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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00303-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00303-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la actora en esta instancia conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00303-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00303-01 (30053)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A., en reorganización

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00303-01 (30053)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A., en reorganización
Demandada: DIAN

Temas: IVA 5 bimestre de 2016. Exención del IVA en la venta de bienes y
servicios a usuarios industriales de zona franca.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió2:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por la [actora] contra la … DIAN.

Segundo. No se condena en costas, por no haberse causado.

(…).

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 322412020000055, del 12 de marzo de 2020,
la DIAN modificó la declaración de IVA del 5° bimestre de 2016, para: (i) reclasificar al
reglón de ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general la suma de
$6.137.006.890 con dos clientes, la cual había sido erróneamente incluida en el renglón
de ingresos por juegos de suerte y azar (suma integrada por $5.993.351.370 y
$143.655.520), que no logró soportar el contribuyente como operación exenta; y, a la vez
(ii) reconocer como renta exenta la suma de $2.238.340.000, por cumplir los requisitos
para el efecto; (iii) tener como gravada una diferencia no justificada por valor de
$92.095.310; y, finalmente (iv) imponer sanción por inexactitud3. Esta decisión fue
confirmada mediante la Resolución 001462, del 05 de marzo de 2021, que resolvió el
recurso de reconsideración4.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1
Samai Tribunal, índice 22, certificado DC077556BDC7433A 3A7250E7E0EB8D18 0133D51E6FA87BC4 3C44B39F63C65C3F (pdf), pp. 1 a 6.
2
Samai Tribunal, índice 18, certificado 9DB15219B938AF6F 83F99553272EA463 C8B5F77B631D4841 EE4AB4CCF2DCBBE9 (pdf), pp. 21 y 22.
3
Samai Tribunal, índice 08, certificado E311A15F9FFBB6D7 4F7E80D41F592B16 798ADCCF7C4A8A4B 0D83CB50DE7852A4 (zip) 6 (pdf), pp. 85 a
117.
4
Samai Tribunal, índice 08, certificado E311A15F9FFBB6D7 4F7E80D41F592B16 798ADCCF7C4A8A4B 0D83CB50DE7852A4 (zip) 7 (pdf), pp. 52 a
79.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00303-01 (30053)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A., en reorganización

Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Que es nulo el siguiente acto administrativo, proferido por la … DIAN:

La Liquidación Oficial de Revisión número 322412020000055, de marzo 12 de 2020, proferida por
la … DIAN contra el contribuyente [actora] mediante la cual se modifica la liquidación privada del
contribuyente, estableciendo un saldo total a pagar de $1.683.685.000, en el cual se integra [la] suma
de $996.657.000 por concepto de sanción por inexactitud, la cual fue confirmada por la Resolución
1462, de fecha 05 de marzo de 2021, adiciona[da] por la Resolución 1785, de fecha 19 de marzo de
2021.

A título de restablecimiento del derecho, se decrete la firmeza de la declaración privada de IVA
correspondiente al 5.° bimestre del año 2016, presentada por la [actora].

Invocó como vulnerados los artículos 88, 107, 647, 671, 683 y 476 del ET (Decreto 624
de 1989, Estatuto Tributario Nacional); y 264 de la Ley 223 de 1995, bajo los siguientes
conceptos de violación6:

-Firmeza de la declaración y extemporaneidad del requerimiento especial. Sostuvo que,
acorde con los artículos 705 y 705-1 del ET, vigentes a la fecha de la presentación inicial
de la declaración del IVA del 5.° bimestre del año 2016 (i.e. 16 de noviembre de 2016),
esta se sujetaba al término de firmeza de 2 años. Dado que presentó la declaración de
renta del año gravable 2016 el 08 de mayo de 2017, desde ese momento comenzaron a
correr los dos años para que se le notificara el requerimiento especial, so pena de quedar
en firme la declaración de IVA, pues las disposiciones procedimentales aprobadas por la
nueva ley [1819 de 2016], con posterioridad a la iniciación del término de firmeza, no le
eran aplicables. En apoyo de esto, invocó el Oficio 014116, del 26 de julio de 2017-
Concepto unificado sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio.

Manifestó que era claro que la notificación del requerimiento especial, respecto de la
declaración de IVA del 5 bimestre, efectuada el 25 de junio de 2019, había sido
extemporánea al estar fuera del término de los dos años, contados a partir de la fecha de
presentación de la declaración de renta. Ahora, si bien la demandada expidió, el 08 de
febrero de 2019, un auto de inspección tributaria, se limitó a notificarlo, pero no llevó a
cabo la inspección tributaria de «manera física» por lo que no se suspendió el término,
conforme lo ha precisado la Sección7, pues para que el auto de inspección pueda tener
los efectos suspensivos, contemplados en el artículo 706 del ET, los funcionarios
comisionados deben iniciar las actividades propias del encargo, como la revisión de libros
y documentos, contables y tributarios. Agregó que las consecuencias de la notificación
extemporánea del acto preparatorio, eran la violación del debido proceso, la nulidad del
requerimiento especial y el archivo definitivo de la actuación administrativa. Por tanto, la
declaración del 5 bimestre de IVA quedó en firme «el día 08 de mayo de 2019».

Finalmente, señaló que «respecto a. la aplicación de la norma vigente al momento de la presentación
de la declaración inicial» bastaba recordar la obligatoriedad de los pronunciamientos de la
Administración para sus funcionarios, conforme a las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019;
de modo que correspondía aplicarlos «sin discusión alguna».

-Las ventas realizadas a la sociedad CAC Maquila S.A. están exentas del impuesto sobre
las ventas. Explicó que durante el periodo 5.° del año 2016 del IVA le efectuó ventas a la
citada compañía por $5.993.351.370, las cuales declaró como «ventas exentas», bajo los

5
Samai Tribunal, índice 02, certificado 241084EF0F37622B A534C274B8934EA6 153AA8EDCF83BB30 248C9D353570956B (pdf), pp. 5 a 32.
6
Samai Tribunal, índice 02, certificado 241084EF0F37622B A534C274B8934EA6 153AA8EDCF83BB30 248C9D353570956B (pdf), pp. 9 a 30.
7
Al efecto, citó las sentencias del 30 de abril de 2003 (exp. 13530, CP: Ligia López Díaz), 03 de junio de 2015 (exp. 19044, CP: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas), 08 de septiembre de 2016 (exp. 20269, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y del 26 de febrero de 2014 (exp. 19296, CP: Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez).

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2

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supuestos de la letra e. del artículo 481 del ET. Explicó que la exención era procedente
por las siguientes razones: (i) CAC Maquila S.A. fue «usuario aduanero» durante el año
2016, lo cual podía establecerse mediante el acto de calificación 002, del 22 de marzo de
2007, expedido por la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla S.A.-
; (ii) obraban en el expediente los documentos que soportaban que los bienes fueron
efectivamente entregados a la citada compañía, como las órdenes de cargue que enviaba
la sociedad, identificando el producto, peso, vehículo y el conductor con el cual se
entregaría, las remisiones que se expedían una vez entregada y cargada la mercancía
en el vehículo, las cuales contenían la información del cliente, su identificación, la del
transportador y el producto. Al igual que las facturas que expedía por el valor de la
mercancía cargada; y (iii) los bienes vendidos (i.e. aceite de soya refinado) eran
necesarios para el desarrollo del objeto social de tal cliente, pues, conforme se establecía
en el acto de calificación 002 y en el certificado de existencia y representación, dicha
sociedad podía realizar operaciones de maquila (producción, mezcla, fabricación,
envase, empaque, reparación, entre otros). Adicionalmente, en virtud de su naturaleza
societaria de anónima, podía ejecutar, en general, todos los actos y celebrar todos los
contratos para el logro de sus fines o que se relacionaran con su existencia y
funcionamiento.

Seguidamente, planteó que la Administración aplicó equivocadamente la letra e. del
artículo 481 ejusdem al argumentar que los bienes vendidos no ingresaron a la zona
franca y que por ello desconocía la exención; haciendo así, una interpretación no literal y
errónea -aparentemente con el ánimo de acomodarla a los intereses de la demandada-,
puesto que la norma solo establecía que «… los bienes sean vendidos a usuarios industriales de
bienes o de servicios de zona franca … sin especificar el lugar de recepción de los mismos…» de modo
que no constituía un requisito que las mercancías se vendieran «… desde el territorio aduanero
nacional a zonas francas …», como lo señalaba la Administración. Tampoco era un requisito
legal que la actora tuviera la responsabilidad de verificar que dichos bienes hubieran
ingresado efectivamente a la zona franca, contrario a lo que pretendía enfatizar la
autoridad.

Afirmó que se equivocó la Administración al señalar que los bienes vendidos no
ingresaron a la zona franca y, a partir de ello, por ello negar la exención, puesto que esto
se enmarcaba en la exención consagrada en la letra a. ídem al ser una exportación
definitiva (art. 396 del Decreto 2685 de 1999), que no la del literal e. del artículo 481 del
ET que era la norma aplicable al sub examine al por regular la venta de bienes a usuarios
de zona franca. De esa forma, no resultaba procedente que la demandada le hubiese
trasladado la carga del control tributario y aduanero que le correspondía a la entidad,
sobre todo tratándose de los usuarios de zona franca a quienes la misma Administración,
había sujetado a una vigilancia especial de su parte. Así, concluyó, por una parte, que no
se podían imponer sanciones ni «consecuencias fácticas» por el incumplimiento de requisitos
no previstos en la ley ni el reglamento, como lo pretendía la demandada, violándose con
ello el artículo 29 de la Constitución y, por otra parte, que las operaciones eran exentas
a la luz del literal e. del artículo 481 del ET y no del literal a. ídem, lo cual evidenciaba un
grave error en la aplicación de la norma, lo cual viciaba la determinación de un impuesto
que no se causó.

-Las ventas realizadas a la sociedad Servicios Industriales del Norte S.A.S. están exentas
del impuesto sobre las ventas. Relató que efectuó ventas a tal sociedad en el 5° bimestre
de IVA del año 2016, por valor de $979.779.600, las cuales declaró como «ventas exentas»,
en aplicación de la letra e. del artículo 481 del ET, lo que era procedente por las siguientes
razones: (i) la citada sociedad fue usuario aduanero durante el año 2016 -calidad
acreditada con el acto de calificación 008, del 28 de marzo de 2012-, expedido por la

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Zona Franca Tayrona S.A; (ii) las operaciones efectuadas con la referida sociedad
estaban debidamente soportadas, en especial la efectiva entrega al usuario de la zona
franca -autorizaciones de cargue, remisiones y facturas-; y (iii) que los bienes vendidos
eran necesarios para el desarrollo del objeto social de la citada compañía, pues del objeto
social se podía determinar que esta podía realizar operaciones en general, en los que
utilizaba el aceite de soya que le compraba.

Tras lo anterior, reiteró que la interpretación de la letra e. del artículo 481 del ET fue
errónea porque la exención no establecía que los bienes vendidos hubiesen sido
efectivamente ingresados a la zona franca, pues la norma solo exigía la venta al usuario
de zona franca sin especificar el lugar de recepción de la mercancía; aspecto que
tampoco estaba obligado a controlar. Insistió en la violación del artículo 29 de la
Constitución y en que las operaciones eran exentas a la luz del literal e. ídem, que no del
literal a. ejusdem como lo pretendía la DIAN, lo que evidenciaba un grave error en la
aplicación de la norma, lo cual viciaba la determinación del impuesto.

-No es procedente la sanción cuando existe diferencia de criterio entre el contribuyente y
la Administración tributaria. Planteó que la sanción por inexactitud era improcedente toda
vez que no incluyó costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos,
descontables, retenciones o anticipos inexistentes. Por el contrario, los hechos y valores
declarados se ajustaron a la realidad; en consecuencia, se configuró una interpretación
diferente «más no equivocada» de la ley respecto de la exención establecida en el literal e.
del artículo 481 del ET, conforme lo precisó la Sección en la sentencia 25 de julio de 2013
(exp. 19576, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia). De ese modo, indicó que la
sanción por inexactitud «… carece de validez jurídica … y existe falsa motivación en [su] imposición
…», pues su configuración no abarca aquellos casos en los que se trate de una «…
interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, teniendo en cuenta que
los hechos y cifras antes explicadas y argumentadas son completos y verdaderos », y por ello solicitó
acceder a la pretensión subsidiaria de anular la sanción impuesta.

-Violación al principio de buena fe del contribuyente. Argumentó que, durante la actuación
administrativa, la demandada realizó afirmaciones que atentaban contra el principio de la
buena fe (art. 83 constitucional), pues temerariamente señaló que los pagos efectuados
por las sociedades Servicios Industriales del Norte SAS y CAC Maquila S.A. habían sido
en efectivo y efectuados en diferentes localidades de Bogotá, pues la actora no podía
controlar la forma de pago de sus clientes (modalidad y lugar), en la medida en que solo
le llegaba el reporte del pago, sin señalar la anterior información. Adicionalmente, la
Administración señaló que la sociedad Servicios Industriales del Norte SAS no ostentaba
la calidad de usuario de zona franca al momento de las visitas y que no logró establecer
la realidad económica de sus operaciones al no ubicar las instalaciones físicas de esa
sociedad, como insinuando con ello su mala fe, cuando estaba suficientemente probado
que para el año en que se iniciaron las investigaciones -2018- tal sociedad ya había sido
descalificada como zona franca, luego era muy probable que un año después no se
encontrara en las instalaciones de la zona franca.

Luego, planteó los siguientes cargos en forma subsidiaria:

-Las ventas realizadas a la sociedad Servicios Industriales del Norte S.A.S. están exentas
del impuesto sobre las ventas con base en el literal “a” del artículo 481 del Estatuto
Tributario. Explicó que le vendió 207.31 kilos de aceite de soya refinado a la sociedad
Servicios Industriales del Norte SAS, quien, a su vez, los exportó a Panamá, como se
demostraba con las correspondientes declaraciones de exportación que obraban en el
expediente. En consecuencia, la citada operación se subsumía en el supuesto previsto

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en la letra a. del artículo 481 del ET, de modo que la operación se enmarcaba en la citada
exención. Adicionalmente, señaló que todas las operaciones realizadas con esa
compañía estaban debidamente soportadas, lo que demostraba que los bienes fueron
entregados al usuario de zona franca -autorizaciones de cargue, remisiones y facturas-.

-Tarifa especial (5%) del impuesto sobre las ventas del aceite refinado de soya para el
año 2016. Advirtió que, sin perjuicio de lo anterior y en gracia de discusión, debía tenerse
en cuenta que para el año 2016 el aceite de soya se clasificó en la subpartida arancelaria
15.07.10.00.00 y, en consecuencia, se encontraba sujeto a la tarifa del 5% del IVA,
acorde con el artículo 468-1 del ET, que no a la tarifa general (16%), como lo determinó
la demandada en los actos acusados. En ese sentido, solicitó que, en caso de no
prosperar los argumentos principales, se procediera a ajustar el impuesto liquidado a la
tarifa del 5%8, a cuyos efectos pidió en el acápite de pruebas, un análisis químico del
producto vendido con el fin de demostrar que se trataba de aceites refinados con la
clasificación arancelaria 15.07.10.00.00.

-La sanción por inexactitud es improcedente. Adujo que, acorde con lo explicado, los
servicios (sic) que prestó efectivamente estaban exentos de IVA, por lo que no resultaba
procedente la sanción por inexactitud. Sobre el particular, transcribió apartes de varias
sentencias de la Corte Constitucional y de esta corporación, a partir de lo cual concluyó
que la sanción por inexactitud «… carece de validez jurídica … y existe falsa motivación en [su]
imposición …» y no aplicaba en aquellos casos en que se trataba de «… una interpretación
razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, teniendo en cuenta que los hechos y
cifras antes explicadas y argumentadas son completos y verdaderos ».

-Violación de los principios sancionatorios. Alegó que la demandada violó «… principios
básicos provenientes de la Constitución … y ratificados en la [L]ey 1819 1819 de 2016…», a ese efecto,
señaló que la antijuricidad de sus actuaciones no fue establecida en los términos del
artículo 640 del ET, que exigía que para la aplicación de las sanciones, se determinara
la afectación del recaudo nacional; sin embargo, la demandada se limitó a inferir «… una
aparente simulación, sin efectos recaudatorios pues, como se ha demostrado, corresponde[n] a
…operaciones ciertas». Igualmente, consideró transgredidos los principios de gradualidad,
proporcionalidad e imparcialidad, respecto de lo cual, no se pronunció la autoridad,
desconociendo los principios de justicia y equidad, así como el principio de imparcialidad
que debía regir la actuación administrativa, en especial la valoración de las pruebas y la
aplicación del «principio de la sana crítica».

Contestación de la demanda

La demandada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda y condenar en costas
al actor9. En particular, afirmó, en oposición a las pretensiones, que los actos acusados
fueron expedidos con arreglo a las reglas de competencia y al derecho aplicable,
garantizando los derechos fundamentales de la actora, quien tuvo la posibilidad de
intervenir en el trámite y controvertir las decisiones adoptadas.

Respecto de la firmeza de la declaración de IVA del 5 bimestre de 2016, explicó que la
misma se encontraba sujeta a lo establecido en el artículo 705-1 del ET; esto es, a la
firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo gravable

8
La actora solicitó la práctica de un dictamen pericial a los efectos de establecer si (i) el producto vendido sufrió modificaciones químicas; (ii) el proceso
de refinación implica una modificación química; (iii) los aceites vegetales que se clasifican en la subpartida arancelaria 15.07.10.00.00 pueden ser
refinados y no haber sido modificados químicamente; y (iv) los aceites vendidos por la demandante se clasifican en la subpartida arancelaria referida
(índice 02 de Samai del tribunal). Tal petición probatoria fue negada por el tribunal, a través del auto, del 08 de junio de 2023 (índice 10 de Samai del
tribunal); decisión que no fue controvertida por las partes.
9
Samai Tribunal, índice 08, certificado E311A15F9FFBB6D7 4F7E80D41F592B16 798ADCCF7C4A8A4B 0D83CB50DE7852A4 (zip)
2 (pdf), pp. 1 a 18.

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2016, cuyo plazo para presentarla venció el 08 de mayo de 2017 -dies a quo del término
de firmeza aplicable al caso concreto-. Con base en ello, afirmó que el requerimiento
especial expedido el 20 de junio de 2019 y notificado el 25 del mismo mes y año, había
sido oportuno.

Al hilo de lo anterior, advirtió que previo a la firmeza de la declaración se expidió el auto
de inspección tributaria 322402019000008, del 08 de febrero de 2019, notificado el 13
del mismo mes, en desarrollo del cual se recaudaron varios medios de prueba a saber:
(i) auto de verificación o cruce a la sociedad Industrial Comercial Andina, el 27 de febrero
de 2019; (ii) auto comisorio notificado a la sociedad Industrial Comercial Andina, el 07 de
marzo de 2019; (iii) acta de visita al usuario operador de la zona franca Quindío Zona
Franca S.A., del 13 de marzo de 2019; y (iv) acta de cierre de inspección tributaria, del
30 de abril de 2019. En dicho contexto, manifestó que la finalidad de la inspección
tributaria no solo se cumplía cuando se realizaba inspección física a la contabilidad del
contribuyente, sino que esta podía apoyarse en otros medios probatorios, conforme lo ha
señalado la Sección10., Así, se demostraba plenamente que la Administración cumplió
con las órdenes que fueron decretadas en el auto de inspección tributaria, conforme a lo
previsto en los artículos 706 y 779 del ET, de modo que la inspección tributaria cumplió
su finalidad, contrario a lo señalado por el demandante y en consecuencia, la declaración
de IVA del 5 bimestre del año 2016 no adquirió firmeza.

Frente a la adición de ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general, expuso que
si bien lo reportado en las declaraciones tributarias gozaba de la presunción de veracidad
(art. 746 del ET), ello no implicaba que los contribuyentes no tuvieran la carga de
demostrar la exactitud de lo allí reportado, pues tal presunción admitía prueba en
contrario, pudiendo la Administración desvirtuarla mediante el ejercicio de sus facultades
(art. 684 ídem), para el efectivo cumplimiento de las normas tributarias.

Seguidamente, señaló que la afirmación de la actora respecto de que CAC Maquila S.A.
y Servicios Industriales del Norte SAS contaban con la calidad de usuario de zona franca,
para la época de los hechos, no era un asunto debatido, pues la glosa se basó en que
los bienes no fueron entregados efectiva o materialmente a dichos usuarios de zona
franca. Por el contrario, con las pruebas recaudadas11 -en la inspección tributaria-, la
Administración pudo establecer que los productos «… no fueron efectivamente entregados a los
usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca»; pues daban cuenta de que en el «Detalle
de movimientos de entrada y salida de Zona franca en 2016 provenientes de la Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios
de Barranquilla S.A. Usuario Operador de zona franca (folios. 363 a 399) (…) no se observan evidencias de movimientos de
aceites refinados de soya en la posición arancelaría 150790900,sino movimientos de motores, cajas de velocidades, bombas
de inyección, arranques, cardan, cajas de cambio y dirección alternadores, cigüeñales, etc. », lo que resultaba un
indicio contundente para desvirtuar los formularios de movimiento de mercancías
invocados por el demandante, puesto que fueron expedidos por la autoridad calificada
para tal fin, acorde con las previsiones del Decreto 2685 de 1999 regulatoria de las
funciones del usuario operador.

10
. Sentencia del 05 de agosto de 2021 (exp. 22105, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello),
11
Relató como material probatorio en el que se sustentaron los actos demandados, respecto de las operaciones con la sociedad CAC Maquila S.A., los
siguientes documentos: (i) detalle de los movimientos de entradas y salidas de zona franca durante el 2016, los cuales no evidencian el movimiento de
aceite refinado de soya ni coinciden con los formularios de movimiento de mercancía; (ii) remisiones al cliente y consignaciones en efectivo; (iii) soportes
de las ventas, certificado de existencia y representación legal y acto de calificación como usuario de zona franca de la sociedad CAC Maquila S.A.; (iv)
formularios de movimiento de mercancías y certificación del usuario operador de la zona franca de Barranquilla; (v) respuesta de la Administración
respecto de las operaciones de exportación de la sociedad referida; y (vi) acta de visita al usuario operador de la Zona Franca Industrial de Bienes y
Servicios de Barranquilla S.A. Por su parte, frente a las operaciones efectuadas con la sociedad Servicios Industriales del Norte SAS relató los siguientes
hechos y pruebas documentales: (i) no fueron allegados los formularios de movimiento de mercancías; (ii) los comprobantes de consignaciones en
efectivo; (iii) acta de visita de verificación o cruce, del 05 de febrero de 2019, junto con la relación de los ingresos devengados por Servicios Industriales
del Norte SAS; (iv) visita, del 11 de septiembre de 2018, no encontró la dirección registrada de la sociedad; (v) Servicios Industriales del Norte SAS fue
calificado como usuario de zona franca en marzo de 2012 y le fue aceptada la renuncia a tal calidad a partir del 01 de junio de 2017; (vi) las actividades
económicas reportadas en el RUT de dicha sociedad -fabricación de carrocerías para vehículos y de maquinaria- no tienen relación con la manifactura
o comercialización de aceites de soya para el consumo humano; y (vii) solicitud de autorización de embarque y la autorización, sin la respectiva
declaración de exportación.

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Respecto de los documentos de remisión de la mercancía para despacho, a los a que se
refería el demandante, señaló que estos eran elaborados por la misma investigada, y por
tanto no eran evidencia de procedencia externa que fuera idónea y eficaz.

Tras lo anterior, afirmó que la Administración desvirtuó la presunción de veracidad de la
declaración cuestionada, siendo deber de la actora aportar los medios de prueba que
acreditaran los movimientos en zona franca para acceder a la exención consagrada en
la letra e. del artículo 481 del ET. Así, en la medida en la que la actora no desvirtuó ni
cuestionó el «robusto conjunto de indicios» recopilados por la Administración12, estos
adquirieron «pleno valor probatorio». En consecuencia, en el expediente administrativo se
logró demostrar que la demandante no realizó las ventas que reclamaba como exentas
con CAC Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte SAS.

También señaló que la actuación administrativa se desarrolló dentro del marco legal
vigente, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso. Asimismo, indicó que el
principio de buena fe en materia tributaria no era absoluto y que, en caso de
incumplimientos por parte del contribuyente, dicha presunción se desvirtuaba. Así, al
advertir la Administración irregularidades, le trasladó la carga de la prueba respecto de
las operaciones cuestionadas. En conclusión, la autoridad advirtió que la actora incluyó
en su declaración datos que no se ajustaban a la realidad y procedió a «… rechazar las
deducciones reportadas por la demandante».

En relación con la tarifa del IVA aplicable al producto vendido, explicó que la partida
arancelaria 15.07.10.00.00 correspondía al producto «aceite bruto de soya», partida que no
se encontraba comprendida dentro de las previstas en el artículo 468-1 del ET con tarifa
especial del 5%. En tal contexto, indicó que el producto comercializado por la actora fue
«aceite refinado de soya» cuya partida arancelaria era 15.07.90.90.00.

Finalmente, frente a la imposición de la sanción por inexactitud, defendió su procedencia
en tanto, con los medios probatorios recaudados, comprobó que la demandante incluyó
en su declaración conceptos que no tenían sustento en la realidad y que distorsionaban
su base gravable, los cuales dieron lugar a la liquidación de un menor impuesto a pagar
(arts. 647 y 648 del ET). Agregó que estaba plenamente demostrado que la actora
registró voluntariamente los datos en su declaración privada, comprobándose el «elemento
subjetivo de las inexactitudes incurridas» (sentencia C-506 de 200213).

Igualmente, manifestó que no se configuró la «alegada diferencia de criterios» a los efectos
de la exoneración de la sanción, dado que la actora no logró demostrar los requisitos para
acceder a la exención o a la aplicación de una tarifa especial del 5%, lo que derivó en el
pago de un impuesto menor al debido y, por ende, una afectación al recaudo oportuno
del impuesto.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda14. En primer lugar, concluyó que el
término de firmeza de la declaración del impuesto sobre las ventas, objeto del sub lite,
era de 3 años, el cual se consolidó el 08 de mayo de 2020, pues la declaración del
impuesto sobre la renta se presentó el 08 de mayo de 2017. Así, como el requerimiento
especial se notificó el 25 de junio de 2019; esto es, dentro de los 3 años con los que
contaba la Administración para el efecto, fue expedido oportunamente, resultando

12
Sobre la naturaleza y alcance de la prueba indiciaria, citó la sentencia del 18 de marzo de 2021 (exp. 24685, CP: Milton Chaves García).
13
Corte Constitucional, sentencia C-506 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Samai Tribunal, índice 18, certificado 9DB15219B938AF6F 83F99553272EA463 C8B5F77B631D4841 EE4AB4CCF2DCBBE9 (pdf), pp. 21 y 22.

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irrelevante estudiar la suspensión del término con la inspección tributaria.

Respecto de las «ventas exentas con derecho a devolución», luego de explicar el alcance de
las letras a. y e. del artículo 481 del ET y del régimen franco (arts. 396 del Decreto 2685
de 1999 y 3 de la Ley 1004 de 2005), sostuvo que no bastaba la sola venta de la
mercancía al usuario industrial o de servicios, sino que se requería la comprobación de
la entrega material de dichos bienes en la zona franca, a los efectos de la procedencia
del tratamiento exceptivo del IVA, previsto en la letra e. del artículo 481 ídem;
circunstancia que le correspondía demostrar al contribuyente. Sin embargo, la actora no
presentó ningún argumento o soporte con ese propósito; se limitó a afirmar que las
empresas CAC Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte SAS eran usuarios
aduaneros, que la mercancía les fue entregada -sin haber detallado si fue dentro o fuera
de la zona franca- y que los bienes eran necesarios para el desarrollo del objeto social
de tales entidades.

Igualmente, concluyó la improcedencia de la exención prevista en la letra a. ejusdem,
puesto que ello solo sería aplicable si la actora hubiera actuado directamente como
exportadora; sin embargo, la venta se realizó a un usuario de zona franca, el cual
eventualmente efectuó la exportación (hecho no probado).

También desestimó la aplicación de la tarifa especial del 5% respecto de la mercancía
enajenada en tanto el artículo 468-1 del ET disponía que dicho tratamiento le era aplicable
a los bienes clasificados en la partida «15.07.10.00.00 aceite en bruto de soya» mientras que
en el expediente se encontraban soportes de facturas y movimientos de los bienes
vendidos, en los que se especificaba que el producto vendido a los usuarios industriales
había sido «aceite refinado de soya» clasificado en la subpartida arancelaria «15.07.90.90.00»,
el cual se sometía a un proceso químico y estaba sujeto a la tarifa general de IVA del
16%.

Igualmente, encontró procedente la imposición de la sanción por inexactitud, puesto que
la actora registró en su declaración ingresos exentos sin acreditar el cumplimiento de los
requisitos para su procedencia; no siendo aceptable una diferencia de criterios, toda vez
que los «ingresos exentos … son de aplicación restrictiva». Advirtió que la normativa y la
jurisprudencia eran claras respecto de la exigencia de acreditar que los productos
vendidos hubieran ingresado efectivamente a la zona franca.

También señaló como inaplicables los principios de gradualidad, proporcionalidad y
lesividad, establecidos en el artículo 640 del ET, dado que la sanción por inexactitud no
establecía un «porcentaje de variación» que debiera ser valorado por la Administración para
su imposición. Tampoco observó que la buena fe, alegada por la demandante, la hubiese
exonerado de la sanción por inexactitud, pues esta procedía cuando se declaraba un
menor valor del impuesto a pagar, con independencia de la intención del contribuyente.

Por último, advirtió que esa corporación, en sentencia del 23 de agosto de 2024, falló un
asunto análogo de la misma demandante, correspondiente al IVA del 4.° bimestre de
2016, en los mismos términos de la sentencia emitida; línea argumentativa que
mantendría.

Recurso de apelación

La actora apeló el fallo, solicitando revocar el fallo de primer grado15. Al efecto, planteó
los siguientes reproches:
15
Samai Tribunal, índice 22, certificado DC077556BDC7433A 3A7250E7E0EB8D18 0133D51E6FA87BC4 3C44B39F63C65C3F (pdf), pp. 1 a 6.

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-Las ventas realizadas a las sociedades CAC Maquila S.A. y Servicios Industriales del
Norte SAS, estuvieron exentas del impuesto sobre las ventas. Adujo que, contrario a lo
resuelto por el tribunal, dentro de los requisitos para la procedencia de la exención
prevista en la letra e. del artículo 481 del ET no se establecía que el vendedor de la
mercancía debiera acreditar necesariamente que los bienes hubieran ingresado a la zona
franca, puesto que no se trató de una exportación en los términos de la letra a. ejusdem.

Así, las ventas realizadas durante el 5 bimestre de 2016 a los usuarios de zona franca
cumplieron la totalidad de las condiciones dispuestas en la letra e. ibidem, a los efectos
de ser consideradas exentas. En particular, señaló que: (i) las sociedades CAC Maquila
S.A. y Servicios Industriales del Norte SAS fueron «usuarios aduaneros» para el año 2016 -
lo cual consideró acreditado con el acto de calificación expedido por la Zona Franca
Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla S.A., del 22 de marzo de 2007, y por la
Zona Franca Tayrona S.A., del 28 de marzo de 2012-; (ii) todas las operaciones
realizadas con dichas sociedades fueron debidamente soportadas y, particularmente,
acreditó que los bienes fueron efectivamente entregados a los usuarios de zona franca
con las órdenes de cargue, las remisiones al cliente y las facturas de venta; y (iii) los
bienes vendidos a las sociedades mencionadas eran necesarios para el desarrollo de sus
respectivos objetos sociales.

Enfatizó que los requisitos previstos en la norma ídem únicamente exigían que la
mercancía se hubiera vendido a usuarios industriales de bienes o servicios de zona
franca, sin especificar el lugar de recepción. Alegó que no era un requisito legal, que la
actora estuviera obligada a cerciorarse de que los bienes vendidos hubieran ingresado
efectivamente a la correspondiente zona franca, como lo pretendía la Administración.

Planteó que si la mercancía hubiera ingresado a la zona franca, tal operación sería una
exportación definitiva, como lo establecía el artículo 396 del Decreto 2685 de 1999, lo
que sería exigible tratándose de bienes exportados que regulaba la letra a. del artículo
481 del ET, que no de bienes vendidos a usuarios de zona franca, como correspondía a
lo declarado por la actora. Adujo que no era dable que la Administración trasladara a los
particulares el control tributario y aduanero que le correspondía; máxime si se trataba de
contribuyentes determinados como sujetos a vigilancia especial por parte de la
Administración. Así, como se estaba frente a la venta de bienes exentos a la luz de la
letra e del artículo 481 y no del literal a de tal disposición, se incurría en un error grave
de aplicación de la norma, lo que viciaba el impuesto causado.

-No es procedente la sanción cuando existe diferencia de criterio entre el contribuyente y
la Administración tributaria. Insistió en que la sanción por inexactitud era improcedente
en el entendido de que los hechos y valores que declaró en su autoliquidación se
ajustaron a la realidad, por lo que se estaría ante una «interpretación diferente más no
equivocada de la ley» respecto de la exención de la letra e. ídem. Así, tras citar la sentencia
del 25 de julio de 2013 (exp. 19576, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), sostuvo
que la sanción impuesta carecía de validez jurídica y adolecía de falsa motivación, en
tanto los motivos señalados en los actos, además de falsos, no configuraban sanción por
inexactitud porque se trataba de una interpretación razonable del derecho, teniendo en
cuenta que los hechos y cifras fueron completos y verdaderos.

Por último, se advierte que la actora no apeló la desestimación, efectuada por el tribunal,
del argumento subsidiario -planteado en la demanda- atinente a que para el año 2016 el
aceite de soya se clasificaba en la subpartida arancelaria 15.07.10.00.00, sujeto a la tarifa
del 5% del IVA (art. 468-1 del ET), que no a la tarifa general del 16%, determinada en los
actos acusados.

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Pronunciamientos finales

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal16. Por su parte, la demandada
se pronunció oportunamente respecto del recurso de alzada interpuesto por la actora,
solicitando la confirmación del fallo17. Frente a las operaciones que la demandante realizó
con las sociedades CAC Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte SAS, sostuvo
que la demandante efectuó una lectura equivocada de la letra e. del artículo 481 del ET.

Así, tras explicar los conceptos de «territorio aduanero nacional», «usuario industrial de bienes» y
«zona franca», señaló que la exención prevista en el artículo ibidem cobijó la enajenación
de bienes [muebles]18, desde el TAN (territorio aduanero nacional) hacia los usuarios
industriales de zona franca, que efectivamente ingresaran a la respectiva zona franca en
tanto se trataba de exportaciones definitivas; tesis que sustentó en una interpretación
sistemática de la letra e. ídem con el artículo 396 del Decreto 2685 de 1999, así como en
la sentencia del 08 de febrero de 2002 (exp. 12371, CP: María Inés Ortiz Barbosa) y el
Concepto DIAN 73127, del 26 de octubre de 2004.

De esa forma, concluyó que la exención sub examine requería de su exportación
definitiva, pues tal circunstancia era la que justificaba el tratamiento preferencial de dichas
operaciones; es decir, privilegiaba las operaciones de enajenación de bienes que salieran
del TAN de manera definitiva -hecho que conforme a las pruebas, obrantes en el
expediente, no fue acreditado por la demandante -. Asimismo, advirtió que la exención
prevista en la letra a. ejusdem hacía referencia a la simple exportación, mientras que la
letra e. ídem establecía unas condiciones especiales, que, en todo caso, aludían a una
exportación.

Finalmente, argumentó que se configuraron todos los elementos para la imposición de la
sanción por inexactitud y señaló que no se expusieron de manera suficiente las razones
por las cuales se configuró «la diferencia de criterios».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la actora contra la sentencia de primera instancia, que no accedió a anular
los actos acusados.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala determinar (i) si para la procedencia de la exención de IVA
prevista en la letra e. del artículo 481 del ET no era requerido acreditar el efectivo ingreso
a la zona franca de los bienes vendidos a usuarios industriales de bienes o de servicios
de zona franca; (ii) si la demandante acreditó el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos para la aplicabilidad de la exención prevista en el artículo
ejusdem. De concluirse lo anterior negativamente, se definirá (iii) si no era procedente la
sanción por inexactitud, por ajustarse a la realidad los hechos y valores consignados en
la declaración, habiéndose presentado una «interpretación diferente» -que no equivocada-
de la letra e. del artículo 481 del ET.

16
Samai CE, índice 15, certificado A083586651D74A06 CCCF2DD43FE43ECA 27DDCA51A85EC047 A5100B4641AFAACF (pdf), p. 1.
17
Samai CE, índice 12, certificado 1204BEBB9B6FAE6D 1D3D28B255A9842C 539486322AFD7BE2 A9609394B0B66F03 (pdf), pp. 1 a 8.
18
La Sala Destaca que, en su escrito, la Administración afirmó que la exención sub examine corresponde a la enajenación de «bienes inmuebles»
enajenados desde el territorio aduanero nacional con destino a los usuarios de zona franca. Se advierte que se trata de un evidente error de redacción,
el cual fue corregido directamente en el texto de la providencia.

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Análisis del caso concreto

3- Dada su unidad temática, la Sala abordará los problemas jurídicos (i) y (ii) de manera
conjunta. Sobre el particular, la apelante única sostuvo que la exención del IVA prevista
en la letra e. del artículo 481 del ET no establecía como requisito para su procedencia
que los bienes vendidos a usuarios industriales de bienes o servicios de zona franca
ingresaran efectivamente a dicha zona, dado que no se trató de una exportación en los
términos de la letra a. ejusdem (art. 396 del Decreto 2685 de 1999); en cambio, sí cumplió
los requisitos exigidos en la prenotada disposición para acceder a la exención, ellos
fueron: (i) que los adquirientes fueron usuarios de zona franca; (ii) que tales usuarios
recibieron efectivamente la mercancía, como lo acreditaban las órdenes de cargue, las
remisiones al cliente y las facturas de venta; y (iii) que los bienes vendidos a las
sociedades mencionadas eran necesarios para el desarrollo de sus respectivos objetos
sociales. Así, las ventas efectuadas durante el periodo 5° de 2016 a usuarios de zona
franca cumplieron con la totalidad de las condiciones exigidas a los efectos de
enmarcarse como operación exenta de IVA.

Bajo la misma ilación, adujo que los requisitos previstos en la norma ídem únicamente
exigían que la mercancía se hubiera vendido a usuarios industriales de bienes o servicios
de zona franca, sin especificar el lugar de recepción; y no era requisito legal que la actora
estuviera obligada a ejercer un control tributario sobre sus clientes para verificar que los
bienes vendidos ingresaran efectivamente a la zona franca, como lo exigía la
demandada.

En el otro extremo del debate, la demandada, al pronunciarse sobre el recurso de alzada,
manifestó que la actora hizo una lectura equivocada de la letra e. ibidem, pues el
tratamiento benéfico, establecido en dicha norma, cobijaba únicamente la enajenación
de bienes muebles desde el TAN hacia los usuarios de zona franca, lo que exigía que las
mercancías ingresaran efectivamente a la respectiva zona franca, dado que se trataba
de exportaciones definitivas (art. 396 del Decreto 2685 de 1999).

El a quo acogió el criterio de la Administración, precisando que no era suficiente la sola
venta de mercancía al usuario industrial de bienes o de servicios de zona franca, pues, a
los efectos de la procedencia de la exención prevista en la letra e. ídem, debía acreditarse
la entrega material de dichos bienes en la respectiva zona franca; carga probatoria que
le competía al contribuyente. Así, para el caso concreto, concluyó que la actora no
satisfizo tal requerimiento probatorio en tanto no desarrolló ningún argumento ni aportó
medios de conocimiento dirigidos a acreditar el cumplimiento de la condición descrita;
particularmente, destacó que la actora se limitó a afirmar que las sociedades CAC
Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte SAS eran usuarios de zona franca, para
la época de los hechos; que la mercancía fue entregada -sin haber detallado si ocurrió
dentro o fuera de la zona franca-; y que tales bienes eran necesarios para el desarrollo
del objeto social de las señaladas sociedades.

En esa medida, concluyó que la exención sub examine no fue acreditada por la
demandante. Igualmente, descartó la exención prevista en la letra a. ejusdem para el
caso bajo análisis, puesto que la actora no actuó directamente como exportadora, sino
que la venta se realizó a un usuario de zona franca, quien eventualmente efectuó la
exportación.

3.1- Atendido lo anterior, se establece que los argumentos de la actora se concentraron,
de una parte, en plantear una indebida interpretación de la letra e. ídem, por parte de la

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Administración y del tribunal, y, de otra, en el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo ídem.

3.2- Como se advierte que la Sección ya se ha pronunciado en procesos adelantados por
las mismas partes, con similitud fáctica y jurídica, esto es, ventas declaradas como
exentas de IVA con las sociedades CAC Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte
SAS durante los periodos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de 2016, para dilucidar el debate planteado
en esta oportunidad, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial que
orientó tales decisiones19. En dichas oportunidades, se precisó, acorde con la exposición
de motivos del artículo 481 del ET, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 396
del Decreto 2685 de 1999 y 3 de la Ley 1004 de 2005, que la exención prevista en la letra
e. ibidem exigía para su procedencia que se acreditara «… el ingreso de los bienes a zona
franca, porque, precisamente, el objeto del beneficio es establecer un tratamiento tributario especial sobre
esta área … Así, la norma prevé dentro de los requisitos del beneficio tributario que el bien ingrese a la
zona franca y sea efectivamente recibido por el usuario industrial, lo que supone la existencia de una
exportación definitiva…» (sentencia del 10 de julio, exp. 29389, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello).

Igualmente, se precisó que, acorde con el artículo 788 del ET, los obligados tributarios
tenían la carga de demostrar los hechos que los habilitaban para beneficiarse de una
exención tributaria, lo cual podía demostrarse con «… el formulario de ingreso a la zona franca,
la autorización de embarque y cualquier documento que soporte el trámite de exportación según las normas
aduaneras».

3.3- Así, no puede omitirse que el tratamiento exceptivo previsto en la letra e. del artículo
481 del ET fue previsto en razón de la zona franca, dentro de la cual deben desarrollar
sus actividades los usuarios industriales de bienes y servicios calificados en la misma, lo
que evidencia que las ventas exentas no son las efectuadas en el resto del territorio
nacional (TAN), sino desde el TAN a tales usuarios, con lugar de arribo (destino) en la
zona franca.

3.4- Atendida la finalidad y el alcance de la disposición, así como el criterio jurisprudencial
adoptado por la Sección, encuentra la Sala que contrario a lo expuesto por la apelante,
la exención sub examine exigía para su admisibilidad que los bienes vendidos hubieran
ingresado efectivamente a la zona franca, por lo que no resultaba suficiente la sola
adquisición por parte de un usuario industrial de zona franca.

Dado que tal aspecto no fue acreditado por la demandante -quien inclusive defendió que
no era su obligación constatar el ingreso a la zona franca de la mercancía, insistió en que
bastaba con efectuar la venta a dichos sujetos-, para esta judicatura resultaba
improcedente aplicar la exención del literal e. del artículo 481 del ET, esto, con
independencia de que se hubieran cumplido las otras condiciones previstas para el
efecto.

Conforme a lo expuesto, la Sala no dará prosperidad a los cargos formulados por el actor
respecto de la indebida interpretación de la letra e. del artículo 481 del ET, pues se insiste
en que tal tratamiento exceptivo implicaba el arribo de la mercancía adquirida por los
usuarios industriales de bienes y servicios, a la zona franca, lo que excluye la
interpretación de la actora acerca de que esto solo resultaba exigible bajo el supuesto
regulado en la letra a. de la prenotada disposición.
Por la misma razón, debe desestimarse el cumplimiento de la totalidad de los requisitos

19
Sentencia del 10 de julio (exp. 29389, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). Reiterada en las sentencias del 06 de agosto de 2025
(exp. 29430, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 31 de octubre y 13 de noviembre de 2025 (exps. 28332 y 29341, CP: Claudia
Rodríguez Velásquez).

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previstos en la disposición que propugna la apelante. No prospera el cargo de apelación.

4- Respecto de la sanción por inexactitud, la apelante alegó su improcedencia, aduciendo
que los hechos y valores consignados en su declaración privada se ajustaron a la realidad
y que se trató de una «interpretación diferente» -que no equivocada- de la letra e. del artículo
481 del ET; razón por la que carecía de validez jurídica la sanción impuesta, la cual fue
falsamente motivada por sustentarse en motivos infundados. En ese sentido, adujo que
se trataba de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación razonable
del derecho aplicable, teniendo en cuenta que los hechos, cifras eran completas y
verdaderas. En oposición, la demandada señaló que se configuraron todos los elementos
para la imposición de la sanción por inexactitud. Asimismo, afirmó que la actora no
argumentó suficientemente la configuración de la «diferencia de criterios» alegada.

Por su parte, el tribunal encontró procedente la sanción bajo la consideración de que la
demandante registró ingresos como exentos sobre los cuales no probó su derecho, no
existiendo discusión respecto de la importancia de satisfacer los requisitos del ET para la
procedencia de la exención. Así, no era dable alegar una diferencia de criterios para
registrar un beneficio que era de interpretación restrictiva. En particular, destacó que la
normativa y la jurisprudencia eran claras respecto de que las mercancías vendidas
debían ingresar efectivamente a la zona franca.

4.1- Para definir lo anterior, previo reiterar que constituye inexactitud sancionable declarar
exenciones improcedentes, la Sala reiterará, en lo pertinente, las previsiones de la
sentencia del 11 de junio de 2020 (exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), en
cuanto a la configuración de la causal de exculpación respecto de la señalada sanción.
Al efecto, la corporación indicó que no bastaba la existencia «… una mera “diferencia de
criterios” entre los sujetos de la relación jurídica tributaria», sino que «… lo determinante es establecer
si el “criterio” desplegado por el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la
interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual
propició en el la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico»; circunstancia que
debe ser acreditada por quien alega la configuración, en la medida en que «… el sujeto
infractor tiene la carga de despejar cualquier duda asociada a la concurrencia de las circunstancias fácticas
que determinan la interpretación y posterior aplicación de la norma jurídica que suscrita el error…».

4.2- Aplicado el señalado criterio jurisprudencial, la Sala no encuentra satisfecha la carga
probatoria y argumentativa a los efectos de acreditar la configuración de la causal de
exculpación alegada. En concreto, se observa que la apelante se limitó a afirmar que su
posición correspondió a una «interpretación diferente más no equivocada de la ley», pues declaró
la totalidad de hechos y cifras en su autoliquidación (índice 22 de Samai del tribunal), lo
que no resulta suficiente para sustentar la existencia de una diferencia de criterio en
relación con el derecho aplicable que aduce la actora, sobre todo cuando no resulta
plausible la interpretación del precepto analizado -letra e. del artículo 481 del ET en la
medida que, como se analizó este partía del supuesto de la venta desde el TAN con
destino (llegada) a la zona franca, a efectos de acceder al tratamiento exceptivo. No
prospera el cargo de apelación.

No prospera el cargo de apelación.

Conclusión

5- La Sala establece como criterio interpretativo de esta providencia que la exención
prevista para la venta de bienes a usuarios industriales de zona franca, contemplada en
la letra e. del artículo 481 del ET, exige para su procedencia que la mercancía haya

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ingresado efectivamente a la respectiva zona franca, lo cual debe ser acreditado por el
obligado tributario que reclama la operación como exenta.

Costas

6- Conforme al criterio jurisprudencial mayoritario adoptado por esta Sección 20 y al
Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025, proferido por el CSJ,, la Sala
impondrá condena en costas a la demandante en esta instancia, por ser la parte vencida
en el proceso (ordinal 3 del artículo 365 del CGP). Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo, mensual, legal y vigente. Por tanto, se ordenará al
tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la actora en esta instancia conforme a lo señalado en la parte
considerativa de esta sentencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite
al respectivo incidente.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado Aclaro voto
electrónicamente) (Firma
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MYRIAM STE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
(Firmado electrónicamente) (Firma
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ CLAUDIA

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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