Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00420-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00420-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00420-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00420-01 (28801)
Demandante BEST LUCK S.A EN REORGANIZACIÓN
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Año 2014.
Proceso de reorganización. Liquidación de aforo. Carga de la
prueba para determinación de las bases en la liquidación de
aforo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandantes y demandada contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1,
que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900017 de 19
de febrero de 2020, por medio de la cual se determinó el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE del año gravable 2014 y la Resolución nro. 1940 de 25 de marzo de 2021, por
medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado contra la Liquidación
Oficial de Aforo nro. 900017. Sin lugar a condena en costas en cuanto no se comprobó su
causación dentro del proceso.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto
sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014 de BEST LUCK S.A. EN
REORGANIZACIÓN el valor determinado en la liquidación efectuada por este tribunal en la parte
motiva de esta providencia. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 14 de mayo de 2015, la sociedad Best Luck S.A en Reorganización (BEST LUCK)
presentó la declaración del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año
gravable 2014, liquidando saldo a pagar por concepto de impuesto, anticipo de
sobretasa y sanciones2. Esta declaración fue presentada sin pago.
El 4 de marzo de 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
profirió el auto declarativo 3123820160000033, señalando que, bajo el parágrafo del
artículo 27 de la Ley 1607 de 2012, la declaración se tiene como no presentada.
El 3 de noviembre de 2016, la Administración emitió el emplazamiento para declarar
9000154, indicándole a BEST LUCK que tenía el plazo de un mes para cumplir con la
obligación de presentar la declaración de CREE del 2014, y que, vencido el término
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Samai de Tribunal, índice 2. Expediente Digital. Escrito de demanda. Documento en formato .pdf denominado
«3_ED_DEMANDAY_DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 2»
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Folio 17, Caa.
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Folio 6, Caa.
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Folio 106, Caa.
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Demandante: Best Luck S.A en reorganización
sin que se hubiese presentado la misma procedería aplicar la sanción por no
declarar. El 14 de marzo de 2018, la DIAN profirió la resolución sanción 9000065,
imponiéndole a BEST LUCK sanción por no haber presentado la declaración.
El 19 de febrero de 2020, la DIAN expidió la liquidación oficial de aforo 9000176, en
la que determinó el CREE del año gravable 2014 a cargo de BEST LUCK, sin tener en
cuenta costos y deducciones, por cuanto estimó como no probados los mismos.
Dicho acto fue confirmado mediante resolución 19407 del 25 de marzo de 2021 que
resolvió el recurso de reconsideración8.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones9:
PRIMERO: que se declare que el impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 2014
se causó el 31 de diciembre del año 2014.
SEGUNDO: que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Oficial de Aforo N. 900017, por medio de la cual se determinó el impuesto
sobre la renta para la equidad CREE del año 2014;
• Resolución Número 1940 por la cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado
contra la Liquidación Oficial de Aforo No. 900017.
TERCERO: que, como consecuencia de la anterior declaratoria, se le ordene a la DIAN lo
siguiente:
• Que se abstenga de iniciar cualquier proceso de cobro con base en la Liquidación Oficial
de Aforo N. 900017;
• Que en caso de que haya cobrado cualquier suma con base en la Liquidación Oficial de
Aforo N. 900017, le restituya los dineros al contribuyente;
CUARTO: Que se condene a la parte demandada al pago de las costas conforme lo establecido
en el artículo 188 del C.P.A.C.A., en concordancia con los criterios de aplicación de las tarifas
establecidas para este tipo de cuota litis en lo atinente a las agencias en derecho.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 83, 95
(numeral 6), 363 de la Constitución Política; 1, 4, 7, 40, 50 (numeral 13), 71 de la
Ley 1116 de 2006; 21 de la Ley 1607 de 2012; 45 y 746 del Estatuto Tributario.
Sustentó la violación de las normas en los siguientes hechos y fundamentos.
1. El proceso de determinación desatendió las normas relacionadas con el
proceso de reorganización empresarial de la Ley 1116 de 2006.
Explicó que, después de presentar de manera oportuna la declaración de CREE del
año gravable 2014, entró en el proceso de reorganización empresarial de la Ley
1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial, de
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Folio 149, Caa.
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Folio 189, Caa.
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Folio 218, Caa.
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Folio 200, Caa.
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Samai de Tribunal, índice 2. Expediente Digital. Escrito de demanda. Documento en formato .pdf denominado
«3_ED_DEMANDAY_DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 2»
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Demandante: Best Luck S.A en reorganización
acuerdo con el auto admisorio 400-015648 de la Superintendencia de Sociedades
del 20 de noviembre de 2015.
Indicó que dentro de ese proceso concursal, la superintendencia remitió el proyecto
de calificación y graduación de créditos, incluyendo el correspondiente a la
declaración de CREE del 2014, punto que fue objetado por la DIAN, quien indicó que,
conforme al artículo 27 de la Ley 1607 de 2012 y al artículo 580 del Estatuto
Tributario, esa declaración debía tenerse como no presentada por no haberse
pagado, y que, por tanto, la obligación fiscal no debía reconocerse en la
reorganización como saldo de capital vencido, sino como contingencia,
proyectándose su pago en el flujo de caja. Explicó que, en esa misma oportunidad,
la Administración advirtió que habría futuros requerimientos incluyendo sanciones,
así que la cuantía debía ser superior a la inicialmente declarada.
Agregó que, el 15 de junio de 2016, en la audiencia de resolución de objeciones, la
superintendencia aceptó parcialmente la objeción de la DIAN, precisando que los
créditos causados antes de la apertura del proceso debían someterse al trámite
concursal y advirtiendo que, aunque la Administración podía adelantar actuaciones
de determinación, no podía iniciar acciones de cobro.
En línea con lo anterior, sostuvo que la DIAN desatendió varios artículos de la Ley
1116 de 2006, así:
• El artículo 1 (objetivo del proceso de reorganización empresarial), porque con su actuar
la Administración buscó evitar que se cumpliera con la finalidad de preservar la empresa
viable. Al objetar el crédito correspondiente al CREE de 2014, causado antes de la entrada
al proceso concursal, la DIAN persiguió que este se pague como un gasto de
administración y no dentro de los créditos graduados y calificados, lo cual pone en riesgo
la viabilidad de BEST LUCK.
• El artículo 4 (principios del régimen de insolvencia, especialmente el del tratamiento
equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia), porque al
presentar objeciones para que se le pague como un gasto de administración, y no como
un crédito graduado y calificado, la Administración pretendió obtener una ventaja
injustificada frente al resto de los acreedores. Esto, especialmente si se considera que el
CREE se causó el 31 de diciembre de 2014, y, por tanto, debía ser parte del acuerdo de
reorganización, dado que ella fue admitida a este el 20 de noviembre de 2015.
• El artículo 40 (obligatoriedad de los acuerdos de reorganización tanto para el deudor,
como para los acreedores, incluyendo quienes no hayan participado en la negociación),
porque cuando la DIAN objetó el crédito, que ya había sido graduado y calificado e inició
el proceso de determinación, lo hizo para tener un título para cobrar la obligación fiscal
abstrayéndose de la obligación de recibir el pago de su acreencia en los términos del
acuerdo concursal.
• Los artículos 7 y 50 (numeral 13) (principio de prevalencia de las normas concursales),
porque, a pesar de que con el recurso de reconsideración se le puso de presente a la DIAN
los problemas que tenía el proceso de determinación del impuesto a la luz del proceso
concursal, esta insistió en que su actuar era correcto porque la Ley 1116 no contemplaba
la pérdida de su capacidad de fiscalización durante la etapa de reorganización. Citó la
Sentencia C-006 de 2018 de la Corte Constitucional.
• El artículo 71 (las obligaciones causadas después de la fecha de inicio del proceso de
insolvencia serán gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre
aquellos objeto del acuerdo de reorganización), porque, con los actos demandados, la
DIAN formalizó su pretensión ilegítima, que fue la de tener un título para cobrar
obligaciones que fueron causadas antes de la admisión al proceso concursal. Reiteró que
el impuesto se había causado a 31 de diciembre de 2014, antes de la admisión a ese
proceso.
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2. Se ignoró el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012, según el cual el impuesto
se entiende causado al finalizar el período gravable.
Afirmó que la DIAN confunde la causación del tributo con el proceso de
determinación, y, con ello viola el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012, de acuerdo
con el cual el CREE se causa a 31 de diciembre de cada año, y, en su caso, del 2014.
Señaló que la violación del artículo 71 de la Ley 1116 está conectada con esto,
pues, en violación del artículo 21 ibidem, la DIAN concluyó que esta obligación fiscal
debía tratarse como un gasto de administración, porque si bien el hecho imponible
es anterior a la apertura del proceso de reorganización (31 de diciembre de 2014),
la liquidación oficial de aforo, en donde se determinó la obligación tributaria, fue
proferida con posterioridad a la apertura del proceso de reorganización.
3. Se aplicó de forma conveniente la presunción de veracidad del artículo
746 del Estatuto Tributario, pues se tomaron como ciertos los ingresos,
pero no los costos y deducciones. Se ignoró el artículo 45 ibidem.
Sostuvo que la DIAN aplicó parcialmente el artículo 746 del Estatuto Tributario
(presunción de veracidad), pues con base en esa norma, utilizó la contabilidad de
BEST LUCK y la información consignada en la declaración privada presentada
originalmente para tomar como válidos los ingresos, pero no para establecer los
costos y los gastos, con lo cual aplicó esa norma sólo para determinar un mayor
impuesto, pero no para liquidarlo atendiendo su realidad económica.
Evidenció que la DIAN tomó como parte de los ingresos, aquellos contabilizados y
declarados por concepto de siniestros, pero que decidió no incluirlos como ingresos
no constitutivos, ignorando lo ordenado en el artículo 45 del Estatuto Tributario.
4. La DIAN desconoció el postulado de la buena fe del artículo 83 de la
Constitución Política.
Señaló que la demandada desconoció en dos sentidos el postulado del artículo 83
de la Constitución, según el cual las actuaciones de los particulares y la
administración deben ceñirse al postulado de la buena fe.
Por una parte, porque durante el proceso concursal ella incluyó, de buena fe y en
favor de la DIAN, el crédito del CREE de 2014, por tratarse de una obligación causada
antes de su admisión al proceso de reorganización, pese a lo cual la demandada
decidió proferir un auto declarativo para tener como no presentada la declaración,
reiterando posteriormente, y en violación a la ley, que se trataba de obligaciones
causadas con posterioridad a la apertura del proceso concursal. Y, por otra, porque
en la liquidación oficial de aforo la Administración utilizó la contabilidad y la
declaración privada del año 2014 como plena prueba para determinar los ingresos,
pero las desconoció para efectos de costos y deducciones, al fijarlos en cero.
5. La DIAN desconoció los principios de justicia y equidad y de capacidad
contributiva de los artículos 95 y 363 de la Constitución Política.
Primero, explicó que el artículo 95 de la Constitución Política establece la obligación
de contribuir a la financiación de los gastos e inversiones del Estado y que el 363
ibidem señala que las actuaciones de los intervinientes del sistema tributario deben
estar guiadas por los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Afirmó que
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la Administración ignoró ambos preceptos al determinar un tributo con posterioridad
a su graduación y calificación dentro de un proceso concursal; indicó que se ignoró
la realidad económica de los negocios, pues no es posible obtener los ingresos que
tuvo en 2014, sin incurrir en ningún tipo de costo ni deducción.
6. Los actos administrativos adolecen de falsa motivación.
Sostuvo que los actos administrativos fueron falsamente motivados, toda vez que la
demandada tuvo en cuenta hechos que no ocurrieron o no fueron demostrados.
Afirmó que no es verdad que: (i) el CREE del año 2014 se hubiera causado cuando
la Administración profirió la liquidación oficial de aforo, pues ese impuesto se causó
el 31 de diciembre del 2014; (ii) el costo hubiera sido de cero durante el 2014, dado
que es imposible tener el nivel de ingresos por ventas que se incluyó en la
contabilidad y la declaración (tomado como cierto por la DIAN), sin haber incurrido
en costos. Agregó que esos costos estaban reflejados en la declaración de renta
del año 2014, la cual nunca fue cuestionada por la DIAN y se encuentra en firme; (iii)
el valor de los ingresos netos de BEST LUCK durante el 2014 hubiera sido el indicado
en la liquidación de aforo, sino que el valor correcto era el indicado en la declaración
de renta, la cual no fue cuestionada; (iv) el valor de la renta bruta no era cierto, pues
para su cálculo la DIAN no consideró los costos debidamente determinados por ella.
Finalizó señalando que es falsa la afirmación de la Administración sobre que (v) las
deducciones del período 2014 debían ser cero (0) porque los registros contables del
Balance de Prueba y los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 certificados
dan cuenta de las deducciones que tuvo.
Oposición de la demanda
La Administración10 se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en lo siguiente:
En cuanto a la supuesta violación de las normas relacionadas con el proceso de
reorganización empresarial de la Ley 1116 de 2006, señaló que ni la Ley 1116 de
2006 ni el Estatuto Tributario consagran disposición que limite sus facultades de
fiscalización y determinación respecto de sociedades que se encuentran en proceso
de reorganización. Recordó que era un hecho no discutido que BEST LUCK presentó
la declaración del CREE del año 2014 de manera extemporánea y sin pago, la cual
se consideró como no presentada, por lo cual profirió emplazamiento para declarar
y propuso la sanción correspondiente, sin que la demandante hubiera dado
respuesta.
Precisó que se encontraba plenamente facultada para determinar el tributo dejado
de declarar, con independencia del proceso concursal, y explicó que la liquidación
oficial de aforo se ciñó a las disposiciones del Estatuto Tributario. Agregó que BEST
LUCK pretende generar confusión entre el proceso de determinación tributaria y el
proceso de cobro, siendo que el primero no hace parte del segundo, sino que tiene
por objeto determinar el impuesto y constituir el título ejecutivo, de modo que
cualquier discusión sobre la calificación, graduación u objeción al cobro del crédito
debía plantearse ante la Superintendencia de Sociedades, como juez natural del
proceso de reorganización y no ante esta jurisdicción.
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Samai de Tribunal, índice 16. Documento comprimido en formato .zip denominado
«19_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 16»
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Insistió en que el hecho que la demandante se encuentre adelantando un proceso
de reorganización, no implica que se condonen las irregularidades ocurridas con
anterioridad, ni impide adelantar las actuaciones correspondientes.
En relación con la aplicación de los artículos 45 y 746 del Estatuto Tributario,
precisó que, si bien la demandante registró un valor por siniestro, no existía prueba
que lo acreditara y aquella no aportó soporte alguno en sede administrativa, por lo
que no lo calificó como ingreso no constitutivo de renta.
Afirmó que el hecho de que una declaración se tenga por no presentada no implica
que pierda todos sus atributos como documento expedido por el contribuyente,
salvo el relativo al cumplimiento de la obligación formal de declarar, de modo que
los valores allí consignados constituyen una manifestación escrita y se erigen en
plena prueba en su contra. En línea con esto, y haciendo alusión a la supuesta falsa
motivación, indicó que, los costos reportados no concordaban con los registros
contables y que no se demostró el cumplimiento de los requisitos legales para su
procedencia, razón por la cual fueron determinados en cero. Señaló que con las
deducciones ocurrió lo mismo, por lo que también fueron rechazadas. Adicionó que,
si BEST LUCK pretendía controvertir las cifras determinadas, pudo hacerlo con el
recurso de reconsideración; no obstante, nada dijo al respecto en sede
administrativa, como tampoco aportó elemento alguno de prueba con la demanda.
En cuanto a los principios de buena fe, justicia y equidad, afirmó que, según obra
en el expediente, la demandante tuvo todas las oportunidades procesales y los
recursos para desplegar las estrategias de defensa y aportar pruebas. Así mismo,
se aplicaron los procedimientos de la normativa tributaria, con lo cual se respetaron
esos principios, como parte del derecho de defensa y debido proceso.
Argumentó que no procede la condena en costas en procesos donde se ventila un
interés público, y que la controversia tributaria sobre la correcta determinación de
impuestos reviste tal carácter. Solicitó el reconocimiento de costas procesales a su
favor, con fundamento en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 361, 365 y 366 del Código General
del Proceso, y pidió que las agencias en derecho fueran liquidadas conforme a las
tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Sentencia apelada
El Tribunal11 declaró la nulidad parcial de los actos demandados y no condenó en
costas, de conformidad con las siguientes consideraciones.
Respecto de la legalidad de la liquidación de aforo, advirtió que en el expediente no
obraba el acuerdo de reorganización, ni fue aportado en sede judicial por ninguna
de las partes, lo cual impidió verificar los términos en los que la DIAN objetó la
obligación del CREE 2014. Observó que si bien el CREE era un impuesto de período,
cuya causación comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, dicha
discusión resultaba irrelevante para el caso, pues se encontraba acreditado que
BEST LUCK presentó la declaración correspondiente de manera extemporánea y sin
pago, razón por la cual la DIAN la tuvo como no presentada, mediante auto
declarativo del 4 de marzo de 2016, frente al cual no se interpuso ningún recurso.
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Samai de Tribunal, índice 26. Documento en formato .pdf denominado « 28_SENTENCIA(.pdf) NroActua 26».
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A partir de lo anterior, concluyó que la actuación de la DIAN no vulneró la Ley 1116
de 2006, en la medida en que el artículo 20 de dicha normativa se refiere a procesos
de ejecución y cobro, mas no a los procedimientos de determinación del impuesto.
Precisó que la liquidación oficial de aforo no constituye un acto de cobro, sino el
mecanismo a través del cual la Administración, en ejercicio de sus facultades de
fiscalización, determina oficialmente el tributo cuando el contribuyente ha omitido
declararlo de manera válida.
En consecuencia, al existir un auto que tuvo por no presentada la declaración, la
DIAN estuvo facultada para iniciar y adelantar válidamente el procedimiento de aforo,
sin que esto pueda entenderse como un incumplimiento de la Ley 1116 de 2006 ni
del acuerdo de reorganización.
Tratándose de la calificación de la obligación del CREE de 2014, explicó que, aunque
la DIAN concurrió al proceso concursal de reorganización empresarial, dicha
acreencia no podía integrar el acuerdo de reorganización, pues para la fecha de
admisión al trámite, no existía un título ejecutivo claro, expreso y exigible, en los
términos de los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, por cuanto, la liquidación carecía de ejecutoriedad y
de ejecutividad para esa fecha, pues no se había surtido el control de legalidad con
los recursos en sede administrativa y en sede judicial.
Así, precisó que el acto de aforo se debía considerar como una obligación litigiosa
contingente y no podía ser incluido en la calificación y graduación de créditos, ni
tampoco como gastos de administración, pues lo que correspondía era que el
promotor realizara la provisión de dicho crédito fiscal para efectos de su pago, una
vez se definiera la procedencia de la causación de esa obligación litigiosa, conforme
al artículo 25 de la Ley 1116 de 2006.
Indicó que, las partes estaban discutiendo la aptitud probatoria de la declaración de
CREE de 2014 que presentó la demandante sin pago, y aclaró que, aunque esta se
tuvo por no presentada por falta de pago, no perdía de su valor probatorio.
Resaltó que en este caso, pese a que la DIAN estaba investida de amplias facultades
de fiscalización, optó por trasladarle la carga de la prueba a la demandante para
que ésta demostrara la veracidad de los hechos contenidos en su contabilidad, sin
permitirle controvertir los hallazgos pues: (i) en los actos demandados omitió indicar
las razones por las cuales se desvirtuaba el valor probatorio de los libros contables
y los estados financieros, y (ii) consideró como válidos los datos incluidos por BEST
LUCK en la declaración que presentó sin pago referente a los ingresos pero no frente
a los costos y deducciones.
Por ello, decretó la nulidad parcial de la liquidación de aforo y la resolución que la
confirmó en lo que respecta a la depuración de la base gravable frente a los ingresos
no constitutivos de renta, los costos y las deducciones, teniendo en cuenta los
valores registrados por la demandante en su contabilidad.
No condenó en costas porque la parte demandante no allegó prueba alguna que
demostrara la causación de estas.
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Recurso de apelación de la parte demandante12
La demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
Sobre la transgresión de la Ley 1116 de 2006 y el acuerdo de reorganización,
recordó que el 4 de febrero de 2016 la Superintendencia de Sociedades remitió el
proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de voto, en el que
incluyó el crédito por concepto del CREE del año 2014, para ser cobrado dentro del
proceso concursal, pero, pese a esto, la Administración profirió un acto
administrativo mediante el cual tuvo la declaración como no presentada, para
posteriormente, emitir una liquidación oficial de aforo, desconociendo abiertamente
el proceso de reorganización y el acuerdo concursal, en la medida en que la DIAN
pretendió determinar y cobrar una obligación causada antes de la admisión a dicho
trámite, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014, por fuera de los términos
pactados en el acuerdo.
Afirmó que, al validar lo anterior, el Tribunal permitió en la práctica la vulneración
del acuerdo concursal, al considerar que las disposiciones que lo regulan no
impedían a la demandada adelantar procesos de determinación tributaria, respecto
de obligaciones causadas antes del acuerdo. Indicó que con ello se desconoce la
prevalencia del régimen concursal y habilita a la DIAN para que obtenga un título
ejecutivo por fuera del acuerdo para un impuesto que se causó antes de la
celebración de este. Todo lo anterior en violación de los artículos 7, 40 y 50, numeral
13, de la Ley 1116 de 2006
Adujo que el fallo del Tribunal implica una vulneración del principio de buena fe y
del artículo 4 de la Ley 1116 de 2006, que consagra la igualdad entre acreedores,
pues permitirle a la DIAN eludir la prelación y preferencias del acuerdo concursal
supondría un trato preferencial y desigual frente a los otros acreedores.
Resaltó que la Administración participó en el proceso concursal, en el que propuso
objeciones, frente a las cuales la Superintendencia de Sociedades le advirtió
expresamente: “Que todo crédito causado antes de la apertura del proceso, debe regirse con
satisfacción a lo que se acuerde” y “Respecto de la orden de terminar los procesos en curso, se
estima el recurso en la medida en que el trámite que se adelanta es de determinación de las
obligaciones tributarias y no de cobro; advirtiendo de todas formas que de conformidad con el artículo
20 de la Ley 1116 de 2006 no puede adelantar ninguna acción de cobro en contra de la deudora”.
Manifestó compartir los argumentos del a quo, en cuanto a que sí aportó la
información solicitada por la DIAN que demostró los ingresos no constitutivos de
renta, los costos y deducciones incluidos en la declaración de CREE de 2014 que se
tuvo como no presentada, pero que el Tribunal erró al tomar el valor de
$30.515.081.000 de costos indicado por la DIAN en la liquidación de aforo. Esto por
cuanto, para determinar el CREE, tanto la Administración como el a quo tomaron en
cuenta los ingresos operacionales, no operacionales, y aquellos gravados con
ganancia ocasional, pero no tomó los costos correspondientes a este último
concepto.
Para el efecto incluyó una imagen de la declaración de renta del año gravable 2014,
la cual señaló se encontraba en firme, e indicó que estos podían verificarse tanto en
la contabilidad como en los estados financieros entregados a la Administración.
12
Samai de Tribunal, índice 36. Documento en formato .pdf denominado
«47_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 36».
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Presentó un cuadro de depuración del impuesto sobre la renta y un cuadro de
depuración del CREE para efectos de demostrar la correspondencia.
Recurso de apelación de la parte demandada13
La demandada sostuvo que el fallo incurrió en un grave defecto fáctico, al reconocer
un ingreso no constitutivo de renta sin soporte probatorio. Agregó que el Tribunal
desconoció lo dispuesto en los artículos 746 y 45 del Estatuto Tributario, según los
cuales corresponde al contribuyente probar las circunstancias que hacen que un
ingreso no sea constitutivo de renta y, tratándose de indemnizaciones por seguro
de daño, demostrar además la inversión de los recursos recibidos.
Indicó que desde la liquidación oficial de aforo se advirtió expresamente que la
actora no había acreditado el cumplimiento de dichos requisitos y que contaba con
la etapa del recurso de reconsideración para aportar las pruebas, lo cual no hizo,
pues se limitó a cuestionar la validez de la declaración.
Precisó que ni en sede administrativa ni judicial se aportó prueba sobre la inversión
de la indemnización y que, pese a ello, el Tribunal tuvo como suficiente la
contabilidad, cuando esta no suple la carga probatoria exigida por la ley, razón por
la cual el fallo carecía de sustento probatorio.
Dijo que el a quo se equivocó al desconocer principios de la carga de la prueba,
conforme a los cuales corresponde al contribuyente demostrar los factores
negativos de la base imponible, entre ellos costos, gastos e ingresos no constitutivos
de renta, y no a la DIAN.
Agregó que, ni en sede administrativa ni judicial, la demandante demostró el
cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, esto es, que
las expensas fueran necesarias, proporcionales y tuvieran relación de causalidad
con la actividad productora de renta, pese a que, conforme a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 2020, esa carga
probatoria recae exclusivamente en el contribuyente.
También señaló que la sentencia incurrió en defecto sustantivo pues el Tribunal
interpretó indebidamente los artículos 746, 45 y 107 del Estatuto Tributario, al
concluir erradamente que la carga de la prueba le correspondía a la Administración,
bajo el argumento de que no solicitó soportes al contribuyente, y que, por ello, este
no podía aportarlos.
Explicó que, tratándose de ingresos no constitutivos de renta, los artículos 746 y 45
del Estatuto Tributario imponían a la demandante la obligación de demostrar las
circunstancias que les otorgan tal carácter y, en el caso de indemnizaciones por
seguros de daño, de probar la inversión total de los recursos recibidos, lo cual nunca
fue acreditado.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
13
Samai de Tribunal, índice 35. Documento en formato .pdf denominado
«45_RECIBEMEMORIALES_RECURSOAPELACIONBE(.pdf) NroActua 35.pdf».
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Aforo
900017 del 19 de febrero de 2020, por medio de la cual se determinó el CREE del
año 2014 de la BEST LUCK.
Ante los cargos de apelación presentados por ambas partes frente a la sentencia
de primera instancia, la Sección abordará el estudio de los siguientes problemas
jurídicos: i) la legalidad de la liquidación de aforo a la luz del proceso de
reorganización, ii) la procedencia del rechazo de ingresos no constitutivos de renta,
de costos y deducciones en la determinación del impuesto; y iii) si debe ajustarse el
monto de costos determinado en la liquidación efectuada por el Tribunal.
1 Legalidad de la liquidación de aforo a la luz del proceso de
reorganización empresarial de la Ley 1116 de 2006.
El objetivo del régimen de insolvencia consagrado en la Ley 1116 de 2006 es el de
proteger el crédito y propender por recuperar y conservar la empresa como una
unidad de explotación económica y fuente de empleo. Para estos efectos, la norma
consagra los procesos de reorganización empresarial y de liquidación judicial, el
primero de los cuales busca, a través de un acuerdo, preservar la empresa de una
manera viable y normalizar las relaciones comerciales y crediticias de estas,
mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. La
reorganización comienza el día de expedición del auto de iniciación del proceso por
parte del juez del concurso.
Durante el desarrollo del proceso, el juez ordena al promotor14 designado que
presente un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto,
incluyendo, entre otros, aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte
presentada con la solicitud de admisión al proceso y el inicio de este15; presentado,
el proyecto y conciliadas las objeciones de los acreedores (de existir)16, el juez
reconocerá los créditos, asignará los derechos de voto y fijará plazo para la
celebración del acuerdo.
Iniciado el proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda
de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor, con lo cual,
los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio deberán
remitirse al juez concursal para ser incorporados al trámite17 y las obligaciones
causadas con posterioridad a la fecha de inicio se considerarán gastos de
administración y tendrán preferencia en su pago y podrá exigirse coactivamente su
cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a otros tipos de obligaciones
(p.ej. mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral).
A partir de lo anterior, esta Sección ha establecido que lo que está prohibido es el
14
Decretos 65 de 2020. ARTÍCULO 2.2.2.11.1.2. Del cargo de promotor. El promotor es la persona natural o jurídica que
participa en la negociación, el análisis, el diagnóstico, la elaboración del plan de negocios y del acuerdo de reorganización,
así como en la emisión o difusión de la información financiera, administrativa, contable o de orden legal de la entidad en
proceso de reorganización, y quien ejerce las demás funciones previstas en la ley, sin ser coadministrador, salvo cuando
se trate del representante legal con funciones de promotor. La intervención del promotor en las audiencias del proceso
de reorganización es indelegable.
15
Ibidem, artículo 19.
16
Según lo indicado por el artículo 29 Ibidem.
17
Ibidem, artículo 20.
10
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inicio y continuación de procesos de ejecución contra deudores en proceso de
reorganización, y que la Administración continúa facultada para adelantar procesos
de naturaleza declarativa para determinar obligaciones de contenido tributario.
Por ende, se distingue entre las actuaciones que determinan obligaciones fiscales
y las acciones de cobro encaminadas a su pago, porque « no procede confundir la
prerrogativa de este régimen de reestructuración, con las potestades de gestión que mantienen las
autoridades aún respecto de empresas en reorganización de insolvencia empresarial, pues durante
ese trámite el ente económico no ha perdido capacidad de ser parte, como cuando ha sido liquidada
una sociedad y la autoridad goza de la competencia para adelantar los procesos de fiscalización y
de determinación»18.
Se resalta que esa posición involucra una interpretación armónica de las normas
tributarias y las del proceso concursal, porque están regulando aspectos diferentes
en lo que se refiere a las actuaciones de determinación de tributos y no a las de
cobro de estos. Con esto, se encuentra que no se violaron los artículos 7 y 50
(numeral 13) de la Ley 1116 de 2006, que consagran el principio de prevalencia de
las normas concursales en lo que toca a la ejecución o cobro de deudas.
De acuerdo con ello, la Sección recuerda que la liquidación oficial de aforo tiene por
finalidad determinar la obligación tributaria del contribuyente que es omiso frente al
deber de presentar sus declaraciones tributarias19, y, por esto, en su contenido, la
DIAN debe incluir la base y cuantificación del tributo, todo lo cual denota claramente
que se trata de un proceso de determinación de una obligación tributaria, y no del
cobro, como lo quiere hacer ver la demandante.
Considerando lo anunciado, al proferirse la liquidación de aforo, la Administración
tampoco incumplió los artículos 20 y 71 de la Ley 1116 de 2006, ni el objetivo del
proceso de reorganización o la obligatoriedad del acuerdo (artículo 40 ibidem) y esta
conclusión no se desdibuja por el hecho de que, este acto administrativo se hubiera
emitido como consecuencia de que, previamente, la declaración privada de CREE de
2014 se determinó como no presentada.
Valga recordar que, como antecedente de la liquidación de aforo demandada,
ocurrió que la demandante presentó la declaración sin pago -hecho no discutido en
ningún momento por las partes-, motivo por el cual la demandada tuvo que declarar ese
denuncio como no presentado bajo las condiciones del artículo 580 del Estatuto
Tributario y en virtud del artículo 27 de la Ley 1607 de 2012, ambos vigentes para
la época de los hechos. Con posterioridad, la DIAN profirió emplazamiento para
declarar –no atendido por la demandante- y así, la Administración quedó facultada para
notificar la liquidación de aforo bajo examen, en la cual se determinó el CREE de
2014 a cargo de BEST LUCK.
Así, lo relevante no es que la obligación tributaria se hubiera causado a 31 de
diciembre del 2014, sino su exigibilidad, para lo cual se requiere una liquidación
privada o una liquidación oficial y, como antes de la determinación de los créditos
dentro del proceso concursal no existía ninguna de las dos, se encuentra que la
materialización se da con posterioridad a este, lo cual tampoco implica una indebida
actuación de la demandada.
18
Ibidem
19
La norma señala que agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la
Administración podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar
mediante liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.
11
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Nótese, además, que, en este caso, la Superintendencia de Sociedades parece
estar en línea con lo descrito, toda vez que, en el acta de la audiencia de resolución
de objeciones20 manifestó que « (…) respecto de la orden de terminar los procesos en curso,
se estima el recurso en la medida en que el trámite que se adelanta es de determinación de las
obligaciones tributarias y no de cobro».
Por lo anterior, no procede el cargo según el cual el Tribunal erró cuando validó la
actuación de la DIAN, porque consideró que la expedición de la liquidación de aforo
y de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra esta no violó el
régimen de insolvencia, específicamente el proceso de reorganización de que trata
la Ley 1116 de 2006, en los términos anteriormente explicados.
Respecto del cuestionamiento que hace BEST LUCK de ilegalidad de la providencia
del a quo, por permitirle a la DIAN generar un título que le permitiera cobrar un crédito
• tributo causado antes del proceso concursal- supuestamente por fuera de lo previsto en
el acuerdo de reorganización, incumpliéndolo y generando un trato desigual con los
otros acreedores, esta Sección comparte las conclusiones del Tribunal, esto es, que
si bien el CREE del 2014 se causó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese
mismo año, lo cierto es que, al inicio del proceso de reorganización empresarial -
auto admisorio 400-015648 de la Superintendencia de Sociedades del 20 de noviembre de 2015-,
no había un título ejecutivo claro, expreso y exigible respecto de esa obligación.
Por el contrario, como estaba en curso una investigación, y el título sólo surgió hasta
la liquidación de aforo, y esta fue recurrida, y demandada posteriormente junto con
la resolución que resolvió el recurso, lo que se configuró fue una acreencia
condicional en los términos del artículo 25 del régimen de insolvencia y, sobre este
tipo de acreencia, la Sección Cuarta ha indicado que se «infiere que se trata de
obligaciones cuya exigibilidad depende de hechos futuros, es decir, de una eventual contingencia, como
una condición, o la expedición de un acto administrativo o jurisdiccional debidamente ejecutoriado, por
lo que se debe constituir una provisión contable para atender su pago, en caso de que se hagan
exigibles.»21
Nótese que la DIAN actuó bajo ese mismo entendimiento, porque en el escrito de
objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de
derechos de voto que obra en el expediente, se lee la siguiente objeción22:
La segunda diferencia se refiere al impuesto Renta Cree 2013 y 2014. En este sentido, de
acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1607 de 2012, la declaración de este impuesto debe
presentarse con pago, de lo contrario se configura la causal para darla como no presentada
en las condiciones del artículo 580 del Estatuto Tributario. Todo esto en razón a que se trata
de un impuesto con destinación específica para la seguridad social, y su falta de pago atenta
contra el Estado Social de Derecho. Así las cosas, si bien es cierto que no debe reconocerse
la obligación como un saldo de capital vencido, sí debe calificarse como una contingencia y
proyectar su pago en el flujo de caja de la compañía, teniendo en cuenta que los
requerimientos que realizará la DIAN por dichos conceptos incluirán sanciones por
extemporaneidad y su cuantía será significativamente superior a la declarada por el deudor
en los títulos presentados ante la Superintendencia y el Promotor en la presentación de
créditos.
De acuerdo con lo anterior, lo que ha debido ocurrir en ese caso es que, en lugar
de quedar como un gasto de administración, la obligación referente al CREE de 2014
ha debido incluirse en el acuerdo concursal como una contingencia, y constituirse
una provisión contable, y respetarse para el pago en condiciones iguales a los de
20
Página 87 de anexos de la demanda.
21
Sentencia del 28 de agosto de 2025, Exp. 29833, M.P. Wilson Ramos Girón.
22
Samai de Tribunal, índice 2. Pág. 84.
12
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su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al
cumplimiento de la condición.
No obstante, se resalta que en el expediente no figura el acuerdo de reorganización
definitivo, con lo cual no es posible corroborar como quedó registrado el impuesto
discutido, esto es, si quedó como un gasto de administración o como una
contingencia. Lo único que consta en el expediente es que, si bien la
Superintendencia de Sociedades señaló en la audiencia de resolución de
objeciones que todo crédito causado antes de la apertura del proceso debe regirse
con satisfacción a lo que se acuerde en este, también reconoció que el proceso que
aquí se discute era de determinación del tributo.
Con lo anterior se resalta que no es del resorte de este proceso determinar si las
obligaciones contenidas en la liquidación de aforo fueron debidamente registradas
en el marco del acuerdo concursal, más aún cuando dicho acuerdo ni siquiera es
pieza procesal del caso.
No prospera el cargo.
2 Rechazo de los ingresos no gravados, de costos y deducciones en la
determinación del impuesto.
2.1 Costos y deducciones.
En los actos demandados la DIAN no incluyó costos ni deducciones, o los determinó
en cero, indicando que no se encontraban probados y que BEST LUCK no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la normativa tributaria para su
procedencia fiscal, sin entrar en mayor detalle. En el caso de los costos, advirtió
que, en la declaración de CREE que declaró como no presentada, el valor de estos
era de $35.437.740.000, lo cual no coincidía con los registros contables del costo
de ventas reflejados en el Balance de Prueba y en los Estados Financieros
certificados a 31 de diciembre de 2014, que daban cuenta de $30.515.081.000 y,
tratándose de las deducciones, constató que el valor declarado sí coincidía con los
registros contables a esa misma fecha.
La sentencia de primera instancia resaltó que el rechazo de costos y deducciones
carecía de sustento, pues la DIAN no ejecutó actividades de fiscalización tendientes
a verificar o desvirtuar los valores declarados y registrados contablemente, ni solicitó
soportes, ni realizó cruces de información con terceros, ni concretó las supuestas
falencias en los actos, pues sólo hizo afirmación de carácter genérico, trasladando
indebidamente la carga de la prueba al contribuyente y viciando sus actos de falsa
motivación.
La demandada, en su apelación, adujo que la sentencia del Tribunal incurrió en
defecto fáctico y sustantivo, al reconocer costos y deducciones sin respaldo
probatorio suficiente, y desconocer las reglas de la carga de la prueba, pues
correspondía a BEST LUCK soportar los mismos y demostrar que las expensas
cumplían los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad del artículo 107
del Estatuto Tributario. Agregó que el a quo tuvo por suficientes los registros
contables, los cuales dijo no suplen la carga probatoria especial exigida por la ley,
razón por la cual el fallo carecía de sustento probatorio, y dijo que el Tribunal
interpretó indebidamente el artículo 746, al trasladar la carga de la prueba a la
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Administración bajo el argumento de que esta no solicitó soportes suficientes,
cuando la ley y la jurisprudencia asignan ese deber al contribuyente.
Considera la Sección que este cargo no está llamado a prosperar, por las siguientes
razones.
En este caso se discute una liquidación de aforo, y la resolución que confirmó la
misma, por lo que no estamos en un caso que inicie con una declaración privada
que goza de la presunción de veracidad de que trata el artículo 746 del Estatuto
Tributario, la cual, una vez desvirtuada por Administración, obliga al contribuyente
a probar los rubros que corresponda.
Por el contrario, al estar en un proceso de determinación de un tributo de un omiso,
la DIAN debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo
expediente; esto, en línea con el artículo 684 ibidem, que consagra en favor de la
Administración amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el
efectivo cumplimiento de las normas sustanciales23.
En línea con lo anterior, se encuentra que el artículo 719 del Estatuto indica que la
liquidación de aforo debe contener los mismos elementos que la liquidación oficial
de revisión, en los términos del artículo 712 ibidem, entre los cuales se encuentra
las bases de cuantificación del tributo.
De lo anterior se colige que, le corresponde a la Administración durante el proceso
de determinación recabar material probatorio para poder determinar los elementos
que hacen parte de la base gravable, y que, en el caso del CREE, eran los indicados
en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, esto es, en términos generales, ingresos,
costos y deducciones.
Así, para llegar a la liquidación propuesta, la DIAN ha debido desplegar sus
facultades de fiscalización, traduciéndose estas en el decreto o practica de al menos
alguno de los diversos medios de prueba, para, a partir de allí, determinar la base
gravable del impuesto.
Dicho lo anterior, para el caso concreto, se encuentra que la demandada se limitó a
liquidar los costos y deducciones en ceros tomando como fundamento las dos
únicas pruebas que incorporó ella misma al expediente -la declaración que se entendió
como no presentada y la contabilidad de la demandante-, que, se considera, no eran
suficientes para tomar como procedentes los costos y deducciones, cuando
además, con base en las mismas sí determinó los otros elementos de la base
gravable del CREE para el 2014.
En cuanto a la contabilidad, llama la atención que la DIAN no desvirtuó la misma,
sino que, para el caso de las deducciones, decidió no hacer uso de los datos
23
«Art. 684. Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de
fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
obligaciones tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u
otros estén obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de
terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos,
facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)».
23
Artículo 746 del ET.
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consignados en ella sin mayor explicación, y para los costos, no los utilizó porque
advirtió que no coincidían los datos de la declaración de CREE que se decretó como
no presentada ($35.437.740.000) versus los registros contables que figuraban en el
Balance de Prueba y en los Estados Financieros certificados a 31 de diciembre de
2014, que daban cuenta de $30.515.081.000. Se considera que, si la DIAN tenía
dudas acerca del valor consignado en la declaración, debía cuando menos
suministrar suficiente explicación de las razones por las que no utilizó el valor
consignado en los registros contables, máxime si se tiene en cuenta que la
contabilidad sí fue fundamento para incluir otras partidas en la liquidación de aforo.
Tampoco es de recibo que con ocasión a la apelación la Administración argumente
que la demandante ha debido probar la necesidad, relación de causalidad y
proporcionalidad de los costos y deducciones, cuando en la sede administrativa no
cuestionó el cumplimiento de esos requisitos; de haberlos cuestionado, también se
exigiría que hubiese indicado las razones en los actos demandados, lo cual no
ocurrió en el presente caso. Aceptar lo contrario, sobre todo en relación con un acto
de determinación del impuesto que parte de una base gravable determinada por la
propia Administración, implicaría abrir la vía para que se profieran actos viciados de
falsa motivación24 y en contravía del derecho al debido proceso.
No prospera el cargo.
2.2 Ingresos no gravados por indemnizaciones por seguros de daño.
La Administración señala que evidenció que la demandante registró la partida
ingreso por concepto de siniestros en la cuenta PUC 42550505, pero que no obraba
prueba que permitiera tener por acreditados los presupuestos del artículo 45 del
Estatuto Tributario para otorgarle el tratamiento de ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional, y por tanto no gravado con CREE.
El Tribunal consideró que la Administración trasladó indebidamente la carga de la
prueba a la demandante y que los rechazos cuestionados adolecían de falsa
motivación, por lo que acogió la pretensión de la demandante de incluir en la
liquidación del impuesto el rubro por concepto de ingreso no constitutivo de renta.
La DIAN, en su apelación, sostuvo que, conforme al artículo 45 del Estatuto
Tributario25, en la indemnización por seguros de daño, solo el daño emergente puede
ser ingreso no constitutivo de renta, siempre y cuando el contribuyente demuestre
que la totalidad de la indemnización fue reinvertida en bienes iguales o semejantes al
objeto del seguro. Añadió que la carga de probar los hechos que habilitan los ingresos
no constitutivos de renta recae expresamente en el contribuyente, quien no acreditó
la reinversión ni en sede administrativa ni judicial.
La Sección observa que en la contabilidad de BEST LUCK que utilizó la DIAN como
24
Sobre la falsa motivación ver la sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp 18246, M.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas,
en la que se señala que “Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la
causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos
que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente
probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí
estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.”
(Énfasis propio).
25
Artículo 45. El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la
parte correspondiente al daño emergente, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Para obtener
este tratamiento, el contribuyente deberá demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la totalidad
de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran objeto del seguro. Parágrafo. Las
indemnizaciones obtenidas por concepto de seguros de lucro cesante, constituyen renta gravable.
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soporte de la inclusión de ingresos en la liquidación de aforo se registró en la cuenta
4255050501, correspondiente a indemnizaciones de seguros por siniestros, el monto
de $378.950.28526 y que no es claro que dicho registro se refiera únicamente al daño
emergente, para efectos de lo indicado en el artículo 45 del Estatuto Tributario,
además porque bajo el plan único de cuentas del Decreto 2650 de 1993, vigente para
la época de los hechos, el daño emergente se registraba en la cuenta 425520.
Por ello, las dudas de la Administración sobre clasificar esa cifra como un ingreso no
constitutivo porque la contabilidad indique que era un ingreso por siniestros resultan
razonables. Precisamente, y a diferencia del anterior cargo, desde la liquidación de
aforo la demandada señaló que en su investigación no pudo obtener pruebas que le
permitiera clasificar los ingresos de esa cuenta contable conforme al artículo 45
ibidem y explicó las razones que la llevaron a esa conclusión. También se verifica
que, en la liquidación oficial demandada, la DIAN advirtió a BEST LUCK que con el
recurso de reconsideración podía aportar las pruebas para demostrar el cumplimiento
de los requisitos de la norma en mención.
Tampoco se observa que BEST LUCK hubiera aportado pruebas de ello con el recurso
de reconsideración o con la demanda, en donde simplemente señaló que la
Administración tomó como parte de los ingresos todos los contabilizados y
declarados por concepto de siniestros, pero que decidió no incluirlos como ingresos
no constitutivos, ignorando lo ordenado en el artículo 45 del Estatuto.
Considerando lo anterior y, en especial, la labor probatoria que le correspondía a la
demandante al momento de presentar el recurso de reconsideración en los términos
del artículo 786 del Estatuto Tributario, en concordancia con los requisitos
establecidos en el artículo 45 ibidem, la Sección considera que el cargo de apelación
está llamado a prosperar.
3 Modificación del valor del costo determinado en la liquidación del
Tribunal.
La demandante solicita en su apelación que se reliquide el impuesto, toda vez que
el Tribunal erró al tomar el valor de $30.515.081.000 de costos indicado por la DIAN
en la liquidación de aforo, cuando lo que ha debido tomar son $35.437.740.000,
porque este último valor incluye costos de ganancias ocasionales por valor de
$4.922.659.000. Indica que, si se están tomando los ingresos operacionales, no
operacionales, y aquellos gravados con ganancia ocasional para la base del CREE,
también debe aplicarse a este último concepto los costos relacionados.
Para el efecto mostró una imagen de la declaración de renta del año gravable 2014,
la cual había adjuntado también como anexo de la demanda, y señaló que ese valor
podía verificarse tanto en la contabilidad como en los estados financieros de la
compañía, que fueron entregados a la Administración.
Para decidir, se tiene que, en su liquidación el Tribunal incluyó ingresos brutos por
$80.084.630.000, los cuales corresponden a los registrados en las cuentas obrantes
en el balance de prueba y los estados financieros certificados a 31 de diciembre de
2014(folio 39, Caa). Ese valor se aproxima al incluido por la demandante en el
renglón 28 de la declaración de CREE que se tuvo por no presentada (hay una
diferencia de mil pesos, en folio 17, Caa). Sobre esta última, debe mencionarse que
26
Samai de Tribunal, índice 15. Documento comprimido en formato .zip denominado
«16_RECIBEMEMORIALES_ANTECEDENTES15ZI(.zip) NroActua 15» (Cuaderno Folios 1 a 100). Fl. 57.
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ese reporte fue elaborado por la propia demandante, a pesar de que, en la
conciliación fiscal que entregó en la visita que le realizó la DIAN el día 10 de mayo
de 2016 los ingresos brutos totales son de $67.675.916.000 (acta en el folio 24 del
Caa y cifras en folios 35 y 36), y los gravados con ganancia ocasional corresponden
a $12.408.713.000, provenientes de ingresos asociados a derechos fiduciarios en
cifras de $11.500.000.000 y $908.713.000.
De acuerdo con la misma información contable indicada antes, el costo de BEST LUCK
para el año 2014 correspondió a $30.515.081.000, cifra que también coincide con
el costo registrado en la conciliación fiscal que se entregó a la DIAN (acta en el folio
24 del Caa y cifra en folio 35).
En cuanto al valor de $35.437.740.000, este sólo se observa en el renglón 32 del
denuncio privado que se consideró como no presentado (folio 17, Caa), y en la
declaración de renta del año gravable 2014 (página 123 de la demanda con anexos)
al sumar los renglones 51 de total costos por $30.515.081.000 y 66 costos por
ganancia ocasional de $4.922.659.000. Sobre este último, no se muestra ninguna
cuenta contable asociado a ese registro en la conciliación fiscal (acta en el folio 24
del Caa y cifras en folio 36), y no se cuenta con otra información.
La Sección aclara que el detalle anterior se suministra pues no procede modificar el
costo incluido por el a quo en su liquidación para aumentarlo en $4.922.659.000
como lo pretende BEST LUCK, toda vez que de acuerdo con lo señalado en el artículo
3 del Decreto 2701 de 2013 -reglamentario de los aspectos del CREE consignados en la Ley
1607 de 2012-, para determinar la base gravable de ese impuesto solo eran
procedentes los costos aceptables para la determinación del impuesto sobre la renta
y complementarios de conformidad con el Capítulo II del Título 1 del Libro Primero
del Estatuto Tributario, es decir, estos no comprenden los costos de la ganancia
ocasional, que se determinaban de acuerdo al Título III del del Libro Primero del
Estatuto Tributario.
Lo anterior no implicaba infringir el principio de asociación, al cual hace referencia
la demandante en su apelación, porque el mismo artículo 3 ibidem indicaba que los
ingresos por concepto de ganancia ocasional no debían incluirse en la base del
CREE.
Resáltese que en este caso la Sección no puede ajustar los ingresos brutos
incluidos por el Tribunal en su liquidación, que parecen comprender aquellos por
concepto de ganancia ocasional, porque la demandante no dijo nada al respecto, y
porque se observa que en ese error incurrió la DIAN y el a quo con fundamento en la
propia información suministrada por la propia demandante.
No prospera el cargo.
4 Liquidación
En consideración a prospera parcialmente la apelación de la demandada frente a
los ingresos no gravados por indemnización de siniestro como no constitutivos de
renta, que habían sido reconocidos por el a quo, a continuación, se procede a
reliquidar la liquidación oficial de aforo:
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Liquidación Oficial
Concepto de Aforo y Sentencia Tribunal Consejo de Estado
Resolución 1940
Ingresos brutos $ 80.084.630.00027 $ 80.084.630.000 $ 80.084.630.000
Devoluciones, rebajas y descuentos $ 19.427.123.000 $ 19.427.123.000 $ 19.427.123.000
Ingresos no constitutivos de renta (Art.
0 $ 378.950.000 0
22 Ley 1607/2012)
Total ingresos netos $ 60.657.507.000 $ 60.278.557.000 $ 60.657.507.000
Costos 0 $ 30.515.081.000 $ 30.515.081.000
Renta bruta $ 60.657.507.000 $ 29.763.476.000 $ 30.142.426.000
Deducciones (Art. 22 Ley 1607/2012) 0 $ 20.439.908.000 $ 20.439.908.000
Renta líquida del ejercicio $ 60.657.507.000 $ 9.323.568.000 $ 9.702.518.000
Base gravable por depuración ordinaria $ 60.657.507.000 $ 9.323.568.000 $ 9.702.518.000
Base gravable mínima $ 1.015.648.000 $ 1.015.648.000 $ 1.015.648.000
Base gravable CREE $ 60.657.507.000 $ 9.323.568.000 $ 9.702.518.000
Total impuesto a cargo $ 5.459.176.000 $ 839.121.000 $ 873.227.000
Autoretenciones a título de CREE $ 157.482.000 $ 157.482.000 $ 157.482.000
Valor del anticipo de la sobretasa (año
$ 2.992.875.000 $ 426.178.000 $ 445.126.000
siguiente)28
Total saldo a pagar por impuesto y
$ 8.294.569.000 $ 1.107.817.000 $ 1.160.871.000
anticipo
Sanciones - - 0
Total saldo a pagar $ 8.294.569.000 $ 1.107.817.000 $ 1.160.871.000
Valor a pagar por impuesto $ 5.301.694.000 $ 681.639.000 $ 715.745.000
Valor a pagar por anticipo sobretasa $ 2.992.875.000 $ 426.178.000 $ 445.126.000
Valor a pagar por sanciones - - -
5 Costas
No habrá pronunciamiento en esta providencia frente a la primera instancia, dado
que no se apeló la decisión del tribunal de no imponer costas. En cuanto a la
condena en esta instancia, en aplicación del numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso, no habrá lugar a su imposición, pues en este caso, se reitera
la nulidad parcial, pero por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 900017 de 19 de
febrero de 2020, por medio de la cual se determinó el impuesto sobre la renta para la equidad
CREE del año gravable 2014 y la Resolución 1940 de 25 de marzo de 2021, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado contra dicha liquidación.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad CREE de la sociedad Best Luck S.A en Reorganización, por
el año fiscal 2014, la efectuada en la presente providencia.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. No condenar en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
27
En la Liquidación de Aforo aparece este valor (folio 189 Caa), aunque en su anexo explicativo se indica $ 80.084.629.000.
28
De acuerdo con la Ley 1739 de 2014, a partir del 2015 se creó una sobretasa al CREE, pero el anticipo de esta se debía
incluir desde la declaración del 2014.
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origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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