Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00589-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00589-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00589-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
25 de septiembre de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00589-01 (28963)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00589-01 (28963)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –
FONCEP
Temas: Cobro coactivo. Recobro de cuotas partes pensionales.
Prescripción extintiva.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
PRIMERO: DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de los siguientes actos administrativos
demandados, las resoluciones: (i) CC-000162 del 24 de mayo de 2021 y (ii) CC-000187
del 21 de junio de 2021 correspondientes al Proceso de Cobro Coactivo No. 001 de 2017;
así como de (iii) CC-000164 del 25 de mayo de 2021 y (iv) CC-000186 del 23 de junio de
2021 relativas al Proceso de Cobro Coactivo No. CP-004 de 2017; a través de las cuales
el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP
liquidó y aprobó los créditos a cargo de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL–CASUR por concepto de cuotas partes pensionales causadas y no
pagadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la prescripción de las
obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales de los 2 procesos de cobro
coactivo adelantados por el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES – FONCEP en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL – CASUR, únicamente respecto de los períodos discriminados en el cuadro
inserto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENÉSE al FONCEP reliquidar el
crédito insoluto junto con sus respectivos intereses en proporción a las sumas
correspondientes a las cuotas partes pensionales causadas respecto de los períodos que
conforme a lo analizado en esta sentencia no fueron extinguidas en virtud de la
prescripción. Así mismo, en atención a lo establecido en el artículo 599 del CGP, FONCEP
deberá reajustar los embargos en proporción a las cuotas debidas y no prescritas, sin
exceder el doble del valor del crédito cobrado y sus intereses.
CUARTO: Niéguese las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva. (…)
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
El 13 de septiembre de 2017, el FONCEP libró mandamiento de pago contra CASUR,
por valor de $490.632.738, por concepto de cuotas partes pensionales (proceso de
cobro coactivo CP 001 de 2017). Posteriormente, el 22 de noviembre de 2017, libró un
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Samai Tribunal, índice 041.
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Samai Tribunal, índice 038.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00589-01 (28963)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
segundo mandamiento de pago, por valor de $104.730.611, también por cuotas partes
pensionales (proceso de cobro coactivo CP 004 de 2017).
Contra los prenotados mandamientos de pago, CASUR propuso las excepciones de
falta de título ejecutivo, falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de
integración del litisconsorcio necesario, las cuales fueron resueltas mediante las
Resoluciones CC 005 del 10 de noviembre de 2017 y CC 001 del 5 de enero de 2018,
respectivamente, de forma desfavorable.
Mediante las Resoluciones CC-000162 y CC-000164 del 24 y 25 de mayo de 2021, se
liquidaron los créditos por las sumas de $972.249.105 y $206.981.173,
respectivamente. Dichos valores fueron aprobados, mediante las Resoluciones CC-
000187 y CC-000186 del 21 de junio de 2021, en cada uno de los correspondientes
expedientes de cobro coactivo.
Dentro del proceso CP 004 de 2017, se expidió la Resolución CC-000199 del 7 de julio
de 2021, mediante la cual se ordenó la aplicación de un título de depósito judicial.
CASUR radicó ante el FONCEP solicitud de revocatoria directa respecto del proceso
CP 001 de 2017, con el fin de que se declarara oficiosamente la prescripción de las
cuotas partes pensionales no cobradas con anterioridad a la notificación del
mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 817 del ET. La solicitud fue
resuelta de manera negativa mediante la Resolución CC 000279 del 31 de agosto de
2021.
Con el fin de hacer efectivo el cobro, el FONCEP libró el oficio EE-2544-202113314
del 9 de agosto de 2021, dirigido al Banco BBVA, para que se aplicara embargo y
retención sobre los dineros depositados en las cuentas de CASUR, por valor de
$2.337.145.998.
Demanda y contestación de la demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones3:
PRIMERA. Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000162 del 24 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se practica la liquidación del crédito
del CP-001 de 2017", expedida por el responsable del Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva
de la Convocada, dentro del expediente de cobro coactivo CP 001 de 2017.
SEGUNDA. Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000187 del 21 de junio de 2021 "Por medio de la cual se aprueba la liquidación del crédito
del proceso CP-001 de 2017", expedida por el responsable del Área de Cartera y Jurisdicción
Coactiva de la Convocada, dentro del expediente de cobro coactivo CP 001 de 2017.
TERCERA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000164 del 25 de mayo de 2021, "Por medio de la cual se practica la liquidación del crédito…"
expedida por el responsable del Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva de la Convocada, dentro
del expediente de cobro coactivo CP 004 de 2017.
CUARTA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000186 del 23 de junio de 2021, "Por medio de la cual se aprueba la liquidación del crédito…"
expedida por el responsable del Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva de la Convocada, dentro
del expediente de cobro coactivo CP 004 de 2017.
QUINTA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000199 el 7 de julio de 2021, "Por la cual se ordena la aplicación de un Título de Depósito
Judicial dentro del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo CP 004 de 2017".
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00589-01 (28963)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
SEXTA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución nro.
CC-000267 del 25 de agosto de 2021.
SÉPTIMA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo constituido en la Resolución No.
CC 000279 del 31 de agosto de 2021.
OCTAVA: Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad deprecada, a título de
restablecimiento del derecho se declaren terminado el proceso de cobro coactivo CP 001 de
2017.
NOVENA: Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad deprecada, a título de
restablecimiento del derecho se declare terminado el proceso de cobro coactivo CP 004 de 2017,
en el entendido de que Casur no adeudaba los valores cobrados en tal proceso y por ende no
debía el FONCEP aplicar ningún título judicial en su favor por tal concepto.
DÉCIMA: Que como consecuencia de la anterior declaración de nulidad deprecada, a título de
restablecimiento del derecho, se ordene el levantamiento de las medidas de embargo decretadas
en las resoluciones CC 001 del 13 de septiembre de 2017 y CC 004 del 22 de noviembre de
2017, mediante las cuales se libró mandamiento de pago.
DÉCIMA PRIMERA: Que se declare que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL, no adeuda suma alguna por concepto de cuotas partes pensionales del personal
que laboró en la POLICÍA NACIONAL, toda vez que esta es una Entidad diferente con autonomía
administrativa y financiera, descentralizada del orden Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa
Nacional.
DÉCIMA PRIMERA: Se ordene al FONCEP realizar las consultas ante la POLICIA NACIONAL,
a fin de que verifique la obligatoriedad del pago de las cuotas partes pensionales cobradas a
CASUR, ya que en su momento LA CAJA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA, aceptó
algunas cuotas partes pensionales, por orden organizacional, funcional y legal.
DÉCIMA SEGUNDA: Se ordene a la Nación a asumir el pago de las cuotas partes pensionales
cobrada a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, cuando orgánica,
funcional y jurídicamente se denominaba CAJA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA, en
cumplimiento de los Decretos 417 de 1955, Ley 193 de 1959.
La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 23, 29, 209,
238, 365 y demás concordantes de la Constitución Política; 422 del Código General
del Proceso (CGP); 823 a 843-2 del Estatuto Tributario (ET); 1625 y 2535 del Código
Civil; 619 del Código de Comercio; 2, 3 y 4 del Decreto 2921 de 1948; 75, numeral 3,
del Decreto 1848 de 1969; Ley 1066 de 2006; Ley 33 de 1985; Ley 6 de 1992; Ley 72
de 1947; Decreto 3135 de 1968; Decreto 446 de 1973; Decreto 1221 de 1975; Decreto
2108 de 1992; y el Decreto 4473 de 2006.
En la demanda4, la parte actora desarrolló el respectivo concepto de violación,
mientras que la demandada ejerció la correspondiente oposición a través de la
contestación de la demanda5, cada uno en los términos que se sintetizan a
continuación.
Primer cargo: Improcedencia del cobro coactivo por falta de legitimación y ausencia
de título ejecutivo
1. La demandante señaló que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
como el FONCEP, solo pueden hacer efectivo el cobro mediante jurisdicción coactiva
de aquellas acreencias que se deriven de su actividad administrativa regular, razón
por la cual el reclamo pecuniario que pretende la entidad demandada acarrea exceso
de poder y desequilibrio entre las partes, en la medida en que ello implica fungir de
juez y parte al mismo tiempo, con clara violación del ordenamiento jurídico.
Sostuvo que el Decreto 2921 de 1948, que reguló el artículo 21 de la Ley 72 de 1947,
estableció el trámite para el cobro de cuotas partes pensionales cuando deban
concurrir varias entidades de derecho público, procedimiento que no fue tenido en
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SAMAI tribunal, índice 003..
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SAMAI tribunal, índice 022.
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
cuenta por el FONCEP, entidad que hizo caso omiso a las comunicaciones mediante
las cuales CASUR le informó que el deber legal de concurrir con el pago de las
alícuotas reclamadas recaía en la Policía Nacional.
Indicó que, en el presente caso, no se cumplen los presupuestos previstos en el
artículo 422 del CGP para entender configurado un título ejecutivo, esto es, que verse
sobre una obligación expresa, clara y exigible que provenga del deudor. Esto,
comoquiera que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no es la deudora
de la obligación, en atención a que dicho pasivo corresponde a la Policía Nacional, por
tratarse de obligaciones respecto de empleados que prestaron sus servicios en dicha
institución, siendo entonces procedente que el FONCEP efectuara la consulta
correspondiente a esa entidad.
2. Por su parte, FONCEP señaló que es un establecimiento público del orden distrital,
creado mediante el Acuerdo 257 de 2006 expedido por el Concejo de Bogotá, cuya
misión comprende el reconocimiento y pago de las pensiones de los funcionarios
públicos del orden territorial, así como la administración del Fondo de Pensiones
Público de Bogotá D.C. Indicó que, conforme a los artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de
2011, las entidades públicas están investidas de la prerrogativa de cobro coactivo
respecto de las obligaciones creadas a su favor que consten en documentos con
mérito ejecutivo, y que el FONCEP, en ejercicio de funciones misionales idénticas a
las de la demandante, se encuentra obligado tanto al pago de pensiones como al
recobro de las mesadas con concurrencia de otras entidades pensionales públicas.
Respecto del desarrollo legal del cobro de cuotas partes pensionales, sostuvo que los
actos administrativos que reconocieron las pensiones objeto de recobro se encuentran
vigentes, gozan de presunción de legalidad y no han sido suspendidos por autoridad
judicial, razón por la cual no puede sustraerse del pago de las prestaciones allí
reconocidas ni abstenerse de efectuar el recobro conforme a la legislación aplicable.
Precisó que las pensiones reclamadas fueron consultadas y aceptadas previamente
por la demandante al momento de su consolidación, de modo que no existe
vulneración alguna en la actuación del FONCEP, pues las mesadas se han cancelado
oportunamente con base en la cuota parte expresamente aceptada por CASUR.
En cuanto a la alegada carencia de título ejecutivo, indicó que el soporte del recobro
por vía coactiva está contenido en las resoluciones que ordenaron el pago de las
pensiones de los beneficiarios que cotizaron para la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, actos que fueron expedidos por la Caja de Previsión Social de Bogotá
previa consulta de la cuota parte, aceptada expresamente por la demandante.
Agregó que, conforme al artículo 99 del CPACA y a la Sección Tercera del Consejo de
Estado (sentencia del 31 de enero de 2008, radicado 34201), el título ejecutivo puede
ser complejo cuando se integra por un conjunto de documentos, y que, en este caso,
dicho título está conformado por los actos de reconocimiento pensional expedidos por
el FONCEP, vigentes y amparados por presunción de legalidad, junto con las
liquidaciones del crédito correspondientes.
Concluyó que el cobro de la alícuota a la demandante tiene origen en las resoluciones
de reconocimiento pensional y, en particular, en la consulta del proyecto de resolución
puesta en consideración de CASUR, la cual fue aceptada sin objeción, consolidándose
así el derecho a favor del FONCEP y, correlativamente, el deber de pago en cabeza
de la demandante.
Segundo cargo: Vulneración al debido proceso. Falta de motivación.
1. La demandante señaló que no fue notificada de los actos demandados conforme a
lo previsto en los artículos 66 y siguientes del CPACA. Además, que los actos
acusados carecen de motivación suficiente, pues se limitaron a hacer referencias
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
generales sin indicar, ni siquiera de manera sumaria, el examen realizado en cada
caso específico, particularmente en lo relacionado con la inexistencia de título
ejecutivo. Indicó que, pese a haber manifestado reiteradamente al FONCEP, esta
omitió valorar el planteamiento según el cual, si la aceptación fue ejercida por la Caja
de Protección Social de la Policía respecto de tiempos de policías departamentales y
municipales, la entidad obligada a concurrir era la Policía Nacional y el pago debía
efectuarse con cargo al presupuesto de dicha institución, conforme a los Decretos 417
y 3075 de 1955.
Sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos
29 de la Constitución Política y 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que toda
actuación judicial y administrativa debe desarrollarse con respeto de las garantías
inherentes al debido proceso.
Concluyó que, en el presente caso, la entidad demandada incurrió en violación al
debido proceso y al derecho de defensa, al no garantizar una notificación adecuada ni
una motivación suficiente en los actos acusados, lo cual contraviene lo previsto en el
CPACA y desconoce las garantías mínimas de defensa de la demandante.
2. Por su parte, la entidad demandada señaló que los mecanismos de defensa
correspondientes debían ser ejercidos por la ejecutada dentro del traslado del
respectivo mandamiento de pago. Indicó que las notificaciones efectuadas por el
FONCEP a la demandante en el trámite de los cobros coactivos fueron oportunas y
ratifican el respeto al derecho constitucional al debido proceso y la garantía de
defensa, tal como se acredita con los antecedentes del recobro allegados al proceso.
Añadió que, en garantía de los derechos de la actora dentro de los cobros coactivos
CP-001 y CP-004 de 2017, el FONCEP remitió la documentación pertinente al correo
electrónico de CASUR y mantuvo a su disposición la totalidad de los antecedentes del
recobro.
Concluyó que, durante el trámite del cobro, el FONCEP ha asegurado el respeto al
debido proceso y al derecho de defensa de la ejecutada, lo cual se evidencia en la
notificación de las cuentas de cobro y de los mandamientos de pago.
Tercer cargo: Prescripción de la acción y cobro de lo no debido
1. La demandante señaló que la acción de cobro de las cuotas partes pensionales
prescribe al término de los tres años siguientes al pago de la mesada pensional
respectiva, y que la acción de cobro adelantada por el FONCEP en su contra ya se
encontraba prescrita, por cuanto dicha entidad hizo caso omiso de la prescripción
extintiva prevista en los artículos 4, 8 y 17 de la Ley 1066 de 2006, y cobró, con
fundamento en las resoluciones de mandamiento de pago, sumas causadas desde el
inicio del reconocimiento pensional, sin advertir que había operado la prescripción
respecto de aquellas causadas con más de tres años de anterioridad a la notificación
de la deuda.
Añadió que, conforme al artículo 817 del ET, la Administración no puede realizar
cobros sobre sumas prescritas, estando en el deber de declarar la prescripción de
oficio o a solicitud de parte cuando la advierta. Dicho deber fue reconocido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en
sentencia del 15 de abril de 2021, M.P. Mery Cecilia Moreno Amaya, al resolver una
controversia análoga entre las mismas entidades. Invocó, en el mismo sentido, el
artículo 818 del ET, según el cual el término de prescripción de la acción de cobro se
interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00589-01 (28963)
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Afirmó que debían declararse prescritos los periodos pensionales cobrados a CASUR
desde el 1 de enero de 1996 hasta el 21 de septiembre de 2017, y no efectuarse el
cobro total de la obligación como se hizo en las Resoluciones CC-000162 del 24 de
mayo de 2021 y CC-000187 del 21 de junio de 2021, mediante las cuales se liquidó y
aprobó el crédito dentro del expediente CP-001 de 2017. Añadió que, con la expedición
de la Ley 1066 de 2006, cuyo artículo 4 dispone que el derecho al recobro de las cuotas
partes pensionales prescribe a los tres años siguientes al pago de la mesada pensional
respectiva, resultaba claro que los periodos anteriores al 22 de septiembre de 2014 se
encontraban prescritos, por lo que solicitó que se dejaran sin efecto dichas
resoluciones y se profirieran nuevos actos administrativos que aplicaran las reglas
legales y jurisprudenciales expuestas.
Alegó, adicionalmente, la configuración de un pago de lo no debido, en la medida en
que, según el artículo 1524 del Código Civil, no puede existir obligación sin causa real
y lícita. Manifestó que, mediante diversos oficios, informó de manera reiterada al
FONCEP la improcedencia del pago de las cuotas partes cobradas, por haber
transcurrido más de tres años desde el pago de la respectiva mesada pensional sin
que se hubiera interrumpido el término prescriptivo, y que dichas solicitudes fueron
remitidas a la Jefatura de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, entidad que,
conforme a la Ley 193 de 1959, reglamentada por el Decreto 1217 de 1962, asumió
con posterioridad al año 1970 el reconocimiento y pago de las cuotas partes de las
extintas Policías Municipal y Departamental.
Sentencia apelada y recurso de apelación
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas6, decisión que fue apelada por la parte demandada7.
Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de la apelación se resumen así:
Primer cargo: Improcedencia de la excepción de falta de legitimación y falta de título
ejecutivo
1. El Tribunal señaló que, conforme al artículo 422 del CGP, para que una obligación
pueda demandarse ejecutivamente es necesario que sea expresa, clara y exigible, y
que conste en documentos que provengan del deudor o de su causante, requisitos que
se complementan con lo dispuesto en el artículo 99 del CPACA sobre los documentos
que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
Indicó que, sobre la conformación del título ejecutivo en materia de cuotas partes
pensionales, el Consejo de Estado ha precisado que este constituye un título complejo,
integrado por el acto que reconoce la pensión de jubilación, en el cual se gesta la
obligación clara y expresa, al fijarse el objeto, las partes vinculadas y la cuantía, y por
el acto que liquida las cuotas partes respecto de las mesadas causadas y pagadas
que no estén prescritas.
Advirtió que, conforme con las pruebas obrantes en el expediente, en el caso concreto
se configuró el título ejecutivo para el recobro de las cuotas partes adeudadas a favor
de FONCEP, por cuanto obran las resoluciones de reconocimiento de pensión de cada
uno de los jubilados, la aceptación por parte de CASUR de la cuota parte asignada y
los actos de liquidación del crédito, siendo evidente que el deudor de la obligación es
CASUR, quien, al momento en que se consultó el proyecto de reconocimiento
pensional y la distribución de la alícuota, manifestó su aceptación sin formular objeción
alguna ni endilgar dicha responsabilidad a la Policía Nacional.
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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Precisó que el supuesto fáctico en el que la demandante sustentó su reparo no
resultaba veraz, pues la aceptación de las cuotas partes no fue realizada por la extinta
Caja de Protección Social de la Policía Nacional, sino por el mismo CASUR, tal como
se acredita en los documentos de aceptación obrantes en el expediente, de modo que
los planteamientos de la actora estaban en realidad dirigidos a controvertir la legalidad
de la obligación objeto de ejecución y no la validez de los actos de cobro coactivo
demandados, cuestión improcedente de debatir en sede de la jurisdicción coactiva.
Por lo anterior, concluyó que se encontraban acreditados los elementos de existencia
y validez del título ejecutivo de cuotas partes pensionales, razón por la cual el cargo
no estaba llamado a prosperar.
2. Frente a esta decisión no hubo apelación.
Segundo cargo: Vulneración al debido proceso. Falta de motivación.
1. El Tribunal señaló que FONCEP se rige por el CPACA y el ET, tal como lo prescribe
su Manual de Administración y Cobro de Cartera. Añadió que los actos enjuiciados
fueron notificados por correo, de modo que, en contraste con los alegatos de la parte
actora, FONCEP notificó los actos administrativos de cobro coactivo en debida forma,
con apego a los postulados legales, desvirtuándose así la presunta vulneración del
debido proceso y del derecho de defensa.
Advirtió que la excepción de inexistencia de título ejecutivo fue objeto de
pronunciamiento en sede administrativa y que, si bien fue resuelta de manera
desfavorable, no se evidencian carencias en la motivación de la actuación; por el
contrario, de su lectura se desprende una explicación de las razones por las cuales la
excepción no resultaba de recibo, satisfaciéndose así el requisito exigido en el artículo
42 del CPACA para entender configurada una adecuada motivación.
Concluyó que no eran ciertas las irregularidades en la motivación ni las falencias en la
notificación alegadas por CASUR, precisando que lo pretendido por la parte actora, al
discutir su competencia para asumir la obligación y endilgar dicha responsabilidad a la
Policía Nacional, era reabrir un debate que debió darse en la conformación del título y
no en las actuaciones cuya legalidad se analizaba en esa instancia judicial.
2. Frente a esta decisión, no hubo apelación.
Tercer cargo: Prescripción de la acción y cobro de lo no debido
El Tribunal señaló que, conforme al artículo 2535 del Código Civil, la prescripción que
extingue las acciones y derechos ajenos exige el transcurso de determinado lapso
durante el cual estos no se hayan ejercido, contabilizado desde el momento en que la
obligación se hizo exigible. Indicó que el artículo 2536 del mismo código estableció
inicialmente un término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 años, plazo que
fue reducido a 5 años por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002.
Advirtió que, a partir de la expedición de la Ley 1066 de 2006, el legislador fijó un
término específico para la prescripción del derecho de recobro de las cuotas partes
pensionales, disponiendo que estas prescriben a los 3 años siguientes al pago de la
respectiva mesada pensional, regla cuya conformidad con el ordenamiento jurídico fue
declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009.
Precisó que, tratándose de cuotas partes causadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1066 de 2006, esto es, antes del 29 de julio de 2006, el Consejo de
Estado ha determinado que estas prescriben conforme a las reglas generales del
Código Civil para la acción ejecutiva, previstas en el artículo 2536, en su redacción
original y con la modificación introducida por la Ley 791 de 2002. En ese sentido,
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señaló que las reglas de prescripción aplicables al derecho de recobro de las cuotas
partes pensionales deben aplicarse en el caso analizado así: (i) las causadas con
anterioridad al 27 de diciembre de 2002 prescriben en diez años, conforme al artículo
2536 del Código Civil en su redacción original; (ii) las causadas entre el 27 de
diciembre de 2002 y el 29 de julio de 2006 están sujetas al término de cinco años
dispuesto por la Ley 791 de 2002; y (iii) las causadas con posterioridad al 29 de julio
de 2006 prescriben al vencimiento del término de tres años contados a partir de su
exigibilidad.
Bajo el anterior entendido, el Tribunal aplicó al caso los términos de prescripción de
10, 5 y 3 años según la fecha de causación de cada cuota parte pensional. Advirtió
que, sin embargo, al momento de notificarse los mandamientos de pago, las cuotas
sometidas a los términos de 10 y 5 años ya habían completado su prescripción varios
años antes, pues las causadas hasta el 26 de diciembre de 2002 debían reclamarse
dentro de los diez años siguientes a su exigibilidad y las causadas entre el 27 de
diciembre de 2002 y el 29 de julio de 2006 dentro de los cinco años siguientes, de
manera que, para septiembre y noviembre de 2017, esos plazos ya se encontraban
ampliamente vencidos. En consecuencia, la interrupción de la prescripción derivada
de la notificación de los mandamientos de pago solo podía producir efectos respecto
de las cuotas que aún permanecían vigentes, esto es, aquellas sujetas al término de
3 años que no lo habían completado para la fecha de notificación. Por ello, dado que
el mandamiento de pago del proceso CP-001 de 2017 fue notificado el 22 de
septiembre de 2017 y el del proceso CP-004 de 2017 el 28 de noviembre de 2017, el
Tribunal concluyó que únicamente podían cobrarse las cuotas causadas a partir del 23
de septiembre de 2014 y del 29 de noviembre de 2014, respectivamente, mientras que
las correspondientes a periodos anteriores debían tenerse por prescritas.
Consideró que, si bien la demandante circunscribió su solicitud de prescripción a las
cuotas partes cobradas en el Proceso de Cobro Coactivo CP-001 de 2017, omitiendo
formular dicha solicitud respecto de las cuotas partes cobradas en el Proceso de Cobro
Coactivo CP-004 de 2017, ello no impedía que se analizara la configuración del
fenómeno prescriptivo respecto del otro proceso coactivo, en atención a la reiterada
postura jurisprudencial del Consejo de Estado según la cual el análisis de la
prescripción extintiva debe realizarse incluso de oficio por el juez.
Finalizó diciendo que, como prosperaba parcialmente la prescripción, los actos
demandados también son parcialmente nulos. Finalmente, indicó que, en lo relativo a
la pretensión de levantamiento de las medidas cautelares de embargo decretadas, al
haber prosperado parcialmente las pretensiones en virtud de la prescripción declarada,
ello implica una modificación en el monto de la obligación a pagar, por lo que, en
atención a lo establecido en el artículo 599 del CGP, el FONCEP deberá reajustar los
embargos en proporción a las cuotas debidas y no prescritas, sin exceder el doble del
valor del crédito cobrado y sus intereses. Asimismo, se ordenará al FONCEP reliquidar
el crédito insoluto, junto con sus respectivos intereses, en proporción a las sumas
correspondientes a las cuotas partes pensionales causadas respecto de los períodos
en que, conforme a lo analizado, no operó la prescripción.
2. Por su parte, la demandada alegó que, como la demandante no propuso contra el
mandamiento de pago la excepción de prescripción, en «sede judicial no es viable acceder
a esta, ya que con esto se vulneraría el derecho al debido proceso» , como tampoco que esta
hubiere sido declarada de forma oficiosa por el Tribunal frente a uno de los procesos
de cobro coactivo, ya que esta jurisdicción es rogada.
Por otra parte, señaló que «no le asiste razón al despacho judicial en cuanto a haber otorgado la
excepción de prescripción, teniendo en cuenta que en los cobros coactivos objeto de reclamación, no
opero el fenómeno jurídico, ya que no pasaron los tres (3) años siguientes al pago de la mesada
pensional y la notificación al mandamiento de pago».
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Finalmente, señaló que los actos demandados son legales y deben mantenerse
vigentes por cuanto: (i) las cuotas partes pensionales cobradas tienen respaldo en
actos administrativos vigentes y amparados por presunción de legalidad; (ii) dichos
actos conforman un título ejecutivo válido; (iii) CASUR fue consultada y aceptó las
cuotas partes que se le asignaron, por lo que es la entidad legalmente obligada a
concurrir a su pago; (iv) el procedimiento administrativo respetó el debido proceso.
Pronunciamientos finales de las partes
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del CGP. Mediante el auto del 20 de marzo de 20258 se declaró fundado
el impedimento y se le separó del conocimiento del proceso.
PROBLEMA JURÍDICO
Como quiera que la sentencia no fue apelada en relación con las conclusiones del
Tribunal sobre la existencia del título ejecutivo, la legitimación de CASUR y la alegada
vulneración del debido proceso, la competencia de la Sala se encuentra limitada
exclusivamente a los cuestionamientos formulados contra la declaratoria de
prescripción. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar:
Si, pese a que la excepción de prescripción no fue propuesta contra el mandamiento
de pago en sede administrativa, resulta procedente solicitar su reconocimiento ante la
jurisdicción contencioso-administrativa y si el juez puede declararla de oficio cuando
encuentre acreditados sus presupuestos.
Análisis del caso concreto
La Sala observa que la demandante no formuló la excepción de prescripción dentro de
las excepciones propuestas contra los mandamientos de pago, circunstancia a partir
de la cual la apelante cuestiona la posibilidad de que dicho fenómeno hubiera sido
reconocido en sede judicial. Sin embargo, como los actos demandados corresponden
a las resoluciones que liquidaron y aprobaron el crédito, y no a aquellas que resolvieron
las excepciones contra los mandamientos de pago, corresponde determinar, en primer
orden, si la prescripción podía ser examinada al controlar la legalidad de los actos de
liquidación del crédito, para luego analizar si dicha excepción puede ser declarada
oficiosamente por el juez.
Sobre la procedencia del estudio de la prescripción de la acción de cobro en la
etapa de liquidación y aprobación del crédito
Esta Sección ha precisado que la prescripción de la acción de cobro constituye una
materia susceptible de examen judicial aun cuando el acto demandado corresponda a
la liquidación del crédito y las costas, y no a una decisión administrativa que se haya
pronunciado expresamente sobre dicho fenómeno extintivo, como suele suceder en la
etapa de excepciones contra el mandamiento de pago donde, por lo general, se
propone dicha excepción. Ello obedece a que, de conformidad con el inciso segundo
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SAMAI CE, índice 024
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del artículo 187 del CPACA, el juez contencioso administrativo no está limitado a las
excepciones propuestas por las partes, sino que puede declarar aquellas que
encuentre probadas. En ese sentido, la Sala ha señalado que «procede el estudio judicial
del cargo de nulidad de los actos del procedimiento de cobro por prescripción en asuntos en los que el
acto acusado no verse sobre la denegación de dicha figura por parte de la entidad ejecutante del cobro.
Pues, se ha considerado que al tenor del inciso 2 del artículo 187 del CPACA el juez está habilitado a
ello, pues, incluso puede ser oficiosamente declarada»9.
Aunque en este caso no se demandan los actos que resolvieron las excepciones
contra el mandamiento de pago, ello no impide examinar la prescripción al controlar la
legalidad de los actos que liquidaron y aprobaron el crédito, pues tales actuaciones
incorporan el quantum efectivamente exigible en el proceso coactivo. De manera que,
si al efectuar dicho control el juez encuentra acreditada la prescripción respecto de una
parte de las obligaciones cobradas, puede declararla en aplicación del inciso segundo
del artículo 187 del CPACA y del artículo 817 del ET, normas que son de aplicación
preferente al artículo 282 del CGP10.
La Sala precisa que la excepción de prescripción reconocida en esta providencia no
corresponde a una excepción propia del presente proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino a una excepción sustancial del procedimiento
administrativo de cobro coactivo objeto de control judicial. Así, aunque su
reconocimiento favorece a CASUR en esta actuación, ello ocurre porque dicha entidad
ostenta la calidad de ejecutada dentro del proceso matriz de cobro. En consecuencia,
el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 187 del CPACA recae sobre una
excepción propia del proceso de cobro coactivo, cuyo examen en este proceso resulta
necesario para determinar la legalidad de los actos administrativos demandados,
máxime cuando el artículo 817 del ET prevé la declaratoria oficiosa de la prescripción
en el mismo procedimiento de cobro y el referido artículo 187 del CPACA impone el
deber de reconocerla cuando la advierta configurada.
Sobre la declaración de la prescripción de oficio
La Sección tiene fijado un criterio reiterado11 de que el juez puede analizar la
prescripción de forma oficiosa, a pesar de que no se haya planteado como excepción
en el procedimiento de cobro coactivo. Postura respaldada por lo dispuesto en el ya
citado artículo 187 [inciso 2] del CPACA, de acuerdo con el cual «en la sentencia se decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada».
La facultad prevista en el artículo 187 del CPACA no desconoce el carácter rogado de
la jurisdicción contencioso-administrativa. La limitación derivada de dicho principio
recae sobre la causa petendi y las pretensiones sometidas al conocimiento judicial; sin
embargo, una vez promovido válidamente el control jurisdiccional respecto de los actos
acusados, el legislador habilitó expresamente al juez para declarar las excepciones
que encuentre probadas. Por ello, el reconocimiento oficioso de la prescripción no
implica introducir un litigio nuevo ni alterar el objeto del proceso, sino resolver
integralmente la legalidad de los actos demandados.
Asimismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, al procedimiento
de cobro coactivo le resultan aplicables las disposiciones del Estatuto Tributario. En
ese sentido, lo anterior encuentra respaldo en el artículo 817 del ET, que impone a la
autoridad administrativa el deber de declarar de oficio la prescripción. Por lo que, si al
9
Sentencia del 15 de febrero de 2024, exp. 27478, C.P. Wilson Ramos Girón.
10
El Consejo de Estado ha precisado que la integración normativa autorizada por el artículo 306 del CPACA solo tiene cabida
frente a aspectos no regulados por ese código. Sin embargo, el artículo 187 del CPACA contempla expresamente la facultad del
juez contencioso administrativo de declarar, incluso de oficio, las excepciones que encuentre probadas al momento de proferir
sentencia. Por tratarse de una regulación especial propia de esta jurisdicción, su aplicación prevalece sobre las disposiciones
generales del régimen procesal civil, específicamente sobre el artículo 282 del CGP, sin que resulte procedente acudir a estas
para restringir una competencia expresamente atribuida al fallador por el legislador. Sentencia de unificación del 6 de agosto de
2020, CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 0833-2016.
11
Ver, entre otras, las sentencias de 12 de junio de 2025, exp. 29373, C.P. Wilson Ramos Girón; del 30 de agosto de 2017, exp.
21764, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 6 de noviembre de 2019, exp. 23765, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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examinar la legalidad del acto administrativo definitivo mediante el cual se resuelven
las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago, el juez la encuentra
acreditada, a partir de los documentos obrantes en el expediente, podrá reconocerla.
En relación con el cómputo del término de prescripción de la acción de recobro de las
cuotas partes pensionales, la Sección también ha precisado que dicho término puede
ser de 10, 5 o 3 años, dependiendo de la disposición normativa vigente para la fecha
en que se efectuó el pago de la respectiva mesada pensional, esto es, el artículo 2536
del Código Civil, la Ley 791 de 2002 o la Ley 1066 de 200612. A su vez, la prescripción
se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, como lo dispone el artículo
818 del ET.
Bajo el anterior entendido, no tiene razón la apelante en cuanto a que el juez no podía
realizar el examen oficioso de la prescripción frente a uno de los procesos de cobro
coactivo, como lo consideró el Tribunal. En consecuencia, no prospera el cargo de
apelación en ese sentido.
Por la misma razón, tampoco resulta determinante que la demandante hubiera
desarrollado su argumentación principalmente respecto del proceso CP-001 de 2017,
pues la legalidad de los actos de liquidación y aprobación del crédito expedidos dentro
de ambos procedimientos coactivos fue sometida al control judicial y, en virtud de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, la excepción de
prescripción podía ser examinada respecto de todas las obligaciones incorporadas en
ellos.
Por otra parte, aunque la apelante afirma que la prescripción no se configuró en los
procesos de cobro coactivo porque no había transcurrido el término de 3 años entre el
pago de las mesadas pensionales y la notificación de los mandamientos de pago, lo
cierto es que dicha afirmación no constituye propiamente un reproche contra el
razonamiento expuesto por el Tribunal. En efecto, la sentencia de primera instancia
precisamente concluyó que las cuotas partes respecto de las cuales no operó la
prescripción eran aquellas para las que no había transcurrido el término trienal previsto
en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 al momento de la notificación de los respectivos
mandamientos de pago. Por ello, la apelante no controvierte el análisis efectuado por
el a quo, sino que se limita a reiterar, de manera general, que el fenómeno prescriptivo
no se configuró.
En todo caso, la Sala observa que el Tribunal aplicó correctamente la jurisprudencia
de la Sección en materia de tránsito normativo de la prescripción de cuotas partes
pensionales, distinguiendo entre las obligaciones sometidas a los términos de diez
años, cinco años y tres años, según la fecha de causación y exigibilidad de cada cuota
parte. Frente a ese razonamiento específico la apelante no formuló reparo alguno.
Finalmente, en el recurso la apelante señala que los actos demandados son legales y
deben mantenerse vigentes por cuanto: (i) las cuotas partes pensionales cobradas
tienen respaldo en actos administrativos vigentes y amparados por presunción de
legalidad; (ii) dichos actos conforman un título ejecutivo válido; (iii) CASUR fue
consultada y aceptó las cuotas partes que se le asignaron, por lo que es la entidad
legalmente obligada a concurrir a su pago; (iv) el procedimiento administrativo respetó
el debido proceso. No obstante, desde la perspectiva del recurso de apelación, este
desarrollo no constituye un reparo autónomo contra la sentencia de primera instancia,
sino más bien una reiteración de los argumentos de defensa de FONCEP sobre la
existencia del título ejecutivo, la legitimación de CASUR y la legalidad del cobro, temas
frente a los cuales el Tribunal ya había fallado a favor de esa entidad.
12
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, la sentencia de 30 de agosto de 2017, exp. 21764 C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; del 31 de octubre de 2018, exp. 23201, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 2 de diciembre de 2018, exp. 22913, C.P.
Julio Roberto Piza; del 24 de abril de 2019, exp. 21861, CP. Milton Chaves García, del 6 de noviembre de 2019, exp. 23765, CP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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En consecuencia, al no prosperar los reparos formulados por la parte apelante, se
confirmará la decisión de primera instancia.
Costas
Atendiendo al criterio fijado en la sentencia de 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292,
C.P. Wilson Ramos Girón), la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, incluyendo la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente por
concepto de agencias en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA25-12355 de 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior, en atención a lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, toda
vez que dicha parte resultó vencida en el trámite de esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la parte demandada, en su modalidad de agencias en
derecho, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente por esta instancia, de
acuerdo con el Acuerdo nro. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del
Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara voto parcial
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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