Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00321-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00321-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00321-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00321-01 (30310)
Demandante OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades
Estatales de Colombia. Debido proceso. Obligación de expedir acto
previo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la de la (sic) demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas. (…).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), profirió la resolución
900010 del 27 de diciembre de 2019, en la que determinó el valor de la estampilla
Pro-Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia a cargo de
la demandante por el segundo semestre del 2014.
Contra el anterior acto, la sociedad interpuso recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto por medio de la resolución 578 del 1 de febrero de 2021, en el sentido
de modificar el acto de determinación, disminuyendo el monto de la obligación2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
1.1. Pretensiones principales
1.1.1. Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos (en adelante
“Actos Administrativos”): (i) la Resolución de Determinación4, y (ii) la Resolución del
Recurso5
1
Samai del Tribunal. Índice 53.
2
Samai del Tribunal. Índice 10.
3
Samai Índice 2. Expediente digital. PDF demanda
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00321-01 (30310)
Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
Recurso5, los cuales fueron debidamente identificados en la referencia de esta
demanda.
1.1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
OCENSA, declarando que la Compañía no debía retener la Estampilla Pro-Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia por los contratos
previstos en los Actos Administrativos: y, por lo tanto, que la Sociedad no está obligada
a realizar ningún pago a la DIAN por concepto de la Estampilla, ni tampoco intereses,
sanciones y actualizaciones.
1.2. Pretensiones subsidiarias
1.2.1. Primera: En caso de que el H. Tribunal no accediera a las pretensiones principales
anteriormente formuladas, solicitamos declarar la nulidad parcial de los Actos
Administrativos, excluyendo los valores que en ningún caso pueden resultar gravados
de acuerdo con los argumentos planteados en esta demanda en relación con la
prescripción de las obligaciones liquidadas por la DIAN, la configuración del hecho
generador, la determinación de la base gravable, entre otros.
1.2.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
Oleoducto Central S.A. reliquidando el monto de la Estampilla, de acuerdo con los
argumentos que fueren aceptados.
Invocó como normas violadas los artículos 6, 13, 29 y 83 de la Constitución Política;
2536 del Código Civil; 32 y 76 de la Ley 80 de 1993; 167 del Código General del
Proceso; 3, 10 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; 8 de la Ley 1693 de 2013; 5 de la Ley 1697 de 2013; 2.5.4.1.2.1. y
2.5.4.1.2.2. del Decreto 1075 de 2015; 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
Indicó que los tributos que siguen el modelo coercitivo carecen de un procedimiento
específico, por lo que debe aplicarse las reglas previstas en el CPACA, las cuales
imponen a la administración el deber de expedir un acto previo6, en el que informe
la liquidación del tributo, la base gravable, los elementos fácticos y jurídicos que
sustentan la actuación. Cumplido el deber respectivo, el contribuyente tiene la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
Manifestó que, en el caso concreto, la DIAN omitió este deber, pues el único acto
que antecedió la determinación de la estampilla fue un acto denominado
requerimiento ordinario de información, en el que advertía que su desatención daría
lugar a la imposición de una sanción por no enviar información. De manera que,
con este acto la sociedad no podía anticipar que la DIAN le iba a liquidar el tributo.
Agregó que, lo anterior, se ratifica en la resolución que resolvió el recurso, pues en
la misma, la administración aceptó que no expidió un acto previo.
Señaló que el Ministerio de Educación Nacional y la DIAN no tenían competencia
funcional para fiscalizar y liquidar la estampilla, puesto que, para la época de los
hechos, no existía una disposición con rango de ley, que fijara en cabeza de esas
entidades esas facultades.
Llamó la atención sobre la Ley 1697 de 2013, de la cual no es clara tal delegación
de funciones; los Decretos 4048 de 2008 y 1050 de 2014, que no tienen rango de
ley, que radican en la DIAN la competencia de administración y la condición de
acreedor del tributo -que en todo caso solo le otorga competencia para efectuar el cobro coactivo-
5
Resolución No. 578 del 1 de febrero de 2021, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que decide el recurso de
reconsideración interpuesto en contra de la Resolución de Determinación.
6
Citó las sentencias del Consejo de Estado en los siguientes términos: 21735 de 2017, 20078 de 2016, 20712 de 2016
y 21217 de 2015.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00321-01 (30310)
Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
y la Resolución 86 de 2019 en la cual la DIAN se adjudicó unilateralmente la
competencia de liquidación de la estampilla sin un sustento legal.
Que, la alegada indeterminación de competencias se verifica en el trámite legislativo
de la Ley 1697 de 2013, en la doctrina de la DIAN7, y en el confuso procedimiento
adelantado por el Ministerio, pues inicialmente consideró que era el encargado para
la fiscalización de las estampillas, para luego remitir el proceso a la DIAN.
Sostuvo que la DIAN y el ministerio diseñaron un procedimiento para fiscalizar y
liquidar las estampillas que carece de sustento legal y que, dicho procedimiento,
incluso, habría sido establecido con posterioridad a la actuación adelantada frente
a la sociedad, pues el Memorando Interno 316, que lo contiene, fue expedido en
20188. Que esto, configura una violación al debido proceso, además, porque el
procedimiento creado ilegalmente permite que la dos entidades ejerzan de forma
simultánea la labor de fiscalización y liquidación, e impide que el investigado
conozca los efectos de sus actuaciones.
Indicó que la DIAN tampoco tenía competencia temporal, pues para el caso de los
tributos documentales, como las estampillas, la administración cuenta con el plazo
de 5 años para liquidarlos9. Así, la causación opera con la suscripción del acto o
documento gravado10, por lo que, en el caso concreto, esto ocurrió con la
celebración de los 36 contratos durante el año 2014; sin embargo, para el 30 de
diciembre de 2019 ya había operado la prescripción de cobro frente a estos.
Que, en gracia de discusión, aun tratándose de contratos de cuantía indeterminada,
respecto de los cuales la causación opera en el momento del pago, únicamente
podría gravarse las sumas canceladas en el segundo semestre de 2014, y por ende,
también opera la prescripción. Precisó que la empresa realizó la mayoría de los
pagos de los contratos en discusión en los años 2015, 2016 y 2017, por lo que la
cuantía de los actos demandados debía disminuirse sustancialmente.
Señaló que la resolución de determinación incurre en falta de motivación por cuanto
en el ámbito de los tributos de determinación oficial la administración es quien debe
identificar cada uno de los elementos de la obligación (hecho generador –contratos
regulados por el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que tengan por objeto trabajos materiales sobre
inmuebles, la base gravable, y tarifa), para poder liquidarla, haciendo uso de los medios
de prueba que estime necesarios; situación que no ocurrió en el caso concreto.
Consideró que, dado que la sociedad negó la causación de la obligación tributaria,
la DIAN tenía la carga de la prueba de demostrar su configuración, en tanto las
negaciones indefinidas no requieren prueba11.
Agregó que, la entidad tomó como base el valor estimado de los contratos, en lugar
de los pagos efectivamente realizados, y que, al resolver el recurso de
reconsideración, se limitó a clasificarlos como contratos de “obra”, sin analizar sus
especificaciones técnicas ni justificar la base gravable y la tarifa aplicada.
7
Al respecto citó los conceptos 53668 y 41326 de 2014 de la DIAN, en los que la entidad reconocer que su función se
limita al cobro
8
Citó la sentencia SU-429 de 1998 de la Corte Constitucional
9
Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta del 02 de marzo de 2017, exp 2005-06567-01 (sin identificar el
magistrado ponente ni el número interno).
10
Citó la sentencia del Consejo de Estado del 08 de febrero de 2018, exp. 22221 (no identificó al magistrado ponente). Y el
artículo 2536 del Código Civil.
11
Citó el artículo 167 del código general del proceso.
3
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00321-01 (30310)
Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
Afirmó que los contratos suscritos por la demandante no están gravados con la
estampilla, porque conforme al artículo 6 de la Ley 1697, el tributo recae sobre los
contratos de obra definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es decir, sobre
aquellos que impliquen labores materiales sobre bienes inmuebles; categoría en la
que no se encuentran dichos acuerdos, dado que están directa y necesariamente
asociados con las actividades de exploración, explotación y comercialización de
recursos naturales.
Añadió que la actividad de mantenimiento y construcción que realiza la sociedad en
desarrollo del transporte de hidrocarburos también se encuentra asociada a la
exploración y comercialización de esos recursos, conclusión a la que llegó el
Consejo de Estado12 al reconocer que los convenios celebrados por OCENSA no
podían ser asimilados a contratos de obra pública.
Precisó que todas las actividades que realiza la sociedad se entienden directamente
relacionadas con la exploración, explotación y comercialización de recursos
naturales, porque son necesarias para llevar a cabo el transporte de petróleo, en
tanto: i) la actividad de transporte de petróleo por oleoducto es una actividad integrante de la
industria petrolera, ii) el objeto social principal de la compañía está restringido a ese tipo de
actividades, y iii) las actividades complementarias están destinadas al cumplimiento de su objeto
social principal (transporte de petróleo). Realizó un cuadro en el que listó los contratos13 y
con las actividades comprendidas en cada uno y su relación con el objeto social.
Alegó que, en otros procedimientos de determinación, la DIAN14 ha reconocido que
los contratos de obra suscritos por la demandante no comprenden actividades de
obra pública, y que si bien, en esos casos, el análisis se desarrolló en torno a la
contribución especial de obra pública, el mismo razonamiento debía extenderse a
las estampillas, y aplicarse en este proceso en virtud del principio de coordinación,
dada la identidad de los supuestos jurídicos.
Sostuvo que cuando el Consejo de Estado expidió la sentencia de unificación del
25 de febrero de 2020, expediente 22473, aún no se habían proferido los actos
demandados, por lo que en principio debía atenderse el precedente fijado en las
sentencias 22536, 23319, 22939, 22388, 23362, 22940, todas del 2018, que
indicaron que los contratos celebrados por OCENSA en desarrollo de su objeto social
de transporte de hidrocarburos estaban ligados a actividades de explotación y
comercialización de recursos no renovables.
Destacó que OCENSA no tenía la calidad de agente de retención, pues esa condición
solo recae sobre las sociedades de economía mixta que hacen parte del
presupuesto nacional, y en este caso, la participación estatal de la empresa era
inferior al 90%, lo que la excluía de esa condición. Insistió en que tampoco estaba
sujeta al régimen de contratación de la Ley 80 de 1993.
Realizó reparos puntuales frente a varios contratos bajo los siguientes argumentos:
i) la DIAN gravó el contrato 3802029 pese a señalar que no obra en el expediente, lo que
no es cierto porque sí fue allegado por la sociedad ii) respecto de los contratos 3802013,
12
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de junio de 2018, exp 23329. Señala que dicha posición ha sido
reiterada en las sentencias 22939 de 2018, 22388 de 2018, 23362 de 2018, 22940 de 2018 y 22536 de 2018 (no identificó
a los magistrados ponentes).
13
Los contratos son: 3802013; 3802029; 3802030; 3802120; 5500019173; 3801939; 3801926; 3801964; 5500019182;
5500019159; 5500019158; 5500019157; 5500019153; 5500019124; 5500019118; 5500019117; 5500019116;
5500019115; 5500019114; 5500019113; 5500019112; 5500019111; 3802145; 3802119; 3802113; 3802109; 3802101;
3802098; 3802087; 3802066; 3802056; 3802040; 3802050; 3802006; 3801999; 3801932.
14 Se refirió a las resoluciones 1777 del 10 de marzo de 2020; 7725 del 9 de octubre de 2020; 8682 del 25 de noviembre de
2020; 8335 del 11 de noviembre de 2020 y 8334 del 11 de noviembre de 2020.
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Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
3802029, 3802040, 3802056, 3802098 y 5500019124 se liquidó el tributo sobre una base
que excede lo pagado, iii) los contratos 5500019173, 5500019159, 5500019157,
5500091153, 5500019115, 5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111 no
pueden gravarse porque su objeto recae sobre inmuebles de terceros, iv) el contrato
3801932 no está gravado por cuanto se ejecutó sobre tanques de almacenamiento de
crudo, que no tiene la connotación de bien inmueble15, v) los contratos 3802098 y 3802050
tienen por objeto la prestación de servicios en general (fabricación y pintura, desmonte e
instalación de tuberías y de un bunker) y no sobre inmuebles, vi) los contratos 5500019116,
5500019115, 5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111 estuvieron
relacionados con la conservación de la capa vegetal que cubre el oleoducto, y por tanto, es
un trabajo subterráneo que no afectó un bien inmueble, y vii) los contratos 3802119,
3802087, 3802066 correspondían a la categoría de contratos mixtos atípicos, y por ello, no
constituían el hecho generador de las estampillas.
Oposición de la demanda
La DIAN pidió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a su
contraparte16.
Indicó que la administración cumplió con la expedición de un acto previo a la
determinación del tributo, porque expidió un requerimiento ordinario en el cual
señaló las normas aplicables, y se refirió a los elementos del tributo precisando el
hecho generador, el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa aplicable respecto de
los contratos suscritos por la demandante durante el segundo semestre del año
2014.
En ese acto, además, se le pidió al contribuyente rendir explicación sobre las
razones por las cuales había omitido la obligación de retención y pago del tributo. Y
se le advirtió que, en caso de no atender el requerimiento, se le impondría la sanción
del artículo 651 del Estatuto Tributario.
Agregó que, el acto fue respondido por OCENSA en el sentido de cuestionar la
competencia de la DIAN, así como la obligación de retener y pagar el tributo,
alegando que los contratos no correspondían a la categoría de obra. Por tanto,
sostuvo que, OCENSA tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los aspectos de
fondo y en esa medida ejercer su derecho a la defensa.
Invocó, como un antecedente relevante para el análisis, la sentencia de unificación
del 25 de febrero de 2020, expediente 22473, en la cual se reconoció que los
requerimientos de información pueden fungir como actos previos o preparatorios y
precisó que, si bien la providencia citada alude a la contribución de contratos de
obra pública, es aplicable al caso por la similitud de la discusión; además el debate
en curso no ha hecho tránsito a una situación jurídica consolidada.
Respecto de la competencia de la DIAN para fiscalizar y liquidar la estampilla, señaló
que esta encuentra fundamento en el artículo 7 de la Ley 1697 de 2013, que designó
a la entidad como sujeto activo del tributo17, y que, a partir de esa norma, la DIAN
profirió la resolución 000086 de 2019 que distribuyó dicha función en las divisiones
de sus direcciones seccionales. De ahí que la división de gestión de fiscalización
era competente para expedir el acto de determinación del tributo.
15
Citó la sentencia del 10 de junio de 1990, exp 4451
16
Samai del tribunal, índices 11 y 20, relativos a la contestación de la demanda y su reforma. Mediante el auto del 19 de
marzo de 2024, el tribunal repuso la fijación del litigio, y aclaró que la contestación de la demanda sí se hizo oportunamente
(Samai del tribunal, índice 46).
17 Indicó que a esa misma conclusión llegó el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 2386 del
05 de diciembre de 2018.
5
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Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
Respecto a la prescripción, indicó que el término para determinar las obligaciones
es de 5 años, conforme con el artículo 717 del Estatuto Tributario, y que este
empezó a correr el 16 de enero de 2015, vencido el plazo de los diez primeros días
de enero para trasladar a la administración el tributo retenido, conforme al artículo
2.5.4.1.2.2. del Decreto 1075 de 2015. Por tanto, el acto de determinación,
notificado el 30 de diciembre de 2019, fue expedido dentro del término legal.
Sostuvo que la carga de la prueba recae sobre OCENSA, pues la afirmación según la
cual no es responsable del pago de la estampilla no constituye una negación
indefinida, pues se trata de un hecho susceptible de demostración y cuya ocurrencia
puede determinarse en el tiempo y en el espacio.
Precisó que los contratos están gravados con la estampilla, por cuanto
corresponden a contratos de obra sobre bienes inmuebles o a contratos conexos
con estos, sin que el régimen contractual aplicable a la entidad o su objeto social
configuren una excepción a dicha obligación.
Con fundamento en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020,
expediente 22473, sostuvo que los contratos no se encuentran ligados a la actividad
de exploración y explotación de petróleo, pues no tienen por objeto la búsqueda o
producción de hidrocarburos y señaló que el hecho de que una empresa tenga como
actividad principal la exploración y explotación de recursos naturales no implica que
todos los contratos que celebre estén necesariamente vinculados con dicha
actividad. Advirtió que la actividad de transporte de petróleo no es complementaria
a la de exploración y explotación petrolera, conforme con el Anexo 1 del Acuerdo 2
de 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Sobre las sentencias y conceptos invocados por el demandante, indicó que no son
aplicables al presente caso, pues hacen referencia a un tributo distinto, la
contribución por obra pública. Además, en la jurisprudencia del Consejo de Estado18
se ha aclarado que el hecho generador de la Estampilla opera con independencia
de la actividad contractual que desarrolle la entidad respectiva.
Respecto de las resoluciones que la DIAN expidió en otros casos, y que la
demandante invocó como precedentes administrativos, señaló que no hay una
contradicción entre lo afirmado en esas ocasiones y los actos demandados en el
presente proceso, pues en aquellos la entidad se refirió a la contribución de obra
pública, y no a la estampilla.
Indicó que la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, expediente 22473,
del Consejo de Estado sí es aplicable, pues en este caso no se ha configurado una
situación jurídica consolidada que pueda hacer improcedente reconocer el
precedente jurisprudencial. En todo caso, advirtió que dicha providencia no
constituye el fundamento central de los actos acusados, sino la Ley 1697 de 2013.
Se opuso a que la estampilla únicamente se genera en los casos en que se ejecuten
recursos del Presupuesto General de la Nación, pues esa condición no quedó
establecida en la ley19.
Respecto de las pretensiones subsidiarias señaló que: i) el contrato 3802029 sí fue
objeto de un estudio previo y glosado en el acto de determinación; ii) los contratos 3802013,
18
Citó los conceptos 2229 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 07 de diciembre de 2015, M.P. Luis Fernando Álvarez
Jaramillo; y 2324, M.P. Oscar Darío Amaya Navas.
19
Citó la sentencia del 19 de febrero de 2020, exp. 22069, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
3802029, 3802040, 3802056, 3802098 y 5500019124 no son de cuantía indeterminada -
como sostiene el actor- sino que es determinable a partir de tales acuerdos; iii) frente a los
contratos ejecutados en terrenos de terceros, indicó que esa circunstancia no afectaba la
realización del hecho generador; iv) sobre los contratos 3801932, 3802098 y 3802050,
aclaró que la noción de trabajos materiales no implica únicamente las intervenciones sobre
la estructura física del inmueble, sino también las reparaciones simples, la sustitución de
elementos o el acondicionamiento de dichos elementos; y v) en cuanto al argumento de
que los contratos 3802119, 3802087 y 3802066 son mixtos, precisó que ello no desconoce
que sean de obra pública, y por tanto, pueden gravarse con la estampilla.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.20
De manera previa se refirió a la Ley 1697 de 2013 que creó la estampilla Pro-
Universidad Nacional y demás universidades estatales, y destacó que según el
artículo 5 ibidem21, el hecho generador comprendía la suscripción de contratos de
obra pública por parte de entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2 de
la Ley 80 de 1993. Que, el Consejo de Estado22 precisó el alcance al hecho
generador del tributo, en el sentido de que recae sobre los contratos que implican
el desarrollo de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, independientemente
del régimen contractual que tenga la entidad del orden nacional contratante.
Aclaró que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1697 de 2013 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado23, el sujeto activo de la estampilla es la DIAN, quien debe
ejercer la fiscalización y la determinación de la obligación tributaria. Que, el recaudo
y las funciones administrativas, contables y de distribución del tributo se radicó en
el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo Nacional de las
Universidades Estatales de Colombia 24.
Señaló que la base gravable y la tarifa se determinan en función de la cuantía del
contrato; y que el recaudo se efectuaba mediante el mecanismo de retención en la
fuente25, a cargo de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y las demás entidades del orden nacional. Precisó que la retención operaba
en periodos semestrales, estos son, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al
31 de diciembre; y la consignación debía realizarse a más tardar el 10 de julio o el
10 de enero según corresponda.
En cuanto al cargo por falta de expedición de acto previo, consideró que no se
configuró, toda vez que se profirió el requerimiento ordinario 900005 de 2019,
mediante el cual se determinó el valor de la estampilla y se permitió al contribuyente
cuestionar tanto la obligación de practicar retención como la determinación del
tributo. Añadió que este tipo de actuación fue avalada por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, expediente 22473.
Frente a la falta de competencia de la DIAN y el Ministerio de Educación, reiteró que
la Ley 1697 de 2013 estableció, que la DIAN, en su calidad de sujeto activo, tiene el
deber de adelantar la fiscalización y determinación del tributo; mientras que el
20
Samai del Tribunal. Índice 53.
21
Reglamentado por el Decreto 1075 de 2015.
22
Citó el concepto del 5 de septiembre de 2018, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, exp 2386, M.P. Édgar González
López.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Citó el artículo 2.5.4.1.2.2. del Decreto 1075 de 2015.
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Ministerio debe cumplir con labores administrativas, financieras, contables y de
distribución. Explicó que lo anterior ya se había manifestado en el precedente
jurisprudencial de la misma corporación26.
Sobre la prescripción de la acción de cobro indicó que, siguiendo la línea
jurisprudencial del tribunal27, los 5 años se deben contabilizar a partir del
vencimiento del término para transferir las retenciones, y se interrumpe con la
notificación del requerimiento ordinario previo. Revisó el caso de los 36 contratos,
encontrando que al momento de notificarse el requerimiento ordinario -el 25 de febrero
de 2019- no habían transcurrido los 5 años para configurar la prescripción.
Evaluó si los contratos del caso realizaron el hecho generador de la estampilla;
relacionó los 36 contratos, transcribiendo el objeto de estos, y encontró que todos
implicaban la realización de tareas de construcción, mantenimiento, instalación y
en general trabajos materiales sobre bienes inmuebles; de modo que se trata de
acuerdos que se subsumen en el hecho generador. Indicó que, de conformidad con
el certificado de existencia y representación legal, OCENSA es una sociedad de
economía mixta del orden nacional, sin que sea relevante para estos efectos su
régimen contractual o porcentaje de participación pública.
Precisó que esta misma postura fue observada por el tribunal en sentencia del 3 de
abril de 202528, proferida en un caso con idénticas partes y argumentos similares.
Añadió que correspondía a la demandante acreditar que los contratos no fueron
ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación, carga probatoria
que no cumplió. Por tanto, concluyó que se encontraba acreditada la realización del
hecho generador de la estampilla.
En cuanto a las pretensiones subsidiarias relativas a que el contrato 3802029 no
fue revisado en vía administrativa; y que se liquidó indebidamente el tributo sobre
los contratos 3802013, 3802029, 3802040, 3802056, 3802098 y 5500019124, indicó
que del estudio de los actos demandados se pudo constatar que todos los contratos
fueron tenidos en cuenta en vía administrativa, y que se explicó adecuadamente la
tasación de la estampilla.
No condenó en costas por cuanto no se demostró su causación.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en
lo siguiente29:
Cuestionó que el tribunal hubiera considerado como acto previo a un simple
requerimiento de información, pues no cualquier actuación expedida con
anterioridad a la liquidación del tributo puede serlo. Señaló que, para el efecto, se
requiere que el acto contenga la cuantificación del tributo, la justificación de las cifras
relevantes y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su determinación.
Además, sostuvo que los actos previos deben presentarse al contribuyente
expresamente como tales. Sin embargo, el requerimiento ordinario se limitó a
26
Citó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 3 de abril de 2025, exp
11001-33-37-042-2021-00024-01, M.P. Dra. Gloria Isabel Cáceres Martínez
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Samai del Tribunal. Índice 56.
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solicitar información a la sociedad, al punto que señaló que su desatención daría
lugar a la imposición de la sanción por no enviar información.
Explicó que, ante la recepción de un requerimiento de información, el contribuyente
entiende que su situación tributaria está siendo objeto de verificación, lo cual es
distinto a que se le informe que se encuentra en curso una actuación dirigida a
determinar una obligación tributaria a su cargo, circunstancia que no ocurrió en este
caso. Afirmó que el requerimiento carecía de la naturaleza de acto previo, pues no
constituía un acto de fiscalización encaminado a la expedición de uno definitivo, sino
que se limitó a solicitar información relacionada con los contratos y a advertir sobre
la eventual imposición de una sanción por no informar. Ello, a su juicio, le impidió
ejercer adecuadamente su derecho de defensa antes de la determinación del
tributo, pues la respuesta presentada se produjo de manera general.
Añadió que la DIAN nunca indicó las razones por las cuales concluyó que OCENSA
estaba obligada a practicar la retención de la estampilla, ni se refirió al contenido de
los contratos, a los términos de prescripción o a su competencia temporal. Incluso,
señaló que la administración no tenía certeza sobre si la compañía había pagado la
estampilla, pues en el requerimiento solicitó que acreditara dicho pago.
Frente a la falta de competencia indicó que, contrario a lo señalado por el tribunal,
no existe una norma de rango legal que atribuya expresamente a la DIAN la
competencia para fiscalizar y determinar el tributo. Precisó que, cuando el legislador
ha optado por asignarle a dicha entidad la competencia respecto de nuevos tributos,
lo ha hecho de manera expresa, lo cual no ocurrió en este caso, pues solo se
dispuso que era sujeto activo, pero para el cobro del gravamen.
Señaló que la DIAN se atribuyó dicha competencia mediante la resolución 000086
de 2019, con fundamento en lo expuesto en el concepto 2324-2017 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sin embargo afirmó que tales
conceptos no son vinculantes, y que la resolución carece de sustento legal en la
medida en que se apoya en el Decreto 4048 de 2008, norma que solo le permitía a
la DIAN la administración de impuestos cuando ello no estuviera asignado a otra
entidad.
Añadió que la falta de definición de las funciones de la DIAN se evidencia en el
trámite de la Ley 1697 de 2013 y fue reconocida por la propia entidad en los
conceptos 53668 y 41326 de 2014. Concluyó que el procedimiento era ilegal porque
la DIAN y el Ministerio de Educación Nacional intervenían en la fiscalización y
determinación de una misma obligación, lo que generaba la superposición de
funciones.
Reprochó que el tribunal desconociera que operó la prescripción de la acción de
cobro, al no tener en cuenta que el término comienza a correr desde la suscripción
del contrato30, como se desprende del artículo 5 de la Ley 1697 de 2013. Que, de
manera equivocada en la sentencia se consideró que el requerimiento de
información interrumpió dicho plazo, pese a que esta actuación no tiene ese
alcance, y en todo caso, la ley no la contempla como causal de suspensión. Reiteró
que la DIAN carecía de competencia temporal para determinar la estampilla, pues
los contratos fueron suscritos en el año 2014, y la notificación de la resolución de
determinación se surtió hasta el 27 de diciembre de 2019 -pasados 5 años-.
30
Citó la sentencia del Consejo de Estado del 08 de febrero de 2018, exp. 22221 (no identificó al magistrado ponente).
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Que, incluso, si se considerara lo contrario, la administración estaba habilitada
únicamente para determinar la estampilla con base en los pagos efectivamente
realizados entre julio y diciembre de 2014, pues de conformidad con el parágrafo 1°
del artículo 8 de la Ley 1697 de 2013 y el artículo 2.5.4.1.2.2. del Decreto 1075 de
2015, tratándose de contratos de cuantía indeterminada la base se configura con
cada pago. Así, como los desembolsos asociados a los contratos se efectuaron
entre el 2015 y 2017, la base gravable correspondiente al segundo semestre del
2014 era inferior y, en todo caso, también estaban prescritos al momento de la
liquidación efectuada por la demandada.
En lo que respecta a la falta de motivación, aseguró que, en el acto de
determinación, la DIAN se limitó a transcribir algunas disposiciones de la Ley 1697
de 2013 y un par de sentencias del Consejo de Estado, sin detenerse a analizar
cada uno de los contratos gravados (en particular, las obligaciones y prestaciones pactadas).
Advirtió que, en materia tributaria, la carga de la prueba recaía en la administración,
especialmente tratándose de tributos de liquidación oficiosa como la estampilla,
para lo cual debía demostrar la configuración de los hechos que daban lugar a la
obligación tributaria, así como la calidad de los sujetos, la base gravable y la tarifa
aplicable.
Sostuvo que dicha carga no fue satisfecha, pues la DIAN no acreditó la naturaleza
de los contratos objeto de gravamen ni realizó la calificación requerida para
determinar su sujeción a la estampilla. Añadió que, en este caso, se exige una
motivación detallada porque en diferentes procesos administrativos y jurisprudencia
se ha reconocido que los contratos de OCENSA corresponden a una tipología
especial no sujeta al tributo.
Cuestionó que el tribunal desconoció que los contratos no están gravados con la
estampilla, insistió en que los acuerdos en realidad corresponden a una tipología
especial excluida del régimen general de contratación estatal prevista en el artículo
76 de la Ley 80 de 1993, toda vez que se ejecutan en desarrollo de la actividad
económica industrial de transporte de hidrocarburos, que se encuentra asociada a
la explotación y comercialización de recursos renovables y no renovables, conforme
con el artículo 4 del código de petróleos.
Afirmó que, los contratos celebrados por OCENSA, aunque involucraban obras de
mantenimiento, adecuación o construcción de infraestructura, tenían como finalidad
garantizar la operación del sistema de transporte de hidrocarburos, por lo que no
correspondían a contratos de obra pública, sino a contratos privados propios de
dicha actividad.
Sostuvo que la sentencia desconoció que ciertos contratos eran mixtos31 en tanto
algunas de sus prestaciones no implicaban un trabajo material sobre un bien
inmueble. Hizo referencia a la figura de contratos «coligados» o «unión de contratos», en
los cuales debe examinarse individualmente cada prestación para determinar su
naturaleza y respectivo tratamiento tributario. Concluyó que, en el caso concreto,
31 Hizo referencia a los contratos 5500019173, 5500019159, 5500019157, 5500019153 y 5500019111-9115 (predio de
terceros); 3801932 y 3802098 (labores sobre tanques de almacenamiento y tubos -bien mueble y predios de terceros-);
3802050 (servicio de pintura de un búnker metálico -no altera la esencia ni funcionalidad del bien-); 5500019116
5500019115, 5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111 (actividades de conservación de la capa vegetal
sobre el trazado subterráneo del oleoducto -no implican actividades materiales sobre bien inmueble-); 3802119, 3802087
y 3802066 (combinan distintas prestaciones de diseño, suministro, montaje y servicios de ingeniería -no es un contrato
de obra-).
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no todas las prestaciones tenían naturaleza de obra, análisis que fue omitido por la
administración y el tribunal.
Reiteró que la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, expediente 22473,
no podía aplicarse en el presente asunto, por cuanto los contratos y los actos
demandados son anteriores a dicha providencia, so pena de vulnerarse los
principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. Que, en su lugar,
debía atenderse la interpretación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, vigente al
momento de los hechos32.
Manifestó que el tribunal desconoció que OCENSA no es agente retenedor de la
estampilla, por cuanto es una sociedad de economía mixta que no ejecuta recursos
del Presupuesto General de la Nación. Cuestionó que en la sentencia se hubiera
impuesto a la demandante la carga de probar este hecho, pues, conforme con los
artículos 167 del CGP y 742 del E.T., dicha carga correspondía a la Administración.
En todo caso, sostuvo que el hecho estaba acreditado, dado que la participación
estatal en la sociedad es inferior al 90 %, por lo que, conforme con el artículo 38 de
la Ley 489 de 1998 y el Decreto 111 de 1996, no hace parte del Presupuesto
General de la Nación, circunstancia que, al estar prevista en la ley, no requería
prueba. Añadió que la Contraloría General de la República certificó que OCENSA no
es sujeto obligado a practicar la retención de la estampilla.
Advirtió que el tribunal omitió pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias, por
lo que insistió en que: i) la DIAN gravó el contrato 3802029 pese a señalar que no obra
en el expediente, ii) respecto de los contratos 3802013, 3802029, 3802040, 3802056,
3802098 y 5500019124 se liquidó el tributo sobre una base que excede lo pagado, iii) los
contratos 5500019173, 5500019159, 5500019157, 5500091153, 5500019115,
5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111 no pueden gravarse porque su
objeto recae sobre inmuebles de terceros, iv) el contrato 3801932 no está gravado por
cuanto se ejecutó sobre tanques de almacenamiento de crudo, que no tiene la connotación
de bien inmueble33, v) los contratos 3802098 y 3802050 tienen por objeto la prestación de
servicios en general (fabricación y pintura, desmonte e instalación de tuberías y de un
bunker) y no sobre inmuebles, vi) los contratos 5500019116, 5500019115, 5500019114,
5500019113, 5500019112 y 5500019111 estuvieron relacionados con la conservación de
la capa vegetal que cubre el oleoducto, y por tanto, es un trabajo subterráneo que no afectó
un bien inmueble, y vii) los contratos 3802119, 3802087, 3802066 correspondían a la
categoría de contratos mixtos atípicos, y por ello, no constituían el hecho generador de las
estampillas.
Oposición a la apelación
La DIAN solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que se
ajustó a derecho, para lo cual reiteró los argumentos de defensa expuestos en el
proceso34. Así mismo, cuestionó que el recurso de apelación no cumple con la carga
argumentativa mínima, en tanto se limita a reiterar las pretensiones y cargos
formulados en la demanda35.
Intervención del Ministerio Público
32
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera exp 58890 de 2018 (no refirió la fecha ni el magistrado ponente);
y la sentencia T-416 de 2016 de la Corte Constitucional.
33
Citó la sentencia del 10 de junio de 1990, exp 4451
34
Samai, índice 9.
35
Citó la sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera del 03 de julio de 2024, exp 2010-00761-01 del 20 de junio de
2024, M.P. Oswaldo Giraldo López.
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El agente del ministerio guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de los actos acusados que
determinaron a cargo de OCENSA la estampilla Pro-Universidad Nacional y demás
universidades estatales de Colombia por el segundo semestre del año 2014.
1. Problema jurídico. Alcance del recurso de apelación
En principio, se pone de presente que, en la oposición a la apelación, la parte
demandada cuestiona que el recurso de apelación no presenta un reparo concreto
en contra de la sentencia de primera instancia, en tanto se limita a reiterar los
argumentos y cargos formulados en la demanda.
Contrario a lo señalado por la demandada, para la Sección el recurso de apelación
cumple con la carga argumentativa de cuestionar la decisión de primera instancia,
pues, aunque reitera parte de los argumentos planteados en la demanda, también
cuestiona el análisis jurídico y probatorio efectuado por el Tribunal al resolver los
cargos de nulidad, así como la falta de pronunciamiento sobre algunos de ellos. De
manera que, el apelante sí presentó reparos específicos y concretos en contra de
la motivación que utilizó el a quo para anular los actos demandados.
Sin embargo, no tiene lugar la pretensión de extender el objeto del recurso de
apelación a los demás argumentos planteados en la demanda, su reforma, los
alegatos de conclusión o en cualquier otra actuación procesal, pues corresponde al
fallador de segunda instancia pronunciarse únicamente sobre los reparos concretos
formulados por el apelante en su escrito de impugnación.
De manera que no basta con solicitar que se tengan en cuenta o se analicen los
argumentos incorporados en otras actuaciones procesales, sin explicar de qué
manera estos controvierten las razones que sustentaron la decisión de primera
instancia.
Precisado lo anterior, y atendiendo en orden los cargos de procedimiento y del fondo
del asunto que se encuentran en discusión, la Sección encuentra que el problema
jurídico se concreta en determinar si: i) se configura una violación al debido proceso
por la omisión en la expedición de un acto previo; ii) la DIAN tenía competencia
funcional y temporal para expedir la resolución de determinación del tributo; iii) la
resolución de determinación incurre en falta de motivación; iv) se configura el hecho
generador de la estampilla; v) se presenta una indebida aplicación de la sentencia
de unificación del 25 de febrero de 2020 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado36; vi) OCENSA tenía la condición de agente
retenedor de la estampilla; y vii) proceden las pretensiones subsidiarias.
2. Expedición de acto previo
Para el apelante, no es procedente que el tribunal hubiere considerado el
requerimiento ordinario de información como un acto previo, pues este se limitó a
solicitar información y advertir sobre una eventual sanción por no informar, sin
cuantificar el tributo ni exponer los fundamentos fácticos y jurídicos de su
36
Exp. 22473, C.P. William Hernández Gómez.
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determinación. Por ello, sostuvo que no constituía un acto de fiscalización previo a
la liquidación y que no permitió ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
Añadió que, en ese requerimiento, la DIAN tampoco explicó por qué OCENSA debía
practicar la retención, ni se pronunció sobre los contratos, la prescripción o su
competencia temporal, e incluso solicitó acreditar el pago de la estampilla, lo que
evidenciaba que aún no tenía certeza sobre la obligación tributaria.
Para resolver, se pone de presente que, respecto de la obligación de expedir un
acto previo, esta Sección ha señalado que los actos administrativos que liquidan
tributos, bien porque modifiquen las declaraciones privadas o porque impongan una
obligación que no fue declarada o en la que no existía la obligación formal de
declarar, deben estar precedidos de un acto preparatorio en que se manifiesten las
razones de la liquidación, de manera que el contribuyente pueda ejercer el derecho
de defensa en sede administrativa37.
Posición que fue reiterada en la sentencia de unificación de la contribución de obra
pública 2020-CE-SUJ-SP-001 de la Sala Plena del Consejo de Estado del 25 de febrero
de 2020 (exp. 22473, M.P. William Hernández Gómez), en la que también se analizó la
naturaleza de un acto previo a la determinación de un tributo.
En efecto, esta Sección en la sentencia del 15 de julio de 2021 proferida dentro del
radicado interno 2546638 precisó que:
(…) Al respecto, los artículos 40 y 42 del CPACA exigen que en las actuaciones
administrativas iniciadas de oficio se le permita al administrado aportar medios de prueba y
discutir aquellos recabados por la Administración y que la decisión de fondo solo se produzca
después de que se le haya dado oportunidad al administrado para manifestar su posición. Lo
anterior supone que, antes de que se profiera una decisión administrativa, se hayan
puesto en conocimiento del interesado los hechos que suscitaron la actuación oficiosa
y los fundamentos de derecho en los que se basarían las decisiones a adoptar, a fin de
que pueda controvertir hechos y fundamentos anunciados. De modo que, solo en la medida
en que el acto administrativo definitivo sea expedido de manera sorpresiva, sin
convocar al administrado para su producción, se entenderá que estaría viciada de
nulidad la actuación administrativa, por violación del debido proceso. (Énfasis propio)
En el caso concreto, se encuentra que la DIAN profirió el requerimiento ordinario
900005 del 18 de febrero de 201939, en el que luego de referirse a los artículos 2
(naturaleza jurídica), 5 (hecho generador), 7 (sujeto activo) y 9 (causación) de la Ley 1697 de
2013, indicó:
37
Ver, entre otras, sentencia del 12 de noviembre de 2015, (Exp. 20633), C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia,
sentencia del 25 de octubre de 2017 (Exp. 20499), C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia del 18 de octubre
de 2018 (Exp. 22892), C.P. Dr. Milton Chaves García.
38
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Reiterada en la sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 29897, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
39
Samai del tribunal, índice 10. Expediente digital. Carpeta 1 de 2. 1.FOLIOS 1 -100.pdf. Pág. 66 a 70.
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Al requerimiento se adjuntó el “ANEXO 1 – VALORES PENDIENTES POR TRANSFERIR 2014”, en
el que se relacionan los contratos gravados, los nombres de los contratistas, la base
gravable, la tarifa, el periodo, y el valor de la contribución a pagar, así:
Como se observa, el acto puso en conocimiento de la sociedad los elementos
relevantes de la obligación tributaria que la administración pretendía determinar, al
señalar, con fundamento en los artículos 2, 5, 7 y 9 de la Ley 1697 de 2013, la
naturaleza jurídica de la estampilla, el hecho generador, el sujeto activo y su
causación, e identificar, en el cuadro anexo, cada uno de los contratos objeto del
gravamen, precisando su base gravable, la tarifa, el valor de la estampilla, y el tributo
pendiente de pago.
A su vez, debe tenerse en cuenta que, con fundamento en el listado anexo, la DIAN
solicitó a la sociedad que acreditara el pago de la referida estampilla. Por tanto,
contrario a lo señalado por el apelante, esta solicitud no implicaba que la obligación
estuviera siendo verificada, pues el pago cuya acreditación se requería
correspondía a la obligación tributaria previamente determinada en el anexo del
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requerimiento ordinario. Así, en esos términos, la solicitud de la prueba de pago de
la estampilla corrobora que el requerimiento tenía por objeto poner en conocimiento
de la sociedad la obligación tributaria que se le atribuía y permitirle acreditar su
cumplimiento antes de adoptar una decisión definitiva.
En ese sentido, también se le solicitó a la sociedad que, en caso de no haber
cumplido con la obligación tributaria, explicara las razones de dicha omisión y
aportara las pruebas que la justificaran. De modo que, no se trató de un simple
requerimiento de información para verificar aspectos de los contratos o de la
obligación tributaria, pues en este acto la administración ya había identificado los
contratos y sus contratistas, así como la base gravable, la tarifa y el valor de la
estampilla, y establecido su falta de pago. En consecuencia, la actuación estaba
dirigida a que la sociedad acreditara el cumplimiento de la obligación o justificara su
incumplimiento.
Aunque el acto contenga una advertencia sobre la sanción por no informar,
penalidad que se impone ante la desatención de requerimientos de información, ello
no lo convierte en una actuación únicamente dirigida a obtener información, cuando
de su contenido se desprende que la obligación tributaria ya había sido establecida
y que la respuesta solicitada al contribuyente estaba encaminada a acreditar su
pago o a explicar y probar las razones de su incumplimiento. Lo determinante es
que, en este caso, la administración puso en conocimiento de la sociedad los
elementos que sustentaban la obligación de pagar la estampilla, pues este es el
presupuesto esencial exigido para la configuración de un acto previo.
Con todo, se observa que el insumo del cuadro anexo es la información remitida
por el Ministerio de Educación Nacional40, y que la DIAN incorporó dicha información
al requerimiento ordinario y, a partir de ella, puso en conocimiento de la sociedad
los elementos de la obligación tributaria que pretendía determinar. Además, se
advierte que, se trata de la misma información que posteriormente fue considerada
en el acto de determinación de la estampilla.
En todo caso, se advierte que la apelante no cuestionó este aspecto del acto previo,
pues no formuló reparo alguno frente al contenido del cuadro anexo, ni respecto de
la fuente de la información en él relacionada.
Ahora, en cuanto al argumento del apelante, que cuestiona que la DIAN no explicó
por qué la sociedad debía practicar la retención, ni se pronunció sobre los contratos
ni sobre la prescripción, debe tenerse en cuenta que, como se expuso, en este acto
preparatorio la administración hizo referencia a los fundamentos jurídicos y fácticos
suficientes para que la sociedad conociera las operaciones a partir de las cuales la
administración determinó la obligación de retener la estampilla. En lo que respecta
a la prescripción, no era necesario que la administración se pronunciara sobre esta
en el acto previo, si no consideraba que hubiese operado.
Así, teniendo en cuenta el contenido del requerimiento ordinario, se encuentra que
cumplió con la finalidad propia de un acto previo, pues permitió a la sociedad
conocer la determinación y cuantificación de la obligación tributaria y, en
consecuencia, podía ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a estas.
40 De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1697 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional es la entidad encargada
del recaudo a través del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia. Esta entidad le informó a la DIAN que
no había recaudado el valor de la estampilla por parte de OCENSA correspondiente a la vigencia 2014. Ibidem. Fl 1 y 2.
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De ahí que, no resulte relevante que el acto se hubiere denominado “requerimiento
ordinario”, pues su contenido y finalidad permite establecer que se trató de un acto
preparatorio de un acto de determinación, y no un simple requerimiento de
información. En efecto, contrario a lo señalado por el apelante, esta actuación
permitió a la sociedad conocer que la DIAN le atribuía la calidad de sujeto obligado
a practicar la retención y determinó los elementos de la estampilla. Por tanto,
OCENSA conoció desde ese momento la posición de la administración frente a la
obligación tributaria que se le atribuía y tuvo la oportunidad de controvertirla. En
consecuencia, no se advierte esta actuación vulnere los principios de buena fe y
confianza legítima.
Ahora bien, la Sección pone de presente que, en un proceso entre las mismas partes
y en el marco de una controversia sobre la naturaleza de un acto previo a la
determinación de un tributo (Contribución de obra pública), se profirió la sentencia del 16
de octubre de 2025 (exp 30252, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello). En esa oportunidad,
la Sección concluyó que se había vulnerado el debido proceso de la sociedad, al
establecerse que el acto expedido por la DIAN no constituía un acto previo, sino que
en realidad se trataba de un requerimiento de información, mediante el cual la
administración solicitó los contratos, datos específicos sobre estos y la prueba de
pago de la contribución, sin determinar los elementos de la obligación tributaria, ni
referirse a un año gravable, a un contrato en particular o una base gravable.
Sin embargo, ese precedente no es aplicable en este caso, pues el acto analizado
tiene características diferentes. En efecto, mientras aquel acto se limitó a solicitar
expresamente información y fotocopias necesaria para establecer los contratos
objeto de gravamen y sus elementos41, en el requerimiento de este proceso, la
administración no solicitó información sobre ni fotocopias de los contratos, sino que
identificó, en un cuadro anexo, cada uno de los contratos respecto de los cuales se
causaba la estampilla, y discriminó su valor, base gravable, tarifa, y monto del
tributo. Por tanto, mediante el acto aquí cuestionado, la administración no pretendió
obtener información para determinar los elementos de la obligación tributaria, sino
que los estableció y solicitó la acreditación de su cumplimiento o, en su defecto, la
justificación de su incumplimiento.
Aunque ambos actos contienen una advertencia sobre la imposición de la sanción
por no suministrar la información requerida, esta circunstancia, por sí sola, no
determina su naturaleza ni permite equipararlos. Lo relevante es que, a diferencia
del acto examinado en la sentencia del 16 de octubre de 2025, en el presente asunto
la administración puso en conocimiento de la sociedad los elementos de la
obligación tributaria y le permitió controvertirla antes de su determinación oficial. A
lo anterior se suma que, en el proceso analizado en la sentencia del 16 de octubre
de 2025, el propio acto anunciaba que constituía un complemento de un
requerimiento de información, circunstancia que no se presenta en este caso.
41
En ese requerimiento, la DIAN señaló: “(…) de acuerdo con el análisis parcial para el año gravable 2014 y 2015, realizado
a la información enviada mediante CD con ocasión de la respuesta al Requerimiento Ordinario … comedidamente le
solicitamos allegar fotocopia de cada uno de los contratos suscritos a partir del 1o de enero al 31 de diciembre de
2014 y 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 relacionados en el listado adjunto (anexo 1), indicando: número de contrato
… adiciones y mayores valores que incrementen el valor inicial … :
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En suma, los supuestos fácticos examinados en aquella oportunidad difieren de los
que concurren en el presente asunto, por lo que no se trata de situaciones
jurídicamente equiparables que permitan aplicar la decisión allí adoptada.
En consecuencia, las razones que llevaron a la Sección a concluir que en aquel
caso se trataba de un simple requerimiento de información no resultan trasladables
al presente asunto.
De hecho, las características del acto aquí analizado guardan mayor
correspondencia con las examinadas por la Sala Plena de esta Corporación en la
sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 (exp. 22473, M.P. William Hernández
Gómez), en la cual se encontró satisfecho este requisito en tanto la DIAN informó al
contribuyente que había omitido la obligación de retener y pagar la contribución
respecto de determinados contratos, precisó los fundamentos fácticos y jurídicos
de la actuación, así como la base y la tarifa aplicables, y le brindó la oportunidad de
controvertir la calidad de responsable y los factores de cuantificación del tributo. Al
igual que en aquel caso, en el presente asunto la administración puso en
conocimiento de la sociedad la obligación tributaria que le atribuía respecto de cada
uno de los contratos, así como los elementos necesarios para controvertirla, antes
de proceder a su determinación oficial.
En consecuencia, no se configura la vulneración del debido proceso por falta de
acto previo alegada por la apelante. Por lo expuesto se niega el cargo.
3. Falta de competencia funcional de la DIAN
La apelante sostiene que la Ley 1697 de 2013 no atribuyó expresamente a la DIAN
facultades de fiscalización y determinación de la estampilla, sino únicamente la
calidad de sujeto activo para su cobro. Por ello, cuestiona que dichas funciones
hayan sido asumidas mediante la resolución DIAN 000086 de 2019, con fundamento
en el Decreto 4048 de 2008 y el concepto 2324 de 2017 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, pues considera que estos no le confieren tal
competencia.
Añadió que la falta de definición de las funciones de la DIAN se evidencia en el
trámite de la Ley 1697 de 2013 y fue reconocida por la propia entidad en los
conceptos 53668 y 41326 de 2014. Concluyó que, el procedimiento era ilegal porque
la DIAN y el Ministerio de Educación Nacional intervenían en la fiscalización y
determinación de una misma obligación, lo que generaba la superposición de
funciones, y una afectación al debido proceso.
Para resolver este cargo, se tiene que la Ley 1697 de 201342, en su artículo 7
identificó el sujeto activo del gravamen en cuestión, así: “Como acreedor de la
obligación tributaria del sujeto pasivo, determinado en el artículo 6 de la presente ley, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será el sujeto activo en la relación jurídico-
tributaria creada por esta ley.”.
Por su parte, en los artículos 10 y 11 de la citada ley, se dispuso crear el Fondo
Nacional de las Universidades Estatales de Colombia, administrado por el Ministerio
de Educación Nacional, para efectos del recaudo y administración de los recursos
provenientes de la estampilla. Entre las funciones asignadas al ministerio se
encuentran realizar las operaciones administrativas, financieras y contables del
42
Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia
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fondo; velar por el efectivo ingreso de los recursos, distribuirlos; elaborar la
proyección anual de ingresos y gastos; y rendir los informes correspondientes.
De lo anterior se desprende que el legislador estableció a la DIAN como sujeto activo
de la estampilla Pro-Universidad Nacional, y asignó al Ministerio de Educación
Nacional, a través del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia,
las funciones de recaudo y administración de los recursos.
Debe tenerse en cuenta que, cuando la ley establece que la DIAN es el sujeto activo
de la relación jurídico-tributaria, como “acreedora de la obligación tributaria”, no puede
entenderse que dicha condición se encuentre circunscrita al cobro del tributo, como
equivocadamente sostiene la apelante. En su condición de acreedor, la DIAN es
titular de la potestad de exigir al sujeto pasivo el cumplimiento de la obligación
tributaria una vez se configura el hecho generador y esta potestad no se agota en
la exigencia del pago, sino que comprende las actuaciones necesarias para hacer
efectivo dicho cumplimiento, entre ellas, las facultades de fiscalizar y determinar el
tributo y, posteriormente, exigir su pago.
En concordancia con lo anterior, el artículo 1° del Decreto 4048 de 200843, prescribe
que la facultad de la administración de los impuestos a cargo de la DIAN “comprende
su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás
aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Así las cosas, no resultaba necesario que la Ley 1697 de 2013 relacionara de
manera expresa en cabeza de la DIAN las facultades de fiscalización y
determinación, pues estas constituyen competencias necesarias para el ejercicio
efectivo de la condición de sujeto activo y acreedor de la obligación tributaria que el
artículo 7 atribuyó a dicha entidad.
Por ello, tampoco tienen lugar los argumentos de la apelante relacionados con una
supuesta falta de definición de las competencias durante el trámite legislativo, pues,
más allá de las discusiones que hubieran tenido lugar en esa etapa, el texto
finalmente aprobado fue claro en atribuir a la DIAN la condición de sujeto activo,
como acreedora de la obligación tributaria.
Tampoco desvirtúan esta conclusión los Conceptos DIAN 53668 y 41326 de 2014,
invocados por la apelante, en los que la administración habría considerado que no
tenía competencia para fiscalizar y determinar la estampilla, puesto que fueron
emitidos con anterioridad al inicio de la actuación administrativa objeto de este
proceso.
A su vez, no se advierte la alegada superposición de funciones entre el Ministerio
de Educación Nacional y la DIAN. En el presente asunto, el ministerio se limitó a
informar a la DIAN que no había recaudado de OCENSA los valores
correspondientes a la estampilla y, si bien solicitó información a la sociedad, dicha
actuación estuvo encaminada a verificar el recaudo de los recursos, dentro de las
funciones de administración del fondo que le fueron asignadas por la Ley 1697 de
2013, y no a fiscalizar ni determinar la obligación tributaria a cargo de OCENSA.
Fue la DIAN, mediante la resolución 900005 del 18 de febrero de 2019, la que dio
inicio al procedimiento de determinación del tributo respecto de la sociedad44.
43
Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Dian.
44
Ibidem. Pagina 1 a 70.
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En ese sentido, la competencia de la DIAN para el cobro de la estampilla Pro-
Universidad Nacional y demás universidades estatales fue designada de manera
directa por el legislador.
Así mismo, todas las actuaciones que desplegó para fiscalizar y determinar la
obligación también cuentan con sustento legal, lo que de plano también descarta
cualquier atribución por medio de resoluciones, pues se insiste, su actuación esta
respaldada en la misma norma de creación del gravamen.
En consecuencia, no se configura la supuesta violación al debido proceso por falta
de competencia. No prospera el cargo.
4. Falta de competencia temporal de la DIAN
La apelante discutió que el tribunal desconoció que operó la prescripción de la
acción de cobro, al no tener en cuenta que el término comienza a correr desde la
suscripción del contrato45, como se desprende del artículo 5 de la Ley 1697 de 2013.
Que, el requerimiento de información no interrumpió dicho plazo, pues esa
actuación no tiene dicho alcance, ni la ley contempla una causal de suspensión.
Por tanto, afirmó que la DIAN carecía de competencia temporal para determinar la
estampilla, pues los contratos fueron suscritos en el año 2014, y la notificación de
la resolución de determinación se surtió hasta el 27 de diciembre de 2019 -pasados
5 años-.
Que, incluso si se considerara lo contrario, la DIAN estaba facultada para determinar
la estampilla únicamente con base en los pagos efectivamente realizados entre julio
y diciembre de 2014, pues tratándose de contratos de cuantía indeterminada la base
se configura con cada pago. Así mismo, como los desembolsos asociados a los
contratos objeto de discusión se efectuaron entre el 2015 y 2017, la base gravable
correspondiente al segundo semestre del 2014 era inferior y, en todo caso, también
estaban prescritos al momento de la liquidación efectuada por la demandada.
Al respecto, se pone de presente que, las partes coinciden en señalar que el término
de competencia temporal de la administración es el de 5 años previsto en el artículo
2536 del Código Civil, pero difieren en cuanto al momento a partir del cual debe
contabilizarse; para la apelante, dicho término comienza a correr desde la
suscripción de los contratos y, para la demandada, se cuenta desde el vencimiento
del término para trasladar las sumas retenidas por concepto de la estampilla.
Para la Sección, la potestad de determinación de la estampilla surge desde el
momento en que se hace exigible la obligación de trasladar los recursos
recaudados. Y ello es así, porque mientras el obligado se encuentre dentro del plazo
legal para efectuar el traslado de la suma retenida por la estampilla, la
administración aún no puede exigirle su pago ni adelantar una actuación dirigida a
obtenerlo. Por esta razón, no se puede empezar a contabilizar el término desde la
suscripción de los contratos, como equivocadamente lo sostiene el apelante, sino
desde el vencimiento del plazo fijado para transferir las sumas retenidas.
En cuanto a la sentencia del 8 de febrero de 2018 (exp. 22221, M.P. Milton Chaves García),
que invoca la apelante, se observa que dicho pronunciamiento, se refiere a una
estampilla46
45
Citó la sentencia del Consejo de Estado del 08 de febrero de 2018, exp. 22221 (no identificó al magistrado ponente).
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estampilla46 que tiene una regulación diferente a la analizada en este caso. Con
todo, se advierte que, no es cierto que en esa providencia se hubiere avalado que
el término para ejercer la competencia de determinación del tributo deba contarse
desde la suscripción de los contratos, pues la prescripción declarada por el tribunal
fue confirmada únicamente porque este aspecto no fue objeto del recurso de
apelación.
En relación con las demás obligaciones, la Sección no declaró la prescripción, sino
que, luego de establecer los contratos y las sumas que correspondía pagar, advirtió
la existencia de un pago superior al debido y, en consecuencia, ordenó la devolución
de los mayores valores pagados. De manera que, la referida sentencia no sustenta
la tesis de la apelante.
En todo caso, como se explicó, la interpretación ajustada a derecho es que el
término para ejercer la competencia de determinación de la estampilla debe
contabilizarse a partir del momento en que la obligación se hace exigible, que, para
el caso analizado, ocurre con el vencimiento del plazo establecido para efectuar la
transferencia de las sumas retenidas. No podría ser de otra manera, pues con la
suscripción del contrato aún no es exigible para la administración la obligación
tributaria, dado que el obligado dispone de un plazo para efectuar la retención y
transferir los recursos.
En tal sentido, debe tenerse en cuenta que conforme con el artículo 9 de la Ley
1697 de 2013, la estampilla se causa con la obligación de retener el pago realizado
al contratista. En concordancia, el artículo 7 del Decreto 1050 de 2014, dispuso que
“Los recursos retenidos serán transferidos a la cuenta que para tal efecto se defina, así: con corte a
junio 30, los primeros diez (10) días del mes de julio y con corte a diciembre 31, los primeros diez
(10) días del mes de enero de cada año”. Por tanto, desde esa fecha deberían hacerse
los pagos y por tanto debería empezar la prescripción.
Es, entonces, a partir del vencimiento de dicho plazo que la obligación de trasladar
los recursos retenidos se hace exigible y, por consiguiente, desde ese momento
debe contabilizarse el término de competencia temporal de la administración.
En ese contexto, la facultad para determinar la estampilla nace a partir de las
referidas fechas, por lo que, tratándose de contratos suscritos en el segundo
semestre del año 2014, las retenciones debían efectuarse a más tardar los primeros
10 días del mes de enero de 2015 y, como quiera que: i) el requerimiento ordinario
900005 del 18 de febrero de 2019 fue notificado el 25 de febrero de 201947 y ii) el
acto de determinación de la estampilla, resolución 900010 del 27 de diciembre de
2019, se notificó el 30 de diciembre de 201948, estas actuaciones se llevaron a cabo
dentro del plazo legal.
Contrario a lo señalado por el apelante, debe tenerse en cuenta tales actos para
establecer la oportunidad de la actuación de la DIAN, porque el ordenamiento
tributario y administrativo carece de normas que rijan la caducidad de la
competencia de la administración para la determinación de la estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades, y fue mediante dichas
actuaciones que se dio inicio al procedimiento encaminado a establecer y exigir la
46
Estampilla Pro-Universidad Tecnológica del Chocó.
47
Samai del tribunal, índice 10. Expediente digital. Carpeta 1 de 2. 1.FOLIOS 1 -100.pdf. Página 66.
48
Ibidem. 2. FOLIOS 101.199.pdf. Página 21.
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obligación tributaria. De este modo, con su notificación dentro del término legal, la
administración ejerció de forma oportuna la facultad de determinación.
Finalmente, se observa que tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento
del apelante según el cual, si se tuviere en cuenta los pagos efectuados durante los
años 2015 a 2017, las respectivas obligaciones se encontrarían igualmente
prescritas.
Por el contrario, si se parte de la premisa planteada por la apelante, ello conduciría
precisamente a que el término de competencia temporal respecto de tales
operaciones comenzara a contabilizarse en una fecha posterior y, en consecuencia,
con mayor razón no se encontraría vencido al momento en que la administración
inició la actuación de determinación.
En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.
5. Falta de motivación
La apelante sostuvo que, contrario a lo señalado por el tribunal, la resolución de
determinación incurre en falta de motivación, pues la DIAN se limitó a citar
disposiciones de la Ley 1697 de 2013 y jurisprudencia, sin analizar de manera
individual los contratos objeto de gravamen ni las obligaciones y prestaciones
pactadas.
Afirmó que la administración tenía la carga de demostrar los elementos de la
obligación tributaria, incluida la naturaleza y sujeción de los contratos, la base
gravable y la tarifa, carga que, a su juicio, no cumplió, pues no acreditó que los
contratos celebrados por la sociedad estuvieran sometidos a la estampilla. Añadió
que, en este caso, se exige una motivación detallada porque en diferentes procesos
administrativos y jurisprudencia se ha reconocido que los contratos de OCENSA
corresponden a una tipología especial no sujeta al tributo.
Para decidir lo anterior, la Sección pone de presente que el artículo 42 de la Ley
1437 de 2011 establece que los actos administrativos deben estar adecuadamente
motivados, con base en las pruebas e informes disponibles.
Al respecto, la Sección49 ha señalado que «la causa o motivo es aquel elemento del acto
administrativo que se estructura en razón del conocimiento, consideración y valoración que la
Administración realiza de hechos y fundamentos de derecho, que la inducen a su expedición. La
motivación implica, entonces, que la manifestación de la Administración tiene una causa que la
justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica
y apreciación razonable; de manera que, los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos,
claros y objetivos».
De ahí que la Sección haya acudido al concepto de “razón suficiente”, para indicar
que la motivación deberá contener, no obstante que sea sumaria, argumentos
puntuales que describan de manera clara, detallada y precisa las razones de la
decisión50.
En el caso concreto, se encuentra que en el acto de determinación del tributo -la
resolución 900010 de 2019- la DIAN indicó la normativa que sustentaba la obligación
tributaria de la estampilla a cargo de OCENSA (artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 de la Ley 1697 de
49
Sentencia del 11 de marzo de 2021, exp 23976, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
50
Sentencia del 8 de agosto de 2019, exp. 22247, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2013, 6 del Decreto Reglamentario 1050 de 2014, y 32 de la Ley 80 de 1993), y a partir de esta,
explicó los elementos del tributo y la responsabilidad de retención que recaía sobre
la sociedad, por tener la condición de entidad pública y celebrar contratos de obra,
consistentes en trabajos materiales sobre bienes inmuebles.
Para ello, tomó como soporte la relación de contratos de obra celebrados por
OCENSA respecto de los cuales no se había recaudado la estampilla, remitida por el
Ministerio de Educación Nacional con base en la documentación suministrada
previamente por la propia sociedad. A partir de esta información, fue determinada
la estampilla, individualizando cada contrato, el contratista, la base gravable, la
tarifa, el periodo, y el valor del tributo, y las sumas pendientes de pago.
Como se observa, el acto de determinación contiene una motivación suficiente, pues
explicó, de forma sumaria, las normas que rigen la estampilla, identificó los contratos
gravados liquidando el tributo respecto de cada uno de estos, y sustentó la
configuración del hecho generador.
A juicio de la Sección, para la verificación del hecho generador, bastaba con que la
administración individualizara los contratos y explicara a la sociedad que la razón
por la cual se encontraban gravados obedecía a que correspondían a contratos de
obra relativos a trabajos materiales sobre inmuebles celebrados por OCENSA en su
condición de entidad pública. Esta información (contratos, valores, periodo) se
encontraba respaldada en la documentación remitida por el Ministerio de Educación
Nacional, en su condición de recaudador y administrador de los recursos de la
estampilla, en la que se relacionaron los contratos de obra respecto de los cuales
no se habían recaudado los recursos correspondientes.
De ahí que la DIAN sí contaba con elementos para establecer la existencia y
naturaleza de las operaciones objeto de determinación, pues, además, los contratos
relacionados por el ministerio correspondían a información que había sido
suministrada previamente por la propia sociedad. Asimismo, del acto de
determinación se desprende la metodología empleada para cuantificar el tributo,
consistente en tomar el valor correspondiente a cada contrato, aplicar la tarifa
prevista en la ley y determinar, de esta manera, el valor de la estampilla a cargo de
la sociedad.
En cuanto al argumento de la apelante, según el cual la motivación debía ser más
detallada porque en otros procesos administrativos y judiciales se ha considerado
que ciertos contratos de OCENSA no están sujetos al tributo, la Sección advierte que
ello no desvirtúa la suficiencia de la motivación del acto acusado, pues, como se
explicó, la administración sustentó de manera adecuada la determinación de la
estampilla. Además, como lo reconoce la demandante los contratos examinados en
aquellos procesos son distintos de los aquí analizados, por lo que las conclusiones
adoptadas en esos casos no resultan trasladables al presente asunto.
De conformidad con lo expuesto, se encuentra que la DIAN cumplió con la carga de
demostrar los elementos de la obligación tributaria.
La misma situación se observa en la resolución 578 del 1º de febrero de 2021, donde
la DIAN desató cada uno de los cargos propuestos en el recurso de reconsideración
presentado por la sociedad, identificando los contratos fiscalizados, e incluso,
modificó la base y monto a pagar debido a que advirtió que algunos acuerdos no
estaban sujetos al gravamen.
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Así pues, está acreditado que, desde la determinación oficial del tributo, la
demandante contó con la información necesaria para controvertir la decisión
administrativa.
En ese sentido, la Sección considera que la actuación cuestionada fue debidamente
motivada, por parte de la DIAN, lo que a su vez conlleva que se niegue el cargo.
6. Contratos mixtos. Aplicación de la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-
SP-00125 de febrero de 2020.
La apelante sostuvo que los contratos no estaban gravados con la estampilla, pues
en realidad corresponden a una tipología especial excluida del régimen general de
contratación estatal prevista en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, toda vez que se
ejecutan en desarrollo de la actividad económica industrial relacionada con el
transporte de hidrocarburos, que se encuentra asociada a la explotación y
comercialización de recursos renovables y no renovables, conforme al artículo 4 del
Código de Petróleos. A su vez, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación
del 25 de febrero de 2020, exp. 22473, por ser posterior a los contratos y actos
discutidos, y afirmó que debía aplicarse la interpretación del artículo 76 de la Ley 80
de 1993 vigente al momento de los hechos, en garantía de los principios de
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.
Señaló, además, que algunos contratos eran mixtos o coligados51, por comprender
prestaciones que no constituían trabajos materiales sobre bienes inmuebles, por lo
que cada prestación debía analizarse individualmente para establecer su naturaleza
y tratamiento tributario, análisis que, a su juicio, omitieron la administración y el
tribunal.
Para resolver, se pone de presente que el artículo 5 de la Ley 1697 de 2013,
estableció el hecho generador de la estampilla Pro-Universidad Nacional y demás
universidades estatales en los siguientes términos:
Artículo 5°. Hecho generador. Está constituido por todo contrato de obra que suscriban las
entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier
lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que
sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a
los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y
demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2.
Parágrafo. Quedan incluidos los contratos de obra suscritos por las empresas industriales y
comerciales del Estado y de empresas de economía mixta cuya ejecución sea con recursos
del Presupuesto General de la Nación.
Sobre el alcance del hecho generador de la estampilla Pro-Universidad Nacional y
demás universidades estatales, esta Sección se ha pronunciado en sentencias del
19 de febrero de 2020 (exp. 22069, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 7 de abril de
2022 (exp. 25500, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), y del 2 de julio de 2026 (exp. 29312,
M.P. Claudia Rodríguez Velásquez), en las cuales se precisa que:
i) El hecho generador se compone de: “un elemento objetivo asociado a la suscripción
51 Hizo referencia a los contratos 5500019173, 5500019159, 5500019157, 5500019153 y 5500019111-9115 (predio de
terceros); 3801932 y 3802098 (labores sobre tanques de almacenamiento y tubos -bien mueble y predios de terceros-);
3802050 (servicio de pintura de un búnker metálico -no altera la esencia ni funcionalidad del bien-); 5500019116
5500019115, 5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111 (actividades de conservación de la capa vegetal
sobre el trazado subterráneo del oleoducto -no implican actividades materiales sobre bien inmueble-); 3802119, 3802087
y 3802066 (combinan distintas prestaciones de diseño, suministro, montaje y servicios de ingeniería -no es un contrato
de obra-).
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de contratos de obra y conexos y, uno subjetivo, en tanto requiere que los contratos
sean suscritos por las entidades del orden nacional señaladas en el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 (inciso 1. del artículo 5) y, por las empresas industriales y comerciales del
Estado –EICE- y sociedades de economía mixta –SEM- que ejecuten contratos con
recursos del Presupuesto Nacional (parágrafo del artículo 5)52”.
ii) Cuando el inciso 1 se refiere a las entidades del orden nacional definidas por el
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, “significa justamente que las entidades nacionales
señaladas en el citado artículo 2 se incorporan al texto de la norma que establece el hecho
generador del tributo. Entre esas entidades, están las empresas industriales y
comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al 50%. Debe aclararse que el inciso 1 no toma el régimen
contractual como referente del hecho generador, sino únicamente la descripción de
las entidades contenidas en esa norma, esto es en el artículo 2 de la Ley 80 de 199353”.
En consecuencia: “Las entidades nacionales relacionadas en el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 realizan el hecho generador por la sola suscripción de los contratos de
obra y conexos, sin excepción alguna54”.
iii) Los contratos sujetos al tributo son aquellos denominados de obra entendidos
por estos los “celebrados para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general,
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago”, y conexos, correspondientes a todos
“aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y mantenimiento que versen sobre
bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría”55.
iv) La Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-
SP-001, del 25 de febrero de 2020 (exp. 22473, CP: William Hernández Gómez), al
estudiar la “contribución de obra pública” reconoce que los contratos de exploración
y explotación, comercialización e industrialización de recursos naturales
renovables y no renovables, son típicos y tienen particularidades que los
distinguen del contrato de obra pública objeto del gravamen, por lo que no se
podían subsumir en el hecho generador de este56. En dicha sentencia de
unificación se precisó que:
[D]e acuerdo con las regulaciones contenidas en el Código de Petróleos, de Minas y en
algunas disposiciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se encuentra que el
contrato de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables
tiene por objeto, fundamentalmente, la asignación de un área, para efectos y como su
nombre lo indica determinar aspectos como la existencia, ubicación, reservas, calidad,
etc. de los recursos naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta de los recursos
encontrados.
El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales para construir,
reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra pública-, sino que su
finalidad es la de determinar la existencia, ubicación, calidad, reservas, extracción,
producción, y comercialización de recursos naturales, previa asignación de un área
territorial
De modo que, se trata de tipologías contractuales distintas y plenamente identificables
por sus características propias, que permiten establecer que el contrato referido en el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 no es el mismo contrato de obra pública gravado con la
contribución y, por esa razón, no se subsume dentro del ámbito del hecho generador
dispuesto en la ley. Algo semejante puede decirse respecto de las actividades que están
delimitadas por la producción, venta, etc. de los recursos respectivos. (Énfasis propio)
Como se observa, en las citadas sentencias, esta Sección ha establecido un criterio
sobre el alcance del hecho generador de la estampilla Pro-Universidad Nacional y
52 Sentencia del 19 de febrero de 2020, exp. 22069, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en las demás providencias.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Sentencias del 7 de abril de 2022, exp. 25500, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 2 de julio de 2026, exp. 29312,
M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
56
Sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 25500, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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demás universidades estatales, según el cual las entidades nacionales
comprendidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 realizan el hecho generador por
la suscripción de contratos de obra y conexos -que impliquen cualquier trabajo material
sobre bienes inmuebles-, sin que para ello resulte relevante el régimen contractual
aplicable.
Debe tenerse en cuenta que, en el presente asunto, la sentencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado, proferida el 25 de febrero de 2020, exp. 22473, no resulta
vinculante en su condición de “sentencia de unificación”, pues la regla jurisprudencial
allí fijada se refiere al hecho generador de la contribución de obra pública, tributo
distinto del aquí analizado; no obstante, ello no impide que su posición jurídica
aplique como criterio jurisprudencial en aquello que resulte común a ambos
gravámenes -entre otros aspectos, lo relativo a la distinción de contratos de obra pública y los
contratos de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales-, de allí que se
deba analizar a partir de las particularidades de cada caso concreto.
Es importante precisar que, si bien, estas sentencias son posteriores a la
celebración de los contratos del caso y, algunas, a la expedición de los actos
acusados, corresponde al fallador aplicar este criterio jurídico por ser el actual y
vigente al momento de resolver la controversia puesta a su consideración.
En efecto, esta sala ha precisado que: “el precedente aplicable para los operadores jurídicos,
por regla general, es aquél que se encuentra vigente al momento de la expedición de la sentencia
que resuelve el asunto (con excepción de los casos en que el precedente establezca su vigencia),
en tanto corresponde a la última posición jurisprudencial del juez emitida sobre la materia, y en ese
entendido, tiene efectos inmediatos y es de obligatorio cumplimiento, pues el fallador debe dar el
mismo trato a situaciones similares, para garantizar el derecho a la igualdad y seguridad jurídica de
los sujetos procesales57.
Además, la apelante no justifica de qué manera la aplicación de esta posición
jurisprudencial vulneraría los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima, pues se limita a afirmar que la línea jurisprudencial anterior le resultaba
más favorable, circunstancia que, por sí sola, no impide la aplicación del criterio
vigente, en garantía del principio de igualdad que debe regir las decisiones
judiciales.
Así las cosas, en aplicación del citado criterio jurisprudencial, la Sección encuentra
que la sola circunstancia de que los contratos celebrados por OCENSA estén
vinculados con su actividad de transporte de hidrocarburos no excluye la
configuración del hecho generador de la estampilla. Para establecer la sujeción al
tributo, debe atenderse el objeto y determinar si corresponde a contratos de obra o
conexos, en los términos definidos por esta Sección, sin que el régimen contractual
aplicable a la entidad constituya, por sí mismo, un factor de exclusión del gravamen.
Precisado lo anterior, la Sección identificará y analizara el objeto de cada uno de
los 37 contratos que dieron lugar a los actos expedidos por la DIAN con la finalidad
de determinar si estos se encuentran o no sujetos a la estampilla.
CONTRATO U ORDEN DE
OBJETO CONTRACTUAL
SERVICIOS
1. 5500019173 «PRIMERA: OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar
57 Sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 27038, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. De forma similar, se había pronunciado
la Sección en sentencia del 1 de junio de 2023, exp. 27248, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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OBJETO CONTRACTUAL
SERVICIOS
con sus propios medios (…) los trabajos de Atención PQR Orlando toro
recuperación de obras de manejo de aguas superficiales PK 277+450 y
mantenimiento obras deterioradas por uso del DDV como camino del PK 275+450
OCE.»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
2. 5500019182 autonomía técnica administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
trabajos de Obras Adecuación de áreas, instalación de tubería PTAR Estación
Caucasia.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
3. 3802030 se obliga para con LA COMPAÑÍA a ejecutar las obras de MOVIMIENTO DE TIERRAS,
ADECUACIÓN DE ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA ESTACIÓN GRANJITA.»
«PRIMERA. OBJETO. - EI CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
4. 3801939
OBRAS DE ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE ACCESO
A TRENES DE REGULACIÓN EN FASE 1 Y FASE 2 DEL SISTEMA BI-FUEL EN LA ESTACIÓN
EL PORVENIR DE OCENSA.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
5. 3801926 se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo las OBRAS ELÉCTRICAS DEL
SISTEMA ALTOS DE FLUJOS LA BELLEZA (BY-PASSES LA BELLEZA)»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo los servicios para la
6. 3801964
REMODELACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE OCENSA Y ADECUACIÓN CIVIL
AL CUARTO DE CONTROL ALTERNO.»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
7. 5500019159 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
trabajos de Obras recuperación jarillones de protección contra crecientes de
agua, válvula Los Amarillos»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
8. 5500019158 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
trabajos de Obras mantenimiento de vía de acceso Chiquillo PK 425+500 OCE,
106+000 ODC.»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
9. 5500019157 autonomía técnica. administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
trabajos de Obras mantenimiento, de vía de acceso Cantamonos PK 412+150
OCE, 95+800 ODC.”»
«PRIMERA: OBJETO. - EI CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
10. 5500019153 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
trabajos de Obras mantenimiento de vía de acceso Palmola PK 347+500 OCE,
27+500 ODC y Montevideo PK 356+800 OCE y 36+800 ODC»
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
11. 5500019124
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Instalación de red Sanitaria hasta la PTAR Estación Caucasia.»
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
12. 5500019118 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras reconstrucción de Gaviones Bunker Las Peñitas PK 570-725
CCE.»
«PRIMERA, OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
13. 5500019117
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Estabilización Talud Oriental Estación Caucasia, Bodegas Materiales.»
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CONTRATO U ORDEN DE
OBJETO CONTRACTUAL
SERVICIOS
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
14. 55000191116 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería y control de erosión PK 553+500 OCE.
243+700 OCC»
«PRIMERA. OBJETO. - EI CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios personal y equipo, en forma independiente y con plena
15. 5500019115
autonomía, técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería Superficial PX 388+900 OCE 52+050 ODC.»
«PRIMERA. OBJETO - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
16. 5500019114
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería Expuesta PK 495+200 OCE, 174+200 ODC»
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
17. 5500019113
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería Expuesta PK 391+700 OCE, 72+600 0DC.»
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
18. 5500019112
autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería Expuesta PK 372+719 OCE, 53+150 ODC.»
«PRIMERA. OBJETO- EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
19. 5500019111 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, las
obras de Obras Protección Tubería Expuesta PK 362+350 OCE 33+250 ODC y
Mantenimiento Cruce PK 352+300 OCE 33+200 ODC.»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
20. 3802145 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, de los
servicios OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DEL ACCESO A LAS
BODEGAS DE MATERIALES DE LA ESTACIÓN CAUCASIA.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Por medio del presente contrato marco se
establecen los términos y condiciones generales en que EL CONTRATISTA
ejecutará, a las tarifas acordadas por las partes, las obras de CONTRATO MARCO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE
21. 3802120 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, NECESARIAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS
PROYECTOS DE OCENSA., en virtud de las OT a través de las cuales LA COMPAÑÍA
podrá encargar la ejecución de las obras específicas a EL CONTRATISTA, (…) las
cuales se someterán y serán ejecutadas en los términos y condiciones
establecidas en este contrato (…).»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA a ejecutar/realizar/levar a cabo las obras y/o
22. 3802119
trabajos de CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE SALIDA Y CASETA EN EL DESCARGADERO CUSIANA.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
23. 3802113 se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo los servicios de MANTENIMIENTO
LOCATIVO EN INSTALACIONES TERMINAL OCENSA COVEÑAS.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
24. 3802109 se obliga para con LA COMPANIA a llevar a cabo los servicios de EXCAVACIÓN DE
PIERNAS MUERTAS TERMINAL COVEÑAS.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑIA a ejecutar/realizar/llevar a cabo las obras y/o
25. 3802101
trabajos de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD ORIENTAL
ESTACIÓN LA BELLEZA.»
«PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
26. 3802098 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
servicios del CAMBIO DE TUBERÍAS VERTICALES DE SUMINISTRO A CÁMARAS DE
ESPUMA EN TK7312.»
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CONTRATO U ORDEN DE
OBJETO CONTRACTUAL
SERVICIOS
«CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
27. 3802087 se obliga para con LA COMPANIA a llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA VÍA DE SALIDA DEL DESCARGADERO CUSIANA»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
28. 3802066 se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo las actividades DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PORTERÍA PRINCIPAL ESTACIÓN CUSIANA.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA llevar a cabo las obras de construcción para la
29. 3802056
adecuación de la interconexión patín MS 37000 a tanques Vasconia II (ODC) en la
ESTACIÓN VASCONIA.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
obliga para con LA COMPAÑÍA a ejecutar/realizar/llevar a cabo las obras y/o
30. 3802040
trabajos de CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ELÉCTRICAS PARA EL CABLEADO DE LOS
LAZOS DE COMUNICACIÓN PAKSCAN DE VÁLVULAS MOTORIZADAS.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA se
31. 3802029 obliga para con LA COMPAÑÍA A EJECUTAR LAS OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
ADECUACIÓN DE AREAS Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN LA ESTACION PÁEZ»
«CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. – Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga
32. 3802013 para con LA COMPAÑÍA a ejecutar las obras de MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIÓN DE
ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA ESTACIÓN CHIQUILLO»
«PRIMERA. OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA COMPAÑÍA a prestar,
con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
33. 3802006 autonomía técnica, administrativa y financiera, hasta su total terminación, los
servicios de OBRAS DE CONEXIÓN LINEA DE DRENAJE DE 3" DE TRAMPA DE
DESPACHO A SUMIDERO TU-59000 DEL TERMINAL MARITIMO DE COVENAS.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA a ejecutar/realizar/llevar a cabo las obras y/o
34. 3801999 trabajos de OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ALIVIOS
EN LA ESTACIÓN MIRAFLORES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL
OLEODUCTO EN 35 KBPD - PROYECTO DELTA 35.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo los servicios DE PREPARACIÓN
35. 3801932
DE SUPERFICIE CON GRANALLA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TANQUE TK7311 DEL
TERMINAL DE COVEÑAS.»
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
se obliga para con LA COMPAÑÍA a llevar a cabo los servicios de PINTURA DE
37. 3802050
BUNKER METALICO DEL CERRAMIENTO DE VALVULA SATELITAL HOV 760 (ARROYO
HONDO) Y LA HOV 677 (LA GRANJITA)»
Analizado el objeto de los contratos que dieron lugar a los actos demandados se
puede advertir que ninguno de estos consiste en la exploración de hidrocarburos,
sino que hacen referencia a la realización de mantenimientos, conexiones,
instalación, pavimentación, limpieza, movimiento de tierras, manejo de aguas
superficiales, construcción, y excavación sobre bienes inmuebles, actividades
materiales propias de un contrato de obra pública.
Es de anotar que si bien, las actividades contratadas se relacionan con la actividad
de exploración y explotación de petróleo, lo cierto es que dichos trabajos no son
contratos de exploración y explotación, porque no tienen por objeto la búsqueda o
producción del hidrocarburo.
En efecto, el hecho de que las obras se practiquen o se relacionen con bienes
utilizados en la industria petrolera, no desconoce su naturaleza de contrato de obra
pública, porque en este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad contratada
sea un trabajo material sobre un bien inmueble y la destinación de los inmuebles
tampoco puede llevar a considerar que se trate un contrato de exploración y
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explotación, porque estos tienen por objeto específico determinar la existencia,
reserva, extracción, y/o la producción del recurso natural.
A su vez, la Sección precisa que, aunque algunos contratos aluden a actividades
de mantenimiento de tuberías, tanques, plataformas, estaciones, y suministro de
bienes y servicios, no puede perderse de vista que estos trabajos se realizan sobre
inmuebles, y en tal sentido, encuadran dentro de una de las modalidades del
contrato de obra pública relativo a las operaciones de reparación y/o mantenimiento
de ese tipo bienes.
Ahora bien, la sociedad propone reproches de manera puntual y pretensiones
subsidiarias frente a varios contratos: (i) 5500019173, 5500019159, 5500019157,
5500019153, 5500019115, 5500019114, 5500019113, 5500019112 y 5500019111, se
ejecutaron sobre predio de terceros; ii) 3801932 y 3802098, se trata de labores sobre
tanques de almacenamiento y tubos -bien mueble- y en predios de terceros-); iii) 3802050,
se trata de un servicio de pintura de un búnker metálico que no altera la esencia ni
funcionalidad del bien-; iv) 5500019116 5500019115, 5500019114, 5500019113,
5500019112 y 5500019111, se tratan de actividades de conservación de la capa vegetal
sobre el trazado subterráneo del oleoducto -no implican actividades materiales sobre bien
inmueble; v) 3802119, 3802087 y 3802066 combinan distintas prestaciones de diseño,
suministro, montaje y servicios de ingeniería; vi) la DIAN gravó el contrato 3802029 pese a
señalar que no obra en el expediente; y vii) 3802013, 3802029, 3802040, 3802056,
3802098 y 5500019124 se liquidó el tributo sobre una base que excede lo pagado.
Sobre el particular, la Sección precisa que el hecho de que algunos contratos se
hubieren ejecutado sobre predios de terceros no desvirtúa su naturaleza de
contratos de obra, pues la ley no exige que el bien sobre el cual se realizan los
trabajos sea de propiedad de la entidad contratante, sino que el objeto contractual
comprenda la realización de trabajos materiales sobre inmuebles y que el contrato
sea celebrado por una entidad del orden nacional.
Lo primero a advertir al respecto, es que en cuanto a la sentencia del 12 de octubre
de 2017 de la Sección Tercera (exp. 53390)58 y del 13 de marzo de 2008 de la Sección
Cuarta (exp. 15009)59, que invoca la apelante para sostener que la titularidad del bien
constituye un elemento necesario del contrato de obra pública, debe señalarse que
tales pronunciamientos no resultan aplicables al presente asunto.
La primera decisión se ocupó de una controversia contractual relacionada con el
régimen jurídico aplicable de los contratos de vivienda de interés social, mientras
que la segunda versó sobre la compensación parcial del IVA pagado en la
adquisición de bienes de capital en la región del Eje Cafetero. De modo que las
consideraciones allí expuestas sobre el concepto de obra pública fueron formuladas
en contextos jurídicos distintos al que ahora se examina.
Así, para resolver la controversia debe atenderse al alcance que esta Sección ha
fijado específicamente respecto del hecho generador de dicha estampilla, que como
se expuso se estructura a partir de dos elementos: uno objetivo, referido a la
celebración de todo contrato de obra y conexos, y otro subjetivo, consistente en que
dichos contratos sean suscritos por entidades del orden nacional en los términos
del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
58
Cita el siguiente aparte: “el concepto de obra pública no se limita por su destinación a la prestación de un servicio
público, o por la naturaleza de los recursos empleados en su ejecución “sino por razón de su afectación a fines de
utilidad general y la titularidad del dominio de quien la emprende o a cuyo nombre se ejecuta”.
59
Cita el siguiente aparte: “En virtud del contrato de obra pública, la entidad conviene con el contratista en la realización
de una obra, a cambio de un precio, de la cual se hace dueña la entidad contratante”.
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Por ello, no es jurídicamente procedente incorporar al hecho generador de la
estampilla un requisito de titularidad sobre la obra que no se encuentra previsto en
la ley ni ha sido establecido por la jurisprudencia de esta Sección al precisar los
elementos que configuran la obligación tributaria, máxime si se tiene en cuenta que,
no existe prohibición legal alguna desarrollar obras en terreno ajeno y que, de
acuerdo con los mismos contratos OCENSA es la contratante.
En todo caso, si fuera procedente el debate, se encuentra que la apelante listó los
contratos que consideró ejecutados sobre terrenos de terceros, pero no precisó la
cláusula que señalaba ese hecho ni allegó pruebas que lo acreditaran ni que
explicaran las razones por las cuales obró como contratante en favor de los dueños
de los terrenos. Al respecto, se observa que, la afirmación de la demandante según
la cual dichos inmuebles no eran de su propiedad no constituye una negación
indefinida que la relevara de la carga de la prueba, pues se trata de un hecho
concreto y susceptible de acreditación mediante los documentos que permitieran
establecer la titularidad de los bienes. Por tanto, correspondía a la actora demostrar
que los inmuebles eran de propiedad de terceros, máxime cuando, por haber
intervenido en la celebración de los respectivos contratos, se encontraba en una
posición que le permitía obtener y aportar dicha prueba.
A manera de ejemplo, se observa el contrato 5500019173 suscrito con la Junta de
Acción Comunal Vereda La Cristalina, en donde se indica que el lugar de ejecución
es: “PK277+450 OCENSA”; que es OCENSA quien está interesada en contratar a un tercero para
que realice con sus propios medios, personal y equipo, en forma independiente y con plena
autonomía técnica, administrativa y financiera servicios para recuperación dé obras de manejo de
aguas superficiales PK 277+450 .y mantenimiento obras deterioradas por uso del DOV como camino
PK 275+450 al 277+450 OCE; el contratista debe constituir la póliza de cumplimiento en
favor de OCENSA.
Por tanto, la circunstancia relativa a la titularidad de los predios no sólo carece de
incidencia para efectos de establecer la configuración del hecho generador, sino
que no fue probada.
Así mismo, como se explicó, si bien, algunos contratos aluden a labores sobre
tanques, tuberías, o servicios, esto no desconoce que se realizaron sobre un
inmueble.
Al respecto, la Sección en sentencia del 31 de julio de 2025 (exp. 29773, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, precisó que en cuanto a las: “actividades de
mantenimiento de aires acondicionados, suministros de bienes y servicios, y suministro de mobiliario,
no puede perderse de vista que estos trabajos se realizan sobre inmuebles, hecho no desvirtuado
por la actora, y en tal sentido, encuadran dentro de una de las modalidades del contrato de obra
pública relativo a las operaciones de reparación y/o mantenimiento de ese tipo bienes”. Si bien
dicha providencia se refiere a la contribución por contratos de obra pública, su
criterio jurídico es aplicable en este caso, en cuanto al alcance del contrato de obra
que también es objeto de la estampilla aquí analizada.
De manera que, el hecho de que algunos contratos aludan a labores sobre tanques,
tuberías u otros elementos, no desvirtúa que las actividades contratadas recayeran
sobre una infraestructura inmobiliaria, lo cual se verifica en la descripción y alcance
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de algunos de los contratos60, en el Documento de Términos y Condiciones para el
Transporte de petróleo Extra Pesado por Ocensa en la Capacidad de la Ampliación
del proyecto P135 obrante en el expediente administrativo (fl. 669 Caa) y en la
misma descripción que suministró OCENSA en la demanda en el sentido de que “en
desarrollo del P135 y con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte, fue necesario construir
tres (3) nuevas estaciones de bombeo a través de las cuales era posible bombear y transportar una
mayor cantidad de crudo (…). A su vez, también fue necesario ampliar varias estaciones de bombeo
(…). Como consecuencia de lo anterior, en el año 2014, OCENSA celebró diversos contratos con el
propósito de aumentar su capacidad de transporte … también celebró contratos para desarrollar,
proteger, conservar y mantener su actividad empresarial y poder transportar petróleo”. Lo cual, a
juicio de la sala, se refiere, por supuesto, a toda la infraestructura de
almacenamiento y transporte del crudo que no puede considerarse como bien
mueble.
Se considera que cuando dichos elementos se encuentran ensamblados e
instalados de manera fija y permanente, y adheridos, anclados o incorporados al
suelo, no pueden ser considerados, para estos efectos, como bienes muebles
aislados de la infraestructura a la que sirven. Por el contrario, su incorporación
material al inmueble determina que puedan adquirir la naturaleza de inmuebles por
adhesión, en los términos de los artículos 656 y 657 del Código Civil61. Por ello, no
se trata simplemente de bienes muebles sobre los cuales se ejecutan actividades
independientes, sino de componentes integrados material y funcionalmente a las
instalaciones de la actora y destinados a su funcionamiento, siempre que ello no
sea desvirtuado, lo que no ocurrió en este caso.
Igual consideración resulta aplicable a las actividades realizadas sobre la capa
vegetal para el trazado subterráneo del oleoducto, pues estas recaen sobre un
terreno, que constituye un bien inmueble.
En cuanto al carácter mixto que la apelante atribuye a algunos contratos, la Sección
considera que esto tampoco excluye su sujeción al tributo, pues, se insiste, lo
determinante es que dentro del objeto del contrato se comprendan trabajos
materiales sobre bienes inmuebles. No resulta procedente separar individualmente
ciertas prestaciones, porque estas se encuentran integradas en un mismo objeto
contractual que comprende la ejecución de actividades materiales sobre bienes
inmuebles.
Frente a alegada falta de valoración probatoria del contrato 3802029, fundada en
que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración (página 19) la DIAN
señaló que este “no figura en el expediente”, la Sección advierte que tal afirmación,
aunque inexacta, no permite concluir que la prueba hubiera sido desconocida por la
administración. Y ello es así porque en la página 30 de la misma resolución, al
efectuar la liquidación de la obligación tributaria, la DIAN indicó el valor del contrato
e identificó el folio de los antecedentes administrativos en el que se encontraba.
60
A manera de ejemplo, el contrato 3802050 cuyo objeto era PINTURA DE BUNKER METALICO DEL CERRAMIENTO DE
VALVULA SATELITAL HOV 760 (ARROYO HONDO) Y LA HOV 677 (LA GRANJITA) el cual contiene la imagen del
bunker a pintar.
61
ARTÍCULO 657. <INMUEBLES POR ADHESIÓN>. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces,
a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro.
ARTÍCULO 658. <INMUEBLES POR DESTINACIÓN>. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las
cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan
separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo: Las losas de un pavimento. Los tubos de las cañerías. Los utensilios
de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido
puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla.
Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial
adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques,
colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio.
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Así, el contenido integral del acto evidencia que la administración tuvo conocimiento
del contrato y lo utilizó como elemento para determinar la obligación tributaria, por
lo que la referencia efectuada en la página 19 corresponde a una imprecisión que
no demuestra una falta de valoración probatoria ni afecta, por sí sola, la validez de
la decisión.
En lo que respecta a los contratos frente a los cuales se discute que el tributo fue
liquidado sobre una base que excede lo pagado, debe tenerse en cuenta que lo
previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 1697 de 201362:
ARTÍCULO 8o. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El sujeto pasivo definido en el artículo 6o de
la presente ley pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos
en función de las siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000
smmlv pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los
contratos mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2%.
PARÁGRAFO. En cuanto no sea posible determinar el valor del hecho generador, definido en
el artículo 5o de la presente ley, al momento de su respectiva suscripción, la base gravable se
determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duración
del contrato respectivo.
ARTÍCULO 9o. CAUSACIÓN. Es obligación de las entidades contratantes retener de manera
proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la
contribución de estampilla definido según el Artículo 8o de la presente ley.
Como se observa, si bien el artículo 8 establece la base gravable y fija la tarifa de
la contribución atendiendo al valor de los contratos de obra pública y sus conexos,
esta disposición debe interpretarse de manera armónica con el artículo 9, que regula
específicamente la forma en que se causa y recauda el tributo.
En efecto, del artículo 9 ibidem se desprende que, para efectos de la retención, el
porcentaje aplicable se determina conforme a los rangos establecidos en el artículo
8, pero la retención debe practicarse sobre el pago o los pagos que efectivamente
se realicen al contratista.
Es decir, la ley diferencia entre el valor del contrato, que permite establecer el
porcentaje de la contribución, y el valor efectivamente pagado, que constituye la
magnitud sobre la cual se practica cada retención. Y no podría ser de otra forma,
esto es, practicarse la retención sobre el valor total del contrato pues esta es una
cifra estimada por las partes al momento de la suscripción del contrato que puede
ser pagada durante varios años, sino que puede disminuir o aumentar según lo
pacten las partes o según el cumplimiento acordado.
Ahora bien, verificadas las pruebas aportadas por la demandante no se advierte
prueba de los pagos efectuados; sólo se encuentran facturas y resúmenes
elaborados por la propia compañía sobre los pagos efectuados, pero no presentan
referencias a fechas de pago ni otra información que permita tener por cierto que el
pago se realizó en otros años y no en el 2014.
62
Ley 1697 de 2013. Artículo 8. Base gravable y tarifa. El sujeto pasivo definido en el artículo 6o de la presente ley pagará
por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos en función de las siguientes bases y tarifas: por los
contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%
y los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.
Parágrafo: En cuanto no sea posible determinar el valor del hecho generador, definido en el artículo 5o de la presente ley,
al momento de su respectiva suscripción, la base gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del
pago, por el término de duración del contrato respectivo.
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También se advierte que, tanto en el recurso de reconsideración como en la reforma
de la demanda, se aportó una certificación suscrita por contador público en la que
se relacionan los valores facturados antes de IVA con cargo a 13 contratos; sin
embargo, este documento presenta sumas acumuladas correspondientes a varios
años (2014 a 2017), sin indicar si esos valores se pagaron y en qué período, ni
aportar los documentos soporte que lo respalden. De manera que este documento
no prueba los pagos ni desvirtúa los valores tomados por la administración.
En consecuencia, para los contratos analizados en este cargo se configuró el hecho
generador de la estampilla, por lo que le asiste razón a la DIAN en la expedición de
los actos demandados al considerar que se tratan de contratos de obra pública. Por
lo expuesto, se negarán los cargos relacionados con los contratos objeto de debate.
5. Condición de agente retenedor de la estampilla
La apelante sostuvo que OCENSA no es agente retenedor de la estampilla, por
tratarse de una sociedad de economía mixta que no ejecuta recursos del
Presupuesto General de la Nación, y cuestionó que el tribunal le hubiera impuesto
la carga de acreditar ese hecho, pues, a su juicio, correspondía a la administración
probar los elementos de la obligación tributaria. Añadió que, en todo caso, su
participación estatal inferior al 90%, y una certificación de la Contraloría General de
la República acreditaban que la sociedad no estaba obligada a practicar la
retención.
La Sección pone de presente que, en cuanto a la sujeción a la Estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia
de las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía
mixta, en la sentencia del 19 de febrero de 2020 (exp. 22069, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez), se precisó el alcance de la obligación tributaria en los siguientes términos:
[D]ebe tenerse en cuenta que el parágrafo de la norma analizada (artículo 5 de la Ley 1697
de 2013), precisó el hecho generador del tributo, al disponer que “quedan incluidos” los
contratos de obra y conexos suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado
y las empresas de economía mixta cuya ejecución sea con recursos del Presupuesto
General de la Nación.
La razón de esa precisión es que, por regla general, las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta no hacen parte del Presupuesto General de
la Nación, dado que por su naturaleza escapan del ámbito de su cobertura.
De ahí que fuera necesario que el legislador enfatizara en el parágrafo analizado, que el
tributo también se causaba cuando dichas empresas ejecutaran los contratos de obra y
conexos con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Supuesto que se da por excepción -y así considera la Sala que debe entenderse-, en tanto
puede existir el caso en que estas entidades ejecuten contratos de obra y conexos financiados
con recursos del Presupuesto General de la Nación, y no con los propios que como se dijo,
no hacen parte de aquel.
El objeto del parágrafo, en sentir de la Sala, era especificar que, para estas entidades, el
hecho generador también se configura en el caso excepcional que ejecuten contratos de obra
y conexos con cargo a recursos del presupuesto nacional.
Lo que explica que en el parágrafo se hubiere utilizado la expresión “quedan incluidos” que
no restringe, sino que complementa el hecho generador, en tanto hace referencia a los casos
en que por excepción a la regla general, las EICE, y las SEM ejecutan recursos del
Presupuesto General de la Nación.
Y, en la medida en que el parágrafo busca dar alcance al hecho generador previsto en el
inciso 1 del artículo 5, debe entenderse que el mismo hace referencia a las empresas
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industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta relacionadas
en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es decir, las EICE, y las SEM con capital estatal
superior al 50%.
El anterior análisis –inciso 1 y parágrafo del artículo 5- lleva a concluir que en el caso
particular de las empresas industriales del Estado y las sociedades de economía mixta,
el tributo se genera sobre: las EICE, y las SEM con capital del Estado superior al 50%,
por la suscripción de los contratos de obra y conexos que aquellas ejecuten con
recursos propios y/o con recursos del Presupuesto General de la Nación. (Énfasis propio)
Conforme con el criterio expuesto, dentro del hecho generador de la estampilla se
encuentran incluidos los contratos de obra y conexos celebrados por las sociedades
de economía mixta con participación estatal superior al 50%, independientemente
de que su ejecución se financie con recursos propios o con recursos del
Presupuesto General de la Nación.
En el presente caso, la apelante reconoce que es una sociedad de economía mixta
con participación estatal superior al 50%, por lo que se encuentra comprendida
dentro de las entidades a las que se refiere el parágrafo del artículo 5 de la Ley
1697 de 2013.
En consecuencia, por la celebración de los contratos de obra objeto de discusión,
tenía la condición de agente retenedor de la estampilla, sin que resulte necesario
trasladar a la administración la carga de demostrar este presupuesto, pues la propia
sociedad reconoce las circunstancias que determinan su inclusión en el ámbito
subjetivo del hecho generador del tributo.
En cuanto a la certificación de la Contraloría General de la República63, se observa
que esta se refiere a las entidades que ejecutaron recursos del Presupuesto General
de la Nación en el año 2014, circunstancia que, como se explicó, no resulta
determinante para establecer la condición de entidad contratante de los contratos
de obra sujetos a la estampilla. En todo caso, la obligación tributaria de agente
retenedor de dichas entidades deviene directamente de la ley, por lo que no resulta
procedente pretender desvirtuarlas con fundamento en una certificación.
Por lo anterior, se niega este aspecto de la apelación.
Decisión
Teniendo en cuenta que ninguno de los argumentos propuestos por la apelante
prosperó, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
Costas
El tribunal se abstuvo de condenar en costas, decisión frente a la cual no se
presentó reparo alguno.
En cuanto a la condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del
proceso), se condenará en costas a la demandante. Para ese efecto, se tasan esas
agencias en un (1) SMMLV, conforme el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre
de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, se ordenará al tribunal
tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 del Código General del Proceso.
63
Anexo 7.7. de la demanda.
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Demandante: Oleoducto Central Ocensa S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A.
2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandante. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
3. RECONOCER personería a la abogada Mónica Sofia Paéz Ramírez, como
apoderada de la DIAN, en los términos del poder obrante a índice 9 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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