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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00327-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00327-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar: Primero: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados. Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar probada la excepción de indebida tasación de la obligación por concepto del impuesto al consumo del periodo 6.° de 2018. En consecuencia, ordenar a la demandada determinar nuevamente el monto de la obligación a cargo de la actora por ese concepto. Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00327-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de mayo de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00327-01 (28999)
Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00327-01 (28999)
Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez
Demandado: DIAN

Temas: Cobro coactivo. Deudor solidario. Falta de título ejecutivo. Acto previo
al mandamiento de pago. Declaraciones de retención en la fuente
Ineficaces. Tasación de la deuda. Gastos del procedimiento de cobro.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección B, que resolvió (índice 20):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: Por no haberse causado no procede la condena en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Resolución 2020 0313-001914, del 04 de diciembre de 2020 (ff. 2264 a 2268
vto. caa2), la demandada declaró parcialmente probadas las excepciones de falta de título
ejecutivo e indebida tasación del monto de la deuda propuestas por la actora, en su calidad
de deudora solidaria de una sociedad, contra el Mandamiento de Pago 2020304-000006,
del 15 de octubre de 2020 (ff. 2157 caa). Por ende, ordenó seguir adelante con la ejecución
de las obligaciones restantes y «condenar en costas» a la actora. Esas decisiones fueron
confirmadas por la Resolución 2021 0311-000135, del 05 de febrero de 2021 (ff. 2313 a
2315 caa).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
1. Que son nulas la Resolución 2020 0313-001914, del 04 de diciembre de 2020 expedida por la

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 28 de junio de 2024 (Índice 4. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).
2
El cuaderno de antecedentes administrativos se aportó por la demandada en los documentos digitales contenidos en el índice 9.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00327-01 (28999)
Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez

División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de la DIAN
y de la Resolución 20210311-000135, del 05 de febrero de 2021, proferida por la División de Gestión
de Cobranzas de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

2. Que, como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que la actora no está obligada a pagar las sumas declaradas –y no sufragadas– por una
sociedad por concepto del impuesto sobre las ventas, impuesto nacional al consumo y las retenciones
en la fuente de los años 2018 a 2020.

3. Que se revoque la condena impuesta en sede administrativa… y en cambio, se condene en costas
a la parte demandada.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la
Constitución; 580-1, 683 y 684 del ET (Estatuto Tributario); 3.º y 188 del CPACA, bajo el
siguiente concepto de violación (índice 2):

Relató que la Administración le expidió un mandamiento de pago como deudora solidaria
de las sumas adeudadas por concepto del IVA (periodos 3.° a 5.° del 2018, 1.° a 6.° del
2019 y 1.° a 3.° de 2020), el impuesto al consumo (periodos 6.° de 2018, 1.° a 6.° de 2019
y 1.° de 2020) y las retenciones en la fuente (periodos 1.°, 2.° y 4.° a 12 de 2019 y 1.° a
8.° de 2020), junto con la actualización de las sanciones e intereses moratorios, a cargo
de una sociedad en la cual era socia, en proporción a su participación en el capital social.
Indicó que propuso las excepciones de falta de título ejecutivo y de indebida tasación del
monto adeudado, las cuales fueron declaradas parcialmente probadas derivando en la
disminución de las obligaciones a su cargo.

Invocando el criterio de decisión expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1201
del 09 de diciembre de 2003 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) y por esta Sección en la
sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-011 del 14 de noviembre de 2019 (exp. 23018,
CP: Jorge Octavio Ramírez), alegó que procedía declarar probada la excepción de falta
de título ejecutivo respecto de todas las obligaciones objeto del cobro, debido a que la
demandada omitió vincularla al procedimiento de determinación, con lo que le impidió
controvertir el título ejecutivo desde su formación. Explicó que, en su calidad de deudora
solidaria, las declaraciones presentadas por la sociedad no le eran oponibles como títulos
ejecutivos, de manera que correspondía a la autoridad tributaria emitir un acto
administrativo para ordenar su vinculación como responsable y liquidar la obligación a su
cargo. Alegó que la demandada vulneró el debido proceso y su derecho de defensa al
omitir la expedición de dicho acto previo al mandamiento de pago, otorgándole un trato
discriminatorio respecto a la sociedad pues, en su condición de socia, no integraba los
órganos de administración y desconocía cómo se liquidaron las deudas objeto del cobro.

Sostuvo que, aun si se juzgase que procedía el cobro de las autoliquidaciones
presentadas por la sociedad, tendrían que excluirse las retenciones en la fuente porque,
por disposición legal, esas declaraciones presentadas sin pago eran ineficaces y, por
tanto, no constituían un título ejecutivo de la deuda por ese concepto. Señaló que, si bien
esa regla fue modificada por el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019, tal disposición era
contradictoria y, en cualquier caso, inaplicable al sub lite porque entró en vigor con
posterioridad a los periodos gravables del debate.

Asimismo, alegó que tendría que excluirse del cobro del IVA y del impuesto al consumo
del período 6.º de 2018, porque lo pagó la sociedad en el trámite de proceso de
reorganización empresarial. Aseguró que así lo aceptó la demandada a través de una
comunicación en la que informó la forma en que aplicó los depósitos judiciales como medio
de pago de esos impuestos.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00327-01 (28999)
Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez

Finalmente, se opuso a la condena en costas impuesta en los actos demandados,
alegando que dicha potestad correspondía al juez y no a las autoridades administrativas.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 10), para lo cual alegó
que era improcedente expedir un acto administrativo previo al mandamiento de pago, por
cuanto la responsabilidad solidaria de los socios por las obligaciones fiscales de la
sociedad operaba por mandato del artículo 794 del ET y, en el caso, los títulos ejecutivos
objeto de cobro no fueron formados en un procedimiento administrativo de gestión
tributaria, sino que eran las liquidaciones privadas presentadas sin pago por la entidad y,
en consecuencia, procedía su cobro a la demandante en proporción a su participación en
el capital social sin necesidad de constituir otro título ejecutivo, tal como lo consideró esta
Corporación en la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-011 del 14 de noviembre de
2019 (exp. 23018, CP: Jorge Octavio Ramírez).

Además, se opuso a que se descartara la naturaleza de título ejecutivo de las
declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago, argumentando que para los
periodos de la litis estaba dispuesta en el artículo 580-1 del ET modificado por el artículo
89 de la Ley 1943 de 2018. Explicó que, si bien la Corte Constitucional declaró inexequible
dicha ley, difirió su vigencia hasta el 01 de enero de 2020, momento para el que la
connotación de título ejecutivo de las declaraciones de retención en la fuente presentadas
sin pago fue prevista en el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019.

Por otra parte, señaló que en los actos demandados empleó el término «costas» para
referirse a los gastos del procedimiento de cobro que debía sufragar la actora por mandato
del artículo 836-1 del ET. Finalmente, pidió condenar a la actora en las costas.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas a la actora (índice
20). Juzgó que, contrario a lo alegado por la actora, el mandamiento de pago era el acto
administrativo idóneo para vincularla como responsable solidaria por las obligaciones
fiscales autoliquidadas y no pagadas por la sociedad en la que tenía participación. Precisó
que las declaraciones presentadas por el obligado tributario (esto es, la sociedad) también
constituían título ejecutivo para los deudores solidarios. Asimismo, aclaró que, en el caso
concreto, las autoliquidaciones objeto del cobro no fueron modificadas por la
Administración mediante un procedimiento de revisión que exigiera la vinculación de la
actora para efectos de la exigibilidad de dichas obligaciones.

También consideró que procedía tener como título ejecutivo las declaraciones de
retención en la fuente presentadas sin pago, en atención a lo dispuesto en el artículo 580-
1 del ET, modificado por los artículos 89 de la Ley 1943 de 2018 y 101 de la Ley 2010 de
2019, norma que previó expresamente que, pese a su ineficacia, dichas declaraciones
constituyen un documento contentivo de una obligación clara, expresa y exigible,
susceptible de ser utilizado por la Administración en los procesos de cobro coactivo. Aclaró
que esas disposiciones eran aplicables a las declaraciones de las retenciones en la fuente
de los periodos de 2019 y 2020 objeto del cobro sub examine, en la medida en que la Ley
1943 de 2018 mantuvo su vigencia durante el año 2019, conforme a lo dispuesto por la
Corte Constitucional al diferir los efectos de la sentencia que la declaró inexequible hasta
el 01 de enero de 2020, y la Ley 2010 de 2019 entró en vigor a partir de su publicación, el
27 de diciembre de 2019.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00327-01 (28999)
Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez

Por otra parte, estimó que la demandada imputó todos los pagos realizados por la
sociedad durante el proceso de reorganización empresarial y, en consecuencia, estimó
improcedente excluir del cobro el impuesto al consumo del periodo 6.º del 2018.

Finalmente, concluyó que el término «costas» utilizado en los actos demandados hacía
referencia a los gastos en que incurrió la Administración para hacer efectivo el crédito,
conforme a lo previsto en el artículo 836-1 del ET, el cual la facultó para exigir el pago de
dichas expensas. Precisó que no se trataba de las costas judiciales reguladas en el
artículo 188 del CPACA, como erróneamente lo afirmó la parte actora.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 23), para lo cual insistió en que estaba
demostrada la excepción de falta de título ejecutivo y la vulneración del derecho de
defensa, en la medida en que la demandada omitió proferir un acto administrativo previo
al mandamiento de pago para la conformación del título. Explicó que, en su calidad de
deudora solidaria, las autoliquidaciones practicadas por el obligado tributario (esto es, la
sociedad de la que era socia) no constituían título ejecutivo en su contra, ya que se
requería la expedición de un acto administrativo mediante el cual se declarara su
responsabilidad solidaria y se determinara el monto de las obligaciones a su cargo, con el
fin de permitirle controvertir dichas decisiones que no podían ser debatidas en el marco
del procedimiento de cobro coactivo.

Reiteró que, en todo caso, las declaraciones de retenciones en la fuente presentadas sin
pago por la sociedad eran ineficaces y, en consecuencia, no constituían título ejecutivo
respecto de la deuda a su cargo por dicho concepto. Si bien reconoció que ese aspecto
fue modificado por el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019, sostuvo que esa disposición
resultaba contradictoria con la ineficacia de las autoliquidaciones de retenciones en la
fuente presentadas sin pago, la cual, a su juicio, debía prevalecer.

Aseguró que el a quo desconoció que, en comunicación del 05 de noviembre de 2020, la
propia demandada admitió que el IVA y el impuesto al consumo del periodo 6.° del 2018
se pagó en el trámite del proceso de reorganización empresarial, por lo cual debía
ordenarse su exclusión del procedimiento de cobro coactivo.

Por último, alegó que en los actos acusados la demandada decidió condenarla en costas,
siendo incompetente para el efecto, porque ese era un concepto diferente a los gastos
regulados en el artículo 836-1 del ET. Agregó que, en cualquier caso, sería improcedente
el pago de expensas, en tanto no fueron probadas por la Administración.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos planteados
por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que negó
sus pretensiones sin condenarla en costas. Por tanto, se decidirá si está probada la
excepción de falta de título ejecutivo, en tanto la demandada omitió proferir un acto previo
al mandamiento de pago para conformar el título en contra de la actora, en su calidad de

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responsable solidaria por las obligaciones tributarias autoliquidadas y no pagadas por la
sociedad en la que tenía participación. En caso negativo, deberá establecerse si, por ser
ineficaces, las declaraciones de retenciones en la fuente presentadas sin pago no podían
conformar un título ejecutivo para el procedimiento de cobro. En seguida, se determinará
si la demandada desconoció el pago del IVA y del impuesto al consumo del periodo 6.° de
2018 efectuado por la sociedad. Por último, se decidirá sobre la potestad de la demandada
para condenar en «costas» a la actora.

Análisis del caso

2- Sobre la primera cuestión discutida, la demandante alega que está demostrada la
excepción de falta de título ejecutivo y la transgresión a su derecho de defensa, porque la
demandada no profirió un acto previo al mandamiento de pago para conformar un título
en su contra como deudora solidaria por las obligaciones tributarias declaradas y no
pagadas por la sociedad de la que era socia. Explica que como esas autoliquidaciones no
contenían obligaciones claras, expresas y exigibles para ella, se requería la expedición de
un acto administrativo mediante el cual la autoridad de impuestos declarara su
responsabilidad y determinara el monto de las obligaciones a su cargo, con el fin de
permitirle controvertir esas decisiones, las cuales no podía rebatir en el marco del
procedimiento de cobro coactivo. En el otro extremo de la litis, la demandada defiende que
no debía expedir ese acto previo al mandamiento de pago, porque la responsabilidad
solidaria de los socios por las obligaciones fiscales de la sociedad opera por mandato del
artículo 794 del ET y, en el caso concreto, los títulos ejecutivos objeto de cobro no fueron
formados en un procedimiento administrativo de gestión tributaria, sino que se trató de las
liquidaciones privadas presentadas sin pago por la entidad, las cuales también servían de
título ejecutivo contra los deudores solidarios por esas obligaciones.

En esos términos, le corresponde a la Sala determinar si las declaraciones presentadas
sin pago por una sociedad pueden constituir título ejecutivo frente a sus socios, en su
calidad de deudores solidarios o si, por el contrario, es necesario que la Administración
profiera un acto administrativo en el que se declare su responsabilidad y se determine el
monto de la obligación a su cargo, como requisito previo para adelantar el cobro coactivo.

2.1- Para decidir esta cuestión, la Sala advierte que ya se ha pronunciado sobre la misma
clase de debates jurídicos, fijando un criterio que se ha empleado para juzgar otros litigios
promovidos por deudores solidarios respecto de las obligaciones de la misma sociedad y
frente a la entidad demandada en este proceso. Así ocurrió en las sentencias del 04 de
abril de 2024 (exp. 27954, CP: Milton Chaves García), 18 de abril y 05 de diciembre de
2024 (exp. 28262 y 28882, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). Entonces, para decidir,
la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio desarrollado en esos precedentes.

2.2- Al respecto, el artículo 792 del ET dispone que son responsables del pago los sujetos
frente a quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria. Adicionalmente,
los artículos 793 y 794 ibidem establecen otros sujetos que «responden con el
contribuyente por el pago», entre estos, «los socios» quienes «responderán
solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica … a
prorrata de sus aportes o participaciones … y del tiempo durante el cual los hubieren
poseído en el respectivo periodo gravable».

Para el cobro de esas obligaciones, el artículo 828-1 del ET señala que «los títulos
ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios, sin que se
requiera la constitución de títulos individuales adicionales». Por ende, establece que la
vinculación del deudor solidario se haga «mediante la notificación del mandamiento de
pago», el cual «deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación

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del respectivo deudor».

Frente al particular, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado, en consonancia con
el juicio de constitucionalidad efectuado en la sentencia de la Corte Constitucional C-1201
de 2003 que, independientemente del título ejecutivo que fundamente un procedimiento de
cobro coactivo, i.e. sea que surjan de un procedimiento de gestión tributaria o de las
liquidaciones privadas sin pagar, la garantía constitucional al debido proceso impone que a
los deudores solidarios se les garanticen oportunidades para ejercer sus derechos de
defensa y contradicción frente a su responsabilidad y las obligaciones que le son exigibles
(sentencia del 03 de mayo de 2018, exp. 21376, CP: Jorge Octavio Ramírez).

En concreto, cuando el título ejecutivo de las obligaciones se forma en el curso de un
procedimiento de gestión tributaria, en la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-011 del
14 de noviembre de 2019 (exp. 23018, CP: Jorge Octavio Ramírez), la Sección precisó que
la Administración tributaria debe notificar a los deudores solidarios desde el acto previo
proferido en el procedimiento de determinación oficial (regla 3.a de unificación). Para ello,
puntualizó que «es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente
responsables … y las circunstancias de su responsabilidad» (regla 4.a de unificación).

En cambio, si el título ejecutivo corresponde a una autoliquidación presentada y no pagada
por el obligado tributario, la Sala en la sentencia del 03 de mayo de 2018 (exp. 21376, CP:
Jorge Octavio Ramírez) aclaró que estas son oponibles al deudor solidario y se constituyen
como título ejecutivo válido cuando se notifique el mandamiento de pago, en el que debe
establecer su calidad de deudor solidario, identificar las obligaciones objeto del cobro y la
cuantía en la que le son exigibles; sin que se requieran actos previos adicionales. Además,
como garantía a los derechos de defensa y contradicción, el parágrafo del artículo 831 del
ET prevé que contra el mandamiento de pago proferido respecto del deudor solidario,
proceden las excepciones que puede proponer el declarante y las de «la calidad de deudor
solidario» y «la indebida tasación del monto de la deuda».

2.3- Por consiguiente, contrario a lo alegado por la actora, no se configura falta de título
ejecutivo ni se vulneran sus garantías constitucionales al exigirle, en su calidad de deudora
solidaria, el pago de las obligaciones tributarias autoliquidadas y no pagadas por la
sociedad de la que era socia (ff. 2157 caa). Ello, en tanto dichas declaraciones le son
oponibles como título ejecutivo sin requerirse acto administrativo previo al mandamiento
de pago para su exigibilidad pues, en todo caso, pudo oponer contra este las excepciones
previas previstas en el artículo 831 del ET, incluida la discusión de su responsabilidad y
del monto adeudado. No prospera el cargo de apelación.

3- En lo que respecta al cobro de las retenciones en la fuente de los periodos de 2019 y
2020 y que fueron declaradas sin pago por la sociedad de la que era socia, la demandante
aduce que por ser declaraciones ineficaces no constituían título ejecutivo respecto de la
deuda a su cargo por dicho concepto. Esto porque, si bien reconoce que ese aspecto fue
modificado por el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019, sostiene que esa disposición es
contradictoria con la ineficacia de las autoliquidaciones de retenciones en la fuente
presentadas sin pago, la cual, en su criterio, debe prevalecer y, por tanto, se configuró la
falta de título ejecutivo respecto de esas obligaciones. De conformidad con esas
alegaciones, la Sala deberá decidir si las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin pago constituyen título ejecutivo, en la medida en que debería prevalecer
la ineficacia de esas autoliquidaciones sobre la previsión del artículo 101 de la Ley 2010
de 2019 (antes artículo 89 de la Ley 1943 de 2018). La Sala advierte que en el trámite de
la segunda instancia no se discute la aplicación en el tiempo de estas últimas
disposiciones, pues ese asunto fue definido por el a quo contra los intereses de la
demandante, quien prescindió de insistir en ese planteamiento en el recurso de apelación.

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El artículo 580-1 del ET prevé que, por regla general, las declaraciones de retención en la
fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare. Por ende, la declaración de retenciones en la fuente
presentada sin pago total no hace las veces de autoliquidación tributaria, sino que supone
el incumplimiento del deber formal de declarar. Con todo, con la reforma al artículo 580-1
del ET por el artículo 89 de la Ley 1943 de 2018 (replicado por el artículo 101 de la Ley
2010 de 2019), se dispuso que «mientras el contribuyente no presente nuevamente la
declaración de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente
presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y
exigible que podrá ser utilizado por la Administración tributaria en los procesos de cobro
coactivo». Para la Sala esa disposición no plantea una contradicción que excluya su
aplicación, como lo señala la actora, sino que reconoce una doble connotación a las
declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago pues frente al agente
retenedor excluye su carácter de declaración tributaria, y para la Administración reconoce
que se trata de un título válido para adelantar el procedimiento de cobro coactivo
correspondiente. Por consiguiente, no prospera el cargo de apelación.

4- Adicionalmente, la apelante única alega que el tribunal no verificó la forma en que la
demandada imputó los pagos realizados por la sociedad mediante depósitos judiciales
durante el proceso de reorganización empresarial, los cuales fueron reconocidos por ésta
en su comunicación de 05 de noviembre de 2020, en la que informó que dichos pagos se
aplicaron, entre otros conceptos, al IVA y al impuesto nacional al consumo
correspondientes al periodo 6.° de 2018. No obstante, en el mandamiento de pago
proferido en su contra se incluyó el cobro de esas obligaciones cuando lo procedente era
su exclusión. En esos términos, le corresponde a la Sala determinar si las pruebas del
plenario demuestran que la sociedad, en calidad de obligado tributario, pagó el IVA y el
impuesto al consumo del periodo 6.° de 2018, de modo que resultaría improcedente exigir
su pago a la actora como deudora solidaria.

En relación con el IVA del periodo 6.° de 2018, la Sala verifica que no fue incluido en el
mandamiento de pago proferido contra la actora (f. 2157 caa), de manera que resulta
improcedente emitir el pronunciamiento que se demanda en la apelación.

En cuanto al impuesto al consumo del periodo 6.º del 2018, consta en el expediente que
la sociedad declaró un impuesto a cargo por $908.485.000 (f. 1607 caa). Al respecto, en
el mandamiento de pago 2020304-000006, del 15 de octubre de 2020, la demandada
indicó que la sociedad adeudaba por ese concepto la suma de $226.177.000, siendo la
demandante deudora solidaria del 6% (es decir, de $13.570.620), que correspondía a su
participación en el capital social (ff. 2157 a 2158 vto. caa). Asimismo, mediante
comunicación electrónica del 05 de noviembre de 2020, la demandada informó que la
suma objeto de cobro por concepto del impuesto al consumo del periodo 6.° de 2018
correspondía a «los saldos insolutos después de la aplicación de los títulos judiciales».
Además, relacionó los títulos de depósito judicial aplicados al pago de esa obligación, los
cuales por el concepto objeto del debate (sin incluir los montos imputados a los intereses)
sumaban $683.997.575 (ff. 2201 a 2205 vto. caa). Entonces, el monto que quedaba
insoluto por ese concepto era $224.487.425 y no la suma de $226.177.000 determinada
en el mandamiento de pago y confirmada con la resolución que decidió sobre las
excepciones propuestas (ff. 2264 a 2268 vto. caa). Así, si bien no le asiste razón a la
actora al señalar que la sociedad pagó la totalidad del impuesto al consumo del periodo
6.° de 2018, sí está demostrado en el caso que la demandada realizó una indebida
tasación del monto adeudado por ese concepto, lo que lleva a que, en esta oportunidad,
se le ordene ajustar la liquidación conforme a la aplicación de títulos de depósito judicial
referida en la comunicación electrónica del 05 de noviembre de 2020 que obra en los folios
2201 a 2205 vto. del cuaderno de antecedentes administrativos. Tal como lo ordenó la

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Demandante: Martha Patricia Ruiz Téllez

Sala, en las sentencias del 18 de abril y 05 de diciembre de 2024 (exps. 28262 y 28882,
CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello). Prospera parcialmente el cargo de apelación.

5- Resta por decidir sobre la juridicidad de la decisión de la demandada de «condenar en
costas a la ejecutada, previa su tasación». Al respecto, la apelante única refiere que la
demandada carecía de competencia para condenarla en costas, porque esa es una
potestad exclusiva de los jueces. Señala que al darle esa denominación no podría
considerarse que se refería a los gastos del procedimiento de cobro, los cuales tampoco
cabría reconocer por no estar probados. En el otro extremo de la litis, la demandada
asegura que con el término «costas» se refirió a las expensas del procedimiento de cobro
coactivo, las cuales podía exigir a la actora de conformidad con lo dispuesto en el artículo
836-1 del ET. A partir de lo anterior, le corresponde la Sala juzgar la legalidad de las costas
impuestas por la demandada en el trámite del procedimiento de cobro coactivo.

Pero, en el trámite de esta instancia, la Sala tiene vedado analizar el cargo de apelación
encaminado a indicar que la improcedencia de las costas se justifica por la falta de
comprobación de estas, toda vez que esa corresponde a una alegación novedosa, en
tanto no fue planteada en la demanda. Por ello, no puede ser abordada por el tribunal de
cierre, no solamente porque afectarían los derechos de contradicción y defensa de la
contraparte, sino porque se violaría la prescripción del artículo 281 del CGP (Código
General del Proceso, Ley 1564 de 2012) en el sentido de que la sentencia tiene que ser
consonante con lo aducido en la demanda. También en virtud del principio de congruencia
externa de las providencias (artículo 328 del CGP), conforme al cual la Sección ha
establecido que el recurso de apelación debe guardar unidad temática con lo discutido en
sede de primera instancia, de suerte que los cargos formulados en la apelación que
resulten novedosos frente a lo demandado, no pueden ser objeto de pronunciamiento por
parte de esta corporación (entre otras, en las sentencias del 26 de julio de 2012, exp.
18380, CP: Carmen Teresa Ortiz, 25 de noviembre de 2014, exp. 19031, CP: Jorge
Octavio Ramírez y 19 de febrero de 2020, exp. 22748, CP: Julio Roberto Piza).

En torno a la cuestión debatida, el artículo 836-1 del ET prevé que «en el procedimiento
administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la
obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito».
Considerando que, como lo aceptó la demandada al resolver el recurso de reposición
contra la resolución que decidió las excepciones, el término «costas» fue empleado para
referirse a los gastos del procedimiento de cobro (f. 2315 caa), no encuentra la Sala
procedente su anulación, en tanto la competencia de la demandada para exigir el pago de
estas está prevista en el artículo 836-1 ibidem. En consecuencia, esas expensas son
distintas de aquellas que deben reconocer el juez, de conformidad con lo ordenado por
los artículos 188 del CPACA y 361 del CGP, que incluyen los gastos y expensas en que
incurren las partes en el curso del proceso judicial junto con las agencias en derecho. No
prospera el cargo de apelación.

Conclusión:

6- Por lo razonado en precedencia, en esta providencia, la Sala reitera que, en el
procedimiento de cobro coactivo seguido contra el deudor solidario, cuando el título
ejecutivo corresponde a las autoliquidaciones presentadas y no pagadas por el obligado
tributario, esas declaraciones constituyen un título ejecutivo válido también contra el
deudor solidario con la notificación del mandamiento de pago y sin que sea necesario
expedir actos administrativos previos adicionales. Asimismo, se establece que, a partir de
la reforma al artículo 580-1 del ET por el artículo 89 de la Ley 1943 de 2018 (replicado por
el artículo 101 de la Ley 2010 de 2019), las declaraciones de retención en la fuente
presentadas sin pago no surten efectos legales, pero la Administración tiene la potestad

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de usarlas como título ejecutivo para el procedimiento de cobro coactivo. Además, se
precisa que los pagos efectuados por el obligado tributario deben reconocerse para tasar
el monto de la deuda a cargo de los deudores solidarios y que, junto con las obligaciones
tributarias, a los deudores solidarios puede exigírseles el pago de las expensas en las que
incurre la autoridad tributaria para adelantar el cobro de las obligaciones a su cargo.

Con arreglo a esas pautas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, pero
únicamente porque se requiere declarar la nulidad parcial de los actos demandados a
efectos de declarar probada la excepción de indebida tasación de la deuda por concepto
del impuesto al consumo correspondiente al periodo 6.° de 2018, la cual deberá ajustar la
demandada conforme a la aplicación de títulos de depósito judicial referida en la
comunicación electrónica del 05 de noviembre de 2020 que obra en los folios 2201 a 2205
vto. del cuaderno de antecedentes administrativos.

Costas

7- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar:

Primero: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar probada la excepción de indebida
tasación de la obligación por concepto del impuesto al consumo del periodo 6.° de 2018. En
consecuencia, ordenar a la demandada determinar nuevamente el monto de la obligación a cargo de
la actora por ese concepto.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas en ambas instancias.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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