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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00606-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00606-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia, en el componente de agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00606-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00606-01 (30297)
Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia
Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE. Año gravable
2016. Deducibilidad de pagos al exterior.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que resolvió1:

“Primero. Negar las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas. (…)”

ANTECEDENTES

El 20 de abril de 2017, SAExploration Inc. Sucursal Colombiana presentó la
declaración del impuesto sobre la renta para la equidad- CREE, del año gravable
20162.

Previo requerimiento especial3 y allanamiento parcial a algunas de las glosas
formuladas por la Administración, el 18 de diciembre siguiente4 la sucursal presentó
declaración de corrección. En esta, liquidó un impuesto a pagar de $688.000, una
sanción por inexactitud de $356.000 e intereses moratorios por $513.000, para un
total de $1.557.000. Posteriormente, en la respuesta al requerimiento5, precisó que
el allanamiento recaía sobre las glosas de los costos -renglón 32- por $2.013.000, y
deducciones -renglón 34-, por $2.572.000, para un total de $4.585.000.

A través de la Liquidación Oficial de Revisión 202103105000019 del 23 de junio de
20216, la DIAN aceptó el allanamiento parcial, y modificó la declaración privada en
el sentido de rechazar la deducción por gastos operacionales de administración por
la suma de $1.301.571.000. Lo anterior derivó en un mayor impuesto a cargo de
$195.237.000 y en una sanción por inexactitud por el mismo valor.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), la parte
demandante formuló las siguientes pretensiones7:

1
Índice 34, Samai, Tribunal.
2
Índice 2, Samai, Tribunal. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», p. 106.
3
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «4.FOLIOS 301-399.pdf», pp. 34-56.
4
Índice 2, Samai, Tribunal. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», p. 108.
5
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «3.FOLIOS 199-300.pdf», pp. 119-129, y carpeta «4.FOLIOS 301-399.pdf», pp. 1-20.
6
Índice 2, Samai, Tribunal. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», pp. 80-104.
7
Índice 2, Samai, Tribunal. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», p. 5.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00606-01 (30297)
Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

“A. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No.
202103105000019 del 23 de junio de 2021 proferida por la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes,
mediante la cual se modificó la Declaración del Impuesto sobre la renta para la equidad
• CREE del año gravable 2016.

B. Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca la firmeza de la
declaración del Impuesto sobre la Renta para la equidad – CREE del año gravable
2016 presentada por la Sucursal mediante formulario No. 1403606740031 el 18 de
diciembre de 2020.”

Invocó como disposiciones normativas vulneradas los artículos 24, 25, 121, 122,
124 y 647 del Estatuto Tributario (ET) y 338 de la Constitución Política. Como
concepto de violación expuso lo siguiente:

Sostuvo que la DIAN incurrió en una interpretación errónea de la normativa aplicable
al rechazar la deducción de $1.301.571.000, correspondiente al contrato suscrito con
su casa matriz, South American Exploration LLCA ALAS, para la prestación desde el
exterior de servicios administrativos ordinarios, tales como mercadeo, publicidad,
financieros, contables, legales, logísticos, de tecnologías de la información, entre
otros.

A respecto, señaló que dichos servicios no constituían gastos de administración o
dirección en los términos del artículo 124 del ET, por cuanto no estaban dirigidos a
la adopción de decisiones gerenciales y estratégicas de carácter definitivo para la
sucursal. Indicó que tales funciones correspondían a la Vicepresidencia de
Operaciones y distintas gerencias de la organización, conforme al organigrama y
los manuales de funciones allegados con la respuesta al requerimiento especial.
Igualmente, afirmó que los servicios contratados no podían calificarse como
servicios técnicos ni de asistencia técnica, razón por cual los ingresos derivados de
su prestación conservaban la condición de renta fuente extranjera para su
beneficiario. Finalmente, sostuvo que su prestación era eventual, en tanto el
contrato preveía su suministro únicamente «de vez en cuando».

En ese sentido, concluyó que no era procedente exigir, como requisito de
deducibilidad y con fundamento en el artículo 124 del ET, la práctica de retención
en la fuente sobre ingresos por servicios prestados desde el exterior que para su
beneficiario no constituían ingresos de fuente nacional, y adujo que una
consideración en contrario implicaría recaudar un impuesto sin sustento legal, en
contravía de lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-596 de 1996
y el artículo 338 de la Constitución; añadió que aquella consideración llevaría,
asimismo, a desconocer la relación de causalidad entre esas erogaciones y la
actividad productora de renta de la sucursal, en contravención del artículo 107 del
ET.

Refirió que, aun de admitirse que los pagos realizados a la casa matriz por los
servicios contratados estaban comprendidos en el citado artículo 124, la exigencia
de practicar la retención sobre pagos de fuente extranjera no era aplicable al año
gravable 2016, sino solo a partir de la modificación introducida por el artículo 73 de
la Ley 1819 de 2016, vigente desde 2017, que dispuso expresamente tal
tratamiento.

Precisó que, en esa medida, descartada la exigibilidad del artículo 124 del ET, el
gasto debía analizarse a la luz del régimen general de los pagos al exterior previsto
en los artículos 25, 121 y 122 Ibid., sin que resultara aplicable la limitación a la
deducción prevista en ese último, toda vez que la operación estaba sometida al
régimen de precios de transferencia. Sobre el particular, afirmó que el inciso
segundo del artículo 260-8 del ET, vigente en el año fiscalizado, disponía que las
operaciones sometidas a dicho régimen no quedaban cobijadas por las limitaciones

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00606-01 (30297)
Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

a costos y gastos dispuestos en el Estatuto para operaciones con vinculados.
Añadió que esa interpretación fue acogida por la jurisprudencia del Consejo de
Estado8, en el sentido de que el régimen de precios de transferencia dejaba sin
aplicación, entre otras, la restricción prevista en el artículo 122 Ibid. En todo caso,
adujo haber acatado el límite del 15% contemplado en esa disposición.

Finalmente, indicó que la sanción por inexactitud era improcedente, porque no se
configuró el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del ET, en tanto las
deducciones declaradas se ajustaban a la realidad contable y fiscal de la sucursal y
no incluían datos falsos, equivocados o incompletos; además, porque actuó con
fundamento en una interpretación razonable de las disposiciones que regulaban la
deducibilidad de las sumas pagadas por los servicios contratados.

OPOSICIÓN

La DIAN adujo que el acto administrativo demandado fue proferido con sujeción a
las formalidades legales, por las razones expuestas a continuación9:

Sostuvo que la deducibilidad de los pagos al exterior no dependía solo de la
retención en la fuente, sino también del cumplimiento de las limitaciones previstas
en los artículos 121 a 123 del ET, del régimen cambiario y de los requisitos
generales del artículo 107 Ibid., por lo que reprochó a la demandante haber
propuesto una lectura aislada del tratamiento de la operación.
En cuanto a las razones por las cuales, a su juicio, no procedía la deducción por
gastos administrativos registrada en el renglón 32 de la declaración de corrección
privada, la Dian cuestionó que la sucursal demandante hubiera pretendido acreditar
la necesidad de los servicios contratados con la oficina principal aportando
únicamente su organigrama, sin explicar la estructura del grupo SAExploration en
Colombia, pese a que este también desarrollaba operaciones en el país a través de
SAExploration Colombia S.A.S.
Destacó que ambas entidades compartían dirección principal, correo electrónico,
revisor fiscal, contador y representantes legales, según el RUT. No obstante, advirtió
que SAExploration Colombia S.A.S omitía reportar información sobre sus
vinculados e incluso sobre sus socios. Asimismo, señaló que la sucursal efectuó
pagos a esa sociedad por $2.753.832.000 por concepto de costos y por
$2.680.778.000 por concepto de gastos, dentro de los cuales incluía reembolsos
administrativos, pese a que no la relacionó como proveedora de servicios ni explicó
las razones por las cuales, existiendo dicha estructura operativa en Colombia y
habiéndose asumido esas erogaciones en el país, resultaba necesario efectuar los
pagos controvertidos a la oficina principal. En criterio de la Administración, tales
circunstancias impedían tener por acreditados los presupuestos de procedencia
previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Alegó que los servicios contratados no eran ordinarios, por lo que los pagos
efectuados por tales conceptos se encontraban sometidos al régimen del artículo
124 Ibid. y a la correspondiente retención en la fuente.
Como sustento de su afirmación, destacó que la única factura aportada por la
contribuyente describía el concepto cobrado como «Management and consulting fees
as stated [in] the Management and Administrative Services Agreement», esto es, en
traducción libre, «Gerencia y consultoría según contrato de gestión y servicios
administrativos». Asimismo, refirió que en el expediente obraba un convenio de
asistencia técnica suscrito entre South American Exploration LLC y la sucursal
demandante, el cual comprendía -entre otros- el desarrollo de actividades de
supervisión de gerentes, liderazgo y gestión financiera, apoyo en auditorías fiscales

8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de mayo de 2019, exp. 20780. MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Índice 12, Samai, Tribunal.

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Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

locales, investigación y planeación tributaria, administración de litigios, que
revelaban verdaderas funciones de administración y dirección. Añadió que la
erogación fue registrada contablemente como asesoría financiera en la cuenta
5110, correspondiente a gastos por servicios de administración.
Refirió que las pruebas evidenciaban que la operación se había realizado entre la
oficina principal y su sucursal, esto es, entre la misma persona jurídica, a pesar de
que la demandante identificara a la otra parte contratante como su «casa matriz»;
que aquella asumía la totalidad de los riesgos y que no utilizaba activos, pues en
2013 los había vendido a SAExploration Colombia S.A.S. por $23.406.778.000,
circunstancia que, a su juicio, desdibujaba la necesidad y el alcance de los
supuestos servicios prestados por la oficina principal; además, que actividades de
mercadeo y publicidad se realizaban a través de su propia página web, de modo
que tampoco se justificaba la erogación por esos conceptos.
Indicó que el acto demandado se ajustaba a derecho, porque el deber de practicar
retención en la fuente respecto de los pagos al exterior por servicios de
administración o dirección regulados en el artículo 124 del ET ya existía para el año
gravable 2016. Explicó que el parágrafo adicionado por el artículo 73 de la Ley 1819
de 2016 no creó por primera vez esa obligación, sino que extendió su alcance a los
pagos allí previstos. Por lo tanto, adujo que la actora se equivocaba al afirmar que
la retención solo operaba desde 2017.
Asimismo, al manifestar que, por no ser de fuente nacional, los ingresos eran
necesariamente de fuente extranjera, pues el artículo 25 del ET prevé de manera
taxativa esos eventos, ninguno de los cuales concierne al caso. Añadió que, por el
contrario, el artículo 24 Ibid. califica como de fuente nacional, entre otros, los
ingresos por servicios técnicos, asistencia técnica, explotación de propiedad
industrial o know how, aun cuando se suministren desde el exterior, por lo que, a su
juicio, no podía concluirse que los pagos discutidos correspondieran a ingresos de
fuente extranjera no sometidos a retención.
Finalmente, adujo que la demandante invocó indebidamente el artículo 260-8 del
ET para sostener que, por estar sometida al régimen de precios de transferencia,
no le eran aplicables las limitaciones del artículo 122. Señaló que dicha disposición,
vigente para la época de los hechos, no consagraba una exclusión general frente a
los requisitos de deducibilidad, sino únicamente respecto de las limitaciones
contenidas en los artículos 35, 9 0, 124-1, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo
312. Así, concluyó que el acto acusado estaba debidamente fundado en una
interpretación sistemática del Estatuto, y debía mantenerse.
Por lo expuesto, la DIAN estimó ajustadas a derecho la actuación administrativa y
la sanción por inexactitud impuesta a la demandante.
SENTENCIA APELADA

El 27 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A”, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas10.

Preliminarmente, consideró que no era susceptible de valoración probatoria el
documento denominado «The management and administrative services agreement», por
estar redactado en inglés y no haber sido acompañado de traducción oficial, en los
términos del artículo 251 del Código General del Proceso (CGP). La misma
determinación adoptó respecto de la Factura Invoice No. ICCORP-2016-142 del 31
de diciembre de 2016, emitida por concepto de «Management and consulting fees as
stated in the Management and Administrative Services Agreement», por no contar
tampoco con traducción oficial. Sin embargo, advirtió que, según lo manifestado por
la DIAN, dicha factura derivaba del Convenio de Asistencia Técnica suscrito entre

10
Índice 34, Samai, Tribunal.

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4

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00606-01 (30297)
Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

la demandante y South American Exploration LLC ALAS el 2 de noviembre de 2009,
apostillado el día 3 del mismo mes y año, el cual sí era objeto de valoración.

Como fundamento de su decisión, adujo que contrario a lo manifestado por la
demandante, para la vigencia 2016 el artículo 124 del ET ya exigía practicar
retención en la fuente como requisito de deducibilidad de los pagos realizados a
casa matriz u oficina del exterior por gastos de administración o dirección.
Asimismo, manifestó que, conforme al tenor de la jurisprudencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado11, dicha deducción solo es procedente respecto de
pagos que constituyan para su beneficiario ingresos de fuente nacional, por ser los
únicos sujetos a retención, sin excepción.

En el caso concreto, el tribunal advirtió que la DIAN determinó que el Convenio de
Asistencia Técnica de 2 de noviembre de 2009 era el origen de la deducción
rechazada por valor de $1.301.571.000, al estimar que de ese negocio se
desprendía el documento denominado «The management and administrative services
agreement», a su vez fundamento de la factura discutida; por ello, consideró que no
podían escindirse ambos documentos y que, en virtud de esa relación, el gasto
controvertido en realidad provenía de servicios que si bien se originaron en el
exterior, se ejecutaron dentro del territorio colombiano, y por lo tanto eran
constitutivos de ingreso de fuente nacional para su beneficiario.

Luego, al examinar la naturaleza de la erogación, concluyó i) que la propia
demandante la había contabilizado en la cuenta 511030, como «asesoría financiera
prestada por parte de la casa matriz», perteneciente al grupo 51 – gastos operacionales
de administración, lo que evidenciaba su carácter administrativo; y ii) que en la
demanda la actora admitía que los pagos correspondían a servicios administrativos
de mercadeo, publicidad y otros similares, vinculados con la gestión interna y
administración de la empresa. A partir de ello, estimó que la DIAN desplegó una
actividad probatoria diligente para verificar la procedencia de la deducción, por lo
que correspondía a la demandante desvirtuar esa conclusión, en virtud del artículo
167 del CGP, carga que no cumplió, pues se limitó a aseverar que se trataba de
gastos ordinarios sin demostrarlo.

En cuanto al régimen de precios de transferencia, concluyó que el artículo 124 no
hacía parte de las disposiciones exceptuadas por el artículo 260-8 del ET y que,
además, la deducción de pagos a casa matriz no constituía una mera limitación de
costos y gastos de las que dicho régimen relevara. Por tanto, como la demandante
no practicó retención en la fuente sobre los pagos por servicios administrativos a la
casa matriz, la deducción no procedía y el cargo no prosperaba.

Descartó, además, la improcedencia de la sanción por inexactitud, al considerar que
esta no se impuso por el simple incumplimiento de un requisito formal ni por una
diferencia de criterios, sino por la inclusión de deducciones improcedentes que
condujeron a la determinación de un menor saldo a pagar, por no haberse
practicado la retención en la fuente. Añadió que la DIAN calculó la sanción dando
aplicación del principio de favorabilidad, conforme al artículo 287 de la Ley 1819 de
2016, que modificó el artículo 647 del ET.

Finalmente, por no haberse causado ni demostrado, se abstuvo de condenar en
costas.
RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación12 en el cual solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se acceda a las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

11
Sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 26436, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
Índice 38, Samai, Tribunal.

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Sostuvo que el a quo incurrió en un defecto fáctico al abstenerse de valorar la
traducción de «Este acuerdo de gestión y administración» suscrito entre la casa matriz
y sus sucursales o filiales a nivel global, bajo el argumento de que no cumplía con
el del artículo 251 del CGP, aun cuando dicho documento fue elaborado por
intérprete oficial, como aquel lo refiere al pie de página. Añadió que su contenido
demostraba que los servicios allí previstos (contabilizados en la cuenta 511030,
como «asesoría financiera») eran convencionales, generales y ordinarios, distintos de
los pactados en el convenio de asistencia técnica, referido por la DIAN en los actos
administrativos como fundamento del gasto, cuya lectura fue acogida por la primera
instancia.
Adujo que, dicho defecto fáctico también condujo al Tribunal a desconocer que, para
la casa matriz como beneficiaria del pago, se trataba de ingresos de fuente
extranjera. Explicó que, conforme al artículo 24 del ET, solo tienen la condición de
ingresos de fuente nacional los provenientes de servicios prestados en el territorio
colombiano o aquellos que, aun ejecutados desde el exterior, la ley califica
expresamente como tales, supuesto que, a su juicio, no se configuraba en este
caso. De ello concluyó que, si los servicios fueron prestados desde el exterior y no
encajaban en las hipótesis del artículo 24 Ibid., los pagos conservaban para su
beneficiario la naturaleza de renta de fuente extranjera y, por ende, no estaban
sometidos a retención en la fuente, conforme al artículo 121 del ET.
Agregó que, aunque los pagos al exterior no estuvieran sometidos a retención por
corresponder a rentas de fuente extranjera, en principio les resultaba aplicable el
límite del 15% previsto en el artículo 122 del ET; no obstante, sostuvo que esa
restricción no operaba en el caso concreto, por estar la sucursal sometida al régimen
de precios de transferencia. En esa línea, reprochó al a quo haber interpretado
indebidamente el artículo 260-8 Ibid., tanto al considerar aplicable la limitación del
artículo 122 (la cual acató en este caso) como al excluir de su alcance el artículo
124, pues, a su juicio, dicha disposición consagraba de manera general la
inaplicación de las limitaciones a costos y gastos del Estatuto Tributario respecto de
contribuyentes sujetos a ese régimen que realizaran operaciones con vinculados a
valores de mercado, supuesto que se cumplía en este caso.
Finalmente, cuestionó la sanción por inexactitud, al sostener que no se configuraba
hecho sancionable alguno, pues la declaración de corrección del CREE del año
gravable 2016 se presentó con información veraz y sin deducciones inexistentes o
inexactas. Añadió que los gastos por servicios de asesoría financiera prestados por
la casa matriz eran reales, estaban debidamente registrados en la contabilidad y
soportados con la factura correspondiente, y que, en todo caso, existía una
diferencia de criterios con la administración sobre la procedencia de esas
deducciones.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió mediante auto del 20 de febrero de 202613, sin
pronunciamiento de las partes frente a este. Al ser innecesaria la práctica de
pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4 y 5, art.
247 del CPACA). El ministerio público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad del acto de liquidación demandado, mediante la cual la DIAN
rechazó los gastos operacionales de administración registrados por la demandante
en su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante —apelante

13
Índice 6, Samai, CE.

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única—, corresponde a la Sala establecer i) si era procedente valorar «Este acuerdo
de gestión y administración»; ii) si el gasto rechazado tuvo origen en el «Convenio de
Asistencia Técnica», en «Este acuerdo de gestión y administración» o en la relación entre
ambos instrumentos; iii) si, definida su fuente contractual, dicho gasto correspondía
a servicios de administración o dirección pagados a la oficina principal y, por tanto,
estaba sujeto a retención en la fuente como requisito de deducibilidad conforme al
artículo 124 del ET; iv) si esa exigencia quedaba desplazada por la regla del artículo
260-8 Ibid., al tratarse de una operación sometida al régimen de precios de
transferencia; y, finalmente, v) si resultaba procedente la sanción por inexactitud.

Valor probatorio de «Este acuerdo de gestión y administración»

La apelante sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al abstenerse de
valorar el documento titulado «Este acuerdo de gestión y administración», aportado
como traducción del denominado «The management and administrative services
agreement», bajo el argumento de que no cumplía con el artículo 251 del CGP, aun
cuando —conforme señaló— fue elaborado por intérprete oficial.

Al respecto, la Sala advierte que el a quo excluyó dicho medio de prueba porque el
acuerdo original se encontraba íntegramente en inglés y, a su juicio, no fue
acompañado de traducción oficial. Sin embargo, del examen del documento
aportado como traducción14, se precisa que el texto en español figura suscrito al pie
por la señora Ana María de los Ríos Gartner, quien se presenta como traductora
oficial e intérprete registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, consigna su firma manuscrita y refiere la Resolución de autorización
expedida por esa cartera. A ello se suma que la parte demandada no desconoció el
documento ni controvirtió su autenticidad o idoneidad, y que ninguna de esas
razones fue esgrimida por el Tribunal para restarle mérito probatorio. En
consecuencia, la Sala lo valorará en esta instancia y, a partir de su contenido,
examinará el alcance de los servicios allí previstos.

Deducción por pagos al exterior a la oficina principal por $1.301.571.000,
registrados en el renglón 36 «Deducciones»: soporte contractual, naturaleza
del gasto y retención en la fuente

La determinación de la naturaleza jurídica de los servicios discutidos exige
identificar, previamente, el origen del gasto.

En este caso, la DIAN definió en el acto de liquidación oficial15 que el soporte
contractual del pago discutido era el «Convenio de asistencia técnica» y su relación
con «Este acuerdo de gestión y administración». Como fundamento de su
afirmación, advirtió que el primero fue suscrito por la sucursal y su oficina principal
—entre otras— para la prestación de apoyo técnico y administrativo, a través de
personal especializado, en procura del cumplimiento de los contratos que aquella
tuviera suscritos o suscribiera en el futuro. Refirió que, con fundamento en dicho
convenio de asistencia técnica, se expidió la Factura ICCORP-2016-142 del 31 de
diciembre de 2016, por USD$437.645,43 (equivalentes a COP$1.301.570.638), por
concepto de «Management and administrative services agreement» y concluyó que, con
base en ella, la demandante realizó una solicitud de envío de divisas al Banco de
Bogotá, por valor de $1.686.891.521.

Esta tesis fue acogida por el Tribunal, al considerar que el «Convenio de Asistencia
Técnica» constituía el origen de la deducción rechazada, que de este se desligaba
«Este acuerdo de Gestión y Administración», y que, en virtud de esa relación, el gasto
correspondía a servicios prestados en el territorio nacional. En contraste, la apelante

14
Aportado como traducción desde la respuesta al requerimiento especial. Samai, exp. Tribunal, índice 2, Arch.
«3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», p. 122-132.
15
Samai, Tribunal, índice 2. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», pp. 80-104.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00606-01 (30297)
Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

sostuvo que esa conclusión era equivocada, pues el pago se derivaba
exclusivamente de «Este acuerdo de gestión y administración», como instrumento
autónomo e independiente.

A efectos de dirimir el asunto y determinar si el gasto rechazado proviene de la
relación que la DIAN trazó entre el «Convenio de asistencia técnica» y «Este acuerdo
de gestión y administración», o si, como lo sostiene la apelante, deriva exclusivamente
de este último, conviene anticipar que de la lectura de ambos instrumentos
contractuales, no se advierte ninguna remisión expresa o relación manifiesta; el
Acuerdo revela una finalidad propia, inclusive, cual es, «identificar y proveer el
reembolso del costo de los servicios que SAE debe proporcionar a las Filiales SAE».

Esa ausencia de conexidad también se refleja en la forma en la que los valores
asociados a uno y otro contrato fueron registrados contablemente. La transacción
denominada «South America Management and consult» —relativa a «Este acuerdo de
gestión y administración» y soportada en la Factura ICCORP 2016-142— figura en los
auxiliares contables con registro en el débito de la cuenta 51103016 («Asesoría
financiera») y en el crédito de la cuenta 23100117 («Por pagar a casa matriz asignado»),
por valor de $1.301.570.638; así, el asiento evidencia el reconocimiento contable
del gasto por asesoría financiera y de la obligación correlativa a favor de la oficina
principal. Por su parte, los pagos asociados al convenio de asistencia técnica figuran
registrados en la cuenta 74315 por valor de $544.430.24418. Además, esta
diferenciación no se agota en los auxiliares contables, sino que también se proyecta
en la relación de contratos celebrados con terceros19 y para la verificación de
retención en la fuente20, en la relación de pagos efectuados al exterior21 y en la
relación de gastos al exterior deducibles y no deducibles22.

En la misma línea, el acto administrativo demandado consignó que la Factura
ICCORP 2016-142, correspondiente al período de enero a diciembre de 2016, fue
expedida por concepto de «Management and consulting fees as stated in the
Management and Administrative Services Agreement», por valor de USD$437.645,43,
equivalentes a COP$1.301.570.63823, esto es, el mismo valor registrado en el débito
de la cuenta 511030 bajo el concepto de «Asesoría financiera». Asimismo, citó la
relación denominada «General and Administrative Overheads Allocation for Year Ended
31 Dec 2016», en la que SAExploration Holding Inc. asignó a Colombia una suma
coincidente: USD$437.645,43, equivalente a COP$1.301.570.63824. Ambos
soportes, por su denominación, contenido y correspondencia contable, solo remiten
a «Este acuerdo de gestión y administración».

En cuanto al valor de $1.686.891.521, la DIAN sostuvo que la demandante realizó
una solicitud de envío de divisas al Banco de Bogotá por dicho monto, y tomó esa
coincidencia como punto de enlace entre el pago al exterior, el gasto rechazado y
el «Convenio de asistencia técnica». No obstante, al revisar el auxiliar contable25, se

16
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 2
de 2», carpeta «FL. 93», arch. Excel «AUXILIARES CUENTAS CONTABLES DE CONTRATOS -ACTUALIZADO-.xlsx», libro
«South American Exploration LLC».
17
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «1.FOLIOS 1-100.pdf», p. 104.
18
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «2.FOLIOS 101-198.pdf», p. 88. Asimismo, «Carpeta 2 de 2», carpeta «FL. 93», arch. Excel «AUXILIARES
CUENTAS CONTABLES DE CONTRATOS -ACTUALIZADO-.xlsx», libro «South American Exploration LLC», filtrados solo
por asistencia técnica y asistencia técnica markup.
19
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 2
de 2», carpeta «FL. 93», arch. Excel «AUXILIARES CUENTAS CONTABLES DE CONTRATOS -ACTUALIZADO-.xlsx», libro
«South American Exploration LLC».
20
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «2.FOLIOS 101-198.pdf», p. 45.
21
Ibidem, p. 88.
22
Ibidem, p. 87.
23
Índice 2, Samai, Tribunal. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», p. 93 (Liquidación Oficial
de Revisión).
24
Ibidem.
25
Índice 9, Samai, Tribunal. Arch. «10_RECIBEMEMORIALES_ONEDRIVE_20220629(.zip) NroActua 9». Ruta: «Carpeta 1
de 2», arch. «1.FOLIOS 1-100.pdf», p. 104.

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Demandante: SAExploration Inc. Sucursal Colombia

advierte que dicho valor corresponde a la transacción denominada «South America
Int Pago Facturas», registrada el 8 de septiembre de 2017 en el crédito de la cuenta
2310-01-00-17122-004 («Por pagar a casa matriz asignado»). De ahí que esa identidad
entre los valores solo permita establecer la trazabilidad del giro a favor de la oficina
principal, pero no que el gasto deducido —registrado por $1.301.570.638 bajo el
concepto de «Asesoría financiera»— tuviera origen en dicho convenio.

En consecuencia, el reparo formulado por la apelante resulta fundado, pues el gasto
rechazado no podía reconducirse al «Convenio de asistencia técnica», toda vez que
los soportes contractuales, contables y cambiarios examinados muestran que su
origen estaba en «Este acuerdo de gestión y administración».

Definido lo anterior, el análisis debe concentrarse en determinar si, por la naturaleza
de los servicios contratados, la deducción tomada por SAExploration Inc. Sucursal
Colombia estaba condicionada a la práctica de retención en la fuente, conforme al
artículo 124 del ET.

Sobre este asunto, en la Liquidación Oficial de Revisión26, la DIAN justificó el
rechazo de la deducción a partir de dos premisas: i) que los servicios prestados por
la casa matriz eran de naturaleza técnica o tecnológica y, por esa razón, generaban
ingresos de fuente nacional de acuerdo con el artículo 24 del ET; y ii) que, a su vez,
correspondían a servicios de administración y dirección prestados desde el exterior,
los cuales también constituían ingresos de fuente nacional para su beneficiario y
estaban sujetos a la regla del artículo 124 Ibid, que condicionaba su deducibilidad a
la práctica de retención en la fuente, requisito que no se cumplió. A su vez, el a quo
confirmó la improcedencia de la deducción aduciendo la naturaleza administrativa
de la expensa, la cual derivó de su registro contable en la cuenta 511030 como
«asesoría financiera prestada por parte de la casa matriz», dentro del grupo de gastos
operacionales de administración, y de la propia admisión de la demandante de que
los pagos correspondían a servicios administrativos, asociados a la gestión interna
de la empresa.

La apelante controvirtió esa conclusión al señalar que las prestaciones derivadas
del Acuerdo no integraban el giro activo de la sucursal ni podían reconducirse a
servicios de administración o dirección en los términos del artículo 124 del ET. En
esa medida, sostuvo que la deducción no dependía de la práctica de retención en
la fuente, sino únicamente del límite del artículo 122 Ibid. —que afirmó haber
observado—, el cual, en todo caso, estimó inaplicable por disposición del artículo
260-8 del ET, en su condición de contribuyente sometida al régimen de precios de
transferencia.

Precisados los términos de la discusión, corresponde examinar el artículo 124 del
ET27, el cual, para el año gravable 2016 y conforme con la modificación introducida
por el artículo 85 de la Ley 223 de 1995, regulaba la deducción de los pagos
efectuados a la casa matriz u oficina del exterior por concepto de gastos de
administración o dirección, en los siguientes términos:

“Artículo 124. Los pagos a la casa matriz son deducibles. Las filiales o sucursales,
subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras, tienen derecho a
deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las cantidades pagadas o
reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del exterior,
por concepto de gastos de administración o dirección y por concepto de [regalías y
explotación o] adquisición de cualquier clase de intangibles, siempre que sobre los
mismos practiquen las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta y el
complementario de remesas*. Los pagos a favor de dichas matrices u oficinas del
exterior por otros conceptos diferentes, están sujetos a lo previsto en los artículos
121 y 122 de este Estatuto”.

26
Samai, exp. Tribunal. índice 2. Arch. «3_ED_DEMANDAY_SAEXPLORATIONDEM(.PDF) NroActua 2», pp. 80-104.
27
El artículo 73 de la Ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 124 con un parágrafo, advirtiendo que, los gastos de administración
o dirección sean de fuente nacional o extranjera, estarán sujetos a retención en la fuente.

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(Subrayado de la Sala).

Al estudiar la constitucionalidad de este artículo en la Sentencia C-596 de 199628,
la Corte Constitucional precisó que:

“[S]i los pagos a las casas matrices son gravables en Colombia y por ende están
sometidos a retención en la fuente, serán deducibles para quien los paga,
obviamente en tratándose de ingresos considerados de fuente nacional; por el
contrario, si los pagos a que se ha hecho alusión son de fuente extranjera y por
consiguiente no son gravables por el mecanismo de la retención, no serán
deducibles de la renta de la filial o sucursal, subsidiaria o agencia en Colombia.”

Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó:

“[Se] declarará la exequibilidad de la expresión acusada, siempre que se entienda
que los pagos que se hacen a las casas matrices u oficinas en el exterior por
concepto de gastos de administración o dirección (…), que son deducibles de sus
ingresos a título de costo o deducción son aquellos de fuente nacional.”

De la lectura del artículo 124 del ET, en armonía con la interpretación fijada por la
Corte Constitucional y con el entendimiento que de esa norma ha sostenido
reiteradamente esta Sección29, se desprende que los pagos efectuados a la casa
matriz u oficina del exterior por gastos de administración o dirección solo son
deducibles si están sometidos a retención en la fuente, lo que presupone que
constituyan ingresos de fuente nacional para su beneficiario. De ahí que, si el pago
corresponde a un servicio prestado desde el exterior y, por esa razón, no configura
ingreso de fuente nacional para la oficina del exterior, tampoco surja el deber de
practicar retención y, precisamente por ello, se incumpla la condición especial
prevista por el artículo 124 Ibid., lo que impide reconocer su deducibilidad. En otras
palabras, la disposición condiciona la deducibilidad del gasto a que el pago esté
sometido a retención en la fuente, de modo que, si el pago no está sujeto a
retención, tampoco resulta procedente la deducción30.

Establecida la condición de deducibilidad prevista en el artículo 124 del ET,
corresponde delimitar las nociones de «gastos de administración y dirección». La
jurisprudencia de la Sección31 se ha aproximado a su definición a partir de una
conceptualización negativa, al señalar que no comprenden aquellos vinculados con
la ejecución directa de la operación ni con los costos propios de los proyectos que
los originan. Sin embargo, la Sala considera necesario precisar el contenido y
alcance de cada una de estas categorías.

Los «gastos de administración» corresponden a las cantidades pagadas o
reconocidas a la casa matriz u oficina del exterior, directa o indirectamente, para
remunerar actividades centralizadas de apoyo a la organización y al funcionamiento
ordinario de las filiales, sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia, entre ellas,
la planeación, coordinación, control presupuestal, contabilidad, auditoría y gestión
jurídica, informática o de personal32. Conforme con las directrices de la OCDE33,

28
MP. Jorge Arango Mejía.
29
Sentencias del 9 de mayo de 2019, exp. 20780, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 2 de diciembre de 2021, exp.
23605, del 17 de noviembre de 2022, exp. 26624, del 3 de agosto de 2023, exp. 27415 y del 24 de agosto de 2023, exp.
26436, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 5 de junio de 2025, exp. 26753, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño; y del
12 de febrero de 2026, exp. 28267, MP. Claudia Rodríguez Velásquez.
30
Sentencia del 9 de mayo de 2019, exp. 20780, MP. Jorge Octavio Ramírez.
31
Sentencia del 8 de mayo de 1998, MP. Delio Gómez Leyva, exp. 8825. En esta sentencia, se entienden como gastos de
administración y dirección, los pagos vinculados con la dirección o administración superior de la empresa, especialmente los
hechos al personal directivo por sueldos, prestaciones y conceptos inherentes a esos cargos, que no intervienen directamente
en la operación de cada proyecto.
32
Esta noción coincide con la descripción contable de los gastos operacionales de administración, según la cual estos se
relacionan con «la gestión encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas establecidas para el desarrollo
de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera,
comercial, legal y administrativa». Citada en: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de julio de 2023, exp. 26095.
M.P. Milton Cháves García.
33
OCDE, Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones
tributarias (2022), capítulo VII, párrs. 7.6 y 7.14.

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esas actividades constituyen servicios intragrupo cuando proporcionan a la entidad
colombiana un valor económico o comercial que mantiene o mejora su posición
empresarial y, por ello, una empresa independiente habría estado dispuesta a pagar
por su realización o a ejecutarlas por sí misma. De ahí que el beneficio recibido por
la entidad colombiana constituya la causa económica que justifica el pago o
reconocimiento a favor de la matriz u oficina del exterior.

A su vez, los «gastos de dirección» corresponden a las cantidades que remuneran la
intervención efectiva de la casa matriz u oficina del exterior en la orientación,
conducción o supervisión ejecutiva de la entidad colombiana, mediante la definición
de estrategias y políticas generales, la adopción o preparación de decisiones
empresariales relevantes, la planeación de sus operaciones, la coordinación de la
alta gerencia y el seguimiento de los resultados. Al respecto, la OCDE 34 reconoce
que, en los grupos centralizados, los órganos de administración y la alta dirección
de la matriz pueden adoptar decisiones importantes sobre las subsidiarias y apoyar
su implementación. Con todo, el cobro solo se justifica cuando esas actuaciones
atienden necesidades identificables de la entidad colombiana y le reportan un
beneficio distinto del que deriva de la simple pertenencia al grupo multinacional.

En ese contexto, y de acuerdo con las directrices internacionales en materia de
precios de transferencia35, tanto los gastos de administración como los de dirección
deben reportar a la entidad colombiana un beneficio identificable derivado de las
actividades realizadas por la matriz u oficina del exterior. Por ello, no están
comprendidas en el tratamiento previsto en el artículo 124 del ET las actividades
realizadas exclusivamente por la matriz en su condición de accionista, como las
relacionadas con su estructura jurídica, emisión de acciones, cotización en bolsa,
relaciones con inversionistas, preparación de estados financieros consolidados o
cumplimiento de obligaciones propias, ni los beneficios incidentales derivados de la
afiliación al grupo, las funciones duplicadas sin utilidad adicional o los servicios cuya
efectiva prestación no se acredite.

La delimitación anterior tampoco permite equiparar los «gastos de administración»
previstos en el artículo 124 del ET con cualquier servicio de naturaleza
administrativa. En efecto, dentro de un mismo acuerdo de servicios corporativos
pueden concurrir gastos de administración o dirección y labores de apoyo,
usualmente denominadas de back office, que, aunque no se relacionan
directamente con la actividad productiva de la entidad, se limitan a la ejecución
instrumental, estandarizada o rutinaria de tareas internas. Estas categorías no son
equivalentes ni pueden distinguirse únicamente por la denominación asignada al
contrato, al servicio o al área encargada de ejecutarlo, pues su calificación depende
del contenido material de las funciones efectivamente desarrolladas.

Precisado lo anterior, corresponde determinar si las prestaciones previstas en «Este
acuerdo de gestión y administración», atendiendo a su contenido material,
corresponden a gastos de administración o de dirección en los términos del artículo
124 del ET. Para ello, la cláusula tercera del contrato describió los servicios a cargo
de SAE en los siguientes términos36:
«3. Servicios

3.1 SAE pondrá a disposición de las Filiales SAE, durante la vigencia de este acuerdo,
ciertos servicios de gestión, administrativos y corporativos (“Servicios” o "Gestión y
Servicios Administrativos") mutuamente determinados como adecuados para que SAE
apoye a las Filiales SAE en la operación del negocio. Los servicios incluyen, pero no
se limitan a, servicios de gestión y administrativos, desarrollo de negocios, mercadeo y
servicios de relaciones públicas, finanzas, contabilidad, impuestos, presupuestos y
pronósticos, servicios de recursos humanos, sistemas y servicios de tecnología de la

34
Ibidem, párrs. 7.4, 7.6 y 7.14.
35
Ibidem, párrs. 7.3, 7.9 a 7.14.
36
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información, servicios QHSE, servicios legales y otros servicios que las partes puedan
acordar de vez en cuando.

3.2 Sin perjuicio general de lo anterior, SAE prestará los siguientes servicios a las
Filiales SAE:

a) Servicios Estratégicos
SAE evalúa, revisa y determina los objetivos del cliente. Este departamento determina
la viabilidad de un desempeño exitoso en un país en particular. Además, este
departamento es responsable de establecer relaciones con clientes y proveedores
locales. Este departamento también supervisa la administración de los gerentes de
cada país y proporciona dirección ad hoc según sea necesario.

b) Servicios Contables
SAE brinda liderazgo y gestión financiera diaria a las Filiales SAE. Este departamento
es responsable de dirigir y desarrollar al Interventor Financiero de cada Filial SAE y
fomenta un ambiente orientado al éxito y responsable dentro del equipo de finanzas.
Asegura un nivel apropiado de apoyo financiero para cada Filial SAE. Supervisa las
operaciones de contabilidad, garantiza que los Interventores Financieros estén
administrando los registros diarios, la nómina, las cuentas por pagar, las cuentas por
cobrar y los informes estatutarios. Este departamento también establece y monitorea
los controles internos para asegurar que las actividades de adquisición estén de
acuerdo con las regulaciones, políticas y procesos establecidos en la compañía.
Responsable de apoyar a los controladores en la preparación del presupuesto anual,
previsión mensual y auditorías anuales.

c) Servicios tributarios
SAE proporcionará apoyo tributario a las Filiales solicitado de vez en cuando, lo cual
puede incluir, pero no se limitará a revisar las provisiones trimestrales / anuales del
impuesto sobre la renta local y las declaraciones de impuestos locales, gestión y apoyo
de auditorías fiscales locales, investigación y planificación tributaria, estudios de
precios de transferencia y asistencia en impuestos locales sobre la propiedad.

d) Servicios Legales
SAE proporcionará servicios de apoyo legal que las Filiales SAE puedan solicitar de
vez en cuando, lo cual puede incluir, pero no se limitará a la administración de cualquier
litigio por parte de, o involucrando a una Filial SAE, el mantenimiento de marcas
registradas y el monitoreo del cumplimiento de cualquier requisito reglamentario a los
que cualquier afiliado de venta que esté sujeto o pueda quedar sujeto en el futuro, pero
que no incluirá ningún servicio cuya provisión de las Filiales SAE concluya, después de
la concertación con un abogado local, razonablemente se podría crear un conflicto de
interés o violar una regla ética.

Este departamento también redacta, revisa y aprueba los contratos entre compañías,
empleo y clientes para todas las Filiales SAE que se puedan solicitar de vez en cuando.

e) Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE)
SAE aconsejará, implementará políticas y proporcionará servicios a las Filiales SAE
para QHSE de vez en cuando y cuando se requiera, para proyectos de clientes y como
sea requerido para cumplir con las regulaciones locales de los Estados Unidos,
políticas corporativas globales y estándares industriales / globales. Este departamento
servirá de enlace para proyectos de clientes adquiridos por cualquier Filial SAE y como
principal punto de contacto para el soporte al cliente en QHSE. Este departamento
actuará como el investigador principal de todos los incidentes y accidentes significativos
de QHSE en cualquier ubicación de afiliados de SAE o sitio de trabajo, y proporcionará
asistencia en el lugar cuando sea necesario. Este departamento implementará y
mantendrá el sistema de gestión QHSE para ser utilizado por todas las Filiales SAE y
realizará auditorías para asegurar el cumplimiento de las Filiales SAE con las políticas
de SAE QHSE.

f) Servicios de Tecnología de la Información (TI)
SAE proporcionará servicios de soporte y gestión de TI según las necesidades de los
afiliados, que pueden incluir, pero no se limitarán a la gestión de servidores de archivos
y FTP, servicios de soporte de escritorio, administración de redes, adquisición de
licencias de software de terceros y soporte de nube.

Este departamento también es responsable del liderazgo y gestión diaria de las
operaciones de TI, colabora con el equipo directivo para desarrollar e implementar
planes (ventas, operaciones, HSE & Q, técnicos y personal) diseñados para apoyar y
promover objetivos de crecimiento rápido dentro de la empresa y fomentar un exitoso

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y orientado departamento de TI, con un entorno responsable en las operaciones de
campo.

g) Desarrollo de Negocios / Mercadeo
SAE es responsable de identificar y desarrollar los ingresos y el crecimiento del
mercado para la compañía y las Filiales SAE. Este departamento monitorea
continuamente la industria global del petróleo y del gas para nuevas oportunidades de
mercado y / o nuevas tecnologías.

Este departamento también es responsable por el manejo efectivo de las asociaciones
estratégicas de SAE. Este departamento mantiene un historial efectivo de desarrollo de
relaciones a largo plazo con clientes, socios e interesados.

h) Operaciones
SAE es responsable de la construcción de operaciones exitosas. Este departamento
trabaja junto al equipo ejecutivo en el desarrollo y ejecución de los objetivos de
crecimiento a través de operaciones eficientes y rentables con las Filiales SAE. Este
departamento supervisa continuamente las operaciones de las Filiales SAE para
obtener oportunidades de crecimiento de ingresos, mejorar la eficiencia, superar los
objetivos de seguridad y desarrollar aún más las relaciones con los clientes a largo
plazo.

Este departamento también es responsable de administrar el desarrollo de la reserva
global de recursos de SAE y supervisa a un equipo internacional de personas para
asegurar que los recursos corporativos se gestionen de manera rentable y oportuna.

i) Tecnología
SAE es responsable de supervisar todos los aspectos de equipo y tecnología de la
organización. Este departamento trabaja junto con el equipo ejecutivo en el desarrollo
y ejecución de los objetivos de crecimiento a través de la selección y aplicación efectiva
de equipos y tecnologías apropiados. Este departamento monitorea continuamente la
industria para oportunidades de aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia a través
del equipo y la tecnología.

j) Recursos Humanos
SAE es responsable de apoyar las estrategias con el fin de identificar adecuadamente
y alinear los requisitos de recursos humanos con los requisitos operacionales. En
algunos casos, esto puede resultar en liderar a la región o al país en el que el/los
equipo(s) de RR.HH. que apoya(n) la operación se encuentra(n). Este departamento
establece las normas de contrato de trabajo que son consistentes con los objetivos de
la empresa, así como la legislación local y / o los requisitos reglamentarios. »

Examinado el contenido del acuerdo, la Sala advierte que las prestaciones pactadas
no consistían exclusivamente en labores de soporte corporativo, como lo sostuvo la
demandante. Aunque algunas de ellas podían incluir componentes propios de
servicios administrativos —como el manejo de registros diarios, nómina, cuentas por
pagar y por cobrar, soporte de escritorio, administración de redes o determinadas tareas de
apoyo tributario y legal—, el acuerdo también atribuyó a SAE funciones que, por su
contenido, incidían en la orientación y conducción general de sus sucursales y
filiales.

En efecto, los «Servicios Estratégicos» comprendían «evaluar, revisar y determinar los
objetivos» de los clientes, la viabilidad de operación en determinados países, el
establecimiento de relaciones con clientes y proveedores locales, la supervisión de
los gerentes de cada país y la provisión de «dirección ad hoc». Los «Servicios
Contables» no se limitaban al procesamiento de registros, sino que incluían brindar
«liderazgo y gestión financiera diaria», dirigir y desarrollar al interventor financiero,
supervisar las operaciones de contabilidad, establecer y monitorear controles
internos e intervenir en la preparación del presupuesto anual y de las previsiones
mensuales de las sucursales.

Asimismo, en materia de «Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE)», SAE
se obligaba a la asesoría e implementación de políticas, el apoyo al cumplimiento
de regulaciones locales, políticas corporativas y estándares industriales, el
acompañamiento en proyectos con clientes y la realización de auditorías de

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cumplimiento. En «Servicios de Tecnología de la Información (TI)», asumía el liderazgo
y la gestión diaria de las operaciones de TI y colaboraba con el equipo directivo en
el desarrollo e implementación de planes destinados a promover los objetivos de
crecimiento de la empresa.

Los servicios de «Desarrollo de negocios / Mercadeo» comprendían la identificación y
desarrollo de ingresos y oportunidades de crecimiento, el monitoreo de la industria
global del petróleo y gas, la gestión de asociaciones estratégicas y el desarrollo de
relaciones de largo plazo con clientes, socios e interesados. En materia de
«Operaciones», SAE se comprometía a trabajar junto con el equipo ejecutivo de sus
filiales y sucursales en el desarrollo y ejecución de los objetivos de crecimiento, a
supervisar continuamente las operaciones de las filiales, a administrar la reserva
global de recursos y dirigir un equipo internacional para asegurar que los recursos
corporativos se gestionaran de manera rentable.

Asimismo, los servicios de «Tecnología» comprendían la supervisión de todos los
aspectos relacionados con equipos y soluciones tecnológicas y la participación,
junto con el equipo ejecutivo, en la ejecución de los objetivos de crecimiento.
Finalmente, en materia de «Recursos Humanos», SAE debía alinear las necesidades
de personal con los requerimientos operacionales, liderar los equipos regionales o
nacionales y establecer las normas aplicables a los contratos de trabajo.

Valoradas en conjunto, las prestaciones pactadas revelan que el acuerdo no se
limitó a la ejecución de tareas administrativas concretas ni al procesamiento de
información o de actividades auxiliares, sino que encomendó a SAE funciones de
definición de objetivos, liderazgo, implementación de políticas, planeación,
supervisión, coordinación y control, mediante la prestación de «ciertos servicios de
gestión, administrativos y corporativos» orientados a apoyar a las filiales «en la
operación del negocio». Tales funciones, por su entidad e incidencia en la gestión
general de las filiales y sucursales y en la implementación de políticas corporativas
para el desarrollo de su objeto social, permiten calificar el pago como un gasto de
administración o dirección en los términos del artículo 124 del ET.

Ahora bien, ni la DIAN ni la contribuyente individualizaron las prestaciones según
su naturaleza ni determinaron qué proporción del pago correspondía a cada una.
En efecto, la Administración fijó la controversia respecto de la deducción total de
$1.301.571.000, registrada en la cuenta 511030, y examinó el acuerdo como una
unidad, sin asignar valores a cada prestación ni formular glosas individualizadas
frente a los distintos servicios. En esas condiciones, la erogación debe recibir el
mismo tratamiento unitario adoptado en los actos demandados, esto es, el previsto
en el artículo 124 del ET. Por tanto, al haberse establecido que el pago correspondía
a gastos de administración o dirección y no haberse practicado la retención en la
fuente, procedía el rechazo total de la deducción.

Resta por analizar el reparo relativo a la aplicación del artículo 260-8 del ET. Según
la apelante, esa norma desplazaba la exigencia de retención en la fuente prevista
en el artículo 124 Ibid., por tratarse de una operación entre vinculados sometida al
régimen de precios de transferencia.

Al respecto, esta Sección se pronunció en la sentencia del 9 de mayo de 201937, de
la siguiente manera:

«La norma que regula de manera especial los costos y deducciones para los
contribuyentes sometidos a ese régimen, esto es, el artículo 260-738, los releva de

37
Sentencias del 9 de mayo de 2019, exp. 20780, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterada en sentencia del 9 de
septiembre de 2021, exp. 24282, MP. Milton Chaves García.
38
La Ley 1607 de 2012 modificó el régimen de precios de transferencia y trasladó la regla establecida en el artículo 260-7 del
ET al segundo inciso del 260-8 ibídem.

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ciertas disposiciones que prohíben deducciones, y de las limitaciones de costos y
gastos para vinculados económicos; pero no los excluye de la aplicación del artículo
124 del Estatuto Tributario. Tampoco se advierte que las regulaciones de estas normas
-artículo 124 y 260-7 del E.T.- se contrapongan ni se contradigan.

Primero, porque el artículo 124 no se encuentra dentro de las disposiciones que el
artículo 260-7 autoriza no aplicar en el régimen de precios de transferencia. Y, segundo,
en tanto la regulación de la deducción a casa matriz no es una limitación a los costos y
gastos, que es de lo que se exceptúa a estos contribuyentes.

Todo, porque el artículo 124 establece un requisito de procedencia de la deducción, en
tanto permite que el pago a la casa matriz sea llevado en la declaración de renta, y
tiene su razón de ser en que permite recaudar de forma anticipada el impuesto en estas
operaciones que se hacen con no residentes en Colombia, lo que garantiza el pago del
tributo.

No puede perderse de vista que el objeto del artículo 260-7 del Estatuto Tributario no
es exceptuar a los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del
cumplimiento de los requisitos de procedencia de los costos y deducciones, sino
únicamente de algunas prohibiciones previstas en materia de costos y deducciones, y
de las limitaciones de costos y gastos previstas para los vinculados económicos.

Por esa razón, el efecto que tiene esa norma en los pagos a casa matriz que realicen
dichos contribuyentes, es que no les aplican las prohibiciones señaladas en los
artículos 90, 90-1, 124-1, 151, 152 y 312 -numerales 2 y 3-, ni las limitaciones de los
costos y deducciones, como la prevista en el artículo 122 del Estatuto Tributario, que
restringe los gastos al exterior al 15% -salvo en aquellos casos en que sea obligatoria
la retención, entre otros-.

De modo que, como la ley no sustrajo a estos contribuyentes del cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de las deducciones, los mismos deben cumplir los
requisitos dispuestos sobre las operaciones de costos y gastos que procedan en el
régimen de precios de transferencia. Para lo cual se debe atender, los presupuestos
que exige la norma para que pueda aceptarse como deducción.

Por esas razones, los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia
deben cumplir con el requisito de procedencia para llevar como deducción los pagos a
casa matriz, consistente en la práctica de la retención en la fuente».

Así las cosas, el artículo 260-8 del ET no excluye la aplicación del artículo 124 Ibid.
frente a los pagos efectuados a la casa matriz u oficina del exterior. Lo anterior, por
cuanto esta última disposición no forma parte de las normas cuya inaplicación
autoriza el régimen de precios de transferencia; además, porque no consagra una
limitación a costos o gastos, sino un requisito especial de procedencia de la
deducción.

Por lo expuesto, la deducción solicitada por la actora no podía aceptarse al amparo
del artículo 124 del ET, pues estaba condicionada a que el pago hubiese estado
sometido a retención en la fuente, como lo han sostenido la Corte Constitucional y
esta Sección. Como se afirmó, esa conclusión no modifica el hecho de que la actora
estuviera sometida al régimen de precios de transferencia, en la medida en que la
exigencia prevista en el artículo 124 Ibid. no constituye una limitación a costos o
gastos, sino un presupuesto especial para el reconocimiento de la deducción, frente
al cual la ley no previó excepción para los contribuyentes sujetos a dicho régimen.
Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación.

Sanción por inexactitud39

En el presente caso, la Sala advierte que la demandante incurrió en una conducta
constitutiva de inexactitud sancionable, conforme al artículo 647 del ET, al llevar
como deducción en su declaración de renta del año gravable 2016 pagos

39
Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, exp. 20623, MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, exp. 19823, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.

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efectuados a su oficina del exterior por gastos de administración o dirección, sin
acreditar la práctica de retención en la fuente exigida por el artículo 124 ibidem como
presupuesto para su procedencia.

La conducta no se encuentra amparada por una diferencia de criterios, pues la
controversia no versó sobre una duda razonable acerca del alcance de la norma
aplicable, sino sobre la inclusión de una deducción que no satisfacía el presupuesto
legal exigido por el artículo 124 del ET. Por tanto, al haberse disminuido la base
gravable mediante un gasto improcedente, se configura el supuesto de inexactitud
sancionable previsto en el artículo 647 del ET.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, procede la condena en
costas en segunda instancia contra la demandante al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la
sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al Tribunal
dar trámite al respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme
a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, por las
razones expuestas en esta providencia.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia, en el componente de
agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

LA validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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