Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00269-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00269-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00269-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de agosto de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00269-01 (29405)
Demandante: Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00269-01 (29405)
Demandante: Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
Demandada: DIAN
Temas: Renta 2013. Costos. Impuesto a la explotación de oro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:
Primero: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.024 de 17 de diciembre de 2019,
por medio de la cual se determinó el impuesto sobre la renta correspondiente al año 2013, a cargo de la
demandante, y la Resolución nro. 221 de 15 de enero de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto contra el acto anterior, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia.
Segundo: Como restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración privada del impuesto sobre
la renta y complementarios del año 2013 presentada por la sociedad demandante.
Tercero: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
Mediante Liquidación Oficial de Revisión 900024 del 17 de diciembre de 2019, la DIAN
modificó la declaración corregida del impuesto sobre la renta del año gravable 2013
presentada el 31 de mayo de 2018 por Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
(antes, Zandor Capital S.A. Colombia)3 para desconocer costos de ventas -regalías4, impuesto al oro5
y mantenimiento6- e imponer sanción por inexactitud por disminución de pérdidas en el 100%.
Contra esta decisión se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue modificado por la
Resolución 221 del 15 de enero de 2021, para aceptar el costo por regalías, reliquidar la
sanción7 y determinar el total saldo a favor8.
1
Samai Tribunal, índice 35
2
Samai Tribunal, índice 32. El magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño (hoy Consejero de Estado) no suscribió la sentencia de
primera instancia (aparece ausente con excusa)
3
Su objeto social es la inversión, prospección, exploración, construcción de infraestructuras, montaje, explotación, beneficio,
transformación, transporte, comercialización y exportación de todos o cualquiera de los minerales, hidrocarburos y energía eléctrica
que se encuentren en el suelo y el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.
4
$689.437.000
5
$6.894.372.000
6
$123.421.000 -valor no incluido en la declaración privada, ni como costo, ni como gasto-.
7
$1.754.448.000
8
$3.846.495.000
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1
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00269-01 (29405)
Demandante: Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones:
Primera: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial [900024 del 17 de diciembre de 2019,
proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes] y de la Resolución del Recurso [221 del 15 de enero de 2021, proferida por la
Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica], actos administrativos que
fueron debidamente identificados al inicio de este memorial.
Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a Gran Colombia
Gold, al declarar que su liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 ha
quedado en firme y, con ello, que la Compañía no está en la obligación de realizar ningún pago
adicional a la DIAN por concepto de impuestos, sanciones, actualizaciones o intereses moratorios.
Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución, 26, 66, 89, 115, 647, 647-1 y
743 del ET (Estatuto Tributario), y 2 y 3 del Decreto 2173 de 1992, bajo el siguiente
concepto de violación:
El impuesto al oro es un costo procedente en la depuración de la renta de la compañía,
al igual que las regalías -gravamen con el que comparten los mismos elementos esenciales como se
analizó en la sentencia C-987 de 1999, costo que fue aceptado en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración-, toda vez que: (i) es una obligación legal derivada de la extracción de
minerales, (ii) es una erogación necesaria e indispensable para ejercer su actividad
económica de extracción y comercialización de metales preciosos de la cual obtiene sus
ingresos, y (iii) se incorpora al valor del inventario dado que se debe pagar como
consecuencia de la producción -sobre cada unidad extraída-, y con anterioridad a la venta, por
lo que es un costo de ventas conforme a los artículos 66 y 89 del ET, y 39 del Decreto
2649 de 1993. Esos aspectos fueron acogidos en la sentencia 19502, precedente válido
y vinculante al caso, a diferencia de las providencias citadas por la administración que
aluden al artículo 115 del ET, aplicable a las deducciones, y no a los costos, sin que el
hecho de no estar previsto en esa norma impida su deducibilidad, caso en el cual, se
deberán acreditar los requisitos generales de necesidad, proporcionalidad y relación de
causalidad del artículo 107 ib., que se cumplen, pues es una erogación obligatoria por
mandato legal para el desarrollo de la actividad productora de renta de la compañía, que
se pagó conforme al valor señalado en el artículo 152 de la Ley 488 de 1998.
Es improcedente el rechazo del costo de mantenimiento de maquinaria y equipos por
$123.421.162, porque no se incluyó en la declaración privada, hecho que desconoció la
administración al no valorar las pruebas aportadas con la respuesta al requerimiento
especial -conciliación contable y fiscal en la que se muestra que se rechazó un costo de $126.016.661,
que incluye el discutido por $123.421.162- y el recurso de reconsideración -auxiliar por terceros de
las cuentas 73454001 y 73451501-, de las cuales se advierte que el ajuste fiscal crédito de la
cuenta 73 por $126.016.661 -compras no deducibles- incluyó: $123.421.162 por servicio de
mantenimiento a favor de Francisco Javier Gallego Henao, y $2.595.500 por servicios de flota
y equipo de transporte a favor de Ariolfo Asdrúbal González Torres. La DIAN insiste en
mantener el rechazo de este costo sin observar que la cuenta 73 se desagrega en varias,
entre ellas, las cuentas 73451501 y 73454001, por lo que el ajuste en la misma, muestra
el ajuste realizado en ambas cuentas, como se prueba con el certificado del revisor fiscal.
No procede la imposición de la sanción por inexactitud, porque la sociedad no incurrió en
las conductas descritas en el artículo 647 del ET. Los factores de la declaración son
reales, completos y veraces en cuanto se incluyó el costo del impuesto al oro, como se lo
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Demandante: Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
permiten los artículos 66 y 89 del ET y la jurisprudencia del Consejo de Estado, y no se
incluyó en la declaración el costo de mantenimiento de maquinaria y equipo —partidano
deducible—. Al margen de lo anterior, existiría diferencia de criterios sobre la interpretación
del derecho aplicable -artículos 66, 89 y 115 del ET-, el cual, además, no se desconoció, toda
vez que la posición de la sociedad se fundamentó en los hechos, la ley y la jurisprudencia,
sin que se haya discutido la realidad de las cifras declaradas.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y pidió condenar en costas a
la demandante9. El impuesto al oro —que difiere de las regalías, las cuales se pagan por daños
ambientales o sociales— no es deducible porque no está contemplado en el artículo 115 del
ET, norma taxativa y excluyente, con lo cual, carece de relevancia el cumplimiento de los
requisitos del artículo 107 ib. Además, no está consagrado como costo o deducción en la
Ley 488 de 1998, por lo que, independientemente de su tratamiento contable, no sería
acertado afirmar que cumple con las características para ser tratado como costo de ventas
conforme a los artículos 66 y 89 del ET. El Consejo de Estado ha rechazado impuestos
no contemplados taxativamente en la norma, y solo ha aceptado estampillas y
contribuciones en casos específicos. Y no es aplicable el artículo 116 ib., dado que la
actora no es una entidad descentralizada.
Aunque el costo rechazado por $123.421.162 podría hacer parte del ajuste fiscal crédito
de la cuenta 73 por $126.016.661, como lo afirma la actora, no allega prueba idónea que
respalde que dicho ajuste corresponde al valor rechazado por la administración de la
cuenta 73451501 -maquinaria y equipo-, y no precisó a qué corresponden los restantes
$2.595.500 del ajuste, y en qué subcuentas contables de la cuenta 73 se registraron. Si
bien existen soportes de la prestación de servicios por Francisco Javier Gallego Henao de
$123.421.162, dicha erogación no cumple el requisito de pago de aportes a la seguridad
social conforme a los artículos 108 del ET y 3 del Decreto 1070 de 2013. Aunado a lo
anterior, no se pudo demostrar que se hubiera excluido de la cuenta contable 734515.
Es procedente la sanción por inexactitud dado que la actora incluyó en el denuncio
rentístico el impuesto al oro, no deducible conforme al artículo 115 del ET, dato
equivocado del cual derivó un menor impuesto.
Sentencia apelada
El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas. El impuesto
al oro es un costo procedente en la declaración discutida dado que, como se precisó en
la sentencia del 09 de mayo de 2024 (exp. 27038, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), es posible
deducir tributos diferentes a los contemplados en el artículo 115 del ET, siempre que
cumplan los requisitos del artículo 107 ib. Se verificó que el impuesto al oro pagado por la
sociedad cumple los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad, toda vez que
se trata de una obligación legal contemplada en el artículo 152 de la Ley 488 de 1998
para la exploración, explotación y comercialización de metales preciosos, objeto social y
actividad productora de renta de la actora -quien ostenta un título minero como propietaria del suelo
y subsuelo de un predio de 2.871 hectáreas y 4.524 metros cuadrados en los municipios de Remedios y
Segovia del Departamento de Antioquía-, siendo el Banco de la República la autoridad
competente para certificar los precios por gramo para efectos de la liquidación de las
rentas originadas en la explotación de los metales preciosos oro, plata y platino.
9
Samai Tribunal, índice 10
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No hay lugar al rechazo de $123.421.162, toda vez que, de las pruebas aportadas, se
evidenció que la suma registrada en la conciliación contable y fiscal a 31 de diciembre de
2013 -cuenta 73, compras no deducibles- de $126.016.661 -dentro de los cuales están los
$123.421.162 correspondientes al pago realizado al tercero Francisco Javier Gallego Henao y $2.595.500
al tercero Ariolfo Asdrúbal González Torres, como se refleja en los auxiliares de esas cuentas-, no se
incluyó en la declaración privada.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión del tribunal por estimar que el fallo adolece de defecto
sustantivo por inaplicación del artículo 115 del ET, pues, aunque el impuesto al oro no
está relacionado en esa norma como deducible, el a quo lo aceptó al validar los requisitos
establecidos en el artículo 107 ib. La tesis del tribunal, a su juicio, no tiene asidero legal y
va en contravía del artículo 95.9 de la Constitución, dado que pagar un impuesto y,
posteriormente, deducirlo vía costo en renta, disminuye la tasa efectiva de tributación de
la demandante.
A su modo de ver, la providencia impugnada incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria cuando consideró que las pruebas aportadas por la demandante
eran suficientes para llevar a la convicción de identidad entre el valor conciliado y el valor
pagado al tercero Francisco Gallego Henao, que se rechazó por incumplimiento de los
requisitos previstos en los artículos 108 del ET y 18 de la Ley 1122 de 2007 por no
acreditar el pago de seguridad social. El a quo no analizó los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, según los cuales no hay certeza sobre lo afirmado por la
actora de no haber llevado como deducción la suma objeto de rechazo, por cuanto el
ajuste conciliado por $126.016.66110 podría tener su génesis en un amplio espectro de
subcuentas, siendo indispensable tener certeza sobre la identidad entre el valor conciliado
y el rechazado en el acto liquidatorio, por lo que le correspondía a la actora aportar la
respectiva prueba.
Concurren los presupuestos legales para imponer la sanción por inexactitud prevista en
el artículo 647 del ET, dado que se incluyeron costos inexistentes, sin tratarse de
diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable en razón de la taxatividad
de la ley en materia de deducibilidad de impuestos y al aspecto probatorio frente al
rechazo del costo por mantenimiento.
Pronunciamientos finales
La demandante11 solicitó confirmar la providencia impugnada por considerar que los
cargos de apelación son infundados. El presunto defecto fáctico por inaplicación del
artículo 115 del ET es contrario a la actual línea jurisprudencial de la corporación, que ha
señalado que la lista de impuestos de la norma no es taxativa, con lo cual, aquellos tributos
que cumplan los requisitos del artículo 107 ib. y las reglas de la SU -21329 de 2020- pueden
ser detraídas de la base gravable del impuesto sobre la renta. El presunto defecto fáctico
por indebida valoración probatoria es contrario a los medios allegados, los cuales fueron
valorados por el tribunal en debida forma, al detallar los soportes contables a partir de los
cuales evidenció que la actora no incluyó en la declaración privada los $123.421.162. Y
como los cargos de apelación son contrarios a la realidad fáctica y jurídica, la DIAN no
tenía razones para imponer la sanción por inexactitud. La demandada y el ministerio
público guardaron silencio en esta etapa procesal.
10
Como se reseñó, el valor aludido por la DIAN, $123.421.162, no fue incluido en la declaración privada, ni como costo, ni como gasto.
11
Samai CE, índice 16
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, apelante única,
contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda
sin condenar en costas, se debe establecer si el a quo erró al inaplicar el artículo 115 del
ET para aceptar como costo el impuesto a la explotación de oro, y al valorar
indebidamente las pruebas para estimar que el costo de mantenimiento no se incluyó en
la declaración privada, y si es procedente la sanción por inexactitud.
Análisis del caso concreto
2- La DIAN rechazó como costo el impuesto a la explotación de oro pagado por la actora
en el periodo discutido, en esencia, por no estar enlistado en el artículo 115 del ET.
Para la demandante, el impuesto al oro es un costo de ventas conforme a los artículos 66
y 89 del ET y 39 del Decreto 2649 de 1993, toda vez que: (i) es una obligación legal
derivada de la extracción de minerales, (ii) es una erogación necesaria e indispensable
para ejercer su actividad económica de extracción y comercialización de metales
preciosos de la cual obtiene sus ingresos, y (iii) se incorpora al valor del inventario dado
que se debe pagar como consecuencia de la producción —sobre cada unidad extraída—, y con
anterioridad a la venta. Además, por estimar que el artículo 115 ib. Solo es aplicable a las
deducciones, que no a los costos, sin que el hecho de no estar previsto en esa norma
impida su deducibilidad, caso en el cual se deberán acreditar los requisitos generales de
necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad del artículo 107 ib., que se cumplen,
por ser una erogación obligatoria por mandato legal para el desarrollo de la actividad
productora de renta, que se pagó conforme al artículo 152 de la Ley 488 de 1998.
El a quo, a partir del criterio jurisprudencial sentado por la sección según el cual se pueden
deducir del impuesto de renta tributos diferentes a los enlistados en el referido artículo
115 ib., siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 ib., consideró que el impuesto
al oro pagado por la sociedad cumplió los requisitos de necesidad, causalidad y
proporcionalidad, por tratarse de una obligación legal para la exploración, explotación y
comercialización de metales preciosos, objeto social y actividad productora de renta de la
actora, que se liquidó y pagó conforme al artículo 152 de la Ley 488 de 1998.
Para la recurrente, el tribunal erró al inaplicar el artículo 115 del ET, pues, aunque el
impuesto al oro no está relacionado en esa norma como deducible, el a quo lo aceptó al
validar los requisitos establecidos en el artículo 107 ib. A su modo de ver, esta tesis según
la cual todo impuesto pagado asociado al objeto social es deducible vía costo, no tiene
asidero legal y va en contravía del artículo 95.9 de la Constitución, porque disminuye la
tasa efectiva de tributación de la demandante.
No obstante, no le asiste razón a la recurrente dado que, como lo puso de presente el
tribunal, acorde con el criterio jurisprudencial actual de la Sala, expuesto, entre otras
providencias, en la sentencia del 09 de mayo de 202412, es procedente la deducción de
tributos diferentes a los contemplados en el artículo 115 del ET13, como lo es el impuesto
12
(exp. 27038, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
13
El artículo 115 del ET, vigente para el año 2013, permitía deducir del impuesto de renta el 100% de los impuestos de industria y
comercio, avisos y tableros, y predial, y el 50% del GMF, que efectivamente se hubieren pagado en el período gravable.
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a la explotación de oro, plata y platino regulado en el artículo 152 de la Ley 488 de 199814,
cuando reúnan los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad, de que trata el
artículo 107 ib. En el caso, dichos requisitos fueron verificados por el a quo sin que la
demandada los haya cuestionado y menos desvirtuado. Y no se advierte la alegada
vulneración al artículo 95.9 de la Constitución, toda vez que la normativa tributaria le
permite a los contribuyentes del impuesto sobre la renta —como la actora— depurar sus
ingresos y restar erogaciones ineludibles como lo es el tributo analizado para llevar a cabo
la actividad productora de renta de la compañía, y así establecer la cuantía del impuesto
que, por ley, le corresponde asumir. No prospera el cargo.
3- En los actos acusados, la administración rechazó el valor por servicio de mantenimiento
correspondiente al pago efectuado a Francisco Javier Gallego Henao por $123.421.162, al
considerar que la actora no demostró haberlo excluido como costo de su declaración
privada. Que si bien durante la actuación administrativa la actora dijo no haberlo incluido
en su denuncio rentístico, no probó que dicho pago hiciera parte del ajuste fiscal crédito
de $126.016.661 de la cuenta 73.
El tribunal concluyó que no había lugar al rechazo de $123.421.162, toda vez que, de las
pruebas aportadas, se evidenció que la suma registrada en la conciliación contable y fiscal
a 31 de diciembre de 2013 -cuenta 73, compras no deducibles- de $126.016.661 -dentro de los
cuales están los $123.421.162 correspondientes al pago realizado al tercero Francisco Javier Gallego
Henao y $2.595.500 al tercero Ariolfo Asdrúbal González Torres, como se refleja en los auxiliares de esas
cuentas- no se incluyó en la declaración privada.
Para la DIAN, la providencia impugnada incurrió en indebida valoración probatoria cuando
estimó que los medios allegados por la demandante fueron suficientes para llevar a la
convicción que existe identidad entre el valor conciliado y pagado al tercero Francisco Javier
Gallego Henao, que se rechazó por no acreditar el pago de aportes a la seguridad social.
Censuró que el a quo no analizara los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y reiterados en la apelación, según los cuales no habría certeza sobre lo
afirmado por la demandante de no haber llevado como deducción la suma rechazada.
Insistió en señalar que la demandante no allegó prueba idónea que respaldara que el
valor de $123.421.162 por el pago al referido tercero hiciera parte del ajuste fiscal crédito
de $126.016.661 de la cuenta 73, y no precisó a qué pagos y por qué conceptos
corresponden los restantes $2.595.500 del ajuste, y en qué subcuentas contables de la
cuenta PUC 73 se registraron.
Al respecto, se advierte que si bien en la apelación la demandada reiteró lo expuesto en
la contestación de la demanda -en la que resume el análisis que hizo de diversas cuentas contables,
de las cifras registradas en ellas y de las respuestas dadas por la actora para concluir que se debía rechazar
el valor cuestionado- se limitó a censurar, en lo que respecta a la sentencia apelada, la
valoración probatoria hecha por el a quo en sana crítica, quien encontró improcedente el
rechazo de $123.421.162, al evidenciar, de los medios allegados -auxiliares de las cuentas 73
y certificación del revisor fiscal-, que la cifra de la conciliación contable y fiscal a 31 de diciembre
de 2013, corresponde a la del renglón de costo de ventas de las declaraciones inicial y de
corrección, y que el ajuste por $126.016.661 de la cuenta 73 corresponde a los pagos
realizados a los terceros Francisco Javier Gallego Henao y Ariolfo Asdrubal González Torres, que
14
Artículo 152 de la Ley 488 de 1998. La explotación de los recursos naturales no renovables, a saber, oro, plata y platino de propiedad
de la Nación, generará una regalía y, en las minas de reconocimiento de propiedad privada, un impuesto, los cuales se liquidarán
sobre los precios internacionales que certifique en moneda legal el Banco de la República con las tarifas que se señalan a continuación.
En ambos casos, el impuesto y la regalía se destinarán con exclusividad para los municipios productores. Oro y plata 4% (regalía o
impuesto). Platino 4% (regalía o impuesto). Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y
transferencias del impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997.
Parágrafo. Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, distintas del oro, plata
y el platino, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 1994.
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no se incluyeron en la declaración privada, para insistir en que no se allegó prueba idónea
que demostrara que la suma de $123.421.162 hiciera parte del ajuste fiscal crédito de
$126.016.66115 de la cuenta 73, y no se precisó a qué pagos y por qué conceptos
corresponden los restantes $2.595.500 del ajuste.
Al efecto, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la demandada, sí se allegó el
medio probatorio que echa de menos y es la certificación del revisor fiscal de la compañía,
que se aportó con la demanda, se incorporó al proceso y se le otorgó el valor legal que le
corresponde, en la cual se indica expresamente, lo siguiente:
«El suscrito revisor fiscal de Gran Colombia Gold Segovia Sucursal
Colombia
CERTIFICA
[…]
6. En la declaración de renta de 2013 la Compañía trató como no deducibles
costos registrados en la cuenta 73 por valor de $126.016.661.
7. De acuerdo con los registros de las cuentas 73454001 y 73451501 los
costos tratados como no deducibles corresponden a:
a. Pagos por servicio de mantenimiento y equipo a favor del tercero GALLEGO
HENAO FRANCISCO JAVIER, por valor de $123.421.162 (cuenta 73451501).
b. Pagos a favor del tercero González Torres Ariolfo Asdrubal por valor de
$2.595.500 (cuenta 73454001). […]»
Así, contrario a lo afirmado por la recurrente, la anterior prueba, que por lo demás, se
soporta en la contabilidad, en concreto, en los auxiliares por tercero de las subcuentas
73451501 y 73454001, acredita que la cifra rechazada en la actuación acusada no se
incluyó en la declaración de renta, como se muestra también en la conciliación contable y
fiscal del año 2013 allegada, pruebas suficientes —nocontrovertidas por la administración,
como le competía conforme al artículo 167 del CGP— para arribar a dicha conclusión.
4- Corolario de lo anterior, demostrada la procedencia del costo asociado al pago del
impuesto por la explotación de oro, y la improcedencia del rechazo del costo de
mantenimiento en cuanto no se incluyó en la declaración privada, no hay lugar a sancionar
por inexactitud, como lo determinó el tribunal, con lo cual, al no prosperar el recurso de
apelación, se confirmará la sentencia apelada.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, se establece que en el caso, el a quo no erró al inaplicar
el artículo 115 del ET, dado que el impuesto a la explotación de oro es procedente como
costo por reunir los requisitos del artículo 107 ib., y valoró debidamente las pruebas
allegadas para establecer la improcedencia del rechazo del costo de mantenimiento, no
incluido en la declaración privada, por lo que, consecuentemente, no hay lugar a la
sanción por inexactitud.
15
Como se reseñó, el valor aludido por la DIAN, $123.421.162, no fue incluido en la declaración privada, ni como costo, ni como
gasto.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00269-01 (29405)
Demandante: Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia
Costas
6- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas —agencias en derecho— en esta instancia a la parte demandada, en la medida
en que se confirma la providencia apelada y hubo una parte vencida en el proceso. Así,
se fijarán como agencias en derecho en esta instancia el equivalente a un smmlv al
momento de la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-
12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas
consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
3. Reconocer personería al abogado Sebastián Alfonso Folleco Celis como apoderado de
la parte demandada, de conformidad con el poder allegado al expediente 16.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Samai CE, índice 18
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