó una relación de las facturas expedidas por el proveedor,
de las cuales refirió prestaciones de servicios que escapan a la definición de obra
pública de la Ley 80 de 1993, y sobre las cuales no es posible liquidar la contribución
especial. En concreto señaló que se debe detraer de la base un total de
$4.796.670.996, que corresponde a un menor valor del tributo de $239.833.549.
Oposición a la apelación
La DIAN pidió confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que se ajustó
a derecho32, relacionado los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, entre estos, el relativo a que la demandante no agotó el requisito de
procedibilidad establecido en el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia al
encontrar que se fundó en las normas y jurisprudencia aplicable al caso, y se respetó
el procedimiento aplicable33.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de los actos acusados que
determinaron a cargo de OCENSA la contribución por contratos de obra pública por
el año 2014.
30
Citó los artículos 4, 45 y 46 del Código de Petróleos.
31
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 25 de abril de 2018; de la Sección Cuarta, del 04 de mayo
de 2011, exp. 19957; y de la Sala Plena, sentencia de unificación rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01; la sentencia T-
416 de 2016 de la Corte Constitucional; y transcribió sin identificarlo, apartes de un pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Además, hizo referencia a las siguientes sentencias, sin identificar la fecha ni los
consejeros ponentes: 22536 de 2018; 23319 de 2018; 22939 de 2018; 22388 de 2018; 23362 de 2018; y 22940 de 2018.
32
Samai, índice 11.
33
Samai, índice 13.
11
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1. Problema jurídico
En concreto, atendiendo en orden los cargos de procedimiento y del fondo del
asunto que se encuentran en discusión, procede la Sección a decidir si: i) se
configura una violación al debido proceso por la omisión en la expedición de un acto
previo; ii) la DIAN tenía competencia temporal y funcional para expedir la resolución
de determinación del tributo; iii) operó el silencio administrativo positivo en favor de
la demandante, en el entendido de que los actos mediante los cuales se inadmitió
el recurso de reconsideración se declararon ilegales por parte del a quo; iv) la
resolución de determinación incurre en falta de motivación; v) se configura el hecho
generador de la contribución de obra pública; vi) se presenta una indebida aplicación
de la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado34; vii) la liquidación de la
contribución especial fue errada por incluir en la base gravable actividades que no
comportan la realización de obras materiales sobre bienes inmuebles.
Previo a resolver los anteriores cargos, se pone de presente que, en la oposición a
la apelación, la demandada reiteró los argumentos de la contestación, en particular,
el relativo a que la demandante no agotó el requisito de procedibilidad de
presentación de los recursos obligatorios ante la administración, frente a lo cual, se
precisa que el mismo fue decidido por el tribunal declarando no probada la
excepción de inepta demanda en el auto del 19 de junio de 202435.
En todo caso, al igual que lo decidió el tribunal, la Sección no encuentra probada de
oficio dicha excepción, pues como se constató en la sentencia de primera instancia,
la demandante presentó recurso de reconsideración el 13 de octubre de 2020 de
forma oportuna, sin que ello hubiere sido apelado por la demandada. De manera
que, la DIAN no desvirtuó el hecho de que OCENSA ejerció el recurso exigido en la
ley como requisito para la interposición de la demanda. 36
2. Expedición de acto previo
El tribunal encontró que, en el procedimiento de determinación, el requerimiento
ordinario 312412017000001 de 2017 constituía un acto previo, pues le puso de
presente a OCENSA que estaba en el deber de pagar la contribución de obra pública
en los términos del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y referenció los contratos
respecto de los cuales surgió esa obligación; de manera que, la sociedad tuvo la
oportunidad de cuestionar la liquidación y pago del tributo.
Para el apelante, el citado requerimiento no puede entenderse como un acto previo,
pues no contiene la cuantificación precisa del tributo, ni los fundamentos fácticos y
jurídicos de la liquidación, así como tampoco hizo referencia expresa al contrato
objeto del gravamen. Además, los actos preparatorios deben presentarse al
contribuyente como tal, y en este caso, el requerimiento solo estaba dirigido a
solicitar información a la sociedad de los contratos, lo que se corrobora en el hecho
de que establece como consecuencia de su desatención, la imposición de la sanción
por no enviar información.
34
Exp. 22473, C.P. William Hernández Gómez.
35
Samai tribunal, índice 29.
36
La Sala advierte, a diferencia del caso que se analiza, que en la sentencia del 29 de mayo de 2025, dictada en el exp.
28802, M.P. Wilson Ramos Girón, se resolvió un asunto con similitudes fácticas, sin embargo, en ese caso el tribunal
negó las pretensiones de nulidad contra el auto inadmisorio del recurso de reconsideración, decisión que fue confirmada.
12
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Que, por lo anterior, la demandante solo tuvo conocimiento de que su situación
impositiva estaba siendo verificada, pero no que se le iba expedir un acto de
determinación de una obligación tributaria. Lo que impidió a la sociedad ejercer su
derecho de defensa antes de la determinación del tributo, en tanto la respuesta
presentada se hizo de manera general. Y que la sentencia que citó el tribunal no es
aplicable al caso, por referirse a un supuesto de hecho diferente37.
A su vez, debe tenerse en cuenta la defensa de la DIAN presentada en la oposición
de la demanda, en la que afirmó que «el requerimiento ordinario n.º 31241201700001 se
emitió como complemento a un requerimiento previo del 21 de octubre de 2016, bajo el n.º
312412016000013, que Ocensa respondió remitiendo información mediante CD». También
sostuvo que en el requerimiento solicitó a OCENSA rendir explicación sobre la
omisión en el pago de la contribución de obra pública, señalando que se encontraba
en la obligación de retener y pagar el tributo por el 5% del valor de los contratos de
obra, por lo cual también requirió la información respecto de dichos acuerdos,
incluyendo el número 3802030 (objeto de los actos acusados). Y aseveró que, a la misma
conclusión llegó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del contrato de
obra pública frente a actos preparatorios similares.
Sobre la obligación de expedir un acto previo, esta Sección ha señalado que
aquellos actos administrativos que liquidan tributos, bien porque modifiquen las
declaraciones privadas o porque impongan una obligación que no fue declarada o
en la que no existía la obligación formal de declarar (liquidación de aforo), deben estar
precedidos de un acto previo en que se manifiesten las razones de la liquidación,
de manera que el contribuyente pueda ejercer el derecho de defensa en sede
administrativa38; posición que fue reiterada en la sentencia de unificación de la
contribución de obra pública 2020-CE-SUJ-SP-001 de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 25 de febrero de 2020 (exp. 22473, CP: William Hernández Gómez).
En efecto, esta Sección en la sentencia del 15 de julio de 2021 proferida dentro del
radicado interno 2546639 precisó que:
[Q]ue las normas que rigen el impuesto denominado «contribución de obra pública» no
establecieron que, en el procedimiento de determinación del tributo, fueran aplicables las
disposiciones previstas en el ET para el procedimiento de aforo. De ahí que, para juzgar el
cargo de violación del debido proceso por ausencia de actos previos, sea necesario verificar
si las actuaciones censuradas transgredieron los lineamientos generales establecidos en el
CPACA sobre el particular, que no los específicos contemplados en el ET para aforar. Al
respecto, los artículos 40 y 42 del CPACA exigen que en las actuaciones administrativas
iniciadas de oficio se le permita al administrado aportar medios de prueba y discutir aquellos
recabados por la Administración y que la decisión de fondo solo se produzca después de que
se le haya dado oportunidad al administrado para manifestar su posición. Lo anterior supone
que, antes de que se profiera una decisión administrativa, se hayan puesto en conocimiento
del interesado los hechos que suscitaron la actuación oficiosa y los fundamentos de derecho
en los que se basarían las decisiones a adoptar, a fin de que pueda controvertir hechos y
fundamentos anunciados. De modo que, solo en la medida en que el acto administrativo
definitivo sea expedido de manera sorpresiva, sin convocar al administrado para su
producción, se entenderá que estaría viciada de nulidad la actuación administrativa, por
violación del debido proceso.
37
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de julio de 2021, exp. 25466, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
38
Ver, entre otras, sentencia del 12 de noviembre de 2015, (Exp. 20633), C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia,
sentencia del 25 de octubre de 2017 (Exp. 20499), C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia del 18 de octubre
de 2018 (Exp. 22892), C.P. Dr. Milton Chaves García.
39
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Reiterada en la sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 29897, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00260-01 (30252)
Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA
Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que en cada caso en particular se
debe determinar si el requerimiento ordinario cumple con los requisitos establecidos
para ser tratado como un acto previo, se procede a analizar el requerimiento
ordinario expedido en el procedimiento cuestionado, para estudiarlo de forma
paralela con el acto previo analizado en la sentencia de unificación, en la medida
que, según la parte demandada son similares:
Requerimiento ordinario 312412017000001 del Acto previo objeto de análisis en la sentencia de
23 de marzo de 201740 unificación
La suscrita Jefe de la División de Gestión de De conformidad con lo señalado en la Ley 1106
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de 2006 por medio de la cual se prorroga la vigencia
de Grandes Contribuyentes, en uso de las facultades de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por
otorgadas en los artículos 560, 691 del Estatuto las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y en especial
Tributario, artículos 46 numeral 2 y 47 del Decreto lo establecido en su artículo 6º inciso 1º cuyo texto
4048 de 2008, artículo 7 de la Resolución 009 de reza “todas las personas naturales o jurídicas que
2008, Resolución No. 708 del 10 de febrero de 2015 suscriban contratos de obra pública, con entidades
y de conformidad con lo señalado en la Ley 1738 del de derecho público o celebren contratos de adición
18 de diciembre de 2014, en la que se prorroga la al valor de los existentes deberán pagar a favor de la
Ley 1106 de 2006, inciso primero del artículo 6°, Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al
cuyo texto reza: (…) cual pertenezca la entidad pública contratante, una
contribución equivalente al cinco (5%) del valor total
En armonía con el Decreto 3461 de 2007, la del correspondiente contrato o de la respectiva
sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. se adición …”, en armonía con el contenido del Decreto
encontraba en la obligación de retener y pagar la 3461 de 2007, esa entidad se encontraba en la
contribución especial del 5% del valor total de los obligación de retener y pagar la contribución
contratos de obra y sus respectivas adiciones, especial del 5% del valor total de los contratos de
celebrados a partir de la vigencia de la Ley. obra pública y sus respectivas adiciones,
celebrados a partir de la vigencia de la ley.
Por lo anterior y de acuerdo con el análisis parcial
para el año gravable 2014 y 2015, realizado a la Conforme con lo anterior y de acuerdo al listado
información enviada mediante CD con ocasión a anexo de contratos y adiciones suscritos por
la respuesta al Requerimiento Ordinario No. Ecopetrol durante los años 2007 y 2008, en uso
312412016000013 del 21 de octubre de 2016, y de las facultades consagradas en los artículos
como complemento del mismo, comedidamente 684, 686 y 691 del Estatuto Tributario, le solicito
solicitamos allegar fotocopia de cada uno de los suministrar dentro de los 15 días calendario
contratos suscritos a partir del 1º de enero al 31 siguientes al recibo de la presente comunicación,
de diciembre del año 2014 y 1º de enero a 31 de la prueba de pago de la respectiva contribución.
diciembre del 2015 relacionados en el listado En su defecto, sírvase rendir la explicación a la
adjunto (anexo 1), indicando: omisión de dicha obligación.
• Número del contrato La respuesta al presente deberá ser dirigida a la
• Nombre o razón social del contratista División de Liquidación de la Dirección Seccional de
• NIT del contratista Impuestos de Grandes contribuyentes. (Énfasis del
texto)
• Fecha de suscripción del contrato
• Adiciones y mayores valores que incrementen el
valor inicial
• Acta de liquidación final
• Prueba de pago de la referida contribución,
adjuntando la factura correspondiente.
(…)
SANCIÓN: No suministrar la información
solicitada dentro del término señalado en el inciso
anterior o cuyo contenido presente errores o no
corresponda a lo solicitado dará lugar a la sanción
establecida en el artículo 651 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 289 de la Ley
1819 de 2016.
40
Samai del tribunal, índice 2. Pág. 80 a 82.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Oleoducto Central S.A. - OCENSA
Se pone de presente que el anexo 1 del requerimiento cuestionado corresponde a
una «Relación contratos suscritos durante los años gravables 2014 y 2015», que enlista
múltiples contratos referenciados únicamente por su número, incluyendo el 3802030
que fue objeto del tributo determinado en la actuación acusada.
Así las cosas, se observa que, si bien ambos actos coinciden en ciertos apartes,
también distan de otros aspectos, en particular, el requerimiento 312412017000001
de 2017: i) anuncia que dicho acto es complemento de otro requerimiento de
información, ii) solicita información de los contratos suscritos a partir del año 2014
hasta 2015, exigiendo que se suministren ciertos datos de forma detallada (número
de contrato, nombre contratista, Nit, fecha suscripción del contrato, adiciones de los acuerdos, acta
de liquidación y prueba de pago) y, iii) le comunica a la sociedad que en caso de no
entregar la información se le impondrá la sanción del artículo 651 del Estatuto
Tributario (sanción por no enviar información).
De manera que, contrario a lo señalado por la demandada, el mencionado
requerimiento no tiene las mismas características del acto previo analizado en la
sentencia de unificación, pues precisamente, las destacadas diferencias le otorgan
una naturaleza distinta, la de un requerimiento de información, veamos:
El hecho de que el documento informe que es un acto complementario de un
requerimiento de información, como también lo afirmó la DIAN en la oposición de la
demanda, desconoce que sea una resolución que tenga por objeto iniciar una
actuación administrativa de determinación del tributo, porque el acto previo no
puede estar compuesto de dos actuaciones administrativas, sino que en el
procedimiento tributario debe expedirse uno solo en el que se le establezca la
obligación a cargo, en garantía del debido proceso, la confianza y seguridad jurídica
de los administrados.
Además, cuando se indica que el requerimiento cuestionado es complemento de
otro requerimiento de información, se reconoce que tienen la misma naturaleza, la
de un acto que solicita cierta documentación.
A su vez, el requerimiento analizado solicita información específica sobre ciertos
aspectos de los contratos de los años 2014 y 2015 (número de contrato, nombre
contratista, Nit, fecha suscripción del contrato, adiciones de los acuerdos, acta de liquidación y
prueba de pago), datos que advierte la Sección, resultan necesarios para la
determinación de la contribución, lo cual pone en evidencia que, en ese momento,
aún la administración no contaba con la verificación de los hechos que originan la
obligación tributaria, y que por ello, solicitaba la documentación requerida.
De manera que, dicho acto lo que exige es una información sobre los contratos y de
si se efectuó el pago de la contribución, y en tal sentido, en el mismo no se determina
la existencia de una obligación tributaria, sino que se repite, lo que busca es
constatarla.
Todo lo anterior, se ratifica en que el acto analizado le comunicó a la sociedad que
si no suministraba los datos y documentos solicitados le sería impuesta una sanción
por no enviar información, la cual solo se impone por la desatención de un
requerimiento de información de la administración, y no por efectos de la
determinación de un tributo, pues en dicho evento, lo que cabría sancionar es otra
infracción: la falta de declaración y/o pago del tributo.
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Así, aunque en el acto se indica que la sociedad estaba en la obligación de retener
y pagar la contribución especial del 5% del valor total de los contratos de obra, no
puede desconocerse que al señalársele también que el acto era complemento de
un requerimiento de información, que debía suministrar ciertos datos específicos de
los contratos y que de no allegarse se le impondría una sanción por no enviar
información, dicha actuación no tenía por objeto el cobro del tributo, sino el
suministro de información de los contratos. Mas todavía, cuando el requerimiento
no se refiere a un año gravable, contrato en específico, o base gravable, sino que
se limita a solicitar datos de los contratos celebrados entre el año 2014 y 2015.
A su vez, debe tenerse en cuenta que, el anexo que se adjunta al requerimiento
únicamente relaciona los contratos distinguiéndolos por el número, sin especificar
su valor, lo que sumado a que entre los documentos requeridos se encuentra el acta
de liquidación de los contratos, acredita que aún no se había determinado la
existencia y el valor de la obligación, y que solo se estaba en la etapa de verificación.
Por las anteriores razones, no puede entenderse que la respuesta al requerimiento
presentada por el actor41 corresponda al ejercicio del derecho de defensa respecto
de un acto previo, pues ante el contenido del acto, la demandante se pronunció de
manera general sobre la configuración del hecho generador, y debido a la falta de
determinación de la obligación no pudo controvertir el contrato gravado (3802030), la
base gravable, entre otros elementos del tributo. En tal sentido, es claro que para el
momento en que se expidió el requerimiento ordinario no se le había puesto en
conocimiento a la sociedad los hechos que originan la actuación oficiosa.
Finalmente, se precisa que, en este caso, tampoco es aplicable la sentencia que
menciona el tribunal (sentencia del 15 de julio de 2021, radicado interno 25466) pues el acto
previo analizado en la misma tampoco contiene los aspectos detallados que
caracterizan el requerimiento aquí cuestionado.
Así, se evidencia que el requerimiento en efecto tuvo como finalidad solicitarle a la
apelante el envío de información relativa a las operaciones susceptibles de generar
la obligación de retener y pagar la contribución de obra pública. De modo que tiene
razón la apelante al señalar que la naturaleza del acto referido no era otra que
recaudar información con el ánimo de verificar sus obligaciones por concepto de la
contribución de obra pública.
En consecuencia, se advierte la omisión del deber de expedir un acto previo a través
del cual se pusiera en conocimiento el monto de la obligación y los motivos de hecho
y de derecho que dieron lugar a la misma, y en esa medida, se configura una
violación al debido proceso, que vicia de nulidad los actos demandados, lo que hace
innecesario estudiar los demás aspectos de la apelación, por sustracción de
materia. Prospera el recurso de apelación.
3. Decisión
Teniendo en cuenta que prospera la apelación de la demandante, la Sección
revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declarará la nulidad de los
actos demandados. Como restablecimiento del derecho se dispondrá que la
sociedad Oleoducto Central S.A. no está obligada al pago de los valores
determinados en el acto anulado.
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Samai tribunal, índice 12. Página 17 a 19 Ca1.
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4. Condena en costas
En cuanto a la condena en costas, en virtud del numeral 4 el artículo 365 del Código
General del Proceso y según el criterio mayoritario de la Sección contenido en la
sentencia del 23 de septiembre de 202542, como la Sección revocó la sentencia
dictada por el a quo que declaró la nulidad del auto inadmisorio y su confirmatorio
demandado y negó las demás pretensiones de la demanda, para en su lugar,
declarar la nulidad de todos los actos demandados, procede la condena en costas
a la demandada en ambas instancias.
Al efecto, se tasan las agencias en derecho un (1) salario mínimo mensual legal
vigente por cada una de las instancias. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena pues en el expediente no se verifica su causación ni
comprobación. Por lo expuesto, se condenará al reconocimiento de agencias en
derecho en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 06 de febrero de 2025.
2. Declarar la nulidad de la resolución de determinación 31241201900004 del 11
de junio de 2019, por medio de la cual liquidó la contribución por contratos de
obra pública a cargo de la sociedad Oleoducto Central S.A. (en adelante,
OCENSA), por el año 2014, y del auto inadmisorio 001424 del 07 de diciembre
de 2020 y el auto confirmatorio 000008 del 07 de enero de 2021.
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
se declara que Oleoducto Central S.A., no está obligada al pago de los valores
determinados en el acto anulado.
3. Condenar en costas en ambas instancias, según lo explicado en la parte
motiva. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo
incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
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Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto
Señor ciudadano, este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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