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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00648-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00648-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandante, en su modalidad de agencias en derecho, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con el Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia. 3. Reconocer personería jurídica a Pedro David Guarín Domínguez como apoderado de la parte demandada conforme al poder que le fue otorgado. (Índice 40 Samai CE).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00648-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

18 de junio de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00648-01 (29779)
Demandante: Polux Suministros S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00648-01 (29779)
Demandante: Polux Suministros S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Temas: IVA bimestres 1 a 6 del año 2016. Notificación por correo a la
dirección física

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas. (…)”.

ANTECEDENTES

Actuación Administrativa

Previa formulación de los requerimientos especiales, la DIAN expidió las Liquidaciones
Oficiales de Revisión nros. 312412020000019, 312412020000020,
312412020000021, 312412020000022, 312412020000023 y 312412020000024 del
23 de junio de 2020, mediante las cuales modificó las declaraciones de IVA de los
bimestres 1 a 6 del año 2016. En tal sentido, la Administración reclasificó ingresos por
operaciones exentas a ingresos por operaciones excluidas (venta de dispositivos móviles
inteligentes que no exceden las 43 UVT), y desconoció impuestos descontables. Como
consecuencia de la modificación oficial determinó un mayor saldo a pagar e impuso
sanción por inexactitud “equivalente al 100% del mayor impuesto a pagar”. Estas
decisiones fueron recurridas y confirmadas en las Resoluciones nros. 004894, del 2
de julio de 2021, 004976, 004977, 004979, 004978, 004895 del 7 de julio de 20212.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Pretensiones y normas violadas

Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las
siguientes pretensiones3:

“Primero: Que se declare la nulidad de cada uno de los siguientes actos administrativos:

1 Ingresó al despacho el 4 de junio de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 2.
3
Samai Tribunal, índice 3, folios 16 a 18 de la demanda.

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00648-01 (29779)
Demandante: Polux Suministros S.A.S.

1. Resolución 004894 del 2 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma la liquidación oficial de Revisión nro. 312412010000019
(sic) del 23 de junio de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes por medio de la cual se
modificó la declaración de IVA del bimestre uno del año gravable 2016.

2. Liquidación Oficial de Revisión No 312412020000019 del 23 de junio de 2020.

3. Resolución 004976 del 7 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412010000020
(sic) del 23 de junio de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual se
modificó la declaración de IVA del segundo bimestre del año gravable 2016.

4. Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000020 de 23 de junio de 2020.

5. Resolución 004977 del 7 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412010000021
(sic) del 23 de junio de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual se
modificó la declaración de IVA del tercer bimestre del año gravable 2016.

6. Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000021 de 23 de junio de 2020.

7. Resolución 004979 del 7 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412010000022
(sic) del 23 de junio de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, por medio de la cual se
modificó la declaración de IVA del cuarto bimestre del año gravable 2016.

8. Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000022 del 23 de junio de 2020.

9. Resolución 004978 del 7 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma la Liquidación Oficial de Revisión 312412010000023 del
23 de junio de 2020, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, mediante la cual se modificó la
declaración de IVA del quinto bimestre del año gravable 2016.

10. Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000023 de 23 de junio de 2020.

11. Resolución 004895 del 2 de julio de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración y se confirma la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412010000024
(sic) del 23 de junio de 2020 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, mediante la cual se
modificó la declaración de IVA del sexto bimestre del año gravable 2016.

12. Liquidación Oficial de Revisión No. 312412020000024 del 23 de junio de 2020”.

Indicó como normas vulneradas los artículos 2, 6, 29, 83, 121, 209, 338 y 363 de la
Constitución Política, 3, 9, 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, (CPACA), 28, 107, 560, 563, 564, 565 y 566-1, 575, 617, 647,
648, 651, 744, 771-2, 781, del Estatuto Tributario (ET), 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008,
11 del Decreto 2649 de 1993 y Resolución 38 de 2020 de la DIAN.

Concepto de violación y oposición

Los cargos del concepto de violación expuestos por la demandante y las
correspondientes oposiciones formuladas en la contestación se resumen así:

Primer cargo: “Indebida notificación de las liquidaciones oficiales de revisión.
Vulneración al debido proceso. Violación a los artículos 29, 209 de la Constitución
Política, 3 del CPACA, 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario”.

1. La demandante sostuvo que la notificación de los requerimientos especiales y las
liquidaciones oficiales debía realizarse en la dirección electrónica reportada por el

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00648-01 (29779)
Demandante: Polux Suministros S.A.S.

contribuyente en el RUT, pues conforme con lo dispuesto en artículos 563, 564 y 565
del ET, a partir del 1° de julio de 2019, la notificación electrónica es el mecanismo
preferente. Precisó que el uso de otros mecanismos de notificación es permitido
siempre y cuando se pruebe que no es posible realizar la notificación electrónica por
fallas en el correo, o imposibilidad técnica por parte de la administración tributaria, lo
cual según la demandante no ocurrió en el presente caso.

Indicó que la sociedad registró oportunamente una dirección electrónica en el RUT, lo
que obligaba a la DIAN a emplear ese medio de notificación. En ese contexto, afirmó
que la notificación realizada por correo físico desconoció las normas citadas, el
principio de publicidad y afectó el ejercicio del derecho de defensa, en la medida en
que no se otorgó el término adicional previsto para la notificación electrónica
establecido en el artículo 566-1 del ET que prevé que los términos para el
contribuyente comienzan a correr transcurrido 5 días a partir del recibo del correo
electrónico.

Adicional a lo anterior, precisó que la DIAN desconoció sin justificación la Resolución
00038 del 2020 que implementó la notificación electrónica de los artículos 563 a 566-
1 del ET, como mecanismo preferente sobre los otros mecanismos de notificación.

En consecuencia, alegó que la irregularidad en la notificación conlleva la ineficacia de
los actos administrativos, al impedir que produzcan efectos jurídicos, lo cual vicia
tanto las liquidaciones oficiales de revisión como los actos que resolvieron los recursos
de reconsideración.

2. Por su parte, la DIAN4 se opuso a este cargo señalando que las notificaciones se
realizaron conforme a la normatividad vigente y aplicable para la época de expedición
de los actos administrativos. Explicó que el Estatuto Tributario permite diferentes
modalidades de notificación -incluida la notificación por correo físico- y que la
implementación de la notificación electrónica requería condiciones técnicas y
administrativas que solo se consolidaron en el año 2020 mediante la Resolución 38 de
2020 y cuyos efectos se surtieron a partir del 2 de julio de 2020 conforme con la
Circular 008 del 1° de julio de 2020.

En ese sentido, sostuvo que, para el momento en que se surtieron las notificaciones
discutidas, no era exigible el uso exclusivo de medios electrónicos, por lo que la
actuación administrativa se ajustó al ordenamiento jurídico. Añadió que la finalidad de
la notificación -poner en conocimiento del contribuyente las decisiones administrativas - se cumplió,
puesto que la sociedad atendió los requerimientos e interpuso los recursos de
reconsideración, sin que se configure una vulneración del debido proceso.

Segundo cargo: “Improcedencia de la sanción por inexactitud. Vulneración del
artículo 647 del ET”.

1. La parte actora alegó la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta en
los actos demandados, al considerar que esta carece de sustento jurídico, en tanto se
fundamenta en actos administrativos que, a su juicio, son ineficaces por haber sido
indebidamente notificados. Señaló que la violación del debido proceso en la etapa de
notificación afecta la validez de toda la actuación administrativa, de manera que no es
posible derivar consecuencias sancionatorias de decisiones que no producen efectos
jurídicos.

Por consiguiente, sostuvo que no se configura válidamente el hecho sancionable, toda
vez que la actuación administrativa se encuentra viciada desde su origen, lo que
impide la imposición de la sanción por inexactitud.

4 Samai Tribunal, índice 17.

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2. En oposición, la DIAN afirmó que la sanción por inexactitud es plenamente
procedente, dado que en las declaraciones de IVA del año gravable 2016 la sociedad
incluyó impuestos descontables a los que no tenía derecho, lo que generó un menor
valor a pagar. Precisó que dicha conducta encuadra en los supuestos previstos en el
artículo 647 del ET, relativos a la inclusión de datos inexistentes, equivocados o
improcedentes en las declaraciones tributarias.

Asimismo, indicó que la sanción por inexactitud tiene carácter objetivo, por lo que no
requiere la demostración de dolo o culpa, y que corresponde al contribuyente acreditar
la procedencia de los factores declarados. Añadió que en el presente caso no se
configuró una diferencia de criterios interpretativos, sino un desconocimiento de la
normativa aplicable, lo cual excluye la posibilidad de exoneración. En consecuencia,
concluyó que los actos administrativos se encuentran debidamente motivados y
sustentados, por lo que debe mantenerse la sanción impuesta.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas5. A su turno,
la parte demandante formuló recurso de apelación. Los motivos del fallo impugnado y
los argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: “Vulneración del debido proceso por indebida notificación de los actos
administrativos”

1. El Tribunal negó el cargo, al considerar que no se configuró vulneración del debido
proceso en la notificación de los actos administrativos. Para sustentar su decisión,
indicó que, si bien la notificación electrónica es el mecanismo preferente conforme a
los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, esta se encuentra sujeta a un
proceso de implementación gradual, el cual solo se consolidó a partir del 2 de julio de
2020, de acuerdo con la Resolución 000038 de 2020 y la Circular Externa 008 del
mismo año.

En ese contexto, advirtió que los requerimientos especiales y las liquidaciones oficiales
fueron notificados antes de esa fecha, por lo cual la administración podía válidamente
acudir a la notificación por correo físico, conforme a las demás modalidades previstas
en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

El Tribunal precisó que la notificación cumplió su finalidad, pues la demandante
respondió oportunamente los requerimientos especiales, e interpuso en término los
recursos de reconsideración. En consecuencia, concluyó que la sociedad
contribuyente ejerció plenamente su derecho de defensa, por lo que no se evidenció
afectación material al debido proceso ni irregularidad que invalide los actos
administrativos.

Adicionalmente, el Tribunal consideró improcedente analizar los argumentos
relacionados con la notificación electrónica en aplicación del Decreto 491 de 2020
(pandemia COVID-19), en tanto fueron planteados por la demandante únicamente en
los alegatos de conclusión. Por tanto, señaló que, al tratarse de nuevos
cuestionamientos, la DIAN no tuvo oportunidad de pronunciarse y, por ende, ejercer
su derecho de defensa. En consecuencia, se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre
dicho planteamiento en virtud de los principios de justicia rogada y de congruencia
previstos en el artículo 320 del CGP.

5
Samai Tribunal, índice 31.

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2. La demandante apeló la decisión. Sostuvo que Tribunal interpretó de manera
restrictiva el alcance de los alegatos de conclusión, al considerar que en dicha etapa
se introdujeron argumentos nuevos, específicamente lo relativo al contexto de la
pandemia y la notificación electrónica. Advirtió que no se invocaron normas distintas a
las indicadas en la demanda, sino que se profundizó en la interpretación jurisprudencial
adicional sobre la notificación electrónica y el contexto del COVID-19. Precisó que los
alegatos de conclusión no solo sirven para repetir lo dicho en la demanda, sino también
para desarrollar interpretaciones jurídicas, valorar pruebas y apoyar los argumentos
con nueva jurisprudencia. Por ello, considera incorrecto que el Tribunal se negara a
estudiar los argumentos relacionados con la notificación electrónica.

También sostuvo que el Tribunal aplicó las normas procesales con excesivo rigor
formal al negarse a estudiar el contexto normativo y jurisprudencial de la pandemia. A
su juicio, ello desconoció la prevalencia del derecho sustancial y configuró un “exceso
ritual manifiesto”.

La parte actora reiteró que la DIAN estaba obligada a notificar electrónicamente los
actos -por ser el mecanismo preferente- y que la omisión de este deber pretermitió el término
adicional de cinco (5) días para ejercer el derecho de defensa y generó una actuación
irregular que afecta la eficacia de los actos administrativos. En ese sentido, aseguró
que la indebida notificación genera la inoponibilidad de los actos administrativos, aun
cuando el contribuyente haya contestado los requerimientos especiales y haya
interpuesto los recursos de reconsideración, pues ello no subsana la falta de
cumplimiento de las formas legales ni restituye el término completo de defensa.

Segundo cargo: “Procedencia de la sanción por inexactitud”

1. El Tribunal consideró que la sanción por inexactitud era procedente, al encontrar
acreditado que la demandante incurrió en las conductas previstas en el artículo 647
del Estatuto Tributario. En particular, sostuvo que el contribuyente no desvirtuó las
inexactitudes determinadas por la administración, consistentes en la inclusión de
impuestos descontables improcedentes, ni acreditó que se tratara de una diferencia
razonable de interpretación. En ese orden, estableció que se cumplían los supuestos
normativos de la sanción la cual fue calculada al 100% conforme a la Ley 1819 de
2016.

2. Frente a este cargo, la demandante no presentó argumentos en contra de la
decisión del Tribunal.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES

La parte demandada6 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar
que, en virtud del principio de congruencia, los argumentos presentados por la
demandante en los alegatos de conclusión no podían ser objeto de debate pues
vulnera el derecho de contradicción de la entidad. Señaló que los actos demandados
fueron debidamente notificados a la dirección física y la parte actora conoció su
contenido pues tuvo la oportunidad de controvertirlos en sede administrativa.

La parte demandante7 reiteró los argumentos de la apelación frente a la omisión por
parte del Tribunal de pronunciarse sobre los cargos planteados en los alegatos de
conclusión de primera instancia pues no se introdujeron normas distintas a las
enunciadas en la demanda, sino que desarrollaron interpretaciones jurisprudenciales
relevantes al caso. Insistió en que el incumplimiento de la notificación electrónica como
mecanismo preferente de notificación, vulneró su derecho de defensa y pretermitió los
5 días que otorga la ley para presentar los recursos de reconsideración.

6
Samai CE, índice 29 y 31.
7 7 Samai CE, índice 30.

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El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso8. Mediante el auto del 3 de abril de 20259
se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del presente
proceso.

Problemas jurídicos

En los precisos términos de los artículos 287, 320 y 328 del CGP, compete a esta Sala
resolver los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿El Tribunal incurrió en exceso ritual manifiesto al abstenerse de analizar los
argumentos expuestos en los alegatos de conclusión relativos al Decreto 491 de
2020, por considerarlos cargos nuevos?

ii) ¿Vulneró la DIAN el debido proceso de la demandante al notificar por correo físico
las liquidaciones oficiales de revisión, pese a existir dirección electrónica registrada
en el RUT, cuando la notificación electrónica estaba prevista como mecanismo
preferente?

La Sala precisa que no estudiará la procedencia de la sanción por inexactitud, por no
haber sido objeto de inconformidad en el recurso de apelación.

Primer cargo: Alcance de los argumentos de los alegatos de conclusión.
Omisión del Tribunal de estudiar los argumentos relacionados con la incidencia
del Decreto 491 de 2020 y el contexto de la pandemia en materia de notificaciones
electrónicas. No prospera el cargo.

La demandante alegó que el Tribunal no se pronunció respecto al cargo de la notificación
electrónica como mecanismo preferente bajo el amparo del Decreto 491 de 2020 que
expuso en los alegatos de conclusión de primera instancia.

Cabe recordar que la etapa de alegatos tiene por objeto permitir a las partes presentar
sus consideraciones finales acerca del debate procesal y probatorio desarrollado en la
correspondiente instancia10. Por ello, no es procedente que en el curso de esa
actuación se planteen nuevos aspectos como sustento de las pretensiones, ya que
éstos no podrían ser objeto de contradicción al no haber sido sometidos
oportunamente a consideración de la contraparte.

En el presente caso, la Sala observa que la demanda cuestionó la legalidad de los
actos demandados por considerar que la DIAN estaba obligada a emplear la
notificación electrónica prevista en los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario
y la Resolución 038 de 2020 expedida por la DIAN, mediante la cual se reglamentó
dicha notificación. Posteriormente, en los alegatos de conclusión de primera instancia,
la demandante desarrolló argumentos adicionales relacionados con el Decreto
Legislativo 491 de 2020 y las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Lo anterior constituye un argumento sustentado en

8
Samai CE, índice 5.
9
Samai CE índice 13.
10
Sentencias del 4 de junio de 2020, exp. 23135, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, 7 de marzo de 2024, exp. 27822, CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, 30 de agosto de 2024, exp. 28064, CP. Milton Chaves García,

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una norma que, como se indicó, no fue expuesta como vulnerada ni en desarrollo
del cargo en el escrito de demanda.

De acuerdo con el criterio expuesto, el Tribunal al pronunciarse únicamente de los
cargos de la demanda y la contestación lo realizó conforme con el principio de justicia
rogada y atendiendo la fijación del litigio, ya que en caso de permitirse el estudio de
nuevos argumentos en los alegatos de conclusión se afectaría el principio de
congruencia de la sentencia, de contradicción y debido proceso a la parte que no
puede pronunciarse de forma directa sobre ellos.

En ese contexto, comoquiera que tales planteamientos modificaron el cargo de nulidad
originalmente formulado, en la medida en que las normas invocadas como vulneradas
eran distintas, el Tribunal no incurrió en un exceso ritual manifiesto en tanto, conforme
con la normativa aplicable, y en respeto de los principios constitucionales al debido
proceso y contradicción no analizó los argumentos nuevos expuestos en los alegatos
de conclusión.

Lo anterior no supone un exceso ritual manifiesto, pues el rechazo de analizar
argumentos nuevos planteados en los alegatos de conclusión no impide de modo
alguno el ejercicio del derecho de defensa de las partes. En cambio, constituye una
realización de la garantía del debido proceso, pues el juicio se limita a la fijación del
litigio delimitada conforme con la controversia suscitada en la demanda y la
contestación, y no sobre aspectos que las partes no tuvieron oportunidad de
pronunciarse. Por tanto, el Tribunal actuó conforme al principio de congruencia, sin
que se configure exceso ritual manifiesto.

Sobre el tema que se analiza, la Corte Constitucional ha sido clara sobre la interacción
del sistema de justicia rogada y defecto procedimental por exceso ritual en su
Sentencia Su-061-18, al señalar:

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de justicia
rogada. Ello significa que, por regla general, el operador jurídico no puede actuar de
manera oficiosa, sino que su actividad se desarrolla respecto de los cargos que los
ciudadanos plantean en ejercicio de las acciones constitucionales y legales que han sido
previstas por el Legislador. En otras palabras, le compete al administrado iniciar, impulsar
y tramitar las actuaciones judiciales que le permitan defender sus pretensiones. De ahí que,
este principio tenga dos implicaciones significativas. La primera, la imposibilidad de
iniciar de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona interesada en
reclamarle a la Administración la ocurrencia de un daño antijurídico, tiene la carga procesal
de presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le sirven de
fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo no puede, al momento de
tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal
trabada por las partes. La segunda involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de
oficio el trámite de apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa
los que tienen el deber de sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, la
competencia del juez de alzada se restringe a los cargos que fueron formulados por las
partes a través del recurso de apelación. (....)

El Consejo de Estado ha expresado que el juez administrativo está en el deber de
interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y no simplemente aplicar el
principio de justicia rogada cuando: (i) la falta de técnica jurídica le impide comprender con
suficiencia algunos de los presupuestos relevantes que orientan su labor en el proceso; (ii)
la aplicación estricta de este principio desconozca normas o principios consagrados en la
Constitución Política; (iii) deje por fuera el cumplimiento de compromisos asumidos por el
Estado colombiano en materia de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario y, por último, (iv) en la resolución del caso concreto, aun
aplicándose normas procesales pertinentes, se ignoran otras disposiciones jurídicas
relevantes para la adopción de una adecuada decisión.” (Se subraya)

Así, es claro que no es admisible, so pretexto de la eventual configuración de un
defecto por exceso de ritual manifiesto, desconocer principios procesales propios de
la justicia rogada que, como en este caso, precautelan intereses superiores como es

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el derecho de defensa y contradicción de la contraparte. Mal haría el juez en admitir
nuevos argumentos, basados en nuevas normas citadas en los alegatos, porque con
ello se haría inane la posibilidad de contradicción de la contraparte.

Por lo anterior, el cargo de apelación no prospera.

Segundo Cargo: Notificación de las liquidaciones oficiales de revisión. Finalidad
de la notificación. No prospera el cargo.

La demandante considera que los requerimientos especiales y las liquidaciones oficiales
de revisión no fueron notificadas a la dirección electrónica registrada en el RUT, por lo
que no se entienden efectivamente notificados dichos actos. Para resolver este motivo
de impugnación se advierte que, si bien el Decreto 491 de 2020 se encontraba vigente
para la época de los hechos esto es, para junio de 2020, la parte actora no la invocó en
la demanda como norma vulnerada ni desarrolló el cargo de la notificación con
fundamento en su aplicación. Además, no fue objeto de análisis por parte del Tribunal de
primera instancia en la medida que fue planteado como un argumento novedoso en los
alegatos de conclusión de dicha instancia.

Conviene reiterar la jurisprudencia de esta Sección según la cual la notificación de los
actos administrativos es un elemento esencial del debido proceso, pues busca proteger
el derecho de defensa y contradicción, además de garantizar que sean conocidos por los
administrados para que puedan controvertirlos a través de los recursos en sede
administrativa o judicial11.

Respecto a las formas de notificación, el artículo 565 del ET establece que los
requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones
oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica,
personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería
especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Cuando se trate de
la notificación por correo, el acto objeto de notificación debe enviarse a la última dirección
informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en el RUT.
Esto, por cuanto es su deber registrar en esa base de datos la información de su
ubicación y mantenerla actualizada, sin perjuicio de los casos en que reporte una
dirección para efectos procesales (artículo 564 del E.T).

Ahora, respecto del mecanismo de notificación electrónica, el artículo 563 ib (modificado
por la Ley 2010 de 2019), relativo a la dirección para notificaciones, señala que este
constituye el mecanismo preferente de notificación a partir del 1 de julio de 2019, de
manera que, cuando el administrado informe a la administración una dirección de correo
electrónico en el RUT, todos los actos le serán notificados a la misma. Por su parte, el
artículo 566-1 regula las condiciones para la práctica de la notificación electrónica y
establece que esta se surtirá mediante el envío de una copia del acto administrativo a la
dirección electrónica informada por el contribuyente.

Preliminarmente de lo expuesto podría entenderse que la regla general es la
notificación electrónica (mecanismo- art. 565 ET), mediante entrega de copia del acto
a la dirección informada en el RUT (dirección -art. 563 ET). Sin embargo, debe
analizarse el mecanismo y dirección preferente, cuando el contribuyente ha
suministrado una dirección procesal (física o correo electrónico).

Si el obligado tributario y/o su apoderado, durante el proceso administrativo de
determinación, informan una dirección procesal para que se le notifiquen los actos, la
administración deberá hacerlo en la dirección expresamente autorizada que puede ser

11
Sentencias del 8 de septiembre de 2016, (exp. 18945, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 20 de septiembre de 2017,
(exp. 20890, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), y del 19 de octubre de 2017, (exp. 22283, y 29 de abril de 2020, Exp. 22646
C.P. Milton Chaves García).

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física o electrónica, convirtiéndose en la dirección preferente de notificación para el
asunto en cuestión. Sobre esto último, advierte el inciso segundo del artículo 564 del ET
que “La notificación a la dirección procesal electrónica se aplicará de manera preferente una vez sea
implementada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”, implementación
que fue efectuada mediante la Resolución 000038 del 30 de abril de 2020, la cual reiteró
la prevalencia de la notificación procesal electrónica informada por el administrado o
su apoderado, previendo que, en caso de ausencia de la electrónica, se notificaría en la
dirección procesal física12.

En desarrollo de lo anterior, el subdirector de Recursos Físicos de la DIAN mediante la
Circular 008 del 1 de julio de 2020, informó a los contribuyentes que la notificación
electrónica de los actos administrativos proferidos por la entidad se implementaría a partir
del 2 de julio de 2020.

La Sección, en la sentencia del 27 de octubre de 202213, ratificó la prevalencia de la
dirección procesal al controlar la legalidad del artículo 6 de la Resolución 000038 de 2020,
sin distinguir entre electrónica o física, en los siguientes términos: “al ser principal y excluyente,
la administración no puede desconocer su prevalencia sobre las demás, se trate de una dirección procesal
electrónica o física, por lo que la administración está obligada a surtir la notificación en dicha dirección y no
en otra diferente”. A la luz de lo expuesto, si el obligado tributario informa una dirección
procesal, física o electrónica, esta conserva su primacía sobre las demás direcciones
para notificaciones.

Considerando el análisis normativo es menester establecer con el acervo probatorio
qué ocurrió en el caso sub-judice:

1. El día 2 de agosto de 2019, la demandada profirió los siguientes requerimientos
especiales, mediante los cuales propuso modificar las declaraciones de IVA de los seis
bimestres del año 2016. Actos que fueron notificados por correo certificado a la dirección
registrada en el RUT:

Declaración Requerimiento Dirección de notificación
Especial
2016-1 31238201900005314 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca
2016-2 31238201900005415 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca
2016-3 31238201900005516 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca
2016-4 31238201900005617 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca
6 de agosto de 2019
2016-5 31238201900005718 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca
2016-6 31238202000002419 AUT MEDELLIN KM 1 5 VÍA COTA PAR EM SAN
BERNARDO BG 3 del Municipio de Cota Cundinamarca

2. En el expediente se encuentra probado y no es objeto de discusión que, en las
respuestas a los requerimientos especiales, la parte demandante señaló en el acápite de
notificaciones la dirección “Autopista Medellín Km 1. 5 vía Siberia- Cota en el Municipio Cota

12 ARTÍCULO 6. PRELACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN. De conformidad con lo establecido en los artículos 564, 565 y 566-1 del
Estatuto Tributario, la notificación electrónica se preferirá sobre las demás formas de notificación establecidas en el Estatuto
Tributario. Para el efecto, se observarán las siguientes reglas: a. Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo,
proceso sancionatorio, o de cobro el Administrado o su apoderado señala expresamente una Dirección Procesal Electrónica, la
Administración deberá notificar el Acto Administrativo a dicha dirección electrónica. b. En caso de ausencia de una Dirección
Procesal Electrónica, la notificación deberá surtirse a la Dirección Procesal Física informada por el Administrado o su apoderado.
13 Exp. 25650, CP. Milton Chaves García, reiterado en sentencia del 28 de agosto de 2025, exp. 29744, CP. Luis Antonio

Rodríguez Montaño.
14
Folios 13 a 31 c.a. Carpeta 1.
15
Folios 13 a 34 c.a. Carpeta 2.
16
Folios 1 a 17 c.a. Carpeta 3.
17
Folios 1 a 19 c.a. Carpeta 5.
18
Folios 5 a 22 c.a. Carpeta 4.
19
Folios 33 a 48 c.a. Carpeta 6.

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-Cundinamarca, o al correo electrónico jevelasquez@polux.com.co.”. Nótese que suministro
dirección electrónica y física para fines procesales. Por tanto, lo que resta revisar es si al momento de
surtirse la notificación ya estaba plenamente habilitada la notificación electrónica. De no ser así, la
notificación a la dirección física es totalmente regular.

3. En el cuaderno de antecedentes obra copia de las Liquidaciones Oficiales de Revisión
nros. 312412020000019, 312412020000020, 312412020000021, 312412020000022,
312412020000023 y 312412020000024 del 23 de junio de 2020, notificadas a la
“dirección procesal: AUTOPISTA MEDELLIN KM 1.5 VIA SIBERIA COTA del municipio de Cota,
Departamento de Cundinamarca, por correo de conformidad con lo establecido en el artículo 564 y el inciso
primero del artículo 565 del Estatuto Tributario; de manera subsidiaria por publicación, según el artículo 568
ibídem.” (Negrillas propias). Dichos actos fueron notificados el 30 de junio de 2020 como
consta en las guías de mensajería 472, sin que repose alguna anotación de anomalías
en la práctica de la notificación20. Es decir, se utilizó el mecanismo de notificación por
correo a la dirección física informada para fines procesales.

4. La parte actora presentó los 6 recursos de reconsideración contra las liquidaciones
oficiales el día 27 de agosto de 2020, advirtiendo que los actos de determinación no
habían sido notificados a la dirección electrónica informada. En el acápite de
notificaciones informó como dirección procesal electrónica lzambrano@polux.com.co

5. Mediante las Resoluciones nros. 004894, del 2 de julio de 2021, 004976, 004977,
004979, 004978, 004895 del 7 de julio de 2021, la administración resolvió los recursos
de reconsideración en el sentido de confirmar los actos recurridos. Actos que fueron
notificados a la dirección electrónica procesal el 7, 12 y 13 de julio de 2021.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, para la fecha de expedición de los
requerimientos especiales (2019) y las liquidaciones oficiales de revisión (junio de 2020),
el mecanismo de notificación electrónica no había sido implementado de forma integral
por la DIAN.

En consecuencia, la administración tributaria podía acudir válidamente a las demás
modalidades de notificación previstas en el artículo 565 del Estatuto Tributario, incluida
la notificación por correo físico, sin que existiera una obligación legal de utilizar
exclusivamente medios electrónicos.

En el caso concreto, la demandante con ocasión de la respuesta al requerimiento
especial informó dos direcciones procesales, una física y una electrónica, con lo cual,
entiende la Sala, autorizó a la Administración para que se le notificara en cualquiera de
las dos, lo que se denota con la conjunción “o” que empleó al señalarlas21. La indicación
alternativa de direcciones implica una habilitación expresa a la administración para utilizar
cualquiera de ellas, sin que ello desconozca la preferencia de la notificación electrónica,
especialmente en un contexto en que esta no había sido implementada, lo cual, en este
caso, refuerza la validez de la notificación surtida en la dirección física, como se
desprende de las guías de la empresa de mensajería, en la que no se reporta ninguna
novedad en el respectivo trámite.

En ese contexto, si bien la dirección procesal electrónica es preferente sobre la procesal
física, acorde con la Resolución DIAN 0038 de 2020, se reitera que, al momento de la
notificación de los actos, la notificación electrónica no había sido implementada. En todo
caso, dicha situación no implica la invalidez de la notificación efectuada en la dirección
procesal física informada de manera simultánea por el obligado tributario a efectos de las
notificaciones dentro del proceso y que derivó en los actos acusados, pues tal
consecuencia no fue prevista en la ley, no pudiendo entonces ser simplemente
desconocida, menos aun cuando se encuentra acreditado que la misma fue
efectivamente practicada, cumpliéndose así la finalidad de la notificación, que no era otro

20
Folios 112, carpeta 5,
21
Sentencias del 16 de mayo de 2024 y del 26 de marzo de 2026, exps. 28318 y 29577 respectivamente, CP Wilson Ramos Girón

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que darle a conocer al contribuyente los actos oficiales de determinación proferidos por
la administración en su contra, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

Así, tras la notificación a la dirección procesal física, lo que se insiste, no fue negado ni
mucho menos desvirtuado por la actora, de hecho, no presentó objeción alguna al reporte
de las guías de mensajería que daba cuenta de la notificación, la demandante tuvo la
posibilidad de discutir la determinación del impuesto, en la debida oportunidad; sin
embargo, simplemente omitió abordar ese aspecto y optó por limitar su censura a la sola
prevalencia de la notificación electrónica.

Conforme con lo expuesto, en el proceso de notificación se cumplió con todas las
formalidades que le son propias, y se surtió su finalidad constitucional aducida en el
recurso de apelación. De un lado, se envió a la dirección física procesal informada en la
respuesta a los requerimientos especiales, sin que sea admisible sostener que la
notificación electrónica del RUT era preferente, cuando existe una dirección procesal. Es
decir, la notificación electrónica preferente no desdibuja la dirección procesal
expresamente señalada por la contribuyente en la actuación administrativa, aunado a
que por contexto temporal no era aplicable al momento de la expedición de dichos actos
en tanto no había sido implementada en los términos legales.

Aunado a lo anterior, en el presente caso está demostrado que la demandante respondió
oportunamente los requerimientos especiales, ejerció su derecho de contradicción,
interpuso recursos de reconsideración y participó activamente en el procedimiento
administrativo.

La Sala reitera que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, las
irregularidades en la notificación de los actos administrativos solo tienen efectos
invalidantes cuando generan una afectación real y sustancial del derecho de
defensa, en tanto la finalidad de la notificación es garantizar el conocimiento efectivo del
acto por parte del administrado. La línea jurisprudencial expuesta se sustenta en el
principio de instrumentalidad de las formas, según el cual “Las formas procesales no tienen
valor en sí mismas, sino que deben interpretarse teleológicamente al servicio de fines sustanciales.”
(C-737 de 2001). Bajo este criterio, la interpretación de las normas de notificación
propuesta en la demanda no resulta acorde con su finalidad. En efecto, no es procedente
estructurar un cargo con fundamento en disposiciones procesales orientadas a la
garantía del derecho de defensa, cuando en el caso concreto se encuentra demostrado
que dicho derecho no fue vulnerado. En consecuencia, el planteamiento así formulado
no constituye fundamento suficiente para declarar la nulidad de los actos administrativos.

En ese sentido, no basta la existencia de un defecto formal en el procedimiento de
notificación, sino que es necesario acreditar que dicha irregularidad impidió o limitó el
ejercicio de las garantías procesales. En el presente caso, no se configura tal afectación,
toda vez que la demandante conoció los actos administrativos, respondió los
requerimientos especiales e interpuso oportunamente los recursos de reconsideración.
En consecuencia, la notificación surtida a la dirección física cumplió su finalidad
constitucional y legal, sin que haya lugar a declarar la invalidez de los actos acusados.

Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación y se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas a la parte demandante en esta instancia

La Sala condenará en agencias en derecho en esta instancia a la parte demandante,
con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo
No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202522 del Consejo Superior de la
Judicatura, y en atención a lo establecido por el artículo 365.3 del CGP., teniendo en
cuenta que el recurso de apelación a la parte demandante le fue desfavorable
22
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias
en derecho”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandante, en su modalidad de agencias en
derecho, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con el Acuerdo
No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la
Judicatura y la parte motiva de esta providencia.

3. Reconocer personería jurídica a Pedro David Guarín Domínguez como apoderado
de la parte demandada conforme al poder que le fue otorgado. (Índice 40 Samai CE).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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