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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00557-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00557-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00557-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante JOSÉ FLAMINIO LÓPEZ VERA
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Caducidad facultad de fiscalización.
Base gravable independientes

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante y la apelación
adhesiva presentada por la demandada, contra la sentencia del 27 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, que decidió1:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO-2021-00414
del 18 de marzo de 2021, mediante la cual determinó la conducta de omisión en el Sistema
de Pensión e inexactitud en salud a cargo del actor por los períodos de enero a diciembre del
año 2014; y de la Resolución No. RDC-2021-01438 del 2 de junio de 2021, que resolvió el
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se
ORDENA a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social:
• Eliminar los ajustes por omisión en el pago de aportes al Sistema de la Protección Social
en el subsistema de pensión por los periodos de enero a septiembre de 2014.
• Eliminar los ajustes por mora en el pago de aportes al Sistema de la Protección Social en
el subsistema de salud por los periodos de febrero y mayo de 2014.
TERCERO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
CUARTO: NOTIFICAR por correo electrónico la presente providencia a los siguientes correos
electrónicos informados por las partes: (…).
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir nro. RCD 2019-02040 del 27 de
septiembre de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( en adelante UGPP), profirió la
resolución RDO 2021-00414 del 18 de marzo de 2021, por medio de la cual liquidó
los aportes a salud y pensión a cargo del demandante por los períodos de enero a
diciembre de 2014 por mora, inexactitud y omisión; así mismo lo sancionó por las
dos últimas conductas.
1
Samai del Tribunal. Índice 24.

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante: José Flaminio López Vera

Contra la anterior decisión se presentó recurso de reconsideración, el cual fue
resuelto en la resolución RDC 2021-01438 del 2 de junio de 2021, en el sentido de
confirmar la liquidación, con excepción de la sanción por inexactitud, la cual se
modificó en consideración a los pagos realizados por el aportante2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:

“2.1. Se declare la nulidad de la Resolución No RDO-2021-00414 del 18 de marzo de 2021,
por medio de la cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección
de Parafiscales, profirió liquidación oficial a mi representado por inexactitud, mora y
omisión en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por
los periodos de enero a diciembre de 2014.
1.1. (sic) Se declare la nulidad de la Resolución No RDC-2021-01438 del 02 de junio de
2021: por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2021-00414 del 18 de marzo
de 2021.
1.2. (sic) Como consecuencia de la nulidad de la Resolución No RDC-2021-00414 del 18 de
marzo de 2021 y Resolución RDC-2021-01438 del 02 de junio de 2021, se
reestablezcan los derechos de mi defendido, bajo el entendido que no tiene obligación
de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI., como trabajadora
(sic) independiente.
1.3. (sic) Como consecuencia de la nulidad de la Resolución No RDO-2021-00414 del 18 de
marzo de 2021 y Resolución RDC-2021-01438 del 02 de junio de 2021, se
reestablezcan los derechos de mi representado, bajo el entendido que no procede la
sanción por las conductas de inexactitud ni omisión, al no encontrarse obligado a
realizar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral- SSSI.”

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 6, 29
y 363 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011. Los argumentos de
nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Infracción de las normas en las que debería fundarse

Indicó que la UGPP fundamentó la obligación de aportar de los independientes en
el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, empero el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
establece las presunciones de capacidad de pago y de ingresos, de las que se
derivan dos reglas: i) la reglamentación de los ingresos, y ii) si de la aplicación de
dicha reglamentación existen diferencias entre los valores declarados en la renta y
los aportes estos últimos deben ser ajustados.

Sin embargo, la conclusión a la que llegó la UGPP de considerar que los aportes al
sistema de seguridad social deben guardar coherencia con los ingresos declarados
ante la DIAN es incorrecta, pues de ser así se ordenaría que los independientes

2
Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en el Samai del Tribunal. Índice 9. 19_RECIBE
MEMORIALES_ANTECEDENTESADMINIS(.zip) .zip NroActua9.
3
Samai del Tribunal Índice 2. Expediente digital. PDF demanda.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante: José Flaminio López Vera

pagaran las cotizaciones sobre los ingresos declarados en renta, sin que fuera
necesaria reglamentar un sistema de presunción de ingresos.

Sostuvo que desde la Ley 100 de 1993 el legislador ha considerado importante
establecer un sistema de presunción de ingresos que no sea confiscatorio y se
ajuste a los principios de justicia, equidad, capacidad contributiva y progresividad.
En consecuencia, “(i)si existía la obligación de mi poderdante de aportar, (ii) que el sistema sobre
el cual debe realizar los aportes no existe, en consecuencia, hasta tanto no se regule el deber
consiste en aportar sobre un salario mínimo, cualquier otra interpretación atenta contra los principios
descritos.”4

2. Firmeza de las autodeclaraciones y caducidad de la facultad
sancionatoria

Adujo que el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 3 de octubre
de 2019, es decir, 5 años después de la presentación de planillas PILA, las cuales
constituyen declaraciones tributarias. De ahí que las autoliquidaciones se
encontraban en firme y había ocurrido la caducidad de la facultad sancionatoria por
parte de la UGPP.

Sostuvo que el Decreto 3033 de 2013 consagra las conductas por las cuales se da
inicio al proceso de fiscalización por parte de la UGPP, y que frente a estas se
pueden proferir liquidaciones oficiales de revisión o de aforo, de manera que las
autodeclaraciones adquieren firmeza con el paso del tiempo dependiendo de la
conducta imputada y la ley aplicable.

Así, según el artículo 714 del Estatuto Tributario, cuando se persiga la de
inexactitud, la administración solo cuenta con el plazo de 2 años para su revisión;
mientras que las de omisión y mora el término es de 5 años por disposición del
artículo 717 ibidem.

Explicó que del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 se destacaba lo siguiente: i) las
acciones sancionatorias y de determinación inician con la emisión del requerimiento
de información o el pliego de cargos, siempre que se emitan dentro de los 5 años
siguientes a la comisión de la conducta; ii) el pliego de cargos es el requerimiento
especial dentro del proceso sancionatorio; iii) el requerimiento de información en el
proceso de determinación es el requerimiento especial; iv) luego de emitir el pliego
de cargos, la UGPP tiene 6 meses para emitir la resolución sancionatoria; v) en el
proceso de determinación no existe término alguno para que la entidad emita el
siguiente acto administrativo, es decir, el requerimiento para declarar y/o corregir.

En consecuencia, darle aplicación al mencionado artículo sería confiscatorio, pues
implicaría la ausencia de un término o plazo para que la UGPP iniciara el proceso
de fiscalización. A manera de ejemplo, dijo que, “si la administración en el año 2018
requiere información por el período 2013 (5 años antes), interrumpiendo con ello la caducidad de su
acción de fiscalización, estaría facultada por la ley para emitir el siguiente acto dentro del proceso
de determinación en cualquier tiempo”, lo que a su vez daría lugar a extender las acciones
de fiscalización, causando intereses a la tasa más alta de usura y en detrimento de
los derechos de los aportantes.

En ese contexto, la demandada no podía valerse de los errores del legislador, quien
equiparó el pliego de cargos con el requerimiento de información, confundiendo un
4
Indicó que la sentencia del 25 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado 41 Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá, Sección Cuarta (exp 2018-00378-00), acoge los argumentos planteados al respecto.

3
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Demandante: José Flaminio López Vera

requerimiento especial con un acto de trámite, por ende, sus actos no podían estar
fundamentados en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, “salvo que en ellos se
sancionaran las conductas de mora y omisión”.

Agregó que si bien la Ley 1819 de 2016 amplió a 3 años el término de firmeza, como
las planillas aquí discutidas son de 2014, debía observarse la norma anterior, es
decir, un plazo de 2 años. En consecuencia, el requerimiento especial debía
notificarse a más tardar en enero de 2019, pero se llevó a cabo el 3 de octubre de
ese año, configurándose la firmeza para la conducta de inexactitud.

Solicitó la aplicación de la jurisprudencia que al efecto se ha proferido5.

3. Falsa motivación

Manifestó que la UGPP construyó un sistema de presunción de ingresos mediante
el cual estableció el deber de cotizar a salud y pensiones por el tope de los 25
SMMLV, lo cual era errado. Además, aplicaba parcialmente el artículo 135 de la Ley
1735 de 2015, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
la sentencia C-219 de 2019 y, en virtud del principio de no retroactividad de la ley
tributaria, era improcedente aplicar el mencionado artículo.

Oposición de la demanda

La entidad accionada controvirtió las pretensiones de la demanda por lo siguiente6.

Frente al primer cargo expuso que por mandato de los artículos 15, 153 y 157 de
la Ley 100 de 1993, 33 de la Ley 1438 de 2011 y 2.1.4.1 del Decreto 780 de 2016,
los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital, propietarios de
empresas y, en general, las personas naturales residentes en el territorio nacional,
con capacidad de pago deben afiliarse al sistema de seguridad social. A su vez, la
base gravable para estos sujetos atendía a los ingresos efectivamente percibidos
de conformidad con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003.

Adujo que en la liquidación oficial se informó el marco normativo que delimitaba la
obligación a cargo del demandante. Además, destacó que el actor no estaba afiliado
en calidad de independiente en todos los períodos y el pago de aportes realizado
fue por valores menores, lo que originó la fiscalización por las conductas de omisión,
mora e inexactitud.

Precisó que la sentencia del Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, no constituía un
precedente jurisprudencial en razón a la jerarquía del despacho, y se encontraba
pendiente de decisión el recurso de apelación. Además, varias sentencias de ese
juzgado fueron revocadas en segunda instancia, por lo que no constituían una
decisión vinculante.

En cuanto al segundo cargo indicó que, según el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012, la UGPP contaba con el término de 5 años para adelantar las acciones de
determinación de las contribuciones al sistema de la protección social, y como los
períodos fiscalizados son los meses de enero a diciembre de 2014, dicho plazo se

5
Citó las sentencias de la Corte Constitucional C-250 de 2012 y C-634 de 2011; y del Consejo de Estado, del 15 de
septiembre de 2016, exp. 2012-00524-01; el fallo del Juzgado 41 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, del 27 de
septiembre de 2017, exp. 2016-00239-00; y del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, exp. 2016-00273-00,
providencia del 30 de noviembre de 2017.
6
Samai. Índice 9. Expediente digital. PDF contestación.

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interrumpió con la notificación del requerimiento de información el 17 de septiembre
de 2016.

Explicó que no era posible aplicar el artículo 714 del Estatuto Tributario, puesto que
regula aspectos sustancialmente diferentes a las contribuciones parafiscales, y en
todo caso, la firmeza de las declaraciones no fue contemplada por el legislador, ni
siquiera con la Ley 1607 de 2012, pues allí lo que se estableció fue un término de
caducidad para iniciar las facultades de fiscalización.

Precisó que la ausencia de un término para proferir el requerimiento para declarar
y/o corregir una vez notificado el de información, no vulneraba los derechos al
debido proceso, confianza legítima, seguridad jurídica en razón a la liquidación de
intereses moratorios a la tasa de usura más alta, comoquiera que la imposición de
estos se derivaba de las conductas de omisión, mora e inexactitud en que incurría
el aportante, pero no dependían del tiempo que se tomara la administración en
proferir el acto aludido.

Adujo que en las sentencias de los jueces administrativos invocadas se analizaron
períodos diferentes, para las cuales no existía norma especial, lo que conllevó la
aplicación del artículo 714 del Estatuto Tributario por remisión expresa de la Ley
1151 de 2007 y, además, no se encontraban en firme porque fueron objeto de
apelación. En todo caso, para el año 2014 debía aplicarse el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012.

Sobre el tercer cargo sostuvo que no era cierto la determinación de la obligación
con fundamento en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y la constitución de un
sistema de presunción de ingresos, puesto que se trataba de una norma proferida
con posterioridad al período fiscalizado, lo que, imposibilitaba su aplicación por el
principio de irretroactividad. A esto se suma que fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional.

En todo caso, el IBC de los trabajadores independientes correspondía a los ingresos
efectivamente percibidos, esto es, aquellos que resultaran de la depuración de las
expensas necesarias.

Puso de presente que la entidad lo que sí hizo fue aplicar el esquema de presunción
de costos del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y la resolución Nro. 1400 de 2019,
lo que conllevó la depuración de la base gravable.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por lo siguiente7:

1. Firmeza
Precisó que la PILA es el formulario mediante el cual las personas naturales o
jurídicas liquidan y pagan sus aportes al sistema, por lo que gozaban del carácter
de autoliquidación privada y por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 le
eran aplicables las normas relativas a las declaraciones tributarias en lo pertinente.
Así mismo, su fecha de presentación determinaba el momento desde el cual
empezaba a correr su firmeza y el marco jurídico aplicable para el efecto, de modo

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Samai del Tribunal. Índice 24.

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que, si ello ocurrió en vigencia de la Ley 1151 de 2007, debía observarse lo previsto
en el Estatuto Tributario.
Como en este caso las declaraciones del actor eran del año 2014, lo procedente era
aplicar el término de 5 años fijado en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
Precisó que para el subsistema de pensión el actor estaba en la conducta de
omisión, por lo que la UGPP podía notificar el requerimiento para declarar y/o
corregir hasta los meses de enero a diciembre del año 2019, respectivamente, lo
cual ocurrió el 3 de octubre de ese año. En ese orden, para los períodos fiscalizados
de enero a septiembre de 2014 la entidad había perdido competencia para adelantar
el proceso de determinación.
Para los meses posteriores, esto es octubre a diciembre, el requerimiento para
declarar y/o corregir se notificó oportunamente dentro de los 5 años, en razón a la
fecha límite de presentación de las declaraciones privadas previstas en el artículo
24 del Decreto 1406 de 1999, que para el caso del demandante era el quinto día
hábil del mes.
En cuanto a salud, advirtió que para febrero, mayo y diciembre no se encontraron
planillas presentadas por el actor, por lo que el término de firmeza debía contarse
desde que el aportante debía declarar y no lo hizo, según el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012. De modo que, al notificarse el requerimiento para declarar y/o
corregir el 3 de octubre de 2019, la UGPP perdió competencia para determinar los
aportes solo de febrero y mayo.
Sin embargo, lo mismo no ocurrió frente a los demás períodos del año 2014, incluido
el de diciembre, comoquiera que desde la fecha de presentación de las
autodeclaraciones (26 de octubre de 2016 y 18 de noviembre del mismo año para
el mes de junio) y la notificación del requerimiento para declarar y/o corregir no
trascurrieron los 5 años.
Bajo esas consideraciones declaró la nulidad parcial de los actos demandados,
ordenó a la UGPP eliminar los ajustes por omisión en el pago de aportes al sistema
de pensión por los meses de enero a septiembre de 2014, así como los ajustes por
mora en salud respecto de febrero y mayo del mismo año.
2. IBC. Ley 1753 de 2015
Advirtió que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la UGPP
determinó el IBC tomando los ingresos percibidos por el aportante en cada uno de
los períodos y descontó los costos que le fueron más favorables entre los aceptados
con las pruebas allegadas y los del esquema de presunción de costos. Dicho
resultado fue sometido al límite del salario mínimo y el tope de los 25 SMMLV para
los casos en que correspondía. En ese sentido, no era cierto que la UGPP aplicó la
base de cotización prevista en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
Comoquiera que el demandante no controvirtió el ejercicio dispuesto por la
demandada en los actos acusados para la determinación del IBC, sino que se limitó
a discutir la aplicación de una norma específica (que fue declarada inexequible),
mantuvo los aportes a pensión para los meses de octubre, noviembre y diciembre,
así como lo liquidado a salud en “enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
y noviembre”.

Finalmente, no condenó en costas por no encontrarlas causadas en el proceso.

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Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse8:

1. IBC trabajadores independientes.

Si bien el a quo hizo un recuento histórico de la normativa aplicable al pago de los
aportes al sistema de seguridad social, omitió tener en cuenta la intención del
legislador al regular la materia, dando un alcance que “no logra cubrir los requisitos
constitucionales para determinar la procedibilidad de la legalidad de un método de pago de tributos”.
Así, en el fallo no se tuvo en cuenta la inexistencia de un método claro, preciso y
cierto para el pago de los aportes hasta el 2015, momento para el cual se expidió la
Ley 1753 que en su artículo 135 intentó suplir ese vacío normativo, y luego con la
expedición de la Ley 1955 de 2019.

Precisó que no discutía la obligación de aportar al sistema, pues reconocía que
quienes percibieran ingresos se presumían con capacidad de pago, pero con las
leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011, se conminó al Gobierno Nacional
para reglamentar dicha presunción, lo que ocurrió solo con la expedición de la Ley
1753 de 2015.

De manera que, para el año 2014 no existía un método para establecer el IBC de
los independientes, distintos de los contratistas de prestación de servicios,
especialmente cuando se hacía bajo el sistema de presunción de ingresos.

2. Prorrateo ingresos de la declaración de renta. Exclusión de costos y
gastos

Sostuvo que el Tribunal le reconoció valor probatorio a la declaración de renta en
cuanto a los ingresos, pero desconoció esa “misma cualidad” para los costos y gastos.

Refirió que la UGPP contaba con competencia para utilizar dicho medio de prueba
para verificar la debida cotización de aportes al sistema, sin embargo, ninguna
norma la facultó para tomar esa información y dividirla en 12 períodos, pues ello
vulnera el principio de seguridad jurídica. Además, ese ejercicio pasaba por alto que
lo percibido por el actor fue variable.

Indicó que la presunción de ingresos de la Ley 1438 de 2011 no especificó si hacía
referencia a los ingresos brutos o a la renta líquida gravable. Esta norma tampoco
facultó a la demandada para “llenar lagunas” y mensualizar los ingresos sin tener en
cuenta el momento en que se causaron.

Consideró que los actos demandados “se encontrarían parcialmente con apego a la ley si se
analizan desde la perspectiva del artículo 135 de la Ley 1753, el cual no era vigente para el periodo
fiscalizado, cabe aclarar, que esto en cuanto a las tarifas, más aún seguirían viciados de nulidad por
el prorrateo.”

Puso de presente que, pese a que la situación anterior no fue puesta en
consideración desde la demanda, lo cierto era que su argumentación es de carácter
constitucional, y en ese sentido, debía ser estudiada en segunda instancia al
momento de analizarse la legalidad de los actos demandados.

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Samai del Tribunal. Índice 27.

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3. Error de interpretación

De conformidad con los artículos 742 y 745 del Estatuto Tributario, la determinación
de los impuestos debía hacerse conforme a los hechos que aparecieran probados
en el proceso administrativo; y toda duda que existiera debía ser resuelta a favor
del contribuyente.

No obstante, dichas disposiciones fueron ignoradas en el proceso de fiscalización
porque no era un hecho probado la percepción de ingresos por los valores
determinados por la UGPP en los meses fiscalizados. Reconoció que, si bien
percibió un monto cierto, este se pudo haber causado en porcentajes diferentes por
período.

Adujo que no era su deber probar la mensualización de los ingresos, cuando éstos
fueron tomados abruptamente de la declaración de renta, luego, ante la ausencia
de hechos probados se debía establecer la condición más beneficiosa, la cual
consistía en el pago de los tributos parafiscales sobre ingresos declarados por una
sola vez, pues aplicando la sana lógica estos fueron percibidos en una sola
oportunidad.

4. Falso juicio de legalidad

Indicó que el Tribunal realizó una indebida interpretación al equiparar el pliego de
cargos con el requerimiento de información, confundiendo así un requerimiento
especial con un acto de trámite, y por ello los actos demandados no podían tener
como fundamento el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, salvo que en ellos se
sancionara por las conductas de mora y omisión. Como en este caso se fiscalizó el
año 2014 por inexactitud, mora y omisión, las autodeclaraciones presentadas por el
actor quedaron en firme durante los meses de enero a diciembre de 2016.

Manifestó que más allá de referirse a la caducidad de la acción de fiscalización, el
pilar argumentativo de la demanda se refería a la firmeza de las autodeclaraciones,
no obstante, el fallo de primera instancia desestimó la naturaleza tributaria de las
contribuciones al sistema de seguridad social, y que la ley estableció la periodicidad
en términos mensuales, los mecanismos de pago de las PILA y la metodología.

Así, darle aplicación exegética al artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, sería
confiscatorio, porque implicaría la ausencia de un término o plazo dentro del cual la
entidad pudiera iniciar el proceso de fiscalización, más allá de tratarse de un tema
de caducidad de la acción de fiscalización.

La demandada presentó apelación adhesiva9

Sostuvo que los períodos fiscalizados se encontraban cobijados por el artículo 178
de la Ley 1607 de 2012, el cual prescribió que contaba con el término de 5 años
para desplegar las facultades de determinación de los aportes parafiscales, de
manera que dicho plazo fenecería en el 2019. Sin embargo, dicho término se
interrumpió con la notificación del requerimiento de información el 17 de septiembre
de 2016.

Advirtió que el proceso de fiscalización iniciaba con el primer requerimiento de
información enviado a los aportantes, pues así lo consagra el artículo 1 del Decreto
Ley 169 de 2008.
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Samai del Tribunal. Índice 33

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante: José Flaminio López Vera

Expuso que no compartía la decisión del Tribunal de aplicar el artículo 714 del
Estatuto Tributario, porque esa norma reguló aspectos procedimentales diferentes
a las etapas que el legislador previó para las contribuciones parafiscales, de manera
que excedían su naturaleza.

Manifestó que la firmeza no fue prevista para las planillas de liquidación de aportes,
ni siquiera con la expedición de la Ley 1607 de 2012, pues allí únicamente se
dispuso un término de 5 años para iniciar las acciones sancionatorias y de
determinación de los aportes al sistema de seguridad social.

De manera que, como en este caso, la UGPP notificó el requerimiento de
información dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la conducta fiscalizada,
debía entenderse que la actuación estaba enmarcada en el término temporal
establecido en la norma.

Adujo que en ningún momento verificó la declaración de renta del demandante ni
su firmeza. Así mismo, destacó que la Constitución Política de 1991, la
jurisprudencia y la doctrina han coincidido en que en las acciones que involucran el
recaudo de sumas que por ley están destinada al reconocimiento de prestaciones
de carácter vitalicio, no es viable aplicar el fenómeno de la prescripción de la acción
de cobro de los aportes, más aún cuando sus actores no podían sustraerse de su
reconocimiento y pago.

Puso de presente que, en caso de aceptar la firmeza de las planillas, debía tenerse
en cuenta que la liquidación oficial se trataba de un acto mixto, en el cual se
determinaba la totalidad de las conductas fiscalizadas descritas en el Decreto 3033
de 2013, por tanto, no podía compararse con las demás decisiones expedidas por
la DIAN.

Solicitó aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política; pues ante cualquier duda en las situaciones planteadas o
insuficiencia de las pruebas allegadas al proceso, debía interpretarse la norma a
favor de los trabajadores, buscando con ello el amparo de sus derechos
relacionados con las contribuciones parafiscales.

Finalmente, solicitó no condenar en costas a la entidad porque el asunto era de
interés público.

Oposición a la apelación

Las partes guardaron silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público tampoco se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Como cuestión previa se precisa que al desintegrarse el cuórum decisorio de este
fallo, mediante acta del 17 de julio de 202510, se designó como conjuez al doctor
Julio Roberto Piza Rodríguez.

10
Samai, índice 14

9
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante: José Flaminio López Vera

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones RDO 2021-00414 del 18 de marzo de 2021 y RDC 2021-01438 del 2
de junio del mismo año, por medio de las cuales se determinaron los aportes a cargo
del demandante y se le sancionó por omisión e inexactitud.

Inicialmente se advierte que en el escrito de apelación en el cargo segundo el
demandante señala que la UGPP no contaba con competencia para tomar la
información de la declaración de renta y dividirla en los 12 períodos fiscalizados,
ejercicio que pasaba por alto la variabilidad en la percepción de ingresos. Además,
así como tomaba en cuenta lo percibido, lo mismo debía ocurrir con los costos y
gastos para efectos de la determinación del IBC.

A su vez, en el cargo tercero plantea que la demandada desconoció los artículos
742 y 745 del Estatuto Tributario, según los cuales la determinación de los
impuestos debía ajustarse a los hechos probados en el proceso y toda duda al
respecto debía ser resuelta a favor del contribuyente; lo anterior por cuanto no fue
un hecho cierto la percepción de ingresos en los términos establecidos por la
entidad en los meses discutidos. Y, en todo caso, no era su deber probar la
percepción del dinero, menos cuando los valores fueron tomados abruptamente de
su declaración de renta.

En su recurso de apelación, la UGPP también solicitó la aplicación del principio de
favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Política, comoquiera que, ante las
dudas o insuficiencia probatoria en el trámite de fiscalización, debían ser resueltas
a favor de los trabajadores.

Sin embargo, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los anteriores
señalamientos, comoquiera que se tratan de argumentos nuevos que solo fueron
puestos en conocimiento con la presentación del recurso de apelación. Al respecto,
ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes la
inclusión en sede de apelación de cargos y argumentos novedosos, desconocidos
y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el planteamiento de asuntos
que no han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que
regulan el derecho procesal administrativo y las garantías del debido proceso11.

Precisado lo anterior, y de conformidad con los reparos expuestos por las partes,
en esta instancia corresponde resolver: i) la competencia temporal de la UGPP para
expedir los actos demandados; y ii) la regulación de la base gravable.

Análisis del caso concreto

1. Caducidad de la facultad de fiscalización de la UGPP

En este caso se tiene que el Tribunal explicó que para pensión el actor incurrió en
la conducta de omisión, por lo que de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012, la UGPP tenía plazo para notificar el requerimiento para declarar y/o corregir
hasta los meses de enero a diciembre de 2019, plazo que debía contarse a partir
de la fecha en que debió declarar y no lo hizo. Como en efecto, dicho acto quedó

11
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 22 de abril de 2021, exp 25427, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
reiterada en fallo del 10 de agosto de 2023, exp 27306 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: José Flaminio López Vera

notificado el 3 de octubre de 2019, la entidad perdió competencia para adelantar el
proceso de fiscalización para los períodos de enero a septiembre de 2014,
atendiendo la fecha límite de presentación de las liquidaciones.

En cuanto a salud, consideró que, para los períodos de enero, marzo, abril, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, la UGPP desplegó sus facultades
dentro del término de los 5 años en razón a la fecha de presentación de las planillas
(26 de octubre y 18 de noviembre de 2016).

Para los meses de febrero, mayo y diciembre, como no existían autoliquidaciones,
el término debía contarse a partir de la fecha en que debía declarar y no lo hizo. Por
ende, al haberse notificado el requerimiento el 3 de octubre de 2019, para los
períodos de febrero y mayo también la UGPP perdió competencia para su
fiscalización.

Bajo esas consideraciones, declaró la nulidad parcial de los actos demandados,
ordenando la eliminación de los ajustes por omisión en el pago de los aportes a
pensión de enero a septiembre de 2014, y los ajustes por mora en salud de febrero
y mayo del mismo año.

El demandante señala que el Tribunal desatendió la caducidad de la facultad de
fiscalización de la UGPP al equiparar el pliego de cargos con el requerimiento de
información, confundiendo así un requerimiento especial con un acto de trámite, de
manera que su actuación no podía estar fundamentada en el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012, salvo que se sancionara al contribuyente por las conductas de mora
y omisión. Además, la aplicación de dicha norma sería confiscatorio, pues implicaría
la ausencia de un término o el plazo dentro del cual la entidad pudiera iniciar el
proceso de determinación.

Precisó que, en todo caso, más allá de discutir la caducidad de la acción de
fiscalización, el fundamento de su discusión era la firmeza de las declaraciones
privadas.

Por su parte la demandada señala que para los períodos fiscalizados debía
observarse el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el cual prescribió que la entidad
contaba con el término de 5 años para iniciar sus facultades de determinación de
los aportes parafiscales, de manera que dicho plazo fenecía en el 2019, pero como
el requerimiento de información se notificó el 17 de septiembre de 2016, debía
entenderse que se interrumpido dicho plazo y se actuó correctamente.

Sostuvo que era improcedente la aplicación del artículo 714 del Estatuto Tributario,
porque se trataba de una norma que regulaba asuntos sustancialmente diferentes
a las contribuciones parafiscales. De igual manera, el legislador no previó un límite
en el tiempo para la potestad fiscalizadora de la entidad, y que solo fue hasta la Ley
1607 de 2012 que dispuso el término de 5 años para iniciar las actuaciones de
determinación y sancionatorias,

También adujo que, para las acciones que involucraran el recaudo de sumas que
por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, no
era procedente aplicar el fenómeno de la prescripción. Además, la liquidación oficial
se trataba de un acto mixto, por tanto, no podía compararse con las decisiones
expedidas por la DIAN.

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Demandante: José Flaminio López Vera

De conformidad con los argumentos expuestos por las partes, se destaca que no
discuten la diferenciación de los subsistemas, conductas y el momento a partir del
cual se realiza el conteo del término de los 5 años para la caducidad de la facultad
de fiscalización en las condiciones que lo hizo el Tribunal, así como tampoco se
presentaron reparos en cuanto a las fechas de presentación de las planillas.

Así las cosas, en primer lugar, se debe precisar que esta Sala12 ya analizó si el
término para la revisión de las autoliquidaciones previsto en el artículo 714 del
Estatuto Tributario era aplicable a los denuncios presentados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.

Al efecto, se consideró que las leyes que regulan las formas para reclamar derechos
deben aplicarse hacía el futuro una vez sean promulgadas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188713, modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso.

Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que corresponda.”14

En ese contexto, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a las
planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas hayan
sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.

La mencionada Ley 1607 de 2012, al determinar la competencia para la
determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social,
en su artículo 178 parágrafo segundo, dispuso que la entidad podría iniciar las
acciones de determinación de los aportes dentro de los 5 años siguientes contados
desde el momento de ocurrencia de la conducta fiscalizada. Así dice la norma:

“ARTÍCULO 178. COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN Y EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. La UGPP será la
entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin
que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras
(…)
PARÁGRAFO 2o. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de
las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la notificación del Requerimiento
de Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir
de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a
los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se
presente la declaración de manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente
presentada, el término de caducidad se contará desde el momento de la presentación de la
declaración extemporánea o corregida.”

12
Sobre la firmeza de períodos de 2013 en adelante se pueden consultar las sentencias del 27 de abril, 31 de agosto de
2023, y 11 de octubre de 2023; exps. 27118, 26697 y 26709, respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Así
como el fallo del 24 de octubre de 2022, exp. 26538, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
“ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir. (…)”
14
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

12
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Demandante: José Flaminio López Vera

Comoquiera que los períodos fiscalizados son de 2014 debía observarse el término
dispuesto en la mencionada Ley 1607 de 2012, tal como lo hizo el Tribunal, sin que
sea necesario referirse a los argumentos expuestos en los recursos de apelación
sobre el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Ahora bien, ambas partes discuten el acto con el cual se debe interrumpir el conteo
del término de los 5 años con que cuenta la UGPP para desplegar sus facultades
de fiscalización. Al respecto, debe repararse que en criterio mayoritario de la Sala
“la interpretación sistemática de la Ley 1607 de 2012, parágrafo 2º de los artículos 178 y 180, resulta
determinante para concluir que, el acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad de la potestad
de gestión de la demandada, es el acto preparatorio previsto por la Ley, esto es, el requerimiento
para declarar y/o corregir.”15

De esta manera, el acto que tuvo en cuenta el a quo para el conteo del plazo de los
5 años, se encuentra ajustado a derecho y, en ese sentido, no prosperan los reparos
propuestos por las partes al respecto.

Igualmente se observa que en el recurso de apelación la UGPP expuso que por
disposición de la Constitución Política y en criterio de la jurisprudencia y doctrina,
no era aplicable el fenómeno de la prescripción al recaudo de aportes, sin embargo,
la Sección ha señalado que, si bien el derecho a la pensión y a reclamar su
liquidación no prescribe, “esa imprescriptibilidad se predica de la pensión, no de las
prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales”.16

Además, se precisa que este argumento es contradictorio por cuanto la demandada
afirma que está sujeta al artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 en tanto establece 5
años para iniciar las acciones de fiscalización y, posteriormente indica que no es
aplicable el fenómeno de la prescripción al recaudo de los aportes.

Conforme con lo expuesto, no prosperan los reparos propuestos para desvirtuar la
nulidad decretada por el Tribunal, por lo que se debe confirmar el asunto.

2. Regulación. Base gravable

Desde la demanda el actor sostiene la falta de regulación de un sistema claro y
preciso que regulara la base de cotización. Con el recurso de apelación reitera esta
tesis y sostiene que dicha falencia solo fue subsanada con la expedición de la Ley
1753 de 2015 y, posteriormente con la Ley 1955 de 2019.

Para resolver, se pone de presente que la base gravable de los independientes sin
contrato de prestación de servicios ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta
Sala, razón por la cual se reiterará el precedente que al respecto se ha fijado17.

En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:

15
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de julio de 2023, exp. 26571, C.P. Wilson Ramos Girón.
16
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp 25313, C.P. Milton Chaves García,
reiterada el 26 de julio de 2023, exp. 27241, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello. Reiterada en sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 26882 de la misma consejera.

13
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a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá́ guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”

“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.

Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente”. (resaltos fuera del texto)

A su vez, según con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 “se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario.”

De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia inicialmente a las personas
naturales con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es
reglamentar el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, “el cual como se citó
anteriormente, hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente
percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes
sean o no contratistas.”

Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
“ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes”

Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 citado se refirió a los límites de cotización,
por lo que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.
Sobre este punto la Sala, en la sentencia reiterada se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no “puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador” 18. Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:

“Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp. 20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

14
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Demandante: José Flaminio López Vera

“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art. 189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”19.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales 20”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden”.

Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.

Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
“En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 21 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-SGSSS. Las entidades
promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a
los trabajadores independientes los cuestionarios que, con el fin de determinar las bases
presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han
establecido los órganos de control o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.

19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp. 15399 C.P. Ligia López Díaz
20
Ibidem
21
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.

15
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Demandante: José Flaminio López Vera

Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos”.

Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, la Sala concluyó que el IBC “tanto para salud como para pensión
se compone de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización
inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos
deben corresponder a los ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos
presuntos o se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”

Se tiene entonces, para el año 2014 esta clase de trabajadores independientes,
entre los cuales se encuentra el demandante 22, sí contaban con una base
determinada por el ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de
Seguridad Social. No prospera el cargo.

Conclusión

Dado que ninguno de los argumentos propuestos en los recursos de apelación
prosperó, se impone a esta Sala confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas

Al respecto, la Sala se abstendrá de su imposición comoquiera que prosperaron
parcialmente las pretensiones de la demanda, conforme al numeral 5 del artículo
365 del Código General del Proceso , norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

22
En la liquidación oficial se lee que la actividad del actor corresponde al “Transporte de carga por carretera CIIU No. 4923”

16
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00557-01 (29735)
Demandante: José Flaminio López Vera

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvamento parcial de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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