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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00573-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00573-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00573-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

21 de marzo de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: ADONAY VELANDIA VELANDIA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones a salud y pensión (enero a diciembre de 2015).
Inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
Mensualización del ingreso. Contraprestación por el pago de
aportes

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

Previo requerimiento para declarar y/o corregir1, la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante, UGPP) profirió la Resolución nro. RDO-2021-M-00027
del 19 de marzo de 20212, por medio de la cual profirió liquidación oficial por omisión
en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social integral por los periodos
de enero a diciembre de 2015, e impuso sanción por omisión3.

El 30 de abril de 2021, el aportante interpuso recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial, decidido por la Dirección de Parafiscales de la UGPP mediante la
Resolución nro. RDC-2021-01553 del 6 de julio de 2021, en el sentido de confirmar el
acto recurrido.

DEMANDA
1
No está en discusión que, en una primera oportunidad, la UGPP había determinado los aportes mediante la Liquidación Oficial
nro. RDO-2018-01624 del 29 de mayo de 2018; sin embargo, mediante el fallo de tutela de segunda instancia del 5 de diciembre
de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, amparó el derecho fundamental al
debido proceso y ordenó a la entidad «dejar sin efectos las actuaciones surtidas con posterioridad al acto administrativo de
requerimiento para declarar o corregir» y notificar nuevamente dichos actos administrativos.
2
Proferida en cumplimiento del referido fallo de tutela.
3
Los antecedentes administrativos pueden consultarse en el índice 12 de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones4:

«2.1. Se declare la nulidad de la Resolución No RDO-2021-M-00027 del 19 de marzo de 2021,
por medio de la cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de
Parafiscales, profirió liquidación oficial al aportante por omisión en la afiliación y vinculación al
Sistema de Seguridad Social Integral -SSSI- en los periodos enero a diciembre de 2015.

2.2. Se declare la nulidad de la Resolución No RDC-2021-01553 del 06 de junio [Sic] de 2021;
por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social ‒ UGPP, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución No. RDO-2021-M-00027 del 19 de marzo de 2021.

2.3. Como consecuencia de la nulidad de la Resolución RDO-2021-M-00027 del 19 de marzo de
2021 y Resolución RDC-2021-01553 del 06 de junio [Sic] de 2021, se reestablezcan los derechos
del señor ADONAY VELANDIA VELANDIA, bajo el entendido que no tiene obligación de realizar
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral - SSSI, como trabajador independiente.

2.4. Como consecuencia de la nulidad de la Resolución No RDO-2021-M-00027 del 19 de marzo
de 2021 y Resolución RDC-2021-01553 del 06 de junio de 2021, se reestablezcan los derechos
de mi poderdante, bajo el entendido que no procede la sanción por la conducta de omisión, al no
encontrarse obligado a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social integral - SSSI».

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 2, 6, 29 y 363 de la Constitución
Política (CP) y 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Como concepto de la violación, expuso:

Aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. La entidad aplicó una norma
declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-219 de
20195, y si bien dicha decisión se adoptó con efecto diferido al vencimiento de las dos
legislaturas siguientes, la intención de esa corporación «no fue extender sus efectos por dos
años más, para que la UGPP siguiera determinando obligaciones tributarias a los trabajadores
independientes con una norma que a todas luces es contraria a la Constitución Política» y, además,
debe entenderse que la referida disposición «nunca surgió a la vida jurídica».

Imposibilidad de cumplir con la afiliación retroactiva y pago de aportes a
pensión. Comoquiera que el actor está incurso en la conducta de omisión, no podría
afiliarse retroactivamente como independiente, pues esta solo surte efectos desde el
ingreso al sistema y hacia futuro, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 3063
de 1989 y 23 del Decreto 1818 de 1996.

Obligación de aportar a salud. El aportante no accedió a la prestación de servicios
en salud del régimen contributivo durante el periodo fiscalizado, motivo por el cual,
para evitar desconocer el principio de solidaridad del sistema, los aportes deben
determinarse tomando como tarifa el 1.5% de la base de cotización, porcentaje
destinado a financiar el régimen subsidiado en salud, en los términos del artículo 204
de la Ley 100 de 1993.

4
Índice 2 de Samai. Carpeta: «ED_EXPEDIENTE_EXPEDIENTE». Archivo:
«3_250002337000202100573001EXPEDIENTEDIGIDEMANDAY20211015121858_3_ED_DEMANDAY_DEMANDAANEXOS».
5
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

2

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

Falta de competencia de la UGPP. El legislador no estableció que la declaración del
impuesto sobre la renta puede ser tomada por la entidad para calcular el IBC de los
trabajadores independientes. Dicha actuación desconoce el principio de legalidad,
pues el denuncio privado constituye la prueba de los ingresos para efectos de ese
tributo, no para las contribuciones objeto de discusión.

Principio de legalidad. No existe norma que disponga el prorrateo de los ingresos
reportados entre los doce meses del año y, de ser así, también procedería esa
operación frente a los costos y gastos declarados.

Los aportes al sistema deben realizarse según los ingresos efectivamente percibidos,
no sobre la división realizada por la UGPP. Así, al no estar probado que el aportante
percibió los mismos rubros en todos los meses revisados, esa duda debe resolverse a
favor del actor.

Medida cautelar. Solicitó la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos acusados para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al
exigirse el cobro de las contribuciones liquidadas 6.

OPOSICIÓN

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente7:

La decisión de la Corte Constitucional no implica cambios inmediatos para la forma en
la que los trabajadores independientes aportan al sistema ni para el cálculo del IBC,
en tanto lo resuelto en la sentencia supone la obligación de la rama legislativa de
regular la materia hasta el vencimiento de las dos legislaturas siguientes. La misma
corporación ha precisado que los efectos de las declaratorias de inexequibilidad rigen
hacia futuro -ex nunc-, de modo que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 estuvo
vigente durante los periodos fiscalizados.

La entidad es competente para determinar el IBC de los trabajadores independientes
de conformidad con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, razón por la cual no se
extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones ni asumió facultades de la DIAN al tomar
la declaración del impuesto sobre la renta para liquidar las contribuciones.

Dado que el aportante no allegó elementos probatorios que soportaran la distribución
mensual de sus ingresos, es procedente la mensualización que realizó la UGPP sobre
los doce meses del año 2015.

No es posible considerar los costos y gastos registrados en el denuncio rentístico por
el solo hecho de incluirlos, sino que el actor debió acreditar el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 107 del ET para su depuración de la base. Sin

6
Revisado el historial de actuaciones de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a que se corrió traslado de
dicha solicitud y la UGPP se opuso, no se advierte que el a quo la hubiese resuelto, lo que no impide que se profiera decisión de
fondo en esta instancia.
7
Índice 12 de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

perjuicio de lo anterior, en los actos enjuiciados se aplicó la Resolución 209 de 20208,
según lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019.

Los actos están motivados, no se vulneró el debido proceso del aportante y el cálculo
del IBC atendió lo dispuesto por el legislador.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 15 de septiembre de 2022 se fijó el litigio, se tuvieron como pruebas
las aportadas al expediente y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que emitiera concepto9.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada negó las pretensiones y no condenó en costas, con fundamento en
lo siguiente10:

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible mediante la sentencia
C-219 de 2019, y las decisiones de la Corte Constitucional, por regla general, tienen
efectos hacia futuro. Como la anterior providencia difirió los efectos de
inconstitucionalidad hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes,
es en ese momento en el que la disposición se entiende expulsada del ordenamiento
jurídico.

Así, pese a que la referida norma fue declarada inconstitucional, ello no conduce a la
nulidad de los actos de determinación respecto de julio a diciembre de 2015, pues esa
disposición estuvo vigente durante esos periodos.

Como el demandante no aportó pruebas de sus costos, la entidad aplicó el esquema
de presunción contenido en la Resolución 209 de 2020, sin embargo, en todos los
meses se superó el límite de cotización de 25 SMMLV, razón por la cual la UGPP
liquidó los aportes sobre dicho tope legal.

Los aportes a pensión tienen por finalidad beneficiar al aportante al tenerse en cuenta
para determinar el número de semanas cotizadas, la falta de afiliación, por su parte,
es una omisión a un deber formal que es sancionable, mientras que la obligación de
contribuir se produce ante la ocurrencia del hecho generador.

Las cotizaciones a salud son obligatorias para quienes cuenten con capacidad
contributiva, y el hecho que el sujeto pasivo no requiera de la prestación de servicios
en salud no lo exime de cumplir con ese deber, porque el sistema está diseñado bajo
el principio de solidaridad.

8
«Por la cual se adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y los
trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, conforme a su actividad económica».
9
Índice 14 de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10
Índice 21 de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

El actor no cumplió con la carga probatoria de acreditar los costos y gastos incurridos
en los periodos fiscalizados, por lo que el IBC determinado por la entidad, una vez
aplicado el esquema de presunción de costos, es procedente.

No condenó en costas porque no se causaron ni demostraron.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia conforme a los
siguientes argumentos11:

Falta de aplicación o exclusión evidente de la norma. Si bien la entidad tiene la
función de verificar la correcta cotización al sistema de seguridad social, no está
facultada para tomar la «declaración exógena» de las personas naturales y dividirla entre
doce, pues ello desconoce que los ingresos no son iguales en todos los meses del año
por lo que, si el aportante no detalló las sumas recibidas en cada periodo, la UGPP no
puede ejercer atribuciones que no le corresponden.

La sentencia no analizó la afectación al principio de seguridad jurídica con ocasión de
la inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. La UGPP y el a quo
aplicaron esa norma bajo el entendimiento que estuvo vigente para los periodos
revisados, pero no consideraron que esa disposición no fue derogada, sino declarada
inconstitucional, cuyos efectos no pueden ser desconocidos por las autoridades
administrativas o judiciales.

Falso raciocinio. Si bien el actor percibió un monto anual cierto, este se pudo haber
devengado en diferentes cuantías por periodo, pero como la entidad no lo acreditó,
ese vacío probatorio debe resolverse a favor del contribuyente, quien no debía soportar
la carga de precisar cada uno de sus ingresos mensuales.

Falta de aplicación o exclusión evidente de la norma. El tribunal ignoró que a los
aportantes no se les permite realizar pagos y/o afiliaciones retroactivas12, de manera
que el actor no recibiría beneficio alguno con dichas cotizaciones, y no gozaría de la
pensión de vejez.

En cuanto a salud, el artículo 16 del Decreto 2353 de 2015 prevé expresamente que
en ese subsistema no habrá afiliaciones retroactivas.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 13 de julio de 202313 y la
contraparte no se pronunció. Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia no se corrió traslado para alegar. El Ministerio Público no emitió concepto.

11
Índice 24 de Samai – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
12
Refirió las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL36648 de 2012, SL26728 de 2006 y
SL35467 de 2010, y la sentencia T-438 de 2012 de la Corte Constitucional.
13
Índice 4 de Samai.

5

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00573-01 [27738]
Demandante: Adonay Velandia Velandia

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra el
demandante, por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social
por los periodos de enero a diciembre de 2015, e impuso sanción por esa conducta, y
de la resolución que decidió el recurso de reconsideración en el sentido de confirmarla.

En los términos del recurso de apelación del demandante, la Sala deberá establecer:
(i) si la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 implica
la nulidad de la actuación respecto de los periodos de julio a diciembre de 2015, (ii) si
es procedente la mensualización de los ingresos declarados en renta, para determinar
la base de cotización, y (iii) si el pago de las cotizaciones está sujeto a la obtención de
una contraprestación para el aportante.

1. Efectos de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753
de 2015

El tribunal consideró que la inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
declarada mediante la sentencia C-219 de 2019, proferida por la Corte Constitucional,
no conduce a la ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados, comoquiera que la
base gravable para trabajadores independientes establecida por ese precepto
normativo estuvo vigente para los periodos fiscalizados (julio a diciembre de 2015).

Por su parte, el apelante adujo que dicha decisión de inconstitucionalidad buscó
salvaguardar los derechos fundamentales de los destinatarios de la norma, razón por
la cual el a quo desconoció el principio de seguridad jurídica.

La Sala precisa que no es objeto de discusión la existencia o no de la base gravable
para trabajadores independientes en los periodos de julio a diciembre de 2015, sino
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
respecto de los actos administrativos demandados dado que, a juicio del actor, la
decisión adoptada por la Corte Constitucional acarrea la nulidad de estos, pues se
fundamentaron en una norma «que se apartó de la Constitución».

Para resolver, es oportuno destacar que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
disponía lo siguiente:

«ARTÍCULO 135. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS INDEPENDIENTES. Los
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a
prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario
mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad
Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor
mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base
mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario.

En caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por el
sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará este último
según la metodología que para tal fin se establezca y tendrá fiscalización preferente por parte de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). No obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado

6

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por dicha presunción siempre y cuando cuente con los documentos que soportan la deducción
de expensas, los cuales serán requeridos en los procesos de fiscalización preferente que
adelante la UGPP.

[…]».

La citada disposición estableció, para los trabajadores independientes por cuenta
propia o con contrato diferente a prestación de servicios, un ingreso base de cotización
de aportes correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos. Norma
publicada en el Diario Oficial nro. 49.538 del 9 de junio de 2015, momento en el cual
entró en vigor en el ordenamiento jurídico14.

El 22 de mayo de 2019, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-21915, por la que
se declaró inexequible el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y resolvió «[d]iferir los
efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias
siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia» . En síntesis, esa decisión se
sustentó en el desconocimiento del principio de unidad de materia entre la regulación
del IBC para los trabajadores independientes y los objetivos previstos en dicha ley16.

Valga anotar que, el 25 de mayo de 2019, el Congreso expidió la Ley 1955, cuyo
artículo 336 derogó expresamente el artículo 135 de la Ley 1753 de 201517.

Para lo que interesa al asunto, la Corte Constitucional expuso lo siguiente en cuanto a
la modulación de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 135
de la Ley 1753 de 2015:

«6.2. Con todo, habiéndose arribado a la decisión de declarar inexequible la disposición
censurada, observa la Corte, por un lado, que su retiro inmediato del ordenamiento jurídico podría
derivar en la afectación de derechos y principios constitucionales relacionados con la base de
cotización de trabajadores independientes al Sistema Integral de Seguridad Social y, por otro,
que aquella fue adoptada en un contexto en el que, al amparo del estándar jurisprudencial
entonces imperante, sucesivas leyes habían incorporado mandatos con similar contenido. En tal
virtud, se diferirán los efectos de la inexequibilidad de la decisión hasta por las dos próximas
legislaturas, a fin de que se elabore por parte del legislador ordinario la regulación de la materia,
a través de la expedición de una ley con la garantía plena de los principios democráticos de la
debida transparencia y deliberación.

Sobre la potestad de diferir los efectos de sus decisiones, esta Corporación ha expresado
que, de ordinario, y salvo que se indique expresamente algo diferente en el fallo, la
declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia el futuro (ex nunc).
Sin embargo, excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la
posibilidad que le asiste a este Tribunal de modificar la mencionada regla general y
determinar, en principio, otras consecuencias temporales para sus fallos de
inexequibilidad, siempre que ello encuentre justificación en la guarda de la supremacía e
integridad de la Carta Política.

En esa medida, interesa señalar que “deben existir razones de orden constitucional que pongan
en evidencia la necesidad de variar la regla general anterior (efectos ex nunc), bien sea para
diferir la aplicación de la parte resolutiva del fallo, o bien sea para retrotraer sus efectos”, para lo
cual se ha considerado necesario efectuar dos tipos de análisis. El primero, impone a esta Corte

14
De conformidad con el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, «[l]a presente ley rige a partir de su publicación […]».
15
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
Que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018.
17
Ello puesto que el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 estableció el IBC de los trabajadores independientes y la determinación
del esquema de presunción de costos por parte de la UGPP. Dicha norma, a su vez, fue declarada inexequible mediante la
sentencia C-068 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera, con efectos diferidos hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias
siguientes.

7

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determinar la entidad de la infracción constitucional, en función de la cual se puede determinar,
bien sea la retroactividad de los efectos del fallo, cuando ello se requiera para la protección de
los derechos afectados, o el diferimiento de los mismos, cuando quiera que la afectación sea
menor. El segundo tipo de análisis, de carácter consecuencial, exige a la Corporación valorar los
impactos positivos y negativos que puede conllevar la decisión de retrotraer o diferir los efectos
de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma enjuiciada, ya que en el primer supuesto se
afecta la seguridad jurídica y la confianza en la validez del sistema jurídico y, en el segundo, se
mantiene la vigencia de una disposición contraria al ordenamiento superior.

Siguiendo los anteriores postulados, y teniendo en cuenta que el nivel de gravedad de la
afectación constitucional puede resultar leve-moderada en función de la trascendencia social que
supone la regulación contenida en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyo retiro inmediato
del ordenamiento jurídico podría causar un impacto altamente negativo al (i) generar una grave
alteración en las dinámicas de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y
los independientes con contrato diferente al de prestación de servicios al Sistema Integral de
Seguridad Social; (ii) causar una seria afectación a la sostenibilidad financiera de dicho Sistema;
y, eventualmente, (iii) suscitar una falta de reglamentación en un aspecto transversal propio de la
seguridad social, en el presente asunto resulta procedente efectuar el anunciado diferimiento, con
miras a “proteger la Constitución de la violación que se le ha infringido, pero sin afectar
gravemente otros valores constitucionales que se encuentran en juego”.

Así las cosas, se insiste en el hecho de que esta modalidad de decisión se adopta bajo el
entendido de que la inexequibilidad inmediata del artículo 135 […] de la Ley 1753 de 2015, podría
dar lugar a la eventual afectación de principios y valores constitucionales. El término de hasta por
las dos próximas legislaturas no menoscaba de manera desproporcionada el principio
democrático y, en cambio, sí le concede un espacio razonable al Congreso de la República para
que, de una manera deliberativa más amplia, apruebe una ley ordinaria en la que se establezca
con precisión la base de cotización de trabajadores independientes al Sistema Integral de
Seguridad Social […]» [se destaca].

Así, los fallos de inexequibilidad de la Corte tienen efectos hacia futuro -ex nunc-,
momento a partir del cual se entenderá retirado del ordenamiento jurídico el precepto
legal contrario a la CP, salvo que se disponga una cuestión distinta en la respectiva
decisión.

Lo anterior se acompasa con el artículo 45 de la Ley 270 de 199618, según el cual «las
sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política [como es el caso de la sentencia C-219 de 2019], tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario» [se destaca].

En la sentencia SU-037 de 201919, la Corte sostuvo que «cuando esta Corporación declara
la inconstitucionalidad de una norma sin retrotraer los efectos de su determinación, convalida de contera
las situaciones jurídicas consolidadas a su amparo entre el instante en el que entró en vigencia y la
fecha de la sentencia, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso, en principio, se reputan como
legítimas por haber sido ejecutadas en consonancia con el derecho positivo vigente».

En lo concerniente al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, la Corte encontró que su
retiro inmediato del ordenamiento jurídico podría generar una alteración en las
dinámicas de cotización de los trabajadores independientes, afectar la sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social integral y, eventualmente, suscitar una falta
de reglamentación en un aspecto ínsito de la seguridad social. Bajo ese razonamiento,
concluyó que los efectos de la inexequibilidad se diferirían hasta por las dos próximas
legislaturas, para que el Congreso «de una manera deliberativa más amplia, apruebe una ley

18
Estatutaria de la Administración de Justicia.
19
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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ordinaria en la que se establezca con precisión la base de cotización de trabajadores independientes al
Sistema Integral de Seguridad Social».

Según lo expuesto, es claro que el fallo de la Corte Constitucional no indicó que el
retiro de la disposición juzgada operaría desde siempre -ex tunc-, por el contrario, la
orden consistió en diferir hacia futuro la efectividad de la decisión de
inconstitucionalidad, que se materializaría una vez venciera el plazo otorgado al
legislador para que adoptase la base de cotización de los trabajadores independientes,
justamente porque una inexequibilidad inmediata «podría dar lugar a la eventual afectación
de principios y valores constitucionales», de ahí que, contrario a lo aducido por el apelante,
la decisión de esa corporación no operó con efectos retroactivos.

Ahora bien, la causación de un gravamen está relacionada con el aspecto temporal
del elemento objetivo del hecho generador del tributo, y alude al momento en el que
este se entiende realizado y nace la obligación tributaria. Así, el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015 preceptuaba que las cotizaciones al sistema se realizarían «mes vencido».

Como la inexequibilidad diferida de la anterior norma surtiría sus efectos20 con
posterioridad a la causación de las contribuciones al sistema de seguridad social
integral por los meses de julio a diciembre de 2015, se tiene que el artículo 135 de la
Ley 1753 de 2015 mantuvo su vigencia para los periodos fiscalizados en el presente
asunto, razón por la que era plenamente aplicable por la entidad.

En ese sentido, se concluye que los actos administrativos enjuiciados no decayeron
por la expedición de la sentencia C-219 de 2019 respecto de los periodos de 2015
(julio a diciembre). No prospera el cargo.

2. Mensualización del ingreso

El a quo determinó que el aportante no allegó elementos probatorios que desvirtuaran
la mensualización de los ingresos anuales efectuada por la entidad. Frente a lo
anterior, el apelante cuestiona la forma en la que la UGPP conformó el IBC,
específicamente, al dividir las sumas devengadas reportadas en la «declaración exógena»
-la Sala entiende que se refiere a la liquidación privada del impuesto sobre la renta-, desconociendo
en qué periodos efectivamente se recibieron.

No se debate la facultad de fiscalización de la UGPP, pues el actor reconoce que la
entidad puede adelantar las acciones de gestión de las cotizaciones al sistema.

Para resolver, en el expediente están probados los siguientes hechos:

• En la declaración del impuesto sobre la renta del año 2015, el señor Adonay
Velandia Velandia registró los siguientes ingresos21:

INGRESOS VALOR
Ingresos brutos operacionales 2.074.910.000

20
Inexequibilidad que, en todo caso, no se materializó, dado que el fallo de la Corte se profirió el 22 de mayo de 2019, mientras
que la Ley 1955 de 2019, publicada el 25 de mayo de 2019, en su artículo 336 derogó expresamente el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015.
21
Si bien el denuncio rentístico no obra en los antecedentes administrativos ni se aportaron en vía judicial, las cifras tomadas por
la UGPP para liquidar los aportes en los actos enjuiciados no fueron discutidas por el demandante.

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Ingresos brutos no operacionales 3.425.000
Total ingresos brutos 2.078.335.000

• En los actos administrativos enjuiciados, la UGPP determinó los ingresos,
costos y el IBC de los periodos fiscalizados de la siguiente forma22:

Mes Ingresos Costos aceptados Ingreso depurado Aplicación IBC
(75,9%)23 (ingresos – costos) 40% (art.
135 Ley
1753 de
2015)
1 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 15.400.000
2 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 16.108.750
3 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 16.108.750
4 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 16.108.750
5 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 16.108.750
6 173.194.583 131.454.689 41.739.894 - 16.108.750
7 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
8 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
9 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
10 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
11 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
12 173.194.583 131.454.689 41.739.894 16.695.958 16.108.750
TOTAL 2.078.334.996 1.577.456.268 500.878.728 --------- ---------

Así, para determinar los ingresos del aportante en el año 2015, la UGPP tomó el total
declarado en renta, restó los costos presuntos según el esquema adoptado mediante
la Resolución 209 de 2020 y fijó el ingreso base de cotización en el tope de los 25
SMMLV, teniendo en cuenta para calcular el límite en el mes de enero de 2015 el
salario mínimo mensual legal vigente del año 2014 y para febrero a diciembre el del
2015.

Si bien el apelante cuestiona la determinación del ingreso mensualizado realizada por
la UGPP, se precisa que la manifestación del actor, por sí sola, no conduce a la nulidad
de la actuación, en tanto que al demandante le correspondía desvirtuar esa
circunstancia a partir de las pruebas sobre el valor y periodo en el que se percibió.

De igual forma, no hay lugar a aplicar el artículo 745 del ET, por cuanto las dudas
provenientes de vacíos probatorios solo pueden resolverse a favor del contribuyente
siempre y cuando no se encuentre obligado a probar determinados hechos, evento
que no se presenta en el caso concreto, pues una vez fijados por la Administración los
ingresos que conforman la base gravable a partir de lo registrado en la declaración de
renta, si el aportante considera que no son correctos, le asiste la carga de aportar las
pruebas que soporten el valor recibido en cada periodo fiscalizado, lo cual no ocurrió24.
Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación.

22
Pág. 17 de la resolución que decidió el recurso.
23
La UGPP aplicó el porcentaje de costos presuntos por 75,9% de los ingresos dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 209
de 2020, dado que la actividad económica del aportante corresponde a la CIIU 4711, «comercio al por menor en establecimientos
no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco», perteneciente a la Sección G de la 4ª
Revisión de la citada clasificación. Esta determinación no es objeto de discusión entre las partes.
24
En igual sentido, sentencias del 7 de septiembre de 2023, exp. 26841, del 23 de noviembre de 2023, exp. 26613, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, y del 26 de octubre de 2023, exp. 26806, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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3. Contraprestación de los aportes y retroactividad en la afiliación

A juicio del apelante, no es posible contribuir al sistema de manera «retroactiva», pues
ello no representaría beneficios para el afiliado. Además, adujo que es improcedente
afiliarse al subsistema de salud con efectos retroactivos.

Para la Sala, no le asiste razón al demandante al afirmar que las cotizaciones a
pensión impedirían acceder a la prestación de vejez, lo que a su juicio «estaría
favorecimiento el enriquecimiento sin causa de la entidad de pensiones» , porque el artículo 13 de
la Ley 100 de 1993 (lit. c) dispone que «los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo
dispuesto en la presente ley» [se destaca]; por lo tanto, basta con que la persona esté afiliada
al sistema para que pueda acceder a las prestaciones que ofrece25.

En el presente caso, en el requerimiento para declarar y/o corregir consta que el actor
está afiliado al subsistema de pensión, en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, desde el 1º de marzo de 2000, aspecto no cuestionado entre las partes,
circunstancia suficiente para que el aportante tenga derecho a la prestación pensional,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento para su caso
particular.

Ahora, en cuanto al subsistema de salud, se reitera26 que dichos aportes no
necesariamente implican una contraprestación equivalente al monto de la cotización,
sino que busca la propia financiación del sistema de salud, en atención a los principios
que lo fundan, como los de universalidad, solidaridad y sostenibilidad, entre otros (arts.
2 y 153 de la Ley 100 de 1993).

Así, la Corte Constitucional ha indicado que los recursos que ingresan al sistema «tanto
en Salud (C-577/97, C-542/98, T-569/99, C-1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense
cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o
bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto
constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar
una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global
bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones (C-086/02, C-789/02)»27.

Bajo esa perspectiva, si bien los recursos destinados a la seguridad social tienen
destinación específica, esto «no significa que los fondos de la seguridad social deban reinvertirse
de manera individual en quien efectuó el aporte, puesto que “la destinación específica de los recursos
de que se habla debe entenderse de manera global como la necesidad de invertirlos nuevamente en el
sistema, en beneficio de todos aquellos que se favorecen de él”»28.

Es claro entonces que, independientemente de que el aportante requiera o no la
prestación de servicios en salud, la cotización está destinada a financiar el sistema,
con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

25
A igual conclusión se arribó en la sentencia del 29 de junio de 2023, exp. 26364, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
26
Sentencia del 9 de noviembre de 2023, exp. 27653, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27
Sentencia C-155 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
28
Sentencia C-895 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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En cuanto a la aplicación del artículo 16 del Decreto 2353 de 201529, el cual prevé que
«[e]n el Sistema General de Seguridad Social en Salud no habrá afiliaciones retroactivas», se advierte
que esa norma no resulta aplicable al caso concreto, pues entró a regir con
posterioridad30 a los periodos fiscalizados, razón suficiente para que la Sala se
abstenga de pronunciarse sobre el alcance de esa disposición en el presente asunto.
En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

Dado que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por el demandante no
son procedentes, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y
agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse en la opción «validador de documentos» dispuesta en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalida

29
«Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema
de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del
derecho a la salud».
30
El referido decreto fue expedido el 3 de diciembre de 2015, por lo que solo aplica para los periodos (entiéndase, meses)
subsiguientes a dicha fecha.

12

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