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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00384-01

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00384-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo a la ejecutoria de la presente providencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00384-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de julio de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00384-01 (29123)
Demandante: OSC Telecoms & Security Solutions SAS, en reorganización

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., dos (02) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00384-01 (29123)
Demandante: OSC Telecoms & Security Solutions SAS, en reorganización
Demandada: DIAN

Temas: IVA. 3 período de 2016. Prueba de compras e impuestos descontables.
Reiteración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió2:

Primero: Niéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 322412020000098, del 10 de junio de 2020,
la demandada modificó la declaración del 3.° período del IVA de 2016, para rechazar
compras de servicios gravados con IVA por $669.433.000 y, por ende, impuestos
descontables en cuantía de $107.173.000 e imponer sanción por inexactitud. Ello, por
considerar que no se acreditó la realidad de las operaciones con la proveedora ITS
Internacional Services SAS (ITS). Esta decisión fue confirmada por la Resolución 2165,
del 31 de marzo de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración3.

Demanda4

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Samai CE, índice 3, certificado 10BDDA873D608B49 F8E247B9DFCCCDAB C8182DE9E58C3F2C D9D5C3CED46AD268 (pdf), p.
1.
2
Samai tribunal, índice 30, certificado 2F8A2B75F27FFF39 675BD49EAB12AC39 7AFB13A00F6AF241 748458E63A0C1783 (pdf),
pp. 18 a 19.
3
La liquidación oficial de revisión se encuentra en: Samai tribunal, índice 20 y 18, certificados A69B547B302E55BB
10C34A227A6C3EBF F75F051EE6969A70 7EA4955922DA1C30 y 4692B27547498A46 E6825644F08840FD 0A767E8039359A33
8B42D3D3C5571BAC (zip), 5 y 4 (pdf), pp. 85 a 138 – 2 a 27. Por su parte, la que resolvió el recurso de reconsideración figura en:
Samai tribunal, índice 18, certificado 4692B27547498A46 E6825644F08840FD 0A767E8039359A33 8B42D3D3C5571BAC (zip), 4
(pdf), pp. 62 a 75.
4
El despacho sustanciador inadmitió la demanda el 09 de febrero de 2022, a fin de que se precisaran las pretensiones y se aportara
copia de los actos. Tras su subsanación, fue admitida la demanda en providencia del 02 de noviembre de 2022 (índice 2 de Samai).

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00384-01 (29123)
Demandante: OSC Telecoms & Security Solutions SAS, en reorganización

Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Primera. Que se [declare] la nulidad de la [Liquidación] Oficial de Revisión 322412020000098 [del]
10 de junio de 2020, impuesto ventas 2016 p3.

Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2165 de fecha 31 de marzo de 2021,
impuesto ventas 2016 P3, la cual decide [el]recurso de reconsideración interpuesto contra la
liquidación oficial de revisión No 322412020000098 de 10 de junio de 2020.

Tercera. Que como consecuencia de lo anterior quede en firme la declaración privada presentada
sobre [el] Impuesto [sobre las ventas año gravable 2016 período 3, formulario 3002604084320 y
radicado No. 91000366758263 registrando un saldo a pagar de $532.994.000.

Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 565 (parágrafo 2) y 84 del
CPACA; 133 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012); 730.6, 742, 771-
2 del ET (Estatuto Tributario); la Ley 1819 de 2016; y el Decreto 2649 de 1993, bajo el
siguiente concepto de violación6:

Adujo que la demandada actuó de forma ilegal y fraudulenta al no valorar adecuadamente
los testimonios recaudados, pues, a su juicio, estos demostraban la existencia del
proveedor ITS y la correcta relación comercial que tuvo con esa empresa, dado que
suscribió con esa sociedad un contrato de prestación de servicios; mencionó que los
prestadores de servicios de ITS realizaron tareas técnicas para clientes finales como
Nokia y Huawei. Afirmó que los testigos corroboraron el servicio de alquiler del vehículo
para el traslado dentro del territorio nacional, así como el arrendamiento de computadores
y equipos para cumplir la labor, el pago de viáticos, por parte de ITS, y de prestaciones y
el horario de trabajo cumplido.

Señaló que la Administración «mintió» sobre la ubicación de la empresa ITS, por lo que
incluso la compañía debió visitar a dicha empresa para verificar la información solicitada
por la demandada, de manera que el apoderado de ITS entregó soportes que
demostraban que desde mayo de 2018 le indicó a la autoridad el domicilio y espacio físico
-ubicación- de esa sociedad, solo que ITS dejó de funcionar por las sanciones impuestas
por la misma entidad y la persecución efectuada, lo que la obligó a cerrar, pero la
información contable y financiera era real y reposaba en la dirección actualizada en el
RUT, del 27 de mayo de 2018. Sostuvo que, aunque su contraparte aseguró que no
obtuvo información de ITS al no encontrar al representante legal, este explicó que la
demandada no le notificó la actuación administrativa que se adelantaba y que solicitó a
la autoridad que le hiciera nueva visita, pero esta petición fue desatendida.

Por las anotadas razones, indicó que fue «grave» la posición de la Administración y que
la aseveración de que no pudo recaudar la información era falsa, de ahí que los
argumentos que sustentaban el requerimiento especial eran contrarios a la realidad y
acusó a la demandada de estar a «las puertas» de fraude procesal por la valoración
parcializada de las pruebas -testimonios-.

Precisó que, respecto del costo de venta, existía plena evidencia de la prestación real del
servicio por parte de ITS, como se evidenciaba con la ejecución de actividades de
transporte, movilidad, asistencia técnica, mantenimiento y logística general. Anotó que
aportó aprobaciones de solicitudes de servicios, explicadas contablemente a los efectos
de revelar la lógica de la contratación tercerizada de los mismos; máxime cuando los

5
Samai tribunal, índice 9, certificado 6A46B7B50E1D7F5C 296EE5EBA989FEA5 382B7229907ED407 D48EF5DF90DBCBA6 (pdf),
p. 1.
6
Samai tribunal, índice 2, certificado 15D8D0B32BAFD46E E3DF0B2D047486FC EF7C6AC3750BFC76 DF6D506717A3CA87 (pdf),
pp. 2 a 10.

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testimonios recolectados confirmaron la especialidad de los servicios prestados por ITS,
lo cual justificó su contratación para cumplir con las obligaciones de la demandante con
grandes clientes como Nokia y Huawei. Adujo que incluso Nokia confirmó por escrito que
ITS le prestaba un servicio técnico y que dicho testimonio fue desatendido por la
demandada.

Insistió en que la relación comercial que tuvo con ITS fue real, respaldada por una
trazabilidad verificable y por las declaraciones juramentadas de los empleados. Manifestó
que no hubo simulación, contrario a lo afirmado por la Administración, pues hubo una
verdadera prestación de servicios gravados con el IVA, particularmente en actividades
de transporte y servicios generales.

Explicó que la demandada confundió la falta de contabilización oportuna de las
transferencias con la práctica contable válida de la contabilización por lotes. Además,
señaló que los pagos estuvieron respaldados en extractos bancarios; sin embargo, la
Administración manifestó que no estaba relacionado el beneficiario de dicho pago, pero
no detalló en cuál de los extractos sucedía eso.

Expresó que tuvo un global de ingresos y costos porque le era imposible asociar el costo
al ingreso generado y, pese a las actualizaciones de sus sistemas, no podía identificar
sus proyectos en centros de costos concretos para el año 2014 (sic) e informó que acató
lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 y en las NIIF, especialmente en cuanto a los
requisitos de los soportes contables, conservación y custodia documental. También
señaló que, en cualquier caso, a los clientes lo que les interesaba era que se prestara
«un servicio sin interesar la persona». Cuestionó que la Administración desestimara los
contratos y soportes presentados y que, erradamente, le hubiera atribuido los problemas
tributarios de ITS, utilizando de forma desproporcionada la teoría antigua del derecho de
la «causalidad adecuada».

Adujo que conservó y entregó en debida forma todos los documentos que acreditaban su
relación comercial con ITS y que la propia demandada reconoció la existencia de las
operaciones económicas que registró en su contabilidad, lo que evidenció que actuó
conforme a la normativa tributaria vigente y con respeto del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal.

Igualmente, hizo las siguientes afirmaciones: «[la demandante] tiene la mayoría de sus clientes
como grandes contribuyentes; realizó operaciones financieras con ITS; no es el responsable de la conducta
tributaria de ITS, y mucho menos de terceros; no es competente para analizar las relaciones comerciales
que tiene ITS con terceros de los cuales exista presuntamente declaraciones como proveedores ficticios,
los cuales son mencionados en el requerimiento especial, sin que sea de nuestro resorte lo que ellos hagan
comercial y tributariamente, se equivoca la Dian al sancionarnos desconociendo los valores de [la
demandante], atribuyéndonos las conductas de estos terceros; Sumado al hecho que entre el 2014, 2015
y 2016, nunca conocimos de presuntas operaciones irregulares entre ITS y sus proveedores, o que se
estuvieren adelantado procesos de declaratoria de proveedor ficticio al interior [de] la DIAN, solo hasta las
investigaciones tributarias aperturadas en contra de OSC, nos fuimos enterando de estas situaciones, tan
es así que de manera inmediata dimos por terminado nuestras relaciones comerciales con ITS ya para el
2016, luego lo que atañe a nosotros en derecho lo realizamos y se tomaron las acciones jurídicas
necesarias para menguar esta situación. No podemos hacer algo diferente a dar por terminado el contrato
con ellos como quiera que no somos la autoridad competente».

Asimismo, reiteró que la compañía era una empresa real, con infraestructura, logística,
sistema de control de calidad y gestión documental adecuados, que cumplió con todas
las normas legales y contables aplicables. Por tanto, argumentó que los testimonios
relacionados con el funcionamiento interno de ITS no podían « perjudicar» su realidad
tributaria, pues no era responsable de supervisar o controlar a sus proveedores, en vista

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de que esa función correspondía exclusivamente a la demandada.

-Valor de los medios de prueba recaudados. Reiteró que no se le dio valor probatorio
adecuado a los testimonios recaudados, los cuales demostraban la existencia real de las
operaciones. Se opuso a que la demandada considerara que los prestadores de servicios
negaran conocer a ITS, pues esto obedecía a un « fraude procesal»,e indicó que toda la
información contable fue entregada oportunamente por el revisor fiscal y que, además,
se presentaron documentos adicionales y explicaciones mediante el radicado
023E2019016145 del 11 de marzo de 2019. Precisó que la autoridad corroboró la
existencia de los prestadores de servicios vinculados a ITS y su relación con clientes
como Nokia. En su oportunidad, el representante legal dio las explicaciones necesarias
sobre la especialidad de los servicios que fueron prestados. Censuró el hecho de que la
demandada recurriera a declaraciones de años anteriores, particularmente del año 2014,
para sustentar el desconocimiento de costos y gastos correspondientes a años
posteriores, lo cual consideró jurídicamente improcedente, dado que cada « período
contable» debía analizarse de forma independiente.

-De las conclusiones de la DIAN. Planteó que no conocía las declaraciones de testigos
que señalaran que en realidad eran trabajadores de OSC y no de ITS, pues, a su juicio,
los testimonios lo que revelaron fue que prestaron servicios para ITS y que esta empresa
fue quien les pagó. Igualmente, reprochó que la autoridad le atribuyera consecuencias
adversas por haber tenido esa compañía en los años 2014 y 2015 operaciones
comerciales con proveedores ficticios.

-En cuanto a la sanción por libros de contabilidad. Señaló que los libros de contabilidad
siempre estuvieron disponibles para la Administración, además de que estos eran
electrónicos y que se generaban del sistema contable. Explicó que, durante las visitas, la
demandada solicitó balances de prueba y auxiliares que también forman parte de dichos
libros. Igualmente, indicó que los libros nunca fueron solicitados formalmente por la
autoridad de impuestos.

-En cuanto a la sanción por inexactitud. Manifestó que tal sanción se aplicaba por el
incumplimiento de normas legales en que no incurrió, ya que siempre llevó su
contabilidad y cumplió con sus obligaciones fiscales conforme a la ley. Señaló que la
supuesta inexactitud alegada por el extremo pasivo no era válida, pues se basaba en
presunciones de «simulación, inexistencia y fraude fiscal».

-Análisis contable del desconocimiento. Afirmó que no era viable desconocer los costos
y gastos, basados en supuestos de «simulación, inexistencia y fraude fiscal», ya que las
pruebas y documentos aportados demostraban que cada ingreso estuvo asociado a un
costo necesario, cumpliendo con el principio de causalidad contable.

-Inexistencia de fraude fiscal. Consideró que no existió fraude fiscal, ya que la compañía
no actuó con la «voluntad directa y reflexiva de evadir o eludir al fisco». Sobre la sanción por
inexactitud según el artículo 647 ET, señaló que esta solo procedía si se demostraba que
la conducta se encuadraba en los supuestos de infracción previstos en la norma y, a su
entender, el simple rechazo de un pasivo o aumento de la renta líquida no justificaba la
multa, cuando faltaban pruebas claras de la comisión de la conducta enunciada en la
norma. Por tanto, concluyó que la sanción impuesta era ilegal.

-(…) [V]iolación al derecho de defensa. Sostuvo que la falta de presentación personal de
la respuesta al requerimiento especial no facultaba a la demandada para que la
liquidación oficial de revisión omitiera pronunciarse sobre esta. Así, reclamó que la falta

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de análisis de los argumentos planteados en tal acto implicaba la configuración de la
causal de nulidad fijada en los artículos 730.6 del ET y 84 del CPACA -violación al
derecho de audiencia y defensa-, así como la infracción a los ordinales 5 y 6 del artículo
133 del CGP.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora7 con los siguientes argumentos:

En cuanto al «rechazo parcial de las compras por servicios e impuestos descontables », negó
cualquier falta de valoración probatoria, dado que las facturas de venta, registros
contables y los soportes internos o externos no eran « infalibles». Explicó que tales
documentos acreditaban formalmente las operaciones; sin embargo, defendió que
debían acreditarse desde una perspectiva sustancial -«realidad económica»- y ello exigía la
utilización de medios probatorios como indicios, pruebas directas o « mixturas» de tales
herramientas.

Luego, sostuvo que las glosas obedecieron a «(…) hechos, testimonios, situaciones irregulares,
(…) la práctica de una inspección tributaria y de cruces de verificación », los cuales arrojaron «poca
documentación contable que no se pudo comprobar con el proveedor ». Respecto de los «indicios»,
apuntó a la falta de entrega de las órdenes que regulaban la compra de bienes y servicios.
Asimismo, la respuesta del sujeto encargado de elaborar los indicados documentos no
hizo referencia a las órdenes de compra y, en su lugar, explicó que tenía contacto
telefónico con una empleada de ITS para asegurar que la correspondencia se daba entre
lo facturado y lo solicitado, lo cual exhibía una falta de mención al respectivo documento
de aceptación del servicio.

En materia de «pagos», señaló que las facturas 681 y 688 tenían una descripción de
«servicios generales» que impedía establecer la naturaleza del servicio o la orden de
compra. Además, cuestionó que los documentos no tenían firma ni autorización del
personal. Subrayó que el personal de la actora e ITS era el mismo, porque tales sujetos
figuraban en la nómina de ambas sociedades y relató que los extractos bancarios no
ilustraban que el proveedor fuera el destinatario de las respectivas transferencias.

Tratándose de ITS, explicó que su proveedor más representativo de servicios gravados
a la tarifa general era Comercializadora Enrique Martínez SAS (COEMA); no obstante,
esta fue declarada proveedor ficticio con la Resolución 000660, del 19 de octubre de
2015.

Frente a las «pruebas directas», anotó que la información reportada por terceros sobre ITS
no demostraba: (i) la compra o posesión de los «insumos facturados»; (ii) el registro de
compras o de ingresos; (iii) la existencia de un establecimiento abierto al público [que
almacenara las mercancías]; (iv) conceptos que pusieran de manifiesto la realización de
operaciones de comercio en 2016. Por otra parte, comentó que la conducta del tercero
durante los años gravables 2014 y 2015 motivó su declaratoria como proveedor ficticio
mediante la Resolución Sanción 322412019900090, del 29 de julio de 2019. Destacó
que, a lo largo del 2014, la demandante contrató personal para que realizara labores
propias de su actividad económica y, al momento del pago, solicitaba a cada empleado
presentar cuentas de cobro tanto a la compañía como a ITS por la misma labor, lo cual
materializaba la duplicación de «un mismo costo para soportar las facturas de (…) ITS». En ese
sentido, como el único proveedor de ITS en 2014 y 2015 era COEMA -ficticio- y las

7
Samai tribunal, índice 16, certificado B7B45E89DA1BBF26 397B2D07D425A36E A06BA79EE5CC2C53 9A7AE7851D365DD2 (zip),
2 (pdf), pp. 1 a 8.

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características de la supuesta operación entre ITS y la contribuyente en 2015 eran las
mismas, defendió la realización de «la misma simulación puesta en evidencia para el año 2014».

A partir de todo lo anterior, defendió que sus modificaciones no se basaron en un
dictamen aislado, sino que correspondían a una serie de indicios y pruebas directas que
demostraron la irrealidad de la operación y que, con posterioridad, permitieron la
declaratoria de proveedor ficticio de ITS, lo cual reafirmaba la conclusión según la cual
las transacciones no siguieron las circunstancias afirmadas por su contraparte.
Asimismo, sostuvo que las operaciones de la administrada con otros proveedores -
Servicios Aduaneros Internacionales Impoexport, Comercializadora Canaxcol, System
Marketing SAS- también eran inexistentes. Tras lo anterior, precisó que la demandante
no era juzgada por las acciones de ITS y, en su lugar, las glosas encausaban los efectos
de la irrealidad de la operación.

Aun cuando la actora exhibió medios probatorios sobre la realidad formal de las compras,
afirmó que la sociedad utilizó como proveedor a una entidad que, al momento de los
hechos, era investigada por irregularidades como comerciante, no demostró su existencia
ni la de las transacciones, no fue reportada por terceros que le dispensaran bienes en los
años gravables 2014, 2015 y 2016 y no acreditó la recepción de ingresos por las ventas
de tales mercancías. En consecuencia, defendió la inexistencia del negocio y aseveró
que este fue simulado con el propósito de obtener un beneficio fiscal.

Posteriormente, especificó que la declaratoria de proveedor ficticio no era un requisito
previo para el desconocimiento de los «costos» según la jurisprudencia de la Sala. Sin
perjuicio de lo anterior, aclaró que esa circunstancia no fue la razón para modificar la
declaración privada, pues ello obedeció a la recopilación de indicios y pruebas directas
según las cuales las operaciones cuestionadas no obedecían a la realidad económica.

Respecto de la «sanción por inexactitud», expuso que la sociedad infringió sus obligaciones
en materia del IVA al demostrarse la irrealidad de sus negocios, amén de insistir en la
realización de compras a proveedores ficticios que generaron impuestos descontables
improcedentes, lo cual configuraba el hecho infractor previsto en el artículo 647 del ET.

Para finalizar, mencionó que los «indicios y pruebas directas» que soportaban su posición
eran: (i) la falta de comprobación de la «existencia material y sustancial» de los «costos»
asociados a las operaciones entre la demandante e ITS; (ii) inconsistencias entre los
soportes de las transacciones, los ciclos económicos y la presunta ejecución del negocio;
(iii) detección de múltiples irregularidades en los «documentos soporte del ciclo económico
operativo en OSC», pues hubo pagos y anticipos relacionados con facturas que, a las fechas
de pago, aún no habían sido emitidas por ITS; (iv) anomalías en las órdenes de servicios
y/o en las actas de aceptación de labores; (v) ausencia de «soportes o controles internos»
que demostraran la efectiva prestación del servicio; (vi) constatación relativa a que ITS
no poseía «logística, infraestructura, capacidad económica, ni de dirección y control » que guardara
correspondencia con el volumen de operaciones « que dice OSC le fue prestado»; (vii) según
testimonios bajo juramento, los servicios facturados no fueron realmente prestados por
ITS, sino por personal de la actora, quienes atendían directamente a los clientes (como
Nokia). No existía trazabilidad sobre la participación efectiva de ITS en dichos servicios;
y (viii) ITS actuó como intermediaria entre la demandante y supuestos proveedores
ficticios (COEMA y MARVIA), los cuales carecían de soporte real, presentaban
irregularidades contables y operativas y estaban vinculados a posible lavado de activos.

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Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda8. Sobre el particular, ratificó la posición
jurisprudencial adoptada en dos (2) controversias previas «con identidad de partes y tributo»9.

Sostuvo que no existían medios probatorios que avalaran circunstancias distintas a las
reseñadas por la demandada. Resaltó que, en aras de verificar la realidad económica y
material de las operaciones efectuadas por la actora en el bimestre fiscalizado, la
Administración practicó una inspección tributaria -en diferentes fechas- donde recolectó
información sobre la negociación entre la sociedad e ITS, a través de testimonios y
verificación de documentos. Al respecto, la declaración del representante legal de la
contribuyente exhibió que, para el año gravable 2016, el principal proveedor de la
sociedad era ITS, quien prestaba servicios profesionales de telecomunicaciones y de
transporte según las necesidades de cada proyecto. Además, dicho sujeto explicó que
las compras se sustentaban en «órdenes y facturas debidamente expedidas». Sin embargo,
reprochó que las facturas 681 y 688 detallaron la adquisición de «servicios generales» frente
a los cuales no fue posible establecer su ocurrencia. Igualmente, señaló que las «órdenes
de compra con sus facturas» no tenían firma ni daban cuenta de la observancia del
«procedimiento» aplicable.

Hizo hincapié en el acta que recopiló una diligencia efectuada en las instalaciones de
ITS, cuyo contenido reflejaba que el tercero no tenía «logística suficiente» para prestar los
presuntos servicios a la contribuyente. Aunado a lo anterior, relató que los proveedores
de ITS fueron declarados ficticios. Con base en lo anterior, concluyó que las presuntas
transacciones entre la actora y dicho tercero no estaban «debidamente soportadas».

Pese a que reconoció que existían facturas y «otros documentos» sobre las operaciones,
indicó que la demandada desvirtuó su validez a través de las mencionadas pruebas. Del
mismo modo, aseguró que la «comprobación especial» a cargo de la compañía no se limitaba
a los aspectos documentales y los asientos contables -reconocidos por la Administración-
, sino a la acreditación de la existencia de los terceros y las operaciones. A tales efectos,
puntualizó que la parte demandante no demostró -con una prueba supletoria e idónea- la
realidad material de los negocios, razón por la cual el ejercicio de valoración efectuado
por la autoridad no fue desmentido en la etapa administrativa y/o jurisdiccional.

A manera de cierre, confirmó la legalidad de la sanción por inexactitud debido a que la
contribuyente reportó impuestos descontables inexistentes en la autoliquidación de IVA.

Recurso de apelación

La demandante recurrió la decisión del tribunal10. A cuyos efectos, reiteró la totalidad de
los planteamientos de la demanda, por lo que fundamentalmente se rememora que desde
esa oportunidad estuvo en desacuerdo con que hubiera habido «simulación, inexistencia y
fraude fiscal» y en la valoración probatoria de los testimonios que, a su juicio, confirmaban
la realidad de una relación comercial válida con ITS y de las operaciones llevadas a cabo
con esa compañía. Asimismo, insistió en que cumplió con las normas contables y
tributarias, aportando toda la documentación que respaldaba su relación comercial con
ITS. Así, también iteró que no debió sancionársele por inexactitud, en tanto que siempre

8
Samai tribunal, índice 30, certificado 2F8A2B75F27FFF39 675BD49EAB12AC39 7AFB13A00F6AF241 748458E63A0C1783 (pdf),
pp. 10 a 18.
9
Sentencias del 30 de junio de 2022 (exp. 25000-23-37-000-2019-00612-00, MP: Gloria Isabel Cáceres Martínez) y del 07 de
septiembre de 2023 (exp. 25000-23-37-000-2021-00385- 00, MP: Luis Antonio Rodríguez Montaño).
10
Samai tribunal, índice 33, certificado AAEF7A4B933847A0 7C5096F5F023437D 0188FE5186A82A31 4AE6030A729FE7D5 (pdf),
pp. 2 a 7.

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cumplió con sus obligaciones tributarias acorde con la correspondiente normativa y
replicó lo relativo a la improcedencia de una presunta « sanción por libros de contabilidad»,
respecto de lo cual indicó que estos siempre estuvieron disponibles para la
Administración, que fueron llevados electrónicamente y que se generaban del sistema
contable.

Pronunciamientos finales

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación planteados por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, que negó su nulidad.

Previo a decidir, se advierte que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó su impedimento para participar en la decisión por haber conocido con
anterioridad del proceso cuando se desempeñaba como magistrado del tribunal de
primera instancia (índice 20 de Samai), el cual se declaró fundado a través del auto del
25 de septiembre de 2025 (índice 25 ídem).

Problemas jurídicos

2- Existiendo cuórum, corresponde a la Sala definir si hubo una indebida valoración
probatoria por parte de la Administración por desconocer las pruebas aportadas por la
demandante, que, asegura, demostraban la realidad de la relación comercial con su
proveedor ITS, con lo cual se deberá establecer si procedían las compras de servicios
que reclama la actora como efectuadas a ese proveedor y, por ende, el impuesto
descontable asociado a estas, por lo cual, no procedía la sanción por inexactitud.

En cambio, no se atenderán los reproches atinentes a una presunta sanción por libros de
contabilidad, dado que esta no fue impuesta en los actos demandados.

Análisis del caso concreto

3- Con miras a resolver el problema jurídico planteado, la Sala encuentra que, la apelante
sustenta que la Administración no valoró adecuadamente los testimonios que daban
cuenta de la existencia del proveedor ITS y de la relación comercial entre ambas, adujo
que cumplió con lo indicado en las normas tributarias, sobre todo en relación con los
requisitos de los soportes y custodia documental, también cuestionó que la
Administración le atribuyera las obligaciones tributarias de ITS, pues no era competente
para analizar las relaciones comerciales que tenía ITS con terceros que presuntamente
fueron declarados proveedores ficticios. Adujo que no era viable desconocer los costos y
gastos, basado en supuestos de «simulación, inexistencia y fraude fiscal», ya que las pruebas
y documentos aportados demostraban que cada ingreso estuvo asociado a un costo
necesario, cumpliendo con el principio de causalidad contable. Planteó que no existió
fraude fiscal, ya que la compañía no actuó con la «voluntad directa y reflexiva de evadir o eludir
al fisco».

Precisó que, respecto del costo de venta, existía plena evidencia de la prestación real del
servicio por parte de ITS, como se evidenciaba con la ejecución de actividades de

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transporte, movilidad, asistencia técnica, mantenimiento y logística general, y que aportó
aprobaciones de las solicitudes de servicios, explicadas contablemente a los efectos de
revelar la lógica de la contratación tercerizada de los mismos; máxime cuando los
testimonios recolectados confirmaron la especialidad de los servicios prestados por ITS,
lo cual justificó su contratación para cumplir con las obligaciones de la demandante frente
a grandes clientes como Nokia y Huawei. Incluso, precisó que Nokia confirmó por escrito
que ITS le prestó un servicio técnico, pero que ese testimonio fue desatendido por la
demandada. A partir de ello, insistió en que la relación comercial que tuvo con ITS fue
real, respaldada por una trazabilidad verificable y por las declaraciones juramentadas de
los empleados. Manifestó que no hubo simulación, contrario a lo afirmado por la
Administración, pues hubo una verdadera prestación de servicios gravados con el IVA;
particularmente, en actividades de transporte y servicios generales.

Consideró que la demandada confundió la falta de contabilización oportuna de algunas
transferencias con la práctica contable válida de la contabilización por lotes. Además,
señaló que los pagos estuvieron respaldados en extractos bancarios; sin embargo, la
Administración manifestó que no estaba relacionado el beneficiario de dicho pago, pero
no detalló en cuál de los extractos sucedió esto. Respecto del cumplimiento normativo,
indicó que se acató lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 y en las NIIF,
especialmente en cuanto a los requisitos de los soportes contables, conservación y
custodia documental. Expresó que tuvo un global de ingresos y costos, porque le era
imposible asociar el costo al ingreso generado y, pese a las actualizaciones a sus
sistemas, no podía identificar sus proyectos en centros de costos concretos para el año
2014 (sic); además, sostuvo que, en cualquier caso, a los clientes lo que les interesaba
era que se prestara «un servicio sin interesar la persona». Cuestionó que la Administración
desestimara contratos y soportes presentados y que, erradamente, le hubiera atribuido
los problemas tributarios de ITS, utilizando de forma desproporcionada la antigua teoría
del derecho de la «causalidad adecuada».

Expresó que conservó y entregó en debida forma todos los documentos que acreditaban
su relación comercial con ITS y que la propia Administración reconoció la existencia de
las operaciones económicas que registró en su contabilidad, lo que evidenció que actuó
conforme a la normativa tributaria vigente y con respeto del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal. Finalmente, sostuvo que la multa por inexactitud solo
procedía si se demostraba que la conducta cometida se ajustaba a los supuestos de
infracción que prevé la norma y, a su entender, el simple rechazo de un pasivo (sic) o el
aumento de la renta líquida no justificaba la multa, cuando faltaban pruebas claras de la
comisión de la infracción. Por tanto, concluyó que la sanción impuesta era ilegal.

En el otro extremo, la Administración mencionó que los «indicios y pruebas directas» que
soportaban su posición eran (entre otros): (i) la falta de comprobación de la «existencia
material y sustancial» de los «costos» asociados a las operaciones entre la demandante e
ITS; (ii) inconsistencias entre los soportes de las transacciones, los ciclos económicos y
la presunta ejecución del negocio; (iii) detección de múltiples irregularidades en los
«documentos soporte del ciclo económico operativo en OSC», pues hubo pagos y anticipos
relacionados con facturas que, a las fechas de pago, aún no habían sido emitidas por
ITS; (iv) anomalías en las órdenes de servicios y/o en las actas de aceptación de labores;
(v) ausencia de «soportes o controles internos» que demostraran la efectiva prestación del
servicio; (vi) constatación relativa a que ITS no poseía « logística, infraestructura, capacidad
económica, ni de dirección y control» que guardara correspondencia con el volumen de
operaciones «que dice OSC le fue prestado»; (vii) según testimonios bajo juramento, los
servicios facturados no fueron realmente prestados por ITS, sino por personal de la
actora, quienes atendían directamente a los clientes (como Nokia). Asimismo, el fisco

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criticó la inexistencia de trazabilidad sobre la participación efectiva de ITS en los servicios;
y (viii) ITS actuó como intermediaria entre la demandante y supuestos proveedores
ficticios (COEMA y MARVIA), los cuales carecían de soporte real, presentaban
irregularidades contables y operativas y estaban vinculados a posible lavado de activos.

El tribunal dio la razón a la Administración, al concluir que la autoridad de impuestos
había hecho una comprobación especial de las operaciones declaradas por la
demandante y que la sociedad no desvirtuó los hallazgos ni probó la existencia real de
las operaciones. Así, prohijó que la relación hubiese sido simulada e indicó que no se
observó una indebida valoración probatoria. Respecto de la sanción por inexactitud,
concluyó que procedía y aclaró que no se pronunciaría sobre la sanción por libros, dado
que esa multa no fue impuesta en los actos administrativos.

3.1- Para dirimir el litigio, la Sala reiterará, en lo pertinente, lo dispuesto en las sentencias
del 23 de mayo de 2024 (exp. 28281, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 11 de julio
de 2024 (exp. 28086, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 16 de noviembre de
2023 y del 28 de agosto de 2025 (exps. 27659 y 28841, CP: Wilson Ramos Girón), que
resolvieron asuntos que guardan similitud fáctica y jurídica con este caso, respecto de
otros períodos del IVA del año gravable 2016.

En línea con lo analizado en los precedentes que se reiteran, la Sala ha puntualizado que
la simulación de transacciones corresponde a una anomalía negocial en virtud de la cual
se da al negocio una apariencia jurídica distinta, con el propósito de no revelar, ante
terceros, el verdadero contenido del mismo o por haber ausencia de todo ánimo negocial,
siendo los medios probatorios que revelan su presencia de naturaleza indiciaria, cuya
comprobación permitirá construir una inferencia lógica que conducirá a conocer un hecho
desconocido por conducto de un hecho cierto y conocido (sentencias del 23 de marzo de
2023, exp. 27092, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y del 18 de agosto de 2022, exp.
25800, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

Si bien, ninguna norma del ordenamiento tributario fija los medios de prueba conducentes
para acreditar la existencia de la simulación, su demostración se enmarca en la regla
general de libertad probatoria consagrada en el inciso 1 del artículo 175 del CPC, hoy
recogido por el artículo 165 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012).
Entonces, resulta que, la eficacia de los medios probatorios aportados para este fin
dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse » (artículo 743 del
ET), que para el caso sería la realidad, o no, de los servicios contratados con ITS, en
cuestión.

3.2- Para verificar la valoración probatoria que efectuó la autoridad y que llevó a catalogar
las operaciones de compra con ITS como simuladas, la Sala estima pertinente relacionar
los siguientes hechos y pruebas:

(i) El 14 de julio de 2016, la sociedad OSC Telecoms & Security Solutions SAS presentó
en forma electrónica la declaración del 3.° período del IVA de 2016, en la que registró
operaciones de compras nacionales en el renglón 51 por $882.081.000 e impuesto
descontable en el renglón 70 por $141.133.000 (f. 4 caa). Las compras rechazadas
corresponden a las operaciones con la proveedora ITS, la cual emitió las facturas 681 y
688, expedidas el 06 de mayo de 2016 y el 07 de junio de 2016, por $326.431.886 y
$343.401.162, más el IVA por $52.229.102 y $54.944.188, respectivamente (ff. 423 y 343
caa).

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(ii) Los autos de organización 8678, del 27 de diciembre de 2018; 002007, del 23 de abril
de 2019 [los folios 1.136 a 1.148 reposan en forma desorganizada en la carpeta 6 de los
antecedentes administrativos]; 002118, del 24 de abril de 2019; y 002112, del 24 de abril
de 2019, ordenaron el traslado al expediente administrativo de la referencia de «algunos
(…) folios que obran» en los expedientes VG 2016 2018 1213 -impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2016-, IH 2016 2018 1256 -pliego de cargos por el
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016- y VG 2016 2018 1302
-impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016- (ff. 18, 1.147, 2.230
y 2.246 caa).

(iii) De acuerdo con el Acta de Cierre de la inspección contable 322402018000178, de 22
de octubre de 2018, la Administración realizó dieciséis visitas a la contribuyente, los días
07, 08, 09, 14, 15, 19, 27 y 28 de noviembre de 2018; 4, 5, 12, 19 de diciembre de 2018;
11 y 18 de febrero de 2019; 03 de mayo y 19 de junio de 2019. En estas fueron aportados
varios documentos requeridos, dentro de los que puede destacarse: la licencia del
software contable, estados financieros año 2016 dictaminados con sus respectivas notas,
conciliación contable fiscal año gravable 2016, balance de comprobación año 2016,
procedimiento de compra de servicio para la ejecución y soporte a los proyectos en
ejecución, listado de proveedores de logística, de servicios técnicos y de transporte,
listado de códigos y términos técnicos usados en las órdenes de compra, servicios y en
general en los documentos que se originan en la ejecución de los proyectos para clientes
y proveedores, balances de pruebas por terceros -cuenta 4 por todos los períodos
gravables del año 2016- y anexos de las autoliquidaciones del IVA de los bimestres de
esa anualidad, libro auxiliar por tercero de las cuentas 2408 de los bimestres 1.° a 2.° de
2016, auxiliares del IVA descontables de los bimestres, contrato de prestación de
servicios técnicos en telecomunicaciones entre la actora e ITS, relación de empleados,
soportes por bimestre, soportes ITS International Services SAS, soporte IVA, auxiliares
del IVA descontable relacionado con transacciones con la compañía ITS, soportes por
las operaciones con el tercero ITS, relación de proveedores personas naturales que
prestaron servicios, auxiliar cuentas por cobrar, registro contrato OSC Telecoms SAC y
pagos, órdenes de compra ITS, auxiliares y soportes clientes 6 bimestre, diferencia, en
cambio, diciembre, perfiles y contratos de trabajo, relación de pagos al tercero ITS,
resumen de compras ITS, soportes pagos ITS, entre otros (ff. 2277 a 2279 vto. caa).

(iv) Con ocasión de la anterior Acta de Inspección Contable 322402018000178, del 22
de octubre de 2018, la demandada comisionó a sus funcionarios para efectuar diligencias
en las instalaciones de la demandante. En visita del 07 de noviembre de 2018, se recibió
testimonio de quien fungió como gerente general, para atender la diligencia, en la que
explicó la actividad económica de la sociedad demandante: «La sociedad tiene 22 años de
existencia, se dedica la prestación de servicios de instalación, mantenimiento, planeación, implementación,
optimización modernización y logística en el área de telecomunicaciones de redes móviles; sus clientes
son proveedores de equipos de telecomunicaciones para los operadores de telefónica móvil (claro, Tigo,
movistar), estos proveedores de equipos, sus clientes, son Nokia, [Huawei] y Ericsson, contratan a OSC
TELECOMS para que ejecute todas las labores de instalación, mantenimientos, planeación,
implementación, logísticas y en general las asociadas al buen funcionamiento de la red de
telecomunicaciones. Dentro de los contratos pueden proveer algunos insumos, tales como cables,
amarres. Para prestar el servicio tienen contratos con personas naturales tanto por nomina como por
prestación de servicios; se contratan tanto, técnicos, tecnólogos como profesionales en el área de
ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica y especialistas en tecnología
de redes móviles, de estos últimos en ocasiones se contratan extranjeros. Las personas contratadas bajo
la modalidad de contrato de servicios son para ejecutar proyectos puntuales. También sub contratan la
ejecución de una parte del proyecto con proveedores externos, estos proveedores cubren tres áreas,
logística, servicios técnicos y servicio de transporte; en relación a la logística el proveedor coloca una
persona o técnico y lo transporta al sitio de trabajo; en el área de servicios técnicos el proveedor solamente
coloca al técnico, no lo transporta y en el área de servicios de transporte el proveedor transporta a las

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personas a su sitio de trabajo. El servicio es prestado en diferentes puntos del país. En relación a la forma
como se ejecutan los proyectos se cuenta con un contrato marco con el cliente (…)» (ff. 22 a 23 caa).

(v) Mediante el Acta de Inspección Contable 322402018000178, del 22 de octubre de
2018 (ff. 2.175 a 2.177 vto. caa), la demandada comisionó a sus funcionarios para
efectuar diligencias en las instalaciones de la demandante, en visita del 28 de noviembre
de 2018, en la cual se recibió documentación de quien actuó como autorizado por parte
del representante legal de la sociedad. En particular, se aportó la información
correspondiente a la operación del servicio cuestionada por la factura 681.

-En relación con la Factura nro. 681 por $326.431.886 (sin el IVA f. 423 caa) de 06 de
mayo de 2016, obra en el expediente la relación de la siguiente información: (a) un
documento denominado «Asiento: CXPF 001256», que refleja «los registros contables de las
cuentas afectadas con la adquisición del servicio»; (b) un documento denominado «ORDEN DE
COMPRA No. 526» del 01 de abril de 2016 «y se señala en la columna denominada "descripción" lo
siguiente: "Servicios Generales"; En parte inferior dos espacios para “firma responsable” y “Verificado por”,
espacios no diligenciados»; (c) un documento denominado «“Solicitud de servicios técnicos” de
Internacional Services SAS compuestas por cuatro (4) columnas: Código (consecutivo), Ingeniero Soporte,
C.C (nombres y documentos), Valor»; (d) asimismo, se aportaron los comprobantes de egreso
EGRF001570, EGRF003529, EGRF003397 [este no aparece en físico, sino en una
relación efectuada en el folio 1.050 caa], EGRF001563, EGRF003563 y EGRF002504 (f.
1.050 caa), que acreditan el pago que hizo la actora a ITS después de la expedición de
la factura.

-Del mismo modo, obra en el expediente que se aportó la contabilización de la factura
nro. 688 por $343.401.162 (sin el IVA f. 343 caa) de 07 de junio de 2016: (a) un
documento denominado «Asiento: CXPF 002041» que refleja «los registros contables de las
cuentas afectadas con la adquisición del servicio»; (b) un documento denominado «ORDEN DE
COMPRA No. 565» del 01 de junio de 2016 «y se señala en la columna denominada "descripción" lo
siguiente: "Servicios Generales"; En la parte inferior dos espacios para “firma responsable” y “Verificado
por”, espacios no diligenciados»; (c) un documento denominado «“Solicitud de servicios técnicos”
de Internacional Services SAS compuestas por cuatro (4) columnas: Código (consecutivo), Ingeniero
Soporte, C.C (nombres y documentos), Valor»; (d) igualmente, se remitieron los comprobantes
de egreso EGRF002365, EGRF002174, EGRF002362, EGRF002436, EGRF002150,
EGRF002437, EGRF002364 y, en la relación que hizo la autoridad en el folio 1.050
relacionó los siguientes comprobantes: EGRF002210, EGRF002228, EGRF002175,
EGRF004226, EGRF002179, EGRF002195, EGRF002194, EGRF002123,
EGRF003563, EGRF002110, EGRF003526, EGRF002363, y EGRF002193 (ff. 33, 231,
237, 348, 354, 359, 361, 363, 1.050 caa), que acreditan el pago que hizo la actora a ITS
tras la expedición de la factura.

(vi) Con ocasión del Acta de Inspección Contable 322402018000178, del 22 de octubre
de 2018, la demandada comisionó a sus funcionarios para efectuar diligencias en las
instalaciones de la demandante, en visita del 15 de noviembre de 2018, en la cual se
recibió documentación de quien actuó con funciones del revisor fiscal, a quien el
representante legal de la sociedad autorizó para atender la visita y suministrar
información relacionada con los «empleados de nómina» (ff. 2.165 a 2.167 caa). De acuerdo
con esa información aportada, la Administración confrontó los nombres listados en los
documentos anteriormente indicados con la relación de proveedores de ITS del año 2016
obtenida por esta compañía a través de medios magnéticos (ff. 1.231 a 1.235 caa) y este,
a su vez, se contrastó con el documento aportado y denominado «internacional services sas,
solicitud de servicios técnicos» (ff. 425 a 427 caa). Con base en esa información, la
demandada elaboró una hoja de trabajo en la que relacionó a los empleados y

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prestadores de servicios comunes en estas dos compañías -la demandante e ITS- (ff.
346 a 347 y 1.236 a 1.238).

-Entre los empleados que se encontraron en común entre las nóminas de las dos
empresas, fueron citados cada uno a rendir testimonio para que se estableciera cuál era
su relación con la demandante e ITS. En las declaraciones juramentadas se encuentran
las declaraciones de: un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas, un auditor de
campo en telecomunicaciones y un ingeniero de telecomunicaciones.

(vii) En la declaración juramentada del 21 de febrero de 2019, se recibió testimonio de un
ingeniero de sistemas que ejerció desde el año 2010, quien prestó para la demandante
los servicios de monitoreo y mantenimiento a los sistemas «OSS de Nokia». Indicó que
prestó servicios para otra empresa en el mismo año 2016, la cual era ITS, en donde
desempeñaba «funciones de operación y mantenimiento en el sitio y que se movilizaba en vehículo
propio». Precisó que tenía con ambas compañías -OSC e ITS- contratos de prestación de
servicios y señaló que nunca conoció las instalaciones de ITS (ff. 1.621 a 1.622 caa).

(viii) En declaración juramentada del 22 de febrero de 2019, se recibió testimonio de otro
ingeniero electrónico y de comunicaciones, quien prestó servicios para la demandante en
el año 2016, estableció que la forma de remuneración que hacía la compañía era a través
de dos cuentas de cobro, una de ellas era por alquiler de transporte y la otra por servicios.
Adujo que tuvo una fuente de ingresos adicional en ese mismo año 2016 que era con la
empresa ITS, en la cual prestó servicios de alquiler de vehículo o de herramienta (ff.
1.680 a 1.681 caa).

(ix) En declaración juramentada del 25 de febrero de 2019, quien ejerce la profesión de
auditor de campo en telecomunicaciones desde hace trece o catorce años, su respuesta
frente a las labores que desempeñaba en la compañía demandante, manifestó que prestó
«servicio de auditoría en campo y transporte propio» Precisó que durante el año 2016 no prestó
servicios para otra compañía, sin embargo, señaló que la forma de remuneración era a
través de dos cuentas de cobro, una de ellas era por servicios y la otra por transporte,
sin embargo, está última -la cuenta de cobro- tenía que copiarla «a un correo de IT[S], pero
siempre hablaba con Heidy Vanegas» (ff. 1.624 a 1.625 caa).

(x) En declaración juramentada del 25 de febrero de 2019, un ingeniero de
telecomunicaciones que laboró con la actora desde 2008, aseveró frente a las labores
que desempeñaba con la actora: «Trabajaba dentro del departamento de planeación y optimización,
realizaba los documentos (data fill), para la implementación de redes móviles 2 G y 3G para la red Claro
Colombia». Se le preguntó por qué la empresa ITS lo reportaba a él como proveedor de
servicios en la información en medios magnéticos quien indicó que no sabía «porque solo
he tenido relación con gente de OSC» (ff. 1.663 a 1.665 vto.).

(xi) La entidad demandada en la liquidación oficial de revisión concluyó que algunos de
los testigos coincidían en que no conocía a la compañía ITS. Algunas de las personas
entrevistadas que laboraban para la demandante reconocieron que conocían a ITS, pero
que no tenían certeza de la ubicación de sus oficinas; tan solo sabían que debían remitir
cuentas de cobro por concepto de servicio de transporte, conforme así lo ordena la
actora. Que la prestación de servicios por alquiler de equipos fue realizada por parte de
empleados de OSC, con lo cual se desvirtuaba que hayan sido compras de servicios a
ITS. Además, que los empleados que la demandante intentó atribuirle a ITS como suyos,
en realidad tuvieron vínculo con OSC. Los contratos de servicios consistían en el alquiler
de equipos y vehículos para las labores, pero se comprobó que estos eran usados por
trabajadores que en realidad tenían vínculo laboral directo con la empresa OSC.

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(xii) Al tenor de la incorporación del Pliego de cargos 32240201900067 (ff. 2.232 a 2.244
vto. caa) que proponía sancionar como proveedor ficticio a Its -incorporado con ocasión
del Auto de Organización de 002118, del 24 de abril de 2019 (f. 2.230 caa)-, la autoridad
estableció (punto 3.3. del pliego de cargos) que: «en desarrollo del auto de inspección contable
nro. 322402018000107 de 11 de agosto de 2018 (folio 284) se adelantaron visitas a la sociedad ITS …
visita realizada el 27 de febrero de 2019 y tal como consta en las actas respectivas, la investigada no
presentó libros de contabilidad, comprobantes ni ningún documento que permitiera verificar la realidad de
sus operaciones económicas, pues no fue ubicado tal como se indica en numeral anterior. No allegó en
respuesta a Requerimiento Ordinario nro. 322402018003385 de fecha 8 de noviembre de 2018 enviado a
la sociedad ITS, los estados financieros debidamente certificados y dictaminados de conformidad con lo
establecido en el artículo 33 del Decreto 2649 de 1993; la respuesta por parte del representante legal de
la sociedad ITS International Service SAS, ante la no presentación de los estados financieros, fue la de no
contar con el servicio de contaduría pública, la cual es inexcusable de acuerdo con lo señalado en el artículo
42 de la Ley 222 de 1995, artículo 207 y 211 del Código de Comercio». Adicionalmente, se trasladó
lo correspondiente a la declaración de proveedor ficticio notificado el 09 de abril de 2019.
en el cual se indicó en el (punto 3.5 del pliego de cargos) lo siguiente: «según registros
auxiliares simples de la sociedad ITS International Services SAS, realizó operaciones con el tercero
Servicios Aduaneros internacionales Impoexport SAS por valor de $1.494.900.000, en el rubro 733550 -
"transporte, fletes y acarreos" el cual no fue ubicado y por tanto no se pudo comprobar operaciones
realizadas (folios 936-9741 y 968-977). Con la sociedad Comercializadora Canaxcol reportó servicios
técnicos con la sociedad comecializadora canaxcol, tercero que ha sido declarado por la Administración
tributaria como proveedor ficticio, según Resolución nro. 322412018900146 de 22 de noviembre de 2018
(folios 1520-1532). con el tercero System Marketing SAS ITS reporta operaciones por servicios técnicos
según auxiliar simple en fecha 11 de febrero de 2019, (folio 1515) del registro único tributario de la sociedad
de System Marketing SAS se encuentra suspendido en razón a que presentó causales que no permitieron
su ubicación (…)».

A partir de lo anterior, la autoridad en la liquidación oficial de revisión señaló que los
hechos demostraban, conforme a las reglas de la sana crítica, que las operaciones de
compra por parte del tercero investigado no existieron, que los documentos y soportes
tan solo ofrecían una realidad formal; es decir, una simulación con el fin de obtener
beneficios fiscales e inclusive determinarse un menor impuesto a pagar, conducta que,
según el Concepto 051977, del 02 de agosto de 2005, ha sido catalogada por la Corte
Constitucional como «fraude fiscal» en sentencia C-015 de 1993.

(xiii) Con base en el traslado de pruebas realizado en virtud del Auto de Organización de
002118, del 24 de abril de 2019 (f. 2.230 caa), la Administración trajo a colación las actas
de testimonios juramentados de la representante legal de la compañía y de algunos
empleados de dicha sociedad.

-Con ocasión de lo anterior, el técnico de telecomunicaciones de ITS rindió testimonio el
28 de junio de 2017. Informó que trabajaba en la compañía desde el año 2010, precisó
que las cuentas de cobro correspondían a prestación de servicios y que, en el 2014, las
dirigía a la actora y a ITS por concepto de transporte. Que, a partir del año 2015, la
demandante le informó que las cuentas de cobro que se pasaban a ITS fueran a una
empresa denominada Uplink (ff. 1.070 y 1.071 caa).

-El ingeniero electrónico de la demandante, ubicado en el área de telecomunicaciones
móviles, rindió testimonio el 04 de julio de 2017. Adujo que trabajó en la compañía desde
el 2012 hasta marzo de 2016. En dicho testimonio, la Administración le preguntó si
conocía la empresa ITS, el testigo respondió «Si. (…) Es que en esta sociedad ITS hay algo raro,
(…), en un[o] de los proyectos que yo estaba me dijeron que el pago no iba a ser por OSC sino por ITS,
pero mis funciones no se vieron alteradas, lo que yo entendí es que solo era un cambio en la empresa que
me pagaba. A mí me hicieron pasar mi carta de renuncia en OSC y me empezaron a pagar por ITS, puedo
decir que, si fui empleado de ITS, pero nunca conocí las sedes, ni las personas que están vinculadas con
ITS. (…)» (ff. 1.075 y 1.076 caa).

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Por su parte, la representante legal de ITS declaró el 05 de junio de 2017 y frente a la
pregunta de si conocía la sociedad ITS indicó (ff. 1.054 a 1.056 caa): «… fui representante
legal principal de dicha sociedad, la única que había». Agregó que este cargo lo desempeño
«Desde abril de 2012 a enero o febrero de 2017» y luego, su respuesta frente a cuáles eran las
funciones que ejercía «firmar contratos, establecer conexión con el banco cuando se necesitaba,
temas legales, en la DIAN yo figuraba». Aseguró que no rendía informes de su gestión a nadie
ni a ella le rendían informes, «nunca había una asamblea, no había reuniones, los estados financieros
se firmaban, pero no se le presentaban a nadie, al banco cuando los pedía».

Expresó que ITS «es una sociedad panameña, pero nunca conocí a los socios», … «yo pasaba
cuentas de cobro, era por servicios de transporte, no por honorarios, pero no recuerdo si había contrato
escrito, … no tenía horarios, cuando necesitaban un contrato me lo enviaban y yo firmaba, las
declaraciones tributarias me las enviaban y yo firmaba, pero no tenía un horario como tal». Asimismo,
manifestó lo siguiente: «necesitaba liquidez, estaba pasando por un momento crítico y no podía recibir
por honorarios, necesitaba recibir el dinero líquido». Su respuesta a la pregunta sobre cuál era la
actividad económica que desarrollaba ITS fue: «servicios de telecomunicaciones, ningún otro que
yo recuerde. Enchufar cables, mirar antenas, es un tema complejo, era de esos servicios de
telecomunicaciones».

-La contadora pública de ITS, en testimonio del 23 de junio de 2017, sostuvo que sus
funciones consistían en: «Outsourcing contable, el outsourcing era digitar la información contable:
facturas de venta, recibos de caja, facturas de compra, cuentas de cobro, nomina, seguridad social,
consignaciones bancarias que iban con el extracto, eso, lo que conforma la contabilidad» su respuesta
a la pregunta si conocía la actividad de la empresa ITS «la conozco desde el punto de vista
contable, es decir, basado en la información que me enviaban, al (sic) empresa prestaba servicios
generales, en especial servicios técnicos y apoyo de [la]l logística para [la] prestación del servicio, o sea,
ITS le presta el servicio a una empresa que presta servicios de soporte a empresas que le prestan el
servicio de telecomunicaciones. ITS no le presta el servicio a los operadores directamente, es lo que
entiendo de cómo se trabajaba. De lo que yo veía en las facturas y los costos y los gastos, en general el
objeto final es que la empresa ITS colaboraba una parte en la cadena de todo lo que tiene que hacerse
para que la señal de celular se preste. Uno como persona del común dice yo le pago mi factura a Claro o
al operador, pero para que esto se dé, tienen que haber muchos pasos, lo que entiendo es que ITS estaba
en zonas apartadas». Su respuesta frente a la pregunta desde cuándo funcionaba ITS,
respondió «que yo sepa desde el 2010», así también, su respuesta frente a si conocía
físicamente las instalaciones «En el 2014 la dirección que ya di, Cra 75 No 23c 14, si la conocía, allí
funcionaba la oficina administrativa La conocía porque en el 2014 vine a Bogotá por un tema que tuve y
recuerdo que pase por [la] oficina, me atendió la secretaria; sé que es la dirección y me la sé porque para
muchos temas uno tiene que digitar la información. Estuve dos veces que me acuerde la de abril y la de
ju[ni]o. Yo no trabajé como tal en la oficina» (ff. 1.061 a 1.063 vto. caa).

(xiv) Resolución Sanción de Proveedor Ficticio 322412019900090, del 29 de julio de
2019, mediante la cual, se declaró con tal carácter a la sociedad ITS, notificada a través
de la página de publicación de la Administración tributaria el 20 de agosto de 2019 (ff.
2.350 a 2.367 caa).

A partir de lo anterior, la entidad demandada concluyó la inexistencia de las operaciones
entre la actora e ITS. Por su parte, la demandante alega que todas las transacciones
están soportadas en facturas de venta que reposan en el expediente, circunstancia que
no es controvertida por la Administración.

3.3- De conformidad con las pruebas anteriormente relacionadas, la Sala encuentra que,
contrario a lo aseverado por la apelante, la valoración probatoria efectuada por la
Administración y por el tribunal atendió los múltiples hallazgos que reposan en el
expediente administrativo. Así, las pruebas documentales contables y los soportes -entre
estos, las facturas- aportadas por la demandante (punto probatorio v) resultan
insuficientes para acreditar la realidad de los servicios adquiridos de ITS, pues, como se

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anunció desde el fundamento jurídico 3.1, la simulación que concluyó la autoridad
obedece a la realidad aparente de las transacciones, conforme se determinó con el
conjunto de pruebas indiciarias que fundamentalmente revelaron que ITS no tenía
instalaciones físicas y que, algunos de los empleados comunes laboraban para ambas
compañías sin haber conocido las instalaciones de aquella empresa (puntos probatorios
vii, viii, ix y x). Incluso, los presuntos proveedores de ITS fueron declarados ficticios por
la demandada (punto probatorio xii) y con posterioridad ITS también fue declarada
proveedora ficticia (punto probatorio xiv).

Además, no puede soslayar la Sección que las pruebas dieron cuenta de que el único
cliente de ITS fue la actora (punto probatorio, v), puesto que fueron las únicas facturas
expedidas por este supuesto proveedor y que, según algunas de las declaraciones
juramentadas de empleados y de personas que se encargaban de las funciones
administrativas, estos fueron contratados directamente por la demandante y ejecutaban
labores propias de la compañía (puntos probatorios, vii, viii, ix y x), pese a lo cual, recibían
pagos fraccionados entre la actora e ITS, sin conocer ni interactuar con personal o acudir
a las instalaciones de esta última. También se identificó que no reportaban actividades ni
entregaban documentación a ITS, lo cual contradice los soportes presentados por la
sociedad demandante para justificar las facturas de servicios emitidos por ITS, en las que
incluso se incluye personal de la actora como parte de la ejecución de la prestación de
servicios (puntos probatorios ibidem).

Así también, en el expediente incorporado de la compañía ITS al proceso de
investigación, se evidenció que, dentro de los soportes de ITS, figuran proveedores no
ubicables o declarados ficticios (punto probatorio, xii) como: «Comercializadora Canaxcol,
System Marketing SAS, Servicios Aduaneros Internacionales Impoexport SAS». Adicional a lo
anterior, durante el año 2019, en la Resolución 322412019900090 del 29 de julio de 2019,
(punto probatorio xiv), se declaró como proveedor ficticio a ITS. En este contexto, aunque
existan facturas formales con requisitos legales (punto probatorio v), al contrastarlas con
la realidad material, se demuestra que dichas operaciones no fueron reales.

Súmese que los puntos probatorios asociados con las declaraciones juramentadas de los
empleados permiten concluir a la Sala que, según las investigaciones adelantadas por la
DIAN por el año 2016, la demandante contrataba directamente personal para
desempeñar funciones relacionadas con su objeto social. Sin embargo, al momento de
efectuar los pagos, exigía a cada trabajador presentar cuentas de cobro tanto a la
demandante como a ITS por la misma labor realizada. Esto sugiere que la sociedad
duplicaba el mismo costo con el fin de respaldar facturas emitidas por su proveedor ITS
-como fue el caso del ingeniero electrónico-. Asimismo, considerando que en el año 2016
ITS tenía un único cliente y que las condiciones de la presunta operación entre ITS y la
actora eran idénticas, se puede concluir que se trataba de una misma operación
simulada, evidenciada en los años anteriores investigados. Si bien esto sucedió en otro
período del IVA al fiscalizado, esa conducta indiciaria fue reproducida en los
subsiguientes bimestres del IVA, pues las pruebas obtenidas (punto probatorio, xii)
revelaron que la compañía ITS formalmente existía, pero materialmente no operaba.

Por las anteriores razones, la Sala reafirma que las pruebas fueron adecuadamente
valoradas y revelaron la simulación de transacciones de compras, de modo que las
glosas cuentan con un sustento probatorio válido y abundante, contra el cual la
demandante no aportó pruebas que acreditaran la realidad de los servicios reclamados,
más allá de la formalidad de su contabilidad y los soportes.

No prospera el cargo de apelación.

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4- Respecto de la sanción por inexactitud, argumenta la actora que esta es improcedente,
por no adecuarse la conducta al tipo infractor, lo cual desestimará la Sala, en tanto se
estableció la inclusión de impuestos descontables inexistentes, derivados de operaciones
que fueron simuladas, lo cual se enmarca en las conductas descritas como inexactas en
el artículo 647 del ET, razón por la que su imposición, en el equivalente al 100% del
mayor impuesto, se encuentra ajustada a la legalidad. No prospera el cargo de apelación.

5- A partir de las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en los párrafos
precedentes, la Sala confirmará el fallo de primera instancia.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente
sentencia, se advierte que, cuestionada la existencia de una operación por existir
elementos de convicción en tal sentido, no resulta suficiente que el contribuyente acredite
formalmente la operación; en tal caso, resulta indispensable que demuestre su realidad.

Costas

7- Acorde con la posición mayoritaria de la Sala11 y al Acuerdo PCSJA25-12355, del 28
de noviembre de 2025 del CSJ, se condenará en costas a la demandante en esta
instancia, por ser la parte vencida. A tal efecto, se tasan las agencias en derecho en un
salario mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En consecuencia, se ordenará al
tribunal tramitar el correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y fijar las agencias en derecho
en el equivalente a un salario mínimo a la ejecutoria de la presente providencia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto parcial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

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