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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00364-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00364-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 25000-23-37-000-2021-00364-01 (30300) Demandante: Drummond Ltd. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se le ordena al tribunal que le dé trámite al respectivo incidente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00364-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

6 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00364-01 (30300)
Demandante: Drummond Ltd.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00364-01 (30300)
Demandante: Drummond Ltd.
Demandada: DIAN
Temas: Devolución. Pago de lo no debido. Impuesto social a las municiones y
explosivos. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
el 03 de abril de 2025, que negó sus pretensiones sin condenar en costas (índice 41).

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Resolución 609-31-0000480, del 08 de abril de 2020, la demandada negó la
solicitud de devolución por «pago de lo no debido» presentada el 06 de febrero de 2020
por la actora, con relación al impuesto social a las municiones y explosivos que pagó en
el año 2016. Esa decisión fue confirmada por la Resolución 1151, del 24 de febrero de
2021 (índice 2).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Declarar la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la demandada negó la solicitud de
devolución del pago de lo no debido por valor de $21.217.551.989, correspondiente al impuesto social a los
explosivos que le fue cobrado sin causa legal por Indumil en los meses de enero a diciembre de 2016. Los actos
administrativos cuya nulidad se solicita, son: (i) Resolución 609-31-0000480, del 08 de abril de 2020 … y (ii)
Resolución 1151, del 24 de febrero de 2021 …

2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada reintegrar la suma de $21.217.551.989
pagada sin causa legal sobre la totalidad de agentes y accesorios de voladura cobrados por Indumil en 2016.

3. En subsidio de la pretensión anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada
reintegrar la suma de $17.713.815.663 pagada sin causa legal sobre el agente de voladura denominado
“Emulsión Drummond”, cobrado por Indumil en 2016 por no tener la condición de explosivo.

4. De prosperar cualquiera de las dos pretensiones anteriores, ordenar a la DIAN pagar los intereses,
actualizaciones o indexaciones a los que haya lugar (sentencia del 09 de julio de 2009, exp. 15923, CP: Héctor
J. Romero Díaz).

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00364-01 (30300)
Demandante: Drummond Ltd.

5. De resultar vencida la demandada y puesto que este proceso se adelanta para proteger el interés particular
de un contribuyente, sea condenada en las costas y agencias en derecho que se prueben en este proceso, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 223 y 338 de la Constitución;
2063 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1873); 195 del ET (Estatuto Tributario); 16, 17, 22,
23, 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993; 48 de la Ley 1438 de 2011; y 2.2.1.7.8.1.1.
del DUR (Decreto 1079 de 2015, único reglamentario del sector transporte), alegando el
concepto de violación que a continuación se resume (índice 12):

Expuso que en el año 2007 suscribió con Indumil (Instituto Nacional de Industria Militar)
un «convenio para la coproducción de agentes de voladura», entre ellos emulsión,
pentofex y exel, respecto de los cuales esa entidad le facturó el impuesto social a las
municiones y explosivos, que pagó durante los periodos de 2016 para acceder a las
sustancias requeridas para su producción. No obstante, sostuvo que ese constituía un
pago de lo no debido, porque la obtención de esas sustancias no se subsumía en el
hecho generador del impuesto, por lo que procedía el reintegro que la demandada negó
mediante los actos acusados.

Con fundamento en el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, sostuvo que el impuesto social
a las municiones y explosivos se causaba por el porte, la tenencia o la compra de
explosivos, supuesto que, a su juicio, no se configuró en el caso analizado, porque la
emulsión era un comburente que, aunque constituía una sustancia peligrosa (clase 5.1),
no calificaba como explosivo (clase 1.5) como estaba demostrado. Agregó que aceptar
la causación del impuesto desconocía el principio de reserva de ley, porque suponía
atribuir a Indumil la competencia para clasificar las sustancias gravadas, función
reservada al legislador. Por esa misma razón, afirmó que la definición general de
explosivo prevista en el artículo 50 del Decreto Ley 2535 de 1993, que sustentó los actos
acusados, no podía emplearse para delimitar el hecho generador del impuesto, al haber
sido expedida por el presidente. En cambio, sostuvo que podían utilizarse, como criterio
de interpretación, las definiciones internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico
mediante la reglamentación sobre transporte de mercancías peligrosas (artículo
2.2.1.7.8.1.1. del DUR) y la clasificación de sustancias peligrosas (Norma Técnica
Colombiana 3966 del Icontec), conforme a las cuales los agentes de voladura objeto del
litigio no tenían la condición de explosivos.

Adujo que, aun si se considerara que esas sustancias eran explosivas, tampoco se
configuraría el hecho generador del impuesto, porque no adquirió los agentes de voladura
de Indumil, sino que esa entidad le prestó un servicio de gestión y mezcla de sustancias
en desarrollo de un acuerdo de colaboración, en el que la compañía aportaba el 23,10%
de la materia prima, mientras que el aporte de Indumil se limitaba a la mano de obra,
biodiésel y, ocasionalmente, al nitrato de amonio, sustancias que, en sí mismas, no eran
explosivas. En ese contexto, sostuvo que, aunque Indumil facturó la operación como una
venta, debían valorarse las prestaciones efectivamente asumidas por las partes, las
cuales se subsumían en la definición de arrendamiento de servicios prevista en el artículo
2053 del CC, dado el aporte de materias primas realizado por la compañía.

Añadió que, en todo caso, el uso industrial de explosivos no configuraba el hecho
generador del impuesto, porque este solo se causaba respecto de explosivos destinados
al uso bélico. Explicó que ello obedecía a la finalidad extrafiscal del tributo, orientada a la
protección de la salud y la vida, como lo evidenciaba la destinación del recaudo a la
atención de eventos de trauma mayor ocasionados por actos de violencia.

Finalmente, aunque admitió que trató el impuesto social a las municiones y explosivos
como una deducción en el impuesto sobre la renta, sostuvo que ello no implicaba

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Demandante: Drummond Ltd.

reconocer que el pago fuera debido ni que hubiera recuperado los valores pagados, como
lo afirmó la demandada. Explicó que tomó esa deducción como una decisión empresarial
conservadora, pues, en caso de obtener la devolución, podía reintegrarla como renta
líquida, de conformidad con el artículo 195 del ET.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índices 11 y 22). Sostuvo que
era improcedente el reintegro solicitado, por cuanto las sumas sufragadas correspondían
al pago de lo debido por concepto del impuesto social a las municiones y explosivos
causado en la adquisición de explosivos a Indumil durante el año 2016. Con fundamento
en los artículos 50 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° del Decreto 334 de 2002, en la
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, así como en el precedente
jurisprudencial de esta Sección, adujo que la calificación de una sustancia como explosivo
dependía de que produjera una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos
o térmicos, bien de manera individual o como resultado de su mezcla con otros
elementos. En consecuencia, aseveró que, aunque algunos de los productos facturados
por Indumil no fueran explosivos por sí mismos, adquirían esa condición al ser
sensibilizados con otras sustancias. Tal era el caso de las adquiridas por la demandante,
las cuales, en conjunto, conformaban explosivos gravados con el impuesto, conclusión
que, a su juicio, no era desvirtuada por los documentos técnicos ni por las referencias a
estándares técnicos internacionales invocados por la actora, pues estos y su clasificación
arancelaria daban cuenta de que las sustancias objeto de litigio eran explosivos. En
cuanto a los dictámenes periciales aportados, sostuvo que, por tratarse de una discusión
jurídica, carecían de conducencia, pertinencia y utilidad para resolver la controversia.

Rebatió que el acuerdo de coproducción excluyera la configuración del hecho generador,
pues ello no desvirtuaba que las sustancias facturadas constituyeran explosivos para
efectos del tributo, en tanto el monopolio estatal sobre esa actividad comprendía también
las materias primas y accesorios. Agregó que, dado que la actora aminoró la base
gravable del impuesto sobre la renta con el impuesto social a las municiones y explosivos
pagado, acceder al reembolso solicitado daría lugar a una concurrencia de beneficios
fiscales prohibida por la ley.

Adujo que, aun si se estimara procedente el reintegro, no había lugar al reconocimiento
de los intereses moratorios previstos en el artículo 863 del ET, por cuanto estos solo se
causaban respecto de pagos indebidos de tributos cuyo recaudo y administración
estuvieran a su cargo, circunstancia que no ocurría respecto del tributo del sub examine.
Finalmente, se opuso a la condena en costas por considerar que no había prueba de su
causación. A su vez, solicitó condenar en costas a su contraparte, para lo cual aportaría
las pruebas en la oportunidad procesal correspondiente y, en cuanto a las agencias en
derecho, pidió que se fijaran conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, pero se abstuvo de condenar en costas
a la actora porque no estaba demostrada su causación (índice 41). Consideró
improcedente la devolución solicitada, porque el monto sufragado por la demandante
correspondía al pago de lo debido por concepto del impuesto social a las municiones y
explosivos causado en la compra a Indumil de agentes de voladura que, a su juicio, eran
explosivos conforme a los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° y 5.° del
Decreto 334 de 2002. Concluyó que, aunque el convenio celebrado entre la actora e

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Indumil previera una operación conjunta para la producción de esas sustancias, de lo
acordado se deducía que Indumil era propietaria de la emulsión y se obligaba a venderla
a la demandante, lo que configuraba una compraventa y no un contrato de prestación de
servicios, operación que, por recaer sobre explosivos, daba lugar a la causación del
impuesto social a las municiones y explosivos previsto en el artículo 48 de la Ley 1438
de 2011. Estimó que, si bien los dictámenes periciales aportados concluían que la
emulsión no era un explosivo, esa conclusión contrariaba la definición legal aplicable y la
calificación efectuada por Indumil como autoridad competente para el efecto conforme al
artículo 5.° del Decreto 334 de 2002. Asimismo, juzgó que, pese a que esas pruebas
demostraban que la demandante aportó un mayor porcentaje de la materia prima utilizada
en la producción, ello no desvirtuaba las cláusulas contractuales según las cuales Indumil
era propietaria de la emulsión y el costo de las materias primas aportadas por la
demandante se descontaba del precio de venta. Finalmente, consideró que el uso
industrial de los explosivos tampoco excluía la causación del impuesto, porque ese factor
no había sido previsto por el legislador al definir los elementos del tributo.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 44)1. Sostuvo que el tribunal incurrió
en una indebida interpretación del artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 y de los artículos
50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° y 5.° del Decreto 334 de 2002, al concluir que
la emulsión y los demás agentes de voladura constituían explosivos y que Indumil tenía
competencia para clasificarlos como tales con efectos tributarios. Defendió que el Decreto
Ley 2535 de 1993 no reglamentaba el impuesto social a las municiones y explosivos ni
facultaba a Indumil para definir el hecho generador del tributo, por lo que los actos
demandados, que fueron avalados por el a quo, vulneraban el principio de reserva de ley
en materia tributaria.

Asimismo, planteó que el tribunal omitió apreciar integralmente las pruebas que, a su
juicio, demostraban que su relación jurídica con Indumil correspondía a un convenio de
coproducción y no a una compraventa. En ese sentido, afirmó que la emulsión no era un
explosivo, sino un agente de voladura o comburente, que las facturas expedidas por
Indumil correspondían al recobro de los aportes efectuados por esa entidad a la
coproducción, mas no al precio de una venta, y que los dictámenes periciales y la prueba
documental acreditaban tales circunstancias.

Con todo, sostuvo que se desconoció la sentencia C-390 de 1996 de la Corte
Constitucional, de acuerdo con la cual el impuesto se causaba por el porte de explosivos,
lo que no estaba demostrado en el caso que se juzga.

Con fundamento en lo anterior, solicitó acceder al reintegro de lo que pagó indebidamente
por concepto del impuesto social a las municiones y explosivos en el año 2016.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada reiteró los planteamientos expuestos en anteriores etapas procesales
(índice 4). El ministerio público guardó silencio (índice 13).

1
Como cuestión previa, pidió la suspensión del proceso por prejudicialidad hasta que se decidieran las acciones de
inconstitucionalidad y nulidad promovidas contra los artículos 1.°, 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 5.° del Decreto 334 de
2002, respectivamente. Pero esa solicitud fue negada mediante auto del 20 de marzo de 2026 (índice 6).

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Se juzga la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por
la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que negó
sus pretensiones sin condenarla en costas.

2- En la providencia se concluyó que las sumas pagadas por la actora por concepto del
impuesto social a las municiones y explosivos en 2016 correspondían a un pago debido,
porque se realizaba el hecho generador del tributo con las compras de agentes de
voladura efectuadas a Indumil. Consideró el a quo que el convenio celebrado por la
demandante con la empresa estatal configuraba una compraventa y no una operación de
coproducción o de prestación de servicios; que la emulsión debía calificarse como
explosivo conforme a los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° y 5.° del
Decreto 334 de 2002, al margen de lo concluido por los dictámenes periciales aportados;
y que la causación del impuesto no se desvirtuaba por los aportes hechos por la
demandante para la producción de las sustancias, ni por su destino industrial.

Para la apelante, el a quo interpretó erróneamente el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011
y los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° y 5.° del Decreto 334 de 2002,
al concluir que la emulsión y los demás agentes de voladura son explosivos y al juzgar
que le corresponde a Indumil calificar, con efectos tributarios, cuáles son las sustancias
consideradas como explosivos. Aduce que el mencionado decreto ley no reglamenta el
impuesto social a las municiones y explosivos, ni faculta a Indumil para definir el hecho
generador del tributo, por lo que los actos acusados vulnerarían el principio de reserva
de ley en materia tributaria; y que el tribunal valoró indebidamente las pruebas al estimar
que la relación jurídica que tuvo con Indumil correspondió a una compraventa y no a un
convenio de coproducción. Además, insiste en que la emulsión es un agente de voladura
o comburente, en lugar de un explosivo; en que las facturas expedidas por Indumil reflejan
el recobro de los aportes hechos por esa entidad a la coproducción, no el precio de una
venta; y en que esto estaría acreditado en los medios probatorios aportados. Finalmente,
sostiene que el tribunal pasó por alto que en la sentencia C-390 de 1996 de la Corte
Constitucional se precisó que el impuesto en cuestión se causa por el porte de explosivos,
el cual no estaría probado en el presente caso.

Dados esos cargos, le corresponde a la Sala determinar si constituyeron un pago de lo
debido las sumas pagadas por la demandante durante 2016 por concepto del impuesto
social a las municiones y explosivos, para lo cual habrá que establecer si el tribunal
interpretó correctamente las normas que regulan ese tributo y si valoró adecuadamente
las pruebas que le llevaron a concluir que la relación jurídica entre la demandante e
Indumil correspondía a una compraventa de explosivos gravada con el impuesto.

2.1- Acerca de ese objeto de litigio, esta Sección fijó los criterios de decisión judicial desde
la sentencia del 24 de octubre de 2019 (exp. 22081, CP: Milton Chaves García), que se
han reiterado en múltiples ocasiones, como en las sentencias del 24 de octubre y del 04
de diciembre de 2019, del 11 de octubre de 2024 (exps. 22081, 22170, 22552 y 28886,
CP: Milton Chaves García); del 04 de diciembre de 2019 (exp. 22172, CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez); y del 30 de abril de 2025 (exp. 28887, CP: Wilson Ramos Girón). De
forma específica, bajo ese precedente se han fallado además otros litigios entre las partes
del presente proceso, como en las providencias del 09 de septiembre de 2024 (exp.
28704, CP: Milton Chaves García) y del 18 de septiembre de 2025 (exp. 29694, CP:
Claudia Rodríguez Velásquez). Consecuentemente, para decidir el presente caso, la Sala
reiterará, en lo pertinente, el criterio desarrollado en el precedente.

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2.2- Teniendo en cuenta que el artículo 224 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, dispone que el tributo en cuestión «se cobrará como
un impuesto ad valorem con una tasa del 20%», la Sección determinó en el mencionado
precedente que la figura debatida constituía un impuesto ad valorem, cuyo hecho
generador correspondía a la venta de municiones y explosivos. La Corte Constitucional
empleó el mismo criterio en la sentencia C-097 de 2026, al concluir que, como resultado
de interpretar sistemáticamente las expresiones «ad valorem» y «se cobrará», con las
normas del Decreto Ley 2535 de 1993, que regulan la circulación de municiones y
explosivos, correspondía entender que el presupuesto de hecho que causa el tributo es
la simple adquisición de los bienes gravados. Conforme a este dato, corresponde negar
el cargo de apelación en el que se plantea que, en criterio del máximo intérprete de la
Constitución, la realización del hecho generador del tributo exige que el comprador de los
explosivos porte estas sustancias. Al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con las dos
sentencias de constitucionalidad que se han pronunciado sobre la materia (i.e. sentencias
C-390 de 1996 y C-097 de 2026), el requisito al que alude la apelante solo es exigible
respecto del impuesto social a las armas de fuego, tributo que es distinto del que aquí se
debate, que señaladamente es el impuesto social a las municiones y explosivos.

2.3- Respecto a la competencia de Indumil para determinar la condición de explosivos de
los agentes de voladura facturados a la demandante, esta Sección ha establecido en
juicios anteriores, con base en los artículos 50 y 51 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 4.° y
5.° del Decreto 334 de 2002, que le corresponde a esa entidad determinar los bienes que
se consideran explosivos, sin que esa previsión transgreda el principio de reserva de ley,
en la medida en que los conceptos que integran el presupuesto de hecho de un tributo
pueden provenir de otros sectores del ordenamiento para integrar la regulación del hecho
generador (sentencia del 18 de septiembre de 2025, exp. 29694, CP: Claudia Rodríguez
Velásquez).

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-253 de 2025, declaró la
constitucionalidad del artículo 50 del Decreto Ley 2535 de 1993, que define los explosivos
como «todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones puede producir
rápidamente una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o térmicos»; y
del parágrafo 3.° del artículo 51 ibidem, que autoriza al Gobierno nacional para ejercer
control sobre los elementos requeridos para uso industrial que, sin ser explosivos
individualmente considerados, en conjunto conforman sustancias explosivas o pueden
transformarse en ellas mediante un proceso.

Así las cosas, según el criterio de esta Sección y de la Corte Constitucional, no le asiste
razón a la apelante al sostener que la emulsión, el Pentofex y el Exel son agentes de
voladura distintos de los explosivos. Si bien por sí solos esos materiales no constituyen
sustancias detonantes, hacen parte de la mezcla con la que se conforman explosivos y,
por tanto, se subsumen en la definición legal, que comprende tanto las sustancias que
individualmente producen «una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos
o térmicos», como aquellas que, al combinarse con otras, adquieren esa condición. Y,
por lo arriba expuesto, es a Indumil a quien le corresponde identificar los elementos que,
aun cuando originalmente no sean explosivos, pueden transformarse en tales o integrar
sustancias explosivas.

2.4- Observa la Sala que en el sub lite los materiales identificados en las facturas que
dieron lugar a la solicitud de devolución constituyen explosivos, ya sea por su propia
naturaleza o porque, al mezclarse con otros elementos, adquieren esa condición, según
la determinación técnica efectuada por Indumil en ejercicio de las competencias que le
asigna el ordenamiento jurídico.

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2.5- En los precedentes que se reiteran, la Sección también ha analizado el alcance del
«Convenio para la coproducción de agentes de voladura» suscrito entre Indumil y la
demandante y ha concluido que ese acuerdo comprende una operación de compraventa
de los productos calificados como explosivos, porque de sus estipulaciones se desprende
que tiene por objeto que Indumil produzca y venda las sustancias a la demandante; con
lo cual no se advierten elementos que desnaturalicen la compraventa ni que lleven a
concluir que las operaciones en cuestión no correspondan a ventas que realizan el hecho
generador del impuesto social a las municiones y explosivos.

2.6- Las pruebas invocadas por la demandante (i.e. dictámenes periciales, el registro
contable de las operaciones y las explicaciones técnicas sobre las sustancias adquiridas)
no desvirtúan las anteriores conclusiones, porque la única autoridad competente bajo
nuestro ordenamiento jurídico para determinar la naturaleza de las sustancias explosivas
estableció que los bienes transferidos a la demandante cumplen con esa condición; y en
el juicio de esta Sección, los negocios jurídicos estudiados tienen la connotación de una
compraventa, como lo evidencian las facturas expedidas por Indumil. En consecuencia,
al igual que lo concluyó el tribunal, para la Sala el pago efectuado por la demandante trae
causa en el impuesto social a las municiones y explosivos legalmente causado, por lo
que no constituye un pago de lo no debido, ni hay lugar a la devolución solicitada.

No prosperan los cargos de apelación.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, la Sala reitera que el hecho generador del impuesto
social a las municiones y explosivos corresponde a la venta de esos bienes, sin que la
causación dependa de su porte; y también, que bajo el régimen previsto en el Decreto
Ley 2535 de 1993 y en el Decreto 334 de 2002, le compete a Indumil determinar los
bienes que se califican como explosivos, cuya venta está gravada con el tributo.

Conforme a esos criterios, la Sala confirmará la sentencia apelada, porque se acreditó
que los bienes adquiridos por la actora constituían explosivos y que las operaciones
mediante las que los adquirió correspondían a compraventas gravadas con el impuesto
social a las municiones y explosivos. Por ende, las sumas pagadas por ese concepto no
constituyeron un pago de lo no debido y no hay lugar al reembolso solicitado.

Costas

4- Conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (Código General del Proceso,
Ley 1564 de 2012), se condenará en costas a la parte vencida en el proceso. Como no
prosperó el recurso de apelación interpuesto por la demandante vencida en el proceso,
se condenará en costas de esta instancia a esa parte. La Sala tasará las agencias en
derecho en un (1) SMMLV (artículo 5.° del Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de
2016 del Consejo Superior de la Judicatura) y le ordenará al tribunal tramitar el incidente
de liquidación, en los términos del artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00364-01 (30300)
Demandante: Drummond Ltd.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y fijar las agencias en derecho
en el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se le ordena al tribunal que le dé
trámite al respectivo incidente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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