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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00483-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00483-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia, en el componente de agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00483-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00483-01 (28465)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Sanción por devolución improcedente. Saldo a favor de la
declaración del impuesto sobre la renta – Año gravable 2014.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
(…)».

ANTECEDENTES

El 15 de abril de 2015, la sociedad Inversiones Guerfor S.A. presentó la declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014, en la que
liquidó un saldo a favor de $388.152.000, solicitado en devolución el 10 de agosto
de 2015. La DIAN accedió a la petición mediante la Resolución 62829000390346
del 21 de octubre del mismo año.

El 25 de julio de 2018, previa expedición del requerimiento especial, la DIAN profirió
la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000219, por medio de la cual determinó
un saldo a pagar de $6.881.964.000 y rechazó el saldo a favor liquidado. La decisión
fue confirmada a través de la Resolución 992232019000102 del 1° de agosto de
2019.

Con fundamento en lo anterior, el 6 de febrero de 2020, la DIAN expidió la
Resolución núm. 3224120209000162, mediante la cual impuso una sanción por
devolución improcedente consistente en el reintegro de la suma de $388.152.000,
junto con los intereses moratorios respectivos, así como dos sanciones calculadas
sobre el valor devuelto: una del 20%, equivalente a $77.630.000, y otra del 100%
por la utilización de documentos falsos o medios fraudulentos, por valor de
$388.152.000.

La resolución sanción se confirmó en su totalidad mediante la Resolución 1814 del
23 de marzo de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración.

Se pone de presente que los actos de determinación fueron demandados ante la
jurisdicción en el marco de un proceso que concluyó con la sentencia del Consejo
de Estado del 20 de noviembre de 20253, la cual confirmó la de primera instancia,
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

1
Índice 34, Samai, Tribunal.
2
Índice 2, «1_ED_DEMANDAPO_01DEMANDAPODERY(.pdf) NroActua 2», pp. 37-47, Samai, Tribunal.
3
Exp. 27133, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00483-01 (28465)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), la parte
demandante formuló las siguientes pretensiones4:

«PRIMERA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Resolución
Sanción N° 322412020900016 del 6 de febrero de 2020, expedida por la Jefe de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá, Dra. Nancy Esperanza Bermúdez Páez, por la cual se impuso la sanción por
devolución improcedente, correspondiente a la renta del año gravable 2014,
consistente en el reintegro de los dineros más los intereses moratorios y la sanción a
INVERSIONES GUERFOR S.A., sociedad identificada con el Nit 860.510.142-6.

SEGUNDA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Resolución N° 1814
del 23 de marzo de 2021, notificada por edicto, fijado el 14 de abril y desfijado el 27
de abril del 2021, proferida por el Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, Dr.
Andrés Bermúdez Duchamp, en contra del contribuyente INVERSIONES GUERFOR
S.A., sociedad identificada con el Nit 860.510.142-6 mediante la cual la División
Jurídica resuelve el Recurso de Reconsideración de la Resolución Sanción por
Devolución Improcedente del numeral anterior.

TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Honorable
Tribunal, declare, a título de restablecimiento del derecho, que la sociedad
INVERSIONES GUERFOR S.A., identificada con el Nit 860.510.142-6;

1. No están obligada a pagar a favor del erario, las sumas determinadas en las
Resoluciones cuya nulidad de demanda.

2. Ordene que suspendan y levanten las medidas cautelares impuestas a la
sociedad y la devolución de inmediato, junto con sus respectivos intereses,
indexaciones, actualizaciones y demás valores a los que haya lugar, si al
momento de la sentencia se hubiere pagado o compensado suma alguna, con
relación a los actos demandados.

3. Se ordene el archivo del expediente IX20142018002932.

CUARTA: Que el Honorable Tribunal condene en costas y agencias en derecho, a la
parte demandada en cumplimiento de la normatividad vigente.»

Invocó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 83, 209 y 363 de la
Constitución Política, 82, 683, 714 (estos último antes de las modificaciones
introducidas por la Ley 1819 de 2016) y 730, 772, 773, 774 y 777 del Estatuto
Tributario (ET).

Como concepto de violación expuso lo siguiente:

Firmeza de la declaración privada y vulneración de los artículos 714 y 745 del
ET

Sostuvo que la declaración privada del año gravable 2014 adquirió firmeza conforme
al artículo 714 del ET entonces vigente, pues transcurrieron más de dos años sin
que la DIAN emitiera el requerimiento especial, el cual solo fue expedido hasta el 2
de noviembre de 2017. Afirmó que, por esa razón, también quedaron en firme los
datos relativos a la devolución y/o compensación, y que la DIAN desconoció dichos
efectos en contravención del artículo 745 del ET y de los artículos 3 y 29 de la
Constitución Política.

Imposición de la sanción pese a la controversia judicial de los actos de
determinación

4
Ibidem, pp. 33 y 34.

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2

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00483-01 (28465)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

Adujo que la resolución sanción por devolución improcedente y su acto confirmatorio
fueron expedidos sin considerar que los actos de determinación que les sirven de
fundamento —en particular, la Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412018000219 del 25 de
julio de 2018 y la Resolución núm. 992232019000102 del 1.º de agosto de 2019 que resolvió el
recurso de reconsideración— fueron controvertidos a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, admitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 6 de febrero de 2020. Sostuvo que, pese a conocer la existencia
de dicho proceso, la DIAN impuso la sanción en desconocimiento de los artículos 6,
83, 29 y 209 de la Constitución Política, por cuanto la sanción por devolución
improcedente no puede aplicarse cuando las pruebas que la sustentan están siendo
objeto de controversia judicial.

Desconocimiento de las pruebas y de la contabilidad aportada en expediente
conexo

Refirió que la resolución sanción y su acto confirmatorio son nulos porque, para el
mismo año gravable y respecto de la misma sociedad, la DIAN tramitó otro
expediente relacionado con la devolución y/o compensación, en el cual se aportó la
contabilidad ajustada al Decreto 2649 de 1993, sin que dicha prueba fuera valorada
al imponer la sanción, transgrediendo así el artículo 774 del ET. Sostuvo que ambos
expedientes estaban relacionados y que la Administración, al presentar la
resolución sanción como un acto autónomo y omitir valorar la contabilidad y la
certificación de la revisora fiscal que acreditaban las operaciones, desconoció su
deber de atender la realidad económica y jurídica del contribuyente, vulnerando con
ello los artículos 29, 83 y 209 de la Constitución Política y los artículos 82, 745, 774
y 777 del ET.

Desconocimiento de la contabilidad que sirvió de base para la devolución

Afirmó que la DIAN luego de la auditoría realizada reconoció y ordenó devolver la
suma de $388.152.000 con fundamento en la información contable aportada por la
sociedad. Sostuvo que, pese a que esos mismos soportes fueron considerados
válidos para autorizar la devolución, los funcionarios que posteriormente impusieron
la sanción los desatendieron, en contravía de lo dispuesto en los artículos 6, 29, 83
y 209 de la Constitución Política y de los artículos 745 y 777 del ET.

Falsa motivación por ausencia de pruebas que acreditaran medios
fraudulentos

Refirió que la nulidad de los actos demandados obedece a que la DIAN calificó la
devolución como improcedente por la supuesta utilización de documentos falsos o
medios fraudulentos sin aportar prueba que respaldara tal afirmación en ninguna de
las etapas de la vía gubernativa, asunto que, a su juicio, configuró una falsa
motivación y una transgresión al artículo 29 de la Constitución Política. Indicó que
el hecho de que en el proceso de determinación la Administración hubiera
rechazado ciertos costos y gastos no autorizaba la imposición de una sanción de
esa magnitud, pues las operaciones comerciales sí existieron y debía regir el
principio de realidad económica. Agregó que, conforme al artículo 745 del ET,
cualquier duda derivada de vacíos probatorios debía resolverse a favor del
contribuyente, en garantía de la imparcialidad y del derecho a su debido proceso.

OPOSICIÓN

La DIAN refirió que los actos administrativos demandados fueron proferidos con
sujeción a las formalidades legales, de conformidad con las razones expuestas a
continuación5:

5
Índice 19, Samai, Tribunal.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00483-01 (28465)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

Sostuvo que no asistía razón a la parte actora al alegar la extemporaneidad de la
sanción con base en el proceso de determinación, pues este y el procedimiento
sancionatorio son independientes. Así, señaló que respecto de este asunto solo
correspondía analizar la legalidad de la sanción por devolución improcedente,
comoquiera que la determinación del impuesto (y del saldo a favor) estaba siendo
objeto de control en otro proceso contencioso.

Precisó que, conforme al artículo 670 del ET, la Administración cuenta con tres años
desde la notificación de la liquidación oficial de revisión para imponer la sanción; en
este caso, dicha liquidación fue proferida el 25 de julio de 2018 y notificada el 27 de
julio del mismo año, por lo que el término vencía el 27 de julio de 2021. Explicó que
la sanción fue expedida el 6 de febrero de 2020 y notificada el 8 de febrero de 2020,
dentro del plazo legal, razón por la cual no hubo extemporaneidad alguna.

Asimismo, afirmó que no se configuró la vulneración del principio de non bis in idem
porque en el expediente administrativo no se acreditó la existencia de dos actos
sancionatorios por la misma conducta de devolución improcedente, sino únicamente
la Resolución 322412020900016 del 6 de febrero de 2020, por medio de la cual se
impuso la sanción prevista en el artículo 670 del ET. Añadió que, si la parte actora
extendía su disconformidad a la sanción incluida en la liquidación oficial de revisión,
esta correspondía a la inexactitud regulada en los artículos 647 y 648 del ET, diversa
en naturaleza, hecho generador y finalidad de la sanción consagrada en el artículo
670 Ib. En esa medida, concluyó que no se reprochó dos veces la misma conducta,
sino que se aplicaron sanciones diferentes derivadas de hechos jurídicos diversos.

La demandada sostuvo que la procedencia de la sanción por devolución
improcedente no estaba condicionada a la firmeza de los actos de determinación,
pues, conforme al artículo 670 del ET y a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
las devoluciones no constituyen un reconocimiento definitivo del saldo a favor y su
modificación mediante la liquidación oficial de revisión habilita a la Administración
para iniciar el procedimiento sancionatorio dentro de los términos previstos en la
norma —dos años a partir de la notificación bajo la versión anterior del artículo 670 o tres años
conforme a su redacción vigente—, sin que se requiera la firmeza previa de la liquidación.
Agregó que los actos de determinación y los sancionatorios son autónomos, aunque
la liquidación oficial sea presupuesto para la sanción, y que en el caso concreto se
configuró la primera hipótesis contenida en el artículo 670 del ET —modificación de un
saldo a favor previamente devuelto—, razón por la cual, a partir de la notificación de la
liquidación oficial, la DIAN estaba habilitada para exigir el reintegro de las sumas,
los intereses moratorios, e imponer la sanción aplicable.

En cuanto al momento a partir del cual resulta procedente ejecutar la sanción por
devolución y/o compensación improcedente, aseveró que, conforme al parágrafo 2.º
del artículo 670 del ET, mientras se discute el acto de determinación el único trámite
que se encuentra vedado es el de cobro, por ser distinto e independiente de los
procesos de determinación y sancionatorio, de manera que la existencia de un
proceso contra la liquidación oficial no hace improcedente el acto sancionatorio ni
afecta su ejecutoriedad.

Finalmente, en relación con la eventual suspensión del presente litigio por
prejudicialidad, sostuvo que esta solo sería procedente si se acreditan los
presupuestos de los artículos 161 y siguientes del CGP, aplicables por remisión del
artículo 306 del CPACA, lo que no sucedía en el asunto bajo examen, pues el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación
se encontraba aún en primera instancia, lejos de proferirse sentencia. Concluyó que,
atendiendo el principio de economía procesal, no devenía procedente ordenar la
suspensión del trámite, por cuanto era posible agotar las actuaciones propias de
esta sede sin esperar la definición del litigio conexo.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00483-01 (28465)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

SENTENCIA APELADA

El 26 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda.

A juicio del a quo, la controversia debía centrarse en el estudio de dos asuntos: (i)
establecer si la DIAN podía imponer la sanción por devolución improcedente pese
a que la legalidad de la liquidación oficial de revisión se encontrara en discusión
judicial, y (ii) determinar si las pruebas aportadas en el proceso de determinación
debían trasladarse y ser nuevamente valoradas en el marco del procedimiento
sancionatorio, en cuanto —según el demandante— acreditaban la procedencia de la
devolución.

En cuanto al primer problema jurídico, el Tribunal adujo que, contrario a lo
considerado por la demandante, la Administración estaba habilitada para imponer
la sanción por devolución improcedente aun cuando la legalidad de la liquidación
oficial de revisión del año gravable 2014 se encontrara pendiente de decisión
judicial. Con fundamento en el artículo 670 del ET y en la jurisprudencia del Consejo
de Estado6 señaló que las devoluciones no constituyen un reconocimiento definitivo
del saldo a favor, pues este permanece sujeto a modificación en el proceso de
determinación, de manera que puede surgir para el declarante el deber de reintegrar
las sumas afectadas por la devolución. Explicó que dicho artículo prevé
expresamente la coexistencia de dos procedimientos autónomos —el de determinación
y el sancionatorio—, siendo el único requisito para iniciar este último la notificación de
la liquidación oficial de revisión, sin que sea exigible su firmeza. Añadió que, si bien
la Administración no puede adelantar el cobro coactivo mientras la liquidación esté
en litigio, ello no afecta la validez ni la oportunidad de la sanción.

Con base en esas consideraciones, precisó que el 15 de abril de 2015 la sociedad
presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014, en la
que liquidó un saldo a favor de $388.152.000, que fue devuelto por la DIAN
mediante la Resolución 62829000390346 del 21 de octubre de 2015.
Posteriormente, a través de la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000219
del 25 de julio de 2018, notificada el 27 de julio siguiente, la Administración rechazó
en su totalidad el referido saldo a favor, y, con fundamento en dicho acto, profirió el
Pliego de Cargos 322402019 del 11 de julio de 2019 y la Resolución
322412020900016 del 6 de febrero de 2020, mediante la cual impuso la sanción por
devolución improcedente, confirmada el 15 de septiembre de 2020 mediante la
Resolución 1021 del mismo año. Concluyó que la sanción se impuso dentro del
término previsto en el artículo 670 del ET y que, en consecuencia, se encontraban
satisfechos los requisitos legales para su procedencia.

En lo concerniente al segundo problema jurídico, el Tribunal sostuvo que las
pruebas practicadas en el proceso de determinación no debían trasladarse ni ser
valoradas en el procedimiento sancionatorio, por tratarse de actuaciones que,
aunque conexas, difieren en naturaleza y objeto, «pues en [este último] no se cuestiona el
contenido de la declaración tributaria, sino la legalidad de la sanción impuesta por una devolución
de impuestos que la Administración considera injustificada, dado que fue desvirtuado el saldo a favor
de la declaración privada». Señaló que, por tal razón, no era pertinente reproducir el
debate probatorio del proceso de determinación, máxime cuando en el marco del
expediente 25000-23-37-000-2020-00016-00 se profirió sentencia el 14 de julio de
2022, que decidió la legalidad de la liquidación oficial. De este modo, concluyó que
la verificación previa efectuada por los funcionarios de devoluciones no impedía a
la Administración cuestionar posteriormente el saldo a favor y, en consecuencia,
desestimó el cargo.

6
Citó las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, el 5 de junio de 2007 y el 27 de enero de 2011, en el marco de los
expedientes 16001 y 18262, respectivamente.

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Por no haberse causado ni demostrado, se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La sociedad demandante interpuso recurso de apelación7. Solicitó la revocatoria de
la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, cuestionó que el a quo hubiera desestimado el cargo relativo a que
la legalidad de la liquidación oficial de revisión aún se encontraba en discusión en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2020-00016-
00, en trámite de segunda instancia ante el Consejo de Estado. Reiteró que la DIAN
no podía imponer la sanción mientras la validez de los actos de determinación
continuara siendo controvertida judicialmente, pues, a su juicio, ello desconocía los
artículos 6, 29, 83 y 209 de la Constitución Política y suponía anticipar los efectos
de actos cuya legalidad y sustento probatorio seguían sometidos al análisis de la
jurisdicción contenciosa administrativa.

En segundo lugar, en sentido similar al anterior, reprochó que el Tribunal hubiera
considerado la resolución sanción como un acto independiente y autónomo, pese a
que la DIAN abrió dos expedientes —el núm. IX 2014 2018 002932, relativo a la
devolución y/o compensación, y el núm. DT 2014 2016 004271— que, a su juicio, se
encontraban ligados. Reiteró que la actuación sancionatoria es accesoria frente al
proceso de determinación y, por ende, debía seguir la suerte de este, máxime
cuando la propia providencia recurrida reconoce que el procedimiento de
determinación oficial constituye el presupuesto sustancial del procedimiento
sancionatorio por devolución improcedente.

En tercer lugar, adujo que la DIAN, mediante la Resolución 62829000390346 del 21
de octubre de 2015, y previa auditoría, reconoció y ordenó devolver el saldo a favor
de $388.152.000 mediante un procedimiento interno de verificación que calificó
como estricto, «adelantado por diversos funcionarios en diferentes etapas de validación».
Sostuvo que habiendo sido la devolución autorizada mediante un acto válido,
resultaba improcedente la posterior imposición de una sanción consistente en el
reintegro de dicho monto, más intereses moratorios y los porcentajes del 20% y del
100%, por carecer de sustento legal.

Finalmente, discutió que el Tribunal hubiera confirmado la sanción equivalente al
100% del valor devuelto, pese a que la DIAN no demostró la existencia de
documentos falsos ni la utilización de medios fraudulentos que justificaran dicha
calificación. Señaló que el a quo citó el artículo 670 del ET, que condiciona la
procedencia de esta sanción a la acreditación de fraude o uso de documentos
falsos, pero no explicó por qué consideró ajustada su aplicación en el caso concreto.

Insistió en que dentro de los expedientes administrativos no obra prueba alguna que
respalde tal imputación, y que tampoco existe actuación penal adelantada contra
los directivos o socios de la sociedad —ni imputación, ni acusación, ni sentencia— que
permita sostener tal calificación. Afirmó que ello vulnera el artículo 29 de la
Constitución Política, y configura una falsa motivación, pues la Administración no
expuso en sede administrativa las pruebas o hechos que sustentaran el
señalamiento, impidiendo su controversia. Agregó que, conforme al artículo 745 del
ET, las dudas probatorias deben resolverse a favor del contribuyente, criterio que,
a su juicio, también fue desconocido.

En ese sentido, reiteró que la sanción impuesta desconoce los principios de

7
Índice 39, Samai, Tribunal.

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razonabilidad, proporcionalidad y equidad tributaria previstos en los artículos 2, 29
y 363 de la Constitución Política y en el artículo 683 del ET, así como los criterios
definidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-409 de 1996, por lo que
solicitó revocar la decisión y declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió mediante auto del 17 de abril de 2024 8, sin pronunciamiento
de las partes frente a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4 y 5, art. 247 del CPACA).

En su concepto, el Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia de
primera instancia. Adujo que del artículo 670 del ET se deriva que la única condición
para la procedencia de la sanción por devolución improcedente es que se surta la
notificación de la liquidación oficial de revisión; por ello, no le asiste razón a la parte
demandante al alegar su improcedencia, habida falta de ejecutoria de los actos de
determinación del tributo. Asimismo, refirió que la inexistencia de actuaciones
penales contra las directivas o socios de la sociedad no supone desconocer que es
Administración la que, en ejercicio de sus funciones, evidencia la improcedencia del
saldo a favor del contribuyente. De igual forma, la que puede encontrar probado que
dicho saldo no se derivó de una mera inexactitud en la declaración del impuesto
sobre la renta, sino de la utilización de documentos falsos, en la medida en la que
sean aportados dentro del proceso de determinación del tributo, y permitan colegir
la simulación de las operaciones realizadas en el año gravable analizado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de la Resolución Sanción 322412020900016 del 6 de febrero
de 2020, y de la Resolución 1814 del 23 de marzo de 2021, que impusieron a
Inversiones Guerfor S.A. la sanción prevista en el artículo 670 del ET, en relación
con el saldo a favor registrado en la declaración del impuesto sobre la renta del año
gravable 2014, el cual fue modificado por la Administración.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante —apelante
única— se debe establecer i) si se configuró una violación al debido proceso por la
imposición de la sanción por devolución improcedente previa ejecutoria de los actos
de determinación del tributo; y ii) la procedencia de la sanción por la utilización de
documentos falsos o mediante fraude, consignada en el inciso 5° del artículo 670
del ET.

Sanción por devolución y/o compensación improcedente

En el recurso de apelación, la parte demandante sostuvo que, contrario a lo
señalado por el a quo, la DIAN no podía imponer la sanción por devolución
improcedente mientras la legalidad de los actos de determinación estuviera siendo
controvertida judicialmente. Por ello, a efectos de decidir el asunto, conviene hacer
una aproximación preliminar a la correlación entre los procedimientos de
determinación y sancionatorio.

Como lo ha reiterado la Sala en recientes providencias9, en virtud de la presunción
de veracidad de las declaraciones tributarias y de lo previsto en el artículo 850 del
ET, previa solicitud del contribuyente, la Administración debe devolver o compensar
los saldos a favor registrados en los denuncios privados, sin que se requiera el
agotamiento previo del procedimiento de determinación del tributo. No obstante, de
conformidad con el artículo 670 Ib. las devoluciones efectuadas no constituyen un
8
Índice 4, Samai, Consejo de Estado.
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Sentencia del 19 de junio de 2025, exp. 27587, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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reconocimiento definitivo: si adelantado el procedimiento de determinación se
desvirtúa su veracidad, la norma prevé la imposición de la sanción por devolución
y/o compensación improcedente, lo cual en modo alguno supone una contradicción
ilegal entre esta y el acto de devolución, como lo sostuvo el demandante.

En ese evento, modificado o rechazado el saldo a favor devuelto o compensado,
aunque no constituye sanción, la Administración debe exigir su reintegro junto con
los intereses moratorios causados durante el término en que las sumas devueltas
estuvieron injustificadamente en poder del contribuyente o responsable, y a título de
sanción el 20% del saldo a favor devuelto de forma improcedente.

Bajo ese entendido —devolución o compensación previa sujeta a verificación posterior—
se sigue que la sanción del artículo 670 del ET se encuentra funcionalmente
articulada con el procedimiento de determinación. En ese contexto, a la luz del
marco normativo y de la jurisprudencia reiterada de la Sección, conviene precisar:
(i) que, si bien los procedimientos de determinación y sancionatorio son autónomos,
las resultas del primero afectan directa e inescindiblemente el segundo10; por
consiguiente, (ii) si en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se declara la legalidad de los actos de determinación que identificaron una
inconsistencia en el saldo a favor, debe confirmarse la procedencia de la sanción
proferida por la Administración11; (iii) que la imposición de la sanción por devolución
improcedente requiere que la liquidación oficial de revisión que disminuya o rechace
el saldo a favor declarado por el contribuyente se notifique; y (iv) que es dable
imponer la sanción aunque no esté ejecutoriado el acto de determinación, pero no
adelantar su cobro. Estas premisas hallan sustento en las consideraciones que se
exponen a continuación.

Según el criterio establecido por esta Sección mediante la sentencia de unificación
del 20 de agosto de 202012, los actos de determinación oficial del impuesto y los
sancionadores son actuaciones diferentes, que siguen procedimientos diversos y se
justifican en hechos independientes, aun cuando los primeros sean el fundamento
fáctico de la sanción por devolución y/o compensación improcedente13.

De esta forma, al ser actuaciones administrativas autónomas, y bajo el
condicionamiento establecido en el artículo 670 del ET, la resolución sanción debe
ser proferida por la administración una vez se notifique la liquidación oficial de
revisión que rechaza o modifica el saldo a favor, en el término perentorio de tres
años, sin que, para esos efectos, la ley exija la ejecutoria del acto de
determinación14. Al respecto, se ha señalado lo siguiente15:

«(…) la normativa fiscal autoriza a la Administración para adelantar el procedimiento
de determinación del tributo que finaliza con la expedición de una liquidación oficial de
revisión y, a partir de su notificación, en el término perentorio de dos años, la obliga a
imponer la sanción por devolución improcedente, sin que sea menester que sobre el
acto de determinación se haya agotado el procedimiento pertinente en la vía
administrativa o en la judicial».

Caso diferente es el de los actos administrativos de cobro de la sanción, pues16:

«(…) [c]onsciente el legislador de que la exigibilidad del acto sancionatorio depende
de las resultas del proceso contra el acto de determinación, le prohibió a la

10
Sentencia del 17 de febrero de 2022, exp. 24777, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
«Lo cual no obsta para controlar la cuantía de las multas impuestas a título de sanción en los actos demandados», Consejo
de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp. 22242, MP. Julio Roberto Piza.
12
Sentencia de Unificación del 20 de agosto de 2020, exp. 22756, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
Sentencia del 13 de junio de 2024, exp. 26109, MP. Milton Chaves García.
14
Sentencia del 7 de diciembre de 2022, exp. 22200, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Sentencia del 16 de noviembre de 2016, exp. 21969, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiterada en las sentencias del
28 de abril de 2022, exp. 24109, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 2 de mayo de 2024, exp. 27987 y del 13 de junio
de 2024, exp. 26109, MP. Milton Chaves García; del 19 de junio de 2025, exp. 27587, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
16
Sentencia del 15 de julio de 2021, exp. 24681, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Reiterada en las sentencias del 18 de
mayo de 2023, exp. 26102; del 8 de febrero de 2024, exp. 27461; del 28 de agosto de 2025, exp. 29030.

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Administración, en el mismo artículo 670 parágrafo 2º., iniciar el proceso de cobro,
cuando estuviera pendiente de resolver recurso o demanda en la vía gubernativa o
jurisdiccional contra la liquidación de revisión por la cual se discute la improcedencia
de la devolución, actuación que difirió hasta tanto quede ejecutoriada la resolución o
sentencia que falle negativamente el recurso o demanda».

Con todo, dado el vínculo jurídico existente entre el procedimiento de determinación
y el sancionatorio, el resultado final de la discusión jurídica sobre el saldo a favor
compensado o devuelto —ya sea por el agotamiento de la vía administrativa cuando no
se demande la nulidad del acto de determinación del tributo o, en sede judicial, mediante
decisión definitiva— se verá reflejado en el acto sancionatorio17, pues el monto
imponible debe fijarse con arreglo a los supuestos definitivos establecidos por la
Administración o por la jurisdicción, según sea el caso18, en relación con la
liquidación oficial de revisión. Bajo ese entendido, cuando se haya proferido
sentencia en el proceso de determinación, debe partirse del reconocimiento de sus
efectos para la cuantificación de la sanción prevista en el artículo 670 Ib.19.

Entonces existe una interrelación de la sanción respecto de la suerte jurídica de la
liquidación oficial de revisión, puesto que, si en el control jurisdiccional se niegan las
pretensiones de nulidad de aquella, el acto sancionatorio conservaría sus
fundamentos de derecho; contrario sensu, su anulación reafirmaría la procedencia
de la devolución del saldo a favor y, por esa vía, la inexistencia de una infracción
sancionable con sustento en el ya citado artículo 67020.

Al tenor de las consideraciones expuestas en precedencia, en el sub lite, la Sala
constata que:

(i) El 15 de abril de 2015, mediante el formulario núm. 110601159268, Inversiones Guerfor
S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año
gravable 2014, en la que liquidó un saldo a favor de $388.152.00021. Este fue devuelto
a través de la Resolución núm. 62829000390346 del 21 de octubre de 201522.

(ii) Mediante la Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412018000219 del 25 de julio de
2018, notificada el 27 de julio de 2018, la DIAN modificó la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2014, en el sentido de desconocer pasivos por
$7.724.665.000 y rechazar costos de ventas por $6.815.568.000. Así, rechazó el saldo
a favor determinado por la parte demandante en su autoliquidación, definió un impuesto
a cargo de $3.246.906.000 e impuso una sanción por inexactitud de $3.635.058.00023.
Dicho acto fue notificado el 27 de julio de 201824, y confirmado a través de la Resolución
núm. 992232019000102 del 1 de agosto de 2019.

(iii) Los actos de determinación fueron demandados ante la jurisdicción contenciosa a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue
decidido en segunda instancia por el Consejo de Estado mediante sentencia del 20 de
noviembre de 202525. En esta confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de negar las pretensiones de la demanda.

(iv) Con ocasión de la modificación del saldo a favor, el 10 de julio de 2019, la DIAN expidió
el Pliego de Cargos 32240201926.

17
Sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 27987, MP. Milton Chaves García. Reiterado en las sentencias del 22 de octubre
de 2020, exp. 23919 y del 16 de noviembre de 2016, exp. 21969, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 17 de febrero de
2022, exp. 24777, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18
Sentencia del 1° de septiembre de 2022, exp. 26078, MP. Stella Jeannette Carvajal. Reiterado en las sentencias del 27 de
abril de 2023, exp. 24702 y del 19 de julio de 2023, exp. 26222, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 13 de marzo de
2025, exp. 29015 y del 22 de mayo de 2025, exp. 29313, MP. Wilson Ramos Girón.
19
Sentencia del 13 de junio de 2024, exp. 26109, MP. Milton Chaves.
20
Sentencia del 22 de mayo de 2025, exp. 29313, MP. Wilson Ramos Girón.
21
Índice 19, «EXPEDIENTE IX 2014 2018 2932 (1).pdf», pp. 74, Samai, Tribunal.
22
Índice 2, «1_ED_DEMANDAPO_01DEMANDAPODERY(.pdf) NroActua 2», pp. 48-49, Samai, Tribunal.
23
Índice 19, «EXPEDIENTE IX 2014 2018 2932 (1).pdf», pp. 12-51, Samai, Tribunal.
24
Índice 19, «EXPEDIENTE IX 2014 2018 2932 (1).pdf», pp. 52-53, Samai, Tribunal.
25
Índice 34, Samai CE, exp. 27133. MP. Claudia Rodríguez Velásquez.
26
Índice 19, «EXPEDIENTE IX 2014 2018 2932 (2).pdf», pp. 4-11, Samai, Tribunal.

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(v) El 6 de febrero de 2020, la DIAN profirió la Resolución Sanción 322412020900016, por
medio de la cual impuso a la demandante la sanción por devolución improcedente,
dispuso el reintegro del saldo a favor en la suma de $388.152.000, más los intereses
moratorios causados, y a título de sanción $77.630.000 monto equivalente al 20% del
valor devuelto y la sanción del 100% del monto devuelto por la utilización de
documentos falsos o mediante fraude, por valor de $388.152.00027. Mediante la
Resolución núm. 1814 del 23 de marzo de 2021, la DIAN confirmó la sanción
impuesta28.

Lo anterior, conduce a desestimar el argumento según el cual a la Administración le
está vedado imponer la sanción por devolución improcedente mientras esté en litigio
la legalidad de los actos de determinación, pues, como se sostuvo en precedencia,
aquella [la sanción] «solo requiere que la liquidación oficial de revisión que disminuya o
rechace el saldo a favor declarado por el contribuyente, se notifique». A partir de los
hechos señalados, se advierte que cuando la DIAN profirió la Resolución Sanción
núm. 322412020900016 el 6 de febrero de 2020, ya había notificado la liquidación
oficial de revisión que modificó el saldo a favor declarado, único requisito exigido
para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente 29.
Por tanto, no está llamado a prosperar el cargo formulado por la sociedad
demandante.

Indebida motivación de la sanción por devolución improcedente a través de la
utilización de documentos falsos o medios fraudulentos

La apelante sostuvo que la DIAN no acreditó en sede administrativa que la
devolución del saldo a favor se hubiera obtenido a través de la utilización de
documentos falsos o mediante fraude, lo cual configuró una falsa motivación y
vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, al frustrar su derecho de
contradicción. Agregó que tampoco existe actuación penal adelantada contra los
directivos o socios que respalde dicha imputación, pese a lo cual, el a quo confirmó
la sanción del 100% prevista en el artículo 670 del ET.

Con el propósito de descender al análisis de este asunto, conviene señalar que la
Corte Constitucional ha reconocido la existencia del derecho administrativo
sancionador tributario como una manifestación específica de la facultad
sancionadora del Estado, cuyo propósito es dotar a la Administración de
instrumentos que le permitan exigir el cumplimiento del deber constitucional de
contribuir con la financiación del gasto público30.

El derecho sancionador tributario opera en el ámbito administrativo, responde a
finalidades propias —v.gr. la protección del orden fiscal y la eficacia del sistema
tributario—, y se estructura a partir de las actuaciones adelantadas dentro del
proceso de fiscalización. Así, la Administración puede establecer, con sujeción —
entre otros— a los principios de legalidad y tipicidad, y a partir del acervo probatorio
recaudado, si la conducta del contribuyente se subsume en los supuestos
normativos que habilitan la imposición de sanciones, sin que para tal fin requiera
una previa declaración judicial penal sobre la eventual configuración de delitos. En
esa medida, contrario a lo señalado por la parte demandante, la procedencia del
reproche sancionatorio en materia tributaria no se encuentra supeditada a la
existencia de actuaciones penales contra los directivos o socios de la sociedad
contribuyente.

Ahora bien, como se indicó en precedencia, la devolución o compensación de los
saldos a favor no constituye un reconocimiento definitivo para el contribuyente; por
tal razón, si la Administración tributaria en el proceso de determinación verifica la

27
Índice 2, «1_ED_DEMANDAPO_01DEMANDAPODERY(.pdf) NroActua 2», pp. 37-47, Samai, Tribunal.
28
Índice 2, «1_ED_DEMANDAPO_01DEMANDAPODERY(.pdf) NroActua 2», fls. 24-32, Samai, Tribunal.
29
Sentencia del 28 de abril de 2022, exp. 24109, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
Sentencia C-094 de 2021. MP. Paola Andrea Meneses.

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improcedencia de esos saldos, y los rechaza o modifica, aunque no constituye
sanción, «deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los
intereses moratorios que correspondan», junto con el 20% del valor devuelto en exceso.
Pero, además, si la devolución fue obtenida «utilizando documentos falsos o mediante
fraude», procede una sanción equivalente al 100% del monto devuelto en forma
improcedente (art. 670 ET).

Sobre esta última, en la sentencia C-075 de 2004 se adujo lo siguiente:

«En este evento no solo se demuestra que no existe un saldo a favor del contribuyente
sino que, además, se acredita que ello no obedeció a una inexactitud en la declaración
sino a la utilización de documentos falsos o fraude. Es decir, no se trata de un supuesto
en el que un contribuyente, sin intención fraudulenta alguna, incurre en una inexactitud
en su declaración en virtud de la cual reporta un saldo a favor, sino que se trata de un
evento en el que el contribuyente, de manera deliberada, utiliza documentos falsos o
acude a conductas fraudulentas con el fin de engañar a la administración y generar
para sí un saldo a favor y una devolución a los que no había lugar».

En relación con la noción de «falsedad» y «fraude», esta Sección31 ha señalado lo
siguiente:

«2.3. Para efectos del artículo 670 del Estatuto Tributario, la Sala entiende11 que la
falsedad a que la misma se refiere, corresponde a la información carente de veracidad
y por lo tanto incapaz de reflejar la realidad.

La utilización de documentos falsos se presenta cuando el contribuyente aporta
documentos cuyo texto ha sido alterado después de que fueron expedidos; así mismo
cuando la firma ha sido suplantada, esto es, la denominada por la doctrina y la
jurisprudencia, “falsedad material”. La denominada “falsedad intelectual o ideológica”,
ocurre cuando siendo materialmente verdadero el documento, se hayan hecho constar
en él sucesos no ocurridos en la realidad.

Por su parte, se consideran fraudulentas todas aquellas acciones voluntarias,
determinadas por uno o varios comportamientos, positivos o negativos, y no por
simples hechos involuntarios o accidentales; con el fin de obtener unas sumas de
dinero a título de devolución de saldos a favor ilegalmente, por no tener derecho a ellas.
2.4. En esos casos, la Administración, al constatar la inexactitud de los datos, deberá
exponer la falsedad del documento o las maniobras fraudulentas, expresando las
razones en que se sustenta, de tal forma que el afectado pueda controvertirlas o
suministrar las explicaciones pertinentes para demostrar su autenticidad, y en caso de
inconformidad, será la jurisdicción contenciosa administrativa quien definirá en última
instancia, para estos efectos, la controversia.»

Del mismo modo, ha referido que si el acto administrativo que determina la
improcedencia del saldo a favor por la utilización de documentos falsos o maniobras
fraudulentas es sometido a control judicial, la sentencia que se profiera en dicho
proceso resulta decisiva para establecer si procede o no la sanción impuesta, así
como su cuantificación, «porque en últimas es la que define si el acto sancionatorio
mantiene o no la presunción de legalidad»32.

En el caso sub examine, se precisa que mediante la Resolución 322412020900016
del 6 de febrero de 2025, la DIAN ordenó a Inversiones Guerfor S.A. el reintegro de
$388.152.000, junto con los intereses moratorios respectivos, aunque no constituye
sanción. Y, a título de sanción determinó: (i) la sanción por devolución improcedente
del 20% sobre el valor devuelto ($77.630.000) y (ii) la sanción del 100% por la
utilización de documentos falsos o medios fraudulentos ($388.152.000).

En lo concerniente a esta última, el acto consignó que33:

31
Sentencia del 9 de marzo de 2017, exp. 20956, MP. Jorge Octavio Ramírez. Reiterado en la sentencia del 18 de mayo de
2023, exp. 26580, MP. Milton Chaves García.
32
Ibidem.
33
Índice 03, pp. 43, Samai, Tribunal.

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«[La] Administración inició la investigación a la sociedad INVERSIONES GUERFOR
S.A. NIT 860.510.142-6 mediante el expediente DT 2014 2016 004271, en el que
determinó a través de pruebas pertinentes, conducentes e idóneas, la improcedencia
de los costos que conformaban el saldo a favor solicitado en devolución, expediente en
el cual se profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 3224118000129 de julio 25 de
2018, y en la que se agotó la instancia administrativa mediante Resolución Número
992232013000012 del 1 de agosto de 2019 notificada por edicto N° 245 el día 9 de
septiembre de 2019, que decide un Recurso de Reconsideración en cuyo Artículo
Primero se confirma la Liquidación Oficial de Revisión antes mencionada, lo que
confirma que el material probatorio contenido en el expediente obtenido en el proceso
de Fiscalización goza de plena validez, razón por la cual es procedente la aplicación
de la sanción prevista en el artículo 670 del Estatuto Tributario frente al porcentaje de
la sanción equivalente al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado
en forma improcedente. (Folios 237 a 250)»

A su vez, en lo relativo a la sanción discutida, la Resolución 1814 del 23 de marzo
de 2021 «Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración», hizo constar lo
siguiente34:

«Aspectos no debatidos y sujetos procesales que no recurrieron
El Despacho debe dejar constancia que la Sociedad Contribuyente no presentó motivo
de inconformidad alguno contra la sanción impuesta correspondiente al 100% del valor
devuelto por haber obtenido una devolución utilizando documentos falsos o mediante
fraude.»

En este contexto, conviene advertir que, para la parte actora, la indebida motivación
de los actos le impidió ejercer su derecho de contradicción, lo que prima facie
explicaría que, aun cuando el componente sancionatorio del 100% fue consignado
en la parte resolutiva, no hubiera sido objeto de reproche durante la actuación
administrativa. Con todo, se trata de un argumento—no un hecho35—incorporado por
primera vez en sede judicial con la demanda, respecto de la misma pretensión de
nulidad y que, al fundarse exclusivamente en el expediente, sin introducir hechos
nuevos, es susceptible de consideración judicial.

Ahora bien, debe considerarse que la sanción impuesta se fundamentó en la
Liquidación Oficial de Revisión 3224118000129 del 25 de julio de 201836, que
rechazó el saldo a favor de la declaración de renta del año gravable 2014.

En dicho acto administrativo se puso de presente que: (i) más allá del registro
contable, no se aportaron elementos de juicio que permitieran tener certeza sobre
la realidad de las operaciones declaradas en 2014, pues frente a los proveedores
C.I. Expoálvarez S.A.S. y Global Importaciones S.A.S. no se acreditó la entrega de
mercancías ni el pago o la acreencia correlativa; (ii) a Global Importaciones S.A.S.
le fueron rechazadas las operaciones de compra efectuadas con C.I. Expoálvarez
S.A.S.; (iii) el representante legal de C.I. Expoálvarez S.A.S. manifestó que no
realizó transacción comercial alguna con Inversiones Guerfor S.A., que no conoce
a dicha sociedad ni a su representante legal, y que las facturas y el reporte de
información exógena allegados por la investigada eran apócrifos; (iv) de la
respuesta del Banco de Occidente al requerimiento ordinario núm.
322402017000092 del 13 de enero de 2017, respecto de los cheques que la actora
afirmó haber girado a Global Importaciones Ltda. y a C.I. Expoálvarez S.A.S., se
constató que a estos se les levantó el sello de páguese al primer beneficiario, y en
su mayoría fueron cobrados por el mismo tercero no inscrito en el RUT; (v)
consultada la información exógena se encontró que, por el año gravable 2014, en
los conceptos de compra, costo o gasto, los presuntos proveedores C.I. Expoálvarez
y Global Importaciones S.A.S. no reportaron operación alguna a nombre de la
investigada; y (vi) efectuado el cruce de información con el tercero Juan Carlos

34
Índice 03, pp. 31, Samai, Tribunal.
35
Sentencia del 8 de febrero de 2018, exp. 22060. MP. Stella Jeannette Carvajal.
36
Índice 19, «EXPEDIENTE IX 2014 2018 2932 (1).pdf», pp. 12-51, Samai, Tribunal.

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Millán/Tipografía y papelería Cúcuta 96, quien figura como impresor de C.I.
Expoálvarez, se concluyó que las facturas aportadas eran falsas o apócrifas.

Con base en tales elementos, la Administración concluyó «que las operaciones de
compra declaradas entre Inversiones Guerfor S.A. y los referidos proveedores
correspondían a operaciones simuladas, inexistentes o de papel, orientadas a incrementar
indebidamente el saldo a favor del año gravable 2014, lo cual, en su criterio, configuró un
supuesto inequívoco de fraude fiscal».

Considerando que la sentencia del 20 de noviembre de 2025 del Consejo de
Estado37, avaló la legalidad de los actos de determinación en los que se afirmó la
improcedencia del saldo a favor, quedó confirmada la situación de derecho que
configura la tipicidad de la conducta infractora atribuida a la apelante única.

Así, dados los efectos que tal decisión tiene en este proceso, es claro que, si la
liquidación oficial de revisión no fue declarada nula, se mantiene el presupuesto
fáctico que sirvió de fundamento a la Administración para imponer la sanción por
devolución improcedente, de modo que dicha sanción conserva el sustento jurídico
que la motivó. Pero, además, como fue una circunstancia determinante que condujo
a la expedición del acto liquidatorio —y, la consecuente improcedencia del saldo a favor
devuelto—, la utilización de documentos falsos y maniobras fraudulentas por parte
del contribuyente, y la simulación de las operaciones no fue desvirtuada por la
contribuyente en sede administrativa ni judicial, debe mantenerse la sanción
adicional del 100%. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1° y 3° del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, procede la condena en
costas en segunda instancia contra la demandante al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la
sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo No.
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al Tribunal
dar trámite al respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme
a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las razones
expuestas en esta providencia.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia, en el componente de
agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

37
Índice 34, Samai, Consejo de Estado, exp. 27133. MP. Claudia Rodríguez Velásquez.

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Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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