Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00350-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00350-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00350-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de mayo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00350-01(29669)
Demandante: Nitro Energy Colombia S.A.S. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00350-01(29669)
Demandante NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 314 Ley
1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de: (i) Liquidación Oficial SSPD n°. 20205340052646 del
25 de agosto de 2020 por medio de la cual se liquida a cargo de la sociedad Nitro Energy
Colombia S.A.S. la contribución adicional para la vigencia 2020, (ii) la Resolución n.º SSPD
20215300009505 de 17 de marzo de 2021 por la cual se resuelve el recurso de reposición y
(iii) la Resolución n.º SSPD 20215000154205 del 14 de mayo de 2021, por la cual se resuelve
el recurso de apelación.
SEGUNDO: A título del restablecimiento del derecho DECLARAR que la sociedad Nitro
Energy Colombia S.A. (sic) E.S.P., no está obligada a cancelar el monto de la contribución
adicional del año 2020, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: No se condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
(…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) expidió la
Liquidación Adicional Nro. 20205340052646 del 25 de agosto de 2020, por medio
de la cual determinó la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, a cargo de Nitro Energy Colombia S.A.S. E.S.P., por el año 2020.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión, empero, la SSPD la confirmó mediante las Resoluciones Nro.
SSPD 20215300009505 del 17 de marzo de 2021 y Nro. SSPD 20215000154205
del 14 de mayo del mismo año, respectivamente.
1
SAMAI Tribunal, Índice 46, página 14.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00350-01(29669)
Demandante: Nitro Energy Colombia S.A.S. E.S.P.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones en la reforma a la demanda2:
«A. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial No. SSPD- 20205340052646 del
25 de agosto de 2020 expedida por la Dirección Financiera de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se liquida la contribución especial
adicional correspondiente al año 2020.
B. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. SSPD 20215300009505 del 17 de
marzo de 2021 mediante la cual la Dirección Financiera de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de reposición.
C. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. SSPD- 20215000154205 del 14 de
mayo de 2021, expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la Liquidación Oficial antes referida.
D. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene el restablecimiento del derecho de
NITRO en el sentido de reconocer que NITRO no está obligado al pago del valor
contenido en la Liquidación Oficial demandada y, por tanto, no adeuda suma alguna por
este concepto.
E. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de diez (10) meses
establecidos en el Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011».
Para estos efectos, en el escrito integrado de la demanda y la reforma, invocó como
normas violadas los artículos 29, 58, 95, 150 (numeral 12) 338 (inciso 2) y 363 de la
Constitución Política; 85 de la Ley 142 de 1994; 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019; y
683 del Estatuto Tributario.
Como concepto de la violación, expuso lo siguiente:
1. Inconstitucionalidad de la contribución adicional
Puso de presente que las Sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147
de 2021 declararon la inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de
2019 al vulnerar los principios de legalidad, justicia, equidad, certeza tributaria y
reserva de ley.
Enfatizó que la Corte Constitucional afirmó que la contribución adicional se
estableció desligada del objetivo de la contribución, que es la recuperación de los
costos por la prestación de servicios, lo que violó el artículo 338 constitucional.
Además, la contribución especial y la adicional tenían una superposición de bases
gravables y duplicidad de sujetos pasivos, con lo cual se genera un doble cobro por
un mismo concepto.
2. Inexistencia de una situación jurídica consolidada
Señaló que las sentencias de inexequibilidad solo surten efectos frente a situaciones
jurídicas no consolidadas3, entendidas como aquellas susceptibles de debate ante
las autoridades administrativas o judiciales4.
2
SAMAI del Tribunal, índice 14, páginas 1 a 2.
3
Citó las sentencias del 18 de junio de 2019, exp. 22808; exp. 20662; y exp. 20796.
4
Citó la sentencia del 04 de julio de 2019, exp. 22788, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y la sentencia del 11 de
diciembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
2
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Indicó que, en materia tributaria, la situación jurídica tampoco se considera
consolidada hasta que transcurra el término para solicitar la devolución de los pagos
en exceso, que coincide con el de prescripción de la acción ejecutiva del artículo
2536 del Código Civil.
Consideró que la demandante no se encuentra en una situación jurídica consolidada
frente a la contribución adicional de 2020, pues se está adelantando el debate sobre
la legalidad de los actos de determinación y no se ha cumplido el término para
solicitar la devolución. Por lo tanto, le son aplicables las decisiones de
inconstitucionalidad antes referidas.
3. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos acusados
Adujo que, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, los actos de determinación decayeron5.
4. Desconocimiento del principio de legalidad
Expuso que la norma que establece la contribución adicional no determina con
certeza la destinación, base, sujetos y hecho gravado. La misma Corte
Constitucional ha reconocido expresamente la ocurrencia de las causales de
ilegalidad de la disposición en cuestión y, en consecuencia, es clara la
improcedencia del cobro de la citada contribución.
5. Desconocimiento de la finalidad de la contribución
Mencionó que las contribuciones tienen por objeto recuperar el costo incurrido en la
prestación de servicios, y se cobra en función del beneficio reportado, conforme el
artículo 338 de la Constitución. Sin embargo, los recursos recolectados por la
contribución adicional están destinados en su totalidad al fondo empresarial.
En la liquidación se indica que una gran parte del presupuesto de la entidad para el
año 2020 debe sufragarse mediante la contribución adicional, sin que esté claro el
cumplimiento de la finalidad constitucional porque el funcionamiento de la entidad
debería cubrirse con la contribución especial.
Adujo que la contribución sobre los sujetos pasivos identificados daría lugar a un
recaudo que supera en 4,5 veces el presupuesto de la entidad para el año 2020.
6. Violación de los principios de justicia y equidad tributaria
Indicó que la contribución adicional tiene naturaleza confiscatoria6 porque el monto
determinado a su cargo tuvo un incremento del 2257%, asociado a un aumento de
la base gravable del 3768%, lo que dio lugar a que el monto de la contribución
equivale al 28,18% de las utilidades de la actora7.
7. Violación a la prohibición de doble imposición
Cuestionó la aplicación simultánea de las contribuciones especial y adicional porque
se trata del mismo hecho generador y base gravable y se dirigen al mismo titular8.
5
Citó las sentencias del 11 de abril de 2018, exp. 0828-12, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y del 01 de agosto de 1991,
C.P. Miguel González Rodríguez.
6
Citó la sentencia C-409 de 1996 de la Corte Constitucional.
7
Al respecto la demandante aportó mediante anexo un ejercicio soporte del cálculo, para lo cual se tomó como referente
la utilidad percibida en el año 2019.
8
Citó las sentencias C -776 de 2003 y C – 587 de 2014 de la Corte Constitucional; y las sentencias del 01 de febrero de
2002, exp. 12522, C.P. Guillermo Chahín Lizcano; del 16 de agosto de 2007, exp. 14972, C.P. Juan ángel Palacio
Hincapié; y del 16 de agosto de 2007, exp. 14972, C.P. Juan ángel Palacio Hincapié.
3
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8. Vulneración al debido proceso
Planteó que la SSPD no puede imponer una liquidación oficial sin permitir de
manera previa que el contribuyente acepte, refute o controvierta el tributo liquidado.
Manifestó que en la liquidación no se tuvo en cuenta el rubro que se reportó al
Sistema único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) de intereses
devengados a favor de terceros, con lo cual se alteró el cálculo del tributo.
9. Excepción de inconstitucionalidad
Indicó que procede esta excepción porque i) el artículo 18 de la Ley 1955 no guarda
relación material con los objetivos, programas, metas y estrategias del plan nacional
de desarrollo; ii) la contribución adicional impone la obligación de prestar el servicio
en condiciones de ineficiencia económica; y iii) en el proceso de discusión del
proyecto de ley se incurrió en una serie de irregularidades que afectaron el
desarrollo del debate en términos que se garantizara una discusión democrática y
se diera plena aplicación al principio de publicidad.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda y de su reforma mediante
escritos separados, pero que se resumen de forma conjunta, así:
Indicó que la controversia gira respecto a determinar si la SSPD estaba obligada a
aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 mientras estuvieron vigentes,
pues los cargos de la demanda se dirigen a demostrar su inconstitucionalidad, sin
que se controvierta su reglamentación (Decreto 1150 de 2020, y las resoluciones Nro. SSPD
20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SSPD 20201000033335 del 20 de agosto del mismo año) .
Indicó que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y
314 de la Ley 1955 de 2019, pero dejó a salvo sus efectos durante el año 2020 de
forma expresa.
Con base en lo anterior, afirmó que no es procedente la excepción de
inconstitucionalidad, pues ello supondría desconocer las decisiones de la Corte
Constitucional.
Sostuvo que los actos demandados constituyen situaciones jurídicas consolidadas,
por lo cual aun cuando se hayan producido sentencias que expulsaron del
ordenamiento las normas que les sirvieron de fundamento, dichas declaraciones no
tienen el efecto de alterar o modificar la situación particular de la demandante.
Planteó como excepciones de mérito las que denominó «legalidad de los actos
administrativos demandados», y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas»9.
Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas y
agencias en derecho a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad de los actos demandados.
9
La demandante se pronunció frente a estas excepciones reiterando los argumentos de la demanda alusivos a la falsa
motivación y falta de motivación de los actos. Samai del Tribunal, índice 22
4
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Señaló que la Corte Constitucional declaró inexequible los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019 mediante las sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año, y
C-147 de 2021, sin embargo, la Corte difirió los efectos de su decisión, con lo cual
estas normas tuvieron aplicación por el año 202010.
No obstante, el artículo 2 de la Resolución Nro. 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020, que fijó la base gravable de la contribución adicional para el año 2020 y
constituyó el fundamento normativo de los actos acusados, fue declarado nulo por
la sentencia del 26 de junio de 202411. Precisó que esta providencia surtió efectos
inmediatos sobre el asunto en cuestión12.
Concluyó que en este caso no hay una situación jurídica consolidada porque los
actos de determinación son objeto de debate judicial, de modo que le son aplicables
los efectos de la declaratoria de nulidad. Así, declaró la nulidad de los actos
demandados, y a título de restablecimiento de derecho, determinó que la sociedad
demandante no estaba obligada a cancelar el monto de la contribución adicional
liquidada por la SSPD para el 2020.
No se impuso condena en costas por no encontrarse probadas.
Recurso de apelación
La SSPD solicitó revocar la sentencia de primera instancia porque, pese a la
declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955, la
SSPD estaba facultada para liquidar la contribución adicional, pues la Corte
Constitucional difirió sus efectos y consideró que los tributos causados en la
vigencia 2020, constituyen situaciones jurídicas consolidadas.
Consideró que no era procedente la excepción de inconstitucionalidad porque no
existe una evidente contradicción entre una norma y el texto constitucional. Por el
contrario, “se cuenta con un precedente amplio y con las sentencias del Consejo de Estado y Corte
Constitucional las cuales determinaron el cobro de la liquidación de la contribución adicional y su
normatividad de liquidación o cobro, por ende se debe regir expresamente a la normatividad y a los
alcances de las sentencias C 464 -2020, C 484- 2020 en cuanto fue la Corte Constitucional que en
aplicación del principio de seguridad jurídica y buena fe estableció su aplicación hasta el 31 de
diciembre de 2022"13.
Adujo que no fue violado el principio de irretroactividad por haber tomado
información del año 2019 para la liquidación de la contribución de 2020, pues la
contribución en cuestión no es un tributo de periodo, aunque es anual, en la medida
que el hecho generador corresponde a la prestación de servicios de inspección,
control y vigilancia por el año 2020. Además, indicó que la base gravable toma
costos y gastos depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o
situaciones previas a la ley.
Puso de presente que la nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro.
20201000033335 de 2020 no invalidó la obligación de pagar la contribución a cargo
de la demandante, y no se puede desconocer que el objetivo de la contribución es
recuperar los costos en que incurre la SSPD. Por lo anterior, concluyó que, en
10
En este sentido citó a la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Citó la sentencia del 08 de agosto de 2024, exp. 28328, C.P. Milton Chaves García.
13
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, así como las Sentencias C-
464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021. Además, invocó la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-041-2021-00113-01, sin identificar al ponente.
5
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garantía de los principios de seguridad jurídica, no es posible modificar
retroactivamente la situación de los contribuyentes que cumplieron con sus
obligaciones en el año 2020.
Manifestó que la obligación de pagar la contribución adicional correspondiente al
año 2020 ya había sido perfeccionada, por lo que su exigibilidad debe mantenerse
en virtud del respeto a los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas
consolidadas.
Concluyó que no podía liquidar la base gravable aplicando la previsión consagrada
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 antes de su reforma, puesto que, para el
año 2020, esa disposición había sido modificada con el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.
Oposición a la apelación
La parte demandante controvirtió el recurso porque consideró que no cuestionó la
razón de fondo de la sentencia de primera instancia (la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. 20201000033335 de 2020), sino que la causación del tributo es una
situación jurídica consolidada.
Destacó que, en casos similares, el Consejo de Estado concluyó que la nulidad del
acto que fijó la base gravable y la tarifa de la contribución especial de servicios
públicos domiciliarios da lugar a la nulidad de los actos de determinación14.
Reiteró los cargos planteados en la demanda, los cuales consideró que no fueron
objeto de análisis en la decisión de primera instancia.
Finalmente señaló que, de no prosperar los anteriores argumentos, los artículos 18
y 314 de la Ley 1955 de 2019 deben ser inaplicados por la excepción de
inconstitucionalidad debido a que atentan contra el principio de unidad de materia
que rige las leyes del plan nacional de desarrollo e imponen condiciones de
ineficiencia económica para la prestación de servicios públicos domiciliarios.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Mediante escrito del 24 de febrero de 202515, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso.
Como consecuencia de lo anterior, al haberse desintegrado el cuórum decisorio de
la Sala con ocasión de la manifestación de impedimento, mediante sorteo del 8 de
mayo del 2025, se designó como conjuez al doctor Héctor Alfonso Carvajal
14
Citó las sentencias del 08 de agosto de 2024, exp. 28328, C.P. Milton Chaves García; y del 02 de mayo de 2024, exp.
28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
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SAMAI, índice 13.
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Londoño.
Una vez integrado el cuórum decisorio, la Sala encuentra probada la causal de
impedimento citada porque el consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño fue
ponente de la sentencia apelada. En consecuencia, se declarará fundado el
impedimento y se le separará del conocimiento del presente asunto.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Adicional Nro.
20205340052646 del 25 de agosto de 2020 y de las Resoluciones Nro. SSPD
20215300009505 del 17 de marzo de 2021 y Nro. SSPD 20215000154205 del 14
de mayo del mismo año, actos expedidos por la SSPD para determinar la
contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de Nitro
Energy Colombia S.A.S. E.S.P. por el año 2020.
Para estos efectos, la Sala verificará si la sentencia del 26 de junio de 2024 16, que
declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro. 20201000033335 de 2020, da
lugar a declarar la nulidad de los actos de determinación acusados, tal como lo
señaló el Tribunal en la sentencia de primera instancia.
Análisis del caso concreto
La entidad apelante sostuvo que el tributo causado en la vigencia 2020, constituye
una situación jurídica consolidada, de modo que procede su determinación y cobro,
aun con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro.
20201000033335 de 2020. Indicó que no se trata de un tributo de periodo, por lo
que no era posible violar el principio de irretroactividad, y que era improcedente la
inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por la excepción de
inconstitucionalidad.
Para decidir lo anterior, se debe tener presente que la Sala profirió la sentencia del
26 de junio de 202417, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD 20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para
los actos objeto del litigio.
En ella, se explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución especial y
adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así las cosas,
siguiendo el precedente de casos análogos18, concluyó que la demandada «liquidó la
contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del mismo año en el cual se
expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio de irretroactividad tributaria».
En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro.
20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por ser contrario al inciso final
del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación retroactiva de
las leyes tributarias».
Ahora, como lo ha explicado esta Sección19, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
16
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal.
17
Exp.27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
18
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp.25531, y del 18 de abril de 2024, exp.26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp.23729 y del 2 de mayo de 2024, exp.28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
19
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp.21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp.23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.
Por esto es que, en un litigio similar, la Sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas»20. Y, de
igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 (que anuló el
artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018) tiene efectos inmediatos
en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»21.
Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»22.
De otro lado, se advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, en la sentencia del 26 de mayo de 2022 23, «no (se) abordó el
estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un
cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así mismo ocurrió con relación a las
Sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte
Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad
tributaria.
Por su parte, el fallo del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-
01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si
bien negó las pretensiones, no tiene identidad jurídica con este caso porque es
anterior a la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron
valorar los efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dichas providencias
no constituyen precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo
tribunal de lo contencioso administrativo.
Conclusión
No prosperó la apelación interpuesta por la SSPD, por lo que la Sala confirmará la
decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados.
Lo anterior sin que sea necesario estudiar los demás cargos de la apelación.
Costas
No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
20
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp.25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
Ibidem.
22
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00350-01(29669)
Demandante: Nitro Energy Colombia S.A.S. E.S.P.
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño y, por lo tanto, separarlo del conocimiento del asunto.
2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 24 de octubre de 2024.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Conjuez Aclara voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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