Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00266-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00266-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00266-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
8 de agosto de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00266-01 (28328)
Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P. – GASCARIBE S.A. E.S.P.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00266-01 (28328)
Demandante: GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. – GASCARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Temas: Contribución adicional – año 2020. L. 1955 de 2019 (art. 314)
Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Excepción de inconstitucionalidad. Situación jurídica
consolidada. Efectos nulidad de acto administrativo general.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 7 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó la excepción de
inconstitucionalidad formulada por la actora (ordinal primero) y las pretensiones de la
demanda (ordinal segundo) y no condenó en costas (ordinal tercero).
ANTECEDENTES
El artículo 18 de la Ley 1955 de 20191 modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por
medio del cual creó la contribución especial a favor de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) para recuperar los costos de los servicios de
control y vigilancia que presta a las entidades sometidas a regulación.
El artículo 314 de la citada ley autorizó el cobro de una contribución adicional a la
regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, cuya base gravable es igual a la de la
contribución especial y la tarifa corresponde del 1%. El recaudo del tributo se destinará
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, la SSPD fijó la tarifa
de la contribución especial y la de la contribución adicional, ambas a cargo de las
entidades sometidas a inspección, vigilancia y control, para la vigencia 2020.
Con fundamento en la anterior resolución, mediante Liquidación Adicional SSPD
20205340050006 de 25 de agosto de 2020, la SSPD fijó a cargo de Gases del Caribe
S.A. E.S.P - Gascaribe S.A. E.S.P (en adelante Gascaribe), la contribución adicional
autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, vigencia 20202.
1 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
2 Expediente digital, índice 2 SAMAI.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00266-01 (28328)
Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P. – GASCARIBE S.A. E.S.P.
FALLO
Gascaribe presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la
liquidación de la contribución adicional, decisión que fue confirmada en las Resoluciones
SSPD 20215300005185 del 25 de febrero de 20213 y 20215000017215 de 14 de abril de
20214, que, en su orden, resolvieron los recursos interpuestos.
DEMANDA
Gases del Caribe S.A. E.S.P- Gascaribe S.A. E.S.P, en ejercicio del medio de control de
previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de: i) La Liquidación Oficial Contribución Adicional
2020 con radicado No. 20205340050006 mediante la cual se liquida la contribución
adicional de la empresa GASCARIBE para la vigencia del año 2020, en su integridad;(ii)
La Resolución No. SSPD – 20215300005185 de 2020 (sic) “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición [….]; y (iii) La Resolución No. SSPD – 20215000017215 de 14 de
abril de 2021, por la cual se resuelve el recurso de apelación [...].
PRIMERA SUBSIDIARIA: Que en subsidio de la PRETENSIÓN PRIMERA, se declare
que el acto administrativo – Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No.
20205340050006, […], perdió fuerza ejecutoria por haber desaparecido sus fundamentos
de derecho, de conformidad con el artículo 91 del CPACA.
SEGUNDA: Que se declare que al resolver los recursos interpuestos contra la Liquidación
Oficial SSPD No. 20205340050006 de 25 de agosto de 2020, mediante las Resoluciones
No. SSPD 20215300005185 de 2021 y No. SSPD 20215000017215 de 2021, la SSPD
debió acceder a la petición que hizo GASCARIBE de que se cumpliera con el artículo 4º
de la Constitución para que, vía excepción de inconstitucionalidad, se inaplicaran los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, por ser contraria a la Constitución desde cuando
fue expedida.
TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de la PRETENSIÓN PRIMERA,
PRIMERA SUBSIDIARIA y/o SEGUNDA, una o cualquiera de ellas, y para restablecer el
derecho lesionado de Gascaribe y reparar el daño, se ordene a la SSPD abstenerse de
cobrar a Gascaribe la contribución adicional de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, correspondiente al año 2020 y a los años siguientes.
CUARTA: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS al pago de todas las costas y agencias en derecho del proceso, si se
llega a oponer a esta demanda.”
La demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 4, 29, 338, 363, 365 y 367 de la Constitución Política.
• Artículo 91 (2) del CPACA.
• Artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
• Artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019.
Sobre el concepto de la violación, la demandante expuso, en síntesis, lo siguiente:
Vicios de los actos demandados por violación directa de la Constitución. Los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, que sirvieron de fundamento para liquidar la
3 Expediente digital, índice 2 SAMAI
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FALLO
contribución adicional fueron declarados inexequibles mediante sentencias C-464 del 28
de octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020. En consecuencia, al
desaparecer del ordenamiento jurídico las normas que les sirvieron de fundamento,
procede la nulidad de los actos administrativos demandados.
Aunado al anterior argumento, la liquidación de la contribución adicional es incompatible
con los artículos 95 (9) y 363 de la Constitución Política por violar los principios de justicia
y equidad tributaria, al liquidar un segundo tributo, adicional al del artículo 85 de la Ley
142 de 1994, que grava un mismo hecho económico respecto del mismo sujeto pasivo,
con igual base gravable e idéntico sujeto activo destinatario del gravamen.
También viola el artículo 338 de la Constitución Política porque del tratamiento que la ley
le ha dado al fondo empresarial de la SSPD y las funciones de la entidad demandada se
evidencia que la contribución adicional no representa un beneficio para los prestadores
de servicios que no se encuentran en toma de posesión.
Asimismo, la contribución adicional constituye una carga excesiva para la demandante
pues no tiene en cuenta su capacidad económica. Es incompatible con el artículo 365
constitucional, en lo referente al deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de
los servicios públicos. Y es contraria a la Ley 142 de 1994 por violar los principios de
eficiencia económica y suficiencia financiera, ya que la contribución adicional no es
reconocida a la empresa por vía de la tarifa.
Igualmente, la base gravable de la contribución adicional es inconstitucional ante la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, decisión que tiene
efectos inmediatos y afecta los actos demandados.
No es cierto que existió una situación jurídica consolidada para la demandante y que, por
lo tanto, la obligación de pago surgió, dado que se interpusieron los recursos de ley y la
liquidación no quedó en firme. Igualmente, se interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Falta de motivación y violación del debido proceso. En la actuación administrativa, la
SSPD no se pronunció de fondo frente a la excepción de inconstitucionalidad propuesta
por la demandante, a pesar de la evidente incompatibilidad de los artículos 18 y 314 de
la Ley 1955 de 2019 con la Constitución Política. Además, la demandada incurrió en vía
de hecho y violación al debido proceso porque insistió en ejecutar el acto que liquidó la
contribución adicional, aunque operó la pérdida de fuerza ejecutoria de éste porque las
normas en las que se fundó fueron declaradas inexequibles.
Violación del principio de legalidad por aplicar leyes contrarias a la Constitución
Política. El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que establece la base gravable de la
contribución adicional liquidada en los actos demandados, se declaró inexequible por la
Corte Constitucional con efectos inmediatos. Así que los actos acusados, al reproducir
una norma inconstitucional, debieron correr la misma suerte que la norma legal. Sin
embargo, con dichos actos, la SSPD insiste en mantener el cobro de la contribución a la
demandante, con lo que se vulnera el principio de legalidad.
Pérdida de ejecutoria del acto administrativo. Ante la declaratoria de inexequibilidad
de las normas legales en que se sustentaron los actos acusados, particularmente la
disposición que liquidó la base gravable, estos perdieron fuerza de ejecutoria, según lo
dispuesto en el artículo 91 (2) del CPACA.
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Excepción de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. La SSPD
debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad debido a la incompatibilidad entre la
Constitución Política y el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que fue declarado
inexequible en las sentencias C-464 y 484 de 2020.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SSPD se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
En la expedición de los actos demandados se respetó el debido proceso y el principio de
legalidad, al aplicar la Constitución y las normas que establecen el cobro de la
contribución.
Los cargos de la demanda se refieren directa o indirectamente a la inconstitucionalidad
de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, normas que sirvieron de fundamento a
los actos acusados. Así que la demandante reconoció la correcta aplicación de las
normas legales en los términos en que fueron reglamentadas por el Decreto 1150 de
2020 y las Resoluciones SSPD – 20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SSPD –
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, que están vigentes y gozan de presunción
de legalidad.
Si bien es cierto que la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 18 y 314
de la Ley 1955 de 2019, también decidió expresamente preservar la aplicación de estas
normas para que produjeran efectos durante el periodo 2020. Y los tributos causados en
ese año constituyen una situación jurídica consolidada, como lo precisaron la Corte
Constitucional, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021, y el Consejo
de Estado, al estudiar la legalidad del acto general que fijó la contribución especial para
el año 20205.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó la excepción de inconstitucionalidad y las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas, por las siguientes razones6:
No se estudiaron los cargos relacionados con la violación del principio de irretroactividad
y violación de derechos fundamentales durante el trámite administrativo porque fueron
expuestos en los alegatos de conclusión, esto es, constituyen cuestionamientos nuevos
no incluidos en la demanda.
No procede la excepción de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible, pero con efectos diferidos en el
tiempo. Así, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020, la Corte señaló que, para el año
gravable 2020, operaba el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Por tanto, no se puede
inaplicar dicha disposición por vía de excepción, pues sería contradecir lo precisado por
la Corte.
Igual consideración procede respecto de la inaplicabilidad del artículo 314 de la Ley 1955
de 2019, pues en la sentencia C-147 de 2021, la Corte Constitucional precisó la
inexequibilidad de dicha norma de forma inmediata, pero con efectos hacia el futuro.
5 Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
6 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.
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Entonces, para proteger los principios de seguridad jurídica y buena fe, la Corte advirtió
que las contribuciones causadas antes de la sentencia podían ser cobradas. Así que, a
pesar de la contrariedad del artículo 314 ibídem con la norma superior, para el año
gravable 2020, la SSPD estaba facultada para cobrar la contribución adicional, pues
según la Corte Constitucional, para la vigencia señalada se había causado el tributo
conforme con la ley.
La anterior consideración debe entenderse apoyada con el pronunciamiento de 26 de
mayo de 2022 del Consejo de Estado7, en el que se consideró que la inconstitucionalidad
del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 no constituye motivo suficiente para declarar la
nulidad del Resolución General SSPD – 202010000033335 de 20 de agosto de 2020,
toda vez que para dicha vigencia la causación del tributo se materializaba plenamente,
configurándose una situación jurídica consolidada por el año 2020.
El razonamiento en mención resulta aplicable para la contribución adicional establecida
en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por cuanto en el año 2020 la contribución podía
ser cobrada por la SSPD al causarse antes del 20 de mayo de 2021, fecha en la que se
expidió la sentencia C-147 de 2021.
Ahora bien, los argumentos de la demandante se refieren a los mismos vicios advertidos
por la Corte Constitucional en la sentencia de inexequibilidad del artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, lo que lleva a las mismas conclusiones adoptadas por el Consejo de
Estado en la providencia de 26 de mayo de 2022, esto es, que las argumentaciones
escapan al objeto del presente proceso, que se circunscribe al análisis de la legalidad de
los actos que determinaron a la actora la contribución adicional por el año gravable 2020.
Analizar los actos demandados con base en los planteamientos dirigidos a la
constitucionalidad de la norma que los fundamenta, cuando la jurisdicción constitucional
efectuó pronunciamiento al respecto, sería desconocer los efectos de cosa juzgada de la
sentencia de inexequibilidad.
En cuanto a que en el caso de la demandante no hay una situación jurídica consolidada,
como se indicó, a pesar de su contrariedad con la norma superior, la contribución
adicional autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 podía ser cobrada por la
SSPD al causarse conforme a la ley y con anterioridad a la fecha de la providencia de
inexequibilidad. Al margen de si el gravamen fue objeto de recursos en sede
administrativa y se encuentra en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa,
si éste se causó para la vigencia 2020 en los términos referidos, debe someterse a los
efectos diferidos impartidos por la Corte Constitucional, sin excepción.
De otra parte, los actos demandados están motivados conforme lo exigen el artículo 712
del ET y la jurisprudencia del Consejo de Estado, al establecer el periodo gravable, el
nombre y la identificación del contribuyente, las bases de cuantificación del tributo y el
monto a pagar. Además, indicaron las normas que sirvieron de fundamento para efectuar
la determinación de la base gravable y la tarifa de la contribución. Asimismo, en el acto
que resolvió el recurso de reposición contra la liquidación de la contribución adicional, la
demandada sí se pronunció sobre la excepción de inconstitucionalidad del artículo 314
de la Ley 1955 de 2019. De forma que no se vulneró el debido proceso.
7 Sentencia del 26 de mayo de 2022, Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Finalmente, no existe pérdida de fuerza ejecutoria de los actos demandados porque para
el año 2020, objeto de litigio, el artículo 314 ibídem operaba con plenos efectos, en virtud
de la presunción de constitucionalidad que lo cobijaba para dicho periodo. Por tanto, la
entidad demandada estaba facultada para cobrar el tributo.
No se condenó en costas por no estar probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia por las razones siguientes8:
Aunque en la sentencia apelada se anunció un análisis de los cargos de la demanda, el
Tribunal partió de un supuesto equivocado, al indicar la imposibilidad de decidir el fondo
del asunto, en razón a la facultad de la Corte Constitucional de modular los efectos de
las normas declaradas inexequibles, así como el alcance de la misma.
El Tribunal asumió que la nulidad de los actos demandados por infracción de la
Constitución se encuentra sometida a la función del control constitucional ejercida por la
Corte Constitucional sobre las leyes. Asimismo, entendió que: (i) el objeto del litigio era
igual al decidido en sentencias C-484-20 y C-147-21 y, por tanto, que lo planteado en la
demanda se configuraba bajo el fenómeno de la cosa juzgada; (ii) la Corte Constitucional
moduló los efectos hacia futuro de la sentencia C-484-20, en el sentido de que los mismos
no se aplicaban a las contribuciones causadas en el 2020; (iii) la causación de la
contribución adicional objeto de demanda “se materializaba plenamente, configurándose
una situación jurídica consolidada por dicha anualidad”. Ninguno de estos supuestos
resulta cierto o válido, ni son aplicables a la situación de hecho.
En concreto, la nulidad por la expedición del acto con infracción de la Constitución que
estudian los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa es independiente y
diferente a la función de control constitucional ejercida por la Corte Constitucional sobre
las leyes. En el primero no busca la expulsión del ordenamiento jurídico de una ley, sino
de un acto administrativo por contrariar la Constitución y en relación con la persona que
lo solicita.
El examen de ese cargo de nulidad debe abarcar las normas en que los actos
demandados se sustentaron: los artículos 338 de la Constitución Política y 314 de la Ley
1955 de 2019, el Decreto 1150 de 2020 y la Resolución SSPD D 20201000033335 del
20 de agosto de 2020.
Para decidir la nulidad de los actos administrativos que contrarían la Constitución, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no está sometida a las decisiones de la Corte
Constitucional. En este caso, no se debate si el artículo 314 de la Ley 1955 es
inconstitucional, sino si la contribución adicional demandada viola directamente el artículo
338 de la Constitución Política. Y claramente lo viola por cuanto la contribución adicional
fue liquidada teniendo en cuenta una base gravable y una destinación que lo contraría.
Además, la violación del artículo 338 de la Constitución Política se presenta de forma
independiente a la permanencia del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 en el
ordenamiento jurídico y la decisión de la Corte Constitucional, por cuanto los actos que
liquidaron la contribución adicional son los que contrarían la Constitución, no la ley.
8 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.
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Igualmente, las decisiones de la Corte Constitucional respecto de la inexequibilidad del
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 no constituyen cosa juzgada para que el juez de lo
contencioso administrativo decida la nulidad de la contribución adicional por contrariar la
Constitución.
En cuanto a los efectos de las sentencias de inexequibilidad, la apelante indicó que, por
expresa disposición legal, la contribución adicional tenía la misma base gravable que la
contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 (modificado por el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019), la cual fue declarada inexequible en primer término por la
sentencia C-464 de 2020 con efectos diferidos y luego, con efectos inmediatos por la
sentencia C 484 de 2020. Pese a lo anterior, el Tribunal realizó una interpretación
errónea de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad dado que estos se aplican a
los tributos causados en el año 2020.
En la sentencia C-147-21 se determinaron los efectos hacia el futuro de la declaratoria
de inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en aras de proteger a los
ciudadanos que asumieron legítimamente que dicha norma gozaba de validez, de
acuerdo con la presunción de constitucionalidad y los principios de seguridad jurídica y
buena fe. No obstante, para este caso, desde que se liquidó la contribución adicional,
Gascaribe señaló que la mencionada norma era inconstitucional. En este sentido, para la
actora no ha existido nunca la presunción de que dicho artículo gozaba de validez, por lo
cual, sería absurdo considerar que está en la obligación de aceptar su aplicación.
La contribución adicional es el resultado del ejercicio del hecho generador durante todo
el año calendario. En consecuencia, para el 2020 se terminó de causar el 31 de diciembre
de ese año, momento en el cual finaliza la prestación de los servicios de inspección,
control y vigilancia correspondiente a dicho periodo por parte de la SSPD.
Así, cuando la sentencia C-484-20 retiró de forma inmediata del ordenamiento jurídico el
artículo 18 de la Ley 1955, el 19 de noviembre de 2020, la contribución adicional de 2020
no se había terminado de causar y no correspondía a una situación jurídica consolidada,
por lo que los efectos de ese fallo le afectaban no pudiendo dejar en firme su liquidación
de acuerdo con el mencionado artículo.
Pese a lo anterior, el fallo apelado no hace un análisis independiente de esta situación,
sino que se limita a reproducir las sentencias C-464, C-484 de 2020, C-147 de 2021 de
la Corte Constitucional para aplicarlas al caso en concreto, a pesar de sus evidentes
errores en la técnica tributaria, pues la contribución adicional no es un tributo de
causación inmediata sino de periodo.
Con respecto a la contribución adicional 2020 a cargo de la demandante, no existe una
situación jurídica consolidada por cuanto se han ejercido los recursos conferidos por la
ley y el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Solo hasta
que se resuelva definitivamente el asunto en vía judicial hay una “situación jurídica
consolidada”, ya que antes, no es posible hablar de que el pago del tributo es exigible,
conforme con las disposiciones del ET.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que cuando el juez administrativo constata que
existe una contradicción entre los actos administrativos demandados y la Constitución
Política, el principio de justicia rogada se flexibiliza, y, por ende, éste cuenta con la
competencia para declarar la nulidad de los actos por motivos distintos a los que fueron
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Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P. – GASCARIBE S.A. E.S.P.
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planteados en la demanda por parte del actor, en salvaguarda de la prevalencia de la
norma constitucional y del derecho sustancial.
Por consiguiente, en el caso objeto de estudio, el Tribunal sí tenía la facultad de declarar
la nulidad de los actos administrativos demandados, teniendo en cuenta la evidente
contradicción que existe entre estos y el principio de irretroactividad, que se encuentra
consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política. Si bien es cierto que el
argumento de la irretroactividad no fue planteado en la demanda, el Tribunal estaba en
la obligación de analizar la vulneración del artículo 338 de la Constitución Política de
forma integral, pues su estudio fue objeto de la fijación del litigio que el mismo Tribunal
planteó y que no fue objetado por las partes del proceso.
Además, en relación con la excepción de inconstitucionalidad, lo que se alegó en la
demanda fue que la SSPD debió acceder a la inaplicación del artículo 314 de la Ley 1955
de 2019, pues la demandada no se pronunció sobre dicha excepción en la vía
administrativa. En ese entendido, la sentencia apelada dejó de analizar si la SSPD estaba
o no obligada a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con lo que se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la demandante.
Sobre ese punto, al momento de resolver los recursos en vía administrativa contra la
liquidación de la contribución adicional, aunque no existía una sentencia de
inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, la SSPD sabía que esa norma
era contraria a la Constitución, por lo que estaba obligada a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
La demandada no intervino en la oportunidad prevista en el artículo 247, numeral 4º, del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL PROCESO
Previo a decidir de fondo el asunto en segunda instancia, la Sala advierte que la parte
demandante, mediante memorial radicado el 17 de mayo de 2024, solicitó la suspensión
del proceso por prejudicialidad9, de conformidad con los artículos 161 y 162 del CGP.
Como sustento indicó que en esta Sección cursa un proceso de simple nulidad contra la
Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020 de la SSPD, cuyo radicado
es 11001-03-27-000-2023-00026-00 (27896), que está al despacho para proferir
sentencia. Y que ese acto general es el fundamento jurídico de los actos demandados
en este asunto, por lo que su resultado depende de lo que se decida en el proceso 27896,
por lo que es procedente la suspensión.
Para resolver la solicitud se verificó la existencia del citado proceso que, en efecto, se
halla al despacho pendiente de proferir sentencia anticipada. No obstante, debe tenerse
en cuenta el reciente pronunciamiento de 26 de junio de 202410, en el que, en otro asunto,
la Sala anuló el artículo 2 de la Resolución SSPD-20201000033335 de 2020 de la SSPD,
9 Expediente digital, índice 13 SAMAI
10 Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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FALLO
referido a la base gravable para liquidar la contribución especial y la contribución adicional
del año 2020, norma demandada en el proceso 27896.
Así que será la sentencia de 26 de junio de 2024 la que se tenga en consideración al
momento de resolver este proceso. En consecuencia, no procede la suspensión por
prejudicialidad formulada por la demandante.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
debe definir si: i) se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 18
y 314 de la Ley 1955 de 2019; ii) existe situación jurídica consolidada respecto de los
actos que fijaron a la actora la contribución adicional por el año 2020 y si iv) se violó el
debido proceso de la actora y se incurrió en falta de motivación de los actos porque la
Superintendencia no declaró probada la excepción de inconstitucionalidad de los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019.
La Sala revoca la sentencia apelada según el siguiente análisis:
Vigencia de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Reiteración de
jurisprudencia11.
El artículo 314 de la Ley 1955 de 201912, creó, a partir del 1° de enero de 2020 y hasta
el 31 de diciembre de 2022, una contribución adicional a la regulada en el artículo 85
de la Ley 142 de 1994, que se cobraría a favor del Fondo Empresarial de la SSPD. Los
elementos esenciales de esta contribución serían los mismos que los definidos para la
contribución especial prevista en el referido artículo 8513, es decir, igual base gravable,
los mismos sujetos activo y pasivo, la tarifa del 1 % y el hecho generador, que consiste
en estar sometido a la vigilancia de la SSPD.
El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
dispuso que la base gravable de la contribución especial fijada por la SSPD “se
determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la
técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados
a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de
liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados”.
La referida norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencias C-
464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del 19 de noviembre de 2020. Los efectos en el
tiempo de dichas providencias fueron abordados por la Sala en fallo de 26 de mayo de
202214, al advertir que la sentencia C-464 de 2020 declaró la inconstitucionalidad con
efectos inmediatos y hacia el futuro de la expresión “y todos aquellos que inciden directa
o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios” porque
desconoce el principio de legalidad tributaria, al existir indeterminación de los sujetos
11 Sobre la vigencia del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, ver sentencia del 26 de mayo de 2022, Exp. 25441, CP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en las sentencias del 16 de marzo de 2023, Exps. 25615 y 25531, CP. Stella
Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García, respectivamente; sentencia de 14 de marzo de 2024, Exp 28043,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y en la sentencia del 2 de mayo de 2024, Exp. 28345, CP. Stella Jeannette
Carvajal Basto. Sobre la vigencia del artículo 314 ibidem, ver sentencias del 24 de agosto de 2023, Exp. 25961, CP.
Milton Chaves García y del 9 de mayo de 2024, Exp. 28271, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
13 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
14 Exp. 25441, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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FALLO
pasivos de la contribución especial y también la inconstitucionalidad de los demás incisos
de dicho artículo con efectos diferidos “a partir del 1 de enero de 2023”.
Respecto a la sentencia C-484 de 2020, la Sala destacó que la Corte moduló los efectos
en el tiempo de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
en el sentido de establecer que los tributos causados en el año 2020 correspondían
a situaciones jurídicas consolidadas y que los efectos de la sentencia se
producirían a partir del año 2021.
En relación con el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, la sentencia C-464 de 2020, lo
declaró inexequible por desconocimiento del principio de unidad de materia, pero debido
a que dicha decisión estuvo fundada en un cambio de jurisprudencia respecto de la
inclusión de normas de naturaleza tributaria en los PND, la Corte moduló su decisión y
difirió los efectos de la inexequibilidad a partir del 1° de enero de 2023.
La citada sentencia C-484 de 2020, también determinó “estarse a lo resuelto en la
sentencia C-464 de 2020, mediante la cual se decidió (…) (ii) “Declarar INEXEQUIBLES
los artículos (…) 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, respecto del cargo
por violación al principio de unidad de materia”. (Resalta la Sala).
Posteriormente, la sentencia C-147 del 20 de mayo de 202115, ordenó estarse a lo
resuelto en las dos sentencias anteriores, dado que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
se había expulsado del ordenamiento jurídico y no podía ser objeto de una nueva
discusión por configurarse cosa juzgada constitucional formal y absoluta. Y, con las
mismas aclaraciones sobre la no necesidad de otorgar efectos diferidos, a causa de los
dispuestos por la sentencia C-464 de 2020 y por la pertinencia de aplicar la regla general
de efectos ex nunc, declaró “la inexequibilidad del artículo 314 demandado de forma
inmediata y con efectos hacia el futuro”16, aspecto sobre el cual la Sección precisó que
“la Corte reconoció que su causación tenía lugar a “1 de enero de cada año gravable,
durante la temporalidad definida en la norma [1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2022]” 17.
En esas condiciones, como ha sido criterio pacífico de esta Corporación, los artículos 18
y 314 de la Ley 1955 de 2019 surtieron efectos jurídicos desde su publicación18 hasta la
declaratoria de inexequibilidad -a partir del año 2021 y 2023, respectivamente-, lapso
durante el cual la SSPD expidió la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020, acto general en virtud del cual se fijó la tarifa de la contribución especial y de la
contribución adicional a la que están sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2020.
15 Dice la parte resolutiva de la sentencia: “Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-464 de 2020,
mediante la cual se decidió (i) “Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y todos aquellos que inciden directa o
indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios” contenida en el numeral 4° del artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad””; y (ii) “Declarar INEXEQUIBLES los artículos 18 (salvo la expresión indicada en el resolutivo primero) y 314
de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”, respecto del cargo por violación al principio de unidad de materia. Segundo. ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia C-484 de 2020, mediante la cual se decidió “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”. Tercero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
16 Ver sentencia del 23 de marzo de 2023, exp. 25439, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17 Sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 25961, CP. Milton Chaves García.
18 Publicación en el diario oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019
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FALLO
Así pues, como lo señaló el Tribunal, los cargos de nulidad propuestos van destinados a
cuestionar la constitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, que
sirvieron de base para la expedición de los actos de determinación de la contribución
adicional, normas que fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional en las
sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021, con lo cual, cualquier
pronunciamiento sobre el particular excedería el objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y desconocería la facultad de la Corte Constitucional para
modular los efectos en el tiempo de sus decisiones. Con fundamento en lo anterior, no
es procedente la excepción de inconstitucionalidad, ni tampoco el pronunciamiento sobre
la constitucionalidad de los artículos referidos.
Situación jurídica no consolidada en el caso en estudio. Entre los prestadores sujetos
a la contribución adicional autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para la
vigencia 2020, se encuentra Gascaribe S.A. E.S.P. En consecuencia, con fundamento en
la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, la SSPD profirió la
Liquidación Adicional SSPD 20205340050006 de 25 de agosto de 2020 y las
Resoluciones SSPD 20215300005185 del 25 de febrero de 2021 y 20215000017215 de
14 de abril de 2021, por las que determinó la contribución adicional a cargo de la
demandante, para la vigencia 2020, actos particulares que se atacan en esta
oportunidad.
Respecto de la existencia de situaciones jurídicas consolidadas en casos como el
presente, y pese a que la sentencia C-484 de 2020 señaló que “los tributos causados en
la anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas”, la Sección ha
precisado que respecto de los actos administrativos expedidos con fundamento en los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 no existe situación jurídica consolidada, pues
el debate en sede administrativa y judicial sobre la legalidad de tales actos está en
curso19.
En el presente caso no existe una situación jurídica consolidada, pues es cierto, como lo
sostiene la apelante, que el asunto aún está en discusión en sede judicial.
Valga aclarar que, en casos similares al debatido, la Sala ha considerado que “aunque
no se trata de situaciones jurídicas consolidadas, lo cierto es que en la demanda la
apelante cuestiona el fundamento de los actos en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
y los vicios de constitucionalidad que esa norma contiene, los cuales fueron abordados,
incluyendo sus efectos en el tiempo, por la Corte Constitucional”.20 Igual argumento se
aplica respecto del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. En ese entendido, no prospera
el cargo.
No obstante, es imperante en esta oportunidad tener en cuenta el reciente
pronunciamiento de la Sección, esto es, la sentencia de 26 de junio de 202421, en el que
se anuló el artículo 2º de la Resolución SSPD-20201000033335 de 202022, referido a la
19 Ibídem.
20 Sentencia de 15 de marzo de 2024, exp 28043, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21 Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Por auto de 25 de julio de 2024, la Sala negó la solicitud de
aclaración y/o adición de la sentencia de 26 de junio de 2024.
22 “Artículo 2.- Base Gravable para la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional de
la vigencia 2020. La base gravable de la contribución especial y de la contribución adicional se calculará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En
este sentido la base gravable “se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la
técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros
independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación […]”.
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base gravable para liquidar la contribución especial y la contribución adicional del año
2020.
La declaratoria de nulidad se sustentó en que en el artículo 2º de la referida resolución,
la SSPD fijó la base gravable de la contribución especial a cargo de los prestadores de
servicios públicos para el 2020, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
con la información del año gravable anterior (2019), y no conforme lo dispuesto en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía. Es decir, que la SSPD liquidó la
contribución del 2020 con base en información (hechos) del mismo año en el que se
expidió la referida Ley 1955, esto es del 2019, con lo que vulneró el principio de
irretroactividad tributaria y se contrariaron los artículos 338 (inc. final) y 363 de la
Constitución Política.
Ahora bien, en relación con los efectos de las sentencias de nulidad de actos
administrativos de carácter general, la Sala ha sostenido que son inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas porque cuando se define la situación jurídica
particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta
inaplicable al haberse anulado23.
En ese entendido, al anularse el artículo 2º de la Resolución SSPD-20201000033335 de
2020, acto general que sirvió de fundamento jurídico para liquidar la contribución
adicional a cargo de Gascaribe S.A. E.S.P. para la vigencia 2020, surte efectos
inmediatos frente al asunto aquí debatido, que, como quedó dicho, no constituye una
situación jurídica consolida al no haberse decidido en segunda instancia.
En un caso similar al estudiado, en fallo de 1 de agosto de 2024, la Sala anuló los actos
particulares al considerar lo siguiente:24
“Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los actos
acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la contribución
adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una resolución que, a su
vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se señaló en otra ocasión, «la
consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la Constitución y la ley (…) como
fundamento de un acto administrativo es su nulidad»25.”
En la citada providencia, a título de restablecimiento del derecho se declaró que la
demandante no debía pagar suma alguna por contribución adicional para la vigencia
2020. Y se precisó que los actos acusados en ese proceso perdieron fuerza ejecutoria
desde que quedó en firme la nulidad del artículo 2 de la Resolución SSPD-
20201000033335 de 202026, de conformidad con el artículo 91 del CPACA, lo que no
impide que se profiera sentencia de fondo que se pronuncie sobre su validez27.
En esta ocasión, la Sala adopta la misma postura. En consecuencia, revoca el ordinal
segundo de la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, declara la nulidad de los actos demandados. Y, a título de restablecimiento
23 Sentencias de 8 de febrero de 2018, Exp. 21803, C.P. Milton Chaves García y de 25 de febrero de 2021, Exp. 23397,
C.P.. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. También pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 23 de julio de 2009,
Exp. 16404, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 11 de marzo de 2010, Exp. 17617, C.P. Martha Teresa Briceño
de Valencia; de 16 de junio de 2011, Exp. 17922, C.P. William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, Exp. 19017, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, Exp 19684, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
24 Exp. 28518, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25 Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26 Como se precisó, la sentencia de 26 de junio de 2024 que anuló la referida norma, dictada por la Sala en el proceso
27733, fue objeto de solicitud de aclaración y/o adición, que fue negada mediante auto de 25 de julio de 2024.
27 Ver la sentencia del 15 de agosto de 2018, Exp. 22362, C.P. Milton Chaves García.
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del derecho, declara que la demandante no debe pagar suma alguna a la SSPD, por
concepto de contribución adicional autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
por la vigencia 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que no existe un acto administrativo
de carácter general que determine la base gravable de la contribución adicional para el
año 2020.
En lo demás, confirma la sentencia apelada.
Por último, en virtud de la nulidad que se declara, la Sala se releva de pronunciarse frente
a los cargos de violación del debido proceso y falta de motivación de los actos
demandados.
Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el
artículo 188 del CPACA28, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas,
que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas
previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la
del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este
asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar dispone:
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Liquidación Adicional SSPD
20205340050006 de 25 de agosto de 2020 y de las Resoluciones SSPD
20215300005185 del 25 de febrero de 2021 y 20215000017215 de 14 de abril de
2021, por las cuales la SSPD determinó la contribución adicional autorizada en el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Gases del Caribe S.A. E.S.P.,
para la vigencia 2020.
A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que Gases del Caribe S.A.
E.S.P. Gascaribe S.A. E.S.P no debe pagar suma alguna a la SSPD, por concepto
de la contribución adicional autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
para la vigencia 2020.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
28 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Demandante: Gases del Caribe S.A. E.S.P. – GASCARIBE S.A. E.S.P.
FALLO
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaro voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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