Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00503-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00503-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00503-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
10 de octubre de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00503-01 (28861)
Demandante: Mauricio Mejía García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00503-01 (28861)
Demandante: Mauricio Mejía García
Demandada: UGPP
Temas: Aportes al SPS 2017. Trabajadores independientes. Aplicabilidad en el
tiempo de inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
Obligación de efectuar aportes omitidos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 11 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Mauricio Mejía García en contra de
la UGPP, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia.
Segundo. Por no haberse causado no se condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución RDO-2021-00258, del 17 de marzo de 2021, la demandada
determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante, SPS) del actor, en
los subsistemas de salud y pensiones, por el período comprendido entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de 2017 -para lo cual aplicó, entre otras disposiciones, el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015-. Asimismo, la autoridad impuso sanción por no declarar por
la conducta de omisión. Tras recurrirse el acto administrativo, este fue confirmado en su
totalidad a través de la Resolución RD6192021-01480, del 18 de junio de 20213.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones4:
Se declare la nulidad de la Resolución RDO 2021 00258 del 17 de marzo de 2021, por medio de la
cual la [demandada] profirió liquidación oficial al aportante por inexactitud y mora en la afiliación y
1
Samai CE, índice 3, certificado FA3D0524CA278050 53025B6264CDBE54 AD173DDBAC46A756 4F190321A32EA1EE (pdf), p. 1.
2
Samai tribunal, índice 29, certificado 063B75C848CDB27A B5BA4426251A3184 808F8E6ECCE3A434 9B765F7DC1279E9E (pdf),
pp. 25 a 26.
3
Samai tribunal, índice 2, certificado C1C42407D2FE076D 969543AF0C7C068E FFE19BA39AC65E1E 69A9F22BF1892262 (pdf),
pp. 60 a 72 y 37 a 57.
4
Samai tribunal, índice 2, certificado C1C42407D2FE076D 969543AF0C7C068E FFE19BA39AC65E1E 69A9F22BF1892262 (pdf),
pp. 8 a 9.
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Demandante: Mauricio Mejía García
vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral -SSSI- en los períodos enero a diciembre de
2017.
Se declare la nulidad de la Resolución RDC 2021 01480 del 18 de junio de 2021; por medio de la
cual la … UGPP resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución RDO 2021
00258 del 17 de marzo de 2021.
Como consecuencia de la nulidad de la Resolución 2021 00258 del 17 de marzo de 2021 y
Resolución RDC 2021-01480 del 18 de junio de 2021, se reestablezcan los derechos del señor
MAURICIO MEJÍA GARCÍA, bajo el entendido que no tiene obligación de realizar aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral- SSSI., como trabajador independiente.
Como consecuencia de la nulidad de la Resolución No RDO ‒ 2021 - 00258 del 17 de marzo de
2021 y Resolución RDC – 2021 01480 del 18 de junio de 2021, se reestablezcan los derechos de mi
poderdante, bajo el entendido que no procede la sanción por la conducta de omisión, al no
encontrarse obligado a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social integral -SSSI-.
Invocó como vulnerados los artículos 2, 6, 29 y 363 de la Constitución; 204 de la Ley 100
de 1993; 137 y 138 del CPACA; 135 de la Ley 1753 de 2015; 7 del Decreto 3063 de 1989;
y 23 del Decreto 1818 de 1996, bajo el siguiente concepto de vulneración5:
-Aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (…). Señaló que los actos
demandados aplicaron la citada disposición para calcular el IBC, la cual había sido
declarada inconstitucional, mediante la sentencia C-219 de 2019 (MP: Luis Guillermo
Guerrero Pérez), a cuyos efectos, reprodujo el comunicado de prensa que informó de la
providencia. Adujo que si bien, se difirieron sus efectos a «dos años», esto tenía por objeto
garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores independientes que, en uso de tal
precepto, decidieron voluntariamente realizar aportes con base en lo allí previsto, sin que
pudiera malinterpretarse el sentido del fallo, ya que la Corte Constitucional lo que
buscaba era resguardar el derecho a la seguridad social de quienes habían actuado al
amparo de tal norma, más no, que se siguieran determinando obligaciones y sanciones
por parte de la demandada, a partir de un mandato inconstitucional. Bajo tal ilación,
concluyó que, como al momento de la expedición de los actos acusados, la disposición
«ya se había declarado inexequible», era improcedente la determinación de ajustes para el
período fiscalizado.
Seguidamente, reprodujo la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el
Juzgado 41 del Circuito de Bogotá (exp. 11001-33-37-041-2018-00378-00), la que en
síntesis determinó: (i) que para el año 2014 no existía certidumbre respecto del
procedimiento aplicable a los cotizantes, personas naturales independientes («rentistas de
capital, trabajadores por cuenta propia, empresarios, ganaderos, transportadores »), para establecer
una presunción de ingresos, máxime cuando los ingresos mensuales eran fluctuantes;
(ii) la facultad reglamentaria prevista en el parágrafo del artículo 33 de la Ley 1438 de
2011, no fue delegada por el Gobierno Nacional a los funcionarios de la UGPP, para que
Ilenaran las lagunas y optaran por mensualizar los ingresos, indistintamente de si fueron
recibidos en todos los meses o por una sola vez; y (iii) la presunción de veracidad de las
declaraciones tributarias no puede ser desvirtuada por la UGPP, bajo el argumento de
que está facultada para revisar su contenido, menos aún cuando lo hace de forma
parcializada, pues si existe presunción de ingresos, también debe aplicarse para el
reconocimiento de costos y gastos. Finalizada la transcripción de la prenotada
providencia, afirmó que esta acogía «todos los argumentos» que había planteado a su favor.
Efectos temporales de la inexequibilidad del artículo 135 ídem. Adujo que la figura
utilizada por la UGPP para sustentar el uso de una norma improcedente fue la
5
Samai tribunal, índice 2, certificado C1C42407D2FE076D 969543AF0C7C068E FFE19BA39AC65E1E 69A9F22BF1892262 (pdf),
pp. 10 a 32.
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Demandante: Mauricio Mejía García
«derogatoria» y así lo reconoció al determinar el marco normativo del acto administrativo.
Cuestionó que, la demandada siguiera haciendo uso del precepto inexequible, con el
argumento de que estuvo vigente para los períodos fiscalizados; no obstante, el artículo
135 de la Ley 1753 no solo había sido derogado, sino que fue declarado inconstitucional,
siendo irrelevante la derogatoria de la disposición, puesto que estaba en contra de la
Constitución. Seguidamente, planteó que la declaratoria de inexequibilidad implicaba
unos efectos en el tiempo que no podían ser desconocidos, conforme a lo señalado en
la sentencia C-619 de 2003, acorde con la cual, al tratarse de un vicio que afectaba la
validez de la norma, los efectos de la inconstitucionalidad debían ser ex tunc, como si se
tratara de una nulidad.
Afirmó que, si bien la Corte difirió la inexequibilidad a dos anualidades, era únicamente
con el propósito de que se tramitara una norma «que derogue de alguna forma» la disposición
inconstitucional; de modo alguno los efectos diferidos daban lugar a que las entidades
las siguieran utilizando para hacer más gravosa la situación de los administrados. Agregó
que haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, significaba que no
surgió a la vida jurídica, de manera que «todo debía volver al estado anterior a su vigencia».
Luego afirmó que, respecto de la antijuridicidad basada en «una sentencia de inexequibilidad
con efectos retroactivos», se fijó una posición dominante en una providencia de la Sección
Tercera de esta corporación6, según la cual, la norma extraída del ordenamiento
implicaba una carga que el particular no debía soportar; habiendo desaparecido
completamente el fundamento jurídico directo de la carga impuesta, no le era dable a la
autoridad administrativa «revivir» dichas obligaciones extintas y seguir perjudicando los
intereses de los administrados, vulnerando la Constitución.
Anotó que, para la doctrina, la inconstitucionalidad y/o nulidad de las normas tributarias
era «una especie de sanción» contra el legislador. Seguidamente, acotó que los fallos de
inexequibilidad eran de aplicación general y en consecuencia, debían ser cumplidos por
todos. Luego, concluyó que dicha lógica conducía a un efecto retroactivo de «todas las
sentencias».
Manifestó que los efectos temporales de la declaratoria de inexequibilidad eran claros,
en el sentido de aplicar en cualquier periodo de tiempo a partir de su promulgación, pues
lo que se buscaba más allá de la seguridad jurídica era el respeto a la cosa juzgada, bajo
criterios de justicia material, igualdad y otros principios constitucionales. Así, la
Administración no podía sustentar el uso de una norma expulsada constitucionalmente,
porque vulneraba los principios básicos del Estado social de derecho.
-Imposibilidad de cumplir con la exigencia de afiliación retroactiva y pago de aportes a
pensión. Sostuvo que los procedimientos de corrección no autorizaban afiliaciones
retroactivas (arts. 7 del Decreto 3063 de 1989 y 23 del Decreto 1818 de 1996). Adujo que
la demandada no podía ejercer sus funciones con el fin de determinar obligaciones a
cargo del contribuyente, cuando los aportes al subsistema de pensiones no cumplían su
fin último de protegerlo de los riesgos de invalidez, vejez o muerte. Explicó que el
demandante al ser «omiso en pensión» no podía afiliarse de forma retroactiva, pues esto
solo surtía efecto desde el momento de su afiliación; ahora, si se efectuaban los aportes
como lo determinaba la UGPP para 2017, la administradora de pensiones no los
computaría como «semanas cotizadas en 2017», sino «desde el momento de la afiliación en
adelante». Así, no se trataba de que la UGPP determinara obligaciones con el ánimo
sancionatorio, sino que debía garantizar «todos los derechos pensionales» para el periodo
fiscalizado.
6
Sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 24655, CP: Mauricio Fajardo Gómez.
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Demandante: Mauricio Mejía García
-Obligación de aportes en salud. Puso de relieve que no «disfrutó» los servicios de salud
del régimen contributivo en el año 2017, ya que los sufragó por sus propios medios.
Ahora, para no desconocer el principio de solidaridad, los aportes debían determinarse
«tomando como tarifa el 1,5% del IBC» el cual tenía como objeto contribuir al régimen
subsidiado en salud -art. 204 de la Ley 100 de 1993-, pues el 11% restante, estaba
destinado a sufragar el servicio de salud del afiliado, que no utilizó.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones del actor7, aduciendo haber ejercido sus
facultades a la luz de las «disposiciones especiales» vigentes al momento de expedir los
actos. Señaló que los hechos, fundamentos jurídicos y medios probatorios de su
contraparte no desvirtuaron la legalidad de lo decidido. En resumen, expuso los
siguientes «argumentos de defensa»:
-Del Sistema de la Protección Social – Sensibilización frente a la obligatoriedad de
afiliación (…). Destacó la irrenunciabilidad al derecho a la seguridad social (art. 48 de la
Constitución), en desarrollo de lo cual fue expedida la Ley 100 de 1993 -que incorporó
un sistema unificado de seguridad social que brindaba cobertura integral y fortalecía la
sostenibilidad financiera-. Recalcó los principios del artículo 2 ídem -eficiencia,
universalidad y solidaridad- y el entendimiento judicial de este último. Anotó que, para el
logro de los objetivos del sistema, se profirió la Ley 789 de 2002, cuyo objeto era la
ampliación de la protección social con el establecimiento de las contribuciones
parafiscales, esto es, los aportes al SPS en salud, pensiones y/o riesgos laborales.
-Frente al fondo del asunto y disposiciones quebrantadas. Precisó que su actuación se
efectuó en desarrollo de la labor fiscalizadora asignada por los artículos 156 de la Ley
1151 de 2007, 178 a 180 de la Ley 1607 de 2012 y los Decretos 169 de 2008 y 575 de
2013, los cuales le otorgaron competencias para el seguimiento, colaboración y
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes al
SPS. Respecto de las «sanciones por omisión e inexactitud», mencionó que el obligado no
demostró los supuestos fácticos de sus pretensiones. Insistió en que los actos
demandados observaron el ordenamiento, los medios probatorios y los principios de
defensa, contradicción y debido proceso. Afirmó que su contraparte no señaló con
«exactitud o claridad» cuál era la presunta infracción en que incurrió la demandada al expedir
los actos; solo hizo una enunciación de las normas, sin efectuar un análisis
pormenorizado de estas, ni las razones por las que, supuestamente, fueron infringidas.
A tales efectos, citó jurisprudencia según la cual el concepto de violación debía plasmar
una argumentación completa, so pena de incumplir los requisitos de «certeza, especificidad
y suficiencia».
Aseguró que no vulneró la Constitución porque la aplicación de las normas fue armónica
y ajustada a la «variedad» de las disposiciones existentes para la UGPP, y al hilo de ello,
reprodujo apartes de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca8, que
en un «caso similar» precisó que la entidad se encontraba facultada para determinar las
obligaciones de los «omisos» en materia de contribuciones parafiscales. Luego, puso de
relieve que al demandante se le respetó el debido proceso, puesto que le fueron
concedidas las oportunidades legales previstas para que ejerciera su defensa, las
decisiones se fundaron en el «acervo probatorio obrante en el plenario», actuó en el
correspondiente marco normativo y le notificó los actos en debida forma. Además, resaltó
que la entidad tenía como referente para desarrollar sus funciones el artículo 209
7
Samai tribunal, índice 9, certificado 90B818596B597576 1C9AD67F220CC359 5FF808C0A5D5947F D2C8C8154A957F24 (zip), 1
(pdf), pp. 4 a 24.
8
Sentencia del 09 de abril de 2014, exp. 11001-33-37-044-2013-00045-01, MP: José Antonio Molina Torres.
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constitucional. En consecuencia, las afirmaciones del demandante eran infundadas y no
demostraban que la entidad hubiera utilizado sus facultades para vulnerar la ley o buscar
una finalidad contraria al interés público. Seguidamente, precisó que la «facultad
sancionadora» la establecía el artículo 179.3 de la Ley 1607 de 2012, de manera que no
vulneró el principio de legalidad; la multa obedeció a normas preexistentes, y las
decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias, repentinas o improvisadas.
-Concepto de vulneración. Fundamentos de hecho y derecho. Respecto del reproche
sobre la aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 por haberse declarado
inexequible, aclaró que la entidad aplicó tal disposición, que regulaba la forma de calcular
el IBC de los trabajadores independientes, porque si bien la sentencia C-219 de 2019 la
declaró inconstitucional, esta difirió sus efectos «a las dos legislaturas siguientes», de modo
que sus efectos no fueron inmediatos ni retroactivos. Así, la determinación del IBC y la
liquidación de aportes efectuada en los actos acusados, eran correctos, esto es, el 40%
de los ingresos efectivamente percibidos. Seguidamente, en apoyo de la
constitucionalidad diferida, reprodujo apartes de sentencias de la Corte Constitucional
sobre el particular, para concluir que, la inexequibilidad diferida no significaba la
inaplicabilidad de la norma, pues sus efectos « se postergaban en el tiempo». Agregó que,
este no era el escenario idóneo para discutir los efectos determinados por la Corte
Constitucional respecto de la aplicación temporal de la norma.
En cuanto a la «imposibilidad de cumplir con la exigencia de afiliación retroactiva », partió de la
definición de «omisión», para seguidamente señalar que revisado el «histórico de afiliaciones»
del aportante, en las bases de datos del Registro Único de Afiliados (RUAF) y la
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
(Asofondos), encontró configurada la conducta de omisión en la vinculación, pues pese
a que el actor estaba afiliado al subsistema de pensiones desde el año 2006 no registró
la novedad de ingreso como trabajador independiente en el año 2017 ni pagó las
cotizaciones. Seguido de ello, enfatizó que si bien una de las finalidades de los aportes
al citado subsistema era proteger al obligado de los riesgos de invalidez, vejez o muerte,
no era el único fin perseguido, sino que era necesario tener en cuenta lo previsto en el
artículo 8 del Decreto 3033 de 2013, pues era a partir de los «recursos recuperados» que el
Estado, en virtud del principio de solidaridad, propendía por la ampliación de la protección
a los segmentos de la población no cubiertos por un sistema de pensiones.
Luego, advirtió que el litigio no versaba sobre una corrección de datos en la
autoliquidación de aportes, como lo señalaba el artículo 23 del Decreto 1818 de 1996,
citado por el demandante, sino sobre la omisión en la vinculación y su correspondiente
sanción. Además, precisó que, el cálculo actuarial era el mecanismo idóneo para la
convalidación del tiempo no cotizado a efectos de acceder a la pensión y aseguró que
este fue aplicado, según lo evidenciaba la liquidación oficial.
Respecto de la «obligación de aportes en salud», reivindicó las normas legales y
reglamentarias que consagraron los siguientes aspectos: (i) la afiliación de todos los
habitantes de Colombia al subsistema; (ii) los sujetos que debían vincularse al régimen
contributivo; y (iii) el monto y distribución de las cotizaciones. A partir de ello, arguyó que
no era la voluntad del contribuyente lo que determinaba «el porcentaje con el que realizaba los
pagos», ya que el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 era de «estricto cumplimento»; de modo
que la utilización o no de los servicios, no excluía del pago de los aportes, pues la finalidad
de la intervención estatal en el servicio de salud era el aseguramiento de su carácter
obligatorio, de ahí que aspectos como la afiliación o el monto de contribución no estaban
a la discrecionalidad del contribuyente o de la demandada. Finalizó concluyendo que su
actuación veló por el cumplimiento de las normas que garantizaban el servicio de salud
a la comunidad y la efectividad de los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
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Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda9. Tras describir el régimen jurídico
aplicable a la obligación de hacer cotizaciones por parte de los trabajadores
independientes y la base imponible, regulada a partir del 09 de junio de 2015 con el
artículo 135 la Ley 1753 de 2015, precisó que si bien tal norma fue declarada inexequible
mediante la sentencia C-219 del 22 de mayo de 2019, en su parte resolutiva determinó
diferir sus efectos «hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes (…)», de modo
que la declaratoria de inexequibilidad aplicaba en principio a partir del 20 de junio de
2021; sin embargo, mediante el artículo 336 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, el
Congreso derogó expresamente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2013, por lo que la
prenotada disposición desapareció del ordenamiento antes del término señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia. Así, la norma estuvo vigente desde el 09 de junio
de 2015 hasta el 25 de mayo de 2019, fecha de su derogatoria expresa.
Al hilo de ello, referenció la sentencia del 21 de marzo de 2024 (exp. 27738, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), donde se precisó que la sentencia C-219 de 2019 no tuvo
efectos retroactivos porque su diferimiento perseguía la concesión de un plazo para que
el legislador regulara el IBC de los trabajadores independientes. De esa forma, concluyó
que la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no afectó la
fiscalización de obligaciones causadas en 2017, pues la norma estuvo vigente en ese
período. En consecuencia, encontró que el demandante -trabajador independiente-
estaba obligado a declarar y pagar los aportes a salud, pensión y al fondo de solidaridad
pensional.
Frente a la «afiliación retroactiva» al subsistema de pensiones en 2017, previo aludir a los
artículos 7 del Decreto 3063 de 1989 y 23 del Decreto 1818 de 1996, precisó que la
conducta del actor no se enmarcaba en una afiliación retroactiva, puesto que estaba
afiliado desde el 19 de mayo de 2006, por lo que no era viable aplicar lo preceptuado en
tal normativa; sobre todo cuando las cotizaciones extemporáneas de los trabajadores
independientes no eran ineficaces. Además, señaló que la entidad había liquidado la
reserva actuarial -procedimiento que consideraba los pagos realizados como semanas
cotizadas a los efectos pensionales-. Tras esto, concluyó que el pago de las cotizaciones
debidas en 2017 era una obligación legal (arts. 15 y 17 de la Ley 100 de 1993) y que, por
ende, los actos no afectaron el derecho pensional del obligado, lo que, en todo caso, no
era el objeto de la discusión.
En cuanto a la obligación de pagar los «aportes al subsistema de salud», destacó que las
personas con capacidad de pago debían afiliarse al régimen contributivo, en calidad de
cotizantes (arts. 157 de la Ley 100 de 1993 y 26 del Decreto 806 de 1998); sin embargo,
el actor incumplió dicha obligación, supuesto bajo el cual, no era razonable aplicar una
tarifa del 1,5% a los aportes, puesto los aportantes con capacidad de pago debían aportar
al 12,5%.
Recurso de apelación
El actor recurrió la decisión del tribunal10 aduciendo los siguientes «errores in iudicando» en
la providencia:
-Falta de aplicación o exclusión evidente, lo cual suele presentarse por regla general,
9
Samai tribunal, índice 29, certificado 063B75C848CDB27A B5BA4426251A3184 808F8E6ECCE3A434 9B765F7DC1279E9E (pdf),
pp. 6 a 26.
10
Samai tribunal, índice 32, certificado 15EB3416D396FA2B B9BEFEB21E69399A 31E24033095A889C C168D8B3D174511C (pdf),
pp. 1 a 8.
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Demandante: Mauricio Mejía García
cuando el funcionario yerra acerca de la existencia de la norma y por eso no la considera
en el caso específico que la reclama (…). Afirmó que la sentencia otorgó un valor
probatorio pleno a los ingresos reportados en la información exógena y no justificó las
competencias de su contraparte para utilizar esa información. Adujo que si bien la UGPP
podía verificar la debida cotización de aportes, ninguna norma la facultaba para «tomar la
declaración exógena de las personas naturales y dividirla en 12», actuación que violaba la seguridad
jurídica. Manifestó que tanto la demandada como el a quo debían tener en cuenta que
los ingresos de las personas no eran iguales en todos los meses, sino que podían variar
en los periodos fiscalizados, del total reportado a la Dian en la información exógena, pues
estos eran anualizados. Por tanto, si el contribuyente no efectuaba una «discriminación
temporal» no podía la Administración hacerlo, porque eran ellos quienes sabían en qué
momento los recibieron. Ahora, bien hubiese podido dividir el monto en dos meses para
cotizar sobre éstos, sin embargo, la entidad, en su afán de recaudar, lo hizo en 12 meses
por simple capricho.
Al hilo de lo anterior, adujo que ni las normas invocadas por su contraparte ni el fallo, la
facultaban para prorratear los ingresos en el periodo fiscalizado, pues, aunque el pago
de las cotizaciones era mensual, esto no podía entenderse como una justificación para
presumir ingresos mensualizados; de existir esa posibilidad, el único que podía
determinarlo era el legislador, en virtud del principio de reserva de ley.
Señaló que una característica del principio de legalidad era que la ley debía ser previa y
cierta, esto es, formular de manera clara y precisa las conductas, para evitar
interpretaciones equívocas y vacíos jurídicos, lo que atentaba contra la seguridad
jurídica. Sostuvo que si bien, la ley podía autorizar a las autoridades territoriales para fijar
las tarifas de las tasas y contribuciones «que cobren a los contribuyentes», el sistema y
método, para definir los costos, debían ser determinados por la ley.
Luego, respecto del efecto de la inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015,
censuró que esto fue analizado por la sentencia de forma «sumaria», sin hacer mención
del principio de seguridad jurídica. Expuso que la figura utilizada por su contraparte para
sustentar la aplicación de una norma improcedente fue la «derogatoria», criterio
coadyuvado por la sentencia. Asimismo, sostuvo que la demandada y el tribunal eran
conscientes de la inconstitucionalidad de la disposición; sin embargo, siguieron haciendo
uso de la misma con el argumento de su vigencia para los periodos fiscalizados.
Planteó que la prenotada disposición, no solo fue derogada sino que la Corte ya la había
declarado como contraria a la Constitución, a través de la inexequibilidad, por lo que
resultaba irrelevante que el artículo 135 ídem la hubiese derogado, dado que la
disposición contrariaba la Constitución. Adujo que la declaratoria de inconstitucionalidad
aparejaba unos efectos jurídicos en el tiempo que no podían desconocerse por ninguna
autoridad administrativa o judicial, conforme a lo señalado en la sentencia C-619 de 2003,
en el sentido de que, tratándose de un vicio que afectaba la validez de la norma, los
efectos de la inconstitucionalidad debían ser ex tunc, como si fuera una nulidad.
Insistió en que el diferimiento de la inconstitucionalidad a dos anualidades era únicamente
para que se tramitara una norma que derogara de alguna forma el dispositivo
inconstitucional, pero esto no daba lugar a que las autoridades siguieran empleando la
norma que contrariaba la Carta, para hacer más gravosa la situación de los administrados
y mucho menos, para que el juzgador fundamentara su ratio decidendi en una regla que,
se apartaba de la Constitución, lo que viciaba el sentido del fallo.
Igualmente, reiteró que respecto de la antijuridicidad basada en « una sentencia de
inexequibilidad con efectos retroactivos» se había fijado una posición dominante en una
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Demandante: Mauricio Mejía García
providencia de la Sección Tercera de esta corporación11, según la cual, la norma extraída
del ordenamiento implicaba una carga que el particular no debía soportar; habiendo
desaparecido completamente el fundamento jurídico directo de la carga impuesta, no le
era dable a la autoridad administrativa «revivir» dichas obligaciones extintas y seguir
perjudicando los intereses de los administrados, vulnerando con ello la Constitución. Para
finalizar, adujo que toda actuación que desbordara las competencias de la demandada
era ilegal y podía constituir una vía de hecho.
-Falso raciocinio (…). Advirtió que (i) la determinación de obligaciones tributarias no debía
fundarse en «presunciones», sino en hechos probados; y (ii) cualquier duda debía
resolverse a su favor (arts. 742 y 745 del ET). Respecto de los anteriores preceptos,
consideró que fueron incumplidos ya que no fue acreditada la obtención de ingresos por
los valores estimados en los meses fiscalizados. Si bien percibió un «monto cierto», este
pudo causarse en diferentes porcentajes por periodicidades y no habiéndose probado
esto, la autoridad contaba con la potestad de tenerlos como percibidos en una sola
oportunidad; situación que, ante la duda, era la más beneficiosa para el administrado. En
cualquier caso, no podía colocarse en cabeza del actor, el deber de probar la
mensualización de sus ingresos, cuantos estos fueron «abruptamente» tomados de su
declaración de renta. Luego, ante la ausencia de hechos probados, se debía establecer
la condición más beneficiosa, esto es, pagar los tributos sobre los ingresos declarados
por una sola vez, pues las autoridades no gozaban de una «amplia subjetividad», sino que
debían ceñirse por una «extrema objetividad». Agregó que en el procedimiento administrativo
solo podía hablarse de «prueba en sentido impropio», dado que la actividad de la autoridad
fiscal era una actividad de comprobación y no de prueba en sentido técnico.
-Falta de aplicación o exclusión evidente (…). El tribunal ignoró que los trabajadores
independientes debían pagar, en cualquiera de los subsistemas, por anticipado; no les
era permitido realizar pagos y/o afiliaciones retroactivas. Seguidamente, y luego de
reproducir pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que (i) los
enunciados sujetos debían aportar por periodos mensuales y en forma anticipada, de
modo que las novedades ocurridas y no reportadas en esos términos debían informarse
al mes siguiente, de manera que las cotizaciones no tenían efectos retroactivos; y (ii) las
entidades administradoras de los diferentes regímenes no estaban obligadas a adelantar
acciones de cobro frente a los aportes en mora de los trabajadores independientes, en
apoyo de lo cual transcribió apartes de una sentencia de la Corte Constitucional.
Así, afirmó que la pretensión de afiliación retroactiva además de ser ilegal perjudicaba al
demandante, porque se estaría favoreciendo un enriquecimiento sin causa de la entidad
de pensiones, pues tales pagos en nada beneficiaban al administrado para que pudiera
gozar alguna vez de pensión de vejez, que era el objetivo de quienes se afiliaban al
sistema.
En cuanto al subsistema de salud, insistió en la imposibilidad de efectuar afiliaciones
retroactivas en virtud del «párrafo» 4 del artículo 16 del Decreto 2353 de 2015,
reglamentado por el artículo 2.1.3.1 del Decreto 780 de 2016 -normas aplicables en el
periodo fiscalizado-, lo que era plenamente aplicable al periodo fiscalizado en debate.
Pronunciamientos finales
La demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta oportunidad.
11
Sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 24655, CP: Mauricio Fajardo Gómez.
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Demandante: Mauricio Mejía García
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por el demandante contra la sentencia de primera instancia, que le negó las
pretensiones.
Problemas jurídicos
En concreto, corresponde a la Sección examinar: (i) si, en virtud de la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, tal disposición no podía
aplicarse en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017,
que corresponde a aquel en el que le fueron determinados los aportes al SPS, como
trabajador independiente; y (ii) si la obligación establecida en los actos sometidos a
control judicial configuraba una improcedente afiliación retroactiva a los subsistemas de
pensiones y salud; a la primera, porque los independientes debían pagar, en cualquiera
de los subsistemas por anticipado; no siendo permitido realizar pagos y/o afiliaciones
retroactivas, y a la segunda ante la imposibilidad de hacerlo en virtud de lo previsto en el
«párrafo» 4 del artículo 16 del Decreto 2353 de 2015.
Preliminarmente, la Sala advierte que el recurso de apelación incluyó cuestionamientos
novedosos relacionados con (i) la utilización de la información reportada en medios
magnéticos; (ii) las potestades de la Administración para «prorratear» o «mensualizar» sus
ingresos en los periodos fiscalizados; reproches que no conformaron los planteamientos
de la demanda y, por consiguiente, no fueron considerados por el tribunal en su decisión,
de modo que su análisis excedería la competencia asignada al juez de segunda instancia,
quien debe limitar su revisión a los aspectos controvertidos, aducidos y gestados en el
trámite de primer grado (art. 328 del CGP)12. Lo anterior, en garantía de los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción de la demandada13, quien no tuvo la oportunidad
de conocer y controvertir dichos aspectos novedosos14.
Análisis del caso concreto
2- Frente al primer problema jurídico, el demandante alegó que la sentencia analizó de
forma «sumaria» los efectos de la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de
2015, sin mencionar el principio de seguridad jurídica. Luego, expuso que la figura
utilizada por la autoridad para sustentar la aplicación de una norma improcedente era la
«derogatoria» -hecho coadyuvado por el fallo-. Asimismo, adujo que su contraparte y el
tribunal eran conscientes de la inconstitucionalidad de la disposición; sin embargo,
siguieron haciendo uso de esta, con el argumento de su vigencia para los periodos
fiscalizados. A su juicio, resultaba irrelevante que el artículo 135 ídem hubiera sido
derogado, porque ya se había establecido que la norma contrariaba la Constitución.
Igualmente, adujo que el diferimiento de la inconstitucionalidad, establecido en la
sentencia C-619 de 2003, de la Corte Constitucional, a dos anualidades, tenía como
propósito que el legislador derogara de alguna forma el dispositivo inconstitucional, pero
esto no daba lugar a que se siguieran empleando la norma que contrariaba la Carta,
porque hacía más gravosa la situación de los administrados y, además, tampoco podía
ser el fundamento de la ratio decidendi del fallo del tribunal, porque se trataba de una
regulación que se apartaba de la Constitución.
12
Sentencias del 11 y 18 de julio de 2024 (exps. 26450 y 26195, CP: Wilson Ramos Girón).
13
Sentencia del 20 de marzo de 2025 (exp. 29035, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño).
14
Sentencia del 27 de marzo de 2025 (exp. 28464, CP: Wilson Ramos Girón).
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En contraposición, la demandada aseguró que la sentencia C-219 de 2019 difirió sus
efectos «a las dos legislaturas siguientes», razón por la cual el artículo 135 de la Ley 1753 de
2015 fue vinculante en el periodo fiscalizado y la base imponible era correcta. Asimismo,
defendió que la inconstitucionalidad diferida no significaba la inaplicabilidad de la
disposición, toda vez que sus efectos «se postergaban en el tiempo». Al mismo tiempo,
puntualizó que este no era el escenario apropiado para discutir los efectos determinados
por la Corte Constitucional sobre la aplicación temporal de la norma.
El a quo destacó el diferimiento de los efectos de la sentencia C-219 de 2019 «hasta el
vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes (…) ». Igualmente, precisó que la norma
fue derogada por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, de modo que el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015 salió del ordenamiento antes del plazo señalado por la Corte
Constitucional; -sin perjuicio de lo cual, estuvo vigente entre el 09 de junio de 2015 y el
25 de mayo de 2019. Así, concluyó que la inconstitucionalidad del artículo 135 ibidem no
afectó la fiscalización de obligaciones causadas en el año 2017, en tanto la norma estuvo
vigente en ese periodo; de modo que, la situación del demandante -trabajador
independiente- exigía la declaración y pago de aportes en salud, pensión y al fondo de
solidaridad pensional.
2.1- En primer lugar, es de precisar que las partes no discutieron la existencia de la base
gravable para calcular los aportes al SPS de los trabajadores independientes para los
periodos de enero a diciembre del 2017, sino los efectos de la inconstitucionalidad del
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Al respecto, la Sala reiterará el criterio judicial
contenido, entre otras, en la sentencia del 20 de junio de 2024 (exp. 28196, CP: Wilson
Ramos Girón), en la cual se precisó que la mencionada disposición «sí regía para determinar
la base gravable de las cotizaciones a pensión y salud a cargo de los trabajadores independientes por
cuenta propia para los periodos de 2017, pues su declaratoria de inconstitucionalidad ocurrió cuando ya se
había causado esa obligación (…), al margen de que no se hubieran presentado las declaraciones o
iniciado el procedimiento para su liquidación oficial». Además, la providencia explicó que «la regla
especial de aplicación en el tiempo que fijó la Corte Constitucional (…) supuso que la disposición
continuaría aplicándose –hacía el futuro– hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes,
contadas a partir de la notificación de esta sentencia que ocurrió el 03 de marzo de 2020».
Pues bien, a través de la sentencia C-219 del 22 de mayo de 2019 (MP: Luis Guillermo
Guerrero Pérez), la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 y resolvió «[d]iferir los efectos de la inconstitucionalidad (…) hasta el vencimiento de
las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia». En
términos generales, el fallo puso de relieve la falta de unidad de materia entre la
regulación del IBC para los trabajadores independientes y los objetivos previstos en dicha
ley -Plan Nacional de Desarrollo entre 2014 y 2018-. Luego, el Congreso de la República
expidió la Ley 1955 de 2019, cuyo artículo 336 derogó en forma expresa el artículo 135
de la Ley 1753 de 2015, disposición que también fue retirada del ordenamiento -sentencia
C-068 del 19 de febrero de 2020 (MP: Diana Fajardo Rivera)- «con efectos diferidos hasta el
vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes».
Se advierte que tanto la sentencia C-219 de 2019 como la jurisprudencia de esta
corporación -sentencia del 21 de marzo de 2024 (exp. 27738, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto)- precisaron que los fallos de inconstitucionalidad de la Corte
Constitucional tienen efectos hacia futuro -ex nunc-, momento a partir del cual se
entenderá retirado del ordenamiento jurídico el precepto legal contrario a la Constitución
Política, salvo que se disponga una cuestión distinta en la respectiva decisión (art. 45 de
la Ley 270 de 1996).
Es así como, frente al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, la Corte Constitucional
puntualizó que su retiro inmediato podía generar una alteración en las dinámicas de
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cotización de los trabajadores independientes, afectar la sostenibilidad financiera del
sistema de seguridad social integral y, eventualmente, suscitar una falta de
reglamentación en un aspecto ínsito de la seguridad social. Por consiguiente, determinó
que los efectos de la inconstitucionalidad se diferirían hasta por las dos próximas
legislaturas, para que el Congreso «de una manera deliberativa más amplia, apruebe una ley
ordinaria en la que se establezca con precisión la base de cotización de trabajadores independientes al
[SPS]». A su turno, la Sala15 aclaró que «una inexequibilidad inmediata podría dar lugar a la eventual
afectación de principios y valores constitucionales, de ahí que (…) la decisión (…) no operó con efectos
retroactivos».
2.2- Considerado lo anterior, para la Sala resulta claro que el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015 tuvo vigencia para los periodos fiscalizados de 2017, porque la Corte
Constitucional, sustentada en el art. 45 de la Ley 270 de 1996, precisó que el artículo 135
ídem no sería retirado del ordenamiento, sino en una fecha posterior a la expedición de
la sentencia C-219 de 2019; esto es, «hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias
siguientes», contados a partir de la notificación de la sentencia que declaró su
inexequibilidad, resultando irrelevante los planteamientos respecto de la «derogatoria» e
«inexequibilidad» de la norma.
En consecuencia, la Administración podía válidamente aplicar el artículo 135 ibidem para
el caso en cuestión, puesto que para tal momento se encontraba en pleno vigor,
circunstancia que de suyo descarta la vulneración del principio de seguridad jurídica a
que alude el impugnante, y se aparta de lo señalado en la sentencia del 23 de febrero de
2012, exp. 24.655, CP: Mauricio Fajardo Gómez que fue referenciada.
No prospera el cargo de apelación.
3- Precisado lo anterior, la Sala atenderá el segundo problema jurídico, atinente a si la
obligación establecida en los actos demandados configuraba una improcedente afiliación
retroactiva a los subsistemas de pensiones y salud.
Al respecto, el apelante adujo que los trabajadores independientes no podían efectuar
pagos y/o afiliaciones retroactivas al SPS. A tales fines, citó providencias de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional y afirmó que (i) tales sujetos debían
aportar por períodos mensuales y en forma anticipada, de modo que las novedades
ocurridas y no reportadas en esos términos eran informadas al mes siguiente y las
cotizaciones no surtían «efecto retroactivo»; (ii) las entidades administradoras no estaban
obligadas a adelantar acciones de cobro frente a los aportes en mora; y (iii) el marco legal
de los aportes de trabajadores independientes al SPS impedía que estos incurrieran en
mora, dado que sus pagos eran «mes anticipado, y en caso de pagar sobre un valor inferior al salario
mínimo, debe entenderse que este es un anticipo a cotizaciones (…) en el futuro ». Así, adujo que la
afiliación al subsistema de pensiones a partir de «la vigencia anterior», además de ilegal, lo
perjudicaba y favorecía un enriquecimiento sin causa a favor de la administradora, pues
la imposibilidad de tomar los pagos en forma retroactiva obstaculizaba el goce de la
pensión de vejez. En cuanto al subsistema de salud, insistió en la imposibilidad de
efectuar afiliaciones retroactivas en virtud del «párrafo» 4 del artículo 16 del Decreto 2353
de 2015 (reglamentado por el art. 2.1.3.1 del Decreto 780 de 2016).
Por su parte, la Administración adujo que de su revisión al «histórico de afiliaciones» del
aportante en las bases de datos del RUAF y Asofondos, encontró configurada la conducta
de omisión en la vinculación, pues pese a que el actor estaba afiliado al subsistema de
pensiones desde 2006, no registró la novedad de ingreso como trabajador independiente
en el año 2017 ni pagó las cotizaciones. Igualmente, señaló que la finalidad de los aportes
15
Sentencia del 20 de febrero de 2025 (exp. 28878, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño).
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al subsistema no estaba limitada a la protección de los riesgos de invalidez, vejez o
muerte, sino que a partir de los «recursos recuperados», que el Estado propendía por la
ampliación de la protección a los segmentos de la población no cubiertos por un sistema
de pensiones. Asimismo, advirtió que el litigio no versaba sobre una corrección de datos
en la autoliquidación de aportes como lo señalaba el artículo 23 del Decreto 1818 de
1996 que invocaba el actor, sino sobre la omisión en la vinculación y su sanción, y explicó
que, el cálculo actuarial era el mecanismo idóneo para convalidar el tiempo no cotizado
a efectos de acceder a la pensión, lo que, aseguró, fue aplicado, según lo evidenciaba la
liquidación oficial.
Respecto de la «obligación de aportes en salud», reivindicó las normas que consagraron los
siguientes aspectos: (i) la afiliación de todos los habitantes de Colombia al subsistema;
(ii) los sujetos que debían vincularse al régimen contributivo; y (iii) el monto y distribución
de las cotizaciones, a partir de lo cual aclaró que la voluntad del obligado no determinaba
«el porcentaje con el que realizaba los pagos», ya que el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 era
de «estricto cumplimento» y la falta de utilización de los servicios no excluía el pago del
aporte.
El tribunal concluyó que el actor incurrió en omisión de vinculación porque «se afilió al
sistema pensional desde 2006, pero no reportó su estado ni pagó los aportes »; y descartó que la
conducta correspondiera a una afiliación retroactiva dado que las cotizaciones
extemporáneas de los trabajadores independientes no eran ineficaces. Advirtió que la
Administración liquidó la reserva actuarial. Así, determinó que el pago de las cotizaciones
debidas en 2017 era una obligación legal (arts. 15 y 17 de la Ley 100 de 1993) de modo
que los actos no afectaron el derecho pensional del obligado -aspecto no discutido-. En
cuanto a la obligación de pagar los aportes al subsistema de salud, destacó que las
personas con capacidad de pago debían afiliarse al régimen contributivo en calidad de
cotizantes (arts. 157 de la Ley ídem y 26 del Decreto 806 de 1998), sin embargo, el actor
incumplió dicha obligación. Asimismo, rechazó la posibilidad de aplicar una tarifa del 1,5%
porque la norma contempló un porcentaje diferente -12,5%- sin que fuera relevante el
goce de los servicios de salud.
3.1- A los efectos de dirimir el segundo problema jurídico, la Sala reiterará lo señalado
por esta judicatura, entre otras providencias, en la del 20 de febrero de 2025 (exp. 28878,
CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño), respecto de que la actuación administrativa
encaminada a reclamar al afiliado las cotizaciones no pagadas con ocasión de la omisión
en la afiliación o la inexactitud en la cuantía de los aportes no materializa una afiliación
retroactiva, en el siguiente sentido: «lo que no obsta para precisar que la actuación administrativa
no se orientó a afiliar retroactivamente al aportante, pues esta se dirigió a reclamar las cotizaciones que el
obligado no pagó producto de la omisión en la afiliación o que lo hizo de forma inexacta».
Al efecto, es preciso recordar que la «filosofía» del SPS comporta un entendimiento según
el cual «los aportes no tienen que verse necesariamente reflejados en las prestaciones, pues estos
aportes tienen finalidades que sobrepasan el interés individual del afiliado y apuntan a la protección del
sistema considerado como un conjunto dirigido a proteger a toda la población»16. De ahí que esta
judicatura, al analizar la normativa que regula la obligación de hacer aportes al SPS, haya
indicado que: «Todas las personas que, sin estar vinculadas por contrato de trabajo ni de prestación de
servicios, perciban ingresos propios derivados de una actividad económica o de la explotación de un
capital, están obligadas a afiliarse y realizar aportes al sistema, en aplicación de los principios de
solidaridad, universalidad y capacidad contributiva» (sentencia del 05 de junio de 2025, exp.
29480, CP: Wilson Ramos Girón).
16
Sentencia del 20 de septiembre de 2024 (exp. 28045, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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Igualmente, la jurisprudencia de la Sección17 ha precisado que la conducta de omisión se
configura «ante dos supuestos, a saber: (i) el incumplimiento de afiliarse; o (ii) no informar la novedad
de ingreso (vinculación)». Al respecto, la omisión en la afiliación es «el incumplimiento de la
obligación de afiliarse a alguno de los subsistemas y, por esa razón, no haberse declarado ni pagado las
cotizaciones». Por su parte, la omisión en la vinculación « corresponde al evento en el que,
existiendo afiliación al subsistema, el aportante no reporta la novedad de ingreso mediante la planilla PILA,
teniendo la obligación y (…) no efectúa el pago de las contribuciones».
Ahora bien, el artículo 3.1 del Decreto 2353 de 2015 -que, entre otras cosas, «unificó y
actualizó las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud»- prescribió que la
afiliación era «el acto de ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se realiza a
través del registro en el Sistema de Afiliación Transaccional, por una única vez, y de la inscripción en una
Entidad Promotora de Salud - EPS - o Entidad Obligada a Compensar - EOC». En materia pensional,
el artículo 2.2.2.1.2 del Decreto 1833 de 201618 -el cual compiló «las normas del Sistema
General de Pensiones»- previó que la afiliación era «permanente e independiente del régimen que
seleccione el afiliado (…) no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero
podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de
cotizaciones».
La normativa anterior establecía lo que significa la afiliación a los subsistemas que
conforman el SPS en términos de normalidad, cuando por primera vez se hace el ingreso
al sistema y solo ocurre por una vez, de modo que para percibir servicios de salud tendrá
primero que llevarse a cabo la afiliación y pagar al subsistema y así poder percibir los
servicios de salud y, del mismo modo, el que empiece a cotizar a pensiones le supondrá
primero afiliarse a alguno de los regímenes para el inicio de la suma de semanas de
cotización. Para el caso, la consulta del «histórico de afiliaciones» del aportante y la
información consignada en las bases de datos del RUAF y Asofondos, efectuada por la
Administración, reflejó que el actor se afilió a los subsistemas de pensiones y salud los
días 19 de mayo de 2006 y 08 de julio de 2014, respectivamente; sin embargo, no efectuó
la novedad de ingreso y el pago de la cuota tributaria de las vigencias fiscalizadas.
3.2- Bajo las anteriores premisas, no encuentra la Sala vulneradas las disposiciones
alegadas por el actor, de una parte, porque el artículo 3.1 del Decreto 2553 de 2015 solo
advierte que los efectos de la afiliación son hacia el futuro, no siendo posible en
consecuencia, acceder a los beneficios de los subsistemas de salud y pensión antes de
ocurrir este ingreso al sistema, lo que no se contrapone, ni afecta la posibilidad que tiene
la Administración de recuperar los aportes a los cuales estaba obligado el administrado,
en garantía de la sostenibilidad del sistema; y es justamente, con tal propósito que la
UGPP fue investida con amplias potestades que puede ejercer válidamente en el término
de caducidad previsto en la ley [5 años]. Adicionalmente, porque, la segunda disposición,
artículo 23 del Decreto 1818 de 1996, regula el tema pensional en procedimientos de
corrección de la información, lo que no corresponde al caso debatido.
Adicionalmente, no puede el actor obviar el hecho de que los tributos dirigidos a sostener
el SPS no solo propenden por satisfacer la prestación individual del cotizante en los
distintos subsistemas, sino que dicho sistema de seguridad social está regido por el
principio de solidaridad que «implica que todos los que participan en el sistema tienen el deber de
contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban, en general,
cotizar, no solo para poder recibir los distintos beneficios, sino para preservar el sistema en su conjunto»
(sentencia C-739, del 10 de septiembre de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño); de tal
forma que lo que se consulta es la capacidad contributiva del sujeto pasivo, a los efectos
de que bajo los supuestos del hecho imponible, surja la obligación tributaria y, con ello,
17
Sentencias del 29 de junio de 2023 (exp. 26364, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 07 de septiembre de 2023, 11 de abril y
26 de junio de 2024 (exps. 26481, 26417 y 28302, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
18
Originalmente contenida en el artículo 13 del Decreto 692 de 1994.
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Demandante: Mauricio Mejía García
el de pagar las cotizaciones a cargo, lo que transciende la exclusiva obtención de un
beneficio efectivo ya sea en la prestación del servicio de salud, o la obtención del
reconocimiento de la pensión, como lo propone el apelante.
Con todo, en lo que al aporte pensional se refiere, cabe precisar que, de no llegar el
sujeto pasivo a obtener el reconocimiento de la pensión, se tendría derecho a la
indemnización sustitutiva o a la devolución de los saldos, bajo el régimen de prima media
o ahorro individual con solidaridad, según corresponda, en los términos de la Ley 100 de
1993, artículos 37 y 66.
De acuerdo con lo anterior, las cotizaciones reclamadas por la demandada eran
procedentes al haber nacido la obligación tributaria dada la capacidad contributiva del
actor, sin que el hecho de no haber disfrutado de la prestación del servicio de salud o que
no lo beneficie a efectos de una futura pensión, tenga la entidad de enervar la citada
obligación legal de efectuar los aportes; sobre todo cuando las implicaciones que opone
el demandante, le son plenamente atribuibles por la omisión incurrida; todo lo cual,
descarta el alegado enriquecimiento injustificado del Estado por reclamar cotizaciones
correspondientes a mensualidades a las que estaba obligado el administrado.
No prospera el cargo de apelación.
4- Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en los párrafos
precedentes, esta corporación confirmará la sentencia de primera instancia.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que (i) si bien es cierto que, la sentencia C-219 de 2019 declaró la
inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, no lo es menos que, los
efectos de tal declaratoria se difirieron «hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias
siguientes» contados a partir de la notificación de la prenotada sentencia; y (ii) la
irretroactividad de la afiliación, no afecta la posibilidad de que la Administración recupere
las cotizaciones no pagadas por un obligado, en garantía de la sostenibilidad del sistema;
propósito para el cual, fue investida la UGPP con amplias potestades que puede ejercer
válidamente en el término de caducidad previsto en la ley.
Costas
6- Acorde con la posición actual y mayoritaria de la Sección, fijada en la sentencia del 23
de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón), se condenará en costas
-agencias en derecho- a la parte vencida o a quien se resuelva desfavorablemente el
recurso, sin que haga falta prueba alguna, en el entendido que «el reconocimiento del
segmento de la condena en costas correspondiente a las agencias en derecho no depende de que se
pruebe haber contratado la prestación de servicios de apoderamiento judicial», pues «el monto de esas
agencias en derecho no guarda ninguna relación con la prestación económica a la que tenga derecho el
apoderado de la parte vencedora en el juicio».
En el caso, la parte demandante resultó vencida en el proceso, con lo cual, la condena
en costas -agencias en derecho- es procedente. Así, se fijarán como agencias en derecho
en esta instancia el equivalente a un (1) smlmv al momento de la ejecutoria de la
providencia. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00503-01 (28861)
Demandante: Mauricio Mejía García
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia.
2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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