Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00516-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00516-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00516-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00516-01 (29650)
Demandante: Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00516-01 (29650)
Demandante ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
Efectos inmediatos de la sentencia de nulidad de un acto
administrativo de carácter general. Restablecimiento del
derecho procedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió1:
«PRIMERO: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial SSPD-20205340068756 del 21 de
septiembre de 2020, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios –SSPD determinó la contribución especial para el año 2020, a cargo de la
sociedad Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.; la Resolución SSPD-2021530003435 del 15 de
febrero de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, y la Resolución SSPD-
20215000154085 del 14 de mayo de 2021, que desató el recurso de apelación y confirmó en
todas sus partes la liquidación oficial.
A título de restablecimiento del derecho, declarar que la actora no adeuda suma alguna por
concepto de la tasa de vigilancia especial del período 2020 y ordenar a la demandada
devolver la suma de $984.417.000, ajustado al IPC, conforme a los artículos 187, 192 y 195
del CPACA, sufragados como pago del tributo por el año 2020.
SEGUNDO: Por no haberse causado, no se condena en costas (…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) mediante
Resolución SSPD 202000003335 del 20 de agosto de 2020 reguló aspectos de la
contribución especial por el año 2020 y determinó la tarifa aplicable.
La SSPD expidió la Liquidación Oficial Nro. 20205340068756 del 21 de septiembre
de 2020, que determinó la contribución especial, regulada en el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, a cargo de Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. por el año 2020.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior
decisión, pero la entidad demandada la confirmó mediante las Resoluciones Nro.
20215300003435 del 15 de febrero de 2021 y Nro. 20215000154085 del 14 de mayo
del mismo año, respectivamente.
1
SAMAI Tribunal, índice 39, páginas 15 a 16.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00516-01 (29650)
Demandante: Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
«2.1. Nulidad
Respetados Magistrados, sírvanse declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Oficial SSPD No. 20205340068756 del 21 de septiembre de 2020,
correspondiente a la contribución especial año 2020, expedida a cargo de la empresa
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA E.S.P. identificada con el Nit
892.002.210 – 6, por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($983.477.000,00), por el
servicio de energía.
• Resolución No. SSPD – 20215300003435 del 15/02/2021, “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición presentado por la EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
E.S.P., contra la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340068756 del 21 de septiembre de
2020, contribución especial vigencia 2020, por el servicio de energía eléctrica”
• Resolución No. SSPD – 20215000154085 del 14/05/2021, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”
2.2. Restablecimiento del Derecho
Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, a título de Restablecimiento
del Derecho:
2.2.1. Se ordene a LA DEMANDADA el reintegro total del valor pagado por LA EMSA por
concepto de la contribución especial año 2020, junto con los intereses correspondientes.
2.2.2. Se declare que LA EMSA no está obligada a cancelar la contribución especial vigencia
2020, determinada con ocasión de la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340068756 del 21
de septiembre de 2020.
2.2.3. Se declare a LA DEMANDADA responsable de los perjuicios patrimoniales generados
a LA DEMANDANTE generados con la expedición de los actos administrativos demandados,
y consecuentemente, pagar a LA EMSA la indemnización integral de los perjuicios
patrimoniales generados en la cuantía que sea probada en el presente proceso.
2.2.4. Que se condene en costas y agencias en derecho a LA DEMANDADA.
2.2.5. Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro del término y los fines establecidos en los
artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
2.3. Subsidiarias
Respetados Magistrados, en el infortunio de no acceder a las anteriores pretensiones, ruego
tener como pretensiones subsidiarias las siguientes:
2.3.1. Se ordene excluir de la base gravable la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/TE.
($140.104.055.330) para energía; y en consecuencia determinar un menor valor a pagar de
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($734.988.277) por concepto de la Contribución
Especial de la vigencia 2020 de LA EMSA.
Como resultado de lo anterior, se ordene a LA SSPD devolver a LA DEMANTANTE (sic) la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/TE. ($248.488.723), los cuales fueron
pagados en exceso.»
2
SAMAI del Tribunal, índice 2, PDF de la demanda y sus anexos, páginas 18 a 19. Si bien la actora presentó reforma a la
demanda, no modificó estas pretensiones (Cfr. índices 10 y 11).
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00516-01 (29650)
Demandante: Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
Para estos efectos, en la demanda inicial, invocó como normas violadas los artículos
2, 4, 29, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 3, 42, 91, 92 y 137 de la Ley
1437 de 2011; y 85 de la Ley 142 de 1994.
El concepto de violación formulado en la demanda inicial, cuyo último cargo fue
adicionado en el escrito de reforma, se resume así:
Señaló que los actos demandados desconocen los principios de legalidad y de
certeza tributaria, así como el artículo 338 de la Constitución Política, pues el
Congreso de la República no fijó los elementos del tributo3. Indicó que, por esto, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, afirmación por la cual destacó apartes de la Sentencia C-484 de 2020.
Sostuvo que la liquidación de la contribución especial acusada contiene elementos
que no estaban definidos en la ley, en particular la base gravable. Por lo anterior,
adujo que cualquier acto de determinación de un tributo con indeterminación de sus
elementos, está creándolo, lo cual viola los principios de legalidad y certeza.
Consideró violado el artículo 4 de la Constitución Política, que consagra el
principio de primacía constitucional, pues los actos acusados se fundamentan en
normas que fueron declaradas inexequibles por violar los principios de legalidad y
certeza tributaria. Por lo anterior, solicitó hacer efectiva la excepción de
inconstitucionalidad, e indicó que el artículo 243 de la Constitución prohíbe
reproducir el contenido material de cualquier acto jurídico declarado inconstitucional
mientras subsistan las disposiciones que fundamentaron esa decisión.
Aseguró que se configuró una falsa motivación e infracción de las normas
superiores en cuanto que la SSPD se fundamentó en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019 a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Sentencia C-484 de
2020, providencia que tiene efectos hacia futuro.
Señaló que no existe una situación jurídica consolidada porque se debate en este
proceso el acto de determinación del tributo, en relación con lo cual solicitó aplicar
el precedente de esta Sección4.
Alegó el decaimiento5 de los actos administrativos demandados con motivo de la
inexequibilidad de la norma de rango legal que les sirvió de fundamento, conforme
el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Precisó que los mismos efectos se predican
del Decreto 1150 de 2020 y la Resolución Nro. SSPD-20201000003335 de 2020.
Manifestó que los actos demandados se expidieron mediante falsa motivación e
ilegalidad de la determinación de la base gravable, por cuanto incluyeron rubros
no autorizados en la ley, tales como el costo amortizado de los pasivos financieros,
el deterioro de la cartera y de inventarios, la pérdida en la venta de activos fijos, las
depreciaciones, amortizaciones y la provisión de litigios y demandas. Por otro lado,
la SSPD tuvo en cuenta ingresos que no corresponden a la realidad del negocio de
la demandante y contrarió la jurisprudencia de la Sección6 que delimita los rubros
que se pueden incluir a efectos de calcular el tributo.
3
Citó las Sentencias C-488 del 2000 y C-121 de 2008 de la Corte Constitucional.
4
Sobre la noción de situación jurídica consolidada citó las sentencias del 30 de julio de 2015, exp. 19441; del 25 de abril
de 2016, exp. 19840; del 5 de mayo de 2016, exp. 19938; del 29 de junio de 2017, exp. 21273; y del 26 de julio de 2017,
exp. 20757. La demandante no identificó los consejeros ponentes.
5
Citó la sentencia del 1 de agosto de 1991, C.P. Miguel González Rodríguez.
6
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010. No identificó el número de radicación, ni el consejero ponente.
3
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Demandante: Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
Sostuvo que fue violado el principio de irretroactividad en materia tributaria
porque la obligación del año 2020 fue calculada sobre hechos económicos de 2019,
procedimiento que está vedado para el caso de los tributos de periodo. Destacó que
la ley inició su vigencia en el año 2019, por lo que podía producir efectos a partir del
periodo gravable siguiente, y no antes.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda y su reforma, así:
Sostuvo que el planteamiento central de la demanda inicial es la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos acusados, aspecto que para resolverlo es necesario verificar
si la SSPD estaba obligada a aplicar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, mientras
dicha disposición estuvo vigente, para las contribuciones causadas en el año 2020.
Destacó que no es objeto de debate la legalidad del Decreto 1150 de 2020 y las
Resoluciones SSPD-20201000028355 del 10 de julio de 2020 y Nro. SSPD-
20201000033335 del 20 de agosto del mismo año, normas que están vigentes y
gozan de presunción de legalidad.
Indicó que las sentencias que declararon la inexequibilidad7 del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 difirieron sus efectos al 2021, de modo que se permitió el recaudo de
los tributos causados en el año 2020, pues esto se calificó como una situación
jurídica consolidada, es decir, la Corte dejó a salvo los efectos producidos por la
norma durante su vigencia.
Manifestó que el Consejo de Estado ha desvirtuado en otras ocasiones los
argumentos propuestos por la actora, los cuales consideró impertinentes en el
asunto bajo examen. De esta forma, afirmó que no existe relación inescindible entre
las normas constitucionales invocadas en la demanda y el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, que el acto administrativo de carácter general en que se fundamentó la
liquidación oficial se presume legal, y que no se demostró el impacto negativo en
las finanzas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
En la oposición a la reforma a la demanda, reiteró lo expuesto en las Sentencias C-
464 y C-484 de 2020, así como en la C-147 de 2021, y afirmó que era procedente
el recaudo del tributo en el año 2020.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, con base en las
siguientes consideraciones:
Expuso los hechos que consideró probados e indicó que el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 se declaró inexequible8 con efectos diferidos, inicialmente al 2023,
pero luego a partir del 2021 según la Sentencia C-484 de 2020. Con lo anterior, la
Corte dispuso que las situaciones jurídicas consolidadas en el 2020, como la
causación del tributo, dan lugar a la liquidación y cobro de la contribución especial.
No obstante, señaló que los actos demandados se fundaron en la Resolución Nro.
SSPD-20201000033335 del 20 de agosto de 2020, regulación que fue declarada
7
Sentencias C-464 y C-484 de 2020; y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
8
Sentencias C-464 y C-484 de 2020; y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
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nula parcialmente por el Consejo de Estado9 por desatender el principio de
irretroactividad. Y, en virtud del precedente jurisprudencial10, indicó que la anterior
decisión surte efectos inmediatos frente a las situaciones jurídicas que aún son
objeto de debate .
Así las cosas, sostuvo que los actos acusados también desconocieron el principio
de irretroactividad por haberse liquidado la contribución sobre hechos económicos
ocurridos en el año 2019.
Destacó que, al existir una decisión definitiva sobre la legalidad del acto
administrativo de carácter general y estar en curso un debate sobre la determinación
del tributo, se deben anular los actos acusados expedidos con fundamento en la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 por violar la Constitución y la ley. A título
de restablecimiento del derecho declaró que la demandante no debe pagar suma
alguna por concepto de la contribución especial del año 2020, y en consecuencia
ordenó la devolución de lo pagado ajustado al IPC y conforme a lo previsto en los
artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
No impuso condena en costas al no encontrarse probadas.
Recurso de apelación
La parte demandada sustentó su impugnación en que, debido a que la Corte
Constitucional difirió los efectos de la sentencia de inexequibilidad del artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, la SSPD estaba facultada para liquidar la contribución especial
por el 2020. Indicó que esto fue reconocido por esta Sección en sentencia del 26 de
mayo de 202211.
Destacó que la contribución especial es la única fuente de financiación de la
entidad12 y enfatizó en que la naturaleza jurídica del tributo corresponde
precisamente a una contribución13, de modo que tiene por objeto cubrir los costos
incurridos en la prestación de servicios en favor de los beneficiarios.
Consideró que la sentencia de primera instancia no podía relevar al demandante de
su obligación tributaria, sino que se debía ordenar reliquidar el tributo conforme a
los lineamientos del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como se dispuso por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los Procesos Nro. 11001-33-37-044-
2021-00111-01, Nro. 11001-33-37-041-2021-00116-01 y Nro. 11001-33-37-044-
2022-00001-01.
Insistió en que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019 fueron diferidos, por lo que los tributos causados en el año
2020 podían ser objeto de liquidación y cobro14. Así, adujo que era improcedente la
inaplicación de esa disposición legal por vía de la excepción de inconstitucionalidad.
Citó una sentencia que no identificó su radicado ni fecha, en la que aseguró que la
Sección estudió la legalidad de la Resolución Nro. SSPD-202010000033335, frente
a lo cual manifestó que «la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 no constituye
9
Sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Citó las sentencias del del 03 de marzo de 2022, exp. 24658, C.P. Milton Chaves García; del 01 de agosto de 2024, exp.
28607, C.P. Wilson Ramos Girón; y del 08 de agosto de 2024, exp. 28328, C.P. Milton Chaves García.
11
Exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
Citó la sentencia del 20 de septiembre de 2024, exp. 28775, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Citó las sentencias C-144 de 1993; C-495 de 1998; y C-155 de 2016 de la Corte Constitucional.
14
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
5
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motivo suficiente para declarar la nulidad del acto particular a través de la cual la SSPD liquidó la
contribución especial para el año gravable 2020 para el actor, toda vez que para dicha vigencia la
causación del tributo se materializaba plenamente, configurándose una situación jurídica
consolidada por dicha anualidad»15.
Señalo que el principio de irretroactividad opera en relación con los tributos de
periodo, garantizando que las modificaciones que se hagan a sus elementos
estructurales surtan efectos a partir del periodo gravable siguiente16. Sin embargo,
consideró que el artículo 18 de la Ley 1955 no consagra un tributo de periodo, de lo
que se deriva que su determinación depende del comportamiento financiero y otros
factores que desarrolla la empresa de servicios públicos17.
Oposición a la apelación
La demandante no presentó escrito de oposición al recurso.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al
considerar que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto
administrativo de carácter general que fijó la tarifa de contribución para el año 2020,
se sigue la nulidad de los actos de carácter particular.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Mediante escrito del 18 de marzo de 202518, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior por cuanto mientras se desempeñó como
magistrado en encargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, conoció del proceso de la referencia en primera instancia.
En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada, toda vez que el consejero mencionado fue ponente de la sentencia
apelada. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se le separará
del conocimiento del presente asunto.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial Nro.
20205340068756 del 21 de septiembre de 2020, así como de las Resoluciones Nro.
20215300003435 del 15 de febrero de 2021 y Nro. 20215000154085 del 14 de mayo
del mismo año, actos expedidos por la SSPD para determinar la contribución
especial del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de Electrificadora del Meta
S.A. E.S.P. por el año 2020.
Para estos efectos, atendiendo lo expuesto en el recurso, la Sala verificará si los
actos acusados son nulos por infringir el principio de irretroactividad, atendiendo la
15
Samai del Tribunal, índice 42, PDF de la apelación, página 10.
16
Citó la sentencia del 15 de octubre de 1993, exp. 4710.
17
Citó aclaración de voto a la sentencia identificada con el exp. 25615.
18
Sama índice 14
6
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nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020; y si la
SSPD estaba facultada para liquidar y cobrar el tributo en el 2020 por los efectos en
el tiempo de las Sentencias C-464 y C484 de 2020. Además, en caso de no
prosperar lo anterior, se determinará cuál es el restablecimiento del derecho
procedente.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la violación del principio de irretroactividad
Según el Tribunal, los actos acusados desconocieron el principio referido
atendiendo la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-
20201000033335 de 2020 de la SSPD. En cambio, la entidad apelante sostiene que
dicho tributo no es de periodo y, por tanto, para el año 2020 eran aplicables los
elementos de la contribución definidos por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
pues las sentencias que declararon su inconstitucionalidad surtieron efectos
diferidos por disposición de la Corte Constitucional.
Al respecto, la Sala pone de presente que la sentencia del 26 de junio de 2024, exp.
27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, declaró la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para
los actos objeto del litigio.
En efecto, la sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la
contribución especial por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019).
Así las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos19, concluyó que la
demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio de
irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por
ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la
aplicación retroactiva de las leyes tributarias».
Ahora, como lo ha explicado esta Sección20, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.
Por esto es que, en un litigio similar, la Sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas» 21. Y, de
igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 (que anuló el
artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018) tiene efectos inmediatos
en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»22.
Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
19
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, y del 18 de abril de 2024, exp. 26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp. 23729 del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
20
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp. 21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
Ibidem.
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contribución a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una resolución
que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se señaló en otra
ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la Constitución y la ley (…)
como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»23.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la declaratoria de nulidad de los actos
acusados, sin necesidad de estudiar los demás cargos de la apelación relacionados
con los efectos en el tiempo de las Sentencias C-464 y C-484 de 2020.
2. Sobre el restablecimiento del derecho procedente
La SSPD sostuvo que el Tribunal debió ordenar la reliquidación el tributo conforme
la redacción original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tal como lo dispuso esa
misma autoridad en los Procesos Nro. 11001-33-37-044-2021-00111-01, Nro.
11001-33-37-041-2021-00116-01 y Nro. 11001-33-37-044-2022-00001-01.
Además, puso de presente que el recaudo de la contribución especial es su única
fuente de financiación.
Para resolver, la Sala advierte que los fallos de las autoridades judiciales de menor
jerarquía al Consejo de Estado, como son los invocados por la apelante, no
constituyen un precedente vinculante para esta Corporación, pues es el órgano de
cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y tribunal supremo de lo
contencioso administrativo (numeral 1 del artículo 237 de la Constitución).
De otro lado, en las pretensiones de la demanda transcritas en los antecedentes de
esta providencia, consta que la actora no solicitó la reliquidación de la obligación a
su cargo ni la aplicación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. En realidad, su
pretensión principal consistió en que se declarara que no estaba obligada al pago
de suma alguna por concepto del tributo y, de forma subsidiaria, la reliquidación por
exclusión de la base gravable de algunos conceptos del artículo 18 de la Ley 1955
de 2019 por considerar improcedente su inclusión, según explicó en el concepto de
la violación.
La anterior precisión es relevante porque el artículo 281 del Código General del
Proceso establece que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos «y
las pretensiones aducidas en la demanda». En consecuencia, precisa que «No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta» y que «Si lo pedido por el demandante excede de lo
probado se le reconocerá solamente lo último».
De conformidad con lo anterior, en sentencia del 14 de julio de 2022, exp. 26024,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, esta Sección analizó el principio de
congruencia de las sentencias y los fallos ultra y extrapetita, con base en lo cual
afirmó lo siguiente:
«(…) el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos acepciones: como armonía entre
la parte motiva y la resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad entre la
decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación (congruencia externa).
El principio así concebido persigue la protección del derecho de las partes a obtener una
decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la
salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, cuya actuación
procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.
23
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Igualmente, trae consigo los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones que van
más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la
demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que no se solicitó (sentencia
extrapetita)24».
De esta forma, en virtud del principio de congruencia, el juez debe resolver la
controversia jurídica delimitada por las partes en la demanda y en su contestación,
de tal manera que no le es dable pronunciarse sobre temas o asuntos no discutidos
por ellas.
En este orden, no existió un error por parte del Tribunal al momento de determinar
que el restablecimiento del derecho procedente consistió en declarar que la actora
no estaba obligada al pago de suma alguna por concepto del tributo y ordenar la
devolución de lo pagado, pues esto correspondió a las pretensiones formuladas. A
una conclusión similar llegó esta Sección en sentencias del 14 de noviembre de
202425 y del 6 de febrero de 202526, en los que se resolvieron apelaciones
interpuestas por empresas prestadoras de servicios públicos con relación al
restablecimiento del derecho dispuesto en primera instancia.
Sumado a lo anterior, se evidencia que la parte demandada no solicitó en primera
instancia que, en caso de que prosperara la pretensión de nulidad de los actos
acusados, se decretara un restablecimiento del derecho diferente al solicitado por
la demandante. Incluso, se observa que la SSPD se opuso a la pretensión
subsidiaria de restablecimiento del derecho al considerar que no procede «la
realización de una reliquidación por parte del Tribunal» 27, sin anunciar en algún momento que
se debería determinar el monto de la obligación conforme el artículo 85 de la Ley
142 de 1994.
Lo anterior es suficiente para confirmar el restablecimiento del derecho dispuesto
por el a quo, sin necesidad de estudiar la incidencia de la afirmación de la SSPD de
que su única fuente de financiación es el recaudo de la contribución especial a cargo
de los prestadores de servicios públicos.
Además, la Sala evidencia que la apelante no controvirtió la suma que el Tribunal
dispuso devolver en primera instancia, motivo por el cual este aspecto no será
objeto de pronunciamiento, en virtud de lo previsto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.
Conclusión
Comoquiera que no prosperó la apelación de la SSPD, la Sala confirmará la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento
del derecho dispuesto en primera instancia.
Costas
No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
24
La providencia referida hace la siguiente cita «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 20865, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver
sentencias del 16 de septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 30 de agosto de
2017, exp. 20778, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179
C.P. Milton Chaves García»
25
Exp. 29038, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Exp. 29388, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27
Samai del Tribunal, índice 9, PDF de oposición a la demanda, página 2.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño y, por lo tanto, separarlo del conocimiento del asunto.
2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 10 de octubre de 2024.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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