Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00413-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00413-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00413-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
25 de abril de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00413-01 (28255)
Demandante: Elvira Leonor Cajiao Caycedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00413-01 (28255)
Demandante: Elvira Leonor Cajiao Caycedo
Demandado: DIAN
Temas: Sanción por no informar. Oportunidades probatorias. Favorabilidad.
Límites. Multa pagada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 08 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 20):
Primero: Declarar la nulidad parcial de la Resolución Sanción 322412019000607, del 26 de diciembre
2019 y su confirmatoria la Resolución 535, del 29 de enero de 2021.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la sanción por no enviar información
discutida en el presente proceso asciende a $40.380.706.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
En el Pliego de Cargos 322392019000242, del 29 de marzo de 2019, la demandada
propuso sancionar a la actora por incumplir el deber de reportar en medios magnéticos
la información relativa a las transacciones que realizó en 2016 (ff. 20 a 25 caa). El 27 de
junio siguiente, la demandante rindió descargos aceptando la comisión de la infracción y
dando cuenta de que el 20 de junio anterior regularizó la conducta con la presentación
de la información en medios magnéticos (ff. 36 a 51 caa), por lo cual pagó una sanción
reducida de $39.824.000 (f. 52 caa), la que autoliquidó en el 5% de la cuantía de los datos
que consideró omitidos, disminuida con las reducciones dispuestas en el inciso 3.º del
artículo 651 del ET y en el ordinal 3.º del artículo 640 del ET (Estatuto Tributario). A
continuación, la Resolución 322412019000607, del 26 de diciembre de 2019, sancionó a
la actora en los términos propuestos en el pliego de cargos y rechazó la petición de
graduación y reducción de la sanción (ff. 55 a 61 vto. caa), decisión que fue recurrida,
1
El expediente ingresó al despacho sustanciador el 17 de noviembre de 2023 (índice 3). Todas las menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.
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Demandante: Elvira Leonor Cajiao Caycedo
para lo cual la infractora transmitió el formato de medios magnéticos que hizo falta y pagó
una sanción reducida de $666.000, correspondiente al 5% de la cuantía no informada y
las reducciones de los artículos 651 y 640 del ET (ff. 65 a 74 y 80 a 82 caa); pero la
Resolución 535, del 29 de enero de 2021, confirmó la sanción impuesta (ff. 114 a 123
caa).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
A. Principales
1. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Sanción 322412019000607, del 26 de diciembre
2019, proferida por el jefe de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Naturales y Asimiladas
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 535, del 29 de enero de 2021, proferida por el
subdirector de la División de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
3. Que, con ocasión de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que la base para
calcular la sanción por no enviar información del artículo 651 del ET era $3.215.231.298, que corresponde
al patrimonio que la actora tenía que reportar y no reportó en tiempo.
4. Que, como consecuencia de lo anterior, la sanción por no enviar información era de $160.761.565.
5. Que proceden las reducciones de que tratan los artículos 651 y 640 del ET de la siguiente manera:
sobre la suma de $158.858.415: al 50% (artículo 651 del ET) y al 50% (artículo 640 del ET) para un
subtotal de $39.714.604; y sobre la suma de $38.063.000 al 70% (artículo 651 del ET) y al 50% (artículo
640 del ET) para un subtotal de $666.000. Entonces, la sanción total a cargo corresponde a $40.380.760.
6. Que se ordene a la autoridad tributaria devolver las sumas pagadas en exceso.
7. En el evento en que no concedan las pretensiones, que no se condene en costas, en la medida en que
no se generaron ni se causaron.
B. Subsidiarias:
1. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que proceden las reducciones de la sanción
de que tratan los artículos 651 y 640 del ET de la siguiente manera: sobre la sanción equivalente a
$347.339.000 al 70% (artículo 651 del ET) y al 50% (artículo 640 del ET), para una sanción total de
$121.568.000.
2. Que, una vez valoradas las pruebas y los argumentos expuestos en la presente demanda, se determine
la sanción por no enviar información según corresponda, conforme a la aplicación de las leyes, sin que,
en ningún caso, sea más desfavorable a la determinada por la autoridad tributaria, y se ordene devolver
las sumas pagadas en exceso.
A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29 y 84 de la
Constitución; 740 y 756 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1873); y 638, 651, 742 y 777 del
ET, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):
Sostuvo que su contraparte transgredió la correspondencia entre los actos demandados,
porque cuando decidió el recurso de reconsideración, por primera vez, planteó que la
información fue suministrada con errores; y además alegó que esto no se ajustaba a la
realidad porque los datos fueron reportados correctamente.
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Aunque admitió que incurrió en la conducta infractora al omitir informar antes de que se
profiriera el pliego de cargos, censuró que la demandada tomara el patrimonio bruto que
declaró en el impuesto sobre la renta como base para liquidar la multa, ya que, en su
criterio, debió excluir el valor patrimonial de los activos fijos (como inmuebles y vehículos
automotores) porque no hacían parte de los datos que debía suministrar; y que le negara
valor probatorio al certificado contable que demostraba la composición del patrimonio
bruto denunciado en el impuesto sobre la renta, argumentando que las pruebas idóneas
de la titularidad de los bienes raíces y de los vehículos automotores eran el registro en la
oficina de instrumentos públicos y la tarjeta de propiedad, respectivamente. Aseguró que
de ese modo se le desconoció el tema de prueba, pues no era el derecho de dominio de
esos bienes sino a la identificación de los activos declarados y su valor patrimonial.
Con todo, sostuvo que subsanó la infracción antes de que le notificaran la resolución
sancionadora y, respecto del formato 1011, en el plazo para interponer el recurso de
reconsideración. Por ende, en su opinión, eran aplicables las reducciones dispuestas por
el inciso 3.º del artículo 651 del ET y el ordinal 3.º del artículo 640 ejusdem. Aseguró que
cumplió con los requisitos para acceder a esas atenuaciones, pues mediante memorial
aceptó que incurrió en la infracción y pagó la multa de conformidad con su debida
liquidación y graduación.
Por último, pidió la devolución de los montos que pagó en exceso, en la medida en que
nunca aceptó la tasación oficial de la multa.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones y pidió condenar en costas a la actora (índice
9). Adujo que la sanción debatida correspondía al 5% de la información no suministrada,
la cual determinó a partir del patrimonio bruto declarado en el impuesto sobre la renta,
toda vez que no se aportaron pruebas idóneas sobre la titularidad de los activos fijos que
pidió excluir de la base de cálculo de la multa. Planteó que los pagos hechos por la actora
no implicaron la regularización de la conducta porque no aceptó la base de la sanción
propuesta, ni satisfizo el monto completo de la multa reducida a que tendría derecho.
Sentencia apelada
El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin imponer condena
en costas (índice 26). Juzgó que, como en el acto definitivo la demandada no cuestionó
la información que suministró la actora al rendir descargos, no procedía hacerlo en la
resolución del recurso de reconsideración. A partir de las pruebas aportadas al proceso,
aceptó la base para liquidar la multa determinada por la actora, pues constató que el
patrimonio bruto que declaró en el impuesto sobre la renta incluyó datos que no hacían
parte de la información a reportar mediante el formato 1012 (señaladamente, el valor
patrimonial de los inmuebles y vehículos). Por ende, concluyó que la dosificación que
hizo la actora de la sanción se adecuó a lo dispuesto en los artículos 651 y 640 del ET.
También consideró subsanada la conducta en lo atinente al formato 1011, porque fue
reportado en el plazo para interponer el recurso de reconsideración con el pago completo
de la multa reducida. Por último, negó la devolución pretendida, pues juzgó que debía
solicitarse a la Administración.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión del a quo (índice 23), para lo cual controvirtió la
atenuación de la multa argumentando que en el trámite del procedimiento sancionador la
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demandante no demostró el pago completo de la sanción reducida y solo vino a aportar,
por primera vez, las pruebas que demostraban los rubros que integraban la base para la
liquidación de la sanción en el proceso judicial, razón por la cual sostuvo que no podían
conllevar la nulidad de los actos demandados.
Pronunciamientos finales
La demandante sostuvo que, para la reducción de la sanción, los artículos 651 y 640 del
ET no exigían que se demostraran los factores que integraban la base para liquidar la
multa, sino que ese requisito fue dispuesto en la sentencia del 27 de junio de 2019 (exp.
22421, CP: Julio Roberto Piza), la cual era posterior a la subsanación de la conducta del
caso que se juzga. Aseguró que aportó las pruebas al procedimiento sancionador y las
complementó en el proceso, tal y como lo juzgó el tribunal (índice 12). El ministerio público
pidió confirmar la sentencia apelada, porque las pruebas del plenario demostraban que
la demandante acreditó los requisitos para las reducciones del inciso 3.º del artículo 651
del ET y del ordinal 3.º del artículo 640 del ET (índice 13).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1-Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo al cargo planteado por la
demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenarla en costas. Por
tanto, se debe definir si se podía dosificar la multa a cargo de la demandante a partir de
los medios probatorios aportados en el proceso judicial.
Análisis del caso concreto
2- Censura la apelante única que la sentencia impugnada admitiera la reducción de la
multa conforme al inciso 3.º del artículo 651del ET y con el ordinal 3.º del artículo 640 del
mismo estatuto, pese a haber admitido que la actora no demostró el pago completo de la
sanción reducida en sede administrativa, ya que las pruebas que demostraban la correcta
determinación de la base para la liquidación de la sanción fueron aportadas, por primera
vez, con la demanda.
Sobre el particular, la Sala aprecia que en la sentencia recurrida se juzgó que las pruebas
aportadas por la actora al procedimiento administrativo sancionador no desvirtuaron que
la base de cálculo de la multa fuera el valor del patrimonio bruto declarado en el impuesto
sobre la renta, pero, a efectos de estudiar los cargos que procuraban la graduación de la
sanción a la que hubiera lugar, el a quo valoró los medios probatorios aportados con la
demanda y llegó a la conclusión de que los actos demandados transgredieron las normas
en las que debían fundarse en lo relativo al cálculo de la multa. Específicamente, censuró
que incluyeran en la base de cuantificación de la sanción el valor patrimonial de los bienes
inmuebles y de los vehículos poseídos por la actora, pese a que dichos datos no hacían
parte de la información afectada por la infracción. En línea con ese análisis, reconoció
que la actora aportó en medios magnéticos la información relativa a las transacciones
económicas llevadas a cabo en 2016 antes de que se le impusiera la multa, salvo los
datos del formato 1011 que fueron reportados en la oportunidad para interponer el recurso
de reconsideración. Por tanto, consideró que la infractora subsanó la omisión al deber de
informar en que incurrió y, además, cumplió con los demás requisitos para acceder a las
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reducciones previstas en el inciso 3.º del artículo 651 del ET y en el ordinal 3.º del artículo
640 del ET, porque mediante memorial aceptó que incurrió en la infracción y pagó la multa
de conformidad con su debida liquidación y graduación.
De las circunstancias descritas se evidencia que el tribunal valoró las pruebas discutidas,
de conformidad con el artículo 212 del CPACA, que establece la demanda como una de
las oportunidades para aportar medios de prueba en vía judicial. Además, lo hizo para
establecer la base correcta sobre la cual se debía calcular la sanción, habida cuenta de
que la infractora alegó que la autoridad tributaria liquidó la multa a partir de una base
distinta al valor de la información afectada por la infracción y aseguró que, tomando la
base correcta, pagó la multa con las atenuaciones a las que tenía derecho según el inciso
3.º del artículo 651 del ET y el ordinal 3.º del artículo 640 del ET. Encuentra la Sala que,
atendiendo al ordenamiento aplicable, esa decisión del tribunal respetó las oportunidades
para aportar pruebas al proceso y se enmarca en los principios y preceptos que, en el
ordenamiento colombiano, regulan la individualización de las penas y sanciones cuando
el Estado ejerce las potestades punitivas de las que está investido.
Sobre el particular, ha advertido la jurisprudencia constitucional que «una vez impuestas
las sanciones, la dosimetría aplicada por el operador administrativo es susceptible de
controvertirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual constituye una
garantía judicial para el sancionado» (sentencia C-699 de 2015). En esa medida, para
determinar judicialmente la consecuencia apropiada ante la comisión de un ilícito, se
requiere adelantar un juicio de adecuación y proporcionalidad que impida excesos o
defectos en el ejercicio del poder público y que proteja los derechos y garantías que se
le reconocen, en un Estado de derecho, a quienes han infringido la norma (sentencias C-
916 de 2002, C-822 de 2005 y C-575 de 2009). Por ende, como quiera que la base de
cálculo de la multa corresponde a uno de los elementos de graduación de la punibilidad
de la conducta, el operador judicial debe motivar su decisión en los aspectos probados
en el proceso, considerando a esos efectos los medios de prueba allegados en las
oportunidades probatorias propias del proceso contencioso-administrativo.
Por consiguiente, estima la Sala que el tribunal, al tener en cuenta las pruebas que aportó
la actora para acreditar la procedencia de los valores de la base correcta sobre la cual se
debe calcular la multa, no transgredió el ordenamiento, sino que atendió a las exigencias
constitucionales y legales que rigen la actividad judicial. Además, como lo reconoció la
Sala en la sentencia de unificación 2019CE-SUJ-4-010, del 14 de noviembre de 2019
(exp. 22185, CP: Julio Roberto Piza), el hecho de que la autoridad tributaria liquide la
sanción a partir de una base distinta a la que correspondería, no le impide al infractor
pagar la multa sobre la base correcta para dosificarla conforme a los atenuantes que se
reconocen por el ordenamiento jurídico.
En el caso, la demandada solo discute la oportunidad en la que la actora probó los valores
que harían base para la multa, por lo que, al no proceder ese planteamiento, se concluye
que la demandante sí cumplió con los requisitos legalmente exigidos por las normas
invocadas para acceder a la atenuación de la pena y, por ende, correspondía reducir la
sanción. No prospera el cargo de apelación.
3- Las anteriores consideraciones llevarían a confirmar la decisión apelada, pero la Sala
advierte que, por las circunstancias del caso, se debe continuar con el análisis de la multa
que finalmente corresponde imponer porque la sanción contemplada para la conducta
infractora que se juzga fue disminuida, por el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022, al 1%
de las cuantías no informadas, de modo que se requiere estudiar el efecto que arrastraría
para el sub lite el principio de favorabilidad en materia punitiva, previsto en el artículo 29
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constitucional y replicado en el artículo 640 del ET (modificado por el artículo 282 de la
Ley 1819 de 2016), toda vez que en eventos de tránsito legislativo el juzgador debe fundar
su decisión, aun de oficio, en el precepto posterior cuando sea benigno para el infractor
en comparación con el que estaba en vigor en el momento de ocurrencia de la infracción
(sentencias del 21 de febrero de 2019, exp. 22182, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto;
del 25 de mayo de 2023, exp. 27205, CP: Wilson Ramos Girón; y del 03 de agosto de
2023, exp. 27353, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras).
Así las cosas, la liquidación de la sanción por no informar bajo la norma posterior tendría
como desenlace matemático una cifra inferior a la que arroja el haber empleado el
porcentaje de liquidación de la sanción que contemplaba la norma que estaba vigente en
el momento en que se incurrió en la infracción (5%). Pero ese resultado, y más aún las
atenuaciones que sobre este serían pertinentes por virtud del inciso 3.º del artículo 651
del ET y del ordinal 3.º del artículo 640 ejusdem, superan el límite jurídico de aplicación
del principio de favorabilidad, razón por la que, en últimas, no determinan la multa exigible
en el presente caso. Lo anterior porque el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 preceptúa
que la norma permisiva también favorece al «condenado que está sufriendo su condena»,
canon desde el cual la jurisprudencia (Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
casación del 11 de julio de 1952 y sentencia de la Corte Constitucional C-225 de 2019) y
la doctrina2 han desarrollado el programa de aplicación de las normas permisivas,
estableciendo que, si bien el postulado beneficia a quien no ha cumplido o terminado de
cumplir su sanción, de ninguna manera supone afectar o disminuir aquella sanción que
ya ha sido satisfecha o ejecutada plenamente según lo dispuesto con anterioridad a la
entrada en vigor de la norma que se reputa favorable. De modo que, en el ámbito
sancionador tributario, la favorabilidad puede implicar disminuir la multa que no haya sido
pagada a la fecha (cuestión que esta Sección contempló desde la sentencia del 04 de
abril de 2019, exp. 23632, CP: Julio Roberto Piza), pero no podrá dar lugar a un resultado
por debajo de la sanción que ya ha sido cumplida mediante el pago efectivo de la multa.
Consecuentemente, en el sub lite la aplicación de la norma posterior y benéfica (i.e. el
artículo 80 de la Ley 2277 de 2022) nunca arrojará un resultado inferior al de la multa que
ya fue atendida o efectivamente cumplida por la infractora (ff. 65 a 74 y 80 a 82 caa), que
por demás es el valor al que se circunscribe la quinta pretensión de la demanda y que
fue declarado como procedente en la sentencia apelada. Por ende, la Sala confirmará la
providencia del a quo.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que el sujeto infractor puede aportar con la demanda las pruebas para
demostrar la base de cálculo para liquidar la multa pertinente a la conducta infractora,
debido a que la dosificación punitiva que realice la autoridad administrativa es susceptible
de controvertirse en la jurisdicción contencioso–administrativa en el marco de la garantía
de tutela judicial efectiva de que goza el sancionado. Además, en virtud del principio de
favorabilidad, procede adecuar la multa por no enviar información a la norma posterior
favorable, incluso de oficio, pero el límite de esa actividad es el monto de la sanción que
ya haya sido cumplida o pagada.
Con arreglo a esas pautas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque
carece de sustento jurídico el planteamiento de la demandada según el cual, a efectos
de acceder a las atenuaciones punitivas previstas en el ordenamiento jurídico, solo
2
Reyes Echandía (2017). Derecho Penal. 9ª reimpresión de la 11ª edición. Bogotá: Temis, pp. 63 y ss.
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podrían aportarse las pruebas de la base de liquidación de la sanción aportadas durante
el procedimiento administrativo sancionador.
Costas
5- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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