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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00298-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00298-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto. 2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 30 de agosto de 2024. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00298-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de marzo de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00298-01 (29527)
Demandante: Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00298-01 (29527)
Demandante TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019. Efectos inmediatos de la sentencia de nulidad de un
acto administrativo de carácter general.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Liquidación Adicional F.E. No. 20205340051166
del 25 de agosto de 2020, “Por medio de la cual se profiere la Liquidación Oficial de la
contribución adicional 2020 a cargo de la TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. por el servicio
de energía eléctrica”; Resolución No. SSPD-20215300008935 del 16 de marzo de 2021, “Por
la cual se resuelve un recurso de reposición presentado por la EMPRESA
TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS, contra la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340051166 del 25 de
agosto de 2020, contribución adicional vigencia 2020, por el servicio de energía eléctrica” y;
Resolución No. SSPD-20215000154235 del 14 de mayo de 2021, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P., no está obligada a cancelar el monto de la contribución
adicional para los prestadores de energía eléctrica del año 2020, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva.
TERCERO: Sin condena en costas (…)»

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) expidió la
Liquidación Adicional Nro. 20205340051166 del 25 de agosto de 2020, que liquidó
la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo
de Termocandelaria S.C.A. E.S.P. por el año 2020.

La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión.

La entidad decidió el primer recurso mediante la Resolución Nro. 20215300008935
del 16 de marzo de 2021, que redujo el monto a pagar a cargo de la sociedad. El

1
SAMAI Tribunal, índice 26, páginas 36 a 37.

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Demandante: Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

segundo fue resuelto con la Resolución Nro. 20215000154235 del 14 de mayo del
mismo año, que reiteró la reducción del tributo dispuesta en el acto que decidió la
reposición.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
«3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Oficial No. 20205340051166 (2020534260104888E) del 25 de agosto de
2020 por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
con fundamento en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 liquida y ordena a
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. pagar la suma de $2.358.167.000 por concepto
de Contribución Adicional (sic), correspondencia a la vigencia 2020.
• Resolución No. 20215300008935 del 16 de marzo de 2021 por medio de la cual la
Dirección Financiera de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
resolvió el recurso de reposición, modificando la Liquidación Oficial No.
20205340051166 (2020534260104888E) del 25 de agosto de 2020, liquidando y
ordenando a TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P., pagar la suma de $2.355.376.000
por concepto de contribución adicional año 2020.
• Resolución No. 20215000154235 del 14 de mayo de 2021 por medio de la cual la
Secretaría General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
resolvió el recurso de apelación, modificando la Liquidación Oficial No.
20205340051166 (2020534260104888E) del 25 de agosto de 2020, liquidando y
ordenando a TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P., pagar la suma de $2.355.376.000
por concepto de contribución adicional año 2020.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. no está obligada a cancelar la
contribución adicional correspondiente al año 2020 de que trata el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, determinada con ocasión de la Liquidación Oficial No. 20205340051166
(2020534260104888E) del 25 de agosto de 2020.»

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 95 (numeral
9), 150, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 683 del Estatuto Tributario; 3, 43,
91 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

El concepto de violación de estas disposiciones se resume así:

Señaló que los actos demandados deben declararse nulos por desconocer los
principios de legalidad y certeza al fundamentarse en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, que a su vez remite a los elementos del tributo del artículo 18 ibidem,
norma que es abiertamente contraria a la Constitución de conformidad con lo
dispuesto en las Sentencias C-464 y C-484 de 2020 de la Corte Constitucional.

Indicó que la contribución adicional se creó con el objeto de financiar el fondo
empresarial, destinado a las empresas de servicios públicos domiciliarios tomadas
en posesión. Consideró que lo anterior desconoce el artículo 338 de la Constitución
Política, en virtud del cual, las contribuciones especiales solamente se pueden

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SAMAI del Tribunal, índice 2, página 4.

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instituir con el propósito de recuperar los costos en que incurran las entidades para
la prestación de sus servicios3.

Sostuvo que, comoquiera que la contribución adicional tomó los elementos de la
contribución especial, salvo su tarifa, se desconoció el principio de certeza, el cual
exige que se señalen con precisión y claridad los elementos de las obligaciones
tributarias4, para que de ese modo los contribuyentes cuenten con todos los
elementos de juicio para conocer las causas y monto de sus obligaciones. Agregó
que, conforme al principio de legalidad, es función del Congreso fijar los elementos
de los tributos5, y si bien es posible que se delegue la determinación de la tarifa,
debe establecer el sistema y método de forma clara, para que se puedan identificar
los costos susceptibles de recuperación, el reparto de los costos y los beneficios
entre los eventuales contribuyentes6.

Adujo que la Corte Constitucional concluyó que la regulación de la Ley 1955 de 2019
dio lugar a la indefinición de los elementos de las contribuciones especial y
adicional, así como a la financiación de los sujetos activos más allá de la
recuperación de los costos incurridos, lo que es más evidente en la contribución
adicional, cuyo único propósito es soportar la financiación del fondo empresarial.

Señaló que la duplicidad de elementos entre la contribución especial y la adicional
da lugar a una doble tributación, la cual está proscrita en virtud del principio de
equidad tributaria, en especial cuando la contribución adicional no se destina a
ningún tipo de compensación al conjunto de los sujetos pasivos.

Indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley
1955 de 2019 impide definir la base gravable de la contribución especial para el año
2020, de modo que la SSPD actuó de forma ilícita porque, conociendo lo anterior,
continuó con el procedimiento de liquidación oficial.

Manifestó que no existe una situación jurídica consolidada dado que la
liquidación oficial es objeto de debate y no se ha proferido decisión ejecutoriada.
Señaló que a la luz de la jurisprudencia de la Sección7, las situaciones jurídicas no
consolidadas son aquellas que se debatían o eran susceptibles de controversia8.

Aseguró que la contribución adicional tiene naturaleza confiscatoria pues no
cuenta con una base gravable determinada, ni establece reglas claras para su
determinación, por lo que la liquidación de la obligación desatiende la capacidad
contributiva real de los sujetos pasivos.

3
Citó las sentencias C-152 de 1997, C-228 de 2009, C-307 de 2009; y C-420 de 2010 de la Corte Constitucional.
4
Citó la sentencia C-622 de 2015 de la Corte Constitucional.
5
Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
6
Citó las sentencias C-1063 de 2003; C-621 de 2013; C-499 de 2015 de la Corte Constitucional.
7
Citó las siguientes sentencias: «Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1999 (C.P. Daniel Manrique Guzmán).
Sentencias 41007-23-31-0002005-01465-01(22109) del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), 08001-23-
31-000-2010-00223-01 (20432) del veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), 68001-23-33-000-2016-01027-01
(24996) del veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020), 54001-23-33-000-2012-00082-01(21189) del veintitrés (23) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), 68001-23-31-000-2010-00689-01(21616) del tres (3) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), 11001-03-15-000-2013-02852-0O(AC) del (31) de julio de dos mil catorce (2014), 76001-23-31-000-2002-00452-
01(16404) del 23 de julio de 2009, 25000-23-27-000-2002-00616-01 (15443) del siete (7) de febrero de dos mil ocho
(2008), 05001-23-31-000-2001-03477-01(16284)del 8 de noviembre de 2007, 76001-23-31-000-2001-05711-01(15415)
del veinticinco (25) de octubre de dos mil seis (2006)76001-23-31-000-2001-04379-01(15270) del veintisiete (27) de
octubre de dos mil cinco (2005), 0800 1233 1000 2001 0235101 / 14979 del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco
(2005), 11001-03-27-000-2001-0243-01(12248) del 5 de mayo de 2003, 25000-23-27-000-2000-01156-01(13336) del 13
de marzo de 2003.»
8
Indicó los precedentes judiciales de las sentencias del 05 de julio de 2018, exp. 21892; del 29 de junio de 2017, exp.
21273; del 18 de febrero de 2016, exp. 20796; y del 23 de julio de 2009, exp. 16404. No identificó los consejeros ponentes.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00298-01 (29527)
Demandante: Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

La demandante solicitó inaplicar por inconstitucional9 el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 porque se advierte de manera fundada una incompatibilidad entre la
norma y la Constitución, por la reproducción del contenido de una regla que ha sido
objeto de declaratoria de inexequibilidad.

Alegó que los actos acusados fueron falsamente motivados, pues tienen como
sustento una norma que fue declarada inconstitucional10.

Señaló que también se presentó una falta de motivación de la liquidación oficial11,
pues se limitó a manifestar que la base para el cálculo se había determinado a partir
de los estudios de necesidades del gasto presupuestal, sin explicar los hechos que
le dieron origen a la determinación de la base para el caso puntual.

Oposición de la demanda

La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda señalando que el problema
jurídico gira en torno a establecer si la SSPD estaba obligada a aplicar los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, mientras dichas disposiciones estuvieron vigentes.
Destacó que no es objeto de debate la correcta aplicación del Decreto 1150 de 2020
y las Resoluciones Nro. 20201000028355 del 10 de julio de 2020 y Nro.
20201000033335 del 20 de agosto del mismo año, normas que están vigentes y
gozan de presunción de legalidad.
Indicó que las sentencias que declararon la inexequibilidad12 de los artículos 18 y
314 de la Ley 1955 de 2019 difirieron sus efectos, permitiendo el recaudo de los
tributos causados en el año 2020, es decir, la Corte Constitucional dejó a salvo los
efectos producidos por la norma durante su vigencia, a través del reconocimiento
expreso de situaciones jurídicas consolidadas. Así, la demandante comete un error
al considerar que la situación jurídica consolidada depende del plazo para solicitar
la devolución de lo pagado en exceso o la posibilidad de una controversia judicial,
ya que tales consideraciones son ajenas al presente contexto y a lo decidido por la
Corte Constitucional.
Aseguró que el Consejo de Estado13 manifestó que las Sentencias C-464 y C-484
son claras en señalar que las contribuciones especiales causadas en el año 2020
se consideran una situación jurídica consolidada, de manera que los efectos de
inexequibilidad operan a partir del año 2021.
Manifestó que la definición del sujeto pasivo de la liquidación adicional es la misma
que la prevista en la ley, con lo cual se pone de presente su legalidad y no es cierto
que se haya intentado subsanar la indeterminación de algún elemento del tributo.
Finalmente, propuso las excepciones de mérito que denominó “Legalidad de los actos
demandados” y “Existencia de situaciones jurídicas consolidadas”.

Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, con base en las
siguientes consideraciones:
9
Citó las sentencias C-069 de 1995; T-318 de 1997; C-122 de 2011; SU-132 de 2013 de la Corte Constitucional.
10
Citó la sentencia del 17 de febrero de 2020, exp. 5501, C.P. Manuel S. Urueta Ayola.
11
Citó las sentencias del 18 de marzo de 2010, exp. 2007-00218, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 08 de
octubre de 2020, exp. 21742.
12
Sentencias C- 464 y C-484 de 2020; y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
13
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Hizo un recuento de la regulación de la contribución especial, creada por medio del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, y la contribución adicional, ambas reguladas por
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Precisó que, para el año 2020, la
SSPD fijó el porcentaje de la contribución adicional por medio de la Resolución Nro.
20201000033335 del 20 de agosto de 2020, que es un acto administrativo de
carácter general.

Citó las Sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021, con base en lo cual
indicó que la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019 porque no se limitaron a recuperar los costos del servicio
suministrado por la SSP, sino que incide en los gastos de funcionamiento e
inversión, contraviniendo los principios de legalidad, certeza y reserva de ley.
Además, indicó que la Corte difirió los efectos de estas decisiones, salvaguardando
los tributos causados en el año 2020, por lo que, en principio, era procedente el
cobro de la contribución adicional por ese año14.

No obstante, se dice que en principio porque la Resolución Nro. 20201000033335
del 20 de agosto de 2020 fue declarada nula por el Consejo de Estado debido a que
desconoció el principio de irretroactividad15. En consecuencia, concluyó que
también debe declararse la nulidad de los actos acusados, atendiendo ese mismo
motivo, conforme la jurisprudencia de esta Sección16.

Sostuvo que lo expuesto era suficiente para acceder a las pretensiones,
relevándose de estudiar los demás cargos de la demanda.

Finalmente, no se impuso condena en costas al no encontrarse probadas.

Recurso de apelación

La parte demandada controvirtió la anterior decisión, para lo cual destacó que a
pesar de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
de 2019, la SSPD estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución adicional
por el año 2020 porque la Corte Constitucional salvaguardó el cobro de los tributos
causados en esa anualidad.

Manifestó que era improcedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad debido
a que, aunque se identificaron incompatibilidades entre la Ley 1955 y la
Constitución, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad con efectos diferidos
y reconoció que la causación del tributo era una situación jurídica consolidada, al
igual que lo señaló el Consejo de Estado17.

Sostuvo que no hubo violación del principio de irretroactividad por los actos
acusados, pues no es lo mismo la causación del tributo y el agotamiento del trámite
para su determinación.

Adujo que la contribución adicional, al basarse en hechos ocurridos durante el año
inmediatamente anterior, no supone que tal contribución se constituya en un tributo
de periodo, ni que se esté gravando elementos acaecidos en la vigencia 2019.
14
Citó las sentencias del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 02 de mayo de 2024,
exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 09 de mayo de 2024, exp. 28271, C.P. Dra. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
15
Citó la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Sobre este punto también citó las sentencias del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, C.P. Milton Chaves García; del 09 de
mayo de 2024, exp. 28271, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441.

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Afirmó que, aunque la contribución es anual, no es de periodo debido a que no
depende de hechos económicos surtidos dentro de un tiempo determinado; el hecho
generador está atado a la prestación de servicios de inspección, control, vigilancia
por parte de la SSPD por el año 2020; y la base gravable toma los costos y gastos
depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o situaciones
previas a la ley.

Solicitó aplicar el precedente sentado en las Sentencias C-464 de 2020, C-484 del
mismo año y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional; así como las sentencias del
26 de mayo de 2022, exp. 25441, del 1 de febrero de 2024, exp. 25000-23-37-000-
2021-00742-00; y del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-
01.

Oposición a la apelación

La demandante guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Mediante escrito del 18 de marzo de 202518, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior por cuanto mientras se desempeñó como
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, conoció del proceso de la referencia en primera instancia.

En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada, toda vez que el consejero mencionado suscribió la sentencia apelada. En
consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se le separará del
conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Adicional Nro.
20205340051166 del 25 de agosto de 2020, así como de las Resoluciones Nro.
20215300008935 del 16 de marzo de 2021, y Nro. 20215000154235 del 14 de mayo
del mismo año, actos expedidos por la SSPD para determinar la contribución
adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de Termocandelaria S.C.A.
E.S.P. por el 2020.

Con este propósito, y atendiendo lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala
determinará si los actos acusados desconocieron el principio de irretroactividad y si
se desatendió el precedente vinculante. De no ser así, se estudiarán los demás
cargos de la apelación, relacionados con la excepción de inconstitucionalidad de los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, así como la procedencia del recaudo del

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SAMAI, índice 13

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tributo durante el año 2020 con motivo de los efectos diferidos de las Sentencias C-
464 y C-484 de 2020.

Análisis del caso concreto

Según el Tribunal, los actos acusados desconocieron el principio de irretroactividad
de las normas tributarias atendiendo la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020 de la SSPD. En cambio, la
entidad apelante sostiene que dicho tributo no es de periodo y, por tanto, para el
año 2020 eran aplicables los elementos de la contribución adicional definidos por
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. Además, solicitó la aplicación del
precedente que consideró vinculante para este caso.

Para resolver lo anterior, se debe tener presente que la sentencia del 26 de junio de
2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, declaró la nulidad del
artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, que sirvió de
fundamento para los actos objeto del litigio.

En efecto, la sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la
contribución especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable
anterior (2019). Así las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos19, concluyó
que la demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos)
del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio
de irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por
ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la
aplicación retroactiva de las leyes tributarias».

Ahora, como lo ha explicado esta Sección20, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.

Por esto es que, en un litigio similar, la Sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas»21. Y, de
igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 (que anuló el
artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018) tiene efectos inmediatos
en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»22.

Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»23.

19
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, y del 18 de abril de 2024, exp. 26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
20
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
Ibidem.
23
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00298-01 (29527)
Demandante: Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

De otro lado, se advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, en la sentencia del 26 de mayo de 202224, «no (se) abordó el
estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un
cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así mismo ocurrió con relación a las
Sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte
Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad
tributaria.

Por su parte, los fallos del 1 de febrero de 2024, exp. 25000-23-37-000-2021-00742-
00, y del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-01, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si bien negaron
las pretensiones de nulidad, no tienen identidad jurídica con este caso porque son
anteriores a la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron
valorar los efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dichas providencias
no constituyen precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo
tribunal de lo contencioso administrativo.

De este modo, el recurso de apelación interpuesto por la SSPD no está llamado a
prosperar, pues lo expuesto es suficiente para declarar la nulidad de los actos
acusados, sin necesidad de estudiar los demás cargos de la apelación.

Conclusión

Comoquiera que no prosperó la apelación de la SSPD, la Sala confirmará la
sentencia impugnada, que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados.

Costas

No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en
consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto.

2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 30 de agosto de 2024.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

24
Exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

8
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00298-01 (29527)
Demandante: Termocandelaria S.C.A. E.S.P.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

9
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