Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00489-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00489-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00489-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
Demandante: Omega Energy Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
Demandante OMEGA ENERGY COLOMBIA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Sanción por no declarar. Retención en la fuente. Periodos 5
y 7 del 2015. Competencia funcional de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia (…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previa notificación de los emplazamientos para declarar, la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (en adelante DIAN) le impuso a Omega Energy Colombia sanción por no
declarar las retenciones en la fuente correspondientes a los periodos 5 y 7 de 2015,
mediante las Resoluciones Nro. 312412020000004 del 20 de enero de 2020 y Nro.
312412020000012 del 4 de febrero del mismo año, respectivamente.
Presentados los recursos de reconsideración, la DIAN confirmó las anteriores
decisiones con las Resoluciones Nro. 001449 del 5 de marzo de 2021 y Nro. 1937
del día 25 del mismo mes y año.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
«Las siguientes son las pretensiones de esta demanda.
1
SAMAI del Tribunal, índice 38, página 20.
2
SAMAI del Tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, páginas 11 a 12 .
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
Demandante: Omega Energy Colombia
A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
1. El acto administrativo por el cual la DIAN expidió la resolución sanción del periodo mayo
(5) del año gravable 2015, acto administrativo contenido en las siguientes resoluciones:
a. La resolución sanción No. 312412020000004 del 20 de enero de 2020 expedida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de impuestos
(sic) de Grandes Contribuyentes, y
b. La resolución que resolvió No. 001449 del 5 de marzo de 2021 expedida por la
subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica que
la confirmó.
2. El acto administrativo por el cual la DIAN expidió la resolución sanción del periodo julio
(7) del año gravable 2015, acto administrativo contenido en las siguientes resoluciones:
a. La resolución sanción No. 312412020000012 del 4 de febrero de 2020 expedida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de impuestos
(sic) de Grandes Contribuyentes, y
b. La resolución que resolvió No. 1937 del 25 de marzo de 2021 expedida por la
subdirección de gestión de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica que
la confirmó.
B. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare (sic) Omega Energy Colombia
no está obligada ni estuvo a pagar suma alguna en favor de la DIAN con base en los
actos administrativos anulados.
C. Declare que operó el fenómeno de la caducidad de la acción fiscalizadora de la DIAN
en contra de Omega Energy Colombia por los periodos a que se refieren los actos
administrativos anulados, esto es, periodo mayo (5) del año gravable 2015 y periodo
julio (7) del año gravable 2015.
D. Condene en costas (incluidas las agencias en derecho) a la DIAN de conformidad con
el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364 365 y 366 del Código
General del Proceso y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del
Acuerdo 1887 de 2003.»
La demandante invocó como normas vulneradas los artículos 6, 122 y 123 de la
Constitución Política; 562 y 730 del Estatuto Tributario; 264 de la Ley 223 de 1995;
113 de la Ley 1943 de 2018; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; el Decreto 4048 de
2008; y, las Resoluciones Nros. 07 y 09 de 2008 de la DIAN.
El concepto de violación se resume así:
1. Falta de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes para emitir los actos demandados
Mencionó los artículos 6, 122 y 123 de la Constitución Política, indicando que allí se
establecen los límites de la competencia de los funcionarios, y expuso
jurisprudencia relacionada con la falta de competencia3. Indicó que la referida causal
de nulidad ampara los principios de legalidad y seguridad jurídica, y se encuentra
contemplada en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y 730 del Estatuto Tributario, normas aplicables
al caso4.
Puso de presente que, según los artículos 562 del Estatuto Tributario y 51 del
Decreto 4048 de 2008, así como las Resoluciones DIAN Nros. 007 y 009 de 2008 y
Nro. 7234 de 2009; la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes
3
Al respecto citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 21 de junio de 2018 y del 19 de septiembre de
2016. De igual modo, invocó las sentencias C-893 de 2003 y T-1082 de 2012 de la Corte Constitucional, y del 12 de
agosto de 1982, Nro. 61, M.P. Manuel Gaona Cruz, de la Corte Suprema de Justicia.
4
Mencionó la sentencia del 19 de septiembre de 2016, exp. 47693, sin indicar al ponente.
2
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es competente para ejercer control sobre las sociedades que tengan esa calidad y,
en consecuencia, es nula cualquier fiscalización que se realice sobre sujetos no
catalogados así.
Aclaró que la Resolución Nro. 076 del 1 de diciembre de 2016 del director de la
DIAN adoptó la lista de los sujetos calificados como grandes contribuyentes para
los años 2017 y 2018, en la que no incluyó a la actora. Además, resaltó que esa
resolución entró en vigor antes de la fecha en la cual se profirieron los actos
demandados. Por lo anterior, consideró probada la falta de competencia de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes para emitirlos, siendo
la dependencia competente, a su juicio, la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Agregó que la Resolución Nro. 012635 de 2018 calificó a nuevos sujetos como
grandes contribuyentes, lista en la cual tampoco fue incluida la demandante. Por lo
tanto, insistió en que no estaba calificada como tal al momento en que fueron
expedidos los actos acusados, en 2020 y 2021, de modo que la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes era incompetente para proferirlos.
Sostuvo que la competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes no está asociada a las vigencias fiscales de las declaraciones, sino
al marco temporal de la calificación como gran contribuyente. Así, aunque la
declaración haya sido presentada cuando la empresa estaba calificada como gran
contribuyente, una vez se pierde esa calidad, a partir del 1 de enero de 2017, solo
puede ser fiscalizada por la seccional de su domicilio, que es Bogotá.
Señaló que, si bien el artículo 3 de la Resolución Nro. 076 de 2016 consagra
facultades ultractivas a la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes para fiscalizar declaraciones en eventos de cambio de domicilio del
contribuyente, esta situación no se presenta en este caso. Entonces, consideró que
la competencia discutida le correspondía al jefe de la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
2. Nulidad por indebida aplicación del Concepto DIAN Nro. 003164 de 2011
Señaló que el Concepto DIAN Nro. 003164 de 2011 fue indebidamente aplicado, a
pesar de ser de obligatorio cumplimiento para determinar la competencia en la
expedición de los actos administrativos demandados, de conformidad con los
artículos 264 de la Ley 223 de 1995, 20 del Decreto 4048 de 2008 y 113 de la Ley
1943 de 20185.
Sostuvo que la DIAN justifica la competencia funcional de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes en que las declaraciones de retención no
presentadas correspondían a periodos durante los cuales la actora tuvo dicha
calidad. Sin embargo, reiteró que las facultades ultractivas de fiscalización solo se
conservan en caso de cambio de domicilio, supuesto que no ocurrió en este caso.
Indicó que la anterior interpretación se confirma con el Concepto DIAN Nro. 098525
de 1998.
Planteó que la demandada aplica el Concepto Nro. 003164, que analizó la
competencia en virtud de los factores territorial y temporal, empero en este asunto
5
Citó la sentencia del Consejo de Estado Sección Cuarta, del 18 de febrero de 2016, Radicado 250002327000200601275-
01, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
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se debía acudir al factor subjetivo por la pérdida de su calificación como gran
contribuyente, insistiendo en que no modificó su domicilio fiscal.
Agregó que, la Administración también aplicaba indebidamente el citado Concepto
Nro. 003164, al considerar que en virtud del factor temporal la competencia depende
del año gravable que es objeto de determinación oficial.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones, al considerar que los actos demandados se
expidieron con arreglo a la ley.
En cuanto a la falta de competencia, señaló que el artículo 562 del Estatuto
Tributario prevé que el director de la DIAN establecerá quiénes se consideran
grandes contribuyentes. Además, la competencia de las direcciones y otras
dependencias de la entidad se encuentra determinada en la Resolución Nro. 007 de
2008.
Citó las Resoluciones Nros. 048 de 2008 y 105 de 2020 y los Conceptos Nros.
098525 de 1998 y 003164 de 2011, para indicar «que el factor territorial implica el lugar
donde se presentó la declaración; el factor temporal la independencia a los años o periodos
gravables sobre los cuales se analiza la competencia; y el factor funcional indica que, cuando el gran
contribuyente es despojado de dicha calificación, el competente es la dirección seccional relacionada
con el lugar donde fue presentada o debió presentarse la declaración en el año fiscal
correspondiente»6.
Señaló que, en el presente caso, para determinar la competencia, fue determinante
establecer la calificación de la actora en el año de las declaraciones omitidas y el
lugar donde se debían presentar. Así, mediante la Resolución Nro. 014097 del 30
de diciembre de 2010, ratificada mediante la Resolución Nro. 041 del 30 de enero
de 2014, el director general incluyó como gran contribuyente a la demandante,
calificación que solo se retiró a partir del año 2017.
Agregó que, para la fecha en que se debían presentar las declaraciones de
retención en la fuente de los periodos 5 y 7 del año 2015, la demandante tenía la
calidad de gran contribuyente. Reiteró que dicha calificación le fue retirada a partir
del año 2017, por lo que la competencia para proferir los actos acusados era de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
Frente a la presunta aplicación indebida de la doctrina oficial de la DIAN, resaltó
que obró de conformidad con ella, pues tuvo en cuenta los factores temporal y
funcional mencionados en el Concepto Nro. 03164 de 2011.
En cuanto a la solicitud de condena en costas, adujo que al tratarse de un caso en
el que se ventila un interés público, estas no proceden7. En contraposición pidió
imponer la condena en costas a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró sus sentencias
del 7 de diciembre de 20228, y del 24 de marzo de 20239, en las que se resolvieron
debates similares.
6
Samai del Tribunal, índice 12, PDF de la oposición de la demanda, página 9.
7
Citó el Auto de Unificación del 25 de junio de 2014, exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero.
8
Identificó el proceso con el número de radicado 11 0013337041-2021-00027-01.
9
Identificó el proceso con el número de radicado 25000-23-37-000-2021-00642-00.
4
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Relacionó los hechos probados en el expediente, de los cuales destacó que i) la
demandante tiene su domicilio en Bogotá; ii) la Resolución Nro. 041 de 2014
clasificó a la actora como gran contribuyente desde la vigencia fiscal 2015; iii) la
Resolución Nro. 76 de 2016 retiró dicha calificación a partir del 1 de enero de 2017;
iv) la demandante no presentó las declaraciones de retención en la fuente de los
periodos 5 y 7 de 2015; y v) su omisión motivo la expedición de los actos
sancionatorios acusados.
Sostuvo que el director de la DIAN puede designar, mediante resolución, a los
grandes contribuyentes, conforme los artículos 562 y 579-1 del Estatuto Tributario.
Además, le corresponde distribuir las funciones entre las oficinas y direcciones de
la entidad, de acuerdo con los artículos 39 y 51 del Decreto 4048 de 2008.
Con base en la Resolución Nro. 007 de 2008, que distribuyó las funciones de las
dependencias de la DIAN, concluyó que la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá no puede conocer de los asuntos atribuidos a la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes, por disposición expresa.
Frente a la doctrina de la DIAN citada por la demandante, y conforme las normas
que regulan la materia, el factor de competencia funcional indica que la fiscalización
y los procedimientos sancionatorios se deben adelantar por la seccional en donde
se presentaron las declaraciones o debieron ser presentadas.
Agregó que la doctrina oficial de la DIAN no indicó que la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá deba asumir la competencia de los procesos y períodos
fiscalizados a grandes contribuyentes cuando son excluidos de esa categoría. De
este modo, indicó que lo determinante era verificar cuál era la clasificación del
demandante para los periodos en que presentó o debió presentar las declaraciones.
Sostuvo que, por lo anterior, y atendiendo las normas que rigen la materia, la
competente para fiscalizar a la actora en el año 2015 era la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes, porque ostentaba esa calidad en los
periodos en que omitió declarar la retención en la fuente.
Finalmente, señaló que no hay lugar a condenar en costas por cuanto las mismas
no se probaron.
Recurso de apelación
La parte demandante sustentó su impugnación indicando que el Tribunal omitió
analizar el numeral 1 del artículo 1 de la Resolución Nro. 007 de 2008, norma que
establece que la competencia depende del domicilio del contribuyente. Argumentó
que la actora se encuentra domiciliada en Bogotá, por lo que, solo en caso de estar
catalogada como gran contribuyente, la competencia le corresponde a la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, y de no ser así, estará en
cabeza de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Precisó que se trata de una competencia dinámica, que «persigue» al contribuyente
en su domicilio. Y, la norma en cuestión se relaciona con el derecho al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, pues lo que se pretende es que
el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa en su lugar de domicilio 10.
10
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Radicado 0145-10 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
5
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Anotó que las normas que fijan la jurisdicción y competencia son de orden público
y de obligatorio cumplimiento, debido a que con ellas se pretende salvaguardar el
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia11.
Consideró que, a pesar de que para la época en que «se presentó la declaración de renta»
estaba catalogada como gran contribuyente, al perder dicha calidad a partir de 2017,
la competencia pasó a ser de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, toda
vez que el criterio que prevalece es el domicilio del contribuyente, como lo señala el
numeral 1 del artículo 1 de la Resolución Nro. 007 de 2008.
Reiteró que, según el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, la autoridad tributaria está
obligada a aplicar la doctrina emitida. Empero, en este caso, al expedir los actos
demandados se desconoció lo previsto en el Concepto Nro. 03164 de 2011.
Aseguró que, contrario a lo referido por la demandada, la autoridad no mantiene la
competencia cuando el contribuyente pierde la calificación de gran contribuyente,
debido a que las facultades ultractivas de las direcciones seccionales se aplican
ante el cambio de domicilio fiscal, lo que no ocurrió en este caso.
Oposición a la apelación
La demandada indicó que, conforme la Resolución DIAN Nro. 007 de 2008 y el
Concepto Nro. 98525 de 1998, la aplicación del factor de competencia funcional
exige verificar cuál es la calidad que ostentaba la actora en los periodos que omitió
presentar las declaraciones de retención en la fuente. Así, indicó que para el año
2015 la demandante se consideraba un gran contribuyente, por lo que la
competente para proferir los actos sancionatorios acusados era la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes. Finalmente, solicitó que se
aplicara el precedente de la sentencia del 7 de marzo de 202412.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al
considerar que la competencia funcional de la DIAN se determina a partir de las
calidades de los contribuyentes al momento en que presentaron o debían presentar
las declaraciones o demás obligaciones. Señaló que tal criterio tiene asidero en la
jurisprudencia13, por lo que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
demandados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Mediante escrito del 24 de febrero de 202514, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior por cuanto mientras se desempeñó como
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, conoció del proceso de la referencia en primera instancia.
11
Citó el auto del Consejo de Estado, del 16 de noviembre de 2016 Radicado 22526 C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
12
Exp. 28026, C.P. Wilson Ramos Girón.
13
Citó la sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 28026, C.P. Wilson Ramos Girón.
14
Samai. Índice 14.
6
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
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En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada, toda vez que el consejero mencionado suscribió la sentencia apelada
objeto de decisión en el presente caso. En consecuencia, se declarará fundado el
impedimento y se le separará del conocimiento del presente asunto.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro.
312412020000004 del 20 de enero y la Nro. 312412020000012 del 4 de febrero de
2020, actos expedidos por la DIAN, en los que impuso sanción por no presentar las
declaraciones de retención en la fuente de los periodos 5 y 7 de 2015 a la
demandante, respectivamente. De igual modo, frente a las Resoluciones Nro.
001449 del 5 de marzo de 2021 y Nro. 1937 del 25 del mismo mes y año, que
confirmaron las anteriores decisiones al resolver el recurso de reconsideración
interpuesto por la demandante.
Para estos efectos, la Sala verificará si la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes era competente para proferir los actos acusados a pesar
que, para la fecha en que fueron proferidos, la actora no era considerada una gran
contribuyente, conforme las normas aplicables y la doctrina oficial de la DIAN.
Análisis del caso concreto
La apelante sostiene que la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes no era competente para proferir los actos acusados en los años
2020 y 2021 debido a que no fue clasificada como gran contribuyente a partir del 1
de enero de 2017 y que no modificó su domicilio. Además, indicó que era irrelevante
que para el periodo en que omitió la presentación de las declaraciones de retención
en la fuente estuviera catalogada como gran contribuyente, pues el factor funcional
y subjetivo exigen que la competencia se determine conforme su domicilio al
momento de la expedición de las resoluciones objeto de controversia.
Para decidir lo anterior, la Sala reiterará el criterio acogido en casos con identidad
fáctica y jurídica15, en los que se concluyó que la pérdida de la calificación de gran
contribuyente no desplaza la competencia de la Dirección Seccional de Impuestos
de Grandes Contribuyentes para fiscalizar aquellos asuntos concernientes a los
períodos gravables en los cuales detentó tal calidad, sin importar que no se haya
modificado el domicilio por la demandante.
En efecto, la Sala puso de presente que, de conformidad con el numeral 23 del
artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección General de Impuestos y Aduanas
Nacionales fijó la competencia funcional y territorial de las direcciones seccionales
en la Resolución Nro. 007 de 2008, señalando en el numeral 1 del artículo 1:
«La competencia para la administración de los impuestos será ejercida por las Direcciones
Seccionales de Impuestos y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, con
competencia tributaria en el lugar donde se encuentren domiciliados los contribuyentes,
responsables, agentes de retención, declarantes en general y terceros, de conformidad con lo
dispuesto en la presente resolución y comprende su recaudación, fiscalización, liquidación,
sanción, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias».
15
Al respecto ver las sentencias del 7 de marzo de 2024, exp.28026, C.P. Wilson Ramos Girón, del 8 de agosto de 2024,
del 26 de septiembre de 2024, y del 21 de noviembre de 2024, exps. 28095, 28800 y 29198, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
7
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Al respecto, el artículo 1 de la Resolución Nro. 006 de 2019 estableció un régimen
de transición, el cual consiste en que, en el evento que «alguno de los contribuyentes
responsables o agentes retenedores que perteneciendo a la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá sea clasificado como Gran Contribuyente, a partir de la entrada en vigencia de la respectiva
resolución, la competencia para efectos tributarios corresponderá a la Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes». No obstante, si la Seccional de Bogotá, previo a la entrada
en vigor de dicho acto había expedido autos de apertura, «seguirá y culminará los
procesos de investigación, determinación y discusión».
Sobre lo anterior, esta Sala precisó, para un caso entre las mismas partes en el que
se discutía la legalidad de una liquidación oficial de aforo y dos resoluciones sanción
por no declarar el tributo ni la retención en la fuente durante la vigencia fiscal 2015,
que:
«la mencionada regla especial, no sería la aplicable al sub lite. Primero, porque solo reguló la
competencia cuando se adquiere la calidad de gran contribuyente, mas no la situación
contraria, esto es, cuando el contribuyente pierde la calidad de gran contribuyente. Segundo,
porque su vigencia no cubre ni los períodos de las obligaciones tributarias reclamadas por la
demandada (…). Con todo, debe destacarse que tal regla constituye la única regulación que
ha sido positivizada en materia de competencia cuando sobrevienen cambios en la calificación
del sujeto pasivo.»16
Así mismo, en cuanto al factor temporal se indicó que:
«[L]a potestad de gestión administrativa tributaria debe establecerse atendiendo las calidades
del sujeto pasivo de la obligación respectiva. En este orden, cuando se adelante un
procedimiento de aforo, en razón del cual se imponga una sanción por no declarar a un
contribuyente domiciliado en Bogotá que no ha sido clasificado como gran contribuyente, y el
emplazamiento para declarar sea proferido por la dirección seccional de esa jurisdicción, se
habrán honrado las reglas de competencia territorial establecidas en la normativa tributaria»17
De acuerdo con lo planteado, es posible señalar que los criterios para establecer la
dirección seccional competente corresponden al factor territorial, las calidades
tributarias del contribuyente y el período omitido u objeto de investigación, salvo que
exista una regla especial que disponga algo diferente. Por lo tanto, la competencia
de la dirección seccional respectiva corresponderá a un factor subjetivo (si el sujeto
detenta o no la calidad de gran contribuyente), territorial (domicilio fiscal) y temporal (período de
la obligación que se está determinando), gracias a lo cual es posible concluir que los
cambios en el factor subjetivo de la competencia no eliminan o desplazan el factor
temporal de la misma.
En otras palabras, la perdida de la calificación de gran contribuyente (factor subjetivo)
no excluye el factor temporal que también determina la competencia, y por esto la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes sigue siendo
competente para investigar y proferir actos referentes a aquellos períodos gravables
en los cuales se detentó tal calidad.
Descendiendo al caso concreto, las partes coinciden en que la demandante estaba
calificada como gran contribuyente para el año 2015, hecho que en todo caso se
puede constatar porque así fue catalogada por las Resoluciones Nro. 041 de 201418
y Nro. 254 del mismo año19 y su exclusión solo se dio a partir de 2017, conforme la
Resolución Nro. 076 de 201620.
16
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp.28026 C.P. Wilson Ramos Girón.
17
Ibidem haciendo referencia a las sentencias del 3 y 24 de junio de 2021, exps. 24898 y 24966, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; y del 10 de noviembre de 2022, exp. 25971 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
18
Cfr. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000041%20de%2030-01-2014.pdf.
19
Cfr. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0254_2014.htm.
20
Cfr. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000076%20de%2001-12-2016.pdf.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
Demandante: Omega Energy Colombia
De esta forma, aunque a la fecha de expedición de los actos acusados (2020 y 2021)
ya no tenía la condición de gran contribuyente, las resoluciones sancionatorias se
refieren a la omisión de la presentación de las declaraciones de retención en la
fuente para los periodos 5 y 7 de 2015, es decir con relación a periodos en los que
la actora contaba con esa calidad. En consecuencia, la dependencia competente
para emitir los actos cuestionados era la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes.
Adicionalmente, con relación a la aplicación del Concepto Nro. 003164 de 2011,
como lo indicó esta Sección, en él se «reafirma la relevancia del criterio territorial (domicilio
fiscal) a los efectos de comprobar la competencia funcional de la dirección de grandes
contribuyentes, factor que en todo caso debe ser analizado en conjunto con el criterio subjetivo, esto
es, la calificación del sujeto durante el período sometido a investigación»21.
De esta forma, no se evidencia una indebida aplicación de la doctrina oficial, pues
se reitera que, atendiendo la competencia por el factor subjetivo y temporal,
procedía la fiscalización por parte de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes frente a las obligaciones omitidas durante los periodos en
que la actora era considerada un gran contribuyente.
Conclusión
No prosperó la apelación, por lo que la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.
Costas
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación según
lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 8, aplicable en
virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño.
2. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 1 de
agosto de 2024.
3. Sin condena en costas.
4. Reconocer personería a la abogada Lizeth Carolina García Parra como
apoderada de la parte demandada, en los términos del poder obrante en el
índice 11 de SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
21
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 28026, C.P. Wilson Ramos Girón.
9
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00489-01 (29411)
Demandante: Omega Energy Colombia
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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