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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00319-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00319-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 2 de noviembre de 2023. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2021-00319-01 (28516) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP 2. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a la pretensión de nulidad del Mandamiento de Pago Nro. CC-000247 del 23 de octubre de 2020. 3. Negar las demás pretensiones de la demanda. 4. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00319-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de junio de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00319-01 (28516)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00319-01 (28516)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Demandado FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES FONCEP
Temas: Cobro coactivo. Recobro de cuotas partes pensionales.
Prescripción de la acción de cobro.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 2 de noviembre de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, resolvió1:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones nro. CC-247 de 23 de octubre de
2020 y nro. CC-00273 de 30 de noviembre de 2020, proferidas por el FONCEP
dentro del Proceso de Cobro coactivo nro. (sic) CP-035 de 2020, de
conformidad conformidad (sic) con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE de oficio la prescripción
de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales de que trata el proceso
de la referencia y, en consecuencia, DECLÁRASE la terminación del proceso
de cobro coactivo adelantado en contra de la demandante». (Énfasis del texto
original).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP)
expidió el Mandamiento de Pago Nro. CC-000247 del 23 de octubre de 2020 en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), por concepto de cuotas
partes pensionales causadas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de julio de
2020.

La UGPP formuló las excepciones de falta de título ejecutivo, falta de legitimación
en la causa por pasiva y cobro de lo no debido, mediante memorial del 12 de
noviembre de 2020.

La acreedora negó las excepciones mediante la Resolución Nro. CC-000273 del 30
de noviembre de 2020 y, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución.

1 SAMAI del Tribunal, índice 34, páginas 37 a 38
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00319-01 (28516)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP

La deudora presentó recurso de reposición en contra de la anterior decisión
mediante escrito del 23 de diciembre de 2020, el cual fue negado por el FONCEP
por medio de la Resolución Nro. CC-00010 del 9 de febrero de 2021.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante solicitó que,
previo al trámite respectivo, se hicieran las siguientes declaraciones:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000247 del 23 de octubre
de 2020 “Por el [sic] cual se libra mandamiento de pago por vía ejecutiva de jurisdicción
coactiva CP 035 de 2020”, expedida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones – FONCEP.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-000273 del 30 de noviembre
de 2020 “Por la cual se resuelven unas excepciones contra la Resolución CC-000232 (sic) del
15 de octubre de 2020 CP 035/2020” expedida por el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. CC-00010 del 9 de febrero de
2021 “Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición en contra de la resolución No.
CC-000273 del 30 de noviembre de 2020 Proceso de Cobro Coactivo CP-035/2020”, expedida
por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.
CUARTA: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada a la
devolución de los valores que la UGPP hubiese tenido que cancelar y/o de los valores sobre
los cuales se haya decretado y efectuado embargo.
QUINTA: Que se declare la prosperidad de las excepciones de falta de título ejecutivo y falta
de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido, interpuestas dentro del término
legal frente al mandamiento de pago Resolución No. CC-000247 del 23 de octubre de 2020,
proferido dentro del proceso de cobro coactivo expediente No. CP-035 de 2020.
SEXTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el Art. 187
de la Ley 1437 del 2011, aplicando los ajustes de valor o indexación desde el momento en
que se causó hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso,
prorrogable hasta la fecha del pago efectivo del reajuste y la retroactividad.
SÉPTIMA: Si el accionado dentro del presente medio de control no efectúa el pago en forma
oportuna, deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el
artículo 192 de la Ley 1437 del 2011». (paréntesis del original y corchete de la Sala).

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
2 de la Ley 33 de 1985, 5 de la Ley 489 de 1998, 99 de la Ley 1437 de 2011, 1 y 2
del Decreto 1222 de 2013, 6 del Decreto 575 de 2013, y la Circular Conjunta Nro.
069 del 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Salud y de la Protección Social y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El concepto de violación se resume así:

1. Sobre el título ejecutivo

Precisó que la demandada intenta constituir un título ejecutivo complejo a cargo de
la UGPP con las cuentas de cobro dirigidas al Ministerio de Salud y Protección

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
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Social y la liquidación de cada pensionado, lo que a su juicio contradice el artículo
99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Señaló que el título ejecutivo de las obligaciones por cuotas partes pensionales se
constituye con la resolución de reconocimiento pensional y con el acto que liquida
las cuotas partes. Sobre este asunto, citó apartes de la sentencia del 23 de junio de
2016, exp. 2011-00505-01, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado2.

Indicó que el mandamiento de pago se sustentó en las cuentas de cobro dirigidas
al Ministerio de Salud y Protección Social, que fueron posteriormente remitidas a la
UGPP con oficio del 3 de diciembre de 2019, a las cuales se adjuntó un listado de
cédulas bajo el título de «liquidación de cuotas partes», unas certificaciones de mesadas
pensionales y unas cuentas de cobro por los periodos de enero de 2016 a julio de
2019. De igual forma, dijo que existían otras cuentas de cobro dirigidas a la UGPP
por los periodos de diciembre de 2019 a julio de 2020.

Aseguró que, al verificar las cédulas enlistadas por la demandada, no halló acto
administrativo que imponga alguna obligación a su cargo, no se evidencia una
cuenta de cobro por el periodo de agosto a noviembre de 2019, y no hay prueba de
que se haya consultado los actos de reconocimiento pensional a la UGPP, lo que
se puede constatar al examinar las fechas de emisión.
Con base en lo anterior, insistió que no fue notificada de ningún acto administrativo
previo en el que se efectuara la liquidación de la deuda a su cargo (i. e. proyecto de
resolución que reconoce pensión, resolución que reconoce y ordena el pago de una pensión,
certificación de mesada pensional, liquidación de la deuda y certificación de la deuda por concepto
de cuotas partes pensionales).

Señaló que la obligación que se le pretende cobrar no es clara porque no se
identifica a la UGPP como deudor y porque no existe un vínculo jurídico con el
FONCEP por omitir la consulta previa del artículo 2 del Decreto 1222 de 2013, pues
los reconocimientos pensionales son anteriores al 8 de noviembre de 2011.
Indicó que la consulta de la cuota parte pensional y la presentación de la cuenta de
cobro son dos eventos diferentes, cuyo trámite está previsto en la Circular Conjunta
Nro. 069 del 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual está como requisito que la
cuota parte pensional sea aceptada conforme con el artículo 2 de la Ley 33 de 1985.
Señaló que la obligación tampoco es exigible debido a que los pensionados estaban
a cargo de CAJANAL y que el liquidador reconoció las reclamaciones oportunas por
concepto de cuotas partes pensionales causadas al 12 de junio de 2009 y por el
valor futuro con el correspondiente cálculo actuarial, mediante la Resolución Nro.
2266 de 2012.
Agregó que es ilegal cobrar las cuotas partes futuras y no causadas, tal como se
hizo en el mandamiento de pago, pues no es una obligación exigible. Resaltó que
no es aplicable la norma invocada por la demandada para exigir obligaciones futuras
porque no existe acumulación de pretensiones, sino el cobro anticipado de
obligaciones inexistentes.
Afirmó que la obligación objeto de cobro tampoco es expresa, puesto que no existe
para la UGPP ninguna prestación de dar, hacer o no hacer, en la medida en que la

2 Exp. 05001-23-31-000-2011- 00505-01.
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resolución de reconocimiento pensional no le es exigible ni existe acto que imponga
alguna deuda a su cargo.

Aseveró que de insistir con el cobro de las obligaciones en debate, le correspondería
su trámite al Patrimonio Autónomo de Cuotas Partes de CAJANAL, de conformidad
con los artículos 1 del Decreto 1222 de 2013 y 8 del Decreto 3056 de 2013, puesto
que es la entidad encargada del pago de las cuentas de cobro causadas con
posterioridad al proceso liquidatorio, tal y como ocurre en este caso.

2. Sobre la competencia para pagar las cuotas partes pensionales cobradas
por el FONCEP, la falta de legitimación en la causa por pasiva y el cobro
de lo no debido

Citó los artículos 5 de la Ley 489 de 1998, 6 del Decreto 575 de 2013, y 1 y 2 del
Decreto 1222 de 2013. Adujo que los actos acusados quebrantan estas
disposiciones porque cobran a la UGPP unas cuotas partes pensionales que, según
la fecha en que fue reconocido el derecho pensional, se consolidaron y se hicieron
exigibles antes del 8 de noviembre de 2011, por lo que debieron incluirse en el
proceso de liquidación de CAJANAL, como lo determinó la Resolución Nro. 2266 de
2012. En consecuencia, aseveró que no existe legitimación en la causa por pasiva
por parte de la UGPP.

Expuso un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
(sin señalar fecha o radicado) que, al resolver un conflicto de competencias negativo
entre la UGPP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
declaró competente a dicho ministerio.

Con fundamento en el mismo pronunciamiento, destacó que, en el caso de la extinta
CAJANAL, la competencia sobre las cuotas partes consolidadas antes del 8 de
noviembre de 2011 está a cargo del Patrimonio Autónomo de Cuotas Partes
Pensionales, por lo que, en este caso, se está ante una clara falta de legitimación
en la causa por pasiva.

En ese sentido, afirmó que se configuraba el cobro de no lo debido, pues la
competencia de las cuotas partes pensionales corresponde al Ministerio que las
asume y administra y no la UGGP, la cual solo tiene a su cargo el reconocimiento y
trámite de cuotas partes pensionales por cobrar y pagar para solicitudes a partir del
8 de noviembre de 2011.

Oposición de la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda y propuso la
excepción genérica, para lo cual comenzó por referirse al concepto de tesoro
público, a los artículos 100 y 104 de la Ley 1437 de 2011, y a las características del
procedimiento de cobro coactivo.
Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP, expuso
las normas de creación y de competencia de la UGPP y afirmó que el FONCEP
tenía la doble condición de obligado y beneficiario del cobro de cuotas partes
pensionales. Al respecto, citó el concepto del 12 de noviembre de 2019 (Exp. 2417)
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Sostuvo que el artículo 1 del Decreto 4269 de 2011 ordenó la liquidación de
CAJANAL y dispuso que las obligaciones misionales serían asumidas por la UGPP,
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criterio que, a su parecer, debía aplicarse en la actualidad para definir la suerte de
los procesos iniciados antes del 8 de noviembre de 2011.
Afirmó que la responsabilidad de la UGPP comprende tanto la representación de
los procesos judiciales que están en curso, como el eventual cumplimiento de las
condenas que en ellos se impongan. En ese sentido, la actora, como sucesora de
CAJANAL, debe reconocer el valor de las cuotas partes pensionales originadas en
los fallos que ordenaron las reliquidaciones de unas pensiones a las que concurre.
Resaltó que la UGPP tiene por objeto la administración de los derechos pensionales
y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores
públicos del orden nacional, como es el caso de la extinta CAJANAL, a partir del 12
de junio 2013, fecha a partir de la cual desapareció de la vida jurídica. En tal sentido,
recalcó que la obligación si está a cargo de la demandante porque, aunque la
mesada pensional fue reconocida antes del 8 de noviembre de 2011, ella asumió
las funciones de CAJANAL.
En cuanto a la falta de título ejecutivo, aseguró que era competente para tramitar
los procesos de cobro coactivo y que en el expediente se encuentran las
resoluciones de reconocimiento pensional, las certificaciones de las mesadas
pagadas, la liquidación de la deuda y la certificación de la obligación.
Adujo que, la UGPP tenía a su disposición los documentos mencionados, sin
embargo, no los solicitó para su revisión, lo cual no es culpa de FONCEP.
Expresó que la Unidad está obligada a responder por las cuotas partes pensionales
consultadas con posterioridad al 8 de noviembre de 2011 porque, de lo contrario, se
desconoce la sustitución de la obligación que se dio por disposición legal, máxime
cuando la consulta sí se dio y la aceptación de cada cuota pensional estuvo a cargo
de CAJANAL, lo cual está probado en cada expediente.
Agregó que la posición de la actora desconoce la sentencia con Radicado Nro.
250002327000200800175-01 del Consejo de Estado (no suministró más información para
identificar la providencia), en la cual se estableció que el título ejecutivo de las cuotas
partes pensionales lo conforman el acto administrativo que reconoce la pensión y el
que liquida las mencionadas cuotas respecto de las mesadas causadas y pagadas.
Precisó que el pago de las cuotas partes pensionales fue asumido por la UGPP de
conformidad con el Decreto 1222 de 2013, razón por la cual no se consultaron con
esa entidad, pero sí con CAJANAL, pues era la competente en ese momento.
Frente al cargo por cobro de obligaciones futuras, explicó que en el mandamiento
de pago se hizo alusión a los intereses, los cuales se causan desde el pago de la
mesada pensional y hasta el pago total de la obligación.

Sentencia apelada

El a quo anuló los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró
probada de oficio la prescripción de la acción de cobro y la terminación del proceso.

Se refirió al marco normativo de las cuotas partes pensionales y su recobro, a la
facultad de las entidades públicas para adelantar el cobro coactivo, a la sucesión
procesal de CAJANAL a la UGPP y al artículo 22 del Decreto 2196 de 2009. Con
base en lo anterior, concluyó que la Unidad asumió la representación en los
procesos judiciales que estén en curso, así como el cumplimiento de las condenas
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que se impongan, tal como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado (no identificó el concepto). En esa medida, sostuvo que la actora estaba
legitimada en la causa para comparecer al procedimiento de cobro coactivo
adelantado por el FONCEP, en el que se pretende el recaudo de las cuotas partes
pensionales a cargo de CAJANAL.

Respecto a la debida conformación del título ejecutivo, manifestó que, en el
escrito de excepciones contra el mandamiento de pago, la demandante reconoció
que mediante oficio del 3 de diciembre de 2019 le notificó las cuentas de cobro
relativas a las cuotas partes de los 22 pensionados, junto con las liquidaciones
individualizadas y las certificaciones de las mesadas pensionales pagadas desde el
1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2020. De igual forma, aseveró que había
aceptado que los reconocimientos pensionales fueron consultados ante CAJANAL.

Además, desde el inicio del procedimiento, la demandada le informó a la actora que
los expedientes pensionales se encontraban a su disposición, por lo que podía
acceder a los documentos que componían el título ejecutivo. Resaltó que en el
expediente obraban las cuentas de cobro y las liquidaciones de las cuotas partes.

Agregó que no procede el estudio de desacuerdos frente a las resoluciones de
reconocimiento pensional y de distribución de las cuotas partes pensionales porque
son aspectos inherentes al proceso de formación del título, los cuales gozan de
presunción de legalidad y no han sido suspendidos o anulados.

Asumió de oficio el estudio de la prescripción de la acción de cobro, que según
el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 es de 3 años para el recobro de cuotas partes
pensionales. Citó la Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional y añadió
que, conforme con el artículo 818 del Estatuto Tributario, la prescripción podía
interrumpirse con la notificación del mandamiento de pago, luego de lo cual
comenzaba a correr nuevamente por un lapso igual al inicial. Además, precisó que
las autoridades administrativas con facultades de cobro coactivo debían adelantar
el proceso dentro de la oportunidad legal y, también, lograr el recaudo efectivo.

Indicó que, en este caso, como el mandamiento de pago fue notificado el 27 de
octubre de 2020, las cuotas partes pensionales objeto de cobro no se encontraban
prescritas. No obstante, advirtió que, conforme con el artículo 818 del Estatuto
Tributario, «el plazo para obtener el pago de la deuda comenzó a correr nuevamente por un lapso
igual al inicial, es decir de 3 años, contado a partir del día siguiente al de la notificación del
mandamiento de pago, haciéndose extensivo hasta el 28 de octubre de 2023»3.

En esa medida, dijo que esta situación significaba que «la entidad demandada tenía hasta
la fecha en mención para lograr el recaudo de la obligación en el marco del proceso de cobro coactivo
adelantado contra la hoy demandante. No obstante, no obra prueba alguna que permita determinarse
que se decretaron las medidas cautelares tendientes a asegurar el pago, ni tampoco se demostró́
alguno de los supuestos del artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, que suspendieran el procedimiento
de cobro, lo cual refuerza el hecho de que la demandada no agotó los mecanismos legales que al
interior de ese trámite sirven de respaldo económico al resultado del proceso, en la medida que
aseguran la eficiencia del mismo el pago forzado de la obligación, antes de que operara la
prescripción del derecho al recobro de las cuotas partes»4.

Manifestó que, conforme con el artículo 835 del Estatuto Tributario, la admisión de
la demanda contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan seguir

3 SAMAI del Tribunal, índice 34, página 35.
4 Ibidem, páginas 35 a 36.
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adelante la ejecución no suspenden el procedimiento de cobro, sin embargo, el
remate no se podrá realizar hasta que exista pronunciamiento definitivo.

En consecuencia, advirtió que el FONCEP no logró el recaudo efectivo de la
obligación ejecutada, teniendo en cuenta que para la fecha en que se notificara la
sentencia ya habrán transcurrido más de 3 años desde que inició nuevamente el
término de prescripción, lapso que supera el plazo perentorio fijado por el legislador
para ejercer el recobro de las cuotas partes, sin que pueda extenderse de manera
indefinida el procedimiento de cobro, máxime cuando no se demostró alguna causal
jurídicamente válida para hacerlo.

Recurso de apelación

La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual se refirió
a la normativa que regulaba la prescripción antes de la Ley 1066 de 2006 y precisó
que, conforme con la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (no
identifica ninguna providencia), para el cobro coactivo de las cuotas partes pensionales
debe seguirse lo previsto en el Estatuto Tributario.

Indicó que las cuotas partes pensionales son el soporte financiero del Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y, por este motivo, no puede prescribir. Por su parte,
el derecho al recobro sí puede extinguirse por prescripción, en tanto que
corresponde a obligaciones económicas de tracto sucesivo entre las entidades que
concurren al pago de una pensión. Al respecto invocó los artículos 4 y 126 de la Ley
100 de 1993.

Expuso los fundamentos de la sentencia de primera instancia y destacó que, según
el a quo, a partir de la notificación del mandamiento de pago se reanudó el conteo
de la prescripción hasta el 28 de julio de 2023, fecha en la cual el FONCEP debió
asegurar el recaudo de las cuotas partes pensionales con el decreto de medidas
cautelares para el posterior remate de los bienes.

Citó la Sentencia C-523 de 2009 de la Corte Constitucional, los artículos 594 y 599
del Código General del Proceso y el parágrafo segundo del artículo 195 de la Ley
1437 de 2011, con base en lo cual afirmó que los recursos del Estado gozan, por
regla general, de inembargabilidad. Empero, ella no es absoluta, por lo que la
Sentencia C-1154 de 2008 estableció 3 excepciones: obligaciones provenientes de
un crédito laboral, obligaciones derivadas de sentencias o providencias judiciales y
obligaciones derivadas de un contrato estatal.

Se refirió a las sentencias del 2 de abril de 2019, exp. 63506, C.P. Martha Nubia
Velásquez Rico y del 24 de octubre del mismo año, exp. 62828, C.P. Martín
Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera del Consejo de y advirtió que el artículo
594 del Código General del Proceso reiteró la imposibilidad de embargar los
recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, del Sistema de
Seguridad Social y del Sistema General de Participación, por consiguiente, concluyó
que no era procedente el decreto de medidas cautelares dentro del procedimiento
de cobro coactivo objeto de discusión.
Expresó que, por lo anterior, el FONCEP estaba impedido para asegurar el recobro
de las cuotas partes pensionales, so pena de vulnerar los artículos 594 del Código
General del Proceso y 835 del Estatuto Tributario, por lo que era un «imposible jurídico-

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practico que lleva a sancionarse a las entidades con la decisión de prescripción de cobro de cuotas
partes pensionales»5.

Solicitó entonces que se revocara la sentencia, en la medida en que declaró la
prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales, «no aplica en (sic)
medida que la obligación legal de realizar el remate con la liquidación de crédito se torna de imposible
cumplimiento»6.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por
su contraparte.

Concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la sentencia
impugnada. Con este fin, explicó que las cuotas partes pensionales causadas en
vigencia del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 prescriben en el término de 3 años.

Expuso los hechos que consideró probados y adujo que, pese a que el
mandamiento de pago fue oportunamente notificado con relación a las obligaciones
causadas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de julio de 2020, lo cierto era que
FONCEP no logro el recaudo de la obligación en el término de prescripción que se
reinició por la interrupción, el cual se extendía hasta el 28 de octubre de 2023, pues
no obra el decreto y práctica de medidas cautelares que permitieran llevar el trámite
hasta la etapa de remate.

Señaló que el Tribunal estaba facultado para declarar de oficio la prescripción, en
virtud de lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en la sentencia del 8 de febrero de 2018, exp. 21803
(no identificó al ponente).

Resaltó que la ley y el reglamento interno adoptado por el FONCEP contemplan
casos en que procede el decreto de medidas cautelares para los procedimientos de
cobro coactivo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Delimitación del problema jurídico

Se observa que la UGPP solicitó la nulidad del Mandamiento de Pago Nro. CC-
000247 del 23 de octubre de 2020, pretensión que prosperó, según se observa en
la parte resolutiva de la sentencia impugnada.

Empero, cómo lo ha señalado esta Sección7, el mandamiento de pago no es un acto
administrativo susceptible de control judicial porque no es un acto definitivo. En
realidad, se trata de un acto de trámite con el que se da inicio al procedimiento de
cobro coactivo.

5 SAMAI del Tribunal, índice 37, documento
«56_250002337000202100319002RECIBEMEMORIAL20231204164612», página 10.
6 Ibidem.
7 En este sentido ver la sentencia del 22 de febrero de 2018, exp. 20466, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8

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Además, se evidencia que el Tribunal no se pronunció sobre la Resolución Nro. CC-
00010 del 9 de febrero de 2021, acto que decidió el recurso de reposición contra el
que negó las excepciones y que se considera definitivo, cuya nulidad también fue
pretendida por la UGPP.
Debido a lo anterior, pese a lo resuelto por el a quo, corresponde a la Sala decidir
sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. CC-000273 del 30 de noviembre de
2020 y Nro. CC-00010 del 9 de febrero de 2021, mediante los cuales el FONCEP
declaró no probadas las excepciones propuestas por la UGPP contra el
mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución.

2. Sobre la prescripción de la acción de cobro

En la apelación, el FONCEP controvirtió que el Tribunal haya declarado probada de
oficio la excepción de prescripción en favor de la UGPP.

Para resolver, la Sala reiterará el criterio expuesto en la sentencia del 15 de marzo
de 2024 (Exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), reiterada en la sentencia del 18
de abril de 2024 (Exp. 28358, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que resolvió una
controversia con identidad jurídica y fáctica a la que aquí se debate, por lo que
constituye un precedente vinculante.

En la providencia del 15 de marzo de 2024 se expuso que, de conformidad con la
Sentencia C-895 de 20098 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia reiterada
de esta Sección9, la prescripción es aplicable respecto del derecho al recobro de las
cuotas partes pensionales entre entidades concurrentes porque se trata de
obligaciones crediticias de expiración periódica que no afectan la existencia o
exigibilidad de derechos irrenunciables.

Destacó que, para calcular el término de prescripción aplicable es necesario tener
en cuenta la fecha en la que se hicieron los pagos de las mesadas pensionales y la
norma vigente para ese momento, así:
Cuotas partes pensionales Prescripción

Antes del 27 de diciembre de 2002
10 años
Entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha de entrada
en vigencia de la Ley 791 de 2002) y el 29 de julio de
5 años
2006 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 1066
de 2006)
Con posterioridad al 29 de julio de 2006 (artículo 4 de
3 años
la Ley 1066 de 2006)

De esta forma, el cómputo de la prescripción de las cuotas partes pensionales se
debe realizar a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, cuando se hace
efectivo el desembolso de las respectivas mesadas10 y hasta la fecha de notificación

8 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9 Al respecto, citó las sentencias del 6 de noviembre de 2019, Exp. 23765, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, del 28 de noviembre de 2019, Exp. 22950 C.P. Milton Chaves García, del 12 de diciembre de 2018,
Exp. 22913 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 30 de agosto de 2017, Exp. 21764, del 19 de febrero de
2020, Exp. 23866, del 29 de septiembre de 2022, Exp. 26353, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 26
de octubre de 2023, Exp. 27687, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10 En este sentido ver la Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional y, de esta Sección, las sentencias
del 31 de octubre de 2018, Exp. 23201, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 16 de junio de 2022, Exp.
26309, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 26 de octubre de 2023, Exp. 27687, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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del mandamiento de pago, ya que en ese momento se interrumpe el término para
el cobro, según lo previsto en el artículo 818 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

En el asunto bajo examen, el mandamiento de pago del 23 de octubre de 2020
indica que se pretende el cobro de mesadas pensionales pagadas entre el 1 de
noviembre de 2017 y el 30 de julio de 202011. Por consiguiente, el término de
prescripción aplicable es de 3 años, según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1066
de 2006.

En esa medida, teniendo en cuenta que el mandamiento de pago se notificó el 27
de octubre de 202012 (hecho no discutido entre las partes), no había operado el fenómeno
de la prescripción. De hecho, el Tribunal llegó a la misma conclusión en la sentencia
de primera instancia, así:
«PERIODOS CUOTAS TÉRMINO DE NOTIFICACIÓN DEL PRESCRIPCIÓN
PARTES PENSIONALES PRESCRIPCIÓN MANDAMIENTO DE
PAGO
Del 1° de noviembre 2017 3 años artículo 4o de la 27 de octubre de 2020 No
al 30 de julio de 2020 Ley 1066 de 2006 Prescribieron
Conforme a lo anterior, las cuotas partes en discusión no se hallaban prescritas para la fecha
en que el FONCEP notificó el mandamiento de pago, comoquiera que el término se interrumpió
el 27 de octubre de 2020»13. (Énfasis del texto original).

A pesar de lo anterior, el a quo declaró la prescripción porque, «en virtud de lo
establecido en las normas aplicables al recobro de esta clase de obligaciones, entre ellas, el artículo
818 del Estatuto Tributario, el plazo para obtener el pago de la deuda comenzó a correr nuevamente
por un lapso igual al inicial, es decir de 3 años, contado a partir del día siguiente al de la notificación
del mandamiento de pago, haciéndose extensivo hasta el 28 de octubre de 2023»14. (Énfasis del
texto original).

Para efectos de contabilizar este último término de prescripción, el Tribunal tuvo en
cuenta como fecha inicial el 28 de octubre de 2020 (día siguiente a la notificación del
mandamiento de pago) y como final el 29 de octubre de 2023 (posterior a la presentación de
la demanda el 4 de junio de 202115), pues, a su parecer, «la entidad demandada tenía hasta la
fecha en mención para lograr el recaudo de la obligación en el marco del proceso de cobro coactivo
adelantado contra la hoy demandante. No obstante, no obra prueba alguna que permita determinarse
que se decretaron las medidas cautelares tendientes a asegurar el pago, ni tampoco se demostró
alguno de los supuestos del artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, que suspendieran el procedimiento
de cobro, lo cual refuerza el hecho de que la demandada no agotó los mecanismos legales que al
interior de ese trámite sirven de respaldo económico al resultado del proceso, en la medida que
aseguran la eficiencia del mismo el pago forzado de la obligación, antes de que operara la
prescripción del derecho al recobro de las cuotas partes»16.

En esas condiciones, la Sala reitera que, como lo expuso la sentencia del 15 de
marzo de 2024, (Exp. 28076, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), cuando se discute la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se resuelven excepciones
contra el mandamiento de pago y se ordena seguir adelante con la ejecución, «el

11 SAMAI del Tribunal, índice 2, documento
«3_250002337000202100319001EXPEDIENTEDIGIDEMANDAY20210626164420», páginas 92 a 98. Se
precisa que en el caso del pensionado Aníbal Mojica Mojica el periodo objeto de cobro va desde el 1 de
noviembre de 2017 y hasta el 30 de abril de 2019.
12 Ibidem, página 91.
13 SAMAI del Tribunal, índice 34, página 35.
14 Ibidem.
15 SAMAI del Tribunal, índice 2, documento
«2_250002337000202100319001EXPEDIENTEDIGICORREORAD20210626164253».
16 SAMAI del Tribunal, índice 34, páginas 35 a 36.
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análisis del fenómeno de la prescripción se circunscribe a la interrupción que ocurre con la
notificación del mandamiento de pago, por ser este el acto con el que se inicia el proceso de cobro
coactivo (art. 818 ET)».

Por lo tanto, como también lo indicó la sentencia reiterada, si bien es cierto que,
«dentro de dicho trámite de cobro se pueden surtir otras etapas, tales como decretar y practicar
medidas cautelares, liquidar el crédito y proveer sobre las costas, entre otras, a juicio de la Sala, en
el curso del proceso judicial que se adelanta contra los actos que resuelven las excepciones y
ordenan seguir adelante con la ejecución no es posible abordar el estudio en relación con tales
actuaciones, pues ello desborda el objeto de la litis que se concreta en el control de legalidad de los
actos enjuiciados». (Subrayado de la Sala).

En otras palabras, tal y como lo señaló esta Sala en la sentencia del 18 de abril de
2024 (Exp. 28358, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), no puede analizarse si operó la
prescripción con posterioridad a los actos administrativos demandados, «porque el
objeto del litigio se concreta en el estudio de su legalidad y no de actuaciones posteriores».

De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo expuesto por el Tribunal, para la Sala no
es posible estudiar si operó la prescripción con posterioridad a la notificación del
mandamiento de pago.

En conclusión, se tiene que, en este caso, está probado que no operó la prescripción
respecto de las cuotas partes pensionales objeto de cobro coactivo. Así las cosas,
prospera el único cargo de la apelación, lo cual es suficiente para revocar la
sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda, a la luz de los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso y del principio de congruencia, pues la
demandante no presentó ningún recurso con relación a los demás cargos de nulidad
que fueron negados en la sentencia impugnada.

3. Costas

No procede su imposición porque no fueron demostrados los gastos del proceso ni
las agencias del derecho, tal como lo exige el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 365
del Código General del Proceso.

4. Decisión

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia con
el fin de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos definitivos
acusados. Además, cómo el mandamiento de pago no es un acto susceptible de
control judicial, se declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda con
relación a esa pretensión. Finalmente, no habrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 2 de
noviembre de 2023.

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2. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a la
pretensión de nulidad del Mandamiento de Pago Nro. CC-000247 del 23 de
octubre de 2020.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Ausente en comisión (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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